Fincas tomadas, empleos perdidos y más de 13 mil denuncias sin acción, saldo de la usurpación de tierras

Un informe de la Asociación en la Defensa de la Propiedad Privada advierte de la débil respuesta institucional ante más de 13 mil denuncias por usurpación en todo el país, registradas entre el 2020 y el 2025.

Carlos Gómez

1 de octubre de 2025 | 06:00h

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Según el informe presentado por la Asociación en la Defensa de la Propiedad Privada, (Acdepro), del 2020 al 2025 se ha presentado ante el Ministerio Público, (MP), más de 13 mil denuncias por el delito de usurpación de tierras en todo el país. (Foto Prensa Libre: Acdepro)

El país se encuentra en una situación difícil debido a la usurpación de tierras que afecta a miles de propietarios en todo el territorio nacional, según indica la Asociación en la Defensa de la Propiedad Privada (Acdepro) en su primer informe del 2025, sobre las “Usurpaciones en Guatemala”.

El informe cita datos del Ministerio Público (MP), en los que se indica que entre el 2020 y el 2025 se han presentado 13 mil 245 denuncias por los delitos de usurpación y usurpación agravada. Además, señala que, del total de denuncias contabilizadas en este período, únicamente se han efectuado 99 desalojos por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), lo que representa un 0.75%. Mientras tanto, se contabilizan 107 desalojos suspendidos, equivalentes al 0.81% de los casos.

El documento indica que el problema ha cobrado tal magnitud que, en lo que va del 2025, se reportan mil 250 denuncias, lo que proyecta un año de alta incidencia y evidencia una respuesta estatal insuficiente.

A nivel departamental, Guatemala encabeza la lista con 2 mil 799 denuncias (21.13%), seguido por Huehuetenango con mil 361 (10.28%) y San Marcos con mil 147 (8.66%). Casos como la finca Canasec (15 años invadida), finca Santa Rosita (9 años) y finca El Sauce (8 años) ejemplifican la situación del problema en regiones como Alta Verapaz, Izabal y Baja Verapaz, indica el informe.

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Entre los impactos directos de las usurpaciones, Acdepro destaca la pérdida de empleos —especialmente en el sector agrícola—, el aumento de la migración irregular hacia Estados Unidos, la desconfianza de inversionistas nacionales y extranjeros, y la violación del derecho humano a la propiedad privada.

El documento también identifica como principales obstáculos para los desalojos la corrupción, la influencia del crimen organizado, la lentitud y el costo de los procesos judiciales, el uso de niños y mujeres como “escudos humanos”, y la falta de coordinación entre instituciones como el Ministerio Público, PNC y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Además, Acdepro critica el “Protocolo Paz y Paz”, que fue implementado por la exfiscal general Claudia Paz y Paz durante su gestión del 2010 al 2014, relacionado con los desalojos y cuyo objetivo era evitar la violencia y proteger los derechos humanos, ya que —según afirman— ha derivado, en la práctica, en “burocracia e inoperancia”. Indican que dicho protocolo continúa implementándose.

Ante este escenario, la asociación urge la implementación de un protocolo de desalojo unificado y vinculante, mayor eficiencia en el gasto público y la actuación de las instituciones sin sesgos ideológicos.

“El problema no es falta de recursos, sino ineficiencia e impunidad”, concluye el informe, que alerta sobre el colapso del estado de Derecho y la urgencia de restaurar la seguridad jurídica en el país.

Actúan siguiendo los protocolos

Sobre los protocolos utilizados por la Policía Nacional Civil en temas de desalojos, el Ministerio de Gobernación indica: “El actuar de la Policía Nacional Civil es conforme la ley, actuando de manera coordinada con otras instituciones, conforme a las competencias de cada entidad. La PNC es respetuosa de los derechos humanos, y en todo momento promueve y privilegia el diálogo. Es importante aclarar que las órdenes y requerimientos de desalojo que son acatadas por la institución están basadas mediante las órdenes emitidas por juez competente”.

Mientras tanto, la PDH indica que “en cada situación de desalojo los delegados de la institución velan por que las instituciones como el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) apliquen de manera correcta los protocolos establecidos, buscando siempre llegar a una resolución por la vía del diálogo y evitar cualquier conflicto o incidente que perjudique la vida la vida de las personas”.

Guatemala acumula cinco años sin Política Nacional de la Juventud

Agosto fue declarado como el mes de la Juventud, pero aún no hay certeza de que se apruebe la nueva política nacional que lleva cinco años en el limbo. Mientras tanto, millones de jóvenes continúan sin una hoja de ruta oficial.

Carlos Gómez

13 de agosto de 2025 | 15:07h

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Distintos grupos de jóvenes consideran que es necesario que el gobierno retome nuevamente la Política Nacional de la Juventud que es un instrumento clave para garantizar su desarrollo integral y promover su participación en los diferentes ámbitos del país. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Cinco años han pasado desde que concluyó la Política Nacional de la Juventud 2012-2020, impulsada por el Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve) y el Organismo Ejecutivo. Desde entonces, han sido escasos los esfuerzos por retomar esta política orientada a promover la participación y el desarrollo integral de este importante sector de la sociedad guatemalteca.

En su formulación participaron distintos sectores y organizaciones, encabezados por Conjuve, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) y organizaciones juveniles. Además, contó con la asistencia y asesoría del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

La política entró en vigor durante el último año del gobierno de Álvaro Colom (2008-2012) y se extendió hasta el 2015. Durante la gestión de Otto Pérez Molina (2012-2015) se mantuvo su implementación en varios planes dirigidos a la juventud. Sin embargo, durante el mandato de Jimmy Morales (2016-2020) comenzó su debilitamiento y, finalmente, con la administración de Alejandro Giammattei (2020-2024) perdió vigencia y no hubo intentos por reactivarla.

La Política Nacional de la Juventud también articula los planes gubernamentales para atender las necesidades del sector joven y define acciones a través de programas que buscan dar respuesta en ámbitos como educación, trabajo y productividad, salud, recreación, cultura, deporte, vivienda, medioambiente, equidad de género, pluriculturalidad, prevención de la violencia y participación ciudadana.

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Urgen esfuerzos por reactivarla

Ante la falta de una nueva política, diversas organizaciones han instado al gobierno a retomar su impulso e implementación para apoyar a la juventud, que constituye la mayoría de la población guatemalteca.

“Llevamos ya cinco años en un proceso de reformulación de la política, un proceso amplio porque durante estos cinco años muchas organizaciones hemos estado impulsando no únicamente la aprobación, sino también participando en la discusión y en la construcción de las propuestas del contenido de la política”, afirma Edson Gutiérrez, director ejecutivo de Paz Joven.

También señala su preocupación por el hecho de que, pese a que hace más de un año la Procuraduría General de la Nación (PGN) dictaminó que la política no contraviene ninguna ley guatemalteca, el Ejecutivo aún no la ha implementado.

“Sí vemos con preocupación que, aunque el gobierno actual haya mencionado que las juventudes son una prioridad, no se ve reflejado en acciones concretas. Ya el año pasado la Procuraduría General de la Nación dictaminó que la política no contraviene ninguna ley. Eso significa que el único paso pendiente era la firma de los 14 ministros y posteriormente poder presentarla al señor presidente para su aprobación final”, aseguró Gutiérrez.

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Abner Paredes, de la Defensoría de la Juventud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), indica que desde esa entidad se han emitido varias recomendaciones, con énfasis en ampliar ciertos aspectos de la nueva política. Esto incluye mantener como prioridad la educación, el trabajo, la cultura y el deporte, además de garantizar derechos para grupos históricamente vulnerados dentro de la juventud.

“Cuando hablamos de este enfoque de derechos, lo señalado ha sido particular o que contenga acciones afirmativas a favor de las mujeres jóvenes, la juventud indígena, la juventud con discapacidad, la juventud con diversidad, porque son grupos o segmentos de juventud que históricamente han sido vulnerados y que es necesario que entonces todas las acciones que se desarrollen en el marco de la política respondan a todas las juventudes”, explica.

La PDH ha dado seguimiento desde el 2024 al trabajo de Conjuve y del Organismo Ejecutivo en relación con la Política Nacional de la Juventud, indica Paredes.

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Posible aprobación en agosto

Recientemente, la vicepresidenta Karin Herrera manifestó que esperan aprobar la política durante agosto, mes que el Ejecutivo ha declarado como “mes de la Juventud”.

“Agosto es un mes lleno de oportunidades para celebrar la diversidad y el talento transformador de las y los jóvenes guatemaltecos. Esperamos que durante este mes de la Juventud se apruebe la Política Nacional de la Juventud”, afirmó Herrera.

La vicemandataria indicó que el Ejecutivo también ha impulsado otros programas en beneficio de la juventud, como la entrega de becas y acciones para ampliar el acceso a la educación y reducir brechas sociales. Destacó, además, el programa Jóvenes Líderes, enfocado en fortalecer las capacidades de liderazgo y formación ciudadana para fomentar la participación juvenil en espacios de decisión.

Sobre el anuncio de aprobación en agosto, Paredes confirmó que se hizo ese ofrecimiento y que se espera que la política tenga una vigencia de al menos 15 años.

“Ella —la vicepresidenta— informó que durante el mes de agosto estarían aprobando esta política en el Gabinete Específico de Desarrollo Social, donde están la mayoría de las instituciones de los ministerios y secretarías que ya emitieron un dictamen favorable para que se apruebe esta nueva política, que sería por un período del año 2025 hasta el 2040. Entonces estamos confiados en que el gobierno podría en breve aprobar esta política para un nuevo período”, indicó Paredes.

Consejo de ministros debe avalarla

Pese al anuncio, Gutiérrez advierte que aún hay expectativa por comprobar si efectivamente “esto va a suceder”. Añade que, antes de su aprobación, esperan conocer el contenido final del documento.

“Habrá que ver también, previo a la aprobación de esta política, qué es lo que han firmado los ministros y qué es lo que nos va a aprobar el presidente, y así garantizar que todo lo que propuso la juventud esté integrado en el documento”, puntualiza.

En cuanto a las demandas concretas, el representante de Paz Joven insiste en que es necesario centrar esfuerzos en la prevención de la violencia, la creación de oportunidades laborales y de desarrollo, la educación, la salud, el deporte y las expresiones culturales. Añade que también sería clave reactivar el Plan Nacional de Prevención de Embarazos, ya sin vigencia, y complementarlo con la nueva Política Nacional de la Juventud.

Guatemala

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Transporte extraurbano: 15 meses y cinco jefes en la DGT no consiguen avances relevantes para el control

Cuatro meses después del fatal accidente en el puente Belice que cobró la vida de más de medio centenar de personas, los esfuerzos por evitar que una tragedia igual se repita no rinden resultados.

Ana Lucía González, especial para Prensa Libre

7 de junio de 2025 | 00:05h

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Guatemala está de luto por la muerte de 54 personas en un accidente de bus. (Foto Prensa Libre: Luis Machá)

Luego del accidente del bus cerca del Puente Belice, sucedido en febrero pasado, que cobró la vida de 54 personas, varios sectores han participado en una mesa técnica de incidencia convocada por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para discutir la necesidad de mejoras en el servicio de transporte público extraurbano. Uno de los objetivos fue reducir la vida útil de las unidades hasta un máximo de 15 años.

El debate se enciende en medio de señalamientos de cooptación de los empresarios del transporte extraurbano hacia la Dirección General de Transportes (DGT). Por el contrario, los transportistas señalan la ineficiencia de las autoridades, por ejemplo, los cambios de directores durante la administración del presidente Bernardo Arévalo. “En 15 meses, han cambiado a cinco directores”, señala Gamaliel Chin, presidente de la Gremial de Transportistas de Rutas Cortas Extraurbanas.

A la fecha, los avances dan cuenta de que los empresarios del transporte ganaron el pulso al alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo. A finales de mayo se envió una propuesta a la Procuraduría General de la Nación (PGN) en la cual el dueño será responsable de certificar periódicamente la funcionalidad de los autobuses y reformar el reglamento que establece un límite de antigüedad de 25 años para las unidades en servicio.

Edgar Guerra, defensor del Usuario del Transporte Público de la PDH, expone la tensa situación con los transportistas y su malestar, ya que se niegan a respetar la normativa existente, aduciendo pérdidas millonarias desde la pandemia. “Condenar a los usuarios del transporte colectivo a utilizar vehículos antiguos que no garantizan la seguridad, calidad y vida de los pasajeros resulta aberrante. No hay voluntad. Se necesita la modernización”, expone.

Un tira y encoge en el que algunos de los actores de estas mesas coinciden en la necesidad de reformar la Ley de Transporte (Decreto 253-46), que data de 1946, así como varios acuerdos y reglamentos. Más allá del marco legal, varios de los entrevistados cuestionan si este servicio seguirá con la misma dinámica por varias décadas o, más bien, podría llegar a convertirse en un transporte público moderno, eficiente e inclusivo.

Los buses parrilleros

El servicio de transporte extraurbano de pasajeros es el que se efectúa de un municipio a otro y viceversa. Está clasificado en servicios de primera categoría (buses pullman), segunda categoría (conocidos como parrilleros), los de turismo y hasta cinco categorías más, de acuerdo con el Acuerdo Gubernativo 42-94.

Los de segunda categoría son los que generan más debate. Parte de la problemática que enfrentan es la necesidad de actualizar el marco legal, entre estos la Ley General de Transporte (Decreto 253-46), la demanda de renovar más de 4 mil unidades, así como implementar tecnología para el cobro de tarifas a los usuarios.

A la fecha, la Dirección General de Transporte (DGT), que forma parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), informa que el parque vehicular de unidades extraurbanas es de 10 mil 563, con licencia vigente, sin especificar cuántas en cada categoría. De estas, el 37.9% (4 mil 2 vehículos) sobrepasa los 25 años de uso.

En marzo se reportaron 21 mil 748 unidades, de las cuales el 45% tenía más de 25 años de antigüedad. “Esta cantidad incluye unidades con licencias vencidas; en algunos casos las cifras se duplican”, explica la DGT.

La mesa técnica, integrada por participantes de la DGT, Provial, Policía Nacional Civil (PNC), usuarios del transporte y el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (Ceur) de la Universidad de San Carlos de Guatemala, abordó la necesidad de cancelar las unidades antiguas y de que la DGT deniegue las prórrogas para ampliar su vida útil.

La problemática muestra serias debilidades institucionales. A la fecha, hay nueve inspectores —renglón 011— en todo el territorio nacional que tienen la capacidad de emitir multas y sanciones para los más de 10 mil vehículos que deben vigilar en carretera.

Además de la DGT, que es la encargada de la emisión de licencias y revisiones, otras instituciones involucradas son el Departamento de Tránsito de la PNC, Provial (sin competencia para sancionar) y la coordinación con las 80 policías de tránsito de las diferentes municipalidades. “La totalidad de este personal no pasa de las 6 mil 500 personas para controlar un parque vehicular que asciende a 5.9 millones de vehículos a nivel nacional”, expresa Guerra.

Sin mayores cambios

Los buses extraurbanos de segunda categoría tienen como práctica común ser de segunda mano, con más de 10 años de antigüedad, traídos de los Estados Unidos. A estos les modifican la capacidad del motor, las velocidades, los asientos y la parrilla, lo cual aumenta la carga para la que originalmente fueron diseñados, además de la contaminación ambiental que provocan.

César Bol, vocero de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, enfatiza que, después del accidente de febrero, la situación no muestra mejoría. Las estadísticas de hechos de tránsito se mantienen: 8 mil 403 accidentes a lo largo de 2024, con un promedio de 23 diarios. En tanto, Guerra apunta que sí se tuvo, durante unos meses, mayor presencia de autoridades en carretera, pero poco a poco se ha vuelto a caer en lo mismo.

Otra de las situaciones por las que vela el defensor Guerra es el mal servicio para los adultos mayores y discapacitados, en donde “ni un solo bus cumple con las condiciones para atenderlos”, comenta.

Cooptación o ineficiencia

Parte de la problemática en el transporte extraurbano se atribuye a la cooptación de los transportistas en varias instituciones del Estado. Por ejemplo, quitar a funcionarios de la Dirección General de Transporte (DGT), como se rumora sucedió con la anterior directora, Ana Elizabeth Velásquez.

Su alcance se extiende, denuncian, al financiamiento de políticos y a acciones como movilizar simpatizantes en sus unidades en períodos electorales. “No es solo la DGT, también alcanza al Departamento de Tránsito, municipalidades, etcétera; por eso vemos la parcialidad”, asegura una fuente que prefiere no ser citada.

El actual director de la DGT, Mynor Estuardo González, quien recién asumió el cargo, declaró que habría “cero tolerancia a la corrupción”. De momento, abrió una investigación sobre situaciones anómalas en el área de atención al público, que le permitirán respaldar próximas denuncias.

“No puedo detallar”, comenta; en cambio, afirma que parte de las acciones que tiene contempladas es mejorar esa área con sistemas de monitoreo y vigilancia, además de automatizar los procesos para recibir documentación de los transportistas, otorgar licencias nuevas, renovaciones o permisos.

El segundo gran desafío que tiene el director González son los alrededor de 7 mil expedientes acumulados, que datan desde los años 1990. “Es un reflejo de la discrecionalidad que se operaba, pero debemos aplicar una estrategia para resolver esta acumulación de papeles”, asegura.

Para el ingeniero Ronald Peláez, del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (Ceur), más que cooptación esta problemática evidencia la debilidad institucional, no solo de la DGT, sino de un fenómeno que se replica en todo el Estado, que ha sido incapaz, durante décadas, de regular el servicio de transporte de pasajeros, el cual moviliza a un promedio de 3.5 millones de personas cada día a lo largo y ancho del país, según datos de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Esto se reflejó en el fracaso de varias iniciativas, como la de implementar el seguro obligatorio o el reglamento de desechos sólidos. “Existe una incapacidad para regular a los empresarios: desde los buses viejos, no se dejan auditar, no se controla la velocidad, no se pueden implementar molinetes… entonces ¿qué se hace si ellos no quieren?”, cuestiona.

A esta problemática, Peláez añade el control de territorios en donde algunos transportistas, e incluso los piratas, dominan ciertas zonas y el ingreso está vedado a nuevas rutas, tal como sucede en Mixco.

Transporte digno

En julio, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) prepara una segunda mesa técnica, esta vez para proponer la necesidad de implementar un sistema prepago para el cobro de tarifas de los usuarios. Varios de los entrevistados cuestionan si esta medida seguirá su curso o, de nuevo, se irá al olvido.

De acuerdo con Peláez, se necesita una transformación: ya sea reforzar la actual Dirección General de Transporte (DGT) y que sea una entidad operativa, o bien crear otra, siempre que se cuente con un marco legal orientado a una política pública del Estado.

César Bol comenta que el transporte es un tema descoordinado, en donde cada quien vela por sus intereses, por lo que plantea la necesidad de un solo ente rector. “No veo un futuro en donde se pueda garantizar la vida del usuario”, expresa.

En tanto, Guerra y González coinciden en la necesidad de implementar tecnología para mejorar las condiciones de calidad, precio y seguridad del servicio.

Guerra concluye que la modernización de la ley podría ser una oportunidad de oro para que el presidente Arévalo continúe el legado de su padre. Mientras tanto, la modernización del transporte seguirá siendo un desafío lejano para alcanzar los objetivos de desarrollo del país.

Los titulares de la DGT

2024

• Bernardo Ramos Juárez  
• Julio Alberto Núñez Mejía 
• Estuardo Rigoberto Cruz Flores 
• Ana Elizabeth Velásquez Rodríguez

2025

• Mynor Estuardo González Enríquez

Accidente bajo el puente Belice: “Hay nueve inspectores para controlar 23 mil autobuses autorizados”

Édgar Guerra, defensor del Usuario del Transporte de la PDH detalla precaria situación de control sobre el transporte público.

William Oliva

10 de febrero de 2025 | 11:32h

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El fatal accidente ocurrió la madrugada de este lunes. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Tras el mortal accidente ocurrido la madrugada de este lunes 10 de febrero bajo el Puente Belice, Édgar Guerra, defensor del Usuario del Transporte Público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, dio detalles sobre la situación de la verificación de los autobuses en el país.

Explicó que sólo nueve inspectores de la Dirección General de Transportes (DGT) están asignados para controlar al menos 23 mil autobuses autorizados.

Además de esa cifra, hay otros 20 mil vehículos de transporte no autorizados.

Guerra también detalló que, a escala nacional, hay unos cinco millones 700 mil vehículos y muchas personas conducen sin licencia.

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Calculó que son seis mil agentes, entre Municipales de Tránsito, brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial y del Departamento de Tránsito quienes se encuentran activos para efectuar ese control.

Denunció que, a pesar de las constantes peticiones que se han hecho por parte de esa unidad, los gobiernos de turno han hecho poco para “actuar consecuentemente con la población”.

En ese sentido, muchas de las acciones van en beneficio de los transportistas, más que para el usuario.

La unidad de transporte terminó con una parte sumergida en el río de Las Vacas, lo que pudo haber contribuido al elevado número de muertos.

Normativas deficientes

El defensor del Usuario también detalló a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión sobre la poca legislación que obligaría a los propietarios de transporte a la revisión periódica de las unidades.

A esto se suma que los propietarios tienen hasta 25 años para poder cambiar la unidad de transporte.

Diputados acuden a la PDH para que el Mingob les restablezca la seguridad y dicen que “temen” por sus vidas

El PDH dio a conocer que recibió la denuncia de tres de los 17 diputados del Congreso a los que se le retiró el esquema de seguridad, para que se les restablezca.

Hedy Quino y Leslie Sánchez

18 de julio de 2024 | 14:21h

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El PDH, Alejandro Córdova, ofreció declaraciones a la prensa al salir de una reunión con diputados del Congreso. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla video Leslie Sánchez)

El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Alejandro Córdova, informó que recibió la denuncia de tres de los 17 diputados del Congreso de la República a los que el Ministerio de Gobernación decidió retirarles el dispositivo de seguridad, por no contar con una justificación técnica para poseerlo.

“Ellos –los diputados– han solicitado que se les actualice sus medidas de seguridad. (…) Las persona que sientan que su integridad física puede ser lastimada, pueden solicitar medidas de seguridad para que el mismo Estado se las brinde”, declaró Córdova.

“Ellos manifiestan que temen por su integridad física por el cargo que ostentan. Temen que sean agredidos, y por eso están solicitando al Estado de Guatemala que se les brinde esa seguridad, que a través de un derecho constitucional, ellos tienen”, añadió el PDH.

Córdova dio declaraciones a la prensa este jueves 18 de julio al salir de una reunión con diputados en el Congreso de la República.

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Sobre la medida de Gobernación

El 16 de julio el Gobierno de Guatemala informó que el Ministerio de Gobernación finalizó con un proceso de revisión de diputados que cuentan con seguridad del Estado a través de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según el Mingob, como resultado de la primera revisión las autoridades decidieron retirar los esquemas de seguridad a 17 congresistas que habían sido beneficiados por la administración anterior.

El Gobierno señala que la protección se obtuvo “de forma verbal, injustificada y sin ningún análisis de riesgo”.

Los esquemas de seguridad, integrados por 61 agentes policiales serán retirados “en menos de 48 horas” para estar de servicio para otras necesidades, se indicó.

El Gobierno agregó que “la Policía Nacional Civil existe para servir a todos, no para privilegiar a pocos”.

Imágenes: Leslie Sánchez.

PDH acciona por desabastecimiento en Hospital San Juan de Dios

La procuraduría de los Derechos Humanos investiga posibles violaciones al derecho a la salud a causa de desabastecimiento de medicamentos en el Hospital General San Juan de Dios.

César Pérez Marroquín y Andrea Domínguez

7 de marzo de 2024 | 15:55h

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Personal de la PDH verifica que se respete el derecho a la salud en el Hospital General San Juan de Dios. (Foto Prensa Libre: PDH)

Ante la crisis que afronta el Hospital General San Juan de Dios a causa del desabastecimiento de medicamentos, insumos y personal, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) abrió un expediente por las presuntas violaciones al derecho a la salud de los pacientes de ese centro asistencial, informaron este jueves 7 de marzo fuentes oficiales.

De esa cuenta que este jueves personal de la PDH llevó a cabo una supervisión en áreas de Emergencia, Farmacia, Cocina y Lavandería con el objeto de conocer las actuaciones de las autoridades de ese centro asistencial para garantizar el derecho a la salud y la vida de las personas que buscan atención en dicho hospital.

Se informó que se sostuvo una reunión con la directora del centro asistencial, quien indicó que los hospitales nacionales poseen una deuda de Q70 millones; sin embargo, asegura que han duplicado esfuerzos en el trabajo médico, especialmente en traumatología y la liberación del área de encamamiento.

Respecto al abastecimiento, en el San Juan de Dios se cuenta con el 40 % de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos, así como equipo.

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Los alimentos están al 85 % y el área que presenta mayor problema es la Emergencia, puesto que los pacientes no reciben alimentación, únicamente agua pura donada por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

La PDEH solicitó un informe circunstanciado, el cual deberá ser entregado en el plazo de cinco días, debido a que los insumos con los que cuentan únicamente permitirán su funcionamiento por dos semanas más.

En ese sentido, se conoció que el hospital mantiene, desde el 1 de marzo, alerta naranja, ello al sobrepasar los 260 pacientes en el área de Emergencia, la que tiene una capacidad para la atención de 180 personas, conllevando triplicar los turnos de médicos y del resto del personal.

Médicos denuncian

El pasado 5 de marzo, los médicos del Hospital San Juan de Dios, uno de los principales de Guatemala, advirtieron que se encuentran sin abastecimiento de medicamentos e insumos básicos para atender pacientes.

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“Este es un problema de urgencia nacional”, expuso Napoleón Rojas, médico del Hospital San Juan de Dios.

“Estamos muy preocupados por la alta demanda de pacientes”, añadió Rojas, quien explicó que “se ha agudizado todo el problema por la falta de insumos básicos para poder trabajar”.

Por su parte, la viceministra de Salud, Linda Valencia, afirmó el mismo día que el hospital tiene una deuda anterior de alrededor de US$25 millones y que algunos proveedores habían dejado de entregarles medicinas debido a ello.

El hospital San Juan de Dios es uno de los dos más grandes de Guatemala, junto al hospital Roosevelt, y ambos atienden a miles de personas tanto de la capital del país como del interior.

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La crisis en el sistema de salud guatemalteco se ha mantenido durante las últimas décadas debido, según expertos, a la corrupción gubernamental que ha imperado en el país centroamericano, además del monopolio en la venta de medicamentos.

En conferencia de prensa el viernes 5 de enero, autoridades del Ministerio de Salud y del hospital afirmaron que trabajaban para restablecer el fluido eléctrico y que la atención a los pacientes se mantenía y para ello usaban generadores de energía. También pidieron apoyo a otros hospitales para la atención.

Este lunes 8 de enero, el procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, emitió un comunicado en el que manifestó que “con profunda preocupación y solidaridad hacia las familias afectadas” desea expresar “su más sincera empatía ante los hechos ocurridos en el Hospital General San Juan de Dios”.

Afirmó que desde el 3 de enero han “estado monitoreando de cerca la crítica situación del hospital, afectado por severas fallas en el suministro de energía eléctrica”.

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Lamentó: “Es desolador constatar que el sistema eléctrico, con una vida útil de 20 años, haya sido forzado a funcionar durante 40 años, resultando en aproximadamente mil quinientos metros de cableado en deplorables condiciones. Esta situación no solo es inaceptable, sino que también refleja una negligencia inadmisible hacia la seguridad y el bienestar de los pacientes”.

Según Córdova, “a pesar de los esfuerzos realizados por una empresa privada y la EEGSA para instalar generadores en áreas críticas, y de continuar brindando atención en el área de consultas, la realidad es que algunos pacientes tuvieron que ser trasladados a otros hospitales”.

“Estamos realizando verificaciones exhaustivas respecto a los casos presentados y asegurar que se tomen las medidas legales correspondientes. Además, hemos abierto un expediente desde el 4 de enero para asegurar una diligencia adecuada y efectiva”, afirmó.

Hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud y al director del hospital para que se priorice la garantía de servicios de salud de calidad y se busquen soluciones integrales a la problemática del Hospital General San Juan de Dios.

“Es nuestro deber moral asegurar que tragedias como esta no se repitan y que se respete el derecho fundamental a la salud y la vida de cada ciudadano”, según el procurador.

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El 6 de enero, el Hospital General San Juan de Dios por medio de un comunicado informó que a partir de ese día el servicio eléctrico había sido restituido en todos los servicios del hospital, con lo cual el funcionamiento del centro asistencial dejaba de depender de las plantas eléctricas activas de manera provisional.

Afirmó que las consultas externas son atendidas con normalidad desde este lunes 8 de enero y continúan con las cirugías selectivas programadas.

Informó que el sistema de cableado de más de 1 mil 500 metros fue sustituido de forma adecuada, lo que permitió la restitución de energía eléctrica en todo el hospital.

Para leer más: “Estamos sufriendo”: Energía es restablecida en el Hospital San Juan de Dios mientras pacientes relatan complicaciones

Aseguró que la atención en todos los servicios médicos continúa de manera normal a los pacientes internos y externos.

Las familias han mantenido alguna comunicación con la auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y el MP, pero hasta ahora desconocen avances sobre la liberación de los tres trabajadores ministeriales.

Las tres personas privadas de la libertad, según ha confirmado la PDH son el técnico de Dirección de Investigaciones Criminalísticas (Dicri) Julio Rainier Jiménez Osorio, el piloto Mario Enrique González Miranda; y el jefe de la fiscalía municipal de Tajumulco, Baudilio Napoleón Navarro Almengor.

Ellos el día de su secuestro iban a bordo de un picop propiedad del MP. En un principio la PDH también había mencionado al técnico de la Dicri Kevin Alexander Rodríguez de León, pero según se ha confirmado no fue secuestrado.

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Las tres personas que se encuentran secuestradas desde el lunes 25 de septiembre del 2023 en la aldea Tuinimá, Tajumulco, San Marcos, laboran en la fiscalía del municipal del MP de Tajumulco.

“Estamos sumamente preocupados”, indican los familiares en un comunicación que le hicieron llegar a la PDH local, “ya que no hemos tenido respuesta alguna ante esta situación”.

Agregan: “Entendemos que el país está pasando por un proceso complicado, pero no podemos dejarlos en el olvido”.

“Ellos no merecen estar privados de su libertad lo cual violenta uno de sus derechos. Son personas que únicamente están trabajando para llevar el sustento a sus hogares; ellos tienen familia que está esperando verlos regresar con bien, no solo son hijos, ellos también son padres de familia, esposos, hermanos, primos y amigos”, explican en la misiva.

“Algunos de ellos necesitan medicamentos ya que sufren quebrantos de salud y por lo cual estamos preocupados”, aseguran.

Los familiares de las tres personas hasta ahora desaparecidas le piden a la PDH que pueda intermediar ante tal situación “ya que no contamos con información. Hasta el momento no existe ningún pronunciamiento de la fiscalía distrital del MP de San Marcos ni de las autoridades regionales y mucho menos de las centrales en la capital de la República”

“Queremos suplicar a las personas que los tienen que nos los entreguen con vida ya que así fue como se los llevaron y que no se sigan vulnerando sus derechos”, exponen en la misiva.

El caso

La razón por la que los retuvieron contra su voluntad, según el informe oficial de la auxiliatura de la PDH, es que llevaban a cabo una diligencia de inspección de campo respecto relacionada con el robo del fluido eléctrico.

Desde entonces, autoridades del MP y de la PNC solicitaron el acompañamiento de la institución del PDH con el objetivo de realizar el proceso de diálogo con los comunitarios para la liberación de las personas en mención.

De acuerdo con la información oficial el comando antisecuestros de la PNC ya interviene en el hecho. Además, han detectado que a los tres empleados del MP los mantienen en movimiento entre comunidades de Tajumulco, Sibinal y Tacaná, y eso ha imposibilitado el rescate.

Familiares de las víctimas han denunciado ante las instituciones que saben que han recibido tratos inhumanos, y están en condiciones lamentables. Uno de los retenidos requiere de medicamentos, y han abogado por que los reciba.

La demanda de los pobladores, según el auxiliar del PDH, es que se cierre la sede municipal del MP en Tajumulco, que liberen a dos personas que fueron arrestadas en pasadas semanas, y están vinculadas con el crimen de un miembro del Ejército y guardan prisión en la granja penal de Cantel.

El coronel de Infantería, Amílcar Nicolás Bautista Fuentes murió en forma violenta el miércoles 29 de marzo de 2023 cuando quiso auxiliar a dos personas que quedaron atrapadas en el fuego cruzado entre pobladores de Ixchiguán y Tajumulco.

Los analistas coinciden en que la falta de revisiones periódicas propician que se vean hechos cotidianos de buses que se accidentan tras desprenderse los trenes delanteros o traseros de las unidades, por ejemplo.

El último caso ocurrió el 5 de julio en el bulevar Los Próceres y 18 avenida, zona 10 de la capital donde un bus extraurbano con ruta a Santa Rosa viajaba a excesiva velocidad, se le desprendió el tren delantero e impactó en una baranda de un paso a desnivel.

Hubo una decena de heridos, el piloto huyó y en una inspección rápida de las autoridades, determinaron que el bus era un modelo de la década de 1990, tenía llantas lisas y la estructura no estaba en buen estado.

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Edgar Guerra, titular de la Defensoría del Usuario del Transporte Urbano y Extraurbano de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), comentó que el mal estado de muchas unidades del servicio colectivo extraurbano hacen que ocurran accidentes en distintos puntos del país.

Guerra opina que “se le desprende el tren delantero o trasero a las camionetas porque no les dan el mantenimiento correspondiente”.

Todo esto ocurre, dice Guerra, “porque los transportistas con tal de ahorrar recursos compran repuestos de segunda en la zona 4 capitalina”.

El defensor de la PDH agrega que “el mantenimiento casi no lo realizan mecánicos especializados, sino los mismos pilotos o ayudantes de las unidades colectivas”.

Juan Carlos Aquino, analista en seguridad vial, opina que la accidentalidad vial en el transporte extraurbano se debe en mayoría “a la poca supervisión tanto de vehículos como pilotos capacitados para manejar este tipo de vehículos”.

Sobre el desprendimiento del tren delantero o eje trasero, Aquino explica que se debe en gran medida a la falta de mantenimiento o servicio mayor de las unidades.

“La mayoría de pilotos realiza una inspección ocular del bus que conduce mas no un servicio profundo”, resalta.

“Recordemos que muchos buses ya tienen varios años de haber ingresado a Guatemala y al realizar las reparaciones o modificaciones pocas veces se hace un mantenimiento mayor”, expresa.

Le puede interesar: Video: El momento en que bus choca en Los Próceres y cómo el ayudante sale expulsado de la unidad

El defensor de la PDH, Edgar Guerra, abona en este caso a que los buses que circulan actualmente en rutas extraurbanas tienen de antigüedad entre 15 y 25 años. “Y es por eso que recurren a modificaciones en el motor, en la estructura del bus, sin medir consecuencias”, asevera.

Juan Carlos Aquino argumenta que “hoy por hoy no existe ninguna institución que les exija una revisión periódica del estado de los vehículos”.

“Todo se basa en la voluntad de los dueños del transporte que en muchas ocasiones realizan modificaciones a los vehículos para que sean más veloces o para ampliar la capacidad de usuarios”, manifiesta.

Aquino expresa que la “Dirección General de Transporte (DGT) apenas tiene inspectores para verificar la papelería de los vehículos y quizá el tema de llantas lisas, pero de ahí en más el usuario está desprotegido”.

Se consultó con la DGT sobre estos aspectos, pero hasta el momento no han respondido a las preguntas que se les enviaron.

#CbmInforma | #AccidenteDeTransito

Bulevar Los Próceres y 18 Avenida Zona 10, Ciudad.

Un bus extraurbano colisiona contra barranda de paso a desnivel, personas son atendidas con crisis nerviosa por @bomberosmuni. pic.twitter.com/vKR8huNNym

— Bomberos Municipales (@bomberosmuni) July 5, 2023

¿Por qué se desprenden?

Óscar Prado es un piloto de transporte pesado con más de 20 años de experiencia. Las necesidades lo han llevado a saber de mecánica de vehículos pesados y está convencido de que la falta de mantenimiento de las unidades extraurbanas muchas veces propician los accidentes viales.

“No es tan sencillo que un tren delantero o un eje trasero se zafe cuando el bus está en marcha. Eso no pasa si todo está bien”, asegura. El problema, explica, es que la falta de mantenimiento, y la falta de piezas en esas partes del vehículo, hace que ocurran los percances.

“Tanto en los camiones como camionetas los ejes van sostenidos con unas lañas, que son las que sujetan el tren delantero y el eje trasero”, explica Prado.

“La falta de servicio de esas partes ocasiona que se desprendan al momento de pasar un hoyo, una zanja  rápidamente, o como el accidente de ayer (el 5 de julio en bulevar Los Próceres), que al impacto en la baranda del paso a desnivel, se cayó el tren delantero de un solo”, opina.

El problema, dice Prado, es que el bus cuando está en marcha y cargado de pasajeros, hace presión sobre los ejes y no pasada nada. Es probable que no tengan esas lañas (o tornillos), pero cuando pasa por un túmulo, bache o zanja, y a alta velocidad, suele ocurrir el desprendimiento.

Prado explicó que muchos de los buses que van en dirección oriente de la capital, los dueños de los autobuses les han modificado la estructura y los ejes para que se vean levantados de adelante y apachados en la parte trasera. Eso causa más problemas, opina.

Segunda causa de muerte

La muerte violenta por hechos de tránsito es la segunda causa de muerte violenta en Guatemala, según confirma el Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (ONST) y las cifras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). La primera es la violencia homicida. 

La Unidad Nacional por las Víctimas de Tránsito, que  sostiene que los percances viales son la primera causa de heridos; la mayoría graves, mutilados o paralíticos.

Esta entidad ha impulsado que el Estado haga cumplir con acuerdo gubernativo 17-2020, que obliga al transporte colectivo de pasajeros y carga a contratar un seguro obligatorio contra terceros. Hasta ahora ha prosperado y se le han hecho ajustes en medio de protestas de gremiales de transportistas. 

Por el incumplimiento de las leyes sobre seguridad vial, esta Unidad revela que en 25 años han resultado lesionados al menos 2 millones de personas y han muerto más de 85 mil. 

De acuerdo con cifras del Inacif solo del 1 de enero de 2019 al 15 de noviembre de 2022 las personas que murieron en hechos viales sumaban 10 mil 599.

Se informó que a solicitud de dicha fiscalía se programó para el viernes 26 de mayo una audiencia en la que se buscará que se autoricen diligencias y se declare la reserva de la investigación contra Rodas, la cual se desarrolla luego de que Córdoba denunciara en el Ministerio Público (MP) irregularidades en la solicitud de indemnización del exprocurador Rodas.

Rodas por su parte señaló que no sabe de qué se le acusa, pues ha solicitado en dos ocasiones información en la PDH referente a su caso, pero no se le ha proporcionado.

“Como la he solicitado en dos ocasiones por acceso a la información y me la ha negado no sé decirle con certeza, por eso presenté una acción penal en contra de él (Córdova) que seguramente el Ministerio Público estará dando el trámite correspondiente por la denegatoria de acceso a la información, lo cual es delito y él no puede ignorarlo ya que es la autoridad reguladora del acceso a la información como una gran paradoja”, dijo Rodas.

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De acuerdo con Córdova, la documentación presentada por Rodas fue trasladada a auditoría interna, cuyos encargados le recomendaron presentar la denuncia, la cual habría sido interpuesta en el MP el 6 de enero pasado.

El titular de la PDH no profundizó en el tema y no dijo bajo que cargos se presentó la denuncia contra Rodas Andrade, quien fue proclamado como candidato a la Vicepresidencia por el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos en diciembre pasado, pero que por dicha denuncia su candidatura no fue avalada por el Tribunal Supremo Electoral.

“Como es del conocimiento de todos, él (Rodas) solicitó sus prestaciones, entonces hay varia documentación que tiene que formar el expediente, la cual al estar en recursos humanos se tuvo duda con respecto a alguna documentación”, señaló Córdova anteriormente.

“Sí, efectivamente se puso una denuncia el día 6 de enero del presente año. Por recomendación de la auditoría interna y del Departamento Jurídico de esta institución se puso la denuncia respectiva”, refirió.

Añadió que al no hacerlo podría haber incurrido en algún delito.

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El número poco a poco se acerca al registro previo a la pandemia. Un reporte de esta institución en 2019 refiere que de enero a agosto de ese año se contabilizaron 36 denuncias, mientras que el Ministerio de Educación registró 56 en todo el año. 

Según la oficina de Comunicación Social de la institución, en enero de este año se recibió una denuncia, mientras que en febrero fueron siete, subió a 11 en marzo, y se registraron seis en abril. En mayo se ha recibido una más. 

Por otro lado, la oenegé internacional Bullying sin fronteras tiene un informe más amplio, en el que refiere que entre enero del 2022 y abril del 2023 en Guatemala se registraron 21 mil 500 casos de acoso escolar. La información se recopiló con el apoyo de colaboradores de la entidad en cada uno de los sitios que se evaluaron.

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Los tres primeros lugares del ranquin los ocupan México con 270 mil casos, Estados Unidos con 250 mil y España con 64 mil 554.

La Guía para la prevención del acoso escolar (bullying) del Ministerio de Educación -Mineduc-, califica a esta práctica como “la violencia repetida entre pares, compañeros, compañeras, en la que uno o más individuos tienen la intención de intimidar y hostigar a otros”. Con el regreso de los estudiantes a la presencialidad dicha conducta entre niños y jóvenes en edad escolar es latente.

Los casos reportados en el 2019, previo a la pandemia, muestran el riesgo. Ese año el Mineduc contabilizó 51 denuncias, y la PDH recibió 36.

Gabriela Castro, coordina de la Gran Campaña Nacional por la Educación, indica que el acoso escolar siempre ha estado en el ambiente escolar, pero el confinamiento al que obligó la emergencia sanitaria del covid-19 apaciguó el problema.

Agrega que ese distanciamiento pudo causar un estancamiento socioemocional en los estudiantes, y se les olvidó ser tolerantes o tener paciencia, debido a que estuvieron alejados de sus pares y circunscritos a tareas en casa.

“El acoso se está exacerbando o posiblemente se está viendo nuevamente porque están volviendo otra vez a compartir, a convivir”, dice Castro.

De esa cuenta indica que al regresar a la presencialidad tienen que darse un “reajuste” en las escuelas y atender el aspecto socioemocional, pues los estudiantes estuvieron confinados mucho tiempo, algunos pasaron de niños a adolescentes o de adolescentes a adultos, otros perdieron familiares, sus padres perdieron el trabajo y eso generó tensiones en el hogar.

Ambiente inseguro

El acoso escolar puede ser físico —como golpes, empujones, patadas—, verbal —insultos, apodos—, pero también psicológico —agresiones, amenazas, intimidación y exclusión que afectan el estado emocional del agredido—, como detalla la guía de prevención.

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Agrega que el bullying afecta no solo a la víctima sino también daña el ambiente escolar, cuando el centro educativo debería ser un espacio en que el niño se sienta seguro.

En marzo del 2022 el Congreso de la República aprobó el decreto 19-2022 Ley Contra el Acoso Escolar que establece el 2 de mayo como Día Nacional contra esa práctica, y establece la obligatoriedad de adoptar medidas que tiendan a prevenir y erradicar el flagelo, incluido el ciberacoso.

La normativa establece que el Mineduc y los centros educativos de cualquier sector deben motivar acciones y actividades que concienticen, prevengan y erradiquen el acoso escolar, a través de textos, folletos, material didáctico, talleres y capacitaciones entre los miembros de la comunidad educativa.

En el ciberespacio

Dicha práctica puede trascender al ciberespacio, un modo en el que se utilizan medios como redes sociales, plataformas de mensajería o bien juegos en línea, para intimidar u hostigar a otros, y se le conoce como ciberbullying.

Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, refiere que este se diferencia del acoso cara a cara porque ocurre desde el anonimato.

Con el tiempo que pasan los estudiantes en línea, y luego de un largo período de utilizar la virtualidad para estudiar, dicha práctica pudo incrementarse.

Amaya refiere que la educación es clave para ayudar a prevenir que los niños y los jóvenes se conviertan en víctimas o para intentar minimizar las consecuencias del acoso en cualquiera de sus manifestaciones.

Las señales a las que se debe poner atención para detectar que un estudiante es víctima de este flagelo son los cambios de comportamiento, que pierda el interés por cosas que disfrutaba hacer, no querer ir a estudiar e inventar excusas para no hacerlo, cambios de humor, falta de apetito y bajo rendimiento escolar. Otros signos de alerta es que pueden dejar de utilizar las redes sociales, también hay cambio en el contenido que pública.

Castro es de la opinión que en las aulas se debe hacer un “reajuste emocional” en los estudiantes a través de juegos, acciones, terapias o pláticas para apoyar a los niños y a los adolescentes. Agrega que es necesario también dar acompañamiento a los padres de familia para que puedan manejar la situación con sus hijos.

• Las denuncias de acoso escolar pueden hacerse a los teléfonos 1584 de la Procuraduría General de la Nación, 110 de la Policía Nacional Civil y al 2424-1717 de la PDH, también se puede acudir a la sede de la institución, en la 12 avenida 12-54, zona 1. El Mineduc recibe denuncias en línea en el sitio de internet de la cartera, en el apartado Sistema de quejas.

El caso se dio a conocer por una denuncia anónima que ingresó el 9 de abril pasado y que llevó a que personal de la auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) coordinara con la Procuraduría General de la Nación (PGN) el traslado de las jóvenes.

De acuerdo con la PDH, se dio seguimiento al caso porque “trabajadores del hogar no accedían al traslado hacia el hospital de las adolescentes para que recibieran atención médica”, por lo cual, la PDH intercedió para que recibieran asistencia inmediata.

La Subsecretaría de Protección, a cargo de los hogares, indicó que las adolescentes “no sufrieron intoxicación como tal, pero se les llevó al hospital de manera preventiva“.

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El grupo recibió atención esa misma noche en el hospital y se constató que una vez se encontraban estabilizadas, se les dio de alta y regresaron al hogar.

“Afortunadamente la cantidad que ingirieron fue poca por lo que no hubo consecuencia que lamentar”, indicó la auxiliar de la PDH.

La representante de la PDH recomendó evaluar si se han registrado casos similares dentro del hogar o exista el riesgo de que se repita, para que se tomen medidas y se prevengan este tipo de incidentes.

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Alcohol en gel, ¿Qué síntomas produce?

Los desinfectantes elaborados a base de alcohol se utilizaron cotidianamente para la desinfección de manos debido a la pandemia del Covid-19.

Durante su uso frecuente en esa época, se registraron diversos casos de intoxicación, la mayoría de casos en niños menores de 5 años.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) emitió un orden para retirar del mercado aquellos productos que contenían metanol, una sustancia que resultaba nociva si se ingiere o si se usa muy seguido en la piel.

Según sitios de salud, entre los síntomas que pueden producirse por ingerir gel a base de alcohol están:

• Irritación en la boca y los ojos
• Vómitos
• Dificultad para respirar
• Dificultad para mantenerse despierto
• Reducción del nivel de azúcar en sangre
• Convulsiones (en los casos más graves)

Según el mapa de conflictividad de la Secretaría Temporal del Observatorio Electoral de la PDH, los departamentos de Alta Verapaz y Escuintla se encuentran entre los que tienen niveles muy alto riesgo, mientras que Huehuetenango, San Marcos, Chimaltenango y Jutiapa tienen un nivel alto.

Luego, en menor porcentaje figuran otros departamentos con niveles medios, como Guatemala, Zacapa, Petén, Izabal, Suchitepéquez, Chiquimula y Suchitepéquez.

“En este momento preelectoral, son los atentados (tipos de riesgo), o que hay comunidades que piden que se abra un centro de votación en ese lugar y el Tribunal Supremo Electoral no los ha tomado en cuenta”, expuso Carlos Seijas, encargado de la Dirección de Investigación de la PDH, y quien dirige la Secretaría Temporal del Observatorio Electoral.

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En la actual contienda electoral se han registrado alrededor de siete atentados contra posibles candidatos a alcaldes, según el informe.

De acuerdo con Seijas, para elaborar el mapa de conflictividad se toman en cuenta aspectos como los reportes de los auxiliares y los defensores de la entidad que tienen cercanía con los problemas a nivel local.

Este mapa ya se presentó al Tribunal Supremo Electoral y servirá para unificar la identificación de puntos que pueden representar conflictos; sin embargo, a decir de Seijas, estos fenómenos no afectarán el desarrollo de los comicios, y asegura que habrá coordinación interinstitucional para abordar el tema.

En este momento aún está bajo análisis la posible conflictividad por inscripciones, así como por la emisión de finiquitos, según quienes están a cargo del mapa, quienes señalan que comparado con el último proceso electoral hubo una reducción de la conflictividad.

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Observatorio

La PDH presentó este jueves su Observatorio Electoral y Voluntariado que estará formado por 700 trabajadores de la entidad, sumado a unos tres mil voluntarios de las universidades del país, con miras a las votaciones.

La observación tendrá tres periodos: uno posterior a la convocatoria, pero previo a las votaciones, el segundo el día de los comicios, y el tercero luego de que se lleve a cabo el día de las elecciones, con la toma de posesión de las autoridades.

Todos los voluntarios serán capacitados en marzo, según los organizadores.

a casi seis meses de que el movimiento estudiantil en resistencia ocupara las instalaciones de ese centro, que alberga una buena parte del total de sus estudiantes, la pugna se mantiene y es el principal obstáculo para el regreso a clases presenciales.

La falta de un proceso  auténtico de diálogo, según Marco Vinicio de la Rosa, docente e integrante del Consejo Superior Universitario (CSU), afecta principalmente la formación técnica de los estudiantes. Eso motivó a que hicieran un llamado para la conciliación el miércoles 11 de enero.

No obstante, el CSU se reunió posteriormente y según de la Rosa, no parece que los consensos hayan sido “fructíferos”.

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CSU pide a estudiantes en resistencia que se identifiquen

Después de la sesión, el Consejo Superior Universitario se limitó a emitir un comunicado en el cual establece las condiciones para que acceda a establecer un proceso de diálogo.

Al inicio se consigna que el 27 de julio de 2022 nombró a una comisión, y que para el 1 y 26 de agosto se sostuvo una primera reunión con quienes tienen tomadas las instalaciones. El comunicado no especifica qué resultados hubo de ese primer acercamiento.

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Seguidamente se menciona que la comisión nombrada, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el rector Walter Mazariegos asistieron a otra reunión, pero los estudiantes se ausentaron.

Con relación al proceso actual, el CSU indicó cuáles son sus disposiciones para establecer un proceso de diálogo “verdadero, eficaz y permita reestablecer la presencialidad”.

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Pide que las personas que participen “se encuentren debidamente identificadas” y que en caso de ser asociaciones estudiantiles u otro tipo de colectivos “se acrediten la legalidad de las mismas, la calidad con que actúan y que se identifiquen para ser reconocidas”.

El CSU advierte que sobre los bienes que se encontraban en los recintos universitarios al momento de ser tomados “en caso de hurto, destrucción y/o deterioro de los mismos”, se procederá legalmente.

#COMUNICADO

El Consejo Superior Universitario a la comunidad universitaria y población guatemalteca informa#SoyUsac pic.twitter.com/FLfflun8Zf

— Universidad de San Carlos de Guatemala (@SoyUSAC) January 13, 2023

Luego de darse a conocer el pronunciamiento, a decir de Marco Vinicio de la Rosa, también docente de Veterinaria y Zootecnia, en la última sesión de este 13 de enero no percibió avances de lo que se plantea.

“Siguen pretendiendo criminalizar y acusar a estudiantes, docentes y trabajadores, en lugar de buscar un diálogo. Están haciéndolo bajo amenazas, pero sin una propuesta real, entonces vemos cada vez más lejos la resolución del conflicto”, declaró.

De la Rosa explicó que una de las responsabilidades del CSU es velar por la calidad académica, especialmente porque se realizan evaluaciones internacionales como es el caso de las dos unidades a las que pertenece.

¿Habrá regreso a clases presenciales?

El catedrático dijo que dado que no hay avances, las clases serán virtuales a partir del 16 de enero próximo en Veterinaria y las otras unidades del campus central.

En tanto, las regionales sí abrirán sus instalaciones. La más reciente en anunciarlo fue el Centro Universitario Noroccidente (Cunoroc), la extensión de la Usac en Huehuetenango.

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Se buscó la postura del vocero de la Usac, Christian Martínez, en torno a lo dicho por De la Rosa sobre el proceso de diálogo, pero no respondió a las llamadas y mensajes.

Entre las interrogantes se intentó conocer los procedimientos que tomará el CSU y el plazo máximo que tiene para agotar los procesos.

Además, se consultó si el CSU solicitará la intervención de las fuerzas de seguridad como la Policía Nacional Civil o la propia guardia de la Usac para expulsar a quienes han tomado el campus central y demás delegaciones.

El Ministerio de Finanzas asignó a la PDH, Q120 millones, en tanto que a la OPT le presupuestaron Q13 millones. Los comisionados que representan al Congreso justificaron ante los integrantes de sala de trabajo porque requieren para el próximo ejercicio fiscal Q337 millones.

Reingeniería

Tanto la PDH como la Oficina Contra la Tortura coincidieron que necesitan una reingeniería, así como ampliar su cobertura en el territorio nacional. Las propuestas son parte de los nuevos equipos que fueron electos por los congresistas este año para ocupar los cargos por un lustro.

En marzo pasado tomaron posesión como relatores: Alfredo Sánchez, Ever Pérez y Lesther Castellanos; mientras que, en julio el pleno nombró a José Alejandro Córdova como Procurador de los Derechos Humanos.

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El 26 de septiembre, los cinco relatores asistieron a la sala de trabajo para pedir un aumento de Q37 millones. “Es un presupuesto ineficiente…somos la otra cara del Procurador de los Derechos Humanos” indicó en su intervención Castellanos, quien agregó que actualmente la OPT tiene únicamente cinco sedes.

El funcionario explicó ante los congresistas que la visión el próximo año es descentralizar la entidad, tal como funciona la PDH a nivel nacional. Además de regionalizarla, también manifestaron que el presupuesto se destinaría para contratar más procuradores, así como digitalizar la Oficina.

Los relatores coincidieron que deberían de equipararse con la asignación presupuestaria que tiene el Instituto para la Asistencia a la Víctima del Delito. Institución dirigida por la exdiputada del Congreso, Alejandra Carrillo, que tiene asignado en el proyecto de ley Q52 millones.

A los días siguientes, la PDH asistió a la audiencia programada. Ante la ausencia de Córdova quien se encontraba en Ginebra, Suiza, la procuradora Adjunta, María Eugenia Rivera, fue la encargada de explicar ante la Comisión del por qué de Q120 millones piden Q167 millones más.

“Hemos realizado un diagnóstico y la situación de la PDH está precaria” manifestó Rivera. La recién nombrada funcionaria indicó que el plan estratégico de esta nueva administración es modernizar la institución, fortalecer el recurso humano y comprar vehículos e instalaciones para la oficina.

Salarios onerosos 

La OPT registra en julio un total de 57 trabajadores en los tres diferentes renglones presupuestarios. De lo pagado ese mes fueron Q920,778, significa que, en un año, esta entidad paga en salarios alrededor de Q11 millones.

La partida más grande, es la de los cinco relatores que están bajo el renglón 011, quienes a excepción de la presidencia que gana Q60,625 mensuales, los cuatro restantes reciben en concepto de salario Q50,625. El tema de las remuneraciones fue uno de los puntos cuestionados por la comisión de Finanzas.

Por su parte la PDH detalla hasta septiembre cuenta con 673 trabajadores presupuestados. En total esta planilla mensual es de Q409 mil. Córdova gana Q50 mil 625, Q150 menos que su antecesor, Jordán Rodas, mientras que los procuradores adjuntos reciben Q40 mil 625.

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El diputado de Winaq, Edgar Batres, quien ha asistido a las reuniones de la Comisión de Finanzas, indicó que le preocupa la forma en que se han desarrollado las audiencias y la forma en que se plantea la redistribución de los recursos.

Con relación a la asignación de OPT dijo no estar de acuerdo, ya que no se refleja el trabajo realizado “hemos solicitado informes sobre atención de migrantes y atención de menores en las cárceles del país, no hemos tenido respuesta”. En cuanto a la propuesta de la oficina de la PDH, manifestó que si se contempla un aumento ya que reiteró que es importante el fortalecimiento de la institución.

El día que la OPT expuso ante la Comisión, la representante del bloque Valor, Lucrecia de Palomo, preguntó que ha hecho los relatores ante la situación de los “héroes de la guerra” – militares que se encuentran con proceso legal –. Dijo que, si la respuesta satisfacía, de ello dependería su apoyo para aprobar a favor un aumento al presupuesto que solicitan. La respuesta de Castellano fue que se trabaja puntualmente en casos como este.

Se buscó la opinión de ambas oficinas para que explicaran detalladamente como se destinaría el presupuesto solicitado. La PDH dijo que enviaría las respuestas, la OPT manifestaron que los relatores andaban en comisión.

La propuesta fue hecha este viernes 30 de septiembre en una audiencia pública. El aumento es de Q167 millones 798 mil 303.63.

El principal aumento es para el grupo de gasto 300, el cual se denomina “Propiedad, planta, equipo e intangibles”, el cual pasaría de tener Q194 mil a Q81 millones 897 millones 661.90.

William Poroj, director Financiero de la PDH, justificó el monto al señalar que actualmente la entidad gasta Q3.7 millones en arrendamientos, por lo cual buscarían comprar instalaciones.

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Además, aseguró que la flotilla de vehículos de la entidad no se ha renovado en 10 años, por lo cual debe hacer una “sustitución” de los automotores, porque consideran que sale más costo reparar los vehículos que pagar por mantenimiento de los nuevos.

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Además, la PDH pretende que se haga una renovación del equipo de cómputo, que podría representar unos Q16 millones.

Algunos diputados que integran la Comisión de Finanzas pidieron a la PDH que remita el detalle de los grupos de gasto y la inversión que se pretende hacer con la ampliación del techo para analizar si se da el aval.

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“Estamos dispuestos a apoyar a la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero si nosotros vemos el presupuesto, estamos pidiendo más del 100 por ciento y como comisión tenemos que justificar cualquier voto que emitamos. Quisiera que los miembros de la PDH nos pasaran más detallada la solicitud de presupuesto”, aseguró Otto Callejas, miembro de la sala legislativa.

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En tanto el presidente de la comisión, Cándido Leal, pidió que se integre la solicitud para atender la petición de la oficina del magistrado de conciencia.

Leal también utilizó la reunión para comunicarse por la vía telefónica con el actual PDH, José Alejandro Córdova Herrera, quien se encuentra en Ginebra, Suiza, por una actividad oficial.

María Eugenia Rivera Lacayo de Erazo, procuradora Adjunta 1, quien se encuentra como Procuradora en Funciones, justificó que el personal de la institución se encuentra desmotivado por diversos factores que encontraron al asumir en septiembre pasado.

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“Desde la primera persona se encuentra desmotivada, por salario, por tema de insumos, por recursos para ejercer su trabajo, es una realidad que tenemos que hacerla ver”, dijo Rivera Lacayo.

Manifestó que hay plazas desfinanciadas que buscan reactivar, así como prestaciones que no han sido canceladas debido a que no hay recursos.

Distribución

Servicios personales

• 2022 – Q102 millones 194 mil 801.57
• 2023 – Q140 millones 296 mil 949
• Aumento de Q38 millones 102 mil 147.43

Servicios no personales

• 2022 – Q9 millones 732 mil 497
• 2023 – Q34 millones 405 mil 947.48
• Aumento de Q24 millones 673 mil 450.48

Materiales y suministros

• 2022 – Q5 millones 228 mil 273
• 2023 – Q19 millones 897 mil 745.25
• Aumento de Q14 millones 669 mil 472.25

Propiedad, planta, equipo e intangibles

• 2022 – Q194 mil
• 2023 – Q81 millones 897 mil 661.90
• Aumento de Q81 millones 703 mil 661.90

Transferencias corrientes

• 2022 – Q2. Millones 572 mil 428.43
• 2023 – Q10 millones 300 mil
• Aumento de Q7 millones 727 mil 571.57

Asignaciones globales

• 2022 – Q78 mil
• 2023 – Q1 millón
• Aumento a Q922 mil

PDH, PDH Guatemala, Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Congreso de la República, José Alejandro Córdova Herrera

El 4 de agosto recién pasado, pasajeros de un bus en Retalhuleu vivieron momentos de angustia cuando sujetos armados atacaron a balazos al piloto y al ayudante.

Ambos murieron; mientras que pasajeros fueron auxiliados por la crisis nerviosa que sufrieron.

Este miércoles 24 de agosto se registró un nuevo ataque contra una unidad del transporte de pasajeros, se trata de un intento de asalto a los usuarios de un autobús extraurbano en el parqueo de un centro comercial ubicado en la calzada Raúl Aguilar Batres, zona 11 de la capital. La unidad quedó con un impacto de bala y no hubo personas heridas.

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También este 24, dos mujeres, de 17 y 18 años, fueron abusadas sexualmente por delincuentes que asaltaron a los pasajeros de un autobús de los Transportes Aracely que circulaba en el trayecto de Los Encuentros, Sololá y Tecpán Guatemala, Chimaltenango, en la ruta Interamericana.

Estadísticas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) dan cuenta que en 12 años, más de 2 mil personas han fallecido víctimas de la violencia en el transporte público, entre estos, hay usuarios y en 2022 ya se contabilizan 28 fallecidos.

Los datos de la PDH son desde el 2010 a este 24 de agosto y revelan que cuántas personas han sido víctimas de la violencia en el transporte público en Guatemala.

Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público de la PDH, informó que esta situación de violencia que afronta nuevamente el transporte público causa preocupación.

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Mencionó que no solo es el tema de ataques al transporte extraurbano como sucedió este miércoles 24 de agosto, sino el problema se ha extendido a los mototaxis, como el caso de la muerte de seis pilotos en la zona 6 en manos de supuestos pandilleros.

Más de 2 mil víctimas

En el tema de víctimas mortales en el transporte de pasajeros, Guerra informó que del 2010 al 2022, al menos 479 usuarios han perdido la vida en ataques directos, balas perdidas y han puesto resistencia a un asalto.

Mientras que pilotos de transporte urbano y extraurbano, han perdido la vida 545 en el mismo periodo, ayudantes 265, presuntos asaltantes 92, empresarios del transporte 42, pilotos de taxis 229, pilotos de microbús 180, pilotos de mototaxis 314 y policías e inspectores de transporte 42, para un total de 2 mil 188 víctimas.

Este 2022 se han reportado usuarios lesionados y según Guerra, en los buses rojos se registraba más víctimas en rutas urbanas y extraurbanas, en algunos casos con artefactos incendiarios.

Dijo que otra situación es el tema de asaltos que lo viven directamente los usuarios, que son despojados de sus pertenencias de una manera violenta, “cada vez más violenta”.

Alertó que la otra situación es los abusos sexuales que se han dado contra mujeres, principalmente en la ruta a occidente. Guerra añadió que la violencia también afecta a los taxis.

Fallecidos en 2022

En lo que va del 2022, la PDH registra 28 personas fallecidas, entre ellas, seis pilotos de buses, cuatro ayudantes, ocho pilotos de taxis y nueve de mototaxis.

Estos crímenes se han dado al tema vinculado a las extorsiones y ahora se suma las extorsiones al transporte escolar, aunque derivado de la pandemia del covid-19 hubo disminución, aunque ya empezaba hace unos tres o cuatro años a afectar al referido transporte.

En el tema de las violaciones en el transporte de pasajeros, Guerra dijo que tienen información de bandas que operan localmente en cercanías de Quiché y Chimaltenango, por lo que espera que las autoridades actúen e individualicen a estas personas, que serían más de seis.

Mencionó que la violencia vial ha cobrado vidas por pilotos irresponsables. “Esto se está convirtiendo en problema serio de país, donde las autoridades a pesar de las acciones positivas han falta mucho por tener el control del transporte colectivo en cuando seguridad y calidad del servicio”, señaló el funcionario.

Respecto de las rutas identificadas como peligrosas, el funcionario indicó que una es la CA1-Occidente, en el trayecto de Chimaltenango a Quiché, incluso hasta a Huehuetenango, en horarios especialmente en la madrugada o la noche.

La costa sur también registra problemas por la inseguridad, mientras que en la ruta a oriente menos ha registrado casos de violencia. También ha habido asaltos en buses que viajan de Alta Verapaz a Guatemala.

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Guerra recomendó a las autoridades mayor presencia policial en carreteras y citó como ejemplo un recorrido desde Huehuetenango a la ciudad de Guatemala en el que vieron únicamente dos patrullas de la Policía Nacional Civil, por lo que señaló que hace falta fortalecer el tema con acciones y preventivo.

Otra muerte de taxista

Los Bomberos Voluntarios informaron que este miércoles 24 de agosto en la 3 avenida y 3 calle de la zona 9, el piloto de un taxi murió baleado.

Al terminar la audiencia de primera declaración el martes último, Zamora denunció hostigamiento al juez Fredy Orellana, quien ordenó que se respeten sus derechos. 

Además, se ordenó al director del Sistema Penitenciario para que a Zamora se le de un trato humano, justo y ético y que se le respeten los derechos humanos, “derechos que están consignados en todos los tratados ratificados por el Estado de Guatemala”.

De acuerdo con la PDH, se estableció que el periodista se encuentra en condiciones adecuadas. 

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Durante el recorrido de los representantes de los Derecho Humanos por la celda de Zamora, estos estuvieron acompañados por el director del penal. 

Zamora denunció que la noche del pasado lunes hubo movimientos irregulares en la celda, por lo que responsabilizó de su seguridad al Estado de Guatemala y al presidente Alejandro Giammattei.

Dijo que durante esos movimientos se apagaron las cámaras que están en su sector.

Agregó que se efectuaron trabajos en una especie de jaula que fue colocada en su celda y que las medidas de revisión fueron más rigurosas de lo habitual, incluso los agentes llevaron perros antidrogas.

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De acuerdo con la versión de la PDH, se determinó que la malla que se había colocado, “fue para separar espacios”. 

La intención de la reunión era obtener información referente a dichos temas y avanzar en el proceso de transición con el nuevo procurador, José Alejandro Córdova Herrera, pero los diputados de las bancadas aliadas al oficialismo arremetieron contra Rodas.

Rodas presentó algunos informes, pero los diputados buscaban cuestionarlo, pese a que solo el secretario de la Comisión, el diputado Julio César López, tenía conocimiento de esos detalles.

Indemnización

Uno de los momentos tensos de la reunión fue cuando el diputado Álvaro Arzú le preguntó a Rodas si solicitará indemnización al dejar el cargo, ya que, a su criterio, hacerlo es “ilegal”, y cuestionable por la situación de las finanzas de la PDH.

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“La hago la pregunta por un tema legal y financiero. Tengo mi propia opinión jurídica y pienso que un funcionario que es electo por un periodo no tiene derecho a indemnización, ya que no fue despedido, sino que su periodo venció, por lo que no procede, no es legal una indemnización”, dijo Arzú.

En respuesta Rodas aseguró que en este momento no ha decidido si cobrará o no la indemnización.

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“No es mi prioridad si cobro o no una indemnización, y en su momento tomaré la decisión. Agradezco su punto de vista y lo respeto. La verdad hay cosas más importantes. Si les preocupa el despilfarro sería bueno saber cuánto gastó el presidente (Giammattei) en su viaje a Ucrania”, respondió Rodas, quien aseguró que devenga mensualmente Q50 mil.

Esto provocó que el diputado Mynor Mejía, de Vamos, pidiera respeto para el mandatario.

“Con mucho respeto no debería mencionar acá al señor Presidente porque está pidiendo informes de su viaje, si en algún momento hay dudas, se pide un informe”, dijo Mejía.

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Donaciones y contrataciones

Del 2017 al 2021, la PDH ha recibido Q28 millones 869 mil 147.65 en donaciones que consisten en apoyo técnico, principalmente; sin embargo, los diputados utilizaron este tema para cuestionar la administración de Rodas.

“No cuadra lo financiero con lo de la cooperación. No sé si es la cooperación o el financiero el que está equivocado o a donde se fueron (los donativos)”, cuestionó el diputado Julio César López.

Henry Buldemaro, director financiero de la PDH, respondió que hay donaciones que no se pueden registrar “de una vez”, por lo cual hoy en día aún hay algunas que están en ese proceso.

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Antes de dar los datos hubo cruce de palabras entre Buldemaro y López, ya que el parlamentario solicitaba los datos, pero el funcionario de la PDH le señalaba que los montos estaban en el informe, lo cual provocó que algunos diputados gritaran: “¡No sea abusivo!”.

Algunos parlamentarios de oposición cuestionaron que solo López tuviera acceso al informe, por lo que solicitaron analizar la información para luego cuestionar.

Debido a que se prolongó la citación, se declaró en sesión permanente para continuar con el análisis de los informes.

Transición

A la citación también fue invitado José Alejandro Córdova Herrera, quien fue electo recientemente como magistrado de conciencia, y quien aseguró que el miércoles se reunirá con Rodas para continuar con el proceso de transición.

“Por favor, les pido la seriedad del caso apeguémonos a las noticias que son objetivas para que el pueblo de Guatemala conozca la realidad de lo que va a pasar”, dijo Córdova Herrera a los periodistas tras finalizar la reunión en la que aseguró que será un procurador de “puertas abiertas”.