Ligan a proceso a exalcalde de El Quetzal, San Marcos, por peculado

El MP dio a conocer que el exalcalde de El Quetzal, San Marcos, Flavio Haroldo Velásquez García fue ligado a proceso penal por el delito de peculado.

Hedy Quino

13 de septiembre de 2024 | 13:35h

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.El exalcalde de El Quetzal, San Marcos, Flavio Haroldo Velásquez García fue ligado a proceso por peculado. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Freepik)

El Ministerio Público (MP) informó este viernes 13 de septiembre que el exalcalde de El Quetzal, San Marcos, Flavio Haroldo Velásquez García fue ligado a proceso penal por el delito de peculado.

Explicó que el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Coatepeque, Quetzaltenango resolvió dictar auto de procesamiento contra Velásquez García.

La Fiscalía contra la Corrupción está a cargo de la investigación contra del exjefe edil, por lo que presentó indicios ante dicho Juzgado.

Según la investigación, Velásquez García, en su calidad de alcalde de El Quetzal, San Marcos, habría permitido la sustracción de Q238 mil 580, para la ejecución de la obra denominada “Construcción Biblioteca Municipio de El Quetzal, San Marcos”.

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De acuerdo con las pesquisas, el exalcalde como miembro de la comisión de recepción de obra dio por recibido el proyecto sin estar finalizado.

Otros implicados

El ente investigador indicó que a solicitud de la Fiscalía contra la Corrupción el 6 de junio de este año también fueron ligados a proceso por peculado tres exfuncionarios de la Municipalidad de El Quetzal, San Marcos, resolución emitida por el mismo Juzgado.

Los procesados fueron Joel Isaías Velásquez Gonzales, Óscar Eduardo Barrios Ochoa y Nelson Rubilio López Vásquez.

A los tres se les acusa de permitir la sustracción de Q238 mil 580 para la ejecución de la obra denominada “Construcción biblioteca municipio de El Quetzal, San Marcos”, pues dieron por recibido el proyecto sin estar finalizado, detalló el MP.

#MPfuerteYfirme
Por el delito de peculado, tres exfuncionarios de la Municipalidad de El Quetzal, San Marcos, fueron ligados a proceso penal a solicitud de la Fiscalía contra la Corrupción, resolución emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos… pic.twitter.com/4UaBJHTWHM

— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 6, 2024

Víctor Alvarizaes, exalcalde de Santa Catarina Pinula, irá a juicio por caso de corrupción

Víctor Alvarizaes enfrentará juicio por el delito de peculado por sustracción, según autoridades.

Óscar García y Elmer Vargas

18 de junio de 2024 | 16:05h

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El exalcalde Víctor Alvarizaes y su exvocero fueron enviados a juicio por un supuesto caso de corrupción durante su gestión. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Víctor Alvarizaes, exalcalde de Santa Catarina Pinula, Guatemala, fue enviado a juicio por el caso de campaña negra contra Sebastián Siero, actual alcalde del referido municipio.

El exfuncionario enfrentará juicio por el delito de peculado por sustracción, según lo resuelto en audiencia este martes 18 de junio.

Mientras que Luisiño Sánchez, exvocero del exalcalde, también irá a juicio por falsedad ideológica.

A Alvarizaes lo señalan de haber orquestado, en 2019, una campaña negra en contra del actual jefe edil de ese municipio, Sebastián Siero, han informado fuentes judiciales.

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El Ministerio Público (MP) lo señala de presuntamente haber sustraído recursos de la municipalidad de Santa Catarina Pinula para contratar a una empresa que se encargara de desprestigiar al entonces candidato Siero.

En este caso también es procesado Sánchez, a quien la fiscalía lo señala de haber dado declaraciones falsas por medio de la Unidad de Comunicación Social de la comuna, “causando perjuicio a la municipalidad de Santa Catarina Pinula por un monto de Q145 mil”.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Alvarizaes utilizó en 2019, cuando aún era alcalde, Q145 mil de los fondos de la Municipalidad para contratar una empresa que creara una campaña negra durante la contienda electoral de ese año.

El entonces alcalde habría hecho la contratación para difamar a través de las redes sociales a Siero, entonces candidato por el partido Unionista.

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El exalcalde Víctor Alvarizaes acumuló varios procesos legales durante su administración, y por los cuales debe enfrentar a la justicia.

El exalcalde Santa Catarina Pinula Víctor Alvarizaes enfrentará juicio por el delito de peculado por sustracción, por utilizar Q145 mil de la comuna para emprender una campaña de desprestigio contra el actual alcalde Sebastián Siero.

E. García@Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/9VmYcthkhD

— Elmer Vargas (@evargas_gtv) June 18, 2024

Las unidades de la fiscalía se incautaron de residencias, casas de playa, terrenos y una plantación de caña ubicada en el departamento de La Liberdad, que será puesta a disposición del Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab).
Luego de tomar los bienes inmuebles, la fiscalía tiene 90 días para iniciar el proceso judicial de extinción de dominio, que permite al Estado apropiarse de bienes de origen ilícito.

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El pasado 11 de junio, un juzgado de la capital ordenó la detención provisional de 17 personas acusadas de los delitos de peculado y lavado de dinero y activo en perjuicio de la administración pública.
El juez aguarda una resolución contra el expresidente Mauricio Funes, quien se encuentra asilado en Nicaragua, y para otros 14 imputados ausentes que no presentaron abogados para su defensa en una audiencia de la semana pasada.

Saqueo público

El fiscal general, Douglas Meléndez, informó el 8 de junio, tras varios días de especulaciones en la prensa local, sobre la orden de captura contra Funes y más de una treintena de familiares, amigos y exfuncionarios por la millonaria malversación.

De acuerdo con el fiscal, Funes y el empresario Miguel Menéndez encabezaron una estructura en la Casa Presidencial con la que trasladaron la millonaria cifra a 8 cuentas bancarias y de las que sacaron más de 292 millones en efectivo.
Una corte de Paz envío a instrucción el proceso contra 17 de los 32 implicados el pasado 11 de junio y tiene pendiente emitir su falló contra los otros 15, entre los que se encuentran el expresidente, su cónyuge y dos de sus hijos.

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Funes, quien llegó a gobernar bajo la bandera del “cambio” del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ante la corrupción de administraciones anteriores, es el tercer presidente salvadoreño de la democracia en ser acusado de apoderarse de dinero público.
Además de Funes y Elías Antonio Saca (en prisión preventiva), el ahora fallecido exgobernante Francisco Flores fue procesado por supuestamente apropiarse de 15 millones de dólares donados por Taiwán.

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Un mes después, el 23 de febrero de 2004 se conocía sobre un desfalco de por lo menos Q60 millones, provinientes de impuestos por parte de Abadío Molina.

La Superintendencia de Bancos (SIB) presentó una denuncia en el Ministerio Público el 20 de febrero, por lo que de inmediato se inició la investigación por lavado de dinero. Las primeras revisiones de los documentos presentados a la Fiscalía sorprendieron a los investigadores. Existía cierto temor de que el fiscal general del Ministerio Público (MP), Carlos de León, obstaculizara el caso por la amistad que tenía con el acusado.

Operación Abadío

Prensa Libre realizó en ese entonces una investigación en la SAT y estableció el procedimiento utilizado, algo que para algunos empleados se conoció como “Operación Abadío”.

Abadío, en contubernio con sus hijos Byron y Junior, montaron una red de 24 personas, en su mayoría mujeres. Entre los implicados figuraban familiares, como el hermano del ex funcionario, Miguel Ángel Abadío Molina, esposas, nueras y algunos amigos.

Estas personas reportaron que vendieron o prestaron servicios a la SAT, sacaron el dinero de las arcas de la institución y lo colocaron en sus cuentas personales en bancos privados, para luego trasladarlo a depósitos de Abadío y su familia. Por ejemplo, una de las colaboradoras fingía que vendía cortinas a la SAT y cobró una factura por Q3 millones.

El dinero era depositado en la cuenta personal de la supuesta vendedora. Pasados dos o tres días, ésta trasladaba los fondos a alguna cuenta personal de Abadío o de sus hijos, y se quedaba con una jugosa comisión. En este ejemplo, si la colaboradora recibía por su supuesta venta Q3 millones, se quedaba con unos Q200 mil.

En ocasiones, las compras o servicios fueron fingidos; en otros, los precios sobrevaluados. Varias de estas operaciones fueron respaldadas con facturas de las empresas de la familia Abadío.

Las cuentas

Según la denuncia que se presentó al MP, parte del dinero se encontraba distribuido en diferentes bancos del sistema, en depósitos a plazo fijo. Prensa Libre estableció que a nombre de Junior Vinicio Abadío Carrillo se detectaron poco más de Q20 millones de lo saqueado; mientras, en dos de las cuentas de Abadío se logró rastrear al menos Q5 millones.

El resto del dinero se distribuyó en las cuentas de Byron René Abadío Carrillo y otros familiares. Empleados de la SAT aseguraban que el plan de saqueo comenzó el mismo 25 de octubre de 2002, cuando Abadío fue nombrado para dirigir esa institución.

Mientras el ex funcionario manejó la SAT, nunca se alcanzó la meta de recaudación. Antes de hacerse cargo de la SAT, Abadío fue Contralor General de Cuentas por cuatro años, y durante toda su gestión fue señalado de anomalías.

Obstáculos

Investigadores del MP comentaron que esperaban que De León Argueta, fiscal general, no entorpeciera las investigaciones contra Abadío Molina, como lo había hecho en otros casos.

De León Argueta anunció en conferencia de prensa que embargaría las cuentas y otros bienes de Abadío un día antes. “No se le avisa a un sospechoso que se le va a capturar un día antes, para darle tiempo a que se fugue”, afirmó uno de los investigadores.

Esta no era la primera vez que se señalaba a De León de obstaculizar investigaciones de corrupción. Por ejemplo, en el desfalco millonario al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social,  De León habría encubierto la participación de Óscar Dubón Palma, contralor general en ese entonces, quien fue denunciado en este caso por haber recibido dinero de una de las empresas involucradas en esa estafa.

Otros casos en los que se le señaló de haber intervenido fue en el caso Panamá, donde se involucró al ex presidente Alfonso Portillo; el ex vicepresidente, Juan Francisco Reyes, y algunos de sus colaboradores. Se criticó también la lentitud en el caso del Jueves Negro, cuando las hordas del Frente Republicano Guatemalteco tomaron violentamente la capital, para exigir la inscripción de su líder Efraín Ríos Montt como candidato a la presidencia.

Otro funcionario que también fue señalado por su poca acción en el caso del saqueo en la SAT fue el contralor general de cuentas, Óscar Dubón Palma, ya que no dio ninguna alerta sobre el desfalco, tal y como pasó con el caso del IGSS, a pesar de contar con una delegación en esas instalaciones.

Proceso

Al presentarse la denuncia en el MP se inició el proceso judicial y se dictó arraigo, embargo de bienes y de cuentas bancarias de Abadío Molina. Desde su renuncia a la SAT en enero de 2004 no se sabía nada de él hasta el 14 de julio del mismo año, día en que fue caputrado en una residencia de la zona 17.

La investigación reveló finalmente que Abadío Molina lavó dinero por Q64.5 millones y extendió el proceso en contra de sus hijos, Junior Vinicio y Byron Abadío Carrillo, Carlos Barrera Rodas, ex subgerente de la SAT; Carlos Lucero Paz, Alba de León Chávez y Ana Angélica Díaz Fajardo. El grupo se encontró en prisión durante el juicio.

El 7 de febrero de 2007 empezó el juicio por el saqueo en la SAT en contra de los Abadío y compañía. Los delitos que se les imputaron fueron los siguientes: Marco Tulio Abadío Molina, concusión, fraude, peculado y lavado de dinero; Junior Abadío Carrillo, caso especial de estafa y lavado de dinero; Byron Abadío Carrillo, lavado de dinero, Carlos Lucero Paz, ex asesor jurídico de la SAT, incumplimiento de deberes y usurpación de atribuciones; Ana Angélica Díaz y Alba Alicia de León, propietarias de las empresas donde Abadío aparentemente efectuaba compras para la SAT, lavado de dinero.

El 20 de abril de 2007 Abadío Molina fue condenado a 30 años de prisión y al pago de Q24 millones por responsabilidades civiles, una multa de Q90 mil, por concusión, fraude y lavado de dinero. Sus hijos Junior y Byron a 15 y 6 años de cárcel, respectivamente. A Barrera Rodas se le impuso una pena de 6 años y 6 meses, al igual que a Ana Angélica Díaz Fajardo.
Carlos Lucero Paz y Alba de León Chávez fueron absueltos porque no se comprobó su participación en los delitos.

La defensa de los acusados apeló la sentencia, pero esta quedó en firme el 7 de enero de 2008.  El hijo de Abadío Molina, Junior, recobró su libertad en 2010 al haber cumplido la mitad de su condena y tras haber solicitado la redención de la pena.

Por su parte el ex jefe de la SAT, Marco Tulio Abadío recuperó su libertad por “buena conducta” el 19 de abril de 2017. 

Vásquez Peralta es señalado de asociación ilícita y peculado, fue capturado en su residencia ubicada en la Mixco.

Otros detenidos son el exsecretario municipal Juan Manuel Aguilar, el exencargado del presupuesto, Dony Osman Montepeque Castro y la excajera municipal María Marta Aguilera.

En su cuenta de Twitter, el Ministerio Público (MP) dio a conocer que efectua operativos en Taxisco y Escuintla, ambos estarían relacionados al mismo caso. 

Según la investigación de la Fiscalía, los sindicados habrían sustraído recursos por medio de la emisión y cobro de cheques, cuyos fondos provenían de cuentas del tesoro y de lo recaudado por el Impuesto Único Sobre Inmuebles. 

Doni Osman Montepeque Castro,de 36 años, capturado por los delitos de peculado, peculado por sustracción y asociación ilícita, en Santa Rosa pic.twitter.com/P1pSW8zlMI

— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) March 8, 2017

Antecedente

En 2014 el exalcalde y las concejales Matilde Cuéllar y María Ester Leal fueron señalados de malversación de Q450 mil de un préstamo de Q15 millones que se  adquirió en el período de 2008 – 2012.

La Contraloría General de Cuentas descubrió que el dinero estaba destinado a inversión, pero se empleó para el pago de sueldos, becas, bono 14, maestros y dietas para los miembros del concejo.

En desarrollo allanamiento en Z 4 de Mixco, por los delitos de sustracción y asociación ilícita, en la municipalidad de Taxisco, Santa Rosa pic.twitter.com/dQ4nikmYDX

— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) March 8, 2017

Añadieron que el pago fue por la supuesta prestación de servicios técnicos para la obtención de un crédito para la construcción del mercado municipal de Olopa.

Caso similar

El 11 de este mes, el Juzgado de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Coatepeque, Quetzaltenango, ligó a proceso a Moisés Scott, exalcalde de La Reforma, San Marcos, sindicado de apropiación y retención indebida, informó el  MP.

También se ligó a proceso al ex tesorero de la referida comuna, Jenner Mérida.  Según las investigaciones de la fiscalía, cuando los señalados estuvieron al frente de la municipalidad, del  2005 al 2008, no pagaron al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social las retenciones efectuadas a los trabajadores por concepto de cuota laboral. 

Los fiscales detectaron que el dinero fue entregado a la referida empresa, la cual es propiedad de Christa Eugenia Castañeda Torres, quien se encuentra prófuga de la justicia.

Mediante un contrato, la empresa ofreció a las autoridades ediles efectuar y gestionar los trámites para un préstamo bancario; sin embargo, no se  ejecutó dicho compromiso; pero si cobró los honorarios.

El caso es conocido en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Baja Verapaz, donde  se informó que rendirá su primera declaración Hugo Estuardo Solórzano Flores, quien es sindicado  de peculado.

Otro caso

El 3 de septiembre 2015, agentes de la Policía Nacional Civil  capturaron a tres exintegrantes del Concejo de Olopa, Chiquimula, sindicados de haber participado en actos de corrupción en los que estaría involucrada  Christa Castañeda Torres.

En San Marcos por no haber ingresado a las cajas fiscales la cantidad de 13 mil quetzales de impuestos de aguardiente correspondientes al periodo comprendido entre los meses de agosto de 1950 a junio de 1952. El administrador de rentas de San Marcos fue consignado al juzgado de paz, por fraude de dos mil quetzales correspondientes a intereses hasta febrero de 1954.

La nota agregaba también que las personas que tuvieran alguna queja que formular contra el jefe de la oficina de la comisión de indemnizaciones de la liberación por pagos incompletos o retrasos indebidos, se sirvieran presentar sus denuncias y concretar cargos ante dicha institución.

Posteriormente, este les pedía comisión a los dueños de las firmas y que el dinero fuera depositado en su cuenta personal, a cambio de entregarles los proyectos.

Al obtener el dinero de vuelta, lo repartía entre los miembros del Concejo, quienes también están siendo procesados, aunque los montos entregados eran menores.

Entre las obras se encuentran la construcción de una plazoleta polideportiva, un parqueo subterráneo, un centro comercial Camojá Grande y la escuela Castuj Chec, en Palajachuj.

Castañeda Torres prófuga

En este caso también se encuentra procesada María Marta Castañeda Torres, sobrina de Sandra Torres, contra quien el ente investigador presentó en la audiencia de recepción de pruebas 58 medios de prueba, actualmente la acusada se encuentra prófuga debido a que no se presentó al juicio en su contra.

Castañeda Torres es sindicada de recibir de manera ilícita una comisión de Q300 mil en el 2006 por asesorías y Q600 mil por las gestiones de un préstamo para la construcción de un centro comercial en Camojá Grande, la Democracia, Huehuetenango.

Se espera que en los próximos días el Tribunal de Mayor Riesgo B, emita la sentencia contra los procesados.