El desafío de encontrar a los idóneos

Gobernar en Guatemala implica enfrentarse a redes que viven del desorden.

Pedro Cruz

19 de octubre de 2025 | 00:03h

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Cada vez que el Ejecutivo anuncia cambios en su gabinete, el país entero observa con expectativa. No por entusiasmo, sino por la duda inevitable: ¿esta vez sí habrán encontrado a alguien capaz y honesto? Es triste, pero en Guatemala se ha vuelto casi imposible encontrar perfiles idóneos para dirigir las instituciones más importantes del Estado.

El problema no es solo político. Es estructural. Los profesionales que combinan conocimiento técnico, experiencia pública y reputación limpia son contados. Muchos ya han sido quemados por el sistema o prefieren mantenerse lejos del ruido. Porque, seamos francos: hoy aceptar un cargo público de alto nivel es un acto de valentía. Entre amenazas, ataques digitales, auditorías sesgadas y la constante desconfianza ciudadana, pocos están dispuestos a poner en riesgo su nombre, su familia y su tranquilidad.

A eso se suma que los ministerios, en lugar de ser centros técnicos de gestión, se convirtieron en espacios de negociación política. Los cargos se reparten como cuotas, no como responsabilidades. Y cuando la lealtad pesa más que la capacidad, el resultado es predecible: improvisación, rotación y desconfianza. Nadie puede construir una política de seguridad, salud o educación si cada ministro llega a “apagar fuegos” y no a planificar el futuro.

También hay que reconocer otro factor: el miedo. Gobernar en Guatemala implica enfrentarse a redes que viven del desorden. Cualquiera que intente poner orden en los penales, en los contratos o en los controles migratorios toca intereses muy poderosos. Y en este país, quien toca intereses, paga un precio. Por eso muchos buenos prefieren no entrar al juego.

También influye la falta de condiciones para trabajar bien. En el Estado, todo cuesta más: los trámites, la coordinación, las decisiones. Eso cansa a quienes quieren resultados y termina expulsando a los buenos.

Y si a todo eso le añadimos la polarización, la ecuación se vuelve imposible. En Guatemala, todo nombramiento es criticado desde el primer minuto. Si el ministro proviene del sector privado, se le tilda de “empresarial”. Si viene de sociedad civil, de “activista”. Si tiene pasado político, de “vieja política”. Nadie pasa la prueba del purismo ideológico que hoy domina el debate público.

Lo cierto es que el país necesita gente que combine firmeza con decencia, autoridad con empatía, técnica con sentido común. No héroes, sino servidores. Personas capaces de ordenar la casa sin miedo, de decir la verdad sin cálculo, de actuar con resultados y no con discursos.

El reto del Ejecutivo no es solo encontrar nombres. Es cambiar la lógica: dejar de premiar la lealtad ciega y empezar a valorar la competencia y la integridad. Porque Guatemala no va a salir adelante con improvisados, sino con personas que conozcan, comprendan y amen este país lo suficiente como para servirlo bien.

Al final, más que ministros, necesitamos personas que inspiren confianza. Y eso, desafortunadamente, se ha vuelto lo más escaso en la política nacional.

Lo que callamos los guatemaltecos

La historia demuestra que los países se sostienen no sólo por sus gobernantes, sino también por sus ciudadanos.

Pedro Cruz

5 de octubre de 2025 | 00:03h

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En Guatemala todos tenemos una opinión. Sobre la política, la economía, la justicia y hasta sobre la vida en comunidad. Sin embargo, la mayoría de esas opiniones nunca salen de la mesa de la casa, del chat de confianza o de la plática en el trabajo. Callamos más de lo que decimos. Y ese silencio, aunque parezca una decisión prudente, en realidad nos debilita como ciudadanos y como nación.

Luego de haber estado platicando con los jóvenes de último año del colegio Valle Verde Carretera, surge esta inquietud: ¿por qué guardamos silencio aun cuando sabemos que lo correcto sería hablar? Esa pregunta, planteada por adolescentes a punto de graduarse, refleja un sentir profundo de nuestra sociedad. Los jóvenes lo perciben y lo cuestionan; los adultos, en cambio, muchas veces preferimos callar.

No es difícil entender por qué sucede. El miedo se ha convertido en una norma social. Se teme opinar sobre la justicia, porque puede traer consecuencias. Se teme cuestionar a las instituciones recaudadoras, porque puede significar problemas. Se teme exigir a las autoridades de seguridad, y el ciudadano concluye que es mejor callar.

Esta semana lo vimos en dos hechos relevantes. Por un lado, el Ministerio Público fue cuestionado públicamente durante la discusión de su presupuesto, un acto que reflejó lo que muchos ciudadanos comentan en privado: dudas sobre su desempeño y prioridades. Por otro lado, el presidente decidió vetar el decreto 07-2025. Esa decisión fue un alto necesario, porque el decreto representaba un riesgo de corrupción y respondía más a intereses particulares que al bien común. En la práctica, era un cheque en blanco para obras sin control. El veto fue, entonces, un mensaje importante: no todo se negocia, y los recursos públicos deben manejarse con transparencia.

El problema es que cuando el silencio se convierte en costumbre, las instituciones pierden el respaldo social que necesitan para funcionar. No hay democracia sólida si los ciudadanos se resignan a no participar. Tampoco hay seguridad si la gente prefiere no denunciar. Ni justicia si los guatemaltecos consideran que es inútil hablar. La autocensura alimenta la desconfianza, y la desconfianza alimenta la indiferencia.

Es cierto que el país no necesita más confrontación. Tampoco gritos ni insultos. Pero sí necesita voces responsables que se atrevan a decir lo que muchos sienten: que estamos cansados de la corrupción, de la impunidad, de los choques políticos que parecen no tener fin, y de que las soluciones tarden demasiado en llegar. Guatemala no puede salir adelante si su ciudadanía se refugia en el silencio y deja que otros decidan por ella.

Desde una visión conservadora, lo institucional es clave. No podemos darnos el lujo de debilitar más al Congreso, al Ejecutivo, al Ministerio Público o a la Policía. Necesitamos que funcionen, y para eso deben ser objeto de crítica, pero también de apoyo. Exigir resultados no es destruir; es fortalecer. Señalar los errores no es atacar; es contribuir a que se corrijan. Y participar activamente, aunque sea incómodo, es el mejor antídoto contra el miedo.

La historia demuestra que los países se sostienen no sólo por sus gobernantes, sino también por sus ciudadanos. El silencio, por más comprensible que sea, no nos dará mejores instituciones ni mejores resultados. Guatemala requiere menos apatía y más compromiso. No necesitamos más voces estridentes, pero sí más ciudadanos que hablen con serenidad, con firmeza y con convicción.

El silencio puede parecer un refugio seguro. Pero a la larga se convierte en un peso que nos atrapa como sociedad. Si queremos un país distinto, debemos atrevernos a decir lo que pensamos, con responsabilidad. Porque lo que hoy callamos será, sin duda, la crisis que mañana lamentaremos.

La crisis silenciosa: sin maestros no hay futuro

Un país sin maestros es un país sin futuro.

Pedro Cruz

21 de septiembre de 2025 | 00:03h

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En medio de las crisis que marcan la agenda mundial —guerras, migraciones, economía— hay una que avanza en silencio pero que definirá el futuro de generaciones enteras: la falta de maestros. Según un reciente informe de la UNESCO, el mundo necesitará 44 millones de docentes adicionales para 2030 solo para cubrir primaria y secundaria. Si no se actúa, millones de niños quedarán sin un guía en las aulas, condenados a un aprendizaje incompleto y a una vida con menos oportunidades.

La escasez no es solo numérica. Hay un problema igual de grave: la calidad docente. Pero es importante aclarar que no se trata de señalar al maestro como culpable, sino de reconocer las fallas del sistema. La mayoría de docentes guatemaltecos trabajan con entrega y buena voluntad, pero lo hacen en condiciones muy difíciles, sin formación continua adecuada, sin los recursos necesarios y con poca motivación institucional. La crisis es del sistema que no apoya ni acompaña suficientemente a quienes están en el aula.

Nuestro país no es la excepción. Las estadísticas son alarmantes: en Guatemala, más del 50% de los alumnos de tercero y sexto primaria no comprende lo que lee y menos del 45% alcanza los estándares nacionales en matemáticas. Los niños asisten a clases, pero no aprenden lo suficiente. La raíz está en varios factores: la ausencia de programas de formación docente de calidad, salarios poco competitivos, falta de acompañamiento pedagógico y muy pocas oportunidades de desarrollo profesional. Los maestros necesitan más apoyo, mejores condiciones y una apuesta seria por su capacitación continua.

La consecuencia es clara: estudiantes que se frustran, repiten grados o abandonan la escuela. La tasa de repitencia en primaria y secundaria es una de las más altas de la región. Y en áreas rurales e indígenas, el problema se multiplica por la falta de materiales en idiomas originarios, infraestructura precaria y docentes que no cuentan con respaldo suficiente para enfrentar esas condiciones.

Un país que no forma bien a sus maestros paga un precio altísimo. Lo paga en la economía, porque jóvenes mal preparados difícilmente acceden a empleos formales y bien remunerados. Lo paga en la democracia, porque ciudadanos sin las herramientas básicas son más vulnerables a la manipulación y la desinformación. Y lo paga en lo social, porque la falta de oportunidades alimenta círculos de pobreza, violencia y migración.

Invertir en maestros es invertir en el futuro. Pero en Guatemala, mientras se gastan millones en obras mal ejecutadas o en proyectos clientelares, la educación sigue siendo vista como gasto y no como inversión. Esa visión cortoplacista es la que perpetúa el atraso.

Lo que deberíamos estar discutiendo:

La verdadera discusión nacional no debería girar únicamente en torno a megaproyectos de infraestructura o a la política de coyuntura, sino en cómo lograr que un niño en Totonicapán, Petén o la capital tenga frente a sí a un maestro motivado, bien formado y respaldado por un sistema que lo acompañe. La formación inicial debe elevarse a nivel universitario riguroso; la capacitación continua debe ser obligatoria y de calidad; y los incentivos para permanecer en la profesión deben ser reales, especialmente en comunidades rurales.

La pregunta es dura pero inevitable: ¿qué tipo de país queremos ser dentro de 20 años? ¿Uno que siga exportando migrantes por falta de oportunidades, o uno que aproveche el talento de su gente gracias a una educación robusta? La respuesta comienza con un maestro frente a cada aula, preparado, valorado y apoyado.

La crisis de maestros es global, pero en Guatemala tiene un rostro propio y urgente. No basta con llenar plazas; se trata de formar líderes pedagógicos capaces de transformar vidas. Ignorar esta realidad es hipotecar el futuro. Reconocerla y actuar, en cambio, es la decisión más valiente y estratégica que puede tomar una nación.

Un país sin maestros es un país sin futuro.

Cheque en blanco para la corrupción

El presidente Bernardo Arévalo tiene ante sí una decisión histórica.

Pedro Cruz

7 de septiembre de 2025 | 00:03h

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En los últimos días, el Congreso de la República aprobó, de urgencia nacional y sin dictamen, el Decreto 7-2025, que autoriza a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) retener en 2026 los fondos no ejecutados en 2025. Una votación rápida, con mayoría abrumadora, dio paso a una norma que amenaza con crear una “bolsa paralela” de recursos públicos, debilitando principios básicos de nuestra institucionalidad democrática. Ante este escenario, el país necesita un veto presidencial firme y responsable.

El primer argumento es de orden constitucional. El principio de anualidad presupuestaria es un pilar del sistema financiero público. Los recursos aprobados para un ejercicio fiscal deben ejecutarse en ese período y, si no se utilizan, regresan al Tesoro. Esa regla permite orden, planificación y control democrático. Al romper esa lógica, lo que hace el Congreso es sentar un precedente peligroso: si hoy son los CODEDE, mañana podría ser cualquier institución reclamando privilegios presupuestarios fuera de la norma. El resultado sería un desorden institucional que minaría la confianza en el Estado.

El segundo argumento tiene que ver con corrupción y clientelismo. El decreto abre la puerta a que los CODEDE acumulen entre Q20 y Q23 mil millones. Una cifra astronómica, superior al presupuesto anual de varios ministerios, en manos de estructuras locales con débil supervisión. En vez de consolidar la descentralización, esta medida alimenta redes políticas que usan los recursos para reforzar lealtades y garantizar apoyos. Con este esquema, los fondos públicos corren el riesgo de convertirse en botín electoral, en lugar de motor de desarrollo comunitario.

El tercer argumento es la ineficiencia comprobada. Según cifras del propio Ministerio de Finanzas, cerca del 40 % de los fondos asignados a los CODEDE en 2024 y 2025 está sin ejecutar, lo que equivale a más de Q11 mil millones. Una de las causas recurrentes es la falta de avales y permisos para la ejecución de obra pública. Los proyectos quedan atrapados en trámites interminables que nunca se resuelven a tiempo. La solución no puede ser el silencio administrativo ni la acumulación de fondos, sino agilizar los procesos con reglas claras, responsables identificables y transparencia en cada autorización. Sin un cambio real en la forma en que se aprueban y supervisan las obras, los millones acumulados seguirán sin transformarse en resultados tangibles para la gente.

El cuarto argumento es ciudadano. Cada quetzal que no se ejecuta o que se desvía es un hospital no construido, un tramo carretero que sigue en ruinas, una escuela que permanece con techo de lámina. Los CODEDE, en teoría, son un mecanismo de desarrollo local, pero en la práctica la población no percibe sus resultados. Los proyectos se atrasan, se multiplican las obras inconclusas y crece la desconfianza hacia el Estado. Retener fondos sin reglas claras solo profundiza esa brecha entre lo que se promete y lo que se cumple.

Por último, está el aspecto político. La aprobación de este decreto fue sorpresiva, opaca y sin justificación de urgencia nacional. Ese tipo de maniobras legislativas no hacen más que alimentar la percepción de que en el Congreso se legisla a espaldas de la ciudadanía y en beneficio de intereses particulares. En este contexto, la figura del veto presidencial se convierte en una herramienta esencial para frenar excesos y preservar el orden democrático.

El presidente Bernardo Arévalo tiene ante sí una decisión histórica. Vetar el Decreto 7-2025 no es un capricho ni un gesto de confrontación, es un acto de responsabilidad y de coherencia con los principios de transparencia y rendición de cuentas que tanto necesita Guatemala. Vetarlo sería también un mensaje de que la solución no es esconder la ineficiencia bajo el silencio administrativo ni autorizar cheques en blanco, sino corregir los procesos, exigir avales oportunos y garantizar que cada obra pública cumpla con su propósito. Gobernar es decidir con transparencia, no acumular recursos sin rumbo.

El momento exige claridad y firmeza. Guatemala no necesita más maniobras opacas ni fondos sin control. Guatemala necesita instituciones fuertes, recursos bien administrados y gobernantes capaces de anteponer el interés ciudadano a cualquier cálculo político. El veto presidencial al Decreto 7-2025 sería, en este sentido, una victoria de la transparencia sobre la opacidad y de la ciudadanía sobre la arbitrariedad.

El futuro no se construye con memes

Más que chapuces políticos, Guatemala necesita edificar instituciones firmes.

Pedro Cruz

24 de agosto de 2025 | 00:03h

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En tiempos de crisis política y social, las sociedades necesitan más que discursos fáciles y publicaciones atractivas en redes sociales. Lo que se requiere con urgencia es liderazgo auténtico, representativo, capaz de escuchar, unir y proponer soluciones reales.

Lamentablemente, la política latinoamericana, y Guatemala no es la excepción, ha caído en la trampa del espectáculo: candidatos que dedican más tiempo a producir videos virales que a construir consensos; políticos que se miden por “likes” y no por resultados.

Un ejemplo cercano lo vemos en Colombia, con Miguel Uribe, un joven político con visión conservadora y con gran preparación, que desde el Senado impulsó debates de fondo, de esos que incomodan pero construyen futuro. Sin embargo, su voz fue relegada en medio del ruido de liderazgos más estridentes, que encontraron en la polémica y en las redes sociales su principal forma de sobrevivir. Lo que ocurrió con él no es un caso aislado: es un reflejo del riesgo que corremos como sociedades cuando anulamos a quienes representan liderazgo genuino.

Hoy abundan perfiles que confunden la política con un concurso de popularidad. Nos ofrecen frases fáciles, memes, ocurrentes “lives”, pero sin sustancia, sin visión de Estado, sin capacidad de construir un rumbo. Esta tendencia no solo es peligrosa: es profundamente dañina, porque erosiona la confianza ciudadana y relega a los verdaderos liderazgos a un segundo plano.

Nuestro país enfrenta desafíos enormes: violencia, pobreza, falta de oportunidades para la juventud, crisis en el sistema de justicia y una economía que no despega al ritmo que necesitamos. Frente a eso, no podemos darnos el lujo de apostar únicamente por quienes dominan la narrativa digital, sino por quienes tienen la capacidad de representar a la gente en serio, de escuchar voces diversas, de tomar decisiones difíciles aunque no sean populares y de construir consensos duraderos.

Más que chapuces políticos, Guatemala necesita edificar instituciones firmes, proyectos sostenibles y liderazgos que miren al largo plazo. El futuro no puede seguir improvisándose campaña tras campaña. Necesitamos construir sobre cimientos y principios sólidos.

No se trata de rechazar la comunicación moderna: las redes sociales son una herramienta útil para acercar a los políticos a la gente. Pero cuando estas se convierten en un fin en sí mismas, el liderazgo pierde su esencia.

Los ciudadanos debemos exigir más: líderes con principios claros, con propuestas viables, con visión de futuro, con un compromiso real hacia la nación y no hacia sus propios números en Facebook, Instagram o TikTok.

Guatemala necesita que los mejores liderazgos no sean anulados ni marginados, sino fortalecidos. Y eso comienza con una ciudadanía consciente, que sepa diferenciar entre el ruido del espectáculo y la voz serena pero firme de quienes de verdad quieren servir.

Porque el futuro del país no se construye con shows ni con chapuces, sino con carácter, responsabilidad y verdadera representación.

Este desafío nos invita a una profunda reflexión sobre la responsabilidad que cada ciudadano tiene en la construcción del futuro. No basta con lamentarse de la mediocridad política o con indignarse en las redes; es imperativo informarse, participar activamente en el debate público y, sobre todo, exigir a los líderes la altura y el compromiso que el momento histórico demanda. La apatía o la resignación son lujos que no podemos permitirnos.

Es tiempo de volver a lo esencial: la política como servicio, la honestidad como valor innegociable y la visión de largo plazo como brújula. Guatemala merece una generación de líderes que entiendan la complejidad de sus problemas y estén dispuestos a trabajar con seriedad, más allá de la popularidad digital, para forjar una mejor nación para todos.

Juventud con carácter: esperanza firme para una Guatemala en crisis

Donde no se corrige el irrespeto, germina la violencia.

Pedro Cruz

10 de agosto de 2025 | 00:03h

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Este 12 de agosto, en el marco del Día Internacional de la Juventud, vale la pena detenernos a pensar en el rol que los jóvenes tienen en el presente y futuro de Guatemala. No como una promesa distante, sino como una realidad urgente. Hablar de juventud no es hablar solo de edad, es hablar de identidad, propósito, dirección y esperanza. Es hablar de los cimientos sobre los que construiremos la nación que todos anhelamos.

Pero no podemos hablar de juventud sin hablar de prevención. Guatemala necesita con urgencia fortalecer sus programas de prevención del delito. No podemos seguir siendo reactivos ante la violencia; debemos anticiparnos desde la raíz. Y esa raíz está en la juventud. Un joven que crece en un entorno seguro, con educación de calidad, acceso al deporte y oportunidades laborales reales, es un joven que difícilmente caerá en las garras de la delincuencia.

La educación debe volver a tener un rol formador, no solo informador. Necesitamos menos ideología y más carácter. Educar en valores, en responsabilidad, en esfuerzo y en respeto a la autoridad no es un lujo: es una necesidad para sostener la república. Los países que han salido adelante no lo han hecho porque sus jóvenes fueron complacidos, sino porque fueron exigidos, guiados y empoderados con principios firmes.

El deporte también debe ser parte esencial de esta estrategia. No sólo por sus beneficios físicos, sino porque forma disciplina, enseña a ganar con humildad y a perder con dignidad. Un balón puede cambiar una vida, pero también puede cambiar un barrio, una comunidad entera. Por eso debemos invertir más en canchas que en cárceles, más en entrenadores que en custodios. El deporte es prevención con impacto colectivo.

Además, no podemos ignorar un enemigo silencioso pero destructivo: el bullying. Muchos jóvenes guatemaltecos enfrentan violencia emocional, física o digital todos los días, muchas veces en silencio. La prevención del acoso escolar no puede verse como un asunto menor. Donde no se corrige el irrespeto, germina la violencia. Y donde se permite el abuso, florece la impunidad. Educar en límites claros, fortalecer la autoridad del maestro y empoderar a los padres para formar carácter desde casa son pasos fundamentales.

Por último, hablar de juventud es hablar también de empleo digno. No basta con soñar, hay que tener cómo sostener esos sueños. Necesitamos una economía que premie el trabajo honesto, que abra puertas a los que se esfuerzan y no solo a los que tienen conexiones. Urge apoyar el emprendimiento juvenil, las pasantías productivas y los oficios técnicos, porque no todos los caminos deben pasar por una universidad, pero todos deben llevar a la dignidad.

Hoy más que nunca, nuestra juventud necesita guía. Necesita adultos coherentes que les muestren con el ejemplo que el camino correcto, aunque más difícil, siempre vale la pena. Guatemala no saldrá adelante por decreto, ni por redes sociales. Saldrá adelante cuando formemos jóvenes con raíces profundas en valores eternos: familia, patria, fe, esfuerzo y responsabilidad personal.

No se trata de regalar el futuro, sino de construirlo. Y eso comienza hoy. Porque una juventud firme, es garantía de una nación fuerte.

El delito invisible que nos duele a todos

Detrás de muchas historias de migración irregular, trabajo forzado o explotación sexual hay redes que lucran con seres humanos como si fueran mercancía.

Pedro Cruz

27 de julio de 2025 | 00:03h

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Julio es el mes en el que el mundo alza la voz contra uno de los crímenes más inhumanos y silenciosos: la trata de personas. Un delito que no distingue fronteras, edades, ni clases sociales. Que opera en las sombras, aprovechando el dolor, la vulnerabilidad, la pobreza, la falta de oportunidades y también el silencio.

Guatemala, lamentablemente, no es ajena a esta realidad. Detrás de muchas historias de migración irregular, trabajo forzado o explotación sexual hay redes que lucran con seres humanos como si fueran mercancía. A menudo, las víctimas son mujeres, niñas, adolescentes y niños, pero también hay hombres atrapados en ciclos de esclavitud moderna. Lo más doloroso es que en muchos casos los victimarios son personas cercanas: familiares, conocidos, vecinos o quienes prometen empleo o amor.

Las atrocidades de este delito son difíciles de dimensionar: privación de libertad, violencia física y sexual, coerción, manipulación emocional y psicológica. No hay espacio para romantizar estas historias. La trata destruye vidas, anula futuros y deja heridas invisibles que duran toda la vida.

En Guatemala, existe una institución especializada que enfrenta este flagelo con firmeza: la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET). Desde su creación, ha trabajado en la prevención, atención y coordinación interinstitucional para visibilizar el problema y proteger a las víctimas. A pesar de sus limitaciones presupuestarias y la indiferencia de muchos sectores, su trabajo merece reconocimiento y más apoyo.

Este mes, que se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas (30 de julio), es una oportunidad para informarnos, hablar del tema y, sobre todo, actuar. Porque la trata no solo ocurre en zonas marginadas o en comunidades lejanas. También se esconde en residencias, empresas, redes sociales, agencias falsas de modelaje o empleo, y lamentablemente en instituciones donde debería protegerse a los más vulnerables.

El caso del magnate Jeffrey Epstein en Estados Unidos nos recuerda que la trata también ocurre en las altas esferas del poder y el privilegio. Durante años, utilizó su influencia para reclutar, manipular y abusar de menores de edad. Su historia demuestra que el dinero, el estatus o el silencio cómplice de muchos no son barreras para este crimen, sino parte del problema.

En Guatemala existen canales anónimos para romper ese silencio. Crime Stoppers Guatemala pone a disposición el teléfono 1561, el WhatsApp 3764-1561 y la página www.tupista.gt, donde cualquier persona puede denunciar de forma completamente confidencial. No se necesita dar nombre, solo tener el valor de no callar.

Denunciar salva vidas. Y aunque no siempre veamos el resultado inmediato, cada denuncia puede ser el principio del fin para una red criminal y el comienzo de esperanza para una víctima.

La trata de personas no tiene rostro único ni afecta a un solo grupo. Todos estamos en riesgo si como sociedad no la enfrentamos. Que este mes no pase como uno más en el calendario. Levantemos la voz, informemos, protejamos y, sobre todo, no tengamos miedo de denunciar.

Fila, caos, frustración… y silencio

¿Cuántas horas de productividad, descanso y convivencia familiar se nos escapan en el asfalto?

Pedro Cruz

13 de julio de 2025 | 00:03h

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Cada mañana y cada tarde, cientos de miles de guatemaltecos vivimos una pesadilla que se repite sin pausa: el tráfico. No importa la ruta, el destino ni la hora. Salir a trabajar o volver a casa se ha convertido en una travesía de hasta cuatro horas diarias. Eso significa que cada semana, muchos pierden el equivalente a dos jornadas laborales solo por moverse dentro de la ciudad. ¿Cuántas horas de productividad, descanso y convivencia familiar se nos escapan en el asfalto?

El problema es conocido, pero parece no dolerle lo suficiente a quienes deberían actuar. Por culpa de la corrupción, Guatemala no logra invertir lo necesario en infraestructura vial moderna. Seguimos siendo un país con carreteras pensadas para una población de hace veinte años. En el área metropolitana, el parque vehicular crece un 7% cada año, mientras que la infraestructura apenas se adapta. A nivel nacional, ya hay más de 4.7 millones de vehículos registrados, según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), pero las soluciones brillan por su ausencia. Obras incompletas que han cobrado impuestos estratégicos y vidas humanas por mal señalamiento.

La falta de planificación y acción de las autoridades es parte del problema. Y lo que es peor: no solo no resuelven, sino que en algunos casos parece que agravan deliberadamente el caos. Hay reportes de prácticas inaceptables, como colocar tráileres de forma estratégica en horas pico para generar aún más congestión. ¿La intención? Justificar proyectos o contratos millonarios que no siempre responden al interés público. Es la manipulación del caos con fines políticos y económicos.

Pero también hay responsabilidad ciudadana. Es común ver a conductores tapando intersecciones, bloqueando pasos peatonales, usando la bocina como si eso despejara el camino o peleando por colarse en una fila. La falta de cultura vial no solo refleja un problema educativo, sino una profunda crisis de valores básicos como el respeto y la empatía.

El tráfico no solo bloquea calles, también frena la productividad del país. Cada hora perdida representa millones en pérdidas para empresas y trabajadores. Se pierde tiempo, combustible y salud. Pero, sobre todo, se pierde calidad de vida. Estar atrapado en un carro no debería ser la norma. Es una violación al derecho a vivir con dignidad, a compartir con la familia, a descansar, a simplemente vivir. Y lo hemos aceptado como si fuera parte del contrato social.

Mientras tanto, no hay soluciones sostenibles ni visión de largo plazo. No existe un sistema de transporte público digno y eficiente que incentive a los ciudadanos a dejar su vehículo. La movilidad urbana ha quedado en manos del azar, de gobiernos improvisados y de decisiones parche. La ampliación de vías sin planificación, pasos a desnivel aislados y operativos viales mal ejecutados son una curita en una hemorragia estructural.

El tráfico en Guatemala nos está robando el tiempo, la paciencia y la esperanza. Y lo peor es que lo hemos normalizado.

Necesitamos algo más que operativos en las horas pico o pasos a desnivel. Urge una planificación metropolitana seria, liderada por alcaldías que coordinen entre sí, prioricen al peatón y al transporte público, y dejen de ver el tráfico solo como una excusa para gastar en obra pública. La movilidad debe convertirse en un tema de agenda nacional, con compromisos reales, medición de resultados y participación ciudadana. Cada minuto que pasamos atrapados es un recordatorio de la ausencia de liderazgo. No podemos seguir así.

Si queremos soluciones sostenibles, debemos empezar desde la raíz. Incluir la educación vial, el respeto al espacio público y la conciencia ciudadana en los programas escolares, desde la preprimaria hasta la universidad, puede transformar la cultura de movilidad en el país. Educar a una generación que entienda que moverse con orden y respeto no solo mejora el tráfico, sino que construye ciudadanía, podría ser el cambio más poderoso a largo plazo.

Educación, rehén del chantaje: un mes sin clases

¿A qué maestro le conviene que su vocación sea instrumentalizada? ¿Qué padre, madre o abuelo desea ver a sus hijos atrapados en el conflicto político de unos pocos?

Pedro Cruz

29 de junio de 2025 | 00:03h

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Guatemala ya suma 39 días sin clases en miles de escuelas públicas debido al paro convocado por el Sindicato de Trabajadores de la Educación (STEG), dirigido por Joviel Acevedo. Más de un mes en el que niñas y niños han sido privados de su derecho a aprender, padres de familia han debido reorganizar sus vidas, y miles de maestros comprometidos han sido ignorados o manipulados por un liderazgo sindical que actúa por intereses propios.

¿A quién sirve este paro? ¿A qué maestro le conviene que su vocación sea instrumentalizada? ¿Qué padre, madre o abuelo desea ver a sus hijos atrapados en el conflicto político de unos pocos?

Un verdadero líder sindical defiende a sus trabajadores con dignidad y responsabilidad. Negocia, propone, busca el bien común. Pero lo que ha hecho Joviel Acevedo es exactamente lo contrario: tomar como rehenes a los alumnos y usar a los maestros como piezas de presión para su agenda política.

Este no es un movimiento por la educación. Es un movimiento por el poder.

A pesar de los múltiples llamados del Ministerio de Educación, de tres resoluciones judiciales que ordenan reanudar clases, y de las sanciones impuestas (descuentos salariales, actas disciplinarias y procesos de destitución a más de 6,000 maestros), Acevedo continúa en rebeldía. Su discurso ya no representa a los docentes: solo entre un 10 y 12 % del magisterio lo respalda activamente, una cifra que confirma su aislamiento.

Para variar, el Ministerio Público no ayuda en nada. En lugar de investigar el incumplimiento de resoluciones judiciales, parece proteger a Joviel y su grupo, reforzando la impunidad de un liderazgo sindical que ha perdido legitimidad.

Incluso los propios maestros —la inmensa mayoría, honestos y vocacionales— han continuado dando clases, organizando actividades escolares y pidiendo volver a las aulas. Son ellos quienes realmente sostienen el sistema educativo. Son ellos los que merecen respeto, condiciones dignas y oportunidades de crecimiento profesional.

Mientras tanto, miles de niñas y niños siguen en casa. Algunos ya presentan rezagos en lectura, otros en matemáticas. Muchos han perdido el ritmo del ciclo escolar. Y los padres, agotados, claman por una solución.

Diversos estudios muestran que cada día sin clases en primaria equivale a retrocesos concretos en comprensión lectora y habilidades matemáticas. Esto no es solo un retraso momentáneo: es un golpe a largo plazo al desarrollo humano, que perpetúa el ciclo de pobreza en muchas comunidades.

Además, el pacto colectivo que exige el sindicato ha sido señalado como financieramente insostenible y desproporcionado en sus beneficios. No busca una mejora real para todos los maestros, sino privilegios para una minoría con fines políticos.

La Corte de Constitucionalidad también debe ponerse del lado de la niñez. Una inconstitucionalidad presentada por la PGN fue retirada de agenda sin explicación. Es momento de que los más altos tribunales asuman su responsabilidad y prioricen los derechos de quienes más lo necesitan: los estudiantes.

El mensaje es claro: no se puede construir una mejor educación desde el chantaje ni el abuso de poder. La educación debe ser el terreno de los acuerdos, no del conflicto.

Joviel Acevedo se queda cada vez más solo. Aislado por la justicia, debilitado ante la opinión pública, y sin el respaldo masivo que antes decía tener. Su figura ya no inspira liderazgo, sino rechazo. Porque en esta lucha no ha buscado mejorar la educación, sino sostener su poder a cualquier costo.

Hoy más que nunca debemos alzar la voz a favor de los verdaderos maestros, los que madrugan, preparan clases, y luchan contra la adversidad. A favor de los estudiantes, que merecen un sistema que les dé alas, no cadenas. Y a favor de los padres, que con esfuerzo sostienen la esperanza de un futuro mejor.

Guatemala necesita líderes que construyan, no que paralicen. Necesita acuerdos por la educación, no más excusas. El tiempo perdido no se recupera. Las oportunidades que negamos a esta generación, nos costarán caro como país.

Ya basta de chantajes.
Es momento de volver a clases.
Es momento de avanzar.

Una amenaza que no reconoce fronteras

Guatemala tiene la oportunidad de dejar de ser un puente para el narcotráfico y convertirse en un territorio firme para la legalidad.

Pedro Cruz

15 de junio de 2025 | 00:03h

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Guatemala enfrenta un reto complejo: el narcotráfico no es solo un flagelo nacional, sino un fenómeno transnacional que convierte al país en un puente entre Sudamérica y el mercado del norte. Nuestra posición geográfica estratégica ha hecho que más del 90 % de la cocaína destinada a EE. UU. atraviese territorio guatemalteco, lo que nos coloca en el centro de una cadena ilícita que trasciende fronteras.

Este fenómeno fortalece estructuras criminales, alimenta violencia, extorsión y corrupción, y erosiona la confianza ciudadana. Según el Índice de Denuncias de Delitos (IDD) del CIEN, las denuncias por extorsión crecieron cerca de 38 % en 2024, alcanzando casi 25 000 casos, mientras que la tasa de homicidios se mantiene en un preocupante nivel, superior a 16 por cada 100 000 habitantes.

El apoyo de EE. UU. ha sido contundente. En su informe más reciente del International Narcotics Control Strategy, el Departamento de Estado describe a Guatemala como “un socio dispuesto” que ha fortalecido sistemas de alerta y respuesta contra drogas sintéticas, además de mejorar controles y coordinación regional.

En el marco del Diálogo de Alto Nivel en Seguridad (2024), EE. UU. señaló que Guatemala logró incautar casi 11 000 kg de drogas, un incremento del 223 % respecto al año anterior, y entregó más de 13 millones de USD en equipamiento —que incluye una embarcación patrullera y vehículos todo terreno—, además de comprometerse a invertir cerca de 100 millones de USD en programas de interdicción y seguridad.

Pero estas acciones deben ir acompañadas de iniciativas profundas. Guatemala necesita una coordinación activa y estable con México y Estados Unidos para intercambiar inteligencia, realizar operaciones conjuntas y sustentar alianzas en tecnología de interdicción. Las acciones esporádicas no bastan: se requiere una estrategia regional coherente y permanente.

También es urgente fortalecer las capacidades nacionales. Unidades especializadas como DIPANDA, SGAIA y el Ministerio Público requieren formación, transparencia y autonomía operativa. Ya no podemos depender en gran medida de apoyo externo; la incautación de droga debe ser una capacidad sólida del Estado.

Y no menos importante es el desarrollo. En zonas como Petén, Izabal, Huehuetenango y San Marcos, donde las alternativas son casi inexistentes, el narcotráfico encuentra terreno fértil. Los cultivos ilícitos, que según datos recientes suman entre 1.5 y 3 millones de plantas de coca y amapola en 2024, siguen sumándose año tras año. Solo con inversión real en educación, empleo y servicios básicos será posible ofrecer una opción a las comunidades.

El narcotráfico puede parecer un monstruo demasiado poderoso; sin embargo, no es invencible. Requiere un compromiso presidencial más allá de los períodos de campaña, una visión de Estado que ponga la seguridad, la justicia y el desarrollo en el centro. Y, por supuesto, una coordinación estrecha con los aliados importantes, que comparten rutas, riesgos y responsabilidades.

Guatemala tiene la oportunidad de dejar de ser un puente para el narcotráfico y convertirse en un territorio firme para la legalidad.

La democracia no la salvó un sistema: la salvaron personas

La democracia guatemalteca necesita menos desinformación y más reconocimiento a quienes la sostienen en silencio.

Pedro Cruz

1 de junio de 2025 | 00:03h

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En el corazón de la democracia guatemalteca late un sistema electoral que, aunque no exento de desafíos, ha demostrado su solidez y compromiso con la voluntad popular. En las elecciones generales de 2023, este sistema fue puesto a prueba, y quienes se erigieron como sus más firmes defensores fueron las juntas electorales, a quienes con justicia he denominado en múltiples ocasiones como “héroes de la democracia”.

El sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (Trep) ha sido una herramienta valiosa para proporcionar información rápida y accesible durante las jornadas electorales. Sin embargo, es fundamental entender que el Trep no tiene autoridad legal para definir ganadores; su función es meramente informativa. Los resultados oficiales siempre han sido determinados por las juntas electorales, quienes revisan, validan y certifican actas en un proceso público y transparente.

A pesar de esta claridad legal y técnica, el Ministerio Público ha insistido en sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral, apuntando a supuestas anomalías en el Trep como prueba de fraude. Lo preocupante es que estas acusaciones se han sostenido sin evidencia contundente y con una narrativa que desconoce el verdadero funcionamiento del sistema electoral. En el fondo, se pretende deslegitimar una elección en la que las juntas electorales cumplieron su deber con valentía, transparencia y orden.

Según datos del Tribunal Supremo Electoral, en 2023 se instalaron más de 1,200 juntas receptoras de votos en todo el país y en el extranjero, integradas por miles de ciudadanos voluntarios. Estos hombres y mujeres, ajenos a cualquier estructura partidaria, protegieron cada voto con responsabilidad, demostrando que la democracia no se defiende en redes sociales ni en comunicados de prensa, sino en la voluntad cívica de los guatemaltecos de a pie.

En este contexto, el anuncio reciente del Tribunal Supremo Electoral sobre la creación de un nuevo sistema de transmisión de resultados para las elecciones de 2027 no debería escandalizar a nadie. Es lo que corresponde. El Trep actual ya fue vulnerado: su código fuente quedó en manos del Ministerio Público, lo cual implica un quiebre en la confianza técnica y política de dicha herramienta. No se puede seguir operando con una estructura informática expuesta, y el TSE, con razón, ha optado por comenzar de nuevo. Esta decisión no invalida los resultados de 2023; los fortalece, al reafirmar que los ganadores fueron definidos con base en actas y no en datos transmitidos.

La democracia guatemalteca necesita menos desinformación y más reconocimiento a quienes la sostienen en silencio. Las juntas electorales demostraron que, incluso en medio de campañas de desprestigio, amenazas judiciales y presiones políticas, el sistema sí funcionó. Y funcionó porque hubo ciudadanos valientes que lo hicieron cumplir.

Hoy, más que nunca, debemos mirar hacia adelante con memoria. Defender la democracia no es un acto de ingenuidad, es un deber moral. Y parte de esa defensa es reconocer que cuando más se la intentó torcer, fueron las juntas electorales las que pusieron el cuerpo, la firma y el rostro para garantizar que la voluntad del pueblo no se mancillara.

Sin claridad, todo se vuelve riesgo

Nos cuesta saber qué es verdad y qué no.

Pedro Cruz

18 de mayo de 2025 | 00:03h

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En estos días, Guatemala vive momentos cargados de confusión. Nos cuesta saber qué es verdad y qué no. Las redes sociales, los grupos de WhatsApp y ciertos medios se han vuelto campos de batalla donde la información muchas veces se manipula, se exagera o simplemente se inventa. Y cuando eso pasa, en lugar de construir puentes, se levantan barreras. En vez de acercarnos a soluciones, nos alejamos entre sospechas y acusaciones.

Uno de los temas que ha generado más polémica recientemente es el retiro de la reserva que Guatemala mantenía desde hace décadas al artículo 27 de la Convención de Viena. En palabras simples, esta reserva nos permitía decir: “Antes que un tratado internacional, está nuestra Constitución”. Al quitarla, el mensaje que se ha dado, aunque no haya sido la intención, es que ahora los compromisos internacionales podrían estar por encima de nuestra carta magna.

Este cambio se dio de forma sorpresiva, sin explicar bien al país qué significa ni por qué se hizo. Y en tiempos donde hay tanta desconfianza hacia las instituciones, tomar decisiones de este tipo sin escuchar, sin informar con claridad, solo enciende más alarmas.

Muchos sectores han mostrado su preocupación. Y con razón. Porque aunque hay quienes defienden esta decisión como un paso hacia el respeto del derecho internacional, también hay quienes temen, y no sin fundamento, que esto abra la puerta para imponer en Guatemala agendas que van en contra de nuestros principios. Me refiero, por ejemplo, a temas que afectan directamente la defensa de la vida desde la concepción, el valor de la familia o el respeto a la soberanía nacional.

No se trata de cerrarse al mundo ni de vivir con miedo a todo lo que viene de afuera. Se trata de cuidar lo que somos. De que nuestras decisiones, como país, se tomen aquí, respetando nuestra historia, nuestra cultura y nuestros valores.

Y mientras este debate se da, el Ministerio Público sigue actuando como si fuera dueño de la verdad absoluta. Aún se ven acciones selectivas, casos que se abren a conveniencia y otros que se ignoran por completo. No hay señales claras de que la justicia esté funcionando de forma imparcial. Y eso también preocupa.

En medio de todo esto, la ciudadanía está cansada. Harta de que las decisiones importantes se tomen sin consultar, sin explicar, sin pensar en las consecuencias. Harta también de que el sistema de justicia sea usado como un arma política.

Por eso es tan importante levantar la voz, pero hacerlo con responsabilidad. No para dividir, sino para construir. Guatemala no necesita más ruido ni más enfrentamientos. Lo que necesitamos es claridad, sensatez y líderes que digan las cosas como son, sin adornos, pero también sin gritar.

Yo creo firmemente que sí es posible vivir en una sociedad con respeto y sentido común. Que se puede defender la vida, la verdad y los valores sin caer en el juego de la polarización. Que se puede construir un país más justo sin abandonar lo que nos define como nación.

Para lograrlo, necesitamos decisiones bien pensadas, bien explicadas y, sobre todo, hechas en el momento correcto. Porque en política, como en la vida, el fondo importa, pero la forma, y el momento, también.

Un legado que inspira: gracias, papa Francisco

Su huella queda viva en millones de corazones.

Pedro Cruz

4 de mayo de 2025 | 00:03h

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Tuve la oportunidad de participar en dos momentos que marcaron mi vida: la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, en 2013, y la de Cracovia, en 2016. En ambas, no solo viví la alegría de compartir con miles de jóvenes de todo el mundo, sino que pude ver de cerca la calidad humana y espiritual del papa Francisco.

En Río, en su primer gran encuentro con los jóvenes, nos animó a no tener miedo de salir, de actuar, de meternos en los problemas reales de la gente. Nos dijo que no nos quedáramos callados ni cómodos, que hiciéramos “lío” para cambiar las cosas. Ese mensaje me marcó profundamente. Sentí que hablaba directo al corazón de mi generación.

Tres años después, en Cracovia, volvió a hacernos un llamado fuerte y claro: “No vinimos al mundo a pasar el tiempo, vinimos a dejar una huella”. Nos pidió no vivir como jóvenes adormecidos, sin ganas ni compromiso, sino como personas dispuestas a ponerse de pie, ayudar y cambiar el mundo. En tiempos donde muchas veces gana la indiferencia, sus palabras fueron un impulso lleno de esperanza.

El papa Francisco no solo se ha hecho presente con sus palabras y gestos, también ha dejado enseñanzas profundas. En Amoris Laetitia nos mostró que las familias, con sus dificultades y alegrías, son un tesoro que debemos cuidar. Y en Laudato Si’ nos recordó que el planeta es nuestra casa común, y que tenemos la responsabilidad de protegerlo, especialmente pensando en quienes menos tienen y en las futuras generaciones.

Y en medio de esas enseñanzas, su defensa de la vida desde el primer instante ha sido clara y firme. El papa Francisco nos recordó en Evangelii Gaudium que cada niño no nacido, pero condenado injustamente a ser abortado, tiene el rostro de Jesucristo. Esta convicción no es ideológica, es profundamente humana. Defender al más indefenso, al que aún no puede hablar, es también una forma de decirle al mundo que toda vida importa y que la dignidad no se negocia.

Agradezco a Dios haber podido aprender de estas experiencias con él. Francisco ha sido una voz clara en medio del ruido, un guía que enseña con el ejemplo. No ha buscado imponerse, sino acompañar, escuchar y servir.

Hoy, cuando vemos tantos problemas en el mundo como la pobreza, la violencia y la división, su legado nos anima a no perder la esperanza. A construir con respeto, a tender la mano, a pensar en los demás. A mí, personalmente, me inspiró su forma de vivir el amor por el prójimo, sobre todo por los que sufren.

Gracias, papa Francisco. Su vida y su ejemplo nos recuerdan que sí se puede hacer el bien, con valentía, humildad y amor verdadero. Su huella queda viva en millones de corazones. En el mío, sin duda.

Hoy más que nunca, el mundo necesita líderes con visión y valores. Líderes que escuchen, que respeten, que busquen unir y servir. Estoy seguro de que podemos ser parte de una generación que no se rinde, que no se conforma y que trabaja por un país más justo, más humano y más esperanzador.

Entre la desconfianza y la esperanza: el desafío del TSE

El cumplimiento de la Ley Electoral debe ser riguroso.

Pedro Cruz

20 de abril de 2025 | 00:03h

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala atraviesa un momento decisivo. Aunque el pleno fue electo en marzo de 2020 para el período 2020-2026, actualmente solo la magistrada titular Blanca Alfaro ha sido habilitada. El resto de magistrados titulares permanece suspendido por investigaciones relacionadas con la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), en medio de un contexto de cuestionamientos al proceso electoral que ha sido utilizado por algunos actores con fines políticos. Ante este escenario, más allá de coincidencias o desacuerdos con las acciones del Ministerio Público, lo esencial es reafirmar que la legitimidad institucional solo puede recuperarse cumpliendo la ley, no debilitando aún más las reglas del juego.

Esta integración del TSE, conformada en su mayoría por magistrados suplentes, no puede ser vista como una administración provisional. Tiene el deber de actuar con independencia, transparencia y responsabilidad. La ciudadanía espera decisiones firmes, alejadas de presiones y apegadas estrictamente al marco legal.

Uno de los puntos clave sigue siendo el sistema de conteo y transmisión de votos. Es fundamental recordar que el sistema tecnológico, como el TREP, es solo un componente complementario. La validación oficial de resultados la hacen las Juntas Electorales, conforme lo establece la ley. En 2023, el sistema contratado por las Juntas Electorales del Departamento de Guatemala y del Distrito Central tuvo contratiempos técnicos hacia el cierre de la jornada. Estos incidentes, aunque no invalidaron el proceso, sí dejaron lecciones sobre la necesidad de fortalecer la coordinación, la supervisión y la transparencia, tanto en el ámbito técnico como organizativo.

Otro desafío es el empadronamiento. En la primera vuelta de 2023, más de 3.4 millones de guatemaltecos empadronados no ejercieron su voto. La abstención en la segunda ronda fue del 44.7%. Este nivel de desconexión entre ciudadanía y política debe enfrentarse con estrategias efectivas, especialmente entre jóvenes. En cuanto al voto en el extranjero, si bien está contemplado en la ley, su implementación actual presenta serias dudas. No existe una Junta Electoral específica para el exterior, el procedimiento no está debidamente normado, y los riesgos de manipulación son altos. Además, es un sistema costoso para un país con recursos limitados.

Finalmente, el cumplimiento de la Ley Electoral debe ser riguroso. Ya se observan actividades políticas camufladas de eventos “sociales” o “informativos”. El TSE no puede ser espectador ante estas prácticas. La equidad en la contienda comienza por respetar los tiempos, y eso requiere sanciones claras y sin titubeos.

La actual conformación del tribunal tiene la oportunidad de recuperar el respeto institucional, pero no lo logrará sola. Necesita del respaldo crítico de la ciudadanía, y de una clase política que entienda que sin reglas claras, no hay democracia que proteger.

Sin liderazgo, sin resultados

La democracia no se defiende con discursos bonitos, se defiende con resultados, con integridad y con compromiso.

Pedro Cruz

6 de abril de 2025 | 00:03h

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El Congreso de la República de Guatemala le debe mucho a la ciudadanía. Lo que parecía ser una nueva legislatura, con rostros distintos y promesas de transparencia, se ha convertido en más de lo mismo: discursos vacíos, luchas internas por el poder y decisiones que solo benefician a los propios diputados. Otra vez, la esperanza de cambio fue traicionada.

Uno de los ejemplos más vergonzosos fue el intento de aumentarse el salario. A finales del 2024, en una jugada rápida y silenciosa, 87 diputados aprobaron una enmienda para incrementarse el sueldo a un monto que redondeaba los Q66 mil mensuales, equiparándolo al de magistrados de Corte de Apelaciones. Además, se otorgaron beneficios como indemnización y prestaciones, como si fueran empleados permanentes del Estado, cuando en realidad su cargo es temporal y electo. Aunque después, presionados por la indignación ciudadana, algunos buscaron bajarse el salario, el acuerdo que lo autorizó no fue derogado de inmediato. La jugada fue clara: probar suerte y, si nadie decía nada, quedarse con el aumento.

Este acto no fue un error aislado. El Congreso no ha logrado construir una agenda legislativa a la altura de las necesidades del país. La mayoría de las iniciativas que avanzan responden a intereses particulares o están marcadas por el estancamiento. No hay acuerdos mínimos para aprobar leyes que verdaderamente mejoren la vida de la gente. Tenemos un Congreso fragmentado, sin liderazgo real, donde los partidos pelean por cuotas, pero olvidan que están ahí para representar y servir.

Y esa falta de liderazgo ya se siente en la calle. La ausencia de diputados con autoridad moral y compromiso social ha generado un vacío de representación. Hoy, muchas comunidades y sectores sociales ya no ven al Congreso como un espacio de diálogo. Por eso recurren a los bloqueos y la presión social como única forma de ser escuchados. El diputado, que debería ser un puente entre el pueblo y el Estado, se ha convertido en un espectador más. Ya no media, ya no escucha, ya no propone. Solo responde a intereses de grupo, de partido o personales.

Según datos oficiales, en el primer año de esta legislatura apenas se han aprobado 23 decretos, la mayoría de ellos de carácter administrativo o técnico. Temas cruciales como el combate a la corrupción, la seguridad ciudadana, la reactivación económica o la mejora de servicios básicos siguen sin respuestas claras. Las comisiones legislativas trabajan con lentitud, las agendas están marcadas por prioridades partidarias, y el pueblo sigue esperando.

Mientras tanto, los problemas reales crecen: la inseguridad no cede, el desempleo sigue golpeando a miles de familias, los hospitales públicos colapsan y el sistema educativo sigue abandonado. Frente a esta realidad, ¿dónde está la voz firme del Congreso? ¿Dónde están los proyectos de ley que realmente transformen vidas?

El Congreso tiene una deuda pendiente con el pueblo. Y no es solo una deuda legislativa, es una deuda ética, moral y política. Si los diputados no están dispuestos a ejercer su papel con responsabilidad, es momento de que la ciudadanía los empiece a exigir con más fuerza. Guatemala no puede seguir atrapada entre los mismos vicios de siempre.

La gente quiere cambios. Y si los actuales diputados no lo entienden, vendrán nuevos liderazgos que sí escuchen, sí propongan y sí actúen con valentía. La democracia no se defiende con discursos bonitos, se defiende con resultados, con integridad y con compromiso. Hoy más que nunca, Guatemala necesita representantes, no beneficiarios del sistema.

Invito a la ciudadanía a que no desista de exigir, de hacer auditoría social y de unirse a iniciativas civiles que representen los verdaderos intereses de los guatemaltecos. ¡No nos dejemos llevar por la inercia!

Todos queremos menos accidentes. ¿Cómo logramos el cambio?

Queremos soluciones, pero no queremos responsabilidades.

Pedro Cruz

23 de marzo de 2025 | 00:03h

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Guatemala enfrenta un problema serio en sus carreteras. Cada día hay accidentes de tránsito que dejan heridos, familias destrozadas y hospitales saturados. Sabemos que necesitamos una solución, pero cuando aparece una propuesta concreta, como el seguro obligatorio, muchos se oponen. Queremos soluciones, pero no queremos responsabilidades.

En el 2024 hubo 8,354 accidentes de tránsito en el país. Como resultado, 2,352 personas murieron y 8,838 quedaron heridas. Esto significa que cada día, seis personas pierden la vida en las calles y carreteras de Guatemala. Las motocicletas son protagonistas en esta crisis: representan el 49% de los accidentes y, en total, 935 motoristas fallecieron en el último año.

Estas no son simples estadísticas. Detrás de cada número hay un hijo, un padre, una madre o un amigo que no volverá a casa. Hay familias que, además del dolor, quedan con deudas enormes porque no pueden pagar un hospital. Hay médicos y enfermeras agotados porque los hospitales nacionales están llenos de víctimas de accidentes.

El seguro obligatorio busca atender este problema, asegurando que haya recursos para cubrir gastos médicos y daños materiales. Pero al anunciarse la medida, la respuesta de muchos fue el rechazo. Y lo entiendo. Muchas personas viven al día y cualquier gasto extra se siente como una carga pesada. Es injusto pedirles que paguen más cuando ya luchan por salir adelante.

Pero aquí es donde debemos ver el panorama completo. Sin un seguro, cuando ocurre un accidente, los afectados quedan desprotegidos. Si no pueden pagar un hospital, terminan en un centro público, aumentando la presión sobre el sistema de salud. Al final, la factura la pagamos todos, con impuestos o con la falta de atención en hospitales ya colapsados.

Además, hay un aspecto crucial que se pone sobre la mesa. El seguro obliga a los dueños de vehículos a portar licencia y registrarse. Para nadie es un secreto que el crimen organizado opera tanto en motocicletas como taxis pirata. Esta medida también suma para mejorar el control y la seguridad de la población.

Algo importante: cuando Joviel Acevedo apoya una causa, hay que pensar dos veces si ese es el camino correcto. Su historial nos recuerda que no siempre busca el bien de la gente, sino sus propios intereses. Si está en contra del seguro obligatorio, tal vez es porque la medida realmente beneficia al país.

La resistencia a esta propuesta revela algo más profundo en nuestra cultura: queremos soluciones, pero no queremos responsabilidades. Queremos que haya menos accidentes, pero no queremos tomar medidas para evitarlos. Queremos que las carreteras sean más seguras, pero no queremos pagar por ello.

Es cierto que el seguro obligatorio debe implementarse con justicia. No puede ser una excusa para que las aseguradoras cobren precios abusivos. El Estado tiene que garantizar que las pólizas sean accesibles y que las personas de bajos recursos no sean las más afectadas. También es necesario mejorar la educación vial, las condiciones de las carreteras y el control de licencias de conducir.

El cambio no será fácil ni inmediato. Pero si seguimos esperando soluciones sin asumir nuestra parte, nada va a mejorar. Por eso, el diálogo es clave. Las autoridades, el sector privado y la población deben encontrar juntos la mejor forma de aplicar esta medida sin afectar a quienes viven al día. Pero el diálogo no puede ser una excusa para retrasar decisiones urgentes.

Los problemas del país no se solucionan con marchas o con rechazos automáticos a cualquier cambio. Tampoco se arreglan con decisiones impuestas sin considerar a quienes más les afecta. Se solucionan con responsabilidad compartida y acciones concretas.

Es momento de decidir: ¿seguimos esperando que alguien más resuelva nuestros problemas o asumimos la responsabilidad de construir un mejor país?

Pastillas mortales: la amenaza oculta en fiestas y redes sociales

Uno de cada tres jóvenes siente la presión de grupo para consumir  drogas.

Pedro Cruz

9 de marzo de 2025 | 00:03h

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En Guatemala, el consumo de drogas sintéticas entre jóvenes y adolescentes representa una amenaza creciente. Estas sustancias, a menudo presentadas como “seguras” o “recreativas”, son altamente adictivas y peligrosas. Su fácil acceso en fiestas, redes sociales y entornos educativos agrava la situación. Frente a esta crisis, la prevención es nuestra mejor herramienta, y los padres desempeñan un papel fundamental. A nivel internacional, las estadísticas reflejan una tendencia preocupante.

Según datos recopilados por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), el 25% de los jóvenes entre 12 y 17 años en países desarrollados han probado medicamentos recetados sin fines terapéuticos, buscando únicamente diversión. En Estados Unidos, en 2005, se registraron alrededor de 22,400 muertes debido al consumo de drogas recetadas, de las cuales los opioides representaron un 32%. Además, los depresivos, opiáceos y antidepresivos fueron responsables de más muertes por sobredosis (45%) que la cocaína, metanfetamina y anfetamina combinadas (39%).

Estos datos subrayan la gravedad del problema y la necesidad de abordar el consumo de drogas sintéticas con urgencia. La responsabilidad de los padres es crucial en esta lucha. Es esencial estar atentos a cambios en el comportamiento de nuestros hijos, conversar abiertamente sobre los riesgos de las drogas y establecer límites claros. No se trata de imponer miedo, sino de fomentar una relación de confianza que permita a los jóvenes buscar orientación en sus familias en lugar de recurrir a fuentes poco fiables o caer en malas influencias. La prevención comienza en casa, con educación, comunicación y ejemplo. Los centros educativos son también un lugar en el que se debe trabajar fuertemente en la prevención. Estudios dan cuenta que 1 de cada tres jóvenes sienten la presión de grupo para consumir drogas.

Así que la lucha contra las drogas sintéticas no es solo una tarea familiar; requiere el compromiso de toda la sociedad y el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia. En este sentido, la campaña “La denuncia puede salvar vidas, incluyendo la tuya”, promovida por Crime Stoppers Guatemala, en conjunto con el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC), es una herramienta clave. Esta iniciativa permite que cualquier persona reporte, de manera anónima, la venta y distribución de drogas, protegiendo a sus comunidades sin temor a represalias.

Para realizar una denuncia anónima, los ciudadanos pueden: llamar al 1561, enviar un mensaje vía WhatsApp al 3764-1561, ingresar a la página web tupista.gt. Estos canales garantizan el anonimato y están disponibles las 24 horas del día, brindando a la población herramientas seguras para colaborar en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos. El anonimato es crucial en una sociedad donde muchas personas temen denunciar por miedo a represalias. A través de estos canales, cualquier ciudadano puede aportar información sobre puntos de venta de drogas, personas involucradas en su distribución e incluso situaciones de riesgo en colegios y comunidades. No denunciar es permitir que el problema siga creciendo y que más jóvenes caigan en este peligroso mundo.

Debemos actuar ya. No podemos seguir viendo cómo nuestras generaciones más jóvenes son víctimas de la desinformación y de la falta de control sobre sustancias que están destruyendo vidas en otros países. Como padres, ciudadanos y sociedad, tenemos el deber de prevenir, educar y denunciar. La lucha contra las drogas sintéticas es de todos, y cada acción cuenta.

Es momento de tomar conciencia. La prevención comienza en casa, pero la acción colectiva es la que logra el verdadero cambio. No dejemos que el silencio nos convierta en cómplices. Si sabemos algo, denunciemos. Porque al hacerlo, podemos estar salvando una vida… incluso la de nuestros propios hijos.

Educación en Guatemala: entre obstáculos y oportunidades

El sistema educativo guatemalteco enfrenta retos serios, pero no son insalvables.

Pedro Cruz

23 de febrero de 2025 | 00:03h

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El inicio del ciclo escolar en Guatemala es un momento de esperanza y desafíos. En el 2024, más de 3.1 millones de estudiantes se matricularon en el sector público en 36 mil 126 centros educativos. Sin embargo, la calidad sigue siendo una preocupación.

Uno de los principales obstáculos es Joviel Acevedo, quien por dos décadas ha sido líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG). Su gestión ha sido criticada por priorizar negociaciones y manifestaciones que afectan el ciclo escolar. En mayo del 2024, el STEG pidió una cuota de Q50 a los maestros para financiar una protesta, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia sindical. Además, el sindicato mantiene una disputa con el Ministerio de Educación (Mineduc) por el pacto colectivo, sin lograr acuerdos claros.

A pesar de estos problemas, el Mineduc reportó avances en infraestructura, con la renovación de 10 mil escuelas y el cumplimiento de los 180 días de clases. Sin embargo, los resultados de la prueba “Graduandos 2024” revelaron que una gran parte de los estudiantes no alcanzó los niveles esperados en Lectura y Matemáticas, evidenciando la necesidad de mejorar la enseñanza.

Otro factor clave es la participación de los padres en la educación de sus hijos. Su involucramiento fortalece el aprendizaje en casa y promueve una cultura de responsabilidad compartida. Talleres y programas de formación podrían ser aliados clave para mejorar el rendimiento académico.

La tecnología es una oportunidad que no se debe desaprovechar. La integración de plataformas digitales y herramientas interactivas puede mejorar el acceso al conocimiento y modernizar la enseñanza. Pero, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2023, solo un 2% de los hogares en pobreza extrema cuenta con internet, y un 11.1% de los hogares pobres no extremos, comparado con el 30.4% de los hogares no pobres. Aún queda camino por recorrer para garantizar que todos los niños y jóvenes puedan acceder a estos recursos educativos.

Es clave capacitar a los docentes para que guíen a los estudiantes en el uso de herramientas digitales. Esfuerzos como los de la Fundación Sergio Paiz (Funsepa) son fundamentales para llevar la tecnología a las aulas.

Por otra parte, es urgente fortalecer la enseñanza del inglés. Este idioma es una ventaja competitiva en el mercado laboral. Guatemala, con su creciente industria de call centers y turismo, demanda trabajadores bilingües, pero la educación pública sigue rezagada en este aspecto.

El sistema educativo necesita cambios profundos. La pregunta es: ¿Qué hacemos para que los programas en beneficio de nuestros niños y jóvenes realmente se implementen?

La respuesta es sencilla, pero su ejecución no lo es. Requiere eliminar obstáculos arraigados por décadas y centrar la atención en los estudiantes.

La educación no debe girar alrededor de Joviel Acevedo. Tampoco de un Currículo Nacional Base desactualizado ni de procesos burocráticos que ralentizan los cambios.

Día con día, maestros y padres desafían estos retos. No organizan marchas, sino que innovan con recursos asequibles. Demuestran que el sueño de una Guatemala mejor educada no depende de grandes iniciativas, sino de enfocarse en los estudiantes. El sistema educativo guatemalteco enfrenta retos serios, pero no son insalvables. Con el compromiso de autoridades, docentes, padres y la sociedad, podemos transformar estos obstáculos en oportunidades. Apostar por una educación de calidad e innovadora es invertir en el futuro del país.

Migrantes guatemaltecos: un motor invisible que impulsa al país

Debemos aspirar a ser una nación donde quedarse sea una opción viable.

Pedro Cruz

9 de febrero de 2025 | 00:03h

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Cada año, miles de guatemaltecos toman la difícil decisión de dejar atrás su hogar, su familia y su historia por necesidad y falta de oportunidades. Lo hacen impulsados por la esperanza, pero también por la necesidad. Sus historias son testimonio de esfuerzo, sacrificio y resiliencia. Aunque la distancia los separa de su tierra natal, su impacto en Guatemala es innegable.

Las remesas que envían son una muestra tangible de su trabajo y compromiso. En el 2024, el dinero enviado por migrantes alcanzó una cifra récord, superando los 21.5 mil millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 8.6% respecto al año anterior. Este flujo económico equivale a casi una quinta parte del producto interno bruto y es una de las principales fuentes de sustento para millones de familias.

Detrás de cada remesa hay una historia de esfuerzo. Son jornadas extenuantes, muchas veces en condiciones difíciles, con el único propósito de mejorar la vida de quienes quedaron en Guatemala. Es un sacrificio silencioso que sostiene la economía nacional y dinamiza sectores clave como el comercio, la construcción y los servicios. En muchas comunidades, las remesas significan no solo la posibilidad de poner comida en la mesa, sino también acceso a educación, vivienda y salud.

Pero el impacto de las remesas también es un reflejo de la corrupción que genera un mínimo desarrollo para el país. No podemos conformarnos con depender del dinero enviado por quienes se han visto obligados a migrar. Debemos aspirar a ser una nación donde quedarse sea una opción viable, donde el trabajo digno y el emprendimiento permitan a los guatemaltecos construir su futuro sin tener que marcharse.

El sector privado ha planteado una estrategia para generar empleo formal en Guatemala y reducir la necesidad de migrar. Durante la reciente visita del senador Marco Rubio, se discutieron oportunidades de inversión y programas de empleo dirigidos a poblaciones vulnerables. Se destacó la importancia de atraer empresas que puedan generar trabajo digno, especialmente en sectores como la manufactura, la agroindustria y la tecnología. Estos esfuerzos buscan no solo reducir la migración, sino también ofrecer oportunidades de reinserción a quienes han sido deportados o retornan voluntariamente al país.

En un foro reciente sobre economía y migración, expertos señalaron que Guatemala necesita estrategias concretas para enfrentar este nuevo panorama. Se mencionó la urgencia de atraer inversión, generar empleo formal y mejorar la educación técnica y vocacional. Si el país no toma medidas a tiempo, la reducción de remesas podría impactar negativamente en la estabilidad económica de muchas comunidades.

A nuestros hermanos migrantes, quiero decirles que su esfuerzo no pasa desapercibido. Son un pilar fundamental de nuestra economía y, más aún, un símbolo del espíritu trabajador del guatemalteco. Su amor por Guatemala trasciende fronteras, y su contribución debe inspirarnos a trabajar por un país donde nadie tenga que irse por necesidad.

Las remesas han sido un salvavidas económico, pero el verdadero desafío es construir una Guatemala donde sus ciudadanos puedan prosperar sin tener que buscar oportunidades lejos de casa. Si honramos el sacrificio de nuestros migrantes con acciones concretas para el desarrollo, estaremos construyendo una nación más fuerte y con un futuro más prometedor para todos.

La decisión clave del CANG

Cuando la justicia se utiliza como arma para perseguir adversarios o proteger intereses, pierde su legitimidad y se convierte en un obstáculo para el desarrollo del país.

Pedro Cruz

26 de enero de 2025 | 00:03h

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En un sistema judicial donde la desconfianza ciudadana se ha convertido en norma, la elección de la nueva junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) representa una oportunidad histórica. No se trata de un simple trámite gremial, sino de un paso que podría marcar el inicio de la reconstrucción de nuestro sistema de justicia.

Sin embargo, hay una preocupación latente: la indiferencia de muchos abogados que, teniendo el poder de transformar el rumbo del país, deciden no participar. De un padrón electoral de más de 30,000 profesionales, apenas unos 12,000 suelen decidir el futuro del Colegio, dejando el camino libre para que intereses políticos o particulares se impongan. Esta apatía no solo afecta al gremio, sino también a la sociedad entera, ya que el CANG tiene un mandato constitucional que lo coloca como un actor clave en la selección de magistrados, fiscales y jueces.

Un aspecto igualmente relevante en estas elecciones es la selección del Tribunal de Honor, una instancia esencial para garantizar la ética y el profesionalismo en el ejercicio del derecho. Este tribunal tiene la función de sancionar a los profesionales que incurren en abusos, faltas graves o prácticas que atentan contra el buen ejercicio de la profesión. Su rol es crucial para fortalecer la confianza en el gremio y para enviar un mensaje claro: la impunidad no será tolerada, ni siquiera entre los abogados.

El artículo 208 de la Constitución establece que los abogados juegan un papel fundamental en el sistema de justicia del país. Por eso, quienes se abstienen de votar están renunciando al deber de contribuir a la construcción de un sistema más transparente y funcional. La elección de una junta directiva y un Tribunal de Honor comprometidos con la justicia y el bien común es un paso indispensable para recuperar la credibilidad de las instituciones.

Por otro lado, es imperativo que el Ministerio Público y el sistema judicial dejen de judicializar la política y se concentren en cumplir con su función constitucional. Cuando la justicia se utiliza como arma para perseguir adversarios o proteger intereses, pierde su legitimidad y se convierte en un obstáculo para el desarrollo del país. Guatemala no puede darse el lujo de seguir en esta espiral de inestabilidad y polarización.

El Colegio de Abogados enfrenta un enorme desafío, pero también una gran oportunidad. Su liderazgo puede ser el motor que impulse el cambio en la administración de justicia. Sin embargo, para lograrlo, se necesita más que buenas intenciones. La transparencia y el monitoreo ciudadano son esenciales, y en este sentido, la participación del Foro Guatemala y las buenas prácticas de Guatemala Visible son un modelo a seguir. Estos actores han demostrado que el diálogo y la vigilancia responsable son herramientas fundamentales para garantizar procesos limpios y justos.

El camino hacia la reconstrucción del sistema judicial requiere acciones coordinadas. Urge devolverle al Ministerio Público la independencia y objetividad que tanto necesita, así como fortalecer los procesos de selección de jueces y magistrados, garantizando que sean designados por su capacidad y no por sus vínculos políticos.

Este proceso electoral en el CANG es una oportunidad para enviar un mensaje claro: es posible devolverle dignidad y funcionalidad a nuestras instituciones. Pero esto solo será posible si quienes tienen el poder de votar lo hacen con responsabilidad y compromiso, conscientes de que su decisión impacta el futuro de todo un país.

Hoy más que nunca, necesitamos que el sistema judicial deje de ser un obstáculo para el desarrollo. La judicialización de la política debe terminar, siendo reemplazada por un compromiso genuino con la justicia. Solo así podremos avanzar hacia un país donde el estado de derecho prevalezca, las instituciones sean confiables y todos los ciudadanos, sin excepción, puedan vivir con la certeza de que sus derechos son respetados.

Construyamos juntos un sistema de justicia del que podamos sentirnos orgullosos. Es hora de dejar atrás la apatía, de asumir nuestra responsabilidad y de trabajar por un futuro donde la justicia sea verdaderamente justa.