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Los principales destinos de exportación de los fabricantes de muebles y productos de madera de Guatemala son Centro América, Estados Unidos y Europa. Sin embargo, con la emergencia mundial que se ha generado debido al nuevo coronavirus, el proceso para las exportaciones está casi parado, pues los negocios de los clientes extranjeros están cerrados.

“Esto pues detiene órdenes, congela órdenes de compra. Hemos exportado algo, pero en su mayoría es producto que ya estaba disponible. También es un disruptivo importante para la cadena de suministros, entonces afecta el flujo de todas las empresas y, al no haber flujo, al no haber ventas, empiezan las empresas a literalmente ahogarse” dijo German Cerezo, presidente de Cofama.

Anualmente, este sector exportaba aproximadamente US$250 millones, pero solo en el último mes, han tenido pérdidas de hasta US$25 millones.

“Realmente no sabemos cómo va a evolucionar, pero en el mes prácticamente que llevamos ahorita parcialmente paralizados, estamos trabajando entre un 25% y un 50% las empresas y los fabricantes que hacen todos los productos de madera” mencionó Luis Pedro Solares de la Junta Directiva de Agexport.

Empleos en riesgo por la crisis

Hay alrededor de 175 mil personas que trabajan directamente para este sector, y unos 100 mil que lo hacen de forma indirecta. De todos ellos, podrían estar trabajando solo la mitad, pues hay quienes han tenido que ser suspendidos o despedidos debido a la situación.

“Otros han tenido que cerrar sus operaciones, entonces prácticamente los pequeños empresarios probablemente son los que vayan a sufrir un poquito más este tema, pero las empresas grandes también están sufriendo bastante ya que no pueden mantener la nómina o la planilla que tienen en ese rubro” agregó Solares.

Mientras tanto, algunas empresas han decidido empezar a hacer mascarillas y otras han decidido utilizar su maquinaria para elaborar productos de acrílico como las caretas. Según cerezo, lo importante es innovar, es por eso que también fabrican muebles más económicos para el teletrabajo.

“Hay algunas fábricas de tapicerías, ya que las personas tenemos que laborar desde casa, hay una serie de muebles que podrían ser necesarios para ir armando uno su oficina en casa con sillas y mesas más económicas e incluso máscaras, todo para poder operar mejor desde el hogar” dijo Cerezo.

De Centro América, solo Guatemala y Nicaragua siguen operando parcialmente.

Recomendaciones para el sector

La estratega de marketing extranjera, Gaby Castellanos, opina que la modalidad de teletrabajo es una gran oportunidad para tiendas de muebles, tiendas de tecnología y aparatos de innovación y comodidad.

Catellanos da algunas recomendaciones para las tiendas de muebles en esta época de coronavirus.

• Preparar ofertas con muebles que sean útiles para crear entornos agradables en casa, como escritorios, sillas y lámparas.
• Utilice las redes sociales para mostrar a los clientes las diferentes maneras en las que puede decorar y ordenar su pequeña oficina en casa.
• Recrea espacios y tome fotografías para dar ejemplos a sus consumidores con productos que vendan.
• Haga paquetes con precios con metros de utilización y ofrezca soluciones al problema del consumidor.

La Comisión de Muebles, Madera y sus Productos de AGEXPORT fue creada en 1986 y recientemente creó un comité de Interior Design Products, para los segmentos de interiorismo, muebles hechos a la medida. Ese sector exportó en 2019 alrededor de US$190 millones.

El principio de individualismo estructurado significa que los individuos cosechan el fruto de sus aciertos y cargan con los costos de sus errores, se benefician y pagan por sus acciones. Este principio predomina más en ciertos tipos de organización social y menos en otros.

El individualismo estructurado opera en el proceso de mercado. Un grupo de amigos está convencido que producir helado de aguacate sería un éxito rotundo porque los consumidores lo quieren. Deciden arriesgarse, invierten sus ahorros, compran maquinaria y empiezan a comercializar helado de aguacate. Pasado el tiempo, las ventas no cubren los costos, los consumidores no quieren helado de aguacate. El negocio quiebra, los socios pierden su capital y quedan con deudas que deben cubrir. Cometieron un error y ellos cargan con los costos; no los trasladan a otros. Si por el contrario, el helado de aguacate es un éxito en el mercado y los ingresos superan los costos, los amigos se benefician. Este es el mecanismo de ganancia y pérdidas, basado en el principio del individualismo estructurado.

Son innumerables los casos que se puede examinar bajo la lupa del individualismo estructurado, todos tienen que ver con la responsabilidad de nuestros actos y como varía la conducta de las personas en la medida que son o no responsables de ella.

Días atrás se conoció la noticia que “el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones aceptó la solicitud de arbitraje contra el Estado de Guatemala por la suspensión de operaciones de la mina El Tambor —La Puya— lo que podría llevar a un reclamo de US$300 millones” o Q2.3 mil millones. Las operaciones de esta mina fueron suspendidas en junio del 2016 por un amparo definitivo de la CSJ, provocando multimillonarias pérdidas a los accionistas de Exmingua. De manera similar, en julio del 2017, la CSJ suspendió las operaciones de la mina El Escobal de Minera San Rafael, causando pérdidas de cientos de millones de dólares a sus accionistas, la pérdida de miles de empleos, pérdidas a sus proveedores y la pérdida de millones de quetzales en impuestos y regalías. Los magistrados de la CSJ no cargarán con estas pérdidas ni perderán el sueño por ellas; pueden trasladar el costo de sus decisiones a muchas otras personas.

De prosperar a su favor el reclamo de Exmingua, el “Estado de Guatemala” tendrá que pagar más de Q2 mil millones y trasladará este costo a los tributarios. ¿Quién cometió el error? ¿Serían los funcionarios que autorizaron la licencia a la empresa minera? Estos funcionarios tampoco cargarán con los costos. Los dirigentes de las oenegés que promovieron las acciones legales que llevaron a la suspensión de operaciones de estas minas no cargan con la responsabilidad de dar empleo a todas las personas que dejaron sin trabajo. Los magistrados, funcionarios y oenegés actuarían de forma muy distinta si tuvieran que cargar con siquiera una pequeña fracción del costo que sus acciones causan a terceros.

El poder de “colectivizar” los costos de las acciones de unos individuos tiene alta capacidad destructiva y debe tener frenos poderosos. Los actores de gobierno tienen mucha de esta clase de poder, la colectivización de costos. Es muy fácil tomar decisiones de gran trascendencia cuando no se tiene la responsabilidad de cargar con sus costos y estos pueden ser trasladados a “otros”.

El individualismo estructurado es un principio que minimiza el mal que unos pueden hacer a otros y quizás estas palabras podrían estar en los murales que adornan las paredes en los edificios que ocupan los tres poderes del gobierno.

fritzmthomas@gmail.com

La hidroeléctrica Sac Já, S.A, en Purulhá, Baja Verapaz, tenía siete años de operar con todas las de ley, en tranquilidad con las comunidades colindantes. En marzo, empezaron a recibir llamadas amenazantes, de personas que decían ser de la cooperativa Monte Blanco, que no colinda con la hidroeléctrica y queda a cuatro horas caminando. En abril llegaron unas doscientas personas, una turba, que con violencia e impunidad, destruye las tomas de agua y canales. Los personeros de Sac Já presentaron denuncia en el MP de Salamá, Gobernación Departamental, Copredeh, PDH, Comisión Presidencial del Diálogo y otras dependencias gubernamentales. Algunas agencias gubernamentales le exigen a Sac Já que demuestre que tiene todos los permisos, licencias y trámites para poder operar. En otras palabras, investiga a la empresa agredida, en lugar de investigar a los agresores, que han invadido propiedad privada y han cometido vandalismo y destrucción con violencia. Los entes burocráticos luego dictaminan que “hay conflicto” y se establece una “mesa de diálogo” con todas las comisiones mencionadas, más representantes de varios ministerios y otras dependencias estatales.

Por parte de la cooperativa Monte Blanco asisten a la mesa de diálogo dos indígenas que no hablan español, no saben a qué van ni saben que quieren. Los asesora una abogada, que también es asesora de la Federación de Cooperativas de las Verapaces, que instruye a los representantes de Monte Blanco a decir que la hidroeléctrica se encuentra en tierras ancestrales. De pronto, el Gobernador Departamental le informa a la empresa que Monte Blanco le ha comunicado que se “rompe el diálogo” porque la empresa los ha amenazado. La firma ha dejado de operar desde hace cuatro meses, provocándole pérdidas de US$1.7 millones.

El lunes 30 de julio, llega a la hidroeléctrica Sac Já una turba duplicada de unas 400 personas, hombres encapuchados, mujeres y niños. Con violencia, agreden y secuestran a los policías, lanzan al barranco a unas mujeres policías y se dedican a la destrucción, que la empresa estima en US$1 millón. La turba pone a las mujeres y niños al frente, mientras los encapuchados agreden a los policías y les roban las armas. Con la destrucción y el “conflicto”, la empresa acumula pérdidas de US$2.7 millones, equivalente a Q20 millones. Tiene deudas con varios bancos y está al borde de la quiebra, mientras que las múltiples comisiones y procuradurías, “llaman al diálogo”. Las oenegés de siempre, denuncian que no debe “criminalizarse la protesta”.

El primer mensaje que queda absolutamente claro es que el crimen paga, queda impune, se victimiza y conduce al diálogo, escenario propicio para la extorsión legalizada. Aquí no hay tal protesta, es un acto criminal meticulosamente planificado por manipuladores profesionales que persiguen sus propios fines. De ninguna manera puede verse este caso como una protesta pacífica con reclamos legítimos. Es intimidación pura, agresión violenta y destrucción de propiedad privada. Aquí no corresponde diálogo fantoche; tiene que aplicarse la ley con rigor y prontitud.

Este no es un caso único, es uno de muchos que ocurren cotidianamente en el territorio de Guatemala. El sistema premia y protege a estas organizaciones criminales, “aparatos clandestinos” —y no me refiero a las mujeres y niños que ponen al frente— que curiosamente, ciertas agencias internacionales vinieron a Guatemala a investigar y desarticular. Tristemente, en lugar de desarticularlos se toman fotos con ellos en cócteles y eventos. Aquí no hay misterio, está todo clarísimo.