El Kremlin denunció la muerte en un ataque del Ejército ucraniano de dos periodistas rusos en Lugansk, anexionada por Rusia.

“El ataque estaba dirigido, les querían matar especialmente”, dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.

Peskov aseguró que Kiev continúa con sus “atrocidades, ahora contra periodistas y personas que no portaban armas”.

“Esta es la esencia del régimen de Kiev y de nuevo justifica el derecho de llevar a cabo nuestra operación militar especial”, añadió.

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El funcionario destacó la muerte de Alexandr Fedorchak, periodista del diario Izvestia; Andréi Panov, cámara de la cadena Zvezdá; y Aleksandr Sirkeli, conductor del grupo, en Kreminná, Lugansk.

También fue herido en el ataque Nikita Guldin, otro reportero de Zvezdá, canal adscrito al Ministerio de Defensa.

Además, Mijaíl Skrutov, periodista de la agencia TASS, resultó herido en otro ataque ucraniano en Kursk.

El portavoz del Kremlin se quejó de la inacción y escasa respuesta de la comunidad internacional.

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“Siempre denunciamos ante la comunidad internacional los ataques, intimidaciones e intentos de asesinato de periodistas en zonas de conflicto, pero consideramos insuficiente la reacción de la comunidad internacional, pues muchos se han negado a reaccionar, lo que desde nuestro punto de vista es imperdonable”, aseguró.

La ministra de Salud de Lugansk, Natalia Pashenko, confirmó la noche del 24 de marzo la muerte de seis personas en el bombardeo en Kreminná.

También fue herido un adolescente.

“El niño sufrió heridas leves de metralla en la parte posterior de la cabeza y la rodilla izquierda”, declaró Pashenko.

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A principios de 2025, otro periodista del diario Izvestia, Alexandr Martemianov, falleció en un ataque de un dron ucraniano en Donetsk.

En julio de 2024 también perdió la vida el corresponsal de guerra de la agencia oficial RIA Nóvosti, Rostislav Zhuravliov, cuando el automóvil en el que viajaba fue atacado en Zaporiyia.

Según la prensa local, más de una treintena de periodistas rusos han muerto desde el comienzo de la guerra en Ucrania en febrero de 2022.

Merecen respeto, admiración y agradecimiento de la ciudadanía honrada los gobernantes, funcionarios, diputados, magistrados, jueces, empleados y policías probos, dignos, honestos y responsables que han cumplido con su deber.

Buena cantidad de quienes triste y repudiablemente han manchado de negro y encallejonado en la impunidad a nuestro país están tras la rejas y son enjuiciados por estricta acción del Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, instituciones policiales y demás entes investigativos.

Importantísimo es que las investigaciones, capturas y procesos penales cuenten con sustento probatorio, para evitar acusar a gente inocente que jamás podrá reparar el descrédito, como los empleados firmantes de documentos comprometedores por exigencia de sus jefes corruptos.

Cuando se produjo en Mazatenango el asesinato de Danilo Zapón López, corresponsal de Prensa Libre, fue publicada la participación de funcionarios como presuntos intelectuales del crimen, pero como siempre ha sucedido en nuestro país, fueron protegidos por poderosos, mientras el crimen quedaba en el olvido. Dos años después son señalados un exalcalde y actual diputado oficialista y una excandidata edilicia.

Este asesinato también se cobró la vida de Federico Salazar, corresponsal de Radio Nuevo Mundo y quedó herido de bala Marvin Israel Túnchez, comunicador local. Tres presuntos asesinos fueron capturados y procesados, y están pendientes de condena, y tres sicarios siguen prófugos. Muchos otros crímenes, atentados y amenazas contra periodistas han quedado en el olvido, particularmente en departamentos, donde están expuestos a las acometidas irracionales de políticos y poderosos intocables, quienes saben dónde viven, trabajan y se desenvuelven.

Tan delicada situación obliga a insistir en el Programa de Protección a Periodistas impulsado por un valioso frente nacional encabezado por la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), con la coordinación de la colega Ileana Alamilla y el apoyo de entidades gremiales, medios de comunicación, agrupaciones departamentales y organizaciones internacionales. Esta gestión está pendiente de ser aprobada por el Gobierno, tras aclararse la acción negativa mantenida por algún funcionario.

De acuerdo con las primeras investigaciones, se supone que el hecho tuvo que ver con un robo, sin embargo, los cadáveres presentaban el tiro de gracia, que no es una característica de quienes cometen esos ilícitos.

Una alerta roja hemos emitido las asociaciones de prensa. Numerosas entidades hermanas de América Latina y otros sectores se han solidarizado con el gremio periodístico que resiente la pérdida de elementos de la prensa. Hay hechos sumamente preocupantes y podría uno aventurarse a decir que hay un patrón en esas muertes violentas.

Todas, salvo la de la compañera comunicadora social del Hospital San Juan de Dios Ana Leonor Guerra Olmedo, quien fue vilmente asesinada por un sicario en la capital, el primer crimen cometido en esta ciudad desde hace muchos años, los demás han ocurrido en los departamentos, lo que confirma la hipótesis que hemos sostenido desde este espacio, que quienes ejercen en el área rural son los más vulnerables a sufrir la forma más extrema de afectar al gremio, que es el asesinato.

Es un hecho notorio que el país está infestado de crimen organizado y de narcoactividad. Que esos poderes paralelos han tomado control en varios lugares del país. La población vive en constante zozobra. El miedo es la sombra que persigue a quienes carecen de posibilidades de pagar seguridad privada. En los departamentos la situación es más peligrosa.

El caso del periodista Hamilton es el tercer ataque que ocurre en el municipio de Coatepeque, en donde otro periodista fue asesinado y uno más quedó herido. En abril, en esa misma localidad, el periodista Omar Cabrera fue víctima de un intento de asesinato, hecho por el cual le amputaron un dedo; posteriormente, en junio, fue ultimado Álvaro Alfredo Aceituno López, Director de Estéreo Ilusión, un caso verdaderamente trágico pues pocas semanas después su hija Lindaura Aceituno también perdió la vida de forma violenta.

Varias de las víctimas laboraban en radios. Algunos no transmitían programas de noticias. Todos los expedientes están en investigación y según se nos ha informado, algunos se encuentran bastante adelantados.

Desde el año 2000 a la fecha 29 periodistas han sido asesinados. Solo un caso ha sido resuelto. La presa de expedientes en la Unidad Fiscal ha provocado que no se haya judicializado los casos, lo que es indispensable para el combate a la impunidad de crímenes contra Periodistas. Imprescindible es también determinar el móvil de los hecho pues probablemente no todos tienen relación con el ejercicio periodístico, lo que debe ser determinado por el ente investigador.

La Fiscal General, Thelma Aldana, anunció la restructuración de la Unidad de Delitos contra Periodistas, el incremento de personal y que se mejorará la calidad de investigación; también anunció la creación de una Unidad en Quetzaltenango. Como gremio reconocemos y valoramos altamente la preocupación de la Fiscal por la atención de estos casos.

Sin embargo, el combate a la impunidad debe ser una estrategia integral, así lo entendemos las entidades que constituimos la alianza de organizaciones gremiales, que ha propuesto al Presidente un Programa de Protección a Periodistas, cuya institucionalización es urgente; la propuesta incluye medidas de prevención para evitar hechos irreversibles.

Mi solidaridad con la familia y mis condolencias a los colegas de Quetzaltenango.

iliaalamilla@gmail.com

No podemos olvidar los asesinatos, no aclarados a la fecha, de Carlos Orellana, en Mazatenango; Luis de Jesús Lima, en Zacapa; de Alberto Lemus Ruano y Napoleón Jarquín Duarte, en Jalapa; Federico Salazar, corresponsal de Prensa Libre y Armando Villatoro, en Mazatenango, por cuyo hecho uno de los procesados confesó haber sido contratado; pendientes de captura autores intelectuales.

Recientemente, el alevoso crimen de Ana Leonor Guerra Olmedo —indefensa dama—, el capturado por este asesinato se declaró culpable; José David Chamán, Mario Roberto Salazar, Winston Leonardo Cano, Diego Salomón Esteban, Víctor Hugo Cardona, Álvaro Alfredo Aceituno, Felipe David Munguía y tantos colegas más. Otros amenazados, atacados, baleados, capturados y a punto de ser linchados.

Recordamos a mártires del pasado, cuya voz y pluma fueron acalladas por balas asesinas de gobernantes dictadores: Irma Flaquer, Oliverio Castañeda. Mario Monterroso Armas, Jorge Marroquín Mejía. Rolando Castillo, Enrique Salazar Solórzano, José León Castañeda, Mario Solórzano Foppa, Mario Rivas Montes, Luis Alberto Romero (Timoteo Curuchiche), José León Castañeda, Jesús Marroquín, Marco Antonio Cacao, Roberto Girón Lemus, Enrique Quiñónez y muchos más. Don Isidoro Chilolo Zarco, fundador de Prensa Libre, muerto por su pensamiento ideológico expresado en su columna Problemas y soluciones.

Numerosas entidades gremiales encabezadas por la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), pionera de esta iniciativa, mantienen una mesa técnica con funcionarios de gobierno para acelerar un Programa de Protección a Periodistas.

Los departamentales merecen mayor atención por su reconocida vulnerabilidad, pues todos saben dónde viven, trabajan o se desenvuelven.

Fueron denunciados funcionarios públicos, pero la mayoría de los hechos fueron cometidos por particulares.

López señala que el 65 por ciento de las denuncias todavía está en investigación, pues la unidad solo cuenta con nueve personas para atender en todo el país.

Incremento

La presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala, Ileana Alamilla, asegura que la entidad está preocupada por el incremento de agresiones contra los comunicadores.

Según Alamilla, también coordinadora del Observatorio de los Periodistas, “informes internacionales resaltan que México, Brasil y Centroamérica son lugares donde hay un marcado deterioro de la libertad de prensa”.

La comunicadora dice que en muchos casos las agresiones son cometidas por agentes del Estado y autoridades locales, pero ahora también hay reportes de población y agentes de seguridad privada.

Desprotegidos

El próximo martes se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, pero Guatemala no podrá mencionar muchos logros en cuanto a la protección de los comunicadores sociales.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) publicó en su informe del 2015 que el peligro para los periodistas es mayor en las zonas fronterizas, debido a la presencia de estructuras criminales, presiones de grupos de poder y la intolerancia de las autoridades locales.

Ejemplo de esa intolerancia es el crimen contra Danilo López y Federico Salazar, de Prensa Libre y radio Nuevo Mundo, respectivamente, hecho que ocurrió el 10 de marzo del año pasado, en Suchitepéquez.

El director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Ricardo Trotti, dijo a Prensa Libre que en la organización existe “preocupación por los avances de la violencia en contra de los periodistas guatemaltecos, tanto por las agresiones que proceden del crimen organizado como desde el poder político”.

Julio Carranza, representante en Guatemala de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reconoce que en el país, “desde el punto de vista legal y formal, la libertad de prensa y el derecho a la información está totalmente garantizado, pero todavía existen presiones y situaciones que afectan la seguridad de los periodistas y su seguridad, sobre todo en los departamentos”.

Otros ataques

Atentar contra la libertad de expresión no solo incluye agresiones físicas o verbales.

En su informe, la PDH menciona los ataques cibernéticos contra varios medios de comunicación, como el ocurrido a Prensa Libre el 14 de julio del 2015, cuando apareció una página con la dirección www.prensallibre.com.

Ese suceso fue considerado por el medio como una muestra de la intolerancia de los políticos.

Otra manera de coacción se revela en un informe de la SIP en el que se resaltan “las resoluciones legales y judiciales, que representan un obstáculo para el trabajo de los medios de comunicación”.

Se trata de la decisión de prohibir el acceso de la Prensa al nuevo juicio contra Efraín Ríos Montt, que se inició el 16 de marzo. “Es una violación al artículo 35 constitucional y a la Ley de Emisión del Pensamiento”, se indica.

Sin respuesta

Una propuesta para crear un programa de protección a periodistas surgió en el 2012 por una recomendación de Naciones Unidas, debido al riesgo que enfrenta el gremio.

Trotti dice que en una reunión de abril de este año, la SIP “criticó al Gobierno por la inacción en materia de un sistema de protección largamente añorado por la prensa guatemalteca”, y que se resaltó la denuncia de 16 entidades periodísticas sobre su exclusión para la creación de ese sistema.

Por ello, la SIP pide al Gobierno que, “en cumplimiento con su mandato constitucional y el que deriva de la Ley de Emisión del Pensamiento, debe hacer mayores esfuerzos en pos de una sociedad con mayores libertades de prensa y de expresión”.

“Parcialmente libre”

La organización Freedom House, defensora de la libertad de prensa con sede en Estados Unidos, otorga a Guatemala una puntuación de 60, donde cien significa tener mayores restricciones y cero representa una libertad absoluta de los medios de comunicación, por lo que se considera al país “parcialmente libre”.

El informe de la organización señala que el país aprobó una ley de acceso a la información en el 2008, “pero la obtención de la información sigue siendo difícil en la práctica, sobre todo para los periodistas fuera de la capital”.

Importante

Carranza resalta que la libertad de prensa es un principio fundamental estrechamente vinculado con el derecho fundamental de estar informado, ambos necesarios para consolidar la democracia.

“La sociedad considera muy necesaria la existencia de órganos de prensa profesionales, objetivos y comprometidos en todo el país”, asegura.

Responsable sigue libre 

El 10 de marzo del 2015 fueron asesinados Danilo López, corresponsal de Prensa Libre, y Federico Salazar, de radio Nuevo Mundo.
Por el crimen, perpetrado en el parque central de Mazatenango, fueron capturadas seis personas; pero una de ellas quedó libre por falta de mérito.
Según el Ministerio Público, los capturados son coordinadores del ataque y responsables de haber disparado contra López y Salazar.

Entre los detenidos se encuentran dos agentes de la Policía Nacional Civil, y uno de ellos, José León Cabrera Solís, es colaborador eficaz.

El caso de López y  Salazar se trasladó a la Fiscalía Especial contra la Impunidad    del Ministerio Público, para agilizar las investigaciones y dar con los responsables intelectuales del crimen, pues se sospecha que están involucrados un diputado del Frente de Convergencia Nacional y funcionarios ediles del departamento.

La hipótesis del Ministerio Público es que el ataque fue dirigido contra el corresponsal de Prensa Libre y que la muerte de Salazar se dio que se encontraba en el mismo sitio.

En una declaración, Cabrera Solís aseguró que por el crimen recibió Q25 mil, y  al consultar quién había pagado por la muerte de esa persona, otro presunto participante respondió que la orden fue  del alcalde de Mazatenango Óscar Roberto Lemus Gordillo.

En el 2013, López recibió amenazas del alcalde de San Lorenzo, en el mismo departamento, José Linares, quien estaba molesto por una nota publicada en abril de ese año.

Juzgados para intimidar a la Prensa

Recurrir a juzgados no competentes para exigir aclaraciones es una manera de intimidación a la Prensa, aunque también se utilizan otros argumentos en leyes distintas a la Constitución.

La organización Freedom House indica en su informe del 2015 sobre la libertad de prensa que, aunque en Guatemala la libertad de expresión está garantizada en el artículo 35 de la Constitución, “la prensa guatemalteca está sujeta a varias restricciones legales”.

Entre estas restricciones se menciona el artículo 41 de la Ley de Radiocomunicaciones, que prohíbe las transmisiones “ofensivas para los valores cívicos y los símbolos nacionales”, y prohíbe  programas “contrarios a la moral y la buena etiqueta”.

La organización cuestiona que la difamación todavía se contempla en el  Código Penal, con penas de hasta cinco años de prisión, ya que “los negocios y líderes políticos utilizan cada vez más estas disposiciones”.
“Como tal, las autoridades, los políticos, las élites empresariales y otros a menudo recurren a los tribunales, en un esfuerzo por silenciar a la Prensa”, asegura el informe.

La Procuraduría de los Derechos Humanos resaltó en su informe del año pasado los casos en que se utilizó el derecho penal para limitar la libertad de expresión.

Periodistas de Siglo 21 fueron denunciados por la titular de la  Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico por publicaciones sobre su gestión.

Denuncias similares existen contra periodistas que ejercen en la provincia, así como columnistas de opinión.

Se sospecha que un diputado del Frente de Convergencia Nacional (FCN) y funcionarios estarían involucrados.

El próximo 10 de marzo se cumple un año del ataque armado en el que fallecieron baleados los periodistas Danilo López, corresponsal de Prensa Libre, y Federico Salazar, de Radio Nuevo Mundo.

En este caso ya fueron capturadas seis personas; sin embargo, una de ellas quedó libre por falta de mérito y el resto guarda prisión preventiva. Entre los que se encuentran en la cárcel, hay dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), y uno de ellos es colaborador eficaz.

Thelma Aldana, fiscal general del Ministerio Público (MP), informó que para agilizar las investigaciones ordenó el traslado de Fiscalía. “Sí, el caso lo trasladé a la Feci”, confirmó Aldana, vía telefónica.

Sin autorización

Orlando López, jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos del MP, fue quien comunicó del traslado del expediente, luego de que se le preguntara de los avances en la investigación.

“No tengo autorización para dar información del proceso, porque la Fiscal General pidió que se le entregara; desconozco los motivos y a qué unidad se trasladó”, explicó a Prensa Libre el jefe de fiscalía.

Ileana Alamilla Bustamante, presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), indicó que a pesar de ser un caso complicado, el MP ha agilizado las investigaciones y logrado la captura de los actores materiales.

“Sin embargo, está todavía el gran reto, y a lo mejor a eso se deba la decisión de la Fiscal, de dar con los autores intelectuales. Según tengo entendido, hay un antejuicio planteado contra uno de los diputados que anteriormente era alcalde, y eso también complica el caso”, manifestó la presidenta de la APG.

Agregó que a pesar de los avances en esa investigación, la Unidad de Periodistas del MP tiene mora judicial en las denuncias de asesinatos de los profesionales de este gremio.

“Ya se han depurado las denuncias de los 27 expedientes abiertos de asesinatos que se tenían del 2000. Ya solo hay 20, y esperamos que avancen todos esos procesos”, puntualizó.

Más denuncias

El MP registra 145 denuncias de agresiones contra periodistas: 131 en el 2015 y 14 de este año. La Procuraduría de Derechos Humanos tiene 61 denuncias, de ellas 53 presentadas el año pasado y el resto, en el 2016.

Los hombres son los más agredidos, según el informe en poder de la PDH. Además, en junio, fue cuando se reportaron más denuncias.

Denuncias por facebook

Familiares del periodista quien a través de sus cuentas de redes sociales ha denunciado actos de anómalos en contra de funcionarios de Gobierno, afirmaron que este fue quemado vivo precisamente por las denuncias que efectuaba.

La cadena IBN Live informó que las acusaciones provocaron la rabia del político y este implicó al periodista en un caso falso. La policía se presentó en el domicilio de Singh, pero según los familiares del periodista, la finalidad no era arrestarlo, sino matarlo.

“El inspector y los demás irrumpieron en la habitación, vertieron gasolina sobre él y prendieron fuego”, denunció la esposa del periodista, según el diario India Times, que cita su entrevista ante una cadena televisiva local.

Para la mujer, los agentes eran “secuaces” de Verma y éste estuvo directamente involucrado en la muerte de su marido, que falleció a causa de las quemaduras.

Aparte de su cuenta personal en Facebook, Singh también difundía información y posturas editoriales en la cuenta 'Noticias de Shahjahanpur.