El sector agrícola tuvo un comportamiento “estancado” en el 2024 y tres factores mejorarían las proyecciones para este año

La agricultura creció menos de un 0.5%, el año pasado, pero para el 2025 se prevé que crezca entre 1.5% y 2%, impulsado por condiciones internas y externas

Rosa María Bolaños

29 de enero de 2025 | 05:00h

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Las Perspectivas 2025 referente a los retos y oportunidades para el sector agro, son presentadas por Camagro con la participación de expertos en temas económicos, clima, política y regulaciones. (Foto, Prensa Libre: Rosa María Bolaños).

El sector agrícola creció menos de un 0.5% en el 2024, mostrando un comportamiento de estancamiento, pero para el 2025 se prevé que crezca entre 1.5% y 2%, impulsado por mejores condiciones en varios factores, expuso Ricardo Rodríguez, gerente del área de análisis macroeconómico de Central American Business Intelligence (Cabi), quien expuso en la conferencia Perspectivas 2025: Retos y Oportunidades para el Sector Agro organizada por la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro).

Se refirió que se detectan mejores condiciones en las exportaciones por mejora en los precios internacionales de varios productos como el café, el cacao, palma de aceite, banano y otros, que son parte de la oferta exportable de Guatemala, pero como son contratos a futuro considera que este efecto no se reflejará de inmediato sino hasta en el segundo semestre del año.

Otro factor se refiere a que las condiciones climáticas son más positivas este año y que permitirían una mejor producción.

Alex Guerra, del director general de Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC), refirió que luego de los largos períodos de sequía en el 2023 e inicios del 2024, que generaron estrés hídrico y estrés térmico por las altas temperaturas, que afectaron el desarrollo de las plantas y las cosechas, sin embargo, para el 2025 las condiciones son mejores.

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En ese sentido, aunque se preveía el Fenómeno de la Niña entrara en julio o agosto del 2024, su ingreso fue tardío hasta diciembre, pero que el comportamiento de la lluvia ayudó a tener en la actualidad caudales de ríos más altos, mejorando las condiciones en cómo inició hace un año, además considera que ese ingreso tardío ayudó a evitar más efectos negativos en la infraestructura vial.

Guerra indicó que el fenómeno de la niña será corto, ya que inició en diciembre y se refleja con algunas lluvias y frentes fríos, y se prevé que finalice en marzo. Luego entra un plazo neutro y se prevé que la lluvia inicie entre abril y mayo próximos, por lo que se espera que no se tengan que modificar calendarios de siembra y cosecha.

Retos

Paulo de León, director de Inteligencia Económica y Financiera en Cabi, agregó que a pesar de la situación de la economía en Estados Unidos con reducción de demanda y consumo de diversos artículos no afectaría de igual forma las importaciones de productos agrícolas como los que envía Guatemala, porque se trata de alimentos. “Es un panorama bueno, pero el reto son los costos dentro del país” derivado de lo complicado del traslado por carreteras.

Rodríguez dijo, sin embargo, que hay otros factores que siguen siendo problemas. En el tema de infraestructura vial por el momento no se ven cambios, aunque hay expectativas que tanto con la aprobación de la ley de infraestructura vial prioritaria y con el presupuesto del 2025 puedan concretarse ciertos cambios para este año, y se espera que pudiera ser más expedita la ejecución presupuestaria en temas de inversión y de construcción, tampoco ha cambiado lo relacionado a la falta de disponibilidad de mano de obra que está afectando a varios artículos pero en particular al agrícola.

Según el presidente de Camagro, Charles Bland, una de las principales preocupaciones sigue siendo la infraestructura, por lo que se enfocarán “en velar porque el Gobierno trabaje de forma eficiente para que se mejore la atención a la red vial existente y dar mantenimiento a las carreteras y puentes que ya existen, los cuales constituyen las principales vías para el transporte de los productos y las personas”.

Un sondeo realizado por Camagro reflejó que nueve de cada diez empresarios del agro opinan que la prioridad del gobierno para fortalecer el sector agro es trabajar en mejoras reales de infraestructura estratégica de Guatemala: incluyendo el mantenimiento de carreteras y puentes, y acelerar las soluciones a los grandes problemas de capacidad y tiempos en los puertos marítimos del país, mencionando la tardanza en atender los tramos viales afectados o las colas que se presentas en los puertos.

Esto porque uno de los principales problemas que enfrentan en su labor “y todas estas variables y este impacto, ya sabemos que lo vemos de manera clara en los costos y en el margen de las empresas”, expresó.

“Nuestra prioridad en 2025 será insistir, insistir y seguir insistiendo, pero también proponiendo soluciones a las autoridades de Gobierno para que la infraestructura sea prioridad en su gestión y ejecución”, dijo el presidente de Camagro, al comentar que en una reunión la semana pasada plantearon el tema al presidente de la República, Bernardo Arévalo y al ministro de Comunicaciones, Miguel Angel Díaz.

También, en 2025 será prioritario seguir trabajando y participar de forma activa en el diálogo y mesas de trabajo para presentar aportes al congreso y el ejecutivo en temas de agenda legislativa, o temas relacionados con la política y normativa laboral y ambiental agregó.

“Los desafíos son muchos: la competencia global, la incertidumbre climática, los cambios en las regulaciones y las dinámicas políticas que impactan nuestras operaciones”, añadió.

Bland también mencionó que otro aspecto que afecta es la aprobación del presupuesto desfinanciado en el Congreso, lo cual genera un mayor nivel de deuda que después se debe pagar por todos, entre otras preocupaciones.

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Tres prioridades

Camagro ha definido una agenda de incidencia estratégica que se enfoca en tres grandes prioridades: fortalecer el marco institucional y normativo para garantizar la competitividad del sector, promover la sostenibilidad a través de la innovación y las buenas prácticas, y garantizar condiciones que favorezcan la inversión y el desarrollo empresarial en el agro. Con acciones principales de incidencia como la infraestructura, salario mínimo, legislación relacionada al agua y de cumplimiento de requisitos internacionales de exportadores, entre otros.

En el panorama político, Gonzalo Cabrera, director de Gestión Pública de Cacif mencionó que el 2025 será el año de la fiscalización porque finaliza el período del beneficio de la duda que se dio en el primer año de gobierno, habrá mayor exigencia para la ejecución del presupuesto por diputados y las municipalidades, y el oficialismo estará bajo mayor observancia.

De ahí se derivan retos para que deben atender durante el 2025 como resolver la crisis de infraestructura, abandonar las pugnas institucionales como las que hay entre el gobierno y el Ministerio Público, y la ejecución eficiente y transparente del presupuesto.

En aspectos regulatorios, se expresaron dudas en la implementación de la nueva ley que crea dos regímenes, primario y agropecuario y que entra en vigencia en abril del 2025, según indicó expuso Érick Ralón, experto en litigio constitucional y tributario.

Esa legislación tiene nuevas condiciones y obligaciones, por lo que productores del sector consideran que la inscripción el cambio hacia estos regímenes no será inmediato porque podrían necesitar todo el resto del año para cumplir con los nuevos requisitos que incluyen certificaciones de otros ministerios para ser inscritos por la SAT en estos, ya habrá que esperar cómo se desarrolla el reglamento.  Esa ley también incluye reformas que son de aplicación general para todos los contribuyentes en diferentes aspectos, se añadió.

Las perspectivas, retos y oportunidades del sector del agro para el 2025 presenta la @CamagroGuate
Uno de los temas que solicita el sector al gobierno es agilizar la inversión en infraestructura. El 96% de socios refiere que es el tema que más les está afectado. @prensa_libre pic.twitter.com/w2OsxKup2n

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) January 28, 2025

perspectiva mundial

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La palmicultura guatemalteca tiene buen futuro, pero solo si es eficiente, afirma especialista

La demanda mundial de aceite de palma continúa en ascenso, mientras que los principales productores afrontan problemas para lograr una buena cosecha este año.

Urias Gamarro

2 de marzo de 2024 | 05:00h

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Una perspectiva en el corto y largo plazo sobre el mercado de aceite de palma brindó el PhD. Julian Conway Mcgill, durante el “IV Congreso Palmero CPAL” celebrado esta semana en la Antigua Guatemala.

El especialista aseguró que el mundo necesita cuatro millones de toneladas métricas anuales en una economía normal y con un crecimiento permanente de la población, pero ahora las circunstancias están estancadas, por lo que se han adoptado otras medidas.

¿Cuál es la situación mundial del aceite de palma?

El mayor cambio en el sector palmicultor mundial es la disminución de nuevas plantaciones. Durante los últimos decenios, se ha dependido del crecimiento de la palmicultura para proveer al mundo de este aceite vegetal tan útil. 

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Hoy en día ya no es el caso, pues los rendimientos no están mejorando, así que el incremento del producto de la palma se ha detenido un poco. Solíamos hablar de un alza anual de seis millones de toneladas métricas, pero ahora solo se registra un aumento de medio millón a un millón.

A su juicio, ¿qué ha cambiado?

Lo que ha variado es el reconocimiento en el sur de Asia de ya no sembrar en terrenos boscosos y además, el alto costo de la tierra hace que la ampliación de los cultivos sea muy difícil. Así que la expansión futura tendrá que venir de las mejoras del rendimiento. En ese tema, se reconoce a Guatemala como líder mundial en producción por hectárea.

Entonces, aparte de hacer énfasis en la mejora del rendimiento, este cambio también significa que si antes veíamos el aceite de palma como muy barato por su abundancia, ahora tenemos que analizarlo por sus cualidades únicas.

¿Cómo cuáles?

La mayor parte de los aceites vegetales son intercambiables, pero el de palma tiene ventajas en términos de grasas saturadas, que se pueden separar, y de los subproductos. Desde la perspectiva mundial, la gente está más consiente de esos beneficios.

En cuanto a su sostenibilidad, la percepción es negativa, y es muy difícil cambiar las opiniones de las personas, pero se continuará produciendo este aceite, por sus beneficios.

En el caso de Guatemala, ¿cuál es la tarea para mantener esos rendimientos?

En este país, las empresas impresionan por su cultura de rendimiento y excelencia. El problema para otros países productores de palma de aceite es subir los rendimientos al nivel de Guatemala.

Un problema es que aquí no se está ampliando el área sembrada, a pesar de que existen oportunidades para aprovechar el aceite de palma como una excelente opción para reducir la pobreza. O sea que si se incrementa el volumen, sería un buen camino en reducir la pobreza, pues muy pocos cultivos producen tanto empleo como la palma.

¿Qué tendencia se espera en los siguientes cinco años a escala mundial?

Para los próximos cinco años, quizás un incremento de cuatro millones de toneladas métricas, como mucho. En este momento la economía mundial está débil; pero en condiciones normales, la población del planeta necesita cuatro millones más por año para su consumo.

En prevención por plagas

Raúl Antonio Rodas Suazo, director del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa), explicó que la crisis climática tiene una incidencia directa en la ocurrencia de plagas y enfermedades.

Aseguró que hay plagas que proliferan debido a condiciones de alta humedad y precipitación, y otras que, por lo contrario, necesitan pocas lluvias, altas temperaturas o sequías, entre otras.

“Entonces, la relación entre las variables climáticas con la incidencia de plagas y enfermedades que afecten a los animales y las plantas es directa. Como organismo especializado en sanidad agropecuaria se está siempre vigilantes de lo que está ocurriendo, en términos de clima para tener la capacidad de hacer inteligencia sanitaria, predecir de alguna manera y contar con modelos matemáticos predictivos. Esto, para apoyar a los productores con alertas sobre lo que estará ocurriendo con el clima en futuro cercano”, expuso.  

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El técnico aseguró que la institución se mantiene vigilante de las plagas llamadas “de importancia cuarentenaria” que no existen en Guatemala o en la región, pero que tienen una presión de entrada por medio de cargas o equipajes, las que pueden introducirse y dispersarse en el territorio.

Por otro lado, esquemas de vigilancia a las plagas que se conocen como endémicas, que son las que existen en Guatemala y que tienen una importancia económica por el perjuicio a los cultivos. “Hay plagas y enfermedades que están ahí y que pueden llegar en un vuelo o en un contenedor marítimo”, advirtió. 

En tanto que Carlos Urías Morales, director regional de sanidad vegetal de Oirsa, enfatizó que una plaga puede transformar un sector productivo, que en este caso el de la palma.

La amenaza más fuerte, que incluso ya es una epidemia en otros países, es el cogollo, enfermedad que está afectando a las zonas productoras de Colombia y Ecuador, mientras se teme una epidemia en Honduras.

El especialista subrayó que se deben tomar muchas medidas de bioseguridad para entrar a fincas y manejar nuevos sistemas de producción. “Guatemala tiene un liderazgo fuerte en la producción de palma, pero debe estar en una vigilancia constante para prevenir esta y otra plaga que se conoce como “picudo”, que puede provocar la muerte de la planta de forma rápida.

La prevención es la mejor manera de controlar y puede lograrse un modelo de prevención en coordinación con las autoridades competentes, recomendó.

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En función de lo que los sistemas electorales valoren o prioricen en cuanto a las preferencias de los electores, o bien en cuanto a las facilidades de hacer gobierno, suelen dividirse en sistemas proporcionales y sistemas mayoritarios.  Los sistemas proporcionales pretenden ser un reflejo de las diferencias ideológicas que existen dentro de la sociedad, tratando de dar espacio proporcional, según la preferencia de los electores, en espacios de decisión colectiva como el Congreso de la República, el Parlamento Centroamericano o los concejos municipales, para el caso de Guatemala.

Por su parte, los sistemas mayoritarios tienden a darle mayor valor a las opciones preferidas de la mayoría, limitando costos y facilitando mecanismos electorales; sin embargo, se sacrifica la representatividad, lo que hace que el sistema suela corregirse, como lo es en el caso de elecciones como las presidenciales, mediante el balotaje electoral, que no es más que las segundas vueltas que se conocen en Guatemala para la elección de binomios presidenciales (presidente y vicepresidente de la República).  Como se puede ver en los párrafos anteriores, en el país existe una combinación en los usos dependiendo el tipo de elección que se realice.

La Constitución Política de la República establece en su artículo 223 (reformado), que “el Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo tendrán las limitaciones que esta Constitución y la ley determinen” (Constitución Política de la República de Guatemala, 1985).  El artículo se complementa haciendo referencia a que lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, las organizaciones políticas, autoridades electorales, órganos electorales y todo lo relativo al proceso estará regulado por la Ley Electoral y de Partidos Políticos -LEPP- (decreto 1-85).

Esta ley ha registrado varios procesos de reforma desde su creación hasta el presente (1987, 1990, 2004, 2006 y 2016).  Cada uno de ellos ha tenido sus propias particularidades, sin embargo, las reformas a la LEPP de 2016 tuvieron características especiales porque no fue una discusión que naciera de académicos, de constitucionalistas o de los propios partidos políticos; sino más bien resultado de una serie de demandas populares por el hartazgo existente en la sociedad con una clase política que carece de sintonía con su sociedad, donde se privilegian el nepotismo, las relaciones clientelares y el financiamiento ilícito.

Por ello, se crearon tres unidades especializadas dentro del Tribunal Supremo Electoral (TSE), buscando lograr con ello que temas con las relaciones perversas de medios de comunicación y organizaciones políticas, y el financiamiento electoral ilícito, fueran siendo prácticas que desaparecieran de los procesos electorales.  A eso se sumaba la participación de los guatemaltecos migrantes, mediante el voto en el extranjero.

La Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, es la encargada del monitoreo y fiscalización de los medios de comunicación, así como de la formulación del plan integrado de distribución igualitaria de recursos públicos, espacios y tiempos en los diferentes medios de comunicación entre las organizaciones políticas, así como estudios de opinión y encuestas (Reglamento de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, Acuerdo 37-2016).

Por su parte, la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los partidos políticos, es la dependencia del TSE, responsable del control y fiscalización de las organizaciones políticas y cuenta con independencia para llevar a cabo las investigaciones, auditorías y estudios para el correcto funcionamiento de las mismas.   Esto aplica para actividades de proselitismo, funcionamiento, propaganda política y campaña electoral (Reglamento de Control y Fiscalización de las Organizaciones Políticas, Acuerdo 36-2016).

Además, se creó el Reglamento de Voto en el Extranjero (Acuerdo 274-2016), que regula lo concerniente al voto de los ciudadanos guatemaltecos que residen fueran del país, para elegir presidente y vicepresidente de la República.  Lo anterior, en respuesta a la fuerte presencia de población migrante, sobre todo en Estados  Unidos y la búsqueda de su participación política al ser el sostén de buena parte de la economía del país.

Otro de los temas que ha cobrado realce por las características propias de las personas que han llegado a ocupar el Congreso de la República y su renuencia a la renovación de cuadros, ha sido el transfuguismo.  Con las reformas de 2016, se definió al transfuguismo como el acto por el que un diputado renuncia a un partido político por el cual fue electo o cuando ya esté ejerciendo como tal, lo que conlleva que debe cesar en cualquier cargo dentro del Parlamento para ser sustituido por otro miembro del partido por el que fue electo; no pudiendo optar el renunciante a ningún otro cargo dentro del Congreso.  Además, se les prohíbe a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos, recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra organización política.

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Estos son logros que no pueden ser dejados afuera de una eventual reforma a la LEPP que se discute a lo interno de la Comisión de Asuntos Electorales (CAE) del Congreso de la República para el 2021.  Por el contrario, la CAE debe de valorar los resultados alcanzados en la “Matriz de propuestas estratégicas para la reforma electoral” de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME); otro de los logros de la reforma de 2016.

La CAME, se establece por disposición de la LEPP al concluir un proceso electoral para evaluar el mismo y en caso de ser necesario, presentar propuestas de reformas procedentes a dicha ley.  Está integrada por organizaciones sociales, académicas y políticas de la más amplia diversidad; el TSE, en caso de ser procedente presenta iniciativa de ley ante el Congreso de la República para conocer las mismas previo a finalizar el primer periodo ordinario de la nueva legislatura.

La CAME presentó propuestas que se encuentran sistematizadas en los siguientes aspectos:  sistema electoral; sistema de organizaciones políticas; proceso electoral; financiamiento político, fiscalización y régimen de medios; justicia electoral; y fortalecimiento del órgano electoral.

La CAE, en este año del bicentenario, tiene una responsabilidad especial en la discusión de las eventuales reformas a la LEPP, pues actualmente se discuten dos iniciativas, la 5833 de los diputados humanistas Rudio Lecsan Mérida Herrera y Douglas Rivero Mérida; y la 5886, presentada por el TSE y que se supone debe de tener de base la propuesta de la CAME.

Si bien muchas de las cosas que sucedieron en el proceso electoral de 2019 pueden ser perfectibles, se necesita de la participación de la mayor parte de los actores sociales y políticos para poder mejorar el sistema electoral guatemalteco.  Lo que no se debe de tolerar son las discusiones basadas en el ostracismo, que limitan la participación democrática de los guatemaltecos en su diseño institucional electoral.

El autor es coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes)

Recientemente, cayó en mis manos el libro Too small to fail, del inversor James Brieding. En el libro, el autor suizo-estadounidense defiende que ser un país pequeño —aquellos menores de 20 millones de habitantes— es mejor que un país grande, y desgrana las ventajas en sectores como la educación, la sanidad, el crecimiento económico y la innovación. Si bien es cierto que se puede objetar que Brieding focaliza sus análisis en casos de éxito como Suiza, Dinamarca o Singapur, esos ejemplos ayudan a desechar algunas de las razones que se esgrimen para justificar la carencia de progreso e igualdad en Guatemala.

Uno de los factores que se mencionan en el libro es la conectividad. Este término no solo se refiere a las conexiones a internet, de la que a pesar de los esfuerzos todavía carece un tercio de la población de Guatemala, sino que engloba a todas las relaciones con el exterior. En un mundo globalizado, tanto los actores económicos, políticos y sociales no pueden estar desconectados de lo que acontece en el exterior. En el primer plano está el comercio desde Guatemala hacia el exterior, vital en las cadenas de valor donde lo que se produce luego se vende a cientos de kilómetros, y en el que la oferta y la demanda no solo la marcan tus ciudadanos, sino aquellos en todo el mundo.

Para poder competir es necesario contar y saber gestionar tu ventaja competitiva, bien sea, por ejemplo, las naranjas en el caso de España o el café en el de Guatemala. Una de las maneras para aprovechar ese potencial es con la inversión extranjera. Las posibilidades económicas que traen se unen al know-how y la experiencia y permiten una transferencia del conocimiento, que se absorbe dentro del país. Esto no solo ayuda a desarrollar la economía y las maneras de producción, sino también la cualificación del capital humano y el nivel de vida del país.

La presencia de empresas extranjeras ayuda además a modernizar la estructura social. La entrada de empresas multinacionales acelera el acceso de la mujer al mercado laboral, obteniendo un mejor salario y favoreciendo la igualdad en la obtención de puestos de mayor responsabilidad.

Antes de finalizar con la conectividad, como académico también quisiera mencionar el papel de las universidades y centros de investigación. Como menciona Brieding, una de las ventajas de Suiza y Singapur es que sus publicaciones científicas cuentan con coautores internacionales. Esa mentalidad abierta a trabajar con investigadores de otros países no solo ayuda a pensar de manera global y complementar cualidades, sino que también aporta una conectividad que sitúa al país en el mapa y a la vanguardia de la ciencia. Genera lo que en economía llamamos economías externas.

Importancia de unas instituciones sólidas

La conectividad con el mundo exterior es uno de los factores necesarios para desarrollar Guatemala, pero previo a ello hace falta contar con unas instituciones sólidas y de calidad, que funcionen, sean responsables, transparentes e inclusivas. Cuando hablo de instituciones no hablo solo del gobierno, sino de aquellas que forman a toda la sociedad. Como define la Ocde, estas pueden ser formales e informales, públicas y privadas, en las que no solo están incluidas las leyes y normas, sino también sus procesos y las interacciones sociales que definen cómo se toman decisiones y se maneja el poder.

La inversión extranjera huye de países donde no hay estabilidad, en las que a cada cambio de gobierno hay cambios en la legislación. Habla Brieding en su libro de cómo en países prósperos como Suiza o Singapur las leyes son breves, pero claras, sin lugar a  interpretaciones engañosas. En cambio, lo que encontramos en varios países de Centroamérica son leyes farragosas, con todo tipo de secciones y enmiendas que solo fomentan la corrupción al favorecer múltiples interpretaciones de la ley. Son simplemente un medio para favorecer la impunidad.

Sin instituciones sólidas y al servicio de todos los ciudadanos se puede producir la que algunos denominan “la captura del estado” por parte de una élite política y económica que gobierna a su favor y no con miras al bien común. Un claro ejemplo de esto, alejado del país que tratamos, es el de Sudáfrica, en el que los hermanos indios Gupta se beneficiaron de sus conexiones con el expresidente Zuma para enriquecerse, y en cuyo mandato desapareció un tercio del PIB del país.

Pero volvamos a Guatemala. Para que el país genere confianza a nivel internacional primero debe ser serio de puertas para adentro. Para que eso ocurra debe haber compromiso y responsabilidad por parte de todos. Son sin duda los representantes públicos quienes deben dar ejemplo a la ciudadanía con un comportamiento honesto y transparente, pero tras él deben acompañarle los agentes sociales y económicos que hacen el día a día de Guatemala: empresarios, trabajadores, asociaciones, oenegés y todos lo que forman la sociedad guatemalteca. Para exigirles un buen comportamiento primero deben sentirse ciudadanos de igual a igual con el resto de sus compatriotas.

Igualdad de oportunidades

Un análisis detallado de la realidad guatemalteca nos muestra con claridad la brecha existente entre Suiza o Singapur y nuestra realidad cotidiana. Pero la comparación nos puede ser útil para resaltar los factores más importantes que hacen que dicha brecha se mantenga en el tiempo. Hay dos instituciones que son vitales para la construcción de un Estado sólido y fiable: la justicia y la educación.

La educación es la base sobre la que se construye toda sociedad y a pesar de ello casi dos de cada tres guatemaltecos aseguran que no pueden permitirse enviar a sus hijos a la escuela secundaria. A pesar de ello, Guatemala es el país que menos invierte en educación de la región centroamericana, con un 2.9% del PIB. Una política de homologación de la calidad de la educación guatemalteca a los estándares internacionales sería muy beneficioso para el país.

Esta falta de atención a la educación es especialmente dañina para la población indígena. Aunque forman el 43.5% de la población, son minoría en todos los niveles educativos, con tan solo un 25% de las clases de secundaria con pupilos indígenas. Esto genera una brecha educativa que divide al país y lastra el crecimiento económico, dejando a unos atrás y beneficiando a los demás.

Tras la educación, la justicia es otro pilar sobre el que construir el futuro de Guatemala. El Estado debe garantizar el acceso real e igualitario a la justicia a todos sus ciudadanos. Sin esa garantía, la sociedad se parte en dos entre aquellos que pueden actuar impunemente y los que saben que no pueden costearse un juicio, aunque tengan la razón. Esa brecha divide al país socialmente y rompe las costuras sobre las que la unidad nacional debe construirse.

Cuando hablamos de igualdad no hemos de caer en la trampa de que las instituciones deben repartir todo a partes iguales para los ciudadanos, sino de que estas deben garantizar la igualdad de oportunidades  para todos.

Estamos hablando pues de tener un sistema jurídico y educativo que funcione para todos y favorezca al ciudadano guatemalteco. Es pues una cuestión de desarrollo inclusivo, no de ideología. Es tarea del gobierno trabajar con la sociedad civil para promover un crecimiento de la economía, estable, inclusivo y abierto a la innovación.

El autor es el director general del Centro de Investigación para Desarrollo Regional (Cindere) de la Universidad del Istmo

Dichas pugnas han sido recogidas en las nueve constituciones, incluida la de la Federación Centroamericana de 1824. Estos grandes pactos políticos y sociales relatan con elocuencia los modelos políticos y económicos en los que ha descansado el país en función de quienes lo han gobernado: conservadores, liberales, revolucionarios, contrarrevolucionarios y, recientemente, civiles.

Historiadores y politólogos consultados coinciden en que Guatemala tiene cinco  momentos: los primeros cincuenta años después de la firma de la independencia, cuando las corrientes liberales y conservadoras gobernaron la nación, la época liberal; entre 1871 y 1944, el periodo de la Revolución; de 1944 a 1954, la posrevolución, contextualizada en un cruento conflicto armado interno, y la era democrática.

Los expertos coinciden en que para entender el sistema político de la denominada era democrática es necesario repasar los modelos a lo largo de la historia, pues todos estos tienen alguna implicación contemporánea.

Por ejemplo, el modelo agroexportador del café tiene sus orígenes en los gobiernos liberales, así como la creación del Estado laico. La república es un legado de los conservadores, tras su fundación en 1847, y la legislación en materia laboral es herencia del periodo de la Revolución.

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Primeros años

Mauricio Chaulón Vélez, historiador y antropólogo del instituto de investigaciones de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, asegura que la historia política del país está fundada en “pactos entre las élites” y que la proclamación de la independencia no es la excepción.

Si bien el movimiento de la independencia fue un acuerdo entre  criollos para dejar de tributar al reino de España, a juicio de Aníbal Chajón, historiador egresado de la Universidad Francisco Marroquín y docente de la Universidad Galileo, este pacto tuvo entre sus virtudes que se  propició sin derramamientos de sangre.

El historiador explica que, después de la independencia hubo un fallido intento para que la Federación Centroamericana se anexara a México. Anota que fue  el 1 de julio de 1823 cuando las provincias de Centro América se declararon libres de España, México y de otras naciones.

Gustavo García Fong, investigador de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), considera que la anexión a México no fructificó debido al desinterés de las fuerzas políticas de aquel momento que “estaban configurándose”.

Luego del fallido intento por unificar el territorio con ese país, en 1824 se promulga la Constitución de la República Federal de Centro América.

Chajón indica que los esfuerzos por mantener la paz en la Federación Centroamericana duraron poco, pues años después se produce la sangrienta guerra civil Centroamericana, entre 1827 y 1829, con Francisco Morazán, un político y militar hondureño, como actor preponderante, quien presidió la República Federal de Centroamérica.

“Ahí hubo mucho derramamiento de sangre. Fue algo dramático y terrible. La firma de la independencia se logra sin muertos, pero estos aparecen después”, indica.

Dicho conflicto bélico se propició fundamentalmente por el golpe de Estado en Honduras de 1827 y las posteriores invasiones de las tropas de Morazán a Guatemala y El Salvador, lo que llevó a los liberales al poder.  Tras el triunfo de los liberales, Mariano Gálvez llega a la jefatura del Estado de Guatemala en 1831. A él se le atribuyen grandes logros en materia educativa y la fundación de la Biblioteca Nacional.

“Mariano Gálvez ha sido el mejor proyecto de nación que hemos tenido, tuvo ideas muy adelantadas a su época. Tomó el liderazgo en materia educativa”, asegura Jorge Ortega, coronel en retiro y doctor en políticas públicas.

Durante el gobierno de Gálvez se produjo una epidemia de cólera morbus en 1837, la cual fue aprovechada por los conservadores, quienes señalaron al régimen de envenenar los ríos. El 31 de enero de 1838, las tropas de Rafael Carrera derrotaron al régimen y asumieron el poder.

Un conservador al poder

En 1844, Rafael  Carrera llegó a la jefatura del Estado de Guatemala, y tres años después fundó la república. “Se establecen nuevas normativas jurídicas que duran hasta la muerte de Carrera”.  explica Ortega.

Carrera, quien fue nombrado presidente vitalicio y  gobernó  hasta su muerte,  le devolvió el poder perdido a la Iglesia Católica y, a diferencia de los liberales, mantuvo  apoyo y respeto a los pueblos originarios. “Las leyes del gobierno de Carrera no tratan de perjudicar a los indígenas, se resguardan sus idiomas y sus trajes”, refiere Chajón.

García Fong considera que la prolongación de Carrera en el poder marca el punto de partida para que muchos de sus sucesores se mantuvieran por periodos muy largos en el Gobierno. “A partir de ahí empezó a repetirse con relativa frecuencia que la dirigencia del poder político fuera asumida por algunos personajes durante demasiado tiempo”.

Liberales y el  modelo exportador

La revolución liberal del 30 de junio de 1871 conllevó  cambios políticos y económicos. “Fue un modelo económico de 73 años (1871-1944) de tipo libre mercado, con gobiernos liberales y de mano dura”, refiere José Molina Calderón, economista y miembro de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala.

“Los liberales protegen industrias, protegen empresas textiles”, refiere Chajón. En 1873 Justo Rufino Barrios asumió la presidencia. “Es una figura polémica, lo aman los liberales porque les regaló tierras a sus amigos, las que les quitó a las comunidades indígenas. Gobernó como emperador, trató de destruir las culturas indígenas y las empobreció. Arruinó la economía porque le quitó a la población la capacidad de compra interna”.

A su juicio, mucha de la riqueza que ostentan algunas familias en la actualidad proviene de ese modelo económico.

La Constitución liberal de 1878 mantiene un criterio excluyente hacia los pobres y los indígenas, pues reconoce la ciudadanía solo para aquellos mayores de 18 años que tienen un oficio y medios de subsistencia, lo que claramente excluye a los pueblos originarios.

Chaulón Vélez indica que el régimen liberal, que aprobó un reglamento de jornaleros en 1877, previo a la Constitución, configura las relaciones sociales de producción hasta 1944. “Se creó el sujeto trabajador de la finca y la figura de mozo colono”. A su criterio el régimen implementado fue racista y excluyente.

“Durante la época liberal se establecieron leyes que obligaron al trabajo forzoso y que resultaron injustas”, añade Molina Calderón.

Por su parte, Ortega asegura que este tipo de políticas “no son responsabilidad del Gobierno Liberal, pues se trata de una herencia que viene de la conquista, no es invento de liberales o conservadores, es una escala social que se impone a partir de la colonia.  Esto también fue un problema que tuvieron los originarios conquistados por naciones anglosajonas”.

Para Ortega, el gobierno liberal implementó un modelo económico que le permitió al país exportar a todo el mundo, pues antes solo era posible hacerlo a España o mediante esta nación. “El café fue un producto que se puso de moda, nos dio fortaleza económica para tener un Estado que pudo ponerse al día con las comunicaciones, surge el telégrafo, el tren, se impulsa la educación gratuita, obligatoria y laica como política pública”, dice.

La Constitución liberal separó la política de la Iglesia, definió al Estado como laico y a raíz de eso se realizaron una serie de expropiaciones a la Iglesia Católica.

“Los liberales mantienen el poder hasta 1944. Lo que ocurre es que se convierten en un liberalismo autoritario”, refiere Chaulón Vélez con Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico como máximos exponentes. El primero gobernó el país por 22 años (1898-1920).

“Historias de este gobierno hay muchísimas, incluso su mandato inspiro la obra literaria El Señor Presidente, escrita por Miguel Ángel Asturias”, refiere García Fong. Esa novela describe las dos décadas de represión y dictadura de aquel régimen.

Once años más tarde asumió Jorge Ubico, “es recordado por muchos como un dictador, aunque otros destacan el manejo que hizo del presupuesto, porque entregó cuentas claras y en su periodo se desarrolló mucha arquitectura civil”, refiere.

“Ubico suprimió las deudas de los campesinos, las anuló por decreto y obligó a los finqueros a pagarle a la población. Esto les da a las personas la capacidad de manejar su dinero y hace que la economía se recupere. Incluso de los efectos de la gran depresión mundial” -1929 y los 30-.

Las medidas respondieron al temor de un levantamiento popular, como el ocurrido en El Salvador en 1932. “No las toma porque haya sido buena gente, sino para evitar las sublevaciones que habían ocurrido en El Salvador cuando Maximiliano Hernández Martínez masacró a los indígenas para evitar levantamientos”, refiere Chajón.

Para Molina Calderón, Ubico ha sido el presidente que ha manejado el presupuesto de ingresos y egresos de mejor forma. “Logró detener el déficit fiscal para convertirlo en superávit durante la gran depresión”, refirió.

La Revolución

Ubico dejó el poder en julio de 1944 tras una serie de movilizaciones sociales, incluida la de los maestros el 25 de junio de ese año, día que murió la maestra María Chinchilla, razón por la cual se celebra el Día del Maestro en Guatemala. A raíz de la salida de Ubico, Francisco Ponce Vaides asumió provisionalmente la presidencia, pero es derrocado durante un movimiento cívico y militar conocido como la Revolución de Octubre.

Tras la convocatoria a elecciones y el triunfo de Juan José Arévalo Bermejo, Guatemala modificó su Constitución en 1945, instrumento considerado progresista para su época. Dicha Carta Magna incorpora por primera vez el voto de la mujer alfabeta y derechos  de los indígenas. Además, contempla aspectos laborales, que sirvieron de sustento para elaborar el Código de Trabajo de 1946, en vigor.

Al gobierno de Arévalo le sucedió Jacobo Árbenz Guzmán, quien implementó una reforma agraria -Decreto 900- que impulsaba la expropiación de tierras ociosas, muchas  en poder de la United Fruit Company (Ufco), compañía estadounidense dedicada a la producción bananera.

Esta medida fue la ruina del régimen revolucionario, pues propició una intervención auspiciada por el Gobierno de Estados Unidos, que acusó a Árbenz de  comunista. En julio de 1954 las tropas del autodenominado Ejército de la Liberación Nacional, al frente de Carlos Castillo Armas, invadió el país y se dan por finalizados los 10 años del Gobierno de la Revolución, a los que se le atribuye la construcción de la carretera al Atlántico y la creación del Seguro Social, entre otras cosas.

“Árbenz seguramente no había leído Maquiavelo –Nicolás-. Él decía que alguien se puede pelear con todos, pero no al mismo tiempo, los propietarios de muchas fincas se unieron para expulsar con el apoyo de la CIA -Agencia Central de Inteligencia de EE. UU.- a Árbenz. Si la reforma agraria no hubiera tocado a la Ufco, hubiese tenido más posibilidades de éxito”, explica Chajón.

“La intervención de Estados Unidos la motiva un problema de carácter económico y de empresa. Los proyectos de Árbenz no eran comunistas. “La intervención no era necesaria. Vemos con tristeza que mediante una guerra psicológica se contrata a milicianos armados”, reconoce Ortega, quien asegura que el movimiento del 44 no era de izquierdas, pero que históricamente “estos grupos se lo han querido atribuir”.

La Contrarrevolución

Tras la caída del Gobierno de la Revolución se promulgan las constituciones de 1956 y 1965 que  prohibían la ideología comunista y la formación de partidos con vinculaciones internacionales. Ricardo Saénz de Tejada, antropólogo e historiador, asegura que, a partir de 1963, tras el golpe de Estado de Enrique Peralta Azurdia aparece la figura “del alto mando militar lo que difiere con los regímenes liberales caracterizados por la figura del presidente”.

“De 1963 a 1982 son los altos mandos del Ejército los que asumen el control, ellos controlan qué partido político se puede legalizar para participar en elecciones, moldean de alguna manera los resultados electorales a partir de 1970. Establecen un acuerdo de facto para que el ministro de la Defensa del periodo anterior se convierta en el próximo presidente. Acá empieza a consumarse el fraude electoral con Kjell -Eugenio Laugerud- en 1974. El historiador Edgar Ruano Najarro define esta época como el generalato”, el que a su juicio se prolongó hasta 1982.

Ortega discrepa, pues a su juicio “por doctrina, un Gobierno militar se da cuando los militares salen de los cuarteles para fungir en la administración pública, pero en Guatemala fueron los políticos quienes buscaron a un general para ejercer el poder. Si revisa la conformación de los gabinetes de Gobierno de esa época encontrará con suerte a uno o dos militares en instituciones públicas”.

Camino a la democracia

Sáenz de Tejada explica que desde finales de los 70 hasta la primera parte de la de 1983 el país fue violentamente reprimido. Es en ese momento cuando se radicaliza la guerra de guerrillas, el asesinato de líderes sociales y opositores.  Chajón considera que a partir de 1962 la insurgencia toma un tinte comunista, inspirada en el triunfo de la revolución cubana en 1959, lo que favorece una “cacería de brujas” a  militantes de esta ideología.

Bajo el régimen de Romeo Lucas García, entre 1978 y 1982 muchos opositores y estudiantes fueron asesinados. Entre las víctimas figuraron el exalcalde y político opositor Manuel Colom Argueta, el líder estudiantil Oliverio Castañeda y Alberto Fuentes Mohr, dirigente del Partido Socialista Democrático, entre otros.

Ortega refiere que sin Lucas grandes obras como la hidroeléctrica Chixoy, la Franja Transversal del Norte y el Puerto Quetzal no se hubieran desarrollado.

Durante el gobierno de Lucas se perpetró la quema de la Embajada de España, donde 37 personas murieron. Por este hecho fue señalado el otrora ministro de Gobernación Donaldo Álvarez Ruiz, por quien pesa una orden de captura internacional y de quien se desconoce su paradero.

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De dónde venimos y a dónde vamos con nuestro sistema electoral

El 23 de marzo de 1983, Lucas García es depuesto y  llega el general Efraín Ríos Montt, un polémico militar cuya condena de 80 años de prisión por genocidio emitida el 10 de mayo del 2013 fue anulada por la Corte de Constitucionalidad. Se le atribuye el exterminio sistemático de la población ixil en Quiché. Falleció el 1 de abril de 2018.

Ríos Montt fue derrocado el 8 de marzo de 1983 por Óscar Humberto Mejía Víctores, un general que inició la transición a la democracia. En su periodo se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para la promulgación de una nueva Constitución.

El 1 de julio de 1984 se convocó a la ciudadanía para elegir a los 88 miembros de la referida Asamblea y   el 14 de enero de 1986 entró en vigor la Constitución actual.

Sobre esta Carta Magna descansa el actual sistema político. Buscaba un cese definitivo al fuego para caminar hacia un país más representativo, con enfoque de derechos humanos y protección de las  garantías individuales.

La Constitución creó las figuras del procurador de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad, como garante del cumplimiento de la misma, y universalizó el sufragio para todos los mayores de 18 años, entre otros.

El 14 de enero de 1986 asume el primer presidente de la nueva era democrática: Marco Vinicio Cerezo Arévalo, quien ganó las elecciones con el partido Democracia Cristiana. García Fong refiere que en esta primera gestión se perdió “una valiosa oportunidad, pues de Cerezo se esperaba no solo el retorno a la democracia, sino mayor empoderamiento de la ciudadanía, formalmente lo primero se logró porque se concluyó un proceso de elecciones, pero los ciudadanos no se involucraron”.

Chajón coincide en que Cerezo no dio la talla pues en su gestión se ventilaron “escandalosos casos de corrupción” que le restaron legitimidad a su mandato y evitaron el impuso de reformas fiscales.

El 25 de mayo de 1993 el entonces presidente Jorge Serrano Elías suspendió la Constitución, pero fue restaurada el 5 de junio siguiente, lo que motivó su salida de la presidencia y su posterior exilio a Panamá.

Sáenz de Tejada recuerda que durante los primeros años de la democracia continuaron las operaciones contrainsurgentes de carácter militar y se dan desapariciones y asesinatos de figuras como Myrna Mack,  antropóloga y activista social,  y monseñor Juan José Gerardi.

Se cree que este asesinato estuvo directamente vinculado con el involucramiento de Gerardi en el proyecto de investigación de la Recuperación de la Memoria Histórica que describía las atrocidades de la guerra y responsabilizaba mayoritariamente al Ejército.

Ortega considera que el documento está sesgado. “Los informes fueron parciales, no se escuchó a la otra parte. Los abusos de la guerrilla nunca salieron a la luz. Hubo una manipulación detrás de todo eso, porque el único obstáculo que tuvo la guerrilla para llegar al poder fue el Ejército, entonces por eso se convirtió en objetivo estratégico”, comenta.

El 29 de diciembre de 1996, en el gobierno de Álvaro Arzú, se firma la paz en Guatemala. Chajón indica que el definitivo cese al fuego se enmarca en la caída internacional de los precios del café y de una contracción de la economía nacional. Asegura que había presión internacional. “O se firma la paz o no hay ayuda económica. En enero de 1997 empieza a venir el dinero para organizaciones no gubernamentales, para la cooperación, préstamos y después se vienen las privatizaciones de Guatel y la Empresa Eléctrica”.

García Fong encuentra en este momento histórico otra oportunidad perdida. “El gobierno de Arzú tuvo la oportunidad de retomar el camino a la democracia, el país tuvo los ojos del mundo cooperante puestos, se implementaron proyectos y programas de asistencia técnica, pero pasaron los años y el sueño de la paz se volvió a desvanecer”, anota.

En diciembre de 2006 se firma un convenio con las Naciones Unidas para el establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. El objetivo de esa entidad era coadyuvar a la persecución de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. “La presencia de este organismo fue importante para empezar a retomar el rumbo de la democracia, pero ya sabemos cómo terminó la cosa”, lamentó García Fong.

¿Cómo reformar el sistema político?

Los analistas consultados consideran que el actual sistema es político partidista y funciona mediante acuerdos entre los partidos y algunas élites económicas que responden a los intereses de los financistas y no a los de la población.

Sáenz de Tejada refiere que este modelo está  capturado por estructuras criminales y que la ley electoral “no garantiza una participación igualitaria ni competencia”.  Ve necesario “prohibir el financiamiento político privado, pues el coste es mucho más alto”, indica.

“La única forma de contrarrestar esa cooptación es con una refundación del Estado, lo que implica cambiar la Constitución, la ley electoral y retomar una reforma educativa”, añade García Fong, quien considera que el sistema actual responde a intereses particulares de la clase política y de algunos sectores de la clase económica, porque hay empresarios con vocación democrática”.

En ese contexto el especialista ve que la gobernabilidad atraviesa por una crisis de “legitimidad en el ejercicio del poder”, pero indica que esta se gana y no la pueden dar las leyes. Solo es posible cuando las autoridades se apegan a conductas enmarcadas en la legalidad”.

Sáenz de Tejada ve la necesidad de construir una ruta democrática que permita hacer los  cambios necesarios, cita el ejemplo chileno que  convocó a una Asamblea Nacional Constituyente de forma democrática con la participación de los  pueblos indígenas y todos los actores.

No obstante, García Fong cree que ese análisis y esa ruta representan un “riesgo muy alto en la actual coyuntura” debido a que “el perfil de los actuales congresistas, salvo excepciones, no es el idóneo para abordar este tema”.

Chaulón Vélez afirma que es imperativo reformar la Constitución y establecer una Asamblea Nacional Constituyente popular y plurinacional. “Este modelo de Estado entró en una crisis imparable, está podrido, no es paritario desde las perspectivas de género, étnicas y de clases. Hay que plantear un proceso de articulación que venga de los movimientos sociales, populares, campesinos e indígenas organizados”, puntualizó.

Ortega difiere. “Estamos en un proceso de madurez. Tenemos apenas 200 años de vida independiente, no podemos compararnos con Francia, Dinamarca o Suecia. Somos un país joven que necesita fortalecer su parte política. A la Constitución no hay que cambiarla, hay que conocerla y utilizarla en buena lid, asumiendo derechos y obligaciones”.

Iván Velásquez, el incómodo titular de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), contribuyó decisivamente para que los guatemaltecos conociéramos de primera mano los enormes problemas y desafíos que enfrentamos como guatemaltecos, y uno de sus principales legados es recordado por una memorable frase, la cual fue pronunciada originalmente en la conferencia de prensa conjunta que la Cicig y el Ministerio Público (MP) ofrecieron el 16 de agosto del 2017: El pecado original de la democracia guatemalteca es el financiamiento electoral ilícito.

Velásquez se refería en ese momento a las investigaciones que se habían conducido durante varios años, para rastrear la forma en la que los partidos políticos guatemaltecos conseguían fondos para mantener sus actividades, especialmente en época electoral: las evidencias apuntaban a que, prácticamente, todas las actividades que realizaban los líderes políticos en campaña electoral estaban financiadas por contribuyentes que probablemente exigían el anonimato como condición, aspecto que hacía imposible conocer el origen de los fondos con los que se financiaban los partidos políticos.

Esta forma de operar basada en recibir aportes que se mantenían en secreto era la práctica normal de promocionarse de todos los partidos políticos guatemaltecos; debido a ello, incluso organizaciones partidarias pequeñas y consideradas diferentes, como Encuentro por Guatemala, de la muy respetada diputada Nineth Montenegro, fueron investigadas y procesadas por ocultar aportes financieros durante la campaña electoral 2015, con lo cual se demostraba que desde el inicio, el sistema político guatemalteco había nacido con fallas originales muy serias.

Deuda política

Para explicar esta deficiencia, hay que decir que la forma en la que la política se relaciona con el dinero es uno de los aspectos más relevantes de cualquier sociedad, y en el caso guatemalteco el problema es que el sistema nació con un doble pecado: sin controles adecuados al financiamiento a las actividades políticas, y sin ningún aporte del Estado al funcionamiento de las organizaciones partidarias, excepto un porcentaje pequeño otorgado al finalizar la campaña electoral, lo cual fue claramente insuficiente. Acción Ciudadana calculó en un informe del 2011 que la deuda electoral que el Tribunal Supremo Electoral pagaba a los partidos cubría menos del 5% del gasto total de las campañas electorales.

Debido a esta ausencia de controles, el financiamiento electoral no reportado fue el responsable de muchos de los problemas que hemos padecido desde 1985 a la fecha. Por medio de dicho mecanismo, se perpetuó la ineficiencia institucional, el despilfarro y la mala calidad de los servicios públicos, debido a varios factores: en primer lugar, el dinero que ingresaba a las campañas electorales determinó deudas políticas que posteriormente se pagaron en obras realizadas con materiales de mala calidad, mal diseñadas o con sobreprecios en las compras y contrataciones realizadas, tal como ocurrió en el caso del libramiento de Chimaltenango. Calificada por el entonces presidente Jimmy Morales como la obra de ingeniería más importante de Centroamérica, la mega construcción ha sufrido desde su inauguración de numerosos derrumbes e inundaciones que han demostrado no solo su pésimo diseño y ejecución, sino también la sobrevaloración de toda la obra.

La historia del libramiento de Chimaltenango empieza en el 2014, cuando el entonces ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, adjudicó la obra a Constructora Nacional S. A. (Conasa), propiedad de Álvaro Mayorga, quien fuera mencionado en el caso Construcción y Corrupción, donde se intenta demostrar que la constructora había entregado Q64 millones en sobornos a Rodrigo Arenas, del Movimiento Cívico Nacional, quien sirvió para financiar la campaña del “No te toca” en contra de Manuel Baldizón, una estrategia clave que favoreció el triunfo de Jimmy Morales en el 2015.

Las deudas electorales también han incidido en el nombramiento de funcionarios que no se caracterizan por su capacidad e idoneidad, sino simplemente por la lealtad o el apoyo brindado al partido que llega al poder. Un ejemplo de este tipo de corrupción ligada al apoyo de campaña es el caso de Jorge García Silva, diputado de Prosperidad Ciudadana y secretario de la junta directiva del Congreso, a quien el actual gobierno del presidente Giammattei le entregó el control del Instituto de Sismología Vulcanología Meteorología e Hidrología (Insivumeh), espacio institucional que ha sido aprovechado para contratar familiares, así como para la adjudicación de contratos a empresas vinculadas con el diputado. Así, García Silva fue beneficiado con la contratación de Outsourcing Total S. A., una empresa familiar, por un monto de Q22 millones para la compra de Estaciones Meteorológicas y Sismológicas, pero el detalle es que la persona que lo asesora en el Congreso, Sabrina María Véliz Castañeda, funge igualmente como asesora jurídica del Insivumeh.

La buena noticia es que el trabajo de la Cicig contribuyó a mejorar los controles y las regulaciones legales relacionadas con el financiamiento electoral, lo cual determinó que del período 2015 en adelante se empezaran a conocer las diversas investigaciones que fueron presentadas por la Cicig y el MP. Fue en el marco de dichas investigaciones que el comisionado Velásquez pronunció la memorable frase con la que iniciamos este breve análisis. Y no era para menos: los investigadores de la Cicig estimaban que alrededor del 75% de los fondos que ingresaban a las campañas provenían del crimen organizado o de contratistas que posteriormente cobraban lo invertido mediante la entrega de obras deficientes, tal como ocurrió en el tristemente caso Odebrecht.

Financiamiento débil

La ausencia de un financiamiento público otorgado a las organizaciones políticas es también una notable deficiencia. En el mundo, 116 países otorgan financiamiento público directo para los partidos políticos, aspecto que en Guatemala ni siquiera ha sido objeto de discusión, muy probablemente porque sería una demanda poco respaldada por la ciudadanía, debido a la mala imagen de la que goza la actividad política.

Lamentablemente, la combinación de tener organizaciones partidarias que no contaban con fondos independientes provenientes del Estado, más la débil regulación con la que nació el sistema, determinó la receta perfecta para que se produjera la paulatina captura de la institucionalidad pública. La mayor parte de los presidentes, alcaldes y diputados que desde 1985 a la fecha fueron electos bajo este deficiente esquema electoral probablemente llegaron con tantas deudas políticas, que buena parte de su gestión se orientó al pago de favores y deudas electorales.

***

Luis Fernando Mack es profesor titular de la Escuela de Ciencia Política, de la Universidad de San Carlos de Guatemala

En el Enade 2016 se habló de las ciudades intermedias y se expuso el nodo regional de Los Altos, que sería conformado por Quetzaltenango y cuatro municipios. Dos años después, la idea se materializó en la Política Nacional de Competitividad 2018-2032, del Programa Nacional de Competitividad de Guatemala, y el nodo de la ciudad de Los Altos incluyó a Quetzaltenango, Salcajá, Olintepeque, La Esperanza, Almolonga, Cantel, San Juan Ostuncalco y San Mateo, de Quetzaltenango, y San Cristóbal Totonicapán, de Totonicapán.

El propósito es que en el 2032 el nodo tenga un esquema de ordenamiento territorial y se conceptualice a las ciudades como centros de articulación de la actividad económica y de vivienda, con amplias redes de distribución de servicios y conectadas por una red de infraestructura. La descripción es atractiva, pero a una década de que finalice el plazo falta mucho por hacer.

Otto Vargas, coordinador de la Mesa de Competitividad de Quetzaltenango, explica que la iniciativa, parte del Plan K’atun 2032, tiene como propósito preparar a las ciudades para el crecimiento poblacional, pero considera que no ha habido un avance significativo y se quedó en un documento.
Para Los Altos, la política contempla una inversión de US$500 millones que “el país aún no tiene presupuestados. Es una metodología con poco avance, aunque sería positivo invertir”.

Otra deficiencia es la desigualdad de desarrollo en los municipios del nodo. Por ejemplo, Quetzaltenango, el detonante, ocupa el puesto 17 en el Índice de Competitividad Local, mientras que San Cristóbal Totonicapán, el 195, agrega.

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“Hasta cierto punto la diferencia de competitividad también demuestra que no hay mayor progreso. Otro factor es que Quetzaltenango ya no puede planificar solo. Compartimos con más municipios la población y otros factores”, precisa.

La mayoría de recursos van al gasto público, para el pago de funcionarios y empleados.

“La infraestructura es un elemento clave para la competitividad, pero es muy poca. Solo vemos la construcción del paso a desnivel en Cuatro Caminos, Totonicapán y un poco la remodelación del aeropuerto de Los Altos. Creo que no se han aprovechado los fondos de los Consejos Departamentales de Desarrollo”, hace ver Vargas.

Aunque la inversión pública es nula, considera que la privada destaca. “A pesar de que no hay planificación de desarrollo económico del gobierno local, vemos empresas nuevas y el sector construcción sigue creciendo, y junto a esto lo que siempre crece es el comercio y servicios, pues en buena parte contribuyen las remesas”, puntualiza.

Percy Aguilar, catedrático investigador del Centro Universitario de Occidente e integrante del Colectivo de Profesionales de Quetzaltenango, coincide con Vargas en que el crecimiento económico y comercial de Xela, La Esperanza y Salcajá no se atribuye a las ciudades intermedias sino a las remesas enviadas por los migrantes. En el 2019, Quetzaltenango reportó Q5 mil 584 millones.

Al recorrer la ciudad altense se observa el crecimiento de la propiedad vertical.

“Están surgiendo muchos condominios y torres de apartamentos. Una de ellas se vendió en un año en su totalidad. Esto demuestra que es un sector de mucho crecimiento. No se le ha puesto atención, pero hay personas de Honduras y Nicaragua que están viniendo a vivir aquí”, reveló.

Además de la inversión en carreteras, Aguilar considera que el Gobierno debe mejorar la infraestructura de salud y educación y crear nueva, pues en ambos servicios hay innovación privada y la oferta se centra en ese sector.

“Se deja al nodo con un número de población, pero sin espacios estatales donde pueda acceder a educación y salud. Cuando esto sucede se percibe una intención para que crezca lo privado y que el Estado desaparezca, lo cual es muy negativo para una sociedad donde prima la pobreza”.
Para lograr el propósito de una ciudad intermedia, Aguilar estima que los municipios, sobre todo de la cabecera departamental, deberían ofrecer servicios idóneos para que las inversiones no se conviertan en problemas.

Crecimiento

“Para el 2032, cuando se desea que los nodos estén en su plenitud, quizá vamos a tener mucha gente viviendo en Quetzaltenango, pero también una excesiva escasez de agua entubada. Está bien que se arreglen las calles, pero no se hace nada por el agua. Otro problema es la energía eléctrica; es inestable, y cuando tengamos tres millones de habitantes, cómo será el consumo y cómo nos afectará. No tendremos para la industria, pero la necesitamos para producir. Y en cuanto a los drenajes, ya colapsaron. Si se piensa en el gran número de apartamentos en esas grandes torres, ¿a dónde irán sus drenajes?”, cuestiona.

En el nodo, más del 35 por ciento de la población tiene entre 15 y 39 años. Otro de los propósitos de la política es mejorar las condiciones de vida de ese grupo para prevenir la migración irregular, pero según Aguilar es difícil mientras los empleos continúen con la evasión del pago de horas extras y el impago del salario mínimo.

“Hay pocas oportunidades y mal pagadas, obligan a que la mano de obra sea barata. Hay jóvenes que trabajan a tiempo completo por Q800 o Q1 mil, y eso es peor que nada. La persona que ahora es joven y fuerte puede estar 10 a 12 horas diarias en el trabajo con mala alimentación, pero eso tendrá sus repercusiones”.

Otra área con crecimiento son los centros comerciales, señaló Jorge García, presidente de la Cámara de Comercio filial Quetzaltenango. El empresario no percibe la inversión pública, pero está consciente de que la privada llegó, independiente de las acciones de la política de competitividad.

“El tema de las ciudades intermedias no ha avanzado para nada. Una excusa es la pandemia, pero más creo que es burocracia. En el 2018, para Quetzaltenango hubo un crecimiento del PIB a nivel departamental de 5.6. La inversión privada fue muy saludable, pero de parte del Gobierno no hubo proyectos para la ciudad intermedia”.

García recordó que las carreteras son esenciales para la competitividad e hizo alusión al tormentoso camino entre Las Rosas, Quetzaltenango, Cantel y Zunil, por los hoyos y grietas. Hasta ahora está en un litigio y la fecha de reconstrucción es incierta.

Antes de la pandemia, la Cámara contempló la ausencia del trabajo gubernamental para avanzar en la conformación positiva del nodo y la afectación que causó la inestabilidad política, pero al covid se sumó la crisis económica.

“La inversión privada paró a raíz de la pandemia. En el gobierno de Jimmy Morales hubo incertidumbre y falta de certeza jurídica que se repite ahora por la coyuntura política. Estamos en condiciones adversas, no hemos salido de la crisis por el covid-19, la macroeconomía está bien porque las remesas levantaron el PIB, pero la reactivación económica interna no ha llegado a un punto de equilibrio. Inició la reactivación, pero no la recuperación”.

En el crecimiento del sector privado, Flor Escobar, presidenta de la Gremial de Mujeres de la Cámara de Comercio filial Quetzaltenango, identificó que la mayoría de inversión es extranjera.

“Hay inversión privada, pero viene de afuera. Sería muy importante que las entidades financieras quetzaltecas pudieran verlo como un lugar atractivo de inversión, que explotáramos lo que tenemos. Sería mejor que nosotros mismos aprovecháramos nuestros recursos. No hemos perdido el temor de invertir, porque es un capital importante. Lo que debe cambiar es la mentalidad y abrir los ojos, porque si vienen a invertir de afuera, es porque somos una ciudad importante en la economía nacional”.

Escobar estima que con la inversión local crecería la empresarialidad quetzalteca, habría más capacidad y aumentaría la circulación de efectivo en la ciudad, para mejorar el nivel de vida de la población.
A su criterio, en La Esperanza, Salcajá y Cantel hay un crecimiento importante de la vivienda y como consecuencia la plusvalía mejoró, mientras que Almolonga y Zunil siguen siendo proveedores importantes de verduras y hortalizas. En la cabecera departamental hay un aumento de los servicios privados de salud con al menos 20 hospitales, fenómeno que relaciona con el turismo de salud.

En la inversión pública observa más falencias que aciertos. “Del 100 por ciento que nosotros —Quetzaltenango— damos en impuestos a la SAT, escasamente regresa el 30 por ciento, que si fuera bien invertido, sería interesante”.

Entre los objetivos del nodo está el turismo, actividad con rezago.

“No hay mayor avance en lo que se tenía planificado o en lo que se pensaba que sería, falta mucho en la descentralización y las inversiones que se necesitan. Deberíamos tener carreteras y un ejemplo de ello es la ruta Cito Zarco. El crecimiento que se ha dado es normal, se esperaba tenerlo por el aumento de población, pero no se ha disparado, no es un anuncio de que en 10 años seremos una ciudad intermedia”, resaltó Daniel Yancor, presidente de la Gremial de Hoteles, Restaurantes y Turismo.

Aunque varios sectores económicos están de acuerdo en el abandono y ausencia de inversión, así como de acciones públicas para afianzar el nodo, no hay una exigencia que se manifieste de viva voz.

“El problema es que mientras no estemos unidos y busquemos la misma visión, Quetzaltenango no exigirá esa inversión que debería hacer el gobierno central. Quetzaltenango es un gran generador de impuestos y al final lo que retorna no corresponde. Las cámaras y gremiales tenemos que enlazarnos y demandar”, subrayó.

Yancor considera viable atraer turistas, pero antes se debe mejorar el acceso a los atractivos y contar con buena infraestructura.

“Quetzaltenango no es un destino turístico, vienen porque es más barato aprender español. Es una ciudad colonial que no se ha explotado, no cumple con las condiciones de ser un destino. El movimiento es por las personas que vienen a hacer negocios. Se necesita un portafolio de los destinos, un centro histórico ordenado y atractivo”, enfatizó.

Dalila Castro, coordinadora del Consejo Comunitario de Desarrollo del barrio El Calvario, zona 1 de Xela, lamenta que exista poca integración de los sectores comunitarios y de mujeres en el nodo, a pesar de que en la mayoría de los municipios ellas son más del 50 por ciento.

“Tristemente en el tema de las ciudades intermedias no tenemos oportunidad de participar y ayudar para que entre todas las personas consigamos algo mejor, pero no nos escuchan. Como mujeres podemos empodéranos en beneficio de la comunidad y ayudarnos unas con otras, se debe cambiar la mentalidad de la mujer solo como ama de casa”, expresó.

De acuerdo con la percepción de Dalila, las autoridades encontraron en la pandemia una justificación.

“Cuando comenzó el nuevo gobierno era una prioridad avanzar en el nodo, pero con la pandemia todo se estancó, hicieron que nos enfocáramos en el covid-19 y no en darle un seguimiento al tema de las inversiones. He visto que las empresas están viendo como salvarse a ellas mismas y no quieren ayudar a otras personas. Las micro y medianas empresas están haciendo todo lo posible para no cerrar, porque no tuvieron ayuda del Gobierno, querían dar más empleo, pero ahora primero necesitan recuperarse. A pesar de la pandemia tenemos que seguir”, indicó.

Jorge Lemus, profesor de la Dirección de Investigación del Cunoc, ve con buenos ojos el plan de ciudades intermedias para trabajar de forma articulada.

“Uno de los propósitos es que haya más urbanización, por medio de la planificación de los ordenamientos territoriales. La idea es que se lleve a cabo en los municipios. Ahí es donde falta que se coordine más, que las inversiones no sean una disposición unilateral de los concejos, sino que se trabajen en conjunto y con visión de protección al medioambiente”.

En cuanto a la inversión privada, el investigador destaca la llegada de centros de llamadas que son fuentes de empleo, lo que aprecia como una oportunidad para los jóvenes, pero para aprovecharla se necesita impulsar y facilitar el aprendizaje del inglés y otros idiomas, así como de la tecnología, sobre todo en programación.

Agregó: “Los  temas de mercados y autobuses están en el olvido, se necesitan decisiones fuertes sobre estos. La integración de los municipios no inició con el nodo, ya se tenía con la metrópoli, pero sin resultados en muchos aspectos”.

Lemus lamenta que la pandemia perjudicara al nodo. “La inversión pública se frenó por la pandemia, los recursos se priorizaron para la salud, aunque ahí está la duda, a dónde se fue el dinero. La pandemia también obstaculizó al sector privado y evitó un crecimiento del turismo”, dijo.

La propuesta del Enade de ciudades intermedias pretende la descentralización del desarrollo al explotar las variantes comparativas de la región.

Mazatenango, la primera ciudad del nodo, se ha estancado en desarrollo, señalan diversos sectores, pues se ha desaprovechado la ubicación y no existen políticas públicas encaminadas a explotar las ventajas comparativas con el resto de ciudades emergentes.

Juan Ciani, miembro de la sociedad civil de Mazatenango y parte de la mesa de competitividad regional, indica que la falta de plataforma política y propuestas de políticas públicas de desarrollo han causado que el municipio no avance, al grado de ser poco atractivo para los inversionistas, pues no se aprovechan las ventajas territoriales ni la producción agrícola local.

Para medir el crecimiento económico, no hay parámetros o fuentes confiables que determinen si alguna región o municipio del nodo se ha desarrollado.

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Un plan nacional de desarrollo que se quedó en papel

Mazatenango ocupa el puesto 160 en el índice de competitividad local, según el informe de Fundesa del 2020, el cual evalúa 12 pilares fundamentales, desde la infraestructura hasta la fuerza laboral y el talento humano.

Para Ciani, a pesar de que se depende del comercio al tener un enclave geográfico importante rodeado de otras ciudades, no se invierte en tecnificación y capacitación acorde a las necesidades de la región, las pocas inversiones se hacen a través de la iniciativa privada.

Destaca que el mayor logro de la mesa de competitividad regional es la creación del foro de diputados de la región VI, con el objetivo de generar propuestas en el Congreso en beneficio de la población, pero la falta de voluntad política de los parlamentarios ha impedido que las propuestas nacidas en estas reuniones lleguen al Legislativo.

Durante los últimos cinco años, la inversión en educación y tecnificación ha sido mínima. El mayor logro es la inauguración de la sede del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), en mayo del 2018, edificio ubicado en el km 163 de Mazatenango y que costó Q65 millones, más Q35 millones en equipamiento de última generación, para impartir 12 cursos a la población. La proyección es tecnificar cada año a nueve mil personas.

La inversión más grande en salud fue en abril pasado, cuando se inauguró el centro de hemodiálisis en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Mazatenango, para descentralizar los servicios. La unidad cuenta con 29 estaciones, para atender a 173 pacientes.

Proyectos detenidos

Paralela a esta inversión, las autoridades locales esperan la construcción de un hospital regional con fondos de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, aprobado por el Congreso, por US$40 millones —unos Q308 millones— que comprende la construcción del edificio y la adquisición de equipo de última generación.

Además, en infraestructura vial, el Ministerio de Comunicaciones ofreció la construcción de un paso a desnivel en el km 158 CA2, ingreso a Mazatenango, cuyo costo aproximado es de Q30 millones y que ha sido gestionado durante varios años por los gobiernos locales para mejorar el tránsito vehicular y evitar accidentes. La comuna local ya cuenta con los estudios de viabilidad y una proyección del proyecto, pero esperan la asignación de fondos del ministerio y que inicie la licitación del proyecto en Guatecompras.
Gladys Rosales, presidenta de la Cámara de Comercio Filial Suchitepéquez, dijo que no se ha generado ningún proyecto para buscar el desarrollo de las ciudades intermedias. Además, la pandemia bloqueó varios proyectos de infraestructura por lo que se estancó el desarrollo, ya que las restricciones por el covid “pusieron en jaque” al comercio y el turismo.

También se espera concretar la construcción de la carretera transversal para evitar embudo en las rutas con largas filas de autos y que provoca pérdidas económicas al comercio.
Rosales agregó que se perdió la propuesta para la construcción de un aeropuerto que será llevado a Escuintla.

La postura de la Cámara es exigir que los recursos públicos sean bien utilizados ya que después de un año de restricciones sanitarias se han reportado pérdidas comerciales.

Indicó que hay compromiso de trabajar con el Gobierno y la población, pero les preocupa que los fondos de la vacunación hayan sido desviados, lo que pone en riesgo al sector turístico por la incertidumbre. Además, indicó, el comercio “está muriendo poco a poco”, lo que se ve reflejado en la cantidad de mipymes cerradas.

Manuel Delgado, alcalde de Mazatenango, indicó que el municipio ha avanzado en infraestructura, con la construcción de un rastro por Q6.5 millones, que continua sin uso, cuatro plantas de tratamiento de aguas de residuales, y espera que este año inicie la construcción del paso a desnivel en el km 158 CA2, más la aprobación de la construcción de la carretera que comunica a las playas del Pacífico que no han sido explotadas por falta de acceso adecuado. Delgado lleva dos períodos consecutivos en la comuna y considera que en los últimos cinco años se ha desarrollado el municipio.

Jóvenes

Según datos del censo del 2018 del INE, Mazatenango, cuenta con 77,431 habitantes, de los que 22,375 son jóvenes de 15 a 29 años, pero solo 48 por ciento de estos cuenta con empleo formal y 16% se ocupa como jornalero.

Mynor López, presidente de la asociación Jóvenes Facilitadores del Desarrollo, indicó que les preocupa la falta de oportunidades de empleo para jóvenes de 18 a 25 años que egresan de los colegios.
Indicó que recientemente se gestionó una feria laboral para Telus, compañía de centro de atención al cliente de la capital que busca instalarse en Retalhuleu, Escuintla y Suchitepéquez, por lo que se espera reclutar personal calificado para ocupar 300 plazas.

Irtra

Jorge Mario Chajón, relacionista público del Irtra, indicó que “se debe realizarse un plan de ordenamiento territorial y un plan de desarrollo regional en conjunto, porque existen planes municipales pero no contemplan que estas ciudades —intermedias— van a llegar a ser una sola”.

Dijo: “Desde las cabeceras municipales hasta el Irtra hay distancias cortas, pero administradas de formas diferentes. Para que funcionen las ciudades intermedias, primero se debe crear una mancomunidad que trabaje planes conjuntos y establecer las áreas básicas de salud, reservas naturales y educativas, en las que la infraestructura sea adecuada para la población; además, establecer las carreteras directas y alternas que deben construirse para evitar lo que sucede en la capital, que carece de vías alternas”.

El Irtra genera tres mil empleos directos y unos 15 mil indirectos, y contribuye “como foco de desarrollo y de empleo está generando empleos para las personas que empezaron a migrar para las áreas rurales”.

Byron de la Cruz, presidente de la Cámara de Comercio Filial Retalhuleu, indicó que el departamento se basa en el turismo nacional por las cercanías del Irtra, pero con la pandemia varios hoteles y restaurantes se vieron afectados por las restricciones sanitarias, pues muchas empresas optaron por la modalidad de servicio a domicilio, y apenas comienza la recuperación del sector, pero a pesar de los ofrecimientos del Ejecutivo de crear programas de apoyo, no se ha concretado ninguna acción por parte del Instituto Guatemalteco de Turismo.

Para De la Cruz, el único municipio del nodo que no se ha podido desarrollar es Champerico, a pesar de contar con la playa, que es un atractivo turístico importante. No hay inversión pública o privada en el área, y la única inversión significativa es la construcción de la carretera a Manchón Guamuchal.

El desarrollo que se percibe en el Nodo de Cobán, como se le conoce, cinco años después de que se presentó el plan, es más por la inercia local de hacer negocios que por impulso y seguimiento derivado de la política mencionada.

Como en el resto de nodos, no hay datos oficiales que midan la evolución del desarrollo local, solo la evaluación y valoración de su desempeño, que registra el índice de capital local calculado por Fundesa, que ha promovido la Mesa de Competitividad en la región, integrada por representantes de sectores del lugar.

El área cuenta con una red vial de aproximadamente 1,142 km. Las condiciones actuales de interconectividad con otras regiones del país impiden en muchos casos el intercambio eficiente de productos, lo cual es un freno al desarrollo local. Atender rutas como la carretera 7W o el aeródromo de Cobán es fundamental para fomentar la movilidad desde y hacia otros puntos del país, indica Roberto Moya, de la Universidad Rafael Landívar, miembro de la referida mesa.

La carretera 7W comunica a San Cristóbal Verapaz con Quiché. El primer impedimento para retomar ese proyecto era que estaba en medio el deslave identificado como Los Chorros, por una alerta de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). En la actualidad, está en proceso de construcción. Es una arteria importante para el intercambio comercial entre departamentos del suroccidente y Alta Verapaz.

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“Necesitamos intercomunicarnos con los demás departamentos para que haya un intercambio comercial atractivo. El razonamiento es simple; donde hay carreteras, hay transporte, hay mercado, hay centro de salud, hay escuela, hay desarrollo. Según comentarios de las autoridades municipales de San Cristóbal Verapaz, ahora las verduras que llegan de Quetzaltenango, de Totonicapán y de Chimaltenango se abarataron”, comenta Sergio González, empresario local quien tuvo a su cargo la Comisión de infraestructura en la Mesa de Competitividad.

“Se prioriza la inversión en esta tipología de proyectos, debido a que esto suma directamente al desarrollo económico y a la satisfacción de demandas de diferentes bienes y servicios por parte de la población. En la infraestructura de la red de telecomunicaciones se ha dado la apertura y la agilización de los procesos que conlleva el trámite de las licencias respectivas a nivel municipal, para modernizar y ampliar coberturas”, asegura Leonel Chacón, alcalde de Cobán.

Sin duda, dice, la interconexión directa a la cabecera beneficia a toda la región y compromete a la comuna a gestionar de mejor manera formas de ordenamiento territorial y movilidad urbana.

En cuanto a la remodelación del aeródromo, González recuerda que en 2018 se integró una comisión de alto nivel para agilizar la remodelación de una red de aeródromos en la provincia. En esa instancia, se identificó al aeródromo de Cobán como el puente principal en caso de desastre natural. Con las tormentas Eta e Iota, pese a las condiciones en que se encuentra, el aeródromo fue la plataforma para llevar alimentos y provisiones a las comunidades afectadas. El proyecto para mejorar este recurso, no prosperó con las autoridades locales de la administración anterior.

La remodelación del aeródromo generaría una gama de oportunidades, como establecer una ruta de Cobán a Guatemala y Petén; recibir turistas que arriban en los cruceros de Puerto Barrios y San José, quienes podría llegar al lugar en 45 minutos. Lo mismo ocurre con pequeñas exportaciones de productores de helechos que tienen que enviar por tierra al Aeropuerto Internacional La Aurora, con destino a mercados de Estados Unidos.

De acuerdo con los indicadores demográficos de este nodo de desarrollo, la población económicamente activa (PEA), según cálculos del Instituto Nacional de Estadística para el 2021, se posiciona en 58.36%. Con una población total de 661,795 de la cual, 332,894 (50.30%) son mujeres y 328,901 (49.70%), hombres.

Desde la perspectiva del bono demográfico, falta capacitación y desarrollo de habilidades productivas, especialmente entre la población joven, lo cual incide en una oferta de mano de obra que no llena las expectativas requeridas por las empresas establecidas. “Es una situación que da margen a la disposición de ocuparse en la economía informal o, en todo caso a emigrar a otras regiones o fuera del país”, indica Moya.

Parte de la solución para ese desafío es abrir espacios de formación para que la población joven del departamento y zonas circunvecinas, tengan oportunidades de tecnificarse. Ese objetivo les ha llevado a gestionar la construcción de un centro de capacitación regional por parte del Intecap, el cual cuenta con una sede en la cabecera departamental. “Se tiene contemplado, dentro del Plan Estratégico Institucional, mejorar la cobertura de capacitación para empresas y ciudadanía en general que favorezca el desarrollo económico. Para el efecto, está previsto ampliar las instalaciones del Centro de Capacitación Cobán”, matiza el subgerente del Intecap, Arnaldo Alvarado.

Otro aspecto que resaltan es la necesidad de más cobertura de servicios de salud. También gestionan la construcción del Hospital General del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, cuyos planos ya están autorizados, asegura González. De hecho, el lunes pasado se abordó el tema entre la gerente de la entidad y la Mesa de Competitividad de Alta Verapaz, sobre los retos y oportunidades en esa región, por medio de un foro virtual promovido por Fundesa.

Oferta de empleo

La industria de llamadas es una oportunidad en este nodo, sobre todo que con la pandemia se tiene la práctica de trabajo en casa, considerando que la mayoría de la población es joven, que debe aprender inglés.

Las oportunidades de empleabilidad se están generando principalmente en el sector de construcción y otros servicios, con incremento de desarrollo inmobiliario privado en la región, en especial en Cobán y San Pedro Carchá.

En este último, Grupo Integro encontró hace tres años que no había oferta de estos complejos comerciales, teniendo como referencia los de Cobán. Considerando ese aspecto más la población del lugar, optaron por invertir en Gran Carchá, su primer proyecto inmobiliario en la zona, el cual registra un tráfico de 300 mil personas al mes.

“Aunque los índices de desarrollo de Carchá no son los mejores en el país, es un éxito, lo que nos dice que hay capacidad económica en el interior del país y que las estamos dejando de aprovechar. Entre los planes futuros, sigue el desarrollo de proyectos habitacionales en ese municipio”, comparte Jorge Mario Figueroa, director general de Integro.

Distrito Magdalena es uno de los primeros desarrollos importantes de Courban, firma desarrolladora del Grupo Cobán, en la cabecera departamental de Alta Verapaz. Empezó como un centro comercial y con el tiempo se ha transformado en un concepto mixto, con alianzas de cooperación para un complejo habitacional y, actualmente está en proceso el desarrollo de un hospital privado, cuya construcción se prevé para el 2022. El distrito incluye la implementación de un espacio público de recreo en la ribera del río Cahabón.

También se suma el proyecto Plaza del Parque, en su primera fase, que el desarrollador del mismo nombre tiene en marcha en el centro histórico de Cobán. “La diferencia de invertir antes de que se identificara a la región como un nodo de desarrollo es que ya no estamos solos, pues ya se puede compartir el potencial que tiene la región como tal, y no de una ciudad sino de una mancomunidad en conjunto”, expresa Yuri Flores, gerente general de Courban.

Aparte de otros proyectos de menor impacto, la novedad actual la constituye el desarrollo de Reserva Las Verapaces, que consta de 12 torres habitacionales con 250 apartamentos. La construcción para los primeros cuatro edificios arranca este mes.

“La fase de construcción genera aproximadamente de dos mil empleos directos, más la cantidad de indirectos que este tipo de obras atrae alrededor. Una inversión de alrededor de Q100 millones en total”, expone Rodrigo Obiols, gerente de proyecto de Reserva Las Verapaces.

La gestión municipal

Entre las herramientas de las que la gestión municipal de Cobán se vale para apoyar y promover la inserción laboral está la Ventanilla Única Municipal de Empleo, por medio de la cual envía a las empresas las demandas laborales para evaluación y eventual contratación de personal. La realización de quioscos y ferias de empleo, presenciales y virtuales, así como asesoría para emprendedores y espacios para la comercialización de sus productos o servicios.

Con la pandemia, las ofertas laborales han disminuido, pues las empresas afectadas no han generado nuevas oportunidades de empleo. “Estamos buscando acercamiento con el sector industrial, empresarial y económico del país, así como contar con la cooperación internacional por medio de las embajadas de países que puedan asumir compromisos como el de impulsar la industria textil, el mercado internacional de asistencia telefónica y otras opciones que puedan generar empleo para la población”, comparte el alcalde de Cobán.

Uno de los esfuerzos en la búsqueda de promover y atraer turismo, como parte del fortalecimiento de la economía local, el Comité de Festival Folclórico Nacional de Cobán recibió recientemente la Política Cultural Municipal, un apoyo al fortalecimiento y la reivindicación de las expresiones culturales del pueblo queqchí de Alta Verapaz.

Agrega que sería deseable la incidencia legislativa para que los procesos burocráticos se agilicen, tema en el cual aún existe rezago. Un ejemplo de lo anterior se ilustra con la Ley de Contrataciones del Estado, que aún necesita enfocarse más en la descentralización y permitir a los municipios más flexibilidad, dentro de un marco de fiscalización que mejore la transparencia y erradique la corrupción a todo nivel.

Definitivamente, uno de los temas que más influyen y determinan el camino a recorrer hacia el desarrollo son las políticas públicas que se adopten, dice Moya. Pero, para la mayoría de autoridades locales y estatales, mejorar la dinámica económica y productiva de la región en el corto, mediano y largo plazo pareciera no ser su principal objetivo. El aporte desde estas instancias, en seguimiento a propuestas, no se evidencia. De ahí que, la labor desde la Mesa de la Mancomunidad ha sido concertar y evaluar dinámicas sociales y económicas de la población y generar acercamiento y análisis para apoyar a quienes toman decisiones en la consecución de objetivos de desarrollo para todos.

Las ciudades intermedias son ciudades establecidas en el Plan K’atun 2032, fuera del área metropolitana, que luego se incluyeron en la Política Nacional de Competitividad 2018-2032, la cual delega en el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) el acompañamiento para desarrollar estos conglomerados.

En ese contexto, cinco de ellas se caracterizan por su población, como la Ciudad de Los Altos, que integra parte de Quetzaltenango y Totonicapán, y Las Verapaces, especialmente Cobán y los municipios aledaños. Se suma el esfuerzo que se hace en Guatemágica que abarca Retalhuleu, Mazatenango y Quetzaltenango; Oriente, con regiones de Zacapa y Chiquimula, y Huehuetenango y su conexión con Chiantla.

Luego están las ciudades portuarias, San José, con seis municipios de Escuintla, y Puerto Barrios, Izabal, que se extiende a Lívingston.

Para completar las nueve ciudades regionales, fuera del departamento de Guatemala, están dos turísticas: Petén, con Flores, y Panchoy, que incluye a Antigua Guatemala, en Sacatepéquez.

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De estas regiones, la que ha tenido mayor crecimiento es la de Las Verapaces, donde ha habido inversiones urbanas en centros comerciales en los últimos años, incluso con proyectos inmobiliarios verticales recientes, un cambio importante que en Cobán y municipios como San Pedro Carchá, San Juan Chamelco y Santa Cruz Verapaz.

Entre las ciudades con más potencial de inversión está Escuintla, que cuenta con una atención para el desarrollo de infraestructura industrial con la inversión que puede asentarse en esa región por las leyes aprobadas, sobre todo la de zonas francas, lo cual le da oportunidad de ser un corredor económico.

Todo apunta a que en esta región hay una estrategia clara de los alcaldes que integran el nodo para un ordenamiento territorial como el de Escuintla. Por su parte, Pronacom, del Ministerio de Economía, tiene la misión de atraer inversiones bajo la política Guatemala no se detiene del actual gobierno.

El tercer nodo con crecimiento es Puerto Barrios. Mientras que en Guatemágica, el Instituto de Recreación de los Trabajadores (Irtra) se constituye en “el imán” para inversiones turísticas.

La otra región que crece más que todo por tradición es la Ciudad de los Altos. La percepción ahí es que no hay una correspondencia clara de parte de las autoridades municipales. En tanto en Zacapa y Chiquimula, que integran la Ciudad de Oriente, y en el área de Huehuetenango, se mantienen problemas por falta de certeza jurídica, “son dos polos donde también hay temas de inseguridad y del crimen organizado. Las dos ciudades turísticas, Antigua y Flores, siguen afectadas por el impacto de la pandemia”, subraya Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el desarrollo (Fundesa).

Conectividad

La agenda de ciudades intermedias surgió como propuesta en el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) de 2016 denominado Acortemos la distancia al desarrollo, con el complemento “promoviendo ciudades intermedias”. En esa edición del evento se promovieron los nueve territorios identificados con potencial de convertirse en ciudades modelo, resilientes, inclusivas y competitivas. Se impulsó el desarrollo de 11 clústeres productivos con impacto en la generación de empleo.

En ese entonces se identificaron cuellos de botella que impiden el crecimiento de dichos sectores, bajo la iniciativa de Fundesa “Mejoremos Guate”, enfocada en la reducción de la pobreza por medio de la generación de empleo para más de 150 mil jóvenes que cada año se gradúan de diversificado.

El reto expuesto en esa instancia y que cinco años después no ha tenido mayores variantes es la conectividad entre esas ciudades intermedias, un proceso que se debería realizar en paralelo con el Plan Nacional de Infraestructura, el Plan Nacional de Logística y el Plan Nacional de Desarrollo Turístico.

En ese Enade se precisó un plan de ejecución de 10 años y un desembolso calculado en US$6 mil millones, para la conexión de estos polos de desarrollo, equivalentes al 10% del producto interno bruto.

Esa inversión debía ser destinada a planificar modelos alternativos para la construcción en infraestructura, por medio de la modalidad de alianzas público privadas o procesos fuera del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Nación.

Si bien la propuesta se socializó en el marco del Enade, no era una idea nueva, pues la iniciativa la trabajaban Fundesa y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) dos años antes. Prensa Libre intentó conversar con personeros de esta secretaría, pero no se obtuvo respuesta.

Sin huellas

En busca de información sobre la situación de la iniciativa, se consultó a Pronacom. Sin embargo, solo se pudo contar con la información colgada en el sitio web de la entidad, en el que se describe cada nodo y el objetivo de la institución de impulsar la productividad de aquellos, con la finalidad de generar mejores condiciones para su desarrollo económico y productivo.

“No hay estudio o datos evaluados, la evolución de las ciudades intermedias va principalmente por el tema del desarrollo del sector privado, de la identificación de una oportunidad de negocio y por eso se ve el desarrollo de centros comerciales innovadores. Servicios más relacionados en temas urbanos en áreas de Cobán, Quetzaltenango, Escuintla, más allá de la implementación de una estrategia del sector público. Es algo que se evidencia cuando uno circula en carretera, la falta de estructura vial, cobertura eléctrica, agua y saneamiento en el interior de la República en su conjunto sigue rezagado”, expone Ricardo Rodríguez, analista económico senior del Central American Business Intelligence (Cabi).

En la experiencia de sectores vinculados con el seguimiento a este plan de nación no hay interés en las políticas públicas, y menos recursos para impulsar su desarrollo. Uno de estos sectores es la Red Nacional de Grupos Gestores, que promueve las mesas regionales de competitividad.

Según este consorcio, establecido en Los Altos, la inversión llega por la dinámica económica de cada territorio. En Quetzaltenango se ha invertido en centros comerciales, que a su vez atraen otra dinámica, son procesos de inversión que, si resultaran de iniciativas de gobernadores y municipalidades podría mejorar la llegada de inversiones en 20 o 30%.

Como parte de las acciones que efectúan para impulsar el desarrollo regional identifican motores económicos por departamento. Para ello se han reunido con viceministros de Economía, Agricultura y el subsecretario de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) para buscar ampliar esos proyectos y haya más infraestructura productiva en los territorios, como el financiamiento de infraestructura turística.

“Son esfuerzos escasos que dentro de los territorios se han venido empujando ante la Secretaría que, a nivel de gobierno, es la única que ha dado respuesta, luego de que el comisionado -Rolando Paiz-, fuera claro en que no hay gente, recursos, ni tiempo para atender este tema desde Pronacom. Es lamentable que no se impulse el desarrollo de competitividad en todas las regiones y se mantenga una centralización que sigue favoreciendo a la metrópoli”, indica Alejandro Arango, gerente general de la Red Nacional de Grupos Gestores.

De igual manera trabajan en una iniciativa para crear las direcciones municipales de desarrollo económico local, lo cual obligaría, con una modificación al código municipal, a que en todos los municipios existieran estas oficinas con rango de direcciones, que podrían contar con presupuesto para ejecutar. Pero de los 340 municipios, solo 39 la tienen.

Lo anterior deja ver que la mayoría de las administraciones municipalidades tampoco piensan en desarrollo económico. “Hay que trabajar mucha cultura con estos funcionarios para que entiendan que son actores clave en la promoción del desarrollo económico y la competitividad de su territorio”, expone Arango.

En Occidente, dice, se impulsa el proyecto Centro para las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en un terreno del Ministerio de Economía, pero por cuestiones burocráticas está varado. El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) tienen los fondos, según indican. Ya están los planos, pero no se puede avanzar en la construcción.

Uno de los cuellos de botella es la falta de inversión en infraestructura. Por ejemplo, en Salcajá, que cuenta con un plan de ordenamiento territorial, se querían establecer sistemas de centros de llamadas, pero no hay buena red de internet. Y en Quetzaltenango está el problema de la energía eléctrica, que desincentiva a esta industria a la que se le dificulta instalarse ahí.

Oferta laboral

La limitación para que los sistemas de Contac Center & BPO se instalen en los territorios es que para generar empleo deben contar con ciertos requisitos y uno es una óptima y estable infraestructura de electricidad que no se caiga a cualquier hora, así como una conexión de wifi de alta gama que permita conectarse en segundos y navegar en 3G y 4G. De igual manera, contar con una buena infraestructura vial que permita el acceso a un aeropuerto cercano en poco tiempo.

Sin infraestructura es difícil llevar ese tipo de desarrollo a las ciudades secundarias. De igual forma, se requiere recurso humano capacitado en inglés como base para que un proyecto crezca en cualquier departamento, municipio o aldea. Se requiere inversión municipal y del gobierno central, como se les presentó a los alcaldes en un taller específico para el efecto, expone Ninoshka Linde, presidenta de la unidad de CC&PBO de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

No obstante, la pandemia dio un giro para la industria que le ha permitido a muchos jóvenes trabajar desde sus casas. Así se logró llegar con becas de aprendizaje a diversos departamentos con clases virtuales. Algunas industrias migraron totalmente al teletrabajo y otras en 80%. Cuando muchos regresaron a sus lugares de origen como Melchor de Mencos, por ejemplo, empezaron a trabajar con más jóvenes de esos lugares, pues al ser referidos por sus compañeros se observó el potencial en la provincia. Las autoridades ediles actuaron para apoyar y aprovechar esas oportunidades, demostraron que es posible el desarrollo al invertir en generar condiciones precisas, indica Linde.

Si bien la industria en esta nueva era no requiere de un edificio moderno en cada lugar, dice, es preciso contar con infraestructura local, pues no tener las condiciones propicias afecta a los productores que exportan, por la tardanza, el manejo de los productos y el precio por los costos, lo que les resta competitividad.

Con la modalidad de trabajo en casa, el 62% de empresas asociadas a la Agexport contrata personal en Escuintla y Chimaltenango, principalmente. Cada año, 360,180 jóvenes se gradúan y se suman a la demanda de trabajo y se generan alrededor de 2,500 empleos formales, en gran parte, del sector público. Sin embargo, el CC&BPO tiene capacidad para generar cien mil empleos si se tuviera capital humano con inglés básico.

Según datos del sector, esa industria creó 11,952 empleos en 2020; principalmente para jóvenes de 18 a 24 años. Por cada empleo, se crea 1.5 adicionales, la mayoría para gente joven que vive con su progenitora y hermanos, por lo general.

En los nueve nodos, el promedio de la población en edad de producir, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística al 2021, se mantiene en 61.65% —3.2 millones de habitantes—, en el que predominan las mujeres.

Bono demográfico

Cabe recordar que, aunque se cuenta con un bono demográfico, muchos jóvenes carecen de conocimientos en diferentes áreas. Los jóvenes apuestan a la formación técnica, carreras cortas que les permitan aprovechar sus conocimientos para producir. Las personas entre 18 y 27 años requieren ingresos. Y, “si no hay inversión nacional ni extranjera vamos a continuar viendo el fenómeno migratorio de niños no acompañados, profesionales jóvenes que optan por buscar maestrías y doctorados fuera del país y espacios de trabajo que aquí no tienen”, subraya Jahir Dabroy, coordinador del área de estudios políticos de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

Una encuesta de opinión realizada a jóvenes de los cuatro puntos cardinales del país y la región central, de 18 a 27 años, encontró, entre otros resultados, que aparte de que no hay suficiente oferta de empleos, la juventud percibe que la mayor parte de empleos públicos y en el sector privado se otorgan por medio de mecanismos clientelares. Además, valoran el empleo de medio tiempo, que está nuevamente en vigor. Demandan actividades de economía creativa y generación de aplicaciones informáticas. De igual manera visualizan la necesidad de actividades económicas socialmente responsables con el medioambiente.

La dificultad es la baja tasa de escolaridad; es decir, no es un recurso humano altamente atractivo, sobre todo para la inversión extranjera, que ha decaído en los últimos años. Estos jóvenes aprecian mucho la educación técnica, por lo que aprecian al Intecap. “Ellos quisieran ese tipo de capacitación con becas del Estado porque la mayoría como los del sur no tienen para pagarse los estudios. Pero si quieren emplearse, el costo de transporte a la capital, que es donde perciben mejores oportunidades, se vuelve una limitante, pues no hay trabajo en los territorios porque todo está centralizado”, expone Dabroy.

Se visualiza que las ciudades intermedias han atraído población por migración, como en el caso de la ciudad de Guatemala, donde buena parte de sus habitantes migró y sigue migrando de la provincia. De hecho, se estima que la población del área metropolitana crecerá a cinco millones de habitantes en los próximos 20 años. Algo que se evidencia con los más de 200 proyectos de infraestructura privada entre vivienda y comercio, todos verticales, lo que contribuye con que los servicios sean más baratos.

En la ciudad de Guatemala residen cerca de 1.8 millones de personas y 1.7 millones ingresan cada día de las periferias. “Guatemala está viviendo el fenómeno mundial de crecimiento de la población urbana. Estudios revelan que para 2050, el 75 por ciento de la población mundial, vivirá en grandes ciudades”, comenta Ana Cecilia Paz, directora comercial de CBC (Capital Buró Developments), desarrollador del proyecto habitacional Cendana que tiene lugar en la “Nueva Nueve” (zona 9), uno de los Polos de Oportunidad identificados en la metrópoli por la comuna capitalina.

En la zona 6 se construyó el primer proyecto piloto de Módulos Urbanos de Vivienda Sostenible (Muvi) para que la gente no viva fuera de la ciudad, sino en el centro, por lo que el desplazamiento es menor.
Se necesita desarrollar lo que en Europa llaman ciudades de 20 minutos, donde el desplazamiento de las personas sea menor a ese tiempo para ir a trabajar, a la escuela o lugares de recreo. Esa es la estrategia del alcalde de la capital. “Se observa como cada vez, en las zonas 5, 8, 11 y 12, donde antes había solo casas, ahora se levantan edificios residenciales, torres de apartamentos. Hay una transformación de la vivienda urbana hacia la vivienda vertical, lo cual se necesita en todas las ciudades intermedias”, indica Zapata.

El objetivo central surge en reconocer que Guatemala está en una senda de crecimiento de población muy fuerte. Para 2025, la población de esta ciudad aumentará 1.8 millones, con una población muy joven. “Sin hacer nada, se garantiza un crecimiento económico decente para los próximos 10 años. Pero si no se garantiza las mínimas condiciones de habitabilidad, de generación de oportunidades económicas y garantizar una vida digna, lo que se genera es perpetuar el modelo actual, basado en enviar personas a Estados Unidos y que vengan las remesas”, reflexiona Rodríguez.

¿Avances?

El promedio de construcción de carreteras en el 2012 era de 200 kilómetros por año. En el último año del gobierno de Jimmy Morales se perdieron los de ese periodo. Los kilómetros se pierden por diferentes causas: descuido de la infraestructura o falta de mantenimiento, y con el paso del tiempo se destruyen y se convierten en áreas propicias para invasiones.

El mecanismo de inversión de infraestructura vial no funciona. Guatemala es el país de América Latina con las peores carreteras y con el menor número de kilómetros de carretera por habitante. De ahí la importancia de la ley de infraestructura vial. Se puede mejorar la forma de contratación de obra pública, y el ejemplo se tiene con la ley de electrificación que modernizó y eficientizó este servicio, comenta Zapata.

A su criterio, “el carro va más lento de lo que uno esperaría”. El covid-19 paralizó la velocidad de la construcción, empezando por el municipio de Guatemala y luego otras ciudades intermedias. Las medidas del gobierno limitaron la capacidad productiva de mucha gente y de muchos trabajos. Ciertamente la actividad continúa con algunas limitantes por el aforo vigente, algo que mejorará poco a poco, en la medida en que la gente se vacune y proteja su salud.

Por otro lado, hay iniciativas en la estrategia de las ciudades intermedias, como la Ley de infraestructura vial, necesaria para la construcción de nuevas carreteras y la modernización de las actuales, pues si no hay vías eficientes para las ciudades no funcionará la estrategia. Es una ley que está pendiente del tercer debate en el Congreso.

Ese es un ejemplo de que el factor político impacta en los objetivos de desarrollo como la diferencia que destaca Zapata entre la dinámica del alcalde de Escuintla, que busca cómo desarrollar su localidad, con el de Quetzaltenango, que no facilita los procesos de inversión “colocando cuellos de botella” con procesos burocráticos.

Según el Índice de Competitividad Local de Fundesa de los nueve nodos, Cobán es el que más ha crecido al pasar de 37.80 a 38.50. El área metropolitana, pasó de 72.05 a 72.79; algo positivo, expresa Zapata.

La ventaja actual es que el proyecto Guatemala no se detiene, con puntos comunes en capital humano, certeza jurídica, sectores exportadores e infraestructura, que empezó como alianza pública privada y se firmó un convenio interinstitucional, ahora es una hoja de ruta para generar esos acuerdos de largo plazo.

Cómo involucrar al Congreso es la gran pregunta, expone Zapata. La iniciativa 5506 que daría luz verde a la construcción de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal está pendiente de aprobación, pero ya está de vuelta en la agenda del pleno, indica Erick Uribio, director interino de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie).

A pesar de que inicia en el entronque del ingreso a Escuintla hasta Puerto Quetzal, San José, es un proyecto que ha promovido el desarrollo industrial inmobiliario y más ahora, con la aprobación de la Ley de Zonas Francas. A eso se suma que se desarrolla el aeropuerto de carga en conjunto con otros dos proyectos en temas de movilización de energía eléctrica. Es un capitalizador para el desarrollo de toda la zona, indica el directivo de Anadie.

La desventaja para Guatemala no se prepara para cuando la pirámide poblacional se invierta. El gran desafío planteado entonces, es que, si no se logra hacer cambios dentro de las poblaciones de esos territorios para preparar a las ciudades se va a incrementar el tráfico, la violencia, marginación de personas que habitan en áreas no aptas para la vivienda, en barrancos, laderas, lo cual es inhumano.

Para nuestro medio, una ciudad pequeña puede ser hasta de 20 mil habitantes, una ciudad mediana hasta 100 mil habitantes y una ciudad grande se considera de más de 100 mil. Únicamente el área metropolitana de Guatemala (AMG) tiene ciudades de más de medio millón de habitantes, que en su conurbación se estima con más de tres millones de habitantes, convirtiéndose en el núcleo urbano más grande de Centroamérica. En el resto del país se pueden contabilizar al menos 28 ciudades con población mayor a los 100 mil habitantes (principalmente cabeceras departamentales y algunas ciudades emergentes), y la gran mayoría de ciudades de nuestro país son menores a los 100 mil, por lo que se puede afirmar que las pequeñas y medianas juegan un papel intermediario en su territorio, y además cuentan con el potencial de diálogo en el sistema nacional o regional, entre las fuerzas del territorio, ya sean políticas, económicas, ambientales, culturales, sociales y/o humanas. Estas ciudades pequeñas y medianas se definen más por la relación generada con su medioambiente y por el concepto de intermediación que pueden o quieren desarrollar.

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Evolución

Las ciudades intermedias de Guatemala han sido tema de estudio de diversas instituciones y organizaciones. Por ejemplo, el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (Ceur– Usac); el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) y La Fundación Nacional para el Desarrollo (Fundesa). En dichas publicaciones se caracterizan las ciudades intermedias por su acelerado crecimiento en población urbana, en el desarrollo inmobiliario de centros comerciales y proyectos habitacionales, y la brecha en la cobertura de servicios básicos, equipamiento e infraestructura pública, el crecimiento desordenado, la sustitución de suelo agrícola y forestal por suelo urbanizado, la falta de regulaciones y la ocupación de zonas de riesgo. El impacto de este crecimiento desordenado ha sido la ocupación del sistema de cuencas y subcuencas, deforestando y ocupando terrenos no aptos para la habitabilidad, con efecto aumentado en los fenómenos hidrometereológicos que impactan en comunidades con vulnerabilidad a inundaciones, deslizamientos y lahares, entre otros.

Ante este fenómeno, la gestión y capacidad de los gobiernos municipales se ve sobrepasadas por la demanda de servicios básicos, especialmente con preocupación en la dotación de drenajes y recolección de desechos sólidos. La amenaza del cambio climático en Guatemala se produce en un contexto de alta vulnerabilidad y construcción social del riesgo asociados con graves índices de pobreza, precariedad en áreas urbanas y rurales y débil institucionalidad. Esto significa que el cambio climático es una variable más que se suma a la situación de exclusión social que caracteriza al país.

Desarrollo

Los modelos de desarrollo deben responder a lógicas y necesidades locales que incorporen factores basados en las características de cada territorio y en las necesidades reales de las personas que los habitan.

Una deconstrucción de procesos dominantes para generar desarrollos alternativos (comercio justo, consumo local y responsable, banca ética, cooperativas de ahorro-crédito y vivienda). En una democracia, el mejor indicador de éxito es un desarrollo que no se mide en el PIB ni en el número de centros comerciales, sino en la prosperidad compartida.

Las ciudades intermediarias son clave para el papel de intermediación basado en diálogo y desarrollo en un nivel horizontal, a través de la cooperación ciudad-ciudad, particularmente tratándose de cooperación sur-sur, norte-sur y triangular, con el objetivo de compartir conocimiento, aprendizaje, innovación y buenas prácticas.

Juegan un papel de intermediación clave en el diálogo en las jerarquías de gobernanza, a nivel nacional, regional y local, reforzando el potencial de apoyo mutuo y acuerdos ganar-ganar con gobiernos regionales y nacionales, sobre todo para las políticas de resiliencia, y en especial para las regiones más expuestas a riesgos de desastres, y donde el impacto climático es el más evidente.

Metrópoli de los altos

El territorio de Los Altos gira en torno a la incidencia que tiene el municipio y la ciudad de Quetzaltenango. Su importancia como segunda ciudad del país reside en la prestación de servicios, públicos y privados, y que se consolida como un centro de atracción regional. De igual importancia son las relaciones económicas que se tienen con ciudades del sureste de México, principalmente con Tapachula. Los sectores comerciales, de construcción y educativo siguen en crecimiento, dando como resultado un proceso de conurbación y aglomeración urbana con Salcajá, Olintepeque, La Esperanza y San Mateo, asumiendo, a la vez, la categoría de ciudad intermedia.

Este proceso tiene como resultado una franja enorme de territorio caracterizado como periurbano. La característica principal de ese territorio es la complejidad de sus dinámicas, interacciones y tendencias actuales.

El autor es arquitecto urbanista

Se actualizaron los marcos legales de la electricidad y telecomunicaciones para lograr competencia y eficiencia en ambos sectores. La apertura económica y la inversión lograron la generación de más empleos y crecimiento económico. Se podría afirmar que Guatemala se encaminaba a la senda del desarrollo.

Lamentablemente, durante los siguientes 20 años no se continuó con esta dinámica. El gobierno del FRG se concentró en cooptar la institucionalidad y llevar a su candidato a la presidencia. Luego, cuando ganó la alianza Gana, tuvo dificultad para rescatar la gobernabilidad provocada por el antecesor. Pese a ello mejoraron los índices de salud y educación, bajó la pobreza y se invirtió en infraestructura.

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Estado grande incumple con servicio público

También se trabajó en la recuperación de la seguridad ciudadana y en ganarse de nuevo la confianza de la población. De hecho, el 2007 es recordado como récord en el crecimiento económico (6.3%) en la era democrática. Luego el gobierno de la UNE buscó perpetuarse en el poder con los programas clientelares como Cohesión Social. El país llegó a tener en el 2009 la tasa de homicidios más alta de nuestra historia (45.4 por cien mil habitantes).

Lejos de seguir modernizando los servicios e ir adaptando la institucionalidad a los requerimientos del mundo, desviaron recursos para asegurar la próxima elección, mantenerse en el poder y hacerse de riqueza.

El Partido Patriota, con un discurso anticorrupción, generación de más empleos y brindar seguridad, durante los primeros años consiguió recuperar la economía, mejorar la seguridad y trató de introducir cambios en los sistemas sociales, pero la ambición de poder y lujos llevaron al país a una de las épocas de mayor corrupción de la historia. Los guatemaltecos, indignados por los incesantes escándalos de corrupción, respaldaron la persecución penal y dimisión del presidente y la vicepresidenta.

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Omisiones, privilegios y representatividad

En el 2016 se visualizaba una época de cambio, los guatemaltecos buscaban “la nueva política”. El gobierno de FCN-Nación capitalizó ese anhelo; sin embargo, llegó con muchos inexpertos e incapaces de fortalecer y transformar las instituciones. Los sindicatos públicos, con sus pactos colectivos y privilegios, dominaban al Gobierno y resultaban un obstáculo para mejorar los servicios. Ejecutar recursos se convirtió en una tarea titánica. Un gobierno que se dedicó a defenderse de quienes pretendían usurparle el poder y enfrentar a una Corte de Constitucionalidad convertida en rectora de los asuntos económicos, internacionales, políticos, legislativos, mas no en defensa del orden constitucional.

Llegó el gobierno del partido Vamos y el primer desafío que encontró apenas al tomar posesión fue la pandemia. El 2020 resultó difícil no solo para Guatemala, sino para el mundo. Muchas personas han muerto y a pesar de que se desarrollaron las vacunas persisten distintas cepas que tienen otro alcance. Aquí es donde se devela la disfuncionalidad del modelo de gobierno, una gestión pública obsoleta e inservible, sin sistemas de información, logística y control.

Lo clave en este punto es cambiar la ruta para transformar el destino de Guatemala en beneficio de sus habitantes. El Cien ve una ventana de oportunidad para realizar reformas que permitan la modernización del país. El año pasado, en julio, a raíz de la pandemia, se trabajó una propuesta que incluye recomendaciones de corto, mediano y largo plazo en los temas de Salud y Nutrición, Educación y Tecnología, Economía e Infraestructura, Seguridad Ciudadana y Justicia Criminal, así como reformas necesarias de la Gestión Pública: Servicio Civil, Adquisiciones Públicas, Contraloría de Cuentas y Presupuesto.

La vía

Para implementar con éxito los cambios es necesario trabajar un eje horizontal: la transformación hacia un gobierno digital. Utilizar las tecnologías de la información y comunicación como herramienta para mejorar los servicios públicos es indispensable. Además de diseñar una hoja de ruta con colaboración de distintos sectores, deben concretarse las acciones prioritarias: identidad digital, datos abiertos, acceso a internet, capacitación para los ciudadanos, mejora de procedimientos y colocación del usuario en el centro de los cambios que se realicen.

Para lograr eficiencia y transparencia se requiere, además de voluntad política, cambiar la gestión pública. Sobre todo, los trámites deben reducirse y los procesos deben rediseñarse para facilitar los servicios públicos a los guatemaltecos. El cambio debe abarcar prioridades como actualizar los sistemas administrativos del Gobierno: abordar el Presupuesto General de forma integral, hacer eficiente el sistema de adquisiciones públicas, modernizar la Contraloría General de Cuentas y fundar el Servicio Civil con base en el mérito y la excelencia. Este último requerirá una revisión profunda de los pactos colectivos en el sector público.

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El camino está en la idoneidad y probidad

En el área de salud, utilizar la transformación digital sería como la orientación y reingeniería que requiere el Ministerio de Salud, pues urge definir canastas de atención estratificadas con sus respectivas plataformas de entrega de estos servicios. En educación se debe contar con una estrategia de mejora de la educación con el uso de las nuevas tecnologías, incluyendo la capacitación de los docentes y al mismo tiempo fortalecer a los directores de centro y las organizaciones de padres de familia.

En economía, debe alinearse la política fiscal, monetaria y comercial para crear condiciones que faciliten la atracción de inversión y creación de empleo. Asimismo, asegurar una mayor flexibilidad en el mercado laboral es fundamental para apoyar la conservación de puestos de trabajo. Respecto de seguridad ciudadana, será definir una estrategia para la Policía Nacional Civil que permita prevenir delitos, aprovechar la tecnología para contar con datos y realizar análisis oportunos. Debe contarse con un plan para construir nueva infraestructura en el sistema penitenciario e ir cambiando el modelo de gestión. Es importante mejorar la coordinación interinstitucional del sistema de justicia criminal, superar los cuellos de botella y usar la tecnología. Urgente elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de Apelaciones.

Es momento de trabajar juntos y unidos por una Guatemala mejor. Se debe aprovechar la tecnología de futuro, aprendiendo de la sabiduría del pasado, para co-crear un presente en armonía buscando el bienestar de todos.

***

María del Carmen Aceña es vicepresidenta del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

A diario surgen procesos en los que las víctimas esperan que la justicia llegue pronto, pero también hay hacinamiento en las cárceles y personas que mueren en prisión preventiva sin haberse llegado a probar su culpabilidad.

La falta de voluntad política para mejorar el sistema de justicia ha sido evidente en los últimos años. Por ejemplo, desde el 13 de octubre de 2019 el Congreso  debió elegir nuevos magistrados para  la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de Apelaciones, pero dicha tarea ha quedado relegada en la agenda legislativa, pese a que según la Constitución el período para ejercer sus funciones es de cinco años, aunque pueden ser reelectos.

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Los delitos de violencia contra la mujer son los más denunciados, pero la ley que los penaliza tiene debilidades

Otro problema que mina la credibilidad en el sistema son los numerosos señalamientos de corrupción  dentro del Organismo Judicial. En los últimos años, el Ministerio Público ha presentado solicitudes de retiro de inmunidad para al menos 36 operadores de justicia, entre jueces y magistrados, sospechosos de desvirtuar sus funciones con fines particulares.

Luis Fernández Molina, exmagistrado de la CSJ, comentó que esta situación debe encender las alertas y motivar a reevaluar los procedimientos actuales de selección de magistrados.

“Se le debe dar prioridad a la meritocracia y al conocimiento, más que a los favoritismos”, puntualiza.

Según el profesional del Derecho, las universidades deberían incluir en la licenciatura de  Ciencias Jurídicas una especialización para las personas que quieran desempeñar un cargo en el Organismo Judicial. Actualmente existe la Escuela de Estudios Judiciales del OJ, pero no se imparte el contenido mínimo necesario.
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“Deben hacerse exámenes y pruebas académicas específicas para jueces, y los que obtengan mejores resultados ser seleccionados. Hoy, por la situación económica y habiendo tantos abogados, la función judicial, más que una vocación, es una opción laboral. Si no hay trabajo algunos prefieren laborar ‘aunque sea de juez’. Y no tiene nada de malo querer ser juez, pero debería haber una especialización de formación básica”, sostiene el entrevistado.

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Otras fallas

Parte de las deficiencias del sistema  fueron diagnosticadas en el Segundo Informe del Observatorio de Justicia Penal del 2020, que analizó una muestra de 381 expedientes concluidos en 2017 por delitos contenidos en la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, la Ley contra la Corrupción y la Ley contra el Crimen Organizado.

Entre los hallazgos se detalla que, en promedio, los procesos penales duran 817 días desde que ingresan a los juzgados hasta que se concluyen. Esto excede los límites que establece el Código Procesal Penal —251 días máximo, si el sindicado está en prisión preventiva, o 351 si goza de medida sustitutiva—.

Diversos factores pueden retrasar un proceso penal. Desde la multiplicidad de acciones legales que interponen las partes involucradas hasta la recurrente suspensión de audiencias en juzgados y tribunales.

En ese sentido, el Observatorio evaluó las razones por las que se cancelaban las diligencias. En el 33 por ciento de los casos se debe a la ausencia del sindicado;  10 por ciento, a que no llegan los fiscales del Ministerio Público; en el 8 por ciento no se presenta el defensor público, y el 9 por ciento es por  falta de un  abogado  particular. El resto de las razones es por falta del juez, fallas técnicas y otros motivos no especificados.

Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), hace ver que en los últimos años se ha optado por la estrategia de crear más juzgados y aumentar el número de operadores de justicia, pero eso no ha resuelto el problema de fondo, que es agilizar los procesos penales.

A criterio del analista, una de las soluciones podría ser crear más medidas desjudicializadoras. Esto implica analizar qué casos  son de menor impacto o  complejidad, para que puedan ser resueltos con rapidez. Asimismo, dedicar un cierto número de judicaturas para que evalúen  cuáles son las salidas más ágiles, lo cual liberaría  a los juzgados y tribunales ordinarios para procesar los casos de alto impacto, indica.

Samayoa hace énfasis en que no hay que perder de vista que el Derecho Penal ha sido un instrumento de impunidad en el país y eso “nos ha atado a modelos que generan mora judicial, hacinamiento en prisiones y falta de soluciones rápidas para las víctimas”.

“La misma deficiencia del propio sistema, la impunidad y la corrupción que rodea al sistema de justicia penal hace que cualquier reforma legal fracase a la hora de llegar a la práctica. Las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, por ejemplo, entraron en un paquete de reformas al sistema de justicia que se impulsaron a partir de 2015, pero a la hora de implementarse se toparon con malas prácticas y  esquemas burocráticos que interrumpen cualquier buen modelo de gestión”, remarca Samayoa.

Por su parte, el analista David Gaytán ve las soluciones desde otra perspectiva. Considera que sí hay una carencia de juzgados en materia penal y eso es una de las causas más relevantes del problema.

Pero, además, estima que el OJ debe encargarse de resolver problemas logísticos que obligan en múltiples ocasiones a la suspensión de audiencias. “Si se suspenden muchas audiencias es porque los jueces no tienen sala. Es necesario que para que los jueces administren justicia esto  mejore. Si no hay equipo y no se cuenta con infraestructura necesaria, se complica el trabajo”, afirma Gaytán.

Según el Observatorio de Justicia Penal, la suspensión de las audiencias tiene diversas repercusiones. En principio, se extiende el tiempo que durarán los procesos. A su ves, el hacinamiento carcelario aumenta los costos del servicio judicial y hace que se pierda la credibilidad en el sistema.

A lo anterior hay que sumar el uso excesivo de la prisión preventiva por parte del Ministerio Público y los jueces, como medida para retener a una persona durante el proceso penal. “La prisión preventiva debería ser la excepción, pero se ha convertido en la regla. Eso es preocupante porque congestiona el sistema penitenciario y resulta en una violación de los derechos humanos. Es uno de los grandes problemas por abordar en el sistema penal”, precisa Gaytán.

Esta situación podría solventarse con la utilización de tobilleras o brazaletes electrónicos que garantizarían el rastreo de la ubicación de una persona sindicada. Aunque ya se aprobó una ley que contempla el uso del dispositivo, todavía no se ha implementado.

Samayoa comparte esta postura y considera que hace falta una institucionalidad que permita dar seguimiento y control al cumplimiento de medidas distintas a la prisión preventiva, para que haya garantía de que la persona no se va a dar a la fuga y habrá un efectivo control para que las demás instituciones cumplan con lo que el juez ordene dentro del proceso.

Mora

José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional (MCN), expresa que hay diversos problemas que se deben abordar al momento de discutir mejoras para agilizar el sistema de justicia. Algunos de estos se relacionan con la gestión del despacho.

“En los próximos años vamos a ver un incremento fuerte de mora judicial derivado de la pandemia y del cierre temporal en algunos juzgados. Eso, en gran medida, responde a un sistema judicial de gestión poco eficiente y muy poco modernizado. Hay temas que son sencillos, como decretos, o notificaciones que emiten distintos juzgados que son sencillos y tardan meses, si no es que años, en realizarse”, subraya Echeverría.

En ese sentido, una digitalización de las notificaciones podría agilizar el sistema y acelerar procesos que llevan varados años. Además es preciso considerar que la falta de un sistema judicial eficiente viola el derecho de acceso a la justicia de víctimas, sindicados y de la ciudadanía en general.

“La justicia retrasada es igual a que si no hubiera justicia. El daño  que causa es muy  amplio”, concluye Echeverría.

De tal cuenta, la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones estatales se ha deteriorado, al igual que el buen funcionamiento de estas. La corrupción ha permeado en todos los niveles y muchos empleados públicos han tenido que responder ante los tribunales de justicia por desviar dinero público para fines personales, desde presidentes de la República hasta mandos operativos.

El gobierno del presidente Alejandro Giammattei, que prometía combatir la corrupción desde la raíz, ha dejado de brazos cruzados a la población. En abril pasado, el Ministerio Público solicitó cinco órdenes de captura contra funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social  por procesos de compras sobrevaloradas en plena crisis sanitaria provocada por la pandemia.

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Según expertos, los señalamientos que los interpelantes han hecho públicos podrían tener repercusiones de magnitud por la aparente comisión de delitos.

Aunado a ello, es común la creencia entre los guatemaltecos de que a las instituciones públicas no se ingresa por capacidad, sino por “cuello”. Ello ha causado que la administración pública no represente a todos los sectores sociales.

Según la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), en el Organismo Ejecutivo hay 233 mil empleados públicos, y de estos 61.35 por ciento se identifican como ladinos, mientras que solo el 14 por ciento se consideran mayas, garífunas o xincas, pese a que estos últimos tres pueblos representan el 44 por ciento de los habitantes, según estadísticas del XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda.

De tal cuenta, uno de los retos de la administración pública es lograr la contratación de profesionales idóneos y que el gobierno sea dirigido por personas que representen a la población en su conjunto.
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La solución

Mucho se ha discutido de la necesidad de reformar la Ley de Servicio Civil para mejorar la administración pública, pero para Luis Linares, investigador en el área laboral de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), la solución no pasa por cambiar la normativa, sino porque los gobiernos, empezando por el mandatario, tengan la voluntad política para hacerla valer.

“Como sucede en Guatemala en muchos ámbitos, el problema no son leyes sino su aplicación. Se habla de una reforma de servicio civil sin argumentos sólidos. Unos hablan de su antigüedad —la ley se emitió en 1968— y que tiene deficiencias, pero la realidad es que la ley asegura los procedimientos para la selección de servidores públicos mediante concursos y con base a méritos, sin embargo, no se cumplen”, opina el experto.

A criterio de Linares, esta falta de voluntad se debe a que hay un interés en seguir viendo al Estado y sus instituciones como “un botín, como un sistema clientelar para satisfacer intereses particulares”.

Linares explica que gran parte de los problemas en el servicio civil ocurrieron luego de que en 1998 se reformara el artículo 16 del reglamento de la ley, el cual facultó a los ministerios para realizar el proceso de preselección de candidatos a un cargo público.

Anteriormente, esto era función de la Onsec exclusivamente, que enviaba una terna de elegibles a las instituciones. Con este proceso se garantizaba la contratación de empleados públicos idóneos, explica Linares.

Así pues, si hubiera que hacer una reforma, debería ser  al reglamento para retrotraer la norma a cómo se encontraba, comenta el experto.

Repercusiones

La contratación de servidores públicos idóneos impacta en las capacidades del Estado para mejorar la calidad de las políticas públicas, la prestación de servicios públicos esenciales y la adecuada gestión de recursos, explica Fernando Spross, investigador de la  Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

En otras palabras, comenta Spross, en la medida que Guatemala tenga mejores funcionarios públicos puede aspirar a tener mejoras en sus indicadores sociales, los cuales han encendido las alarmas en los últimos años.

“Una de las características de nuestro sistema de servicio civil es la cultura de  politización en la designación de los empleados públicos, así como la arbitrariedad y falta de transparencia en los procesos, lo cual impide que el sistema funcione de acuerdo a ciertos criterios y principios como la contratación en base al mérito, privilegiar la eficiencia sobre la antigüedad, sistematizar procesos de evaluación del desempeño, tener una estructura de compensaciones que promuevan la productividad laboral, establecimiento de una carrera administrativa generalizada, entre otros”, comenta el investigador.

A su consideración, la reforma puede ser una vía para solucionar algunos problemas, pero no es  la única.

“Solventar el problema no tiene una solución única, pero se puede iniciar impulsando una reforma integral al sistema del empleo público que promueva su funcionamiento en torno a estos criterios mencionados anteriormente, mediante la implementación de un nuevo modelo de Sistema Integrado de Servicio Civil.  Para una eventual reforma, es importante tomar como referencia la legislación existente —que tiene aspectos positivos— y los sistemas internacionales —buenas prácticas—”, dijo.

Agregó: “En ese sentido, es necesario apuntar hacia la Onsec, ya que de acuerdo con algunos diagnósticos realizados padece de debilidad en sus prácticas de planificación y conducción estratégica. Para mejorarla, es necesario convertirla en un ente rector con independencia funcional y técnica, que se independiente de otros entes de poder público”.

“Se requiere la introducción de conceptos como la meritocracia, fortalecimiento de la carrera administrativa, creación del sistema de directores públicos para dar continuidad a las políticas públicas, creación de condiciones que privilegien la eficiencia sobre la antigüedad, y procesos efectivos de evaluación de desempeño, además de desarrollar un sistema informático integral de recursos humanos”, afirmó.

Por su parte, Geidy de Matta, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), considera que la reforma a la Ley de Servicio Civil es un aspecto para considerar, pero no solo eso resolverá el problema, ya que detrás de todo también hay una cultura que constantemente busca cómo utilizar el Estado para satisfacer fines clientelares.

“La Onsec debe agilizar la construcción de los perfiles para optar a los cargos. Se necesita generar un cambio en la cultura de la sociedad, para que la cosa pública se administre con eficacia y exista rendición de cuentas. Todo esto ayudaría a la construcción de cuadros”, afirmó la experta.

La investigadora explica que se necesita fortalecer a las instituciones, pero para ello no solo se necesita de recursos financieros, sino de equipos técnicos que tengan trayectoria y con probidad demostrada.

“El clientelismo afecta porque cede a intereses particulares. Y esto siempre ha existido. Reformar la ley es importante pero no resuelve la totalidad del problema. Es necesario generar incentivos para cambiar la cultura política y evitar compadrazgos”, dijo.

Postura

Karla Gómez, subdirectora de la Onsec, explicó que  la institución ha  identificado algunos problemas en la administración pública. Entre estas se encuentran las cláusulas inapropiadas de negociación colectiva en el sector público y detectar si hay reformas o regulación que debe cambiarse.

La funcionaria considera que antes de una reforma a la Ley de Servicio Civil se debe revisar qué tanto se aplica en conjunto con otras normas legales, profesionales y reglamentarias.

“De allí que al encontrarnos con el problema de la incorrecta  clasificación o de cláusulas inapropiadas en pactos colectivos de condiciones de trabajo producto de la negociación  en el sector público nos damos cuenta de que el problema va más allá de la ley y resolverlo es más complicado que cambiar una norma, puesto que pasa por la cultura, el tema salarial y la falta de homogeneidad existente entre mismos puestos de trabajo, entre otros aspectos”, manifestó Gómez.

Según su criterio, sí es necesario desconcentrar algunas acciones del proceso de reclutamiento de recursos humanos en el sector público.

“Esto permite más agilidad en el desarrollo de la dotación de personal. La Onsec aún tiene la responsabilidad final de revisar los procesos realizados por las entidades nominadoras, y sin su autorización final las acciones de personal no llegan a ser registradas”, expresó.

La subdirectora añadió que  la Onsec trabajará pronto en una política salarial del Organismo Ejecutivo. Por ello, sostiene que antes de hacer reformas legales, se debe revisar la aplicación de las normas de servicio civil en todos sus niveles. Para esto se deben verificar los procedimientos y los manuales que desarrolla la ley, como el del Empleo, el Sistema Informático de Administración de Recursos Humanos y el de Especificaciones de Clases de Puestos, por citar algunos ejemplos.

El ejemplo más reciente fue el Presupuesto 2021, que se aprobó el 18 de noviembre de 2020 de forma exprés y sin que la ciudadanía conociera su contenido, lo que condujo a que miles de guatemaltecos protestaran en la Plaza de la Constitución, cuyo efecto fue inmediato. El Congreso ya no envió al Ejecutivo la ley correspondiente, por lo cual no hay plan de gastos aprobado para este año y las autoridades han debido efectuar modificaciones presupuestarias.

Al igual que los otros dos organismos de Estado, el Legislativo no ha sido ajeno a los  actos de corrupción. En los últimos años el Ministerio Público ha revelado cómo diputados y directivos del Organismo Legislativo contratan  personal sin que cumpla con los requisitos establecidos o se otorgan plazas a personas que no se presentan a sus labores, en detrimento del erario.

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Esto cuesta al Estado el incumplimiento de contratos públicos

El actuar del Congreso también ha despertado preocupaciones en la comunidad internacional, por la omisión de sus responsabilidades legislativas. Por ejemplo, desde octubre del 2019 los congresistas debieron elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de Apelaciones, pero  se relegado en la agenda parlamentaria. Esta situación fue advertida por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la misión que envió al país en noviembre pasado, tras las manifestaciones ciudadanas por la aprobación opaca del Presupuesto, y exhortó a los diputados a agilizar la designación magistrados.

Tamaño del Congreso

Parte de los problemas del Legislativo se dan porque es visto como un botín por quienes aspiran a ocupar una curul para satisfacer intereses personales o de terceros. De esa cuenta, congresistas se han valido del derecho que tienen de contratar asesores para beneficiar a amistades o exdiputados que no lograron la reelección, opina Rubén Hidalgo, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep).
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“En líneas generales, el contrato de asesores, en un alto porcentaje, responde a intereses de amistades, compadrazgos e intereses de partido. Se tratar de proveer trabajo a simpatizantes, a un amigo especial del diputado o a un familiar que se le encargue a otra bancada. La figura del asesor, al igual que el papel de legislador, se ha ido debilitando en cada legislatura”, señaló.

Los 381 asesores asignados a diputados, bloques o comisiones legislativas en distintos renglones  pueden devengar entre Q10 mil y Q26 mil por sus servicios.

Según Hidalgo, el papel del asesor se ha desvirtuado, cuando en realidad desempeña un papel trascendental. “El asesor es importante porque no podemos pretender que los 160 diputados en el Congreso sean expertos en cada comisión que deben atender, a menos que fueran sobrehumanos con altas capacidades. Reconociendo esa debilidad es que se crea la figura del asesor, que debe responder con conocimiento académico a los temas que se discuten en el Congreso”.

Xiomara Conde, del sindicato de trabajadores del Congreso, dijo que en el 2016, antes de los cambios normativos, los trabajadores recibían un 10 por ciento de incremento anual sobre su salario, pero actualmente ya no se permite para aquellos que ganan más de Q29 mil, dijo.

Conde dijo que se han incrementado salarios en el renglón 022, ya que cuando una persona  contratada como asistente, por ejemplo, se gradúa, puede llegar a ganar Q18 mil. “Eso ha hecho que aumente el renglón 022”, señala.

Privilegios legislativos

En ese sentido, también es preciso destacar que hay trabajadores que ganan más que los  parlamentarios. Es el caso  del director de Protocolo,  contratado en el renglón 011 con un salario de Q65 mil 727.21, mientras que un diputado común gana Q24 mil 150. También  es superior al del presidente del Congreso, quien devenga Q44 mil 150 más Q12 mil en dietas por comisiones, bloques y junta directiva.

Otros funcionarios que reciben salarios altos son el encargado de Presupuesto, Q61 mil 360;  de bancos, Q61 mil 972; la asistente profesional administrativa, Q56 mil 011.64, y el técnico parlamentario II, del bloque Unión del Cambio Nacional (UCN),  Q53 mil 791.78.

Los privilegios legislativos alcanzan  la alimentación. Según el Sistema de Contabilidad Integrada Sicoin) del Ministerio de Finanzas, en las últimas dos legislaturas, del 2016 al 2021, el Congreso ha erogado en  alimentos   Q19 millones 663 mil 166.54.

Esto se suma a los ingresos ordinarios que tienen diputados y trabajadores. El portal de Finanzas indica que en el mismo período se gastaron Q7 millones 741 mil 759 en  viáticos, gastos conexos y reconocimiento de gastos, mientras que en  dietas para cargos representativos y gastos de representación en el interior y exterior el monto ejecutado en los últimos seis años es de Q191 millones 660 mil 208.62.

Nineth Montenegro, exdiputada, considera que uno de los problemas es que los pactos colectivos de condiciones de trabajo que se han aprobado no han buscado un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y el Estado. “No se fue haciendo el equilibrio y pronto los pactos colectivos eran inviables de concretar”, comenta.

A criterio de Montenegro, corresponde a la Procuraduría General de la Nación (PGN) analizar si los acuerdos entre patronos estatales y trabajadores violan  garantías constitucionales y si lesionan los intereses del Estado y del erario nacional. Sin embargo, históricamente, la PGN ha quedado al margen de las negociaciones.

“Cuando se va a discutir un pacto de condiciones de trabajo el que primero debe estar ahí, aparte del Ministerio de Trabajo y las partes afectadas -patrono y trabajador-, es la PGN. Si no hay opinión o dictamen de la PGN, entonces habrá un vacío técnico y no habrá sustento jurídico que garantice que el pacto colectivo sea suscrito en condiciones de viabilidad. Esto puede hacer que las instituciones quiebren sus finanzas”, opina la exlegisladora.

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Representatividad

Otro aspecto  que se ha discutido desde siempre es que el sistema político no permite que sectores  vulnerados, como pueblos indígenas y mujeres, estén representados en el Congreso.

De 1998 a la fecha se han presentado al menos ocho iniciativas de ley que promueven la inclusión de mujeres y pueblos indígenas en distintos espacios de poder, mediante métodos de alternancia que implican intercalar en una lista de  candidaturas a una mujer y  un hombre,  y lo mismo  con personas indígenas y no indígenas.

Montenegro, quien presentó una de las primeras iniciativas de paridad en 1997, recuerda que la propuesta fue  rechazada de manera rotunda y algunos diputados argumentaron que se violaba el principio de igualdad. Sin embargo, sostiene que no puede haberla en un sistema político que descarta la inclusión de ciertos sectores en espacios de toma de decisiones.

“En un país con poco acceso a educación y capacitación política se requiere que la persona que ocupe cargos de poder represente el liderazgo de la comunidad, los intereses más sentidos de la población que vive en marginalidad. Aquí no ha pasado eso. Se cree que es la persona que más títulos académicos tiene la que debe estar en puestos de poder. Ahí radica el fracaso histórico del sistema político guatemalteco”, agrega Montenegro.

Por su parte, Andrea Villagrán, una de las diputadas ponentes de la iniciativa de paridad que se presentó en marzo de este año, refiere que la intención es reformar el artículo 212 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos para garantizar la representatividad de mujeres y pueblos indígenas en diputaciones, corporaciones ediles, el Parlamento Centroamericano y el binomio presidencial.

Según datos del Tribunal Supremo Electoral, en Guatemala hay ocho millones 122 mil 561 personas empadronadas, de las cuales cuatro millones 368 mil 570 son mujeres y tres millones 753 mil 991,  hombres. La congresista expone que pese a ser mayoría, en la presente legislatura las mujeres solo ocupan el 30 de 160 curules.

Asimismo,  la iniciativa señala que   el porcentaje de legisladores indígenas ha sido inferior al 20 por ciento.

“La iniciativa de paridad fue trabajada con diferentes organizaciones de mujeres y es una demanda para garantizar el derecho estas en el espectro político. No son demandas de ahora, tienen historia. Mejorar la participación política de mujeres y garantizarles su derecho a participar es un compromiso de los Acuerdos de Paz ”, subraya Villagrán.

La SAT emprendió acciones en 2016 en apego a su Plan Estratégico. La Intendencia de Aduanas fortaleció el Departamento de Inteligencia Aduanera y la Unidad de Análisis de Riesgo y lo dotó de herramientas y recursos.

Con el intercambio de información con otros servicios aduaneros en el marco de Convenios y Tratados Internacionales se han detectado infracciones administrativas, tributarias y penales. Se han realizado solicitudes para obtener acceso a la información bancaria con orden judicial, y con ello se ha determinado que en el 100% de los casos analizados, la información declarada por importadores a la Administración Tributaria no coincide con los registros del sistema financiero en relación con las transferencias al comercio exterior, causando presunción de subvaluación de mercancías.

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Por qué el IGSS es un instrumento de solidaridad

Estos mecanismos han permitido presentar 236 denuncias del 2015 al 2021, por un monto de Q683 millones 846 mil 437.20, por falsificación de documentos, simulación de reexportaciones, sustracción de mercancías en aduanas, simulación de arribo de tránsitos y suplantación de identidad.

Enfocados en la gestión de riesgo, el porcentaje de verificación inmediata -selectivo rojo- a nivel nacional -despachos importación, exportación y tránsitos internos- ha sido más efectivo, pasando de 17.4% -nivel de acierto del 3.5%- en el 2015 a 8.7% -acierto del 8.9%- a abril de 2021. El porcentaje de selectivo de importaciones definitivas también disminuyó de 20.5% a 10.5% de abril 2015 a abril 2021, incrementando a su vez el nivel de acierto de 6.3% a 13.2% en el mismo período.

En 2017 se creó el Departamento Contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros, encargado de establecer políticas, estrategias y coordinaciones interinstitucionales para la mitigación y combate del comercio ilícito, dando seguimiento a los acuerdos alcanzados dentro del Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero (Coincon) y, a través de su órgano técnico-operativo, la Comisión contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera , realizan acciones para combatir estos ilícitos.

En los mecanismos operativos con alcance nacional, regional e internacional bajo coordinación del Coincon destacan: Grupo de Alto Nivel de Seguridad Guatemala–México, Grupo de Alto Nivel de Seguridad Guatemala–El Salvador; Fuerza de Tarea Interinstitucional Tecún Umán y Chortí; Comité Aduanero Centroamericano y la atención y participación en operativos coordinados por la Organización Mundial de Aduanas.

Entre estas acciones se incluyen operativos en ruta, aduanas, binacionales y regionales, inspección a comercios y participación en allanamientos bajo la coordinación del Ministerio Público. Igualmente, se han implementado estrategias que fortalecen el control en almacenes fiscales, depósitos aduaneros, Zonas Francas y Zonas de Libre de Industria y Comercio. Se han implementado metodologías de análisis a nivel interinstitucional para reaccionar a nuevos modus operandi de los grupos que se dedican al comercio ilícito.

Bajo ese esfuerzo, en el 2018 se aprobó la Política Nacional de Prevención y Combate de la Defraudación y el Contrabando Aduaneros 2018-2028, la cual contempla el abordaje de estos fenómenos mediante la implementación de 32 acciones que tienen como objeto promover la cultura tributaria, desarrollo económico y social en zonas fronterizas, mejorar la coordinación interinstitucional y disminuir los actos de corrupción y el nivel de discrecionalidad en la aplicación de la ley.

En el 2020 se conformó el Centro de Monitoreo de Marchamo Electrónico, que permite controlar la trazabilidad de los medios de transporte; se desarrolló una Estrategia de Comunicación que brinda información del avance de acciones que se realizan; se han impartido talleres de capacitación al personal de las entidades del Estado y talleres de concienciación a pobladores de áreas fronterizas.

Con cooperación público–privada y apoyo de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala se implementaron los Puestos de Control Interinstitucional en Pajapita, San Marcos; Entre Ríos, Izabal; Pasaco, Jutiapa, y Patzicía, Chimaltenango, que verifican que las mercancías en tránsito cuenten con documentos que acrediten su legal procedencia.

***

* intendente de Aduanas y presidente a. i. de la Organización Mundial de Aduanas

Por décadas, lo usual ha sido el contrabando hormiga   de productos de la canasta básica como maíz, abarrotes o alimentos, además de cigarrillos, licores y productos agrícolas, a los que también se le unieron ganado en pie, combustibles y derivados del petróleo. Pero la sofisticación en el tipo de productos y nuevas modalidades de contrabando apuntan a otros  y, más recientemente, por la pandemia, se registra un aumento en el trasiego de los de uso diario como artículos de aseo personal y del hogar, mascarillas, guantes y otros insumos de bioseguridad, los cuales se comercializan por redes sociales y otras plataformas de internet.

Los cálculos del daño económico de la actividad trasnacional siguen subiendo, por lo que el llamado a debilitar estas estructuras será crucial para ser más competitivos.

Dentro de la evolución del contrabando se puede mencionar que  lo ha motivado y expandido el comercio electrónico, que ha crecido en los últimos años, pero con mayor relevancia desde marzo del 2020, por la pandemia,  una modalidad que utilizan las estructuras criminales para movilizar los productos, según Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers Internacional.

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Redes sociales

El experto señala que la criminalidad organizada que se dedica a estas actividades se ha movilizado al ciberespacio y está utilizando todas las herramientas que tiene a su alcance, desde redes sociales —Twitter, Instagram, Facebook y otras— hasta videojuegos, en los cuales  las personas pueden chatear con quienes juegan del otro lado,  para comunicarse y vender productos.

“Se ha visto que en algunos países desde las cárceles usan los videojuegos conectados para poder comunicarse y comercializar órdenes de despacho de grandes volúmenes de productos”, indicó Campos, al añadir que el contrabando no solo se trata del ingreso ilegal de productos al país,  sino también de la expansión que logran en el mercado con las nuevas formas de comercialización.

El uso de redes sociales e internet se ha vuelto una modalidad muy importante para la venta y distribución de productos de contrabando y es muy difícil detenerlos, señaló.

En Guatemala se ha detectado que hay muchas redes sociales que se están usando para la venta de productos de contrabando, principalmente cigarrillos, bebidas alcohólicas, medicamentos, ropa y calzado. Asimismo, mucha falsificación en estos dos últimos rubros, aunque también en medicamentos, expuso Campos.

Agregó que tiene conocimiento de que las autoridades  persiguen estos  delitos, pero se dificulta la acción porque, cuando se detectan en las redes sociales, cierran estas páginas y abren otras automáticamente.

“Como tienen toda la base de datos, de forma muy rápida se pasan a otra y vuelven a operar. Tal vez demoran dos, tres o cuatro meses en que las vuelvan a cerrar, pero así se están moviendo todo el tiempo. Son modalidades muy dinámicas en ese aspecto”, puntualizó.

Comercio electrónico

La otra herramienta que usan los contrabandistas son las plataformas de comercio electrónico, como Amazon, Mercado Libre y otros, comentó Campos, al explicar que si bien estas empresas son formales, legales y están en contra de la referida actividad  ilícita, muchas veces no saben que los productos anunciados en su plataforma por usuarios son de contrabando.

Por ello han tenido que abrir departamentos legales y de persecución de delitos dentro de sus propias plataformas, “porque las están inundando de productos de contrabando y esto va en contra de las propias políticas y credibilidad de las compañías”, hizo ver el experto.

Las dificultades de este tipo de acciones son que el crimen organizado cambia tan rápido en su forma de actuar que siguen comercializando los productos, pues encontraron la forma de burlar la seguridad y departamentos de compliance que tienen las empresas de ecommerce.  Guatemala no es la excepción en cuanto a estos métodos, ya que  se trata de estructuras regionales del crimen y el contrabando  que operan de forma similar en todos los países.

Werner Ovalle, intendente de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), dijo que los actos ilícitos han evolucionado, pues ya no se dan como antes, cuando  solo intentaban  ir a traer la mercancía a otro país, pasarla de forma ilegal y venderla en locales. Ahora se ha identificado que esta mercancía la ofrecen en redes sociales.

Entre las formas de operar de los contrabandistas, respecto del uso de internet, las autoridades  han descubierto que puede haber un perfil de Facebook que maneje cinco empresas o negocios que se dedican al comercio ilícito.

La otra modalidad es que incluso promueven un viaje para las personas que deseen acudir a comprar. Son paquetes en los que  ofrecen hotel, transporte y visitas a los grandes centros comerciales y tiendas, pero la mercadería ha entrado sin pagar impuestos.

Esta forma de viaje se empezó a detectar en el 2019, pero la oferta bajó un poco debido a la pandemia, precisó Ovalle, por las restricciones de movilidad y cierre de fronteras iniciales. Sin embargo, en la actualidad, las restricciones son de aforo, de acuerdo con el semáforo que controla el sistema de alerta de casos del Ministerio de Salud.

“Con el tema de la pandemia, muchas de las mercancías solo las están manejando vía redes sociales; los viajes se siguen dando, pero no en el volumen del 2019”, aseveró el intendente.

La SAT ha informado que se está generando una plataforma y programa informático para  fiscalizar el comercio electrónico, que ayudará a detectar defraudación aduanera y malas prácticas como el contrabando. Además, las autoridades  analizan el contenido de la Ley Modelo para Combatir el Comercio Ilícito y la Delincuencia Transnacional Organizada aprobada por el  Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) en febrero pasado, la cual cuenta con un capítulo exclusivo para el  comercio electrónico. Aunque  no se ha detallado si este tema se incluirá en la propuesta de ley para reformar la legislación nacional que  prepara la SAT.

Contrabando y falsificaciones

Hay otras modalidades que combinan contrabando o defraudación aduanera con falsificaciones, y su comercialización.

En cuanto a los cigarrillos suelen ser más de contrabando, pero se han detectado falsificaciones, dijo Campos.  La comercialización de ciertas bebidas alcohólicas adulteradas ocurre  cuando los grupos criminales recolectan botellas legales  vacías,  las rellenan con cualquier otro producto y las ponen en venta en las redes sociales.

Hay ocasiones en que el producto no es falsificado —abarrotes, alimentos, bebidas, productos el hogar y bebidas—, pero al entrar al país de contrabando no tiene registro sanitario o etiquetas específicas para su venta en Guatemala.

Eso  es un gran problema  para el consumidor porque son las mismas marcas,  hasta con el mismo tipo de empaque con que se venden en Guatemala legalmente, pero esos son detalles que el consumidor no advierte, no lee la letra pequeña y  le cuesta mucho reconocer que ese producto  es ilegal. También es motivo de preocupación que pueda tener impacto en la salud, enfatizó Campos.

La industria de calzado y vestuario del país está siendo altamente afectada por productos falsificados que vienen de Asia, en especial de China, y no se ha logrado controlar su ingreso, indicó. La forma en que  llegan al país es por barco, primero a Panamá y  de allí a Guatemala. En casos como estos  las industrias locales resultan más afectadas, porque pueden perder mano de obra, manifestó Campos.

Además, la ropa falsificada que  se ve mucho en los países del Triángulo Norte, donde “los mercados están inundados en esos productos”, y en este caso impacta más a la industria extranjera,  añadió.

El efecto globo

“En cualquier producto donde el crimen organizado vea una oportunidad temporal para hacer dinero aprovecha el contrabando, y con el tiempo  integra más productos a la práctica de ese hecho ilícito, modalidades de ingreso y comercialización”, refiere Campos.

En la medida en que las autoridades comienzan a  perseguir el contrabando de determinados productos, modos de operar o lugares de paso se genera un efecto globo —desplazamiento a otros productos, modalidades o vías y áreas de ingreso—, ya que en cuanto las estructuras delictivas se dan cuenta de  que  no  podrán comercializar fácilmente el producto de contrabando porque los están persiguiendo y hay más controles,  se trasladan al tráfico ilícito de otros que todavía no se persigue, debido a que  el riesgo es bajo y la utilidad es considerable.

La autoridad tarda en entender cuál es la nueva dinámica comercial ilegal de estas estructuras, que  por un tiempo obtienen grandes cantidades de dinero, expresó.

Coyuntura y  pandemia

Los  productos coyunturales o de temporada, así como  los que se refieren a la prevención del covid-19, han sido una oportunidad enorme para el crimen organizado, y puso como ejemplo el crecimiento del contrabando de  cloro.

En la venta por redes sociales e internet se  advierte este tipo de comercio ilícito, prosiguió Campos, ya que una caja de mascarillas cuesta alrededor de US$5, pero la ofrecen en redes sociales a US$1. Aquí  surge la necesidad de una alerta para la población en cuestiones de la seguridad de su salud o prevención de contagios.

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“La población debe estar alerta y reflexionar en que no se está ahorrando US$4, porque lo que está comprando implica la posibilidad de contagiarse de covid debido a la falsificación del producto, que puede no cumplir con las regulaciones para la prevención de la enfermedad”, remarcó.

En el foro “El impacto del covid-19 en las redes de comercio ilícito”, organizado por Americas Society/Council of the Americas, se expuso que en julio de 2019 el Transnational Security Report, elaborado por el Munich Security Conference, estimó que el comercio ilícito de operaciones transnacionales criminales oscilaba  entre US$1.6 trillones y US$2.2 trillones por año. Y en el 2020, primer año de pandemia, alcanzó el máximo proyectado en ese informe.

En la actualidad se observa que esas acciones ilícitas se  pasan a segmentos de la economía y del comercio en las que  antes no estaban. En el referido  foro se puso como ejemplo que  se está trasegando a nivel general mascarillas N95 y alcohol en gel, incluso vacunas anticovid falsas, y diferentes tipos de alcohol y otros insumos de prevención. Hasta el momento, ni el Ministerio de Salud ni la SAT   han reportado ningún caso de vacunas falsificadas.

Angélica Durán-Martínez, profesora asociada de Ciencias Políticas de la Universidad de Massachusetts-Lowell, explicó en esa ocasión tres aspectos que se han observado en la pandemia: la diversificación de los campos delictivos, la adaptación de grupos más pequeños en las prácticas de extorsión y la fragmentación de las redes de comercio ilícito.

A su vez, el Observatorio contra el Contrabando elaboró una evaluación del comportamiento del comercio ilícito, en concreto del contrabando, durante el 2020, y se comprobó que a pesar de las restricciones de movilidad y toques de queda establecidos en el país, el movimiento de mercaderías ilícitas en este período continuó desarrollándose sin inconvenientes.

El informe presentado en febrero pasado coincide en que algunos segmentos registraron un incremento, entre ellos los productos de limpieza como desinfectantes, jabones, detergentes y papel higiénico, que se sumaron al ingreso diario de diversos alimentos y bebidas.

Consultado al respecto, Axel Romero, gerente de Gestión de la Comisión de Defensa del Comercio Formal, de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), está de acuerdo en que se ha identificado contrabando de medicamentos, insumos hospitalarios y artículos de limpieza relacionados con el covid-19.

“Es un tema de preocupación que se aproveche la necesidad de adquisición de productos para suministrarlos de forma ilegal. Ya estamos provocando una colaboración público-privada con insumos, información y logística para prepararnos ante la posible comercialización ilegal de las vacunas”, aseveró.

Fronteras o tipos de transporte

Para  Guatemala, la frontera con México es una puerta muy grande de ingreso ilegal de mercadería. Es “una frontera muy porosa y difícil de controlar”, expresó Campos. La mayoría de productos que ingresan por esa área tienen relación con la canasta básica o de consumo masivo, como huevos, aves, pollos gallinas, cerdos, leche y cerveza, entre otros.

También está la frontera con Belice, por donde entra casi todo el cigarrillo de contrabando que proviene de la zona libre de Corozal, en Panamá.

Luis Mazariegos, coordinador del OCC, comentó que  parte de esos productos  pasaba por tierra de Belice a Guatemala por la frontera de Melchor de Mencos —Petén—, pero como se formalizó esa aduana y se establecieron más controles por otros pasos, abandonaron esa ruta y ahora utilizan la vía marítima e ingresan desde Belice a Izabal por el río Dulce, donde descargan y luego se distribuye a la provincia.

Según Campos, ahora hay embarques de ilícitos que están entrando por puertos de Guatemala, también provenientes de Panamá. Aunque para trasegar cigarrillos se siguen usando camiones, para el contrabando hormiga solo se cruza el río. Y si bien un gran porcentaje del producto se queda en el país, una parte se traslada a El Salvador y Honduras, “por lo que las estructuras actuales de Guatemala están actuando como un distribuidor de cigarrillos de contrabando para estos dos países vecinos”, indicó.

Cifras y mercados

Un informe elaborado por el Central American Business Intelligence (Cabi) en el 2018 y presentado por la CIG, refiere que el contrabando impacta aproximadamente un 30% en las ventas de la industria nacional.

• En productos alimenticios de enlatados y abarrotes representa un 40% del mercado; en productos de higiene y limpieza, 25%; del mercado total de cervezas, 23%; bebidas alcohólicas, 7%, y  cigarrillos, 22%, de acuerdo con datos de la Comisión de Defensa del Comercio Formal de la CIG, lo que representó  Q30 mil millones del mercado nacional  en el 2020, según un estudio de la entidad.
• En el 2019,  otro análisis de Cabi dio a conocer que el valor de las mercancías contrabandeadas representa el 3.8% del Producto Interno Bruto nacional, equivalente a la pérdida de crecimiento económico entre 0.7% y 0.9%, que repercute en la creación de empleo, inversión y, por consiguiente, en la recaudación de impuestos.
• Diversas entidades calculan que el impacto al fisco es de alrededor de Q1 mil 300 millones del impuesto al valor agregado (IVA), y al sumar otros gravámenes representa alrededor de Q1 mil 700 millones.

Ovalle informó que como parte de la labor de la Comisión Interinstitucional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera (Coincon), en el 2019 efectuaron 143 allanamientos por  contrabando aduanero y en el 2020,  142. Se incautó mercancía por  Q1.4 millones y Q2.9 millones, respectivamente. Aparte de las consignaciones en otros operativos.

Según el OCC, entre  2012 y  2020 el contrabando  casi se cuadruplicó, por el trasiego de productos como aceite comestible, abarrotes, dulces y bocadillos, señalaron directivos de la Cámara. Otros  que van al alza son el maíz, huevos, leche, quesos, y productos químicos e higiénicos.

A consideración de Mazariegos,  a pesar de las restricciones  por la emergencia sanitaria, el contrabando en general aumentó, puesto que el paso de balsas, vehículos livianos y camiones no cesó con la pandemia.

Pasos ciegos y  rutas

El Ministerio Público informó que  en el país hay 139 pasos ciegos que  utiliza el crimen organizado para el  contrabando, según datos del 2017. De estos, 128 son terrestres y 11, fluviales, pero solo hay 20 aduanas formales —14 terrestres, tres aéreas y tres marítimas—. Los datos de pasos ciegos se mantienen o tienden a proliferar porque las fronteras, principalmente con México, “son muy porosas”, enfatiza Mazariegos.

En tanto el OCC dio a conocer hace dos años que se detectaron tres nuevas rutas por donde ingresan ilegalmente las mercancías con el fin de evitar la incautación de las mismas. En algunas, aunque hay que recorrer más kilómetros para  circular sin ser descubiertos por las autoridades, el margen de ganancia sigue siendo atractivo para los operadores, afirma la entidad.

Se estimó que en promedio ingresan 50 camiones de cinco, 10 y hasta 20 toneladas con productos  desde Tecún Umán,   punto de distribución para otros sectores del país. Para evitar los retenes en la CA-2 Occidente,  optan como primera ruta por cruzar caminos vecinales y pasos vehiculares en fincas, para salir a la carretera entre Champerico y Retalhuleu.

La segunda ruta va desde Tecún Umán a San Marcos —norte— y de ahí por caminos vecinales siguen a San Juan Ostuncalco hacia su destino, que es Quetzaltenango y Totonicapán. Y la tercera es la marítima, utilizada para el trasiego de cigarrillos, en Izabal.

Reformas y vinculación a otros delitos

La SAT anunció que  prepara iniciativas para reformar ocho leyes  vinculadas a fortalecer el combate al contrabando y la defraudación tributaria.

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Una de las ideas es elevar las penas de cárcel para quien ejecuta y quien encubre, crear el delito informático aduanero y procurar un mejor control del comercio electrónico, entre otros controles.

Sin embargo, Mazariegos hace énfasis en que la SAT no  toma en cuenta una reforma necesaria para reducir el límite permitido en el ingreso de mercadería sin declarar, sin que los responsables sean llevados a procesos judiciales.

El contrabando está tipificado como un delito administrativo. Cuando hay incautaciones, los productos  se quedan en jurisdicción de las aduanas, según los montos. Si lo incautado se cuantifica en menos de  US$3 mil —unos Q23 mil—, la persona puede retirar la mercadería al pagar los impuestos y una multa del 100%. Si se pasa de ese monto, la mercadería se queda incautada y el caso se traslada a la fiscalía para un proceso judicial.

A criterio del OCC, el monto máximo es muy alto y se debería rebajar, para que  más casos pasen a la fiscalía.

Romero, Gerente de Gestión de la Comisión de Defensa del Comercio Formal la CIG, coincide con lo mencionado con Mazariegos acerca de que la SAT no ha promovido cambiarlo. Sin embargo, están en desacuerdo con la administración tributaria en ese caso ya que la postura del sector empresarial es que se baje a US$500 porque consideran que más arriba de ese monto ya no es consumo personal o familiar, sino para comercializar.

Romero refirió que el monto no es acumulativo por las personas que pudieron haber pasado en muchas ocasiones cantidades en alrededor de US$3 mil en varias ocasiones y no son judicializadas.

Considera que el monto es alto, y lo califica de exagerado y muy permisivo, si se toma en cuenta que ese límite es por cada vez que una persona pasa y hay quienes pasan por mercadería más de una vez al mes o a la semana.

Si se compara ese monto con la canasta básica estimada en el país con la cantidad autorizada hay una desproporción muy grande, explicó. Según datos del INE, la canasta básica alimentaria llegó a mayo del 2021 a Q2 mil 993.03 para una familia de 4.7 integrantes y la ampliada, que incluye alimentos, transporte y otros servicios, se situó ese mes en Q6 mil 910.71.

Campos explicó que el  contrabando o comercio ilícito debe ser abordado con un enfoque de crimen organizado, porque  “quienes mueven estos temas son estructuras de crimen organizado internacional que operan a través de apoyos locales”. Además, se ha identificado la participación de pandillas, no tanto entrando mercaderías de forma ilegal, sino como  soporte logístico que ofrece control territorial.

El especialista refirió que el contrabando debería ser un delito grave en los países y se debería   vincular con lavado de dinero, pero también es preciso   mejorar controles de las zonas libres y plantear la necesidad de homologar legislaciones para hablar el mismo lenguaje jurídico en todos los países, por tratarse de un delito transnacional.

• Según datos del Ministerio Público, del 2016 al 20 de junio del 2021, han sido detenidas 652 personas por delitos como contrabando aduanero (494), casos especiales de contrabando aduanero (33) y  defraudación aduanera (125).
• En la memoria de labores del órgano investigador, que corresponde  del 1 de abril del 2020 al 31 de marzo del 2021, se reportan 113 incautaciones, y que  el producto incautado equivale a Q10.3 millones.
• También se reporta una estructura desarticulada, 156 tipos de productos encontrados en allanamientos, 24 órdenes de captura ejecutadas,  47 solicitudes de acusación y 15 sentencias condenatorias. Sin embargo también presentaron 13 solicitudes de criterio de oportunidad y 153  de suspensión condicional de la persecución penal.

Nuevos productos, formas y curiosidades

Cada vez más se añaden productos y modalidades al comercio ilícito de mercancías. Por ello, la SAT refirió que  los esfuerzos para combatir el contrabando  no solo se enfocan en la lucha del trasiego de mercaderías, sino también en la defraudación tributaria, con especial énfasis en fortalecer la gestión de riesgo.

• Tilapia

Alexei Gutiérrez, gerente de producción de Acuícola María Linda, explicó que la tilapia es un mercado en expansión desde hace varios años. Sin embargo, admite que el sector ha estado enfrentando el contrabando de tilapia desde México, El Salvador y Belice.

El ingreso ilegal de esta especie se redujo durante las restricciones y cierre de fronteras por la pandemia el año pasado, y los productores nacionales empezaron a experimentar más demanda, por lo que han pedido a las autoridades su apoyo para evitar más impacto, porque temían que al abrir el paso empezaran a traer al país más tilapias  para el  comercio  ilícito.

• Encomiendas

El combate al contrabando se une a la lucha contra la defraudación aduanera. Por ejemplo, en diciembre del 2020, en la aduana de Express Aéreo se detectó un lote de diamantes que pretendían ingresar sin ser declarados.

La SAT informó el año pasado que en dicha aduana localizaron varias bolsas con diamantes que llegaron al país declarados como productos de bisutería para reducir el pago de impuestos. Sin embargo, en las revisiones se determinó que el cargamento, que procedía de Estados Unidos, estaba valorado en más de Q325 mil y la diferencia en el pago de impuestos superaba los Q93 mil.

• Cemento

La SAT dijo que no ha detectado ese producto dentro de los operativos, aunque eso no quiere decir que no esté ingresando. Por aparte, Roberto Díaz Durán, representante de la industria cementera, respondió que siempre ha existido el contrabando por las fronteras entre Guatemala y México y donde pasa una marca mexicana —Cementos Cruz Azul—, la cual se vende en  zonas fronterizas de  San Marcos y Huehuetenango. No obstante, comentó que es difícil conocer el volumen, aunque se podría hablar de 20 mil toneladas métricas por año.

Además, a partir del 2020 y en lo que va del 2021, la SAT  detectó el ingreso ilegal de partes y repuestos para vehículos, pero  tampoco se puede aseverar que antes no pasara este tipo de insumos.

• Pollo y cerdos vivos

Varios integrantes de la estructura denominada Los Polleros fueron capturadas en abril, entre ellos tres inspectores de la Policía Nacional Civil (PNC) y un  turco. Esta ha sido calificada como la “estructura reina”. Según las autoridades, había operado por varios años en San Marcos, y logró dominar el trasiego de aves vivas provenientes de varios estados de México.

Axel Romero, gerente de Gestión de la Comisión de Defensa del Comercio Formal de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), expuso que las detenciones y desarticulación de esta banda de contrabando de pollo cambió la forma de investigación, no solo enfocada en búsqueda de casos, sino también de estructuras criminales. Agregó que el hecho de estar supuestamente vinculados tres elementos de la PNC y un extranjero, evidencia las debilidades en el país y que el contrabando es un crimen transnacional, donde hay flujo de capital ilegal involucrado.

Lo defraudado al fisco por esa estructura suma Q2 millones. En general, el contrabando de pollo en el país representa del 18% al 20% del mercado y llega a representar hasta un 80% en los mercados cantonales de San Marcos, Huehuetenango y Quiché, comentó el ejecutivo.

En tanto, Luis Mazariegos, coordinador del Observatorio contra el Contrabando (OCC), dijo que esta estructura habría comercializado y procesado carne de pollo en el mercado informal. Los pollos se ingresaban en camiones y se cree que eran almacenados en las bodegas y allí mismo se destazaban, para luego ofrecerlos en los mercados de los municipios, especialmente en San Marcos y Quetzaltenango.

En abril pasado,  aún se desconocía si la estructura contaba con rutas o  centros de distribución para cafeterías, comedores y restaurantes, pero se detectó falta de controles sanitarios en el destace y la cadena de frío, y que las personas involucradas tampoco cumplían con las medidas de inocuidad y sanidad, un aspecto que además de la pérdida para el sector productor y el fisco, afecta la salud del consumidor, señalaron diversas fuentes.

Werner Ovalle, intendente de Aduanas de la SAT, expuso que en los últimos meses se detectó el incremento del contrabando de cerdos vivos.

La Asociación de Porcicultores y Comercializadores Pecuarios de Guatemala denunció en el 2020 que en el primer cuatrimestre, el contrabando de cerdos aumentó en un 30%  respecto del mismo período del 2019, pasando de 16 mil 969 animales vivos a 22 mil 201. El incremento se dio a pesar de los primeros meses de la pandemia y se duplicó en abril del año pasado.

El contrabando registra un aumento y podría ser una amenaza a la recuperación del sector. https://t.co/2RGSzB6LNM

— Prensa Libre (@prensa_libre) December 8, 2020

• Agroquímicos

Según la Asociación del Gremio Químico Agrícola (Agrequima), el contrabando de agroquímicos, así como su comercio ilegal —sin registro, adulterado y sin etiqueta—, no tiene una fecha de inicio, sino que es una práctica que a escala nacional se ha mantenido a través del tiempo. Sin embargo, el Departamento de Insumos Agrícolas del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, de la cartera de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), reactivó el Programa de Fiscalización en octubre 2017, después  de  10 años sin operar.

Se estima que el comercio ilegal de agroquímicos representó en el 2020 un 6% del mercado, lo que equivale a US$50.2 millones —basado en el dato de importaciones CIF del 2020, de US$836.9 millones, que incluye fertilizantes y plaguicidas—, agregó la entidad. Indicó que se refleja una baja en el contrabando de ese tipo de productos, que puede estar asociada a las condiciones derivadas del covid-19.

“La venta minorista o al menudeo de productos de contrabando tiene una logística que no se vio favorecida con las medidas de prevención y regulación nacional para prevenir la pandemia”, ya que requiere movilización, precisó.

El ingreso se da por los puntos ciegos en las fronteras de Guatemala con México, El Salvador y Honduras; la mayoría de productos provienen de México y esto está asociado a la devaluación del peso mexicano.

Además, “cuando el producto ingresa al país, el monitoreo se dificulta porque el comercio de estos productos se hace en el mercado minorista”, explica Agrequima.

La entidad destaca que monitorea los envases de agroquímicos que se recuperan por medio del programa CampoLimpio, como parte de las acciones para colaborar con el Maga y la Coincon en la lucha contra el comercio ilegal de estos productos.

El programa recupera alrededor del 50% de los envases que entran al mercado. “Los envases de marcas sospechosas representan el 6% del total de los envases revisados, por lo que puede decirse que, de cada 100 litros de producto recuperado por  dicho programa, seis litros son de marcas sospechosas”, lo cual  corresponde a fertilizantes foliares.

Posibilidad de denuncias

En algunos casos no se puede entrar en detalles porque están en investigación, se informó, al enumerar las diferentes modalidades de contrabando, de defraudación tributaria, los nuevos productos que se empiezan traer en forma ilegal al país y la comercialización.

Tanto Ovalle como Campos coinciden en que se está fomentando la denuncia ciudadana.

Crimen Stopper tiene una aplicación en la cual las personas pueden presentar una denuncia y tener acceso a redes de comunicación electrónica. También se están generando cursos y talleres de capacitación, para socializar y evitar consumir las mercancías de contrabando, con el fin de llevar a la formalidad a muchas  empresas o tiendas donde se ofrecen las mercancías, aseveró  el intendente.

Riesgo a la salud

Romero indicó que con el contrabando no se garantiza la autenticidad del producto, además que se ofrece a precios muy bajos respecto de los que se producen, ingresan o se comercian de forma legal en el país.

Los riesgos en la salud van desde intoxicaciones, salmonella y otras enfermedades, debido a que no se respetan los procesos de inocuidad y cadena logística necesaria, incluyendo en alimentos como carne, pollo, lácteos que requieren mantener cadena de frío.

“Se nota el cambio de la calidad, por ahorrarse unos centavos se está poniendo en riesgo la salud ya que no obtiene las calidades alimenticias necesarias y otros los mantienen a la intemperie, sin refrigeración o están por vencer”, agregó.

El otro tema que provoca riesgos es el de las medicinas que vienen al país sin los registros necesarios, riesgos de calidad, fechas de caducidad e incluso falsificaciones.

En las últimas dos décadas, la economía guatemalteca puede perfilarse como dependiente de las remesas familiares, que han estimulado el consumo interno, pero ahora también enfrentará exigencias globales que ha impuesto la crisis sanitaria y que los gobiernos y los agentes económicos han llamado la construcción de un nuevo camino productivo.

De forma visible la nueva normalidad dicta las formas de producir, distribuir y consumir, mientras el empresario guatemalteco, la academia y el sector público se adaptan al tipo de demanda actual.

De la capacidad de adaptación dependerá el éxito, los resultados en el corto y mediano plazo, y de hablar de un nuevo modelo económico.

Se dice que todas las crisis traen oportunidades, y puede ser el momento de una revisión profunda del modelo del aparato productivo del país.

“El mundo no es igual al que conocíamos a finales de 2019, pero este cambio es una invitación al cambio de mentalidad sobre el rol que puede tener Guatemala respecto de los grandes socios comerciales”, expresó Fernando López Fernández, presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC) de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), sobre cómo hay que repensar la oferta de inversión y exportación ante los efectos de la pandemia y entrar en el ajedrez internacional de los negocios.

Repaso económico

Como en todo, hay un antes y un después.

La economía tiene una estrecha relación con la política, desde la época colonial, y  los efectos causados por la pandemia son parte de la evidencia más reciente de eso.

Hablar de la historia económica involucra diversos ciclos, desde el comercio prehispánico, la llegada de los españoles, la fundación de Guatemala y la Revolución Industrial, hasta alcanzar la globalización económica, expresada en la liberación del comercio en los últimos 50 años, y suscribir los acuerdos comerciales con los principales bloques económicos.

Por supuesto que la modernización productiva es una constante que va de la mano del desarrollo social, comercial y político. Y el modelo económico ha sido caracterizado por una serie de aspectos que han marcado la pérdida de productividad y competitividad.

El economista e historiador José Molina Calderón hace un repaso histórico, con motivo del Bicentenario de la Independencia, con el análisis de las nueve constituciones políticas que han regido en Guatemala, y que tienen una marcada relación con los temas económicos.

Molina Calderón resalta que se debe examinar los modelos económicos que han existido en el país, pero, en especial, cuáles son los motores de la economía de Guatemala que han variado con el tiempo.

Ha habido modelos con libertad económica restringida, que estuvieron vigentes hasta 1871, y a partir de ahí el modelo liberal que intentó dar libertad económica con un gobierno fuerte, comentó.

Los gobiernos revolucionarios de 1944 hasta 1954 tuvieron una fuerte intervención estatal, refiere el académico.

A partir del gobierno liberacionista hasta la actualidad ha habido un balance entre lo solidario y lo subsidiario. Todos esos modelos económicos han tenido uno o dos productos principales de exportación, agregó.

De la agricultura a otras actividades

El modelo económico de Guatemala ha dependido, en buena parte, de la agricultura desde la época prehispánica y la Colonia, para pasar a uno agroexportador, actividad que tiene gran participación y sustento en la economía.

En la década de 1980 se introdujeron los beneficios de la Iniciativa Cuenca del Caribe (ICC) por Estados Unidos, que permitió el desarrollo de la industria de vestuario y textil, hasta pasar a nuevos e innovadores esquemas de servicios, reseñó David E. Lewis, vicepresidente de la firma de asesoría económica internacional Manchester Trade, con sede en Washington, D. C.

A partir de la ICC se creó una lista de actividades productivas para fomentar en Guatemala y Centroamérica, las cuales se mantienen vigentes y son de interés, dadas las circunstancias en el rompimiento de las cadenas productivas experimentadas en 2020 por la pandemia.

Para Edwin Matul, exgerente general del Banco de Guatemala, es difícil calificar si un modelo productivo es mejor que otro o si, como país, nos conviene uno más que otro, ya que, al final de cuentas, el modelo productivo va a depender de las condiciones del mercado y el tipo de recursos que se tengan disponibles.

No obstante, aclaró, los problemas surgen cuando se quiere imponer un determinado modelo mediante la concesión de algún tipo de ventajas o subsidios a determinados sectores, lo que resulta en beneficios para unos y en detrimento para otros.

Por ello, expuso que es importante que las decisiones económicas sean libres, tomadas por los agentes económicos dentro de un marco de reglas claras de participación.

El modelo productivo que se instaure, por tanto, dependerá de la vocación y recursos con que se cuente y la explotación de estos, pero, en condiciones de mercado, respetando las reglas de juego legales, sociales, ambientales y otras, destacó Matul.

Paso a la competitividad

Una de las primeras tareas para mejorar la competitividad del país es generar más valor a productos tradicionales de exportación.

Matul considera que la respuesta es generar más grado de transformación en la oferta exportable, a manera de que los productos tengan un mayor valor agregado y se obtengan más ingresos de divisas.

Esto implica buscar un aumento de la productividad mediante la incorporación de elementos nuevos que vayan en concordancia con las tendencias de la competitividad, como la innovación, el uso de la tecnología, incorporación a las cadenas globales de valor, aumento de los estándares de calidad, por citar algunos.

Para ello es preciso impulsar el desarrollo científico-tecnológico, la innovación, la calidad y el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

No es un camino fácil, subrayó Matul, ya que todo ello requiere, entre otros aspectos, de un mejoramiento en la preparación de nuestro recurso humano, para lo cual es indispensable ir incorporando en el pénsum contenido que pueda ayudar en esta temática, a nivel universitario, pero, quizá más importante, a nivel técnico.

Molina Calderón hace ver que la pandemia cambió buena parte de la economía, en especial la forma de trabajo desde casa.

“Ha sido un cambio radical. Habrá que reinventarse y fortalecer aquellas áreas económicas en donde Guatemala tiene fortalezas. La competitividad se podrá mantener adaptándose a las nuevas formas de trabajo que estarán determinadas por la automatización de procesos”, advirtió.

López Fernández señaló dos rubros fundamentales en este replanteamiento: inversión y productividad.

En inversión, pública y privada, Guatemala ha ocupado los últimos puestos en Latinoamérica los últimos cinco años, y en productividad seguimos a niveles de la década de los 80 y “eso debe cambiar”, puntualizó.

Asimismo, indicó que no se pueden iniciar procesos de agregación de valor si no existen montos significativos de inversión en capital, así como mayor tecnificación y capacitación orientada a la adquisición de competencias y destrezas demandadas globalmente.

“Guatemala necesita apostar seriamente por dotar de previsibilidad y certeza para la atracción de inversión extranjera y la movilización de inversión nacional, pero también apostar por un modelo formativo orientado a la rápida inserción laboral en sectores de alta tecnificación, productividad y remuneración”, refirió el presidente de CPC.

Productos potenciales

Guatemala viene de un modelo productivo agrícola y agroexportador, de los beneficios de la ICC y la implementación de nuevos esquemas como servicios y economía del conocimiento.

“Viendo más bien hacia el futuro hay que destacar que recientemente se ha presentado la iniciativa Guatemala No Se Detiene, como una guía de los principales productos que el país es capaz de posicionar en el mundo a niveles rentables desde el punto de vista económico, pero también social”, dijo el directivo.

En un primer esfuerzo, se han identificado 20 productos en los que Guatemala puede incrementar sus exportaciones de manera sostenible durante los próximos años, en el sector agrícola, de alimentos, industriales —como productos de limpieza, plásticos y caucho, refrigeradores y electrónicos—, producción textil, y en servicios de atención a empresas —i. e. BPO, ITO, software y contact centers—, explicó López.

“Es una iniciativa con participación de diversos actores privados, con respaldo gubernamental y un liderazgo muy interesante desde la Municipalidad de Guatemala que esperamos tenga el éxito que todos buscamos para el desarrollo del país en términos de crecimiento económico, generación de empleo y beneficios sociales”, manifestó López Fernández.

Matul afirmó que Guatemala debería tener una clara estrategia de país, que si bien es cierto tiene muchas fortalezas, su mayor reto es reconocer y trabajar en superar las debilidades.

Era de la digitalización

La pandemia originó un salto en Guatemala para el que aún no estaba preparado el país, estimó el economista y especialista en temas territoriales Juan Alberto González Jacobo, al exponer que   no   se ha valorado que el mundo se reorientó a la digitalización de manera más acelerada, y en el país no se han hecho las inversiones que garanticen la creación de competencias técnicas y laborales en el ámbito digital.

Recordó que desde el 2019 se hablaba de la importancia de contar con una canasta digital, como advertencias de organismos internacionales.

González Jacobo explicó que según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 20% de la población tiene acceso a redes más estables en el servicio residencial, y sobre todo el uso del celular para conectarse, pero es muy limitado para las actividades educativas y la producción.

Para lograr esto hace falta mayor ancho de banda -velocidad de conexión- para tener más estabilidad en la transmisión. “Guatemala debe brindar las herramientas y despegar”, enfatizó.

Al igual que planteó el presidente del CPC, González Jacobo remarca que la producción se está automatizando con lo digital.

Oportunidad

La decisión de EE. UU. de reubicar sus fábricas de productos esenciales en países más cercanos con condiciones geográficas, legales y productivas favorables implica un movimiento de capitales de Asia a América, de por lo menos US$18 trillones entre 2021 y 2023.

López Fernández es de la opinión que este nuevo escenario global nos debe conducir a una reflexión seria sobre cómo promover las exportaciones del país de forma más intensa, de la mano de inversiones logísticas estratégicas a nivel vial y portuario.

En el caso de EE. UU., independientemente de la pandemia, hay un interés particular en reducir el flujo de migrantes del Triángulo Norte hacia su país y eso debería hacer posible una acción mayor de su parte para promover las inversiones estadounidenses en el área, incrementando las opciones de empleo y mejorando la situación económica y social, señaló.

Hoja de ruta

El 23 de octubre del 2020 se presentó un informe de la firma consultora McKinsey & Company como una propuesta para que Guatemala alcance una recuperación económica y en la cual se establecieron algunos indicadores.

Fortalecer las exportaciones con valor agregado, identificación de mercados y la atracción de inversión extranjera directa fueron algunos resultados que en esa ocasión se dieron a conocer, con un potencial de incremento de las exportaciones hasta por US$5 mil millones en 2030.

Ahora bien, para cumplir esa hoja de ruta, ¿cuáles son las decisiones políticas que deben adoptarse? López Fernández y Matul respondieron de la siguiente manera.

“La institucionalidad, la certeza jurídica y el combate a la corrupción son los temas más críticos y la deuda en ese sentido es clara.  Por aparte, debe impulsarse una agenda de competitividad basada en mejorar la infraestructura y acelerar la formación del capital humano. Un cambio en la educación es fundamental y debemos replantearnos un enfoque moderno y efectivo para que los guatemaltecos tengan las herramientas que les permiten garantizar su futuro”, expresó el presidente del CPC.

Matul, por su parte, pone en valor la hoja de ruta elaborada por la consultora. Sin embargo, si no se concretan reformas estructurales “seguiremos inmersos en un ambiente que no es amigable con la inversión, y sin esta no hay crecimiento económico”.

Recordó que las agencias calificadoras de riesgo país han hecho notar la  debilidad de las instituciones públicas, que el estado de Derecho es un desafío, además de la persistencia de bajos niveles de ingresos fiscales, deficiencias en servicios públicos básicos —especialmente en educación y salud— e infraestructura física, crecimiento económico insuficiente para reducir el nivel de pobreza,  escasa inversión extranjera directa como resultado de un inadecuado clima de negocios, desigualdad en los ingresos y alta percepción de corrupción gubernamental, entre otros.

“De no comenzar a resolver estos problemas, en lugar de competir en el ajedrez internacional seguiremos siendo espectadores desde la última fila”, apuntó.

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Una agenda mínima

Parte de las metas que formula el estudio de McKinsey están a la vuelta de la esquina para una transformación económica.

¿Qué cambios en el corto y mediano plazo deben desarrollarse? López Fernández dice que Guatemala debe ser asertiva en el fortalecimiento de su institucionalidad, lo cual le permitirá posicionarse como un destino atractivo a la inversión.

En el mediano plazo, hay que motivar una discusión profunda sobre las reformas legales e institucionales que se han ido postergando, como zonas francas -reformas aprobadas el 13 de mayo-, contratación a tiempo parcial, inscripción de empresas, inversión en infraestructura y mejora del clima de negocios.

Matul va más allá y le suma reformas institucionales y legales que permitan una mejora gradual y sostenida en la recaudación de impuestos y en la sostenibilidad de la deuda pública, llenar la enorme brecha de infraestructura física que limita la productividad del país y reformas profundas a las instituciones del Estado que corrijan, por ejemplo, la elevada percepción de corrupción y la falta de certeza jurídica.

Una agenda que debería adoptarse como plan de país es atender reformas del Estado, por un lado, y el fomento de la inversión, por el otro, resumió Matul.

En este marco, hay una serie de temas que se deberían tomar en cuenta, desde buscar una mayor representatividad de autoridades -que requiere de una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos-, mejorar el control del gasto público, una reforma verdadera a la Ley de Contrataciones, mejorar la administración pública mediante un mejor servicio civil y la generación de estadísticas, y reforzar el sistema de justicia, todo esto orientado a la reforma del Estado.

Por el lado del fomento a la inversión coincidieron en la necesidad de regular las consultas comunitarias, promulgar la ley de insolvencias, la reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas, mejorar la supervisión de obras y la Ley General de Infraestructura y la regulación del trabajo a tiempo parcial, entre otras.

Guatemala del 2030

A criterio de los consultados, si Guatemala logra implementar ejes de acción puede multiplicar 2.5 veces el ingreso per cápita de sus ciudadanos para 2030, por la mayor productividad de los sectores exportadores y la creación masiva de empleos para sectores de la población que cuenten con conocimientos más calificados y en ubicaciones geográficas propicias para la vivienda, la inversión y el desarrollo.

Además, con las decisiones correctas se podría crecer del 5 al 7 por ciento anual, refirió López Fernández.

“Por el contrario, si no tomamos estas decisiones, pronto veremos un país con indicadores socioeconómicos cada vez más deteriorados que los actuales, que ya es decir bastante. Con más índices de pobreza y desnutrición, con más conflictos sociales y cada vez más difícil de gobernar, y un mayor espacio para las actividades ilícitas”, concluyó Matul.

Escuchamos sobre datos y estadísticas en las noticias, redes sociales, correos electrónicos e interacciones personales. Los “datos” son foco de crítica y sirven como evidencia y fundamento para decisiones relacionadas con el manejo de la pandemia.

Es común mencionarlos en conversaciones casuales, pero pocas veces se conoce de dónde vienen, o aún más importante, su análisis e interpretación muchas veces es superficial, especialmente para el caso de Guatemala.

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Falta mejorar cobertura de pacientes con enfermedades crónicas

Un dato, por definición, es “información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho” (RAE, 2021). Es muy común encontrarnos con datos cuantitativos: valores, números, cuentas, etcétera. Estos datos, sin información que les agregue significado, son solo números. Al combinarlos con información adicional podemos también interpretarlos y así llegar a una acción, aunque su verdadero valor es cuestionable si esa información es incompleta o sesgada, intencionalmente o no.

Recientemente ha tenido mucho auge el uso de datos para crear modelos matemáticos y estadísticos que permitan ayudar en la toma de decisiones.

Sin embargo, no se ha tomado en cuenta que los modelos no pueden llenar el vacío ocasionado por la falta de información y no son capaces de generar conclusiones acertadas de manera mágica.

Los modelos nos permiten reproducir de forma simplificada un fenómeno del mundo real para estudiarlo y llegar a alguna conclusión sobre la realidad, pero el valor de su aplicación depende de la información que se use para alimentarlo.

En la era del covid-19, los modelos matemáticos se han utilizado para predecir el incremento en el número de casos positivos y la fecha de las próximas “olas”.

Esta información es importante para estudiar el uso y saturación de los servicios de salud y también para guiar la priorización y distribución de vacunas a nivel mundial. Los datos utilizados para alimentar los modelos vienen de lo que sucede en el mundo real. Sin embargo, los modelos también deben retroalimentar al mundo real para considerarse útiles y así completar un ciclo.

El acceso a la información oportuna es fundamental para la toma de decisiones en cualquier ámbito, pero especialmente en el tema de salud.

Los médicos pueden diagnosticar una enfermedad tomando en cuenta los datos disponibles: signos, síntomas, resultados de laboratorio y pruebas adicionales. De la misma manera, las autoridades de un país deben tomar las decisiones para formular sus políticas con base en la evidencia disponible generada a través de los datos en diferentes ámbitos, especialmente en salud, incluyendo su uso en modelos matemáticos

En noviembre de 2020, el Centro de Estudios en Salud (CES) de la UVG, en coordinación con la oficina regional de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC-CAR), inició el proyecto “Red de modelos de covid-19 y otras enfermedades infecciosas en Centroamérica: Utilizando datos regionales para responder a necesidades locales”. Su objetivo principal es promover la formación y funcionamiento de una red regional de investigadores, estrategas y personal clave que busca compartir competencias y aplicar modelos matemáticos y estadísticos de enfermedades infecciosas que puedan responder a las necesidades locales, especialmente en el marco de la emergencia del covid-19.

En el establecimiento de esta red hemos conocido a profesionales de diferentes países de la región centroamericana que tienen el interés y la disposición para analizar los datos que existen a nivel nacional para generar recomendaciones que guíen la toma de decisiones en salud pública.

En las reuniones de la red, los profesionales han coincidido en que hay dos problemas comunes: la falta de acceso a datos abiertos y de calidad para poder analizarlos, y el establecimiento de un vínculo con las autoridades para que los análisis puedan ligarse a acciones concretas.

Sabemos que existen datos generados a nivel nacional, pero también hay muchas dificultades para poder tener acceso a ellos y analizarlos de manera oportuna. Es esencial tener un acceso abierto a los datos y que estos se encuentren en formatos que permitan su análisis para entender la situación real de salud, especialmente relacionada con la pandemia en Guatemala.

El acceso a datos abiertos y a datos y estadísticas generados por estudios permite contribuir a la búsqueda de soluciones a las crisis por las que atraviesa el país. Además, es fundamental para la toma de decisiones acertadas en salud pública, así como para ejecutar programas de atención.

Monitorear, evaluar y analizar estos datos puede ser un trabajo abordado a través de esfuerzos colaborativos por diferentes sectores de la población, pero es importante también establecer conductos para que los tomadores de decisión puedan usarlos para lograr un beneficio en la salud de los guatemaltecos. Conocer el estado de salud de una población nos permite definir políticas públicas, lineamientos y acciones concretas a seguir para mantener y mejorar la salud de un país.

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Investigadora del Centro de Estudios en Salud de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG)