Después de polémica por las cuotas para pesca de atún, el Maga otorga licencia a buque con bandera guatemalteca ¿Cómo se beneficia el país?

Maga otorga licencia para pesca de atún a empresa de capital español que junto a sus afiliadas, entre ellas una empacadora, están registradas y operan en Guatemala, explica un ejecutivo. El contrato establece que las cuotas de acarreo son propiedad del Estado de Guatemala por lo que la firma concesionaria no se constituye como propietaria de la cuota.

Rosa María Bolaños

29 de marzo de 2025 | 06:00h

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Hay vigentes varias licencias para pesca de atún, Guatemala tiene una cuota asignada de 9 mil 321 metros cúbicos por la Comisión Interamericana del Atún Tropical -CIAT- (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Maga) otorgó la licencia de pesca comercial de atunes en el Océano Pacífico Oriental a la empresa Atunera Sant Yago, S. A., para operarla con el buque Sant Yago Uno.

La licencia de pesca comercial de túnidos fue aprobada con la resolución ministerial AG-168-2025, para el plazo de 10 años, por la cuota de acarreo propiedad de Guatemala, de 625 metros cúbicos.

Las 25 cláusulas del contrato fueron aprobadas por medio del Acuerdo Ministerio del Maga 35-2025, publicado en el Diario de Centro América el viernes 28 de marzo del 2025, fecha en que inicia la vigencia y el plazo vencerá el 27 de marzo del 2035, según datos de la institución.

El plazo podrá ser prorrogado por el mismo período a solicitud de la empresa concesionaria y el ministerio tendrá la facultad para otorgarla siempre y cuando la compañía lo solicite con al menos dos meses de anticipación del vencimiento del contrato y se encuentre solvente de cualquiera de los pagos que está obligado a realizar al ministerio por concepto de acceso a la pesca.

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El contrato fue firmado por el viceministro de Desarrollo Económico Rural del Maga, Nick Estrada Orozco y el gerente general de la compañía Guillermo Alfonso Rodríguez Mahuad.

Las cuotas de acarreo son propiedad del Estado de Guatemala por lo que la firma concesionaria no se constituye como propietario de la cuota, se indica en el contrato divulgado.

La cuota total de acarreo reconocida a Guatemala por la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) es de 9 mil 321 metros cúbicos. Los 625 otorgados en esta licencia corresponden a los metros cúbicos que Guatemala tiene libres, pero en la actualidad hay 1 mil 475 metros cúbicos en procesos jurídicos que no se pueden utilizar, hasta que estos finalicen, agregó el ministerio por medio de la oficina de comunicación social.

En febrero pasado el ministro de Agricultura, Maynor Estrada, explicó que el volumen a otorgarse sería de alrededor de 1 mil 900 metros cúbicos que incluían unos 1 mil 400 que tenía autorizados una licencia vencida y otros 600 que se tenían sin uso.

La empresa es de capital de origen español, y según explicó Rodríguez Mahuad recientemente, el buque es de bandera guatemalteca.

Consultado el Maga acerca de qué beneficios tiene para el país autorizar la licencia de pesca en el Pacífico para un buque con bandera guatemalteca, expuso, por medio de la oficina de Comunicación Social que el propósito es apoyar a la industria nacional pesquera para contribuir con la generación de empleo en él área del Puerto de San José y municipios aledaños.

Añade la institución que tomando en cuenta que barcos con bandera nacional tienen la oportunidad de hacer descargas en puerto nacional,  se producirá materia prima que permite apoyar la generación de aproximadamente 600 empleos con que cuenta en la actualidad la firma, que en especial son mujeres del área. Este aspecto, agregó, ayuda a mejorar las condiciones de vida de cada una de las familias, así como la economía local.

Rodríguez Mahuad, es gerente de la empacadora Industria Atunera Centroamericana, y de la Sant Yago, S. A., la cuáles refiere son empresas asociadas.

Explica que son de capital español pero son empresas guatemaltecas registradas, instaladas y operando en el país desde hace años.

El contar ahora con una licencia de pesca para un buque con bandera guatemalteca en el área del Pacífico es beneficioso porque permitirá que el atún se quede en el país, refirió Rodriguez Mahuad. Los planes de la empresa son triplicar las operaciones de su empacadora instalada en Guatemala, pero para ello requieren 4 mil metros cúbicos, y eso les permitirá también triplicar el número de empleos, añadió.

Comentó que empezarán a realizar la pesca con esa licencia, sin embargo, explicó que para operar el buque Sant Yago Uno de forma rentable necesitan unos 2 mil metros cúbicos, pero solo les fueron asignados 625 m3 en esta licencia.

Expuso que esto se debe a que la empresa que tenía asignados los 1 mil 475 m3, entabló medidas administrativas y luego judiciales, ya que el plazo de dicha licencia se venció en el 2024 y el Maga decidió no renovarla.

“El barco requiere de 2 mil metros cúbicos y con esta licencia solo tenemos 25% de nuestras necesidades. Lo que se tendrá que hacer es que se cierran las cubas que en donde se deposita el pescado y solo se va a poder pescar en una cuba, lo que quiere decir que estaremos parcialmente haciendo pesca, pero todo el pescado va a venir para Guatemala”.

Entre los planes está traer el otro buque que tienen en el Atlántico, también para pesca en el pacífico por lo que el requerimiento sería de otras 2 mil m3 más, se añadió.

Las licencias vigentes en el 2025

Según un listado de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, proporcionado por el Maga, así están las licencias para el Pacífico:

• Mollitiam Insulae, Sociedad Anónima, embarcación Emilio, cuota de 1,488 m3, licencia vence en maro del 2033.
• Pesquera Reina de la Paz, S.A. con tres buques: Reina de la Paz, 2,100 m3, vence en marzo del 2027; así como los  buques Diva María con 1,633 m3, y Ljubica, con  2,000 m3, que vencen en mayo del 2027.
• Atunera Sant Yago, S. A.: buque Sant Yago Uno, 625 m3, vence en marzo del 2035.
• Además de los 1,475 m3 sujetos a resultados del trámite del proceso judicial de lo contencioso administrativo, cuya licencia estaba asignada al buque La Peña de la empresa Mayapesca, S. A., que venció en septiembre del 2024, según la información del Maga.

El ministerio agrega que se continúa con los procesos de cobro de las sanciones por incumplimiento de los cuatro desembarques anuales que deben hacer los buques en el país aunque sean de bandera extranjera, ya habían incumplido con esa obligación. Las sanciones varían y van desde Q233 mil hasta 854 mil por buque por año.

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Polémicas

En medio de los procesos para las licencias entre octubre del 2024 y febrero del 2025 surgieron denuncias públicas de señalamientos, favoritismo o entorpecimiento para aprobación de los permisos.

En octubre del 2024 se informó en una citación de la bancada Vos en el Congreso, que de la cuota que corresponden a Guatemala según al  Ciat hace años se había otorgado las licencias a siete empresas pero que ninguna embarcación tenía bandera guatemalteca, por lo que la especie que se captura en la zona económica se destinaba hacia Panamá y Ecuador.

Según se indicó en esa citación, que el Maga por medio de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura (Dipesca), contaba con siete concesionarios para la captura en el Pacífico y dos para el Atlántico, con sus debidas embarcaciones, y que estas tienen la obligación de hacer cuatro entregas de producto en Guatemala, pero que algunas no lo cumplían.  En esa ocasión la entonces viceministra de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Maga, Marissa Montepeque, confirmó que estas embarcaciones no habían realizado entrega del producto en Guatemala, por lo que han sido sancionados con multas, cuyos procedimientos datan de entre el 2021 y el 2023, pero que han sido exoneradas al solicitar desistimientos.

En tanto a finales de febrero del 2025 el Maga informó en un boletín que la viceministra renunció al cargo por razones personales, cuya renuncia se hizo efectiva el 24 de ese mes.

Días después, el 27 de febrero, circuló un documento supuestamente emitido por Montepeque, donde se señala que dicha renuncia no fue voluntaria, sino que el ministro Estrada, la forzó a presentarla porque no accedió a la petición de él, ya que junto a otros funcionarios querían quitarle la licencia a una empresa para otorgarla a otra. Consultado sobre las razones de la renuncia de la exviceministra, refirió que son cuestiones muy personales y situaciones particulares cercanas a su entorno familiar.

Montepeque no respondió en esa ocasión a las llamadas, mensajes y solicitud de información para confirmar si emitió el documento con los supuestos señalamientos. Sin embargo, Estrada declaró ese día que no emitiría opinión acerca del contenido porque se trata de un documento anónimo, que no tiene firma. Añadió que la exviceministra le habló ese día y le aseguró que no había participado en la elaboración de ese documento y no tiene relación a este.

Pesca

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Ante los señalamientos por las licencias para pesca de atún, Comisión Contra la Corrupción hace propuesta para reducir vulnerabilidad

La Comisión Nacional Contra la Corrupción menciona vulnerabilidades y discrecionalidad en el proceso para otorgar licencias para pesca de atún, hizo una propuesta, pero dice que cada institución debe investigar. En un comunicado conjunto con el Maga emitido anoche informaron de 10 acciones implementadas, incluyendo revisión de licencias.

Rosa María Bolaños

1 de marzo de 2025 | 00:10h

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La propuesta de la CNC “tiene un enfoque preventivo” para reforzar el control y la supervisión de las actividades pesqueras, que incluye áreas clave como la revisión de expedientes administrativos que permitieron el otorgamiento de licencias vigentes. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

La Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNC) empezó a dar seguimiento a las denuncias públicas por el otorgamiento de licencias para la pesca o captura de atún luego de citaciones a funcionarios que surgieron en el Congreso de la República.

Respecto a la consulta si se ha investigado y qué detectaron, la CNC respondió que, por mandato legal, no puede investigar estos hechos, y expuso que dentro del Organismo Ejecutivo, son las propias instituciones, por medio de las Instancias de Asuntos de Probidad y sus órganos de control, quienes están desarrollando las investigaciones administrativas, pero refirió que puede brindar el acompañamiento que sea necesario.

Se solicitó ampliación de información respecto a señalamientos que surgieron hacia ambas vías, es decir en contra de la exviceministra viceministra de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, Marissa Montepeque así como en contra del ministro de Agricultura, Maynor Estrada y otros funcionarios pero la Comisión no ha respondido.

Sin embargo, expuso que realizó acciones dentro de su competencia, solicitando al Ministerio que se informara sobre las medidas adoptadas al respecto.

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Añadió que, como parte de las acciones de la CNC, se emitieron y se presentó al Ministerio un documento con las propuestas de acciones de prevención orientadas a fortalecer los controles internos y la transparencia en los procedimientos efectuados por la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura (Dipesca), y se agregó que dicho instrumento tiene como objetivo transparentar los procesos relacionados a esta área.

CNC propone revisión de expedientes administrativos que permitieron el otorgamiento de licencias vigentes

En el documento mencionado la CNC refiere que en años recientes se han detectado riesgos de opacidad en ciertos procesos, como el otorgamiento de licencias y la gestión de expedientes sancionatorios, los cuales exponen a la institución a vulnerabilidades que pueden derivar en prácticas corruptas y una administración deficiente.

Añade que la falta de transparencia en la actualización de expedientes y en la publicación de información clave ha generado dificultades para el control ciudadano y la auditoría de las actuaciones de Dipesca. Este vacío reduce la confianza pública en la institución y limita el acceso a la información necesaria para monitorear el cumplimiento de las normativas en el sector, por ello, la Comisión refiere que se vuelve imprescindible establecer medidas que garanticen la divulgación de datos oportunos sobre los procesos de licencias y sanciones.

“La falta de acciones de transparencia ha permitido que existan espacios de discrecionalidad en el otorgamiento de licencias pesqueras, así como en el control de expedientes sancionatorios”, se agrega en el documento. Con ello, añade, se ha caído en situaciones donde las licencias se otorgan sin una adecuada divulgación, los expedientes sancionatorios permanecen no se gestionan, limitan la fiscalización efectiva de los actores del sector y crean incertidumbre sobre la legalidad de las actuaciones de la institución.

La propuesta “tiene un enfoque preventivo” para reforzar el control y la supervisión de las actividades pesqueras, y se orientan a fortalecer la transparencia de las actuaciones de Dipesca, en áreas clave como:

• La revisión de expedientes administrativos que permitieron el otorgamiento de licencias vigentes;
• Desarrollo e implementación de sistema de monitoreo integral:
• Fortalecimiento del proceso de inspección y del régimen sancionatorio;
• Transparencia de actuaciones;
• Desarrollo de acciones de sensibilización;
• Elaboración y distribución de manual de buenas prácticas;
• Y, fomento de la participación ciudadana.

CNC refiere que ante vulnerabilidades las propuestas buscan paliar los grados de discrecionalidad que existen en la actualidad y suministrar elementos técnicos para una adecuada gestión.

10 acciones que implementa el Maga

Por la noche del viernes 28 de febrero la CNC y el Maga emitieron un comunicado conjunto en donde indican que se efectúala gestión de procesos transparentes y apegados a la Ley General de Pesca y Acuicultura, y enlistan 10 acciones que el ministerio ha implementado para la revisión y otorgamiento de las licencias para captura de atún y pesca en general, y que incluyen un proceso de ordenamiento interno y con acompañamiento de la Comisión:

1. El 4 de noviembre del 2024, CNC entregó el documento mencionado de “Propuestas de acciones de prevención orientadas a fortalecer los controles internos y la transparencia en los procedimientos efectuados por la Dipesca”.
2. Se han realizado cobros de las sanciones por el incumplimiento al artículo 75 de la Ley General de Pesca y Acuicultura en los años comprendidos del 2021 al 2024, gestión que no se había llevado a cabo anteriormente.
3. No se otorgó prórroga de licencia a un concesionario por incumplimiento a la Ley General de Pesca y Acuicultura y el contrato respectivo.
4. Se solicitó la devolución al capítulo de Guatemala de la capacidad de volumen de bodega, dado en calidad de préstamo a la República de Panamá y utilizado por una concesionaria.
5. Se trasladó y rotó personal, buscando la eficiencia y transparencia que el servicio de Dipesca realiza.
6. Se inició el proceso de revisión para determinar la procedencia para dar de baja a licencias por incumplimiento de algunos concesionarios.
7. Se creó la Unidad de Probidad, mediante el Acuerdo Ministerial 101-2024, en agosto del 2024, que tiene por objeto implementar y ejecutar las acciones y lineamientos técnicos en materia de ética y probidad.
8. En el 2025 se ha trabajado las mesas de gobernanza para la divulgación e implementación del calendario de vedas en el caribe guatemalteco.
9. Se trabajó en las mesas de gobernanza del camarón en el pacífico guatemalteco, con el límite de embarcaciones de camarón.
10. Se aprobó la auditoría que hizo la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), para exportar camarón a EE. UU., esto se debe porque se cumplió el seguimiento y las inspecciones a los dispositivos excluidores de tortugas.

Se agregó que el Maga por medio de sus órganos de control interno y la Unidad de Probidad, ejecutará las acciones necesarias para identificar oportunidades de fortalecimiento institucional y detectar posibles irregularidades, aplicar las medidas de transparencia y de ser el caso presentar las denuncias ante las instancias competentes.

Contexto

La polémica por el otorgamiento de licencias se divulgó en octubre en citaciones del Congreso, y resurgió este mes, luego que el 25 de febrero el Maga informó que la entonces viceministra de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, Marissa Montepeque Sierra renunció por aspectos personales, y su retiro se hizo efectivo el 24 de febrero.

Guatemala tiene asignada una cuota para captura de atún de 9 mil 400 metros cúbicos. El Maga, por medio de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura (Dipesca), contaba con siete concesionarios para la captura en el Pacífico y dos para el Atlántico, con sus debidas embarcaciones, según datos de octubre del 2024.

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Sin embargo, parlamentarios cuestionan desde esas fechas, que de todas las embarcaciones a las que se les ha otorgado licencia desde hace años, ninguna tiene bandera de nacionalidad guatemalteca, por lo que trasladan el producto a otros países y algunas no han cumplido con hacer cuatro entregas de producto al año en Guatemala. Se denunció públicamente que incluso el expresidente Alejandro Giammattei las exoneró del pago de varias multas, días antes de dejar el cargo.

Luego de vencerse el plazo de la licencia a una de estas embarcaciones el Maga decidió no renovarla, y esa semana el ministro confirmó que la nueva licencia se otorgará a la embarcación Sant Diego Uno, de Industria Atunera Centroamericana, por una cuota de 1,900 metros cúbicos, indicando que esta compañía de capital español ya opera en Guatemala y ha efectuado diversas inversiones.

En el Congreso durante el mes, diputados de Vos, volvieron a cuestionar el caso, indicando que la exviceministra estaba entorpeciendo el otorgamiento de la licencia y favoreciendo a otras empresas. En tanto la polémica se reavivó luego de la renuncia de Montepeque, ya que al día siguiente circuló un documento donde supuestamente la exfuncionaria hacia señalamientos contra el ministro, otros funcionarios del Maga, parlamentarios y ejecutivos de la empresa mencionada.

Montepeque no respondió a las solicitudes de información para verificar si ella había emitido el documento y los señalamientos, mientras que Estrada dijo que no se pronunciaría porque se trataba de un documento apócrifo, y dijo que el jueves la exviceministra le indicó que ella no había participado en la elaboración de dicho documento.

El ministro dijo que había pedido al CNC investigar el tema de las licencias, y la CNC dijo que puede dar acompañamiento pero cada entidad debe hacer las investigaciones administrativas por medio de su unidad de probidad. La Comisión ya no respondió la solicitud de ampliación de información efectuada.

Procesos

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Manejo de licencias de atún genera polémica y confusión de quién debe investigar supuestos señalamientos

En medio de los procesos para las licencias han surgido denuncias públicas de señalamientos, favoritismo o entorpecimiento para la aprobación de los permisos sobre la pesca de esa especie.

Leslie Sánchez, Urias Gamarro y Rosa María Bolaños

28 de febrero de 2025 | 05:00h

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Según el Maga, en los próximos días se otorgará una licencia de pesca de atún a la embarcación Sant Yago Uno, propiedad de la empresa de capital español que cuenta con una planta en Escuintla. (Foto, Prensa Libre: cortesía).

En octubre del 2024 se informó en una citación de la bancada Vos en el Congreso que Guatemala tiene una cuota anual de pesca de 9 mil 400 metros cúbicos y que hace años se había otorgado las licencias otorgadas a siete empresas pero que ninguna embarcación tenía bandera guatemalteca, por lo que la especie que se captura en la zona económica se destinaba hacia Panamá y Ecuador.

Según se indicó en esa citación, que el Maga por medio de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura (Dipesca), contaba con siete concesionarios para la captura en el Pacífico y dos para el Atlántico, con sus debidas embarcaciones, y que estas tienen la obligación de hacer cuatro entregas de producto en Guatemala, pero que algunas no lo cumplían. 

En esa ocasión la entonces viceministra de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Maga, Marissa Montepeque, confirmó que estas embarcaciones no habían realizado entrega del producto en Guatemala, por lo que han sido sancionados con multas, cuyos procedimientos datan de entre el 2021 y el 2023, pero que han sido exoneradas al solicitar desistimientos.

En tanto durante la presenta semana el Maga informó que la viceministra renunció al cargo por razones personales, cuya renuncia se hizo efectiva el 24 de febrero, según el boletín emitido por esta institución.

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Un día después, el 27 de febrero, circuló un documento supuestamente emitido por Montepeque, donde se señala que dicha renuncia no fue voluntaria, sino que el ministro de Agricultura, Maynor Estrada, la forzó a presentarla, porque no accedió a la petición de él, quien junto a otros funcionarios querían quitarle la licencia a una empresa para otorgarla a otra.

Consultado sobre las razones de la renuncia de la exviceministra, refirió que son cuestiones muy personales y situaciones particulares cercanas a su entorno familiar, por lo que le pertenece a ella la información porque es muy privado porque “son cuestiones más que todo de carácter personal y ligadas a su entorno familiar”.

Se intentó contactar a Montepeque, pero no ha respondido a las llamadas, mensajes y solicitud de información para confirmar si emitió o no el documento con los supuestos señalamientos. Sin embargo, Estrada declaró que no emitiría opinión acerca del contenido porque se trata de un documento apócrifo o anónimo que no tiene firma.

Añadió que la exviceministra le habló el jueves por la mañana, que le dio a conocer que se encontraba muy afectada y le aseguró que no había participado en la elaboración de ese documento y que no había tenido nada que ver con ello.

El funcionario mencionó que Montepeque le comentó que estaba emocionalmente bastante afectada porque se sentía muy ofendida tomando en consideración de que la ponían en entredicho con él. Estrada indicó que, para dar declaraciones a los medios de comunicación, llamó a la exfuncionaria para consultarle si le autorizaba hacer público lo conversado al respecto, porque había sido “una plática muy personal con ella” y que no tuvo ningún impedimento para porque consideraba que era muy oportuno que el ministro hiciera esa aclaración en su nombre.

Estrada añadió que “no voy a referirme a lo expresado en ese documento apócrifo, anónimo y con muchas falsedades”.

Trasladarán cuota con licencia a otra embarcación

Consultado acerca de las denuncias públicas que se dieron a conocer en el Congreso en la citación desde octubre del 2024, de que se estaba favoreciendo algunas empresas con buques de bandera no guatemalteca y que ahora se buscaba abrirle espacio a la planta española mencionada.

Dijo que han sido citados en varias oportunidades por una bancada donde les han cuestionado sobre las licencias de atún.

Explicó que la pesca del atún se hace en aguas internacionales y no en las aguas nacionales, aspecto que está normado por la Organización Internacional de Atún, la cual asigna las cuotas a los países.

Añadió que en agosto del 2024 se venció la licencia para una embarcación, que no había cumplido lo establecido en la ley de pesca de hacer las cuatro entregas producto al país y que tampoco había cumplido con el pago de las multas impuestas por ese incumplimiento, por lo que se decidió ya no renovarla.

Explicó que se notificó a la empresa la cual llevó a cabo el procedimiento administrativo jurídico correspondiente, presentó las revisiones y diversas acciones legales para revertir esa decisión, y que el caso llegó a la Corte de Constitucionalidad la cual a finales de enero 2025 determinó que la cuota es soberana del país y que le pertenece por lo que puede disponer de la misma.

Estrada explicó que basados en esa resolución mantienen su postura de no renovar la licencia y en los próximos días van a trasladar la cuota a la otra embarcación que tiene bandera guatemalteca, cuya empresa atunera con capital español ha invertido en el país, en especial en Puerto de San José y que cuenta con una planta en Escuintla.

La cuota será de 1 mil 900 metros cúbicos, que incluyen los 1 mil 200 que tenía autorizados la licencia vencida, cuota que recuperó el país, y alrededor de otros 600 que se tenían de sobrante.

¿Quién investigará?

El ministro dijo que pidió a la Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNC) que investigue acerca del procedimiento para otorgar las licencias de pesca, caso que, según Estrada, incluso podría involucrar a algunos funcionarios dentro del ministerio.

“Eso es parte de todo el trabajo que estamos haciendo, yo creo que ahorita sería adelantar hechos que en alguna medida pueden afectar el proceso, pero creo que lo más importante es que hemos venido a poner orden”, enfatizó el ministro.

Consultada la CNC respondió esta semana que dio seguimiento a los señalamientos luego de las citaciones en el Congreso en octubre último, pero expuso que por mandato legal, no puede investigar esos casos, y que dentro del Organismo Ejecutivo son las propias instituciones las que deben desarrollar las investigaciones por medio de las instancias de asuntos de probidad y sus órganos de control, aunque refirió que la Comisión pueden brindar acompañamiento.

Licencia, embarcaciones e inversión

A partir de esta semana se tendrá la primera embarcación con bandera guatemalteca para pesca de atún.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) decidió otorgar en los próximos días la licencia para la embarcación Sant Yago Uno, de la empresa Industria Atunera Centroamericana, por una cuota de 1,900 metros cúbicos.

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El gerente de la compañía (una empresa de capital español instalada en el país), Guillermo Rodríguez Mahuad indicó que la embarcación es de bandera guatemalteca y esperan que este viernes 28 de febrero el Maga les entregue la licencia, lo cual les permitirá empezar a efectuar la captura de atún.

En la actualidad genera 600 empleos directos, y se llega a 3,600 jornales.

El ejecutivo señaló que se está haciendo una inversión de US$60 millones que incluye dos embarcaciones con bandera nacional, Saint Yago Uno y Sant Yago Tres, una planta de harina de pescado, módulo para vitaminas, y dos plantas para la producción de lomo fresco al vacío, y una generadora de energía eólica.

El precio promedio por tonelada de atún en el mercado es de alrededor de US$2 mil.

Rodríguez expuso que la Ley de Pesca de Guatemala establece en su artículo 25 que las cuotas de acarreo en el Océano Pacífico, solo a pueden ser concedidas a barcos de bandera guatemalteco, sin embargo, aseguró que desde 2005 se han concedido las cuotas de acarreo a buques no guatemaltecos, sino a ecuatorianos y panameños.

El tema es complejo y la Comisión Interamericana del Atún Tropical (Ciat) es el órgano que rige el control de la existencia en el Océano Pacifico, refirió explicando que recientemente había una disponibilidad de 600 metros cúbicos de túnidos, pero se congeló la cuota y no se ha notificó a la Ciat. Señaló que el caso se ha alargado porque otras partes han utilizado recursos legales para poderse apropiar del cupo.

Añadió que las autoridades del Maga recuperaron esa cuota para Guatemala y requirió que se notificará a la Ciat, pero por diversas razones no se ha gestionado, por lo que está varado el expediente.

Rodríguez Mahuad, aseguró que quienes obstaculizan la autorización de cuotas están muy organizados porque presentaron un recurso de revisión y en dos días se les otorgó un amparo por lo que considera que hay muchos involucrados.

Una cuota que no ingrese a Guatemala representa una sanción de US$30 mil y se tiene por ley dejar cuatro durante el año, añadió.

Recordó que la planta ubicada en Escuintla se ha quedado paralizada por un periodo de hasta 60 días por la falta de materia prima.

Se ha calculado que los cinco barcos que tienen cuota de Guatemala obtienen ingresos por unos US$150 millones y no ingresa ningún atún, ni se ha desarrollado ninguna otra industria.

Reiteró que, en el caso de Costa Rica y El Salvador, que tienen cupo de ese país, los obliga entregar todo el pescado por lo que para Guatemala debe ser lo mismo.

“¿Qué se ha hecho?, la verdad es que habría que preguntarle a la exviceministra cuáles son los resultados que estuvo ahí”, señaló Rodríguez Mahuad.

Guatemala desaprovecha cuota de 10 mil toneladas de atún

Guatemala desaprovecha las cuotas asignadas para la captura de atún, en parte, porque los barcos que cuentan con las licencias la despachan en Panamá y Ecuador.

Urias Gamarro

23 de octubre de 2024 | 05:00h

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Marissa Montepeque viceministra de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Maga durante la citación en el Congreso. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Guatemala posee una cuota anual de 10 mil toneladas de atún y la especie que se captura en la zona económica se destina hacia Panamá y Ecuador, denunciaron diputados de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), con autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga).

Orlando Blanco, de VOS, declaró que el Maga, por medio de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura (Dipesca), cuenta con siete concesionarios para la captura en el Pacífico y dos para el Atlántico, con sus debidas embarcaciones; sin embargo, existe una falta de control por parte de las autoridades y el producto no se queda en el país.

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El legislador afirmó que estas embarcaciones poseen la licencia de Dipesca por un plazo de 10 años, pero hacen el despacho hacia otros países, a pesar de que en Escuintla opera una planta procesadora de atún de capital español que tiene que importar de otras aguas la materia prima.  

Se calcula que el precio de una tonelada de atún en el mercado ronda entre US$1 mil 500 a US$2 mil.

En la citación, la viceministra de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Maga, Marissa Montepeque, confirmó que estas embarcaciones no han realizado entrega del producto en Guatemala, por lo que han sido sancionados con una multa procedimientos que viene desde el 2021 y así cada año hasta el 2023, pero que han sido exoneradas al solicitar desistimientos.

La funcionaria, explicó que en la actualidad se encuentra vacante la dirección de Dipesca.

En la citación también participó Julio Enrique Flores Reyes, director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, quien explicó que se procederá a una revisión interna de las disposiciones de Dipesca en estas denuncias e informar a las autoridades del Maga con las solicitudes de las posibles irregularidades.

Iniciativa de ley busca que sector de pesca, agricultura y ganadería pague impuestos

El proyecto se conocerá hoy en el Congreso de la República. La norma contempla la inclusión al régimen especial de tributación.

Enrique García

16 de abril de 2024 | 11:35h

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Varias personas llegan al mercado del CENMA a hacer sus compras de la semana. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

El pasado 14 de marzo, los diputados integrantes del bloque Cabal, Cambio, Vamos y UNE presentaron a Dirección Legislativa una iniciativa de ley para “integrar al sector productivo primario y agropecuario” a un régimen especial de tributación. El proyecto fue enviado a la Comisión de Agricultura y en menos de 20 días, la sala que dirige el congresista Rolando Guzmán Figueroa le dio dictamen favorable con modificaciones.

Entre las consideraciones de la sala de trabajo están que los productos del sector agrícola y de artesanías producidas en Guatemala destinados a supermercado, mercados cantonales, municipales y centros de acopio “podrán solicitar” su inscripción en el Régimen Primario y quedan obligados a pagar un impuesto por el equivalente al uno punto cinco por ciento (1.5%) del importe de sus ventas, en tanto que los exportadores de productos definidos como agrícolas y de artesanías deberán de pagar el dos por ciento (2%) sobre el importe de sus ventas brutas.

A este régimen se unen también las personas que desarrollen actividades de crianza, engorde, desarrollo de producción, faenado, sacrificio, transformación e intermediación de productos pecuario, hidrobiológico y apícola.

Sanción e inscripción

La iniciativa agrega que, quienes incumplan con las obligaciones de tributaciones de impuestos, serán sancionados según lo establecido en el Código Tributario, Código Penal y la Ley contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros.

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Cuatro desafíos y escenarios para las postuladoras de la nueva CSJ

El sector de vestuario y textiles solicita la actualización de varias leyes

El artículo 21contempla todos los requisitos que deberán de cumplir los “nuevos contribuyentes” para inscribirse, actualizarse y ratificarse en el Registro Tributario Unificado. La propuesta que está en tercera lectura para discutirse este 16 de abril en el Congreso da un plazo de tres meses a partir de la aprobación de la norma para que queden inscritos en el régimen.

En contra

El Ministerio de Finanzas Públicas emitió un análisis de la iniciativa. “En la forma en que se encuentra redactada la iniciativa se violentan los principios de: generalidad, certeza jurídica y justicia tributaria”, refirió la cartera, al señalar que todos los guatemaltecos sufragan estos gastos públicos por medio del pago de los impuestos.

Piden que la Superintendencia de Administración Tributaria evalúe la propuesta ya que esta puede “erosionar” los recursos del Estado. Ya que toda la disminución de la recaudación del IVA repercutirá sobre la distribución y coparticipación de los ingresos.

Además, solicitan que previo a su aprobación se adjunten los estudios técnicos y documentación que justifique la propuesta. Así mismo que se evalúe los términos en los que se proponen la exoneración tributaria.

Más análisis

Vendedores de puestos de mercado por el bien de la economía de las familias guatemaltecas presentaron este martes un documento a la presidencia del Congreso. Los vendedores indicaron que la medida planteada en la iniciativa afectaría el bolsillo de quienes asisten a realizar sus compras diarias, ya que esto afectaría el precio final del producto ya que aumentaría.

“Llegará todo más cargo a los puestos en los mercados donde vendemos producto al usuario del día a día y existe riego que la SAT nos obligue a pagar también a nosotros a pagar ese otro impuesto”.

Los inquilinos piden que ese impuesto no se aplique al comprador o consumidor final, tampoco a los inquilinos o arrendatarios de los locales. Piden que se incluya en un artículo que “los grandes productores y comercializadores que están obligados a pagar ese impuesto, no trasladen esa cantidad de dinero a los precios de los productos”.

Uno de los requisitos para que la Industria Atunera Centroamericana reiniciara la fase de producción de atún fresco era la formalización de los pescadores artesanales de la zona de influencia, para la captura de la especie.

El registro se llevó a cabo esta semana en las instalaciones de la Base Naval del Pacifico, por parte de la Dirección de Normativa de la Pesca y Acuicultura (Dipesca), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), proceso que estaba pendiente.

La planta que se ubica en el kilómetro 97 de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, está en un régimen de suspensión colectiva de contratos laborales que inició en febrero pasado, por la falta de materia prima; sin embargo, con el registro de los pescadores artesanales empezará a producir una nueva línea de atún fresco faenado y crudo, para atender la demanda del mercado local, y en el futuro, la de exportación a Estados Unidos y Europa.

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La mayoría de los pescadores registrados radica en Puerto de San José y Puerto Iztapa, pero a futuro, pretenden extenderse al litoral del Pacífico, ya que se estima que en esa parte hay unas 50 mil personas que se dedican a esta actividad, lo que representaría una oportunidad de mejora de sus ingresos.

Se elimina un eslabón

Guillermo Rodríguez Mahuad, gerente general de Industria Atunera Centroamericana, declaró que con el registro realizado por Dipesca, ya se formaliza al sector, se documenta la captura de la especie y se garantiza su compra, para un período de diez meses.

Los planes a corto plazo es empezar con la compra de la pesca, para reiniciar una parte de la capacidad instalada de la planta y comenzar a procesar. Ahora, el pescador podrá comercializar su producto de manera directa, pues se elimina a un intermediario en la cadena, y recibirá un mayor pago, pues, por ejemplo, un intermediario paga cada libra a Q5, pero al venderlo directamente a la planta, recibirá Q10.

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La estimación inicial es procesar entre 16 a 20 toneladas diarias de atún, ya que de un pescado se aprovecha el 50%, pero el resto se utilizará en otros subproductos; no hay límite ni volumen, y la comercialización va desde de 10 kilos hasta de 100 kilos. La pesca solo puede ser por caña o por hilo, es un proceso sostenible y en mercados como en el Reino Unido, se reconoce este tipo de prácticas con un mayor precio de venta.

Más demanda

El ejecutivo comentó que, en el mercado nacional, ya empieza a crecer la demanda de atún fresco, y es consumido como ceviche, entre otros platos. Además, la comunidad coreana cada vez demanda la presentación fresca de esta especie y en el mercado internacional, se mantiene la compra.

La planta se ubica en el kilómetro 97 de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal y tuvo que detener sus operaciones desde febrero por la ausencia de materia prima, por lo que se espera que los trabajadores retomen su ocupación el 1 de mayo próximo, según la solicitud que presentó la parte empleadora a la Inspección General de Trabajo (IGT).

María Isabel Salazar Urrutia, viceministra de Trabajo, informó que la suspensión de los contratos surge en virtud de la falta de insumos y esa es una de las causales que contempla el Código de Trabajo para dejar en pausa los referidos acuerdos laborales, pero con el propósito de reanudar actividades cuando haya disponibilidad de materia prima.

Los inspectores realizaron la visita a la planta, se entrevistó a los trabajadores y se verificó en las bodegas la ausencia de atún, para formular los expedientes con la información y se comprobó la inexistencia de abastecimiento para manufacturar, expresó la viceministra, que el martes acudió a una citación a una bancada en el Congreso para explicar el caso.

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En el expediente, la Industria Atunera Centroamericana, se comprometió a reiniciar labores el 1 de mayo próximo y la IGT deberá verificar las operaciones, en cumplimiento de la resolución que se emitió.

En cuanto al historial de suspensiones colectivas que ha emitido la IGT, la funcionaria recordó que en los últimos años suman más de 17 mil, debido a los efectos de la tormenta Eta e Iota en noviembre del 2020, sobre todo en la industria bananera; y luego, por la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19 y el cierre total de actividades en 2021.

Los motivos

Guillermo Rodríguez Mahuad, gerente general de Industria Atunera Centroamericana, explicó a Prensa Libre que la planta manufacturera de lomos de atún está sin operar desde el 24 de diciembre y la proyección indica que estarán sin actividad hasta el 30 de abril.

La razón principal es que no se cuenta con pescado debido a tres factores: lo primero es que en este año coincidieron las vedas de pesca de esta especie en los océanos Pacífico, Atlántico e Indico, y en 22 años de operación de la empresa no se había registrado esa combinación, que se debe a cuestiones eminentemente aleatorias y de programación de las comisiones que administra cada uno de los océanos. Estas comisiones regulan que las pescas de los barcos que tienen cuota para capturar en esos océanos se realicen cumpliendo con el cupo autorizado para cada buque.

Para Guatemala, las cuotas están asignadas en el océano Pacífico, y ese cupo fue adjudicado a barcos de otras nacionalidades. Adicionalmente, la autoridad competente no ha hecho cumplir la ley de Pesca en el art. 75, el cual obliga a los barcos que tienen asignada cuota de Guatemala, a entregar su producto cuatro veces al año.

El empresario declaró que este producto se está entregando a Ecuador y la cuota de Guatemala es de nueve mil toneladas, pero se puede entregar parte de ese cupo.

Otra razón es que la planta puede procesar filetes de atún fresco para comercializar en el mercado local, y se está fomentando la compra de atún en los pescadores artesanales, pero es un producto que no se puede procesar porque no todos los pescadores cuentan con un registro autorizado.

¿En qué consiste la medida?

Cuando se autoriza una suspensión colectiva total, el trabajador deja de laborar, y el empleador deja de pagar salarios, como lo establece la Ley, explicó la funcionaria, pero se deben demostrar causas específicas.

No obstante, en este periodo corre el cálculo de prestaciones sobre el salario devengado, como el aguinaldo, el bono 14, la indemnización y el pago de las cuotas de seguridad social.

Guillermo Rodríguez Mahuad, gerente general de Industria Atunera Centroamericana, confirmó, que, durante el periodo de suspensión, no se pagan salarios al personal, pero se cumple con todas las obligaciones laborales.

La nómina suspendida es de las áreas de operaciones y supervisión, por lo que el personal que actualmente está laborando consiste en 50 trabajadores en las áreas de mantenimiento y otras actividades en la nave industrial.

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“Las operaciones reiniciarán el 2 de mayo y se recontratará al personal, se tenga o no, la materia prima. Se supone que los barcos, empiecen a pescar, para que en la última quincena de abril se comience a despachar pesca a la planta (cuota de pesca a nivel mundial), ya que el 15 de marzo se levanta la veda en uno de los océanos”.

Impacto económico

La falta de la materia prima también implicará la pérdida de oportunidades, durante este período de suspensión.

Solo en el primer trimestre se calcula que se dejarán de exportar unas dos mil 400 toneladas de lomo de atún, que equivalen a unos 58 contenedores de 40 toneladas cada uno. Eso implica, que se han dejado de exportar unos US$15 millones 600 mil.

Los análisis apuntan a que, en el año, la planta esté en operación durante siete meses, y se espera un volumen de exportación de 8 mil 500 toneladas, para un ingreso aproximado de US$40 millones.

En 2022, las ventas al exterior se situaron en 13 mil 456 toneladas de lomo de atún y divisas por US$64 millones 244 mil.

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La Comisión Nacional para la Vigilancia y Control de la Marea Roja Tóxica se reunió de urgencia para abordar el tema e informó de las acciones que se tomaron hasta ahora.

La advertencia surge con relación a un boletín en el que se reportó una mayor concentración de clorofila en Tecojate, una comunidad en la costa del Pacífico guatemalteco, en la región de Escuintla.

Ante ello, la Comisión pidió a la población “no alarmarse”, pero sí evitar el consumo de moluscos bivalvos: mejillones, conchas, ostras y almejas, pues pueden propiciar intoxicación severa, que en la mayoría de los casos causan la muerte.

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Estudios

La Comisión recomendó a cuatro instituciones mantener la vigilancia y, a su vez, confirmó que se toman muestras para seguir con las evaluaciones.

Los altos niveles de clorofila generan un ambiente que propicia la llamada Marea Roja, por proliferación de algas y toxinas que tiende a una coloración rojiza en el agua marina. Es por ello que se solicitó a la Comando Naval que se alerte a su personal al observar esa tonalidad inusual.

Aunque la atención al tema se mantiene, no se advierte de problemas para la pesca o consumo de otros pescados y mariscos.

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Además, se informó que la dirección encargada del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) recolectará muestras para evaluar si existen toxinas en esas especies. Se reiteró que se debe mantener la veda para la pesca de estos moluscos.

A lo anterior, se instó también para que se hagan estudios y se determine la existencia de especies de microorganismos que pudieran ser nocivas para la población en general.

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Recomendaciones

En caso de consumir moluscos bivalvos se recomienda acudir al servicio de Salud más cercano si se presentan los siguientes síntomas:

• Hormigueo en los labios, lengua, boca y cara
• Pérdida de fuerza muscular
• Parálisis
• Dificultad respiratoria
• Náusea
• Mareo
• Vómitos

Sin embargo, varias fuentes de información consultadas indicaron que por el momento no se prevé un fuerte impacto y es posible continuar con la pesca y consumo de animales marinos como pulpos, calamares, langostas, camarones, cangrejos y peces, sin riesgo de intoxicación, porque solamente se han detectado algunas toxinas en algunos tipos de moluscos.

Rubén López Bran, encargado de pesca artesanal de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura (Dipesca) del Ministerio de Agricultura, explicó que la marea roja se ha detectado en las áreas de El Semillero y Caserío Madre Vieja, en el municipio de Tiquisate (Escuintla), pero se han tomado muestras de otras áreas, como Champerico, las que han salido libres de esa condición. Ahora se están monitoreando áreas del Puerto San José, Iztapa y Las Lisas.

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Explicó que es difícil determinar cuánto tiempo va a durar esta alerta, pero pueden ser unas cuatro semanas, aunque expuso que la tendencia es que llega a cierto nivel de presencia y posteriormente empieza a bajar.

Pescado y camarón, sin peligro

Según López, en el área donde se detectó marea roja, a diario salen a pescar alrededor de 65 lanchas y debido a que solo los moluscos bivalvos tienen veda, el resto de productos se pueden extraer, por lo que no se está afectando la producción ni el abastecimiento de pescado y camarón.

Manuel Ixquiac, consultor independiente en productos del mar, refirió que quienes extraen moluscos en el país, principalmente lo hacen para consumo propio, y en algunos casos, para restaurantes cercanos a las zonas costeras o cevicherías en otros municipios (como Escuintla, la capital y otros).

En cuanto a las conchas, comentó que la mayoría es importada de Panamá y El Salvador, por lo que  quienes importan, posiblemente se verán perjudicados porque algunas personas evitarán consumirlas, aunque en esas áreas no hay alerta por marea roja. En El Salvador se detectó marea roja en febrero último, pero la alerta ya fue levantada. Sobre las ostras, almejas y mejillones son nacionales y se usan principalmente en caldos, aparte de comercializarlas en los pequeños restaurantes.

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Karla Paz Cordón, profesora e investigadora (en botánica y zoología acuática), además de coordinadora del Programa Plancton y Enlace del Centro de Estudios del Mar y Acuicultura (CEMA) ante Comisión Nacional de Marea Roja, explicó que ellos van evaluando el comportamiento de los rangos de toxinas y según la experiencia, los niveles detectados no se quedarán así por mucho tiempo.

“Los productores se preocupan mucho porque dependen de esos recursos para vender y consumir, pero llamamos a la colaboración de los productores y de quienes extraen productos del mar, para que atiendan las disposiciones y colaboren”.

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Y recalcó que las disposiciones son para moluscos bivalvos porque son organismos filtradores, pero los peces, camarones y lo que se producen en piscina no tienen problemas, por lo que pueden consumirse sin ningún problema.

Juan Carlos Bolaños, directivo de la Comisión de Acuicultura de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), añadió que el sector de exportación tampoco se verá afectado porque se trabaja en piscinas, bajo la modalidad de acuicultura.

Así lo afirmó Juan Carlos Bolaños, directivo del sector de Acuicultura y Pesca de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), especificando que aumentarán los cultivos de camarón, tilapia y trucha, aunque comentó que estos productores no están agremiados.

Dentro de las novedades para este año se está buscando cómo mejorar la producción de camarón por hectárea, con un sistema intensivo de producción que permitió aumentar las exportaciones. Actualmente, el rendimiento es de 50 mil a 70 mil libras por hectárea, con tres ciclos de producción entre 90 y 120 días al año.

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En el caso del camarón nacional, la industria se ha enfocado en brindar ya no solo materia prima, sino buscar productos con valor agregado, que es reconocido en mercados asiáticos y europeos, compitiendo principalmente en el segmento de tallas de camarón pequeño y mediano. Además, en el color rojizo.

En el 2021 se exportaron US$134 millones de pescado, camarón y atún, de los cuales, US$78 millones correspondieron al crustáceo, expuso Alexander DeBeausset, otro de los directivos.

El sector de acuicultura y pesca exportador de Guatemala es altamente tecnificado y emplea a más de 13 mil personas, siendo en su mayoría mujeres, que laboran en las distintas plantas de procesamiento, que se especializan en la exportación hacia la Unión Europea, Estados Unidos y México.

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El sector efectuará la segunda edición del Simposio de Acuicultura en Guatemala, este año denominado “Alcanzando la sostenibilidad a través de la Innovación”. El evento será el 8, 9 y 10 de junio en Antigua Guatemala, contará con expertos nacionales y más de 30 internacionales.

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Nostalgia

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Desde la Colonia, los nativos de San Miguel Petapa proveían de pescado a Santiago de los Caballeros de Guatemala, dos veces por semana. Luego del traslado de la ciudad al Valle de la Ermita,  el abastecimiento continuó.

Según las crónicas,  antes de la venida de los españoles existía un pez endémico que se alimentaba de la flora lacustre. En la primera mitad del siglo XVI, fray Jerónimo Martínez introdujo las famosas “mojarras  y pepescas” procedentes del Océano  Pacífico, narra fray Antonio de Remesal en su Historia General de las Indias Occidentales.

Regulación

Con el paso del tiempo,  los peces fueron disminuyendo. La introducción de  tilapia acabó con otras especies, según estudios de la década de 1990. Esta tiende a sobrevivir en lugares contaminados y es comercialmente apetecida. De hecho, es la única que sobrevivió y es consumida solo a nivel local.

Desde la primera mitad del siglo XX, hay constancia de reglamentos de pesca en Amatitlán para equilibrar la fauna.
El de 1992 prohibía, entre otras prácticas, la pesca con trasmallo e inclusive regular el uso del anzuelo, especialmente en épocas de veda.

De aquellos días de pesca de mojarras solo queda solo un recuerdo lejano.

Descuido

El deterioro actual del ecosistema del Lago es causado por  falta de acuerdos entre  autoridades  de los siete municipios que forman la cuenca y las  aguas residuales  de la capital.

Además, para frenar la contaminación, la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán pidió en el 2016 regular la extracción de basura para  evitar vertederos clandestinos o que los desechos sean lanzados a los ríos que desembocan en ese cuerpo de agua.

Bandera política

A pesar de los esfuerzos por crear conciencia ambiental entre los habitantes de la cuenca del Lago de Amatitlán y las acciones como la instalación de aireadores y la introducción de plantas de tratamiento de aguas servidas, ese cuerpo lacustre continúa en proceso acelerado de envejecimiento o “eutroficación”, es decir, un rápido deterioro ecológico provocado por el hombre.

Además, muchos políticos han utilizado esa causa para hacer proselitismo, como  el caso denominado Agua Mágica, el cual pretendía limpiar el Lago con una “fórmula” que resultó ser solución salina. En ese proceso está imputada la exvicepresidenta Roxana Baldetti Elías y otras nueve personas, al haber suscrito un contrato con la empresa Tarcic Engineering Ltd. por Q137.8 millones, supuestamente para descontaminación.

Nostalgia

De aquellos días de pesca y recreación sana en el bello espejo de agua solo quedan recuerdos, aunque mantiene un halo de encanto, definitivamente ya no es lo mismo.

Haciendo un ejercicio de memoria, una publicación del 15 de julio de 1981 nos ilustraba cuanto costaba un viaje familiar al Lago de Amatitlán. Fíjese bien en las cifras:

• Valor del pasaje del autobu?s que se abordaba en la terminal y avenida de Petapa, 35 centavos por persona. Cinco pasajeros= Q1.75.
• Boletos al telefe?rico, adultos un quetzal; nin?os Q0.50; total Q3.50.
• Paseo en lancha de 45 minutos a la silla del nin?o, 25 centavos por persona Q1.25.
• Una vuelta a caballo a Q0.25  por persona Q0.75.
• Tres rosarios de azu?car Q0.75.
• Cinco mojarras doradas —almuerzo— Q2.50.
• Refrescos embotellados Q1.00.
• Una can?a corriente de pescar Q.0.25.
• Un anzuelo diminuto Q0.05.
• Una medida de carnada de lombrices Q0.05.
• Una bolsita de dulces para la familia Q1.00.
• Por so?lo Q14.35 se podía tener un maravilloso paseo al lago de Amatitla?n que representaba “mucha diversio?n”, segu?n la expresio?n de los “patojos”. 

Ocho años después, la BBC les acompañó en su peregrinaje a la Virgen para comprobar el estado de los corales… Y si la idea fue efectiva.

Poco a poco, cuenta el biólogo marino William Villaver, los corales están volviendo a crecer. “Es una señal positiva”, señala.

La pesca con dinamita es ilegal, pero se practica ampliamente en el Sudeste Asiático. Se calcula que han desaparecido el 50% de los corales marinos en esa región por culpa de este destructivo sistema pesquero.

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La escasez incrementó el precio del camarón en Q5 y Q10 por libra. El grande llegó a cotizarse en Q35 la libra y el jumbo incluso alcanzó los Q60.

Juan Carlos Bolaños, productor de camarón de la Costa Sur, informó que la mayoría de cultivadores empezó el ciclo de cosecha a mediados de febrero; es decir que a dos meses de que comenzó el ciclo de cultivo no había disponibilidad de los crustáceos de talla comercial.

“Durante la Semana Santa, los camarones se encontraban entre 7 y 10 gramos, que es una talla pequeña”, explicó Bolaños.

“El poco camarón de cultivo que había se terminó el Martes Santo, entre los revendedores”, dijo el productor.

Bolaños agregó que cuando empezó la Semana Santa hizo un sondeo entre productores locales y ninguno tenía producto de más de ocho gramos, y quien lo tuvo lo vendió así.

Sin embargo, según Bolaños, el mercado local no quedó desabastecido, ya que intermediarios congelaron producto en diciembre pasado y aprovecharon a venderlo en época de escasez, “a pesar de que es algo incierto y riesgoso”.

Por aparte, los pescadores de camarón en el Puerto de Iztapa reconocieron que a pesar de que este año la pesca de camarón marino fue estable, hubo escasez porque las camaroneras no salen a pescar desde Miércoles Santo.

“Aparte de que el tiempo de abundancia del camarón es entre septiembre y noviembre”, agregaron los pescadores.

Las especies que más se atraparon en Semana Santa fue el camarón café y el cristalino, que llegan a abarcar 15 unidades por libra.

Al consultar al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) si habían recibido algún reporte de escasez de camarón, encargados del Departamento de Comunicación informaron que hasta ahora no habían recibido ninguna alerta de baja en la producción camaronera del país.

Incentivan cultivos

Alexander Debeaset, gerente de Producción y de Encadenamientos de la empresa exportadora de camarón Acuamaya, comentó que existen más personas interesadas en unirse a la industria camaronera.

En la actualidad son más de 81 productores independientes que abarcan el 40% de la productividad nacional.

“Están construyendo piscinas por toda la costa y los encadenamientos apoyan con entrega de semillas y capacitaciones”, refirió el ejecutivo.

“La parte más importante es la producción de camarón local y es la que más potencial tiene de crecimiento, de generar empleo y desarrollo económico”, señaló el exportador.

Otro incentivo es que existe más apertura de financiamiento para que los pequeños cultivadores cuenten con todos los elementos necesarios para la producción.

En el corto plazo se espera que más productores puedan empezar a exportar y agreguen valor agregado a los productos.

El cultivador de camarón Juan Carlos Bolaños indicó que, junto con autoridades de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Maga, visitarán varias plantas de procesamiento que se encuentran abandonadas, en Iztapa, para evaluar la posibilidad de que quienes lo deseen puedan trabajar de manera tercerizada en añadir valor agregado al producto como precocido y pelado, sin cabeza o incluso empanizado.

“Realizamos un esfuerzo para consolidar un modelo de pesca responsable y equilibrado, en el que se logren los balances de la competitividad del sector pesquero, la vigilancia de la responsabilidad social con las comunidades que dependen de estos empleos, y la conservación ambiental sostenible” , expresó el presidente ejecutivo del Incopesca, Gustavo Meneses.

La Fundación Marviva denunció la semana pasada que los recursos atuneros del país están siendo aprovechados por la flota extranjera, mientras que el Estado no potencia una flota nacional responsable y de calidad.

Según los ambientalistas, el Estado costarricense no ha sabido aprovechar la riqueza del atún y ha dado prioridad a que flotas pesqueras de otros países extraigan recursos, dejando sin atún a la flota nacional, que sólo extrae el 5 %  (1.300 toneladas métricas) del total que se pesca en aguas nacionales.

Con la reciente medida, las autoridades acordaron otorgar licencias para pesca de atún en la Zona Económica Exclusiva de Costa Rica a embarcaciones de bandera extranjera que demuestren haber puesto la totalidad de sus capturas a industrias procesadoras nacionales.

Solamente se otorgarán licencias a estos barcos hasta completar un total de 5.847 toneladas métricas de pesca.

Una vez que se alcance el tope definido, se suspenderá el otorgamiento de licencias por lo que queda de este año. Los permisos se reactivarán en enero del 2018.

Laura Tuck, vicepresidenta de Desarrollo Sostenible del BM, dijo que al lograr una administración más sostenible de pesquerías, mediante métodos adaptados a las condiciones locales, se pueden lograr beneficios para seguridad alimentaria, reducción de pobreza y crecimiento a largo plazo.

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El análisis revela la pérdida de beneficios económicos por unos US$83 mil millones en 2012, en comparación con lo que se pudo haber generado en un escenario de óptimas condiciones.

Alrededor del 90% de recursos pesqueros marinos monitoreados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) están explotados o sobrexplotados, en comparación con cerca del 75% en 2005; en su mayoría afectados por el cambio climático.

Estudio del caso

La FAO dio a conocer ayer que Guatemala será uno de cuatro países en los cuales la institución, junto a otros organismos internacionales, implementará a partir de este mes un estudio de caso, a fin de mejorar la visibilidad del sector pesquero, estimular la colaboración entre las instituciones del área, reducir la poscaptura de peces en el país y evidenciar los desafíos actuales en el gremio.

“El pescado es un recurso que Guatemala tiene a su disposición y que no se consume en la cantidad adecuada. Fortaleciendo al sector pesquero no solo fomenta la seguridad alimentaria, sino también a las economías locales”, indicó Diego Recalde, representante de la FAO en el país.

El sector carece de cifras que precisen cuántos  se emplean en este sector,  en su mayoría artesanal; sin embargo, se cree que hay unos 18 mil 600 pescadores, cifra que muestra que el  oficio se niega a morir.

El sentimiento de la mayoría es de abandono, no solo del Gobierno, sino de las municipalidades, que ya no hacen  esfuerzos para hacer de esa actividad otro  motor de la economía.

La situación se hace más crítica con el tiempo, ya que  aseguran que lejos de desaparecer, el número de embarcaciones ha crecido  cien por cien, porque  cada día  se integran a la práctica los más jóvenes, además de que llegan, por lo menos a ese puerto, pescadores de otras regiones, lo que causa desorganización y baja en los precios.

“Nos sentimos olvidados. Somos  una fuente importante de comercio y  alimento”, expresa  con preocupación Juan José Hernández, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Guatemala.

Las cifras revelan que el 57%  de los que se dedican al negocio tienen entre 21 y 40 años.

Adversidad

En este pequeño canal de Iztapa,  la oscuridad predomina.  Son las 5 de la mañana, y las pequeñas linternas iluminan el camino, tanto de compradores directos como de intermediarios que están atentos a los productos frescos que salen del mar.

El rancho en que se ubican refleja  deterioro, una parte de su techo ya no tiene lámina  y los puestos  donde se coloca el pescado  no reúnen   condiciones mínimas de higiene.

Según los vendedores, además de las condiciones en las que trabajan, se han visto impactados porque hay variedades como el pez dorado y el tiburón que ya no se logran pescar y que eran los de mayor valor. 

A eso se suma que esta temporada no es la mejor para las ventas, ya que  el consumidor cambia su patrón de compra en la época navideña.

El precio es otro punto en contra

Por Natiana Gándara y corresponsalesSegún un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),  los mayoristas —intermediarios— venden a pescaderías y detallistas, pero los precios que pagan a los pescadores y los que se cobran al  consumidor final son muy distintos.

El documento refiere que en el lugar de venta, los precios  suben  50%, pero al llegar a Guatemala se elevan  hasta  150%,  que varía  según el producto.

Para los pescadores de Buena Vista   es vital que haya una entidad que regule los precios porque impactan en el  gremio, además de que se encargue de difundir las propiedades alimenticias de los productos del mar, lo que les permitiría una mejora.

La falta de infraestructura adecuada en los principales centros de acopio  encarece el producto, porque la manipulación, transporte y empaque “resultan caóticos”, baja la calidad e impide una distribución eficiente, resalta la FAO.

Los costos que tienen que absorber también provocan discordia.

“Pagamos impuestos, pero no retornan a nosotros”, expresa Daniel Hernández, pescador por más de 30 años y representante de la Cooperativa Servicios Básicos Champerico R. L.

Comenta que  por cada  lancha pagan impuestos a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), con lo cual no están en contra, pero afirma  que este año el impuesto de circulación de vehículos marítimos pasó  de Q150 a Q300.

Así también deben contar con  licencia naval, que cuesta Q50.

Esos gastos, sumados al  combustible, dice,  no se recuperan en un viaje, que tiene un costo  de Q500 y Q600 para pequeñas embarcaciones.

Por aparte, dicen que la falta de dragado y de un malecón adecuado implica que tengan  que tardar más días en alta mar, comenta Ramón Sazo, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo.

La situación no es muy diferente en Champerico, Retalhuleu.

En ese lugar   también se quejan de  pesca  escasa y el mayor reto es salir al mar, ya que se arriesgan al pasar por un canal improvisado que hicieron en la dársena pesquera.

“El proyecto fue un fracaso, y desde entonces se corre el riesgo de que  las lanchas vuelquen y ocasionen accidentes”, afirma   Mario Velásquez.

Sixto Torres,  de la Asociación de Pescadores Artesanales de La Unión, Iztapa, Escuintla, expresó que también sufren  porque los ríos se han secado y los arrecifes están dañados,  lo que no permite el desarrollo de la larva.

La responsabilidad del sector recae en la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura (Dipesca), del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga).

La entidad cuenta con uno de los presupuestos más bajos de la región, y los   Q4.5 millones asignados para el 2016 únicamente logran cubrir gastos administrativos, combustible y mantenimiento para los vehículos que utilizan nueve inspectores para todo el país.

El director Carlos Marín refiere que el presupuesto es insuficiente para apoyar al sector y que  gobiernos anteriores se enfocaron en regalar artes de pesca y construir centros de acopio que nunca originaron desarrollo.

Los empresarios, agremiados a la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), manifestaron que la medida se tomó de manera arbitraria por parte de Álex Salazar, director del Departamento de Inocuidad del Visar-Maga.

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Afirmaron que la decisión ha generado pérdida por más de US$22 millones durante los tres meses que no han podido comprar materia prima del país sudamericano.

Los hallazgos

Salazar informó que, en efecto, las empresas en Ecuador cuentan con certificaciones internacionales, pero en la actualidad no podrán enviar producto al país por haber incumplido normas de inocuidad, a raíz de la visita que realizaron autoridades del Visar-Maga a las plantas.

Sergio García, director de Pesca y Acuicultura de Agexport, aseguró que las faltas documentadas no son sustento técnico para otorgar un dictamen desfavorable. “La inocuidad del camarón no se mide por observaciones visuales”, resaltó.

Salazar agregó que en 8 de las 22 plantas venció el permiso y dos de ellas vencerán en octubre próximo; para las otras 10 el contrato vence en el 2018 y para el 2019 se vencen las otras dos.

“No estamos cerrando el comercio con Ecuador y las empresas deberán hacer las correcciones pertinentes”, dijo.

“La revisión se realiza cada tres años, precisamente para evitar que los alimentos sean contaminados con productos que puedan ser dañinos para la salud”, puntualizó el viceministro Salazar.

“Espero que esto aliente a ciudadanos de todo el mundo para que se conviertan en poderosos activistas” a favor de la protección de los océanos, dijo DiCaprio durante la III Conferencia Internacional “Nuestro Océano”, que se celebró esta semana.

El ganador del Óscar, que lleva años promoviendo la lucha contra el cambio climático, opinó que las “medidas innovadoras” son la única forma de salvar el océano, que “ya no puede soportar el nivel de contaminación” al que está expuesto por la acción humana.

“No habrá maravillas que descubrir en el océano para nuestros hijos y nietos si no nos obligamos a ser más audaces y tomar medidas ahora para proteger nuestros mares antes de que sea demasiado tarde”, advirtió el actor.

El mapa virtual lanzado esta semana muestra “la aparente actividad pesquera de 35 mil buques pesqueros comerciales que operan en todo el mundo” a tiempo “casi real”, y se actualizará regularmente para mostrar nuevos barcos y reflejar la actividad pesquera desde 2012, según un comunicado publicado por las organizaciones implicadas.

“Global Fishing Watch es una herramienta poderosa para ayudar a restaurar nuestros océanos, porque permitirá a los gestores de pesquerías entender y manejar mejor la actividad pesquera en sus áreas y también ayudará a las agencias gubernamentales a combatir la pesca ilegal”, indicó el comunicado.

La aplicación se alimenta de datos públicos por del Sistema de Identificación Automática (AIS, por su sigla en inglés), recolectados por tierra y por satélite, para mostrar a dónde se dirigen los barcos pesqueros.

DiCaprio aseguró que al rodar un nuevo documental sobre cambio climático, Before the Flood, pudo comprobar cómo en los arrecifes de coral de las Bahamas no hay “ni un solo pez a la vista, es un cementerio”.

“Ese es el estado de la mayoría de los arrecifes de coral del mundo, son ecosistemas que hemos destruido”, lamentó. 

Todo para frenar un negocio mundial que cada año puede llegar a mover hasta 26 millones de toneladas y US$23 mil millones (unos €20 mil 600 millones).

El llamado Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto, adoptado por la FAO en 2009 y que requería la adhesión de 25 Estados para entrar en vigor, ya es realidad después de que se hayan comprometido 29 países y la Unión Europea.

Todos ellos representan un 62 % de las importaciones mundiales de pescado y un 49 % de las exportaciones, un buen punto de partida pero no suficiente.

La especialista de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura  (FAO) Lori Curtis explica a Efe que “la efectividad del acuerdo aumentará sustancialmente cuantos más países formen parte”.

“Muchos países ya han puesto en marcha las medidas, no es nada nuevo que puedan hacerlo. Lo que cambia es que se vuelve una obligación para ellos”, afirma Curtis, que agrega que, mientras algunos han tratado de adaptar su legislación, otros se han asegurado de que lo tenían todo en orden antes de adherirse.

Los países firmantes deben designar puertos específicos para los buques extranjeros, que tienen que solicitar permiso con antelación para entrar en ellos, facilitar información a las autoridades y permitir la inspección a bordo.

“El acuerdo no dice que haya que inspeccionar todos los barcos. Los países deberán definir ellos mismos un nivel de controles suficiente para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada de forma efectiva” , destaca Curtis.

Si a un puerto llegan varios barcos de golpe y no pueden inspeccionar todos, las autoridades realizarán una evaluación a partir de la información recibida y, si una embarcación es sospechosa de participar en la pesca ilegal, le pueden negar su entrada u obligarla a ser revisada.

En caso de prohibir el acceso o inspeccionar la nave, los países deben comunicárselo al Estado al que pertenece la bandera y tienen la posibilidad de informar a otras partes, como otros países a los que pueda dirigirse luego el barco en cuestión.

Existe el riesgo de que países como Mozambique o Sudáfrica sean partes del tratado y sus vecinos, al no serlo, pasen a hacer de muelle alternativo para la pesca ilegal.

“Por eso es importante que todos los países con puertos se sumen a ese acuerdo y este se pueda universalizar. Tenemos que asegurarnos de que se implementa”, sostiene Jessica Battle, experta de la ONG conservacionista WWF.

Battle remarca que este tratado para barcos extranjeros nació ante la “frustración”  generada porque los países no controlan efectivamente la actividad de las embarcaciones que están bajo su bandera.

Y así sucede en un país firmante como Tailandia, con serios problemas de pesca ilegal y abusos laborales, sobre todo de inmigrantes sin papeles, en sus propios barcos.

El representante tailandés ante la FAO, Sompong Nimchuar, señala que desde mayo del año pasado tienen 28 centros de control para inspeccionar los buques tailandeses, que deben reportar cada vez que entran y salen si pesan más de 30 toneladas brutas, al tiempo que han designado 27 puertos para los extranjeros.

En ese sentido, Tailandia “está desarrollando sistemas electrónicos de trazabilidad para productos pesqueros y animales acuáticos, y para la monitorización de las medidas del Estado rector del puerto con el fin de evitar la entrada de capturas ilegales en la cadena de valor del pescado” .

Importante será que los países compartan información sobre cualquier barco involucrado en prácticas ilegales a través, por ejemplo, de un registro mundial que está en elaboración.

También está previsto que los países en desarrollo que no tengan capacidad para aplicar el acuerdo reciban asistencia técnica.

“Cada vez hay menos peces y a veces los pescadores no encuentran”, por lo que se harán las consultas regionales “para determinar las probables causas de esta caída del abastecimiento”, comentó el director de Ospesca, Mario González.

A mediados de marzo, otro informe técnico de Ospesca anticipó que los volúmenes de pesca en el Pacífico y Caribe centroamericano, que dejan a la región ingresos por unos 2.500 millones de dólares anuales, se habían reducido en cerca de un 25% debido al fenómeno climático de El Niño.

En ciertos casos, el calentamiento de las aguas ha provocado la emigración o ha afectado la reproducción de las especies, explicó en su oportunidad el organismo regional.

Las autoridades, según González, registran además “la disminución de diferentes especies de peces en aguas continentales”.

Técnicos de Ospesca también investigan el “varamiento masivo” de delfines que la semana pasada se produjo en playa Ostional, en el distrito de Tonosí, 340 kilómetros al suroeste de la capital panameña.

“Sobre el tema de los delfines varados, llama la atención de Climapesca (informe técnico) la información de que los animales estuviesen con el estómago vacío”, precisó el organismo.

Los países centroamericanos tienen un consumo anual promedio por persona de 8,5 kilos de productos del mar, frente al promedio mundial de 19,2 kilos.