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Congreso gasta Q7.4 millones mensuales por asesores delegados a tareas administrativas

Analistas consideran que el aumento de asesores en el Organismo Legislativo podría ser consecuencia de la existencia de plazas fantasmas a favor de diputados o partidos.

Douglas Cuevas

21 de julio de 2025 | 00:05h

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Datos del Cien reflejan que hay en promedio 15 trabajadores por cada diputado. Fotografía: Prensa Libre (Erick Ávila).

El Organismo Legislativo tiene contratados a 991 asesores para el 2025, según datos de las organizaciones que integran Congreso Eficiente. De ellos, 446 están asignados a tareas administrativas, conforme a datos publicados en el sitio web del Parlamento.

Los datos del informe de Congreso Eficiente —que evaluó el primer período de sesiones ordinarias del Legislativo, del 14 de enero al 15 de mayo— reflejan un aumento en la contratación de personal bajo el renglón 022, con un gasto mensual de Q7 millones 480 mil.

Entre las personas contratadas bajo el renglón 022 asignadas a funciones administrativas se incluyen 95 en la Dirección Administrativa; 74 en Recursos Humanos; 56 en el área de Investigación Legislativa; 49 en Asuntos Jurídicos, además de otros en Comunicación Social (27) y 16 en la Guardia Parlamentaria.

En los listados que publica el Congreso también hay 15 contrataciones 022 con la anotación “reinstalación”. Se trata de personas que demandaron al Congreso por despido injustificado y lograron que un juez ordenara su regreso a la institución.

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El renglón 022  se utiliza para contratar apoyo en tareas específicas sin crear plazas fijas. Se usa para contratar personal técnico, profesional o administrativo por un tiempo definido, de acuerdo con la legislación vigente. Funciona como un contrato por servicios, sin los beneficios completos de un empleado permanente.

“Desde el Congreso argumentan que, dado que los contratos del personal que realiza labores administrativas se renuevan cada año, son temporales. Sin embargo, según nuestra interpretación, el hecho de que se renueven anualmente no significa que las funciones administrativas sean temporales; son permanentes”, explicó Walter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Para los analistas, la cantidad de asesores es “excesiva” y podría reflejar un fenómeno de corrupción ya documentado en el Congreso: las plazas fantasmas.

En el 2016, el Ministerio Público (MP) acusó a diputados y exdiputados de crear puestos innecesarios con el fin de obtener ingresos adicionales del Parlamento: personal contratado que no asistía a trabajar, pero cobraba puntualmente y entregaba una comisión a los legisladores.

Síntoma de corrupción

La constante contratación de asesores no se justifica, según los analistas, quienes consideran que sería posible cumplir con las funciones del Legislativo con menos personal.

“Esas actividades se podrían —o se tendrían que— cubrir con el personal fijo. ¿Qué necesidad hay de tener 2 mil 432 empleados en una institución con 160 diputados? Aunque directamente haya entre 6 y 10 empleados por diputado, si se divide el total de trabajadores entre los congresistas, hay en promedio 15 por cada uno”, cuestiona Menchú.

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Esa elevada cantidad de personal, añade, podría propiciar contrataciones fraudulentas. “Existe el riesgo de que haya plazas fantasmas. Además, hay presiones de los partidos políticos por colocar a su gente. Si se revisan los asesores contratados, algunos han sido candidatos, exdiputados o colaboradores partidarios”.

La misma sospecha expresa Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, quien señala que las contrataciones en el Congreso suelen carecer de respaldo técnico.

“No es algo aislado ni nuevo. El Congreso siempre ha sido un espacio para hacer contrataciones innecesarias, injustificadas e indebidas”, afirma.

Las investigaciones por plazas fantasmas presentadas hace casi una década fueron, según Marroquín, apenas una muestra del problema real. Estima que de haberse continuado las pesquisas se habrían descubierto otros usos cuestionables de los fondos públicos.

“Hace años se reveló que muchas de esas plazas son fantasmas: personas que no cubren una necesidad real en el Congreso. En otras ocasiones, se crean para generar ingresos a los diputados, quienes exigen una parte del salario de quienes logran ser contratados”, indicó.

Congreso niega contrataciones

El Departamento de Comunicación Social del Organismo Legislativo niega la existencia de asesores administrativos bajo el renglón 022, pese a los informes públicos y el análisis de Congreso Eficiente.

“El Organismo Legislativo no cuenta con la figura de asesores en el renglón 022 asignados a tareas administrativas”, respondieron.

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El Congreso evadió las preguntas sobre el gasto mensual de asesores con funciones administrativas ni la justificación de los contratos. “Aclaramos nuevamente que el Organismo Legislativo no cuenta con asesores administrativos en el renglón 022. El personal de dicho renglón está distribuido en diversas direcciones, departamentos y unidades funcionales de este alto organismo de Estado”, respondió.

Respecto de las observaciones de los analistas sobre posibles plazas fantasmas, el Legislativo asegura contar con controles internos para supervisar al personal contratado.

“Además, se realiza marcaje diario de entrada y salida mediante huella digital. En el caso de los servicios profesionales y técnicos contratados bajo el renglón 029, estos no se consideran empleados públicos. Las personas contratadas en ese renglón cumplen actividades definidas por sus términos de referencia y presentan productos mensuales con factura adjunta”.

Auditoría en curso

Ante las alertas de Congreso Eficiente y los señalamientos de los analistas, la Contraloría General de Cuentas (CGC) indicó que desarrolla una auditoría especial de nóminas.

“La CGC realiza auditorías de nómina como parte de su función de fiscalización de los recursos públicos. Estas verifican la correcta aplicación de las normas y procedimientos en el manejo de la nómina, incluyendo cálculos de salarios, beneficios, deducciones y retenciones de impuestos. El objetivo es garantizar la transparencia y legalidad en la gestión de los fondos públicos”, señaló la dependencia.

Audiencia de Luis Rabbé en el caso Plazas Fantasma se programa para el 10 de junio

Una jueza programó para el próximo 10 de junio la resolución judicial de Luis Rabbé en el caso Plazas Fantasma.

Elmer Vargas y Pavel Arellano

20 de mayo de 2025 | 14:46h

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El exdiputado Luis Rabbé durante la audiencia de etapa intermedia en el caso Plazas Fantasma. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Este 20 de mayo la jueza Claudette Domínguez, del Juzgado de Mayor Riesgo A, programó para el próximo 10 de junio a las 9.30 para resolver la situación jurídica de Luis Rabbé por el caso Plazas Fantasma.

El pasado 19 de mayo el exdiputado se presentó al juzgado para que se desarrollara la audiencia de etapa intermedia del caso, la cual, en un inicio iba a ser el pasado 27 de enero, pero no se llevó a cabo porque la defensa del señalado se excusó.

Rabbé es señalado por los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción.

Las investigaciones señalan que el exdiputado habría aprobado plazas en el Congreso de la República para personas que no asistían a laborar.

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Suspenden audiencia de Luis Rabbé en el caso Plazas Fantasma

El Juzgado de Mayor Riesgo A informó por qué fue suspendida la audiencia de Luis Rabbé en el caso Plazas Fantasma.

Óscar García y Elmer Vargas

27 de enero de 2025 | 11:53h

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El expresidente del Congreso, Luis Rabbé. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Para este lunes 27 de enero estaba programada la audiencia de etapa intermedia de Luis Rabbé por el Caso Plazas Fantasma; sin embargo, esta se suspendió.

Esta estaba prevista en el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez.

La defensa del señalado se excusó y se va a reprogramar la audiencia, aunque no se indicó fecha. La información fue proporcionada por el Juzgado, Rabbé no acudió a tribunales.

En noviembre de 2024, el referido Juzgado amplió el plazo de investigación por el caso Plazas Fantasma, en el que se procesa al exdiputado, quien fungió como presidente del Congreso y como ministro de Comunicaciones.

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El 8 de agosto del mismo año, el exfuncionario fue extraditado a Guatemala luego de haber sido deportado de México.

Investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público en conjunto con la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala revelaron que el exdiputado aprobó plazas en el Congreso de la República para personas que no asistieron a trabajar.

Para leer más: Sala declara con lugar apelación y otorga arresto domiciliario a Luis Rabbé en caso Plazas Fantasma

Según las pesquisas, Rabbé autorizó para la junta directiva 164 plazas que no cumplían con el perfil idóneo, con salarios excesivos y algunas de ellas sin asistir a labores.

MP presenta indicios contra Luis Rabbé en caso plazas fantasma y audiencia continuará este miércoles  

Luis Rabbé asistió a la audiencia de primera declaración en el caso plazas fantasma y el MP le informó de los delitos que habría cometido.

Óscar García y Elmer Vargas

20 de agosto de 2024 | 18:04h

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Luis Rabbé, expresidente del Congreso, en receso durante audiencia de primera declaración por el caso Plazas Fantasma. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

En el Juzgado de Mayor Riesgo A se efectuó este martes 20 de agosto la audiencia de primera declaración del expresidente del Congreso de la República, Luis Rabbé, en el caso denominado Plazas fantasma.

El Ministerio Público (MP) presentó los indicios contra el exfuncionario y reveló los hechos por los cuales se giró la orden de captura en contra de Rabbé, quien es señalado de abuso de autoridad, peculado por sustracción y de nombramientos ilegales. Sin embargo, la audiencia fue suspendida y continuará este miércoles 21 de agosto a las 10 horas.  

Según la investigación, el exfuncionario habría aprobado 157 contratos para personas que laboraron en el Congreso entre el 2014 y el 2015.

El ente investigador recordó que Rabbé integró la Junta Directiva del Congreso de la República y aprovechando de su cargo “abusó” para hacer “actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública”.

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Además, habría autorizado la contratación de personas en el renglón 022 para laborar en diferentes dependencias del Organismo Legislativo. De los contratados, al menos 106 culminaron el diversificado y el resto nivel universitario pero el perfil no era acorde para el puesto asignado.

También 11 personas bajo el mismo renglón fueron asignadas como asistentes de la presidencia del Congreso con salarios entre los Q6 mil y Q20 mil. Además, justificó traslado de personas a otros cargos.

Durante la audiencia, Rabbé portaba una playera con la ilustración de una portada de elPeriódico. En la portada se leía: “Reparo por Q72.8 millones a directiva de Mario Taracena”.

En declaraciones se refirió a una persona que laboró en el Congreso en 2016 y según él, este tenía doble contrato, uno en el Legislativo y otro en el Registro Nacional de las Personas, pero no hubo acción penal contra los responsables.

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Rabbé afirmó que lo que el MP hace en su contra es administrativo.

Luis Rabbé, expresidente del Congreso y exministro de Comunicaciones, fue extraditado a Guatemala la madrugada el 8 de agosto de 2024, luego de ser deportado de México, informó el Ministerio de Gobernación (Mingob) guatemalteco.

A eso de la 1 de la mañana, el Mingob publicó en sus redes sociales que Rabbé estaba siendo deportado de México a Guatemala en cumplimiento a una orden de extradición.

Investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en conjunto con la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala revelaron que el exdiputado aprobó plazas en el Congreso de la República para personas que no asistieron a trabajar.

Rabbé salió de Guatemala rumbo a la Ciudad de México el 16 de agosto de 2016, dos días antes de que la Corte Suprema de Justicia le retirara la inmunidad.

El 15 de marzo de 2021, las autoridades mexicanas habían informado que Rabbé iba a ser extraditado a Guatemala.

Luis Rabbé rendirá su primera declaración el 20 de agosto tras su extradición a Guatemala

Tras su extradición a Guatemala, el exdiputado Luis Rabbé rendirá su primera declaración ante un juez por un caso de plazas fantasma.

Hedy Quino y Elmer Vargas

12 de agosto de 2024 | 12:17h

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El expresidente del Congreso de la República, Luis Rabbé, será escuchado el 20 de agosto en la audiencia de primera declaración. (Foto Prensa Libre: Oscar Vásquez Mijangos).

El martes 20 de agosto, el expresidente del Congreso de la República, Luis Armando Rabbé Tejada, rendirá su primera declaración ante un juzgado. Esto luego de su extradición a Guatemala, registrada el jueves 8 de este mes.

Este lunes 12 de agosto se conoció que el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez, programó para el próximo 20 de agosto la audiencia de primera declaración del exlegislador, quien es señalado por el caso de Plazas Fantasma en el Organismo Legislativo.

Extradición de madrugada

En la madrugada del jueves 8 de agosto el Ministerio de Gobernación (Mingob) informó de la extradición de Luis Rabbé.

Las autoridades mexicanas entregaron a Luis Rabbé en la frontera de El Carmen, San Marcos, a un contingente policial guatemalteco, luego fue trasladado vía aérea a la ciudad de Guatemala, detalló la cartera del Interior.

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Señalado en el caso de Plazas Fantasma

El Mingob indicó que el expresidente del Congreso fue capturado en México en el 2018 y se negó ser extraditado voluntariamente, por lo que fue enviado a prisión preventiva en ese país.

Luis Rabbé es señalado por los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción y nombramientos ilegales.

Investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) en conjunto con la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revelaron que el exdiputado aprobó plazas en el Congreso de la República para personas que no asistieron a trabajar.

Según las pesquisas, Luis Rabbé autorizó para la junta directiva 164 plazas que no cumplían con el perfil idóneo, con salarios excesivos y algunas de ellas sin asistir a labores.

#MPfuerteYfirme #Extradición
MP coordina extradición de Luis Armando Rabbé Tejada

El Ministerio Público, coordinó la extradición de Luis Armando Rabbé Tejada, quien fue aprehendido en los Estados Unidos Mexicanos y hoy es entregado al Gobierno de la República de Guatemala.

El… pic.twitter.com/hozy4qaHkC

— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 8, 2024

Se cerró el caso

La extradición de Luis Rabbé se registró siete días después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) cerró el caso Plazas Fantasma, con cuya resolución resultaron beneficiados varios funcionarios.

Una apelación interpuesta por el MP sobre una resolución del Juzgado de Mayor Riesgo “A” fue rechazada, por lo que quedó en firme el cierre del caso dictado por la jueza Claudette Domínguez.

Contrataciones se cuadruplican en el Congreso y gasto sube un 934 %

Junta Directiva del Congreso presenta informe de contrataciones y destaca las de 45 candidatos electorales.

Henry Montenegro

14 de febrero de 2024 | 18:44h

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Autoridades del Congreso de la República revelaron que las contrataciones en el Legislativo de ha incrementado en los últimos años. (Foto Prensa Libre: Gabriel Molina)

En el 2016, el Congreso de la República tenía en su registro 68 contratos administrativos 022; sin embargo, a diciembre del 2023 el número aumentó a 321 plazas; mientras que el personal administrativo 029 en 2016 era de 21 plazas, en 2023 alcanzó las 79, cuadruplicando el número en dos legislaturas. 

Según un informe presentado por la primera secretaria de la Junta Directiva, Karina Paz, esto representa un incremento de un 425% en cuanto a las contrataciones, pero al hacer la comparación del crecimiento de plazas con los montos erogados se evidencia que el desembolso para cubrir estos puestos fue mucho mayor.

Estas plazas representaron en los últimos cuatro años un incremento de 934% en cuanto a los montos, pasando de gastar Q7 millones 769 mil 502 por estas plazas en 2016 a Q67 millones 918 mil 942 en el 2023, por los contratos de ambos renglones.

Paz explicó que del total de plazas del Congreso de la República hay 691 contratos hasta diciembre del año pasado que representan a las tres personas que puede contratar cada diputado, y en esas no tienen competencia.

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Las plazas que fueron revisadas y presentadas en el informe con 400 plazas vigentes en el 2023, que forman parte de los renglones 022 y 029, donde han existido señalamientos de posibles irregularidades.

Paz también explicó que se encontró el caso de 45 candidatos electorales que fueron contratados en el 2023 por la Junta Directiva, de los cuales 5 fueron renovados por la anterior junta. Sobre estos solicitaron a la Contraloría General de Cuentas una auditoría.

El informe señala que de los 400 contratos administrativos 022 del 2023, se encontró que 143 fueron renovados por la anterior junta directiva de la IX legislatura para el 2024 (137 con vigencia de 3 meses y 6 con vigencia de un año).

Además, detalla que se encuentran en análisis alrededor de 40 contratos y recontratación de personal de mantenimiento y marimba y que más de 200 contratos administrativos no serán renovados.

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Arévalo informa que 878 personas fueron retiradas de cargos de Estado

Además, dio a conocer de la juramentación del nuevo comisionado contra la corrupción, entre otras acciones en su primer mes de gestión.

Déborah López y Leslie Sánchez

14 de febrero de 2024 | 12:54h

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Bernardo Arévalo y Karin Herrera en la presentación de sus primeros 30 días de gestión.

En el marco de un acto especial por sus 30 días de Gobierno, el presidente Bernardo Arévalo dio a conocer que 878 personas fueron retiradas de cargos de la administración del Estado, al encontrar anomalías en sus plazas.

El mandatario explicó que al realizar una auditoria constataron que las plazas de este número de personas eran fantasma o no tenían justificación ser.

En otros casos, explicó que se encontraron posibles indicios de corrupción en la contratación de las personas destituidas.

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Asimismo, informó que “no podía pasar el primer mes” sin incorporar “a una pieza central de la lucha contra la corrupción” a su Gabinete.

Se trata del comisionado contra la corrupción Santiago Palomo, quien tendrá a su cargo el desarrollo de políticas institucionales “que prevengan prácticas corruptas y denuncie a funcionarios infractores, cualquiera que sea su nivel”

Otros reportes

El mandatario acompañado de su vicepresidente Karin Herrera, detallaron otras acciones que han ejecutado o iniciado en este primer mes de administración:

• Inicio de “recuperación” del Aeropuerto Internacional La Aurora tras la destitución de quién fue director por 8 años consecutivos, Francis Argueta.
• Derogación del acuerdo de seguridad y que ponía a disposición vehículos del Estado a exfuncionarios del gobierno anterior, durante 5 años. Además, se informó que estipularon que los automotores no pueden ser usados por funcionarios o empleados del actual Gobierno durante los fines de semana, salvo autorización.
• Reformación del reglamento de gobernadores “que ha generado más participación, transparencia y apertura en un proceso que antes era opaco y caracterizado porque la ciudadanía no podía ejercer auditoria social”.
• 9 cateos en cárceles, lanzamiento del Grupo Especializado contra Extorsiones (GECE) que cuenta con 440 agentes, detención de 94 sospechosos de extorsión, desarticulación de dos estructuras dedicadas a este delito, 340 allanamientos de donde capturaron a 399 sospechosos de otros delitos. Destacaron que el pasado 7 de febrero se registraron 0 homicidios en el país.
• Iniciaron “una estrategia de paz” para resolver el conflicto histórico entre Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, jurisdicciones de Sololá.
• Firma de un acuerdo con organizaciones campesinas que “sienta las bases para abordar la situación agraria en el país”.
• Juramentación de la primera mujer como comandante del Ejército, además de tres damas coroneles nombradas como jefes “de importantes servicios militares”.
• Iniciaron la mejora de 4 mil escuelas, y planifican que al finalizar este año sumen 10 mil centros educativos públicos remozados.
• Cancelación del Fondo de Seguro Escolar que representaba Q300 millones anuales. Según informaron, con ese dinero fortalecerán programas de apoyo como una segunda entrega de útiles escolares a medio año.
• Apertura del Palacio Nacional de la Cultura en donde han registrado más de 3 mil visitas de ciudadanos versus 1 mil 172 reportadas en 2023.
• 12 conferencias de prensa realizadas por el presidente y vicepresidente y 7 por ministros de Estado. Además de la inauguración de la sala de prensa y el recibimiento del relator por la libertad de expresión Pedro Vaca Villareal, su primera visita en 8 años.

En el acto también participaron los ministros del Gabinete de Arévalo, quienes respondieron preguntas de medios de comunicación.

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La propuesta de dejar de utilizar Guatenominas fue planteada mediante un acta por la anterior Junta Directiva del Congreso, presidida por Allan Rodríguez, acciones que, para algunos, son un claro retroceso en la fiscalización y transparencia.

De hecho, varios sectores sociales anticipaban una batalla legal en contra del Congreso por sus intenciones de ocultar la nómina de empleados, pues en ocasiones anteriores han surgido casos de plazas fantasma que, incluso, varios exdiputados han ido a prisión.

Sin embargo, este miércoles, Shirley Rivera, presidenta de la Junta Directiva del Legislativo, comunicó que determinaron que el sistema Guatenóminas se seguirá utilizando.

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“Se instruyó para que el Ministerio de Finanzas Públicas haciendo una consulta a la Contraloría de Cuentas no dijeron si debemos o no estar en el sistema Guatenóminas y quiero decirles que la conclusión a la que llegamos en Junta Directiva es que (…) no hay porque tenerle miedo a tener este sistema de Guatenóminas”, dijo a los diputados Rivera desde su curul en el Congreso.

“Se procedió a solicitar al Ministerio de Finanzas a que nombre personal técnico y profesional para migrar del sistema actual a Guatenóminas”, agregó Rivera.

Durante la jornada de este miércoles en el Congreso se vivieron momentos tensos entre algunos diputados; por ejemplo, hubo una discusión entre los parlamentarios Mario Taracena y el expresidente del Congreso, Allan Rodríguez, artífice de la intención de excluir el uso de Guatenóminas.

Por momentos, diputados oficialista acuerparon a Rodríguez, mientras otros le recriminan por la decisión de salirse de Guatenóminas.

Detalles

Luego de una acalorada discusión entre los expresidentes del Congreso, Mario Taracena y Allan Rodríguez, la actual presidenta Shirley Rivera dejó la mesa directiva y llegó hasta su antigua curul y tomó la palabra. Señaló que pidió al Ministerio de Finanzas que se nombre al personal capacitado para llevar a cabo el traslado de información de Delta (plataforma del Congreso) a Guatenóminas, con lo cual se revierte la solicitud que hizo Rodríguez para ya no pertenecer al sistema de transparencia.

Durante una hora, aproximadamente, los parlamentarios discutieron sobre la propuesta de un punto resolutivo planteado por la jefa de la bancada Semilla, Ligia Hernández. Luego se sumaron otros bloques legislativos, quienes respaldaron el planteamiento.

Sin embargo, los ánimos se elevaron cuando tomó la palabra el expresidente del Congreso, Mario Taracena, quien advertía en reiteradas ocasiones “no aprendemos”, refiriéndose a que hay varios expresidentes del Organismo Legislativo que se encuentran aun dilucidando su situación legal por casos de presuntas plazas fantasma.

“No se puede retroceder en esto, ¿cuál es la intención? Esconder plazas, eso es”, expuso Taracena, señalando que el Ministerio de Finanzas les envió una carta en la que les señala que no tienen información de las plazas 029 que no se reportaron el año pasado en el Congreso.

“No aprendimos la lección, no entendimos que se van presos. Es lo más horrible, aunque sea tu enemigo, cuando se llevan a un diputado se estruja el corazón y se siente horrible”, dijo Taracena.

Posteriormente acuerpado el expresidente del Congreso, Allan Rodríguez, fue rodeado por diputados del oficialismo, mientras el diputado Aldo Dávila le cuestiona.

Rodríguez aseguró que el Congreso nunca ha estado en Guatenóminas en su totalidad, a la vez que señalaba que la oposición “se quedó sin argumentos”. También expuso los argumentos técnicos por los cuales se envió la solicitud.

Posteriormente tomó la palabra Rivera quien luego del anunció incluso fue aplaudida por diputados del oficialismo, y algunos de oposición. Posteriormente Rivera dejó la curul y regresó a la mesa directiva.

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Organizaciones sociales y entidades de fiscalización analizaban accionar legalmente contra el Congreso si la intención de ocultar la nómina de empleados continuaba, puesto que no solamente podría reñir con prácticas administrativas sino hasta con principios constitucionales, según la organización Acción Ciudadana (AC), quien ve una clara violación al artículo 30 de la Constitución, que estipula que todos los actos administrativos de las entidades de Estado deben de ser públicos.

Plazas fantasma

El Congreso de la República no es una entidad con credibilidad, los procesos judiciales contra algunos exdiputados como Gudy Rivera y Pedro Muhadi, por plazas fantasma son un claro ejemplo de ello, según la lectura de María del Carmen Pelaez, investigadora de la organización Diálogos.

También lea: Se anticipa batalla legal en contra del Congreso por querer ocultar su nómina de empleados
 

“Preocupa sobre todo por varios casos donde el Gobierno, específicamente el Congreso se ha visto envuelto de señalamientos de plaza fantasma y otro tipo de casos que han llegado a faces judiciales avanzadas en las que se ha visto que existe esta lógica de usar la institución como un botín y no como una herramienta de servicio a la población”, dijo la experta en transparencia.

Entre los que detallan una serie de supuestas plazas fantasmas, malos tratos a los trabajadores contratados bajo el renglón 011 y 029, así como fiestas después del horario laboral.

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El documento menciona que desde que Berríos está en sus funciones ha tomado acciones que van en contra del objetivo general de la institución, que son la atención y dignificación de los migrantes guatemaltecos y a sus familias.

Mencionan que el director contrató a personas que no se presentan a laborar y que únicamente llevan las facturas correspondientes para que les paguen cada mes.

También detalla que en comisiones fuera de la capital, Berríos solicita que el personal contratado 029 incluya dentro del presupuesto (viáticos) la alimentación y hospedaje del funcionario, esto con el objetivo de ahorrarse los gastos de representación que por ley le corresponden.

El documento agrega que Berríos da un “trato inadecuado, poco profesional e inhumano contra el personal contratado por servicios 029 y permanente 011 dentro de la institución” y que sumado a ello, impone acciones que no corresponden al funcionamiento de cada uno de los trabajadores.

Finalmente señalan al funcionario de realizar fiestas en la institución, después del horario laboral, en donde hay alcohol y mujeres.

El documento solicita a los líderes de organizaciones a favor dela migración un proceso de fiscalización, mientras que piden al Canciller, Pedro Brolo, evaluar las acciones de  Raúl Eduardo Berrios, Secretario Ejecutivo de Conamigua.

Es una represalia

Por su parte, Berrios asegura que este documento que no aparece ni siquiera firmado es tan solo una medida de represión en su contra por los resultados preliminares que han dejado una serie de auditorías que solicitaron a la Contraloría General de Cuentas (CGC).

“Nosotros al momento de venir solicitamos una auditoria especial, porque ni teníamos auditor al llegar a la institución.  A raíz de eso la CGC en su informe conclusivo nos hizo ver la semana pasada que presentó una denuncia contra las autoridades anteriores y algunos extrabajadores de esta institución”, explicó.

La notificación que llegó a Berrios detallan que a mediados de 2020 la entonces titular de Conamigua, Rita Elizondo, y otros trabajadores, realizaron un pago de más de Q800 mil por el arrendamiento de un hotel.

Ese pago se había realizado pese a que el Consejo no había autorizado el desembolso, eso según el documento que auditores entregaron recientemente a las autoridades de Conamigua explicando sus hallazgos.

“Nosotros presumimos que es una represalia bien clara por las acciones que ni siquiera la Secretaría de Conamigua realizó, sino solo la solicitó a la CGC por temas de transparencia que dejaron actos ilegítimos e ilegales por lo que se presentó una denuncia; esta es una represalia porque viene de forma anónima por lo que dudamos que sean incluso trabajadores”, finalizó el Secretario.

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La jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, recordó que en el 2015 el exlegislador solicitó la contratación de tres personas a las cuales tenía derecho, pero se aprovechó del cargo y gestionó y propuso la contratación de 12 personas más.

En ningún momento justificó que dicho personal fuera estrictamente necesario. Entre los contratados había salarios de Q4 mil, Q5 mil, Q7 mil Q10 mil y Q12 mil.

López Villatoro como integrante de la junta directiva del Congreso, requirió que las contrataciones se hicieran con fecha de toma de posesión retroactiva y esto surtiría efecto en el pago de salarios, lo que está fuera de ley.

Domínguez señaló que “como era posible que le efectuaran un pago a una persona durante 25 días, si nunca había llegado a trabajar”.

Algunas de las persona firmaron contrato el 16 de marzo del 2015, pero la toma de posesión indica el 15 de enero de ese año. “Ya estaban devengando salario y no habían entrado a trabajar”, resaltó la jueza.

La juzgadora señaló que algunos no tenían el grado académico requerido para ser asistentes. También otros contratados eran bachilleres.

Las 12 personas no llegaron al Congreso a trabajar y se mantuvieron en Huehuetenango en 2015 cuando cobraron los salarios.

Según el Ministerio Público,  los perfiles de los 12 contratados a petición de López Villatoro no cumplieron con los requisitos.

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Algunos fueron contratados como asistentes con grado académico del bachilleres y era necesario el grado universitario.

El ente investigador señaló que la contratación adicional de 12 personas causó que el Congreso pagara Q601 mil a esas personas que según la investigación no llegaron a trabajar.

#Ahora | El exdiputado Julio César López Villatoro es ligado a proceso penal por abuso de autoridad y peculado por sustracción en el caso Plazas Fantasma en el @CongresoGuate. pic.twitter.com/y7nCxB0cxX

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) May 20, 2021

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El caso por el que se le condenó a Cristiani, conocido como uno de los Roxy Boys, por su cercanía con la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, fue denominado como Registro de Información Catastral (RIC): Caja de Pagos.

El exfuncionario no purgará prisión, pues la pena de cárcel es conmutable, pero todavía está pendiente programar una audiencia para reparación digna.

Cristiani acudió al Juzgado Cuarto Penal, en donde fue sentenciado por procedimiento abreviado. Luego de la diligencia, el exdiputado salió y no ofreció declaraciones.

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Antecedentes

El 27 de mayo del 2019, Cristiani compareció en ese juzgado, a caro de Pedro Lainez, y escuchó la imputación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público.

Los fiscales señalaron al exdiputado de peculado por sustracción y enumeraron cuatro contratos que gozó Édgar Rosales López, quien fue chofer de Cristiani, en el RIC.

Según la acusación, Cristiani conspiró en la sustracción de fondos en el RIC con la contratación de una persona que jamás llegó a trabajar a la entidad y era su chofer.

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En total Rosales López firmó cuatro contratos en 2013 por Q6 mil, Q18 mil, Q12 mil y Q6 mil en un mes diferente cada uno para totalizar Q42 mil la sustracción de fondos.

Ese día Cristiani aceptó los cargos de los que lo señalaban.

¿Quién es?

Cristiani nació en la ciudad de Guatemala el 25 de julio de 1972 y está casado con Mónica Barrios con quien tiene dos hijas. Es bachiller y comerciante, además trabajó en bienes raíces.

Se postuló en 2011 como candidato a diputado por el Listado Nacional y logró la curul. Fue diputado del 14 de enero 2012 al 14 de enero de 2016.

En mayo de 2016 fue detenido al conocerse el caso Plazas Fantasma en el Congreso, por el que también está procesado.

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La investigación en el RIC

La investigación del caso por el que se le condenó a Cristiani se deriva de los allanamientos del caso de defraudación aduanera denominado La Línea, el 16 de abril de 2015. Ahí se obtuvo información con correos electrónicos de Omar Gustavo Nájera, empleado del RIC, y Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti y quien fue colaborador eficaz de la Fiscalía, donde revelaron contrataciones de personal en esa institución.

Otro indicio presentado en el proceso es un correo de Monzón, del 4 de marzo de 2013, donde hace alusión a una tabla con los nombres de algunas personas para ser contratadas en el RIC. El objetivo era el pago de favores políticos mediante plazas fantasma, según la Fiscalía.

La Fiscalía recordó que los salarios eran de Q10 mil y Q20 mil mensuales que eran depositados a cuentas del Grupo Estrella, un conglomerado de empresas de Baldetti.

Las siglas VP, según el testimonio de Monzón, eran las plazas para Baldetti. La pesquisa refiere que la exvicepresidenta se había hecho de 68 plazas fantasma.

Bajo las siglas AP (algo que, según Monzón se entendía como ausentes pagados en el Ejército) la red sabía que se refería a las plazas fantasma.

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Otros condenados

Omar Gustavo Nájera Sagastume, el colaborador eficaz del caso, fue condenado en octubre del 2019. Él reveló cómo la exvicepresidenta Roxana Baldetti y quien fue su secretario privado, Juan Carlos Monzón Rojas -excolaborador eficaz-, manejaron el Registro de Información Catastral (RIC) a su antojo y colocaron a Emilia Guadalupe Ayuso Girón como directora del RIC.

Durante su declaración recordó Emilia Guadalupe Ayuso Girón le dijo un día que habían 60 plazas fantasma disponibles.

El 2 de octubre del 2019 Daniela Beltranea también fue condenada por este caso de plazas fantasma en el RIC.

La sentencia fue de tres años y tres meses de prisión conmutables a razón de Q5 diarios por peculado por sustracción y multa de Q5 mil.

Una de las plazas fantasma que se dieron en el RIC fue la contratación de Alex Danilo Alfaro, piloto de Beltranena.

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El exfuncionario guatemalteco está pendiente de ser notificado. Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que hasta la noche del viernes no habían recibido una notificación oficial de la embajada.

Por su parte, el MP informó que este trámite se realiza por la vía judicial y diplomática. Por medio de una reunión virtual de tipo administrativo con las autoridades mexicanas, se le notificó a la Unidad de Asuntos Internacionales del MP que sí se aceptará la extradición, informó la Fiscalía.

Rabbé permanece detenido en ese país desde julio del 2018, sin embargo, diversas acciones judiciales por parte de la defensa han retrasado que el sindicado se presente ante los tribunales de justicia en el país.

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Investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revelaron que el exdiputado aprobó plazas en el Congreso de la República para personas que no asistieron a trabajar. Entre los delitos que se le atribuyen están abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción.

En concreto, Rabbé autorizó para la junta directiva 164 plazas que no cumplían con el perfil idóneo, con salarios excesivos y algunas de ellas sin asistir a labores.

“Autorizó de manera consecutiva dos solicitudes de contratación por un total de 21 asistentes para la primera Vicepresidencia, a cargo del diputado Arístides Crespo Villegas, con salarios de Q15 mil y Q20 mil, siendo que en la mayoría de los casos se trataba de su primera contratación en el Congreso de la República. En la modalidad dos, como presidente de la Junta Directiva del Congreso (2015-2016) autorizó 42 plazas para su beneficio y de otros diputados con salarios de Q7 mil y Q20 mil”, detallaron los entes investigadores.

Se intentó comunicación con la embajada de México, pero al cierre de esa nota no hubo respuesta.

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La jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, rechazó una petición del exlegislador para anular la orden de aprehensión, quien temía contagiarse de covid-19 en caso de ser enviado a una prisión.

López Villatoro figura como señalado en los casos Financiamiento UNE y Plazas Fantasma.

La primera vez fue en abril recién pasado, cuando el señalado envió una solicitud para que se le revoque la orden de captura en su contra por el caso Plazas Fantasma, con la excusa que es para “resguardar su integridad” por la pandemia.

López Villatoro integró la Junta Directiva 2015-2016, presidida por el diputado Luis Rabbé.

Están señalados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de abusar de su posición para crear plazas fantasma y contratar personal sin una justificación en el Legislativo.

La Fiscalía asegura que López habría solicitado a Rabbé contratar a 14 personas, además de las tres permitidas por ley, con salarios entre Q5 mil y Q15 mil.

Del grupo seis personas cobraban su salario y no asistían a sus labores porque vivían en Huehuetenango, señaló la investigación.

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Sin profundizar en el tema, la ministra de Salud, Amelia Flores, dijo durante una citación con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que trabajan en una auditoria y un análisis con respecto a plazas fantasma, cuyos resultados podrían darse a conocer a mediados de este mes.

Agregó al tener documentados los casos, los cuales “se dan a todo nivel”, presentarán las denuncias correspondientes en el Ministerio Público.

“Tengo una investigación en Recursos Humanos, contamos con grabaciones de personas que se han atrevido a presentar los casos porque antes no había nada”, dijo Flores a diputados.

De momento no se dio a conocer de cuántas plazas se habla y la cantidad de recursos que se derogan para pagarlas.

“Eso es histórico, pero es difícil tener un dato, una prueba y en eso se está trabajando, pero ya llevamos un buen avance”, dijo Flores a periodistas.

Según la ministra de Salud, Amelia Flores, se está realizando una investigación interna porque tienen conocimiento de plazas fantasma en el @MinSaludGuate. El diputado Carlos Barreda @cbarreda01 pide que presente las denuncias al @MPguatemala

— Bancada UNE (@UNEBancada) August 5, 2020

Carlos Barreda, jefe de Bancada de la UNE, cuestionó la falta de denuncia y le exigió a la ministra que agilicen la investigación para dar con los responsables.

Durante la citación, los congresistas también cuestionaron el trabajo de la cartera de Salud ante la pandemia de coronavirus que afecta al país, pues la ejecución de los fondos asignados para atender la emergencia apenas llega al 16.8 por ciento.

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MP investiga denuncia por supuesto audio contra fiscal Juan Francisco Sandoval

Cristiani, señalado por el Ministerio Público (MP) en un caso de plazas fantasma en el Congreso de la República, salió de prisión el jueves 14 de mayo.

El exfuncionario enfrenta señalamientos por delitos de cohecho pasivo y asociación ilícita, pues según la acusación del MP, cuando fungió como secretario de la Junta Directiva del Congreso, en 2015 y 2016, solicitó la contratación de 19 personas para su oficina.

Según el MP, cinco de las personas contratadas no asistían a sus labores en el Congreso y tres colaboradores trabajaban en una de sus empresas.

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El señalado envió una solicitud para que se le revoque la orden de captura en su contra por el caso Plazas Fantasma, con la excusa que es para “resguardar su integridad” ante la propagación de la pandemia covid-19.

Además, el exlegislador argumentó que de entregarse a la justicia “no podría realizarse” la audiencia de primera declaración por la emergencia y las medidas implementadas en el Organismo Judicial que mantienen funcionando de manera parcial los juzgados de alto riesgo.

Villatoro integró la Junta Directiva 2015-2016, presidida por el diputado Luis Rabbé. Están señalados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de abusar de su posición para crear plazas fantasma y contratar personal sin una justificación en el Legislativo.

La Fiscalía asegura que López Villatoro solicitó a Rabbé contratar a 14 personas, además de las tres permitidas por ley, con salarios entre Q5 mil y Q15 mil. Del grupo seis personas cobraban su salario y no asistían a sus labores porque vivían en Huehuetenango, señaló la investigación.

El jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, expuso que “la jueza -Claudette Domínguez- ha conferido plazo de tres días” para responder a la solicitud de López Villatoro.

“La Fiscalía -Feci- va a plasmar los fundamentos que tiene para oponerse a tal solicitud -de López Villatoro-, uno de ellos es que, la vía idónea para impugnar es una orden de detención es el recurso que contempla la Ley adjetiva penal y no es una petición de la naturaleza que ha realizado -el exdiputado- ante el órgano jurisdiccional”.

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Ministro de Desarrollo denuncia más de mil plazas renovadas a inicios de enero por el gobierno anterior

El ministro de Economía, Antonio Malouf, en una citación con la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, indicó que de octubre de 2019 a la fecha 22 mil 274 trabajadores que no habían sido ubicados durante el censo de empleados enviaron sus datos de manera virtual y que se comprobó que 10 mil 74 ya no laboran para el Estado, por lo que la cifra de empleados no censados se redujo a cinco mil 187.

Sin embargo, Malouf aseguró que se debe verificar la autenticidad de estos datos, ya que fueron elaborados durante el gobierno anterior.

El diputado de la UNE, Carlos Barreda, cuestionó las cifras y señaló que el expresidente Jimmy Morales intentó ocultar la información.

Durante la citación se informó sobre una carta que el exgobernante envió al Banco Mundial en la que desconoce los resultados del Censo, mientras esa entidad respondió, con otra misiva al entonces mandatario, que los resultados están respaldados estadísticamente.

Esta es la carta que el expresidente Morales envió al Banco Mundial. pic.twitter.com/M8Q9xmkHFF

— Dulce Rivera (@drivera_gtv) January 27, 2020

Esta es la carta que el Banco Mundial mandó en respuesta al expresidente Morales. pic.twitter.com/nmjvy3Vm2C

— Dulce Rivera (@drivera_gtv) January 27, 2020

Los congresistas de la UNE solicitaron que se inicie una auditoría a los 37 mil 944 empleados públicos no censados, ya que esa fue la cifra inicial y porque en estos meses varios funcionarios intentaron justificar las posibles plazas fantasma.

El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Rafael Rodríguez Pellecer, señaló que necesitan todos los datos para iniciar con la verificación de los puestos de trabajo. En tanto el subcontralor del Gasto Público, José Ramírez, dijo que para auditar estas plazas necesitan más recursos.

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El ente investigador en la condena que pidió contra Muadi, incluye el pago de Q4.4 millones.

La audiencia se lleva cabo este lunes 27 de enero en el Tribunal Octavo, donde el exlegislador calificó de “estúpida” la condena que el MP pide en su contra.

“El Ministerio Público basó su acusación -del testigo protegido- en las decoraciones de un extorsionador y un marero, quien dijo que yo le di dinero del que me enriquecí ilícitamente, en los medios de prueba no hay nada que diga que yo me enriquecí de manera ilícita”, defendió Muadi.

Agregó: “Mí defensa va a demostrar en las conclusiones que no hubo lavado de dinero, ni asociación ilícita, ni mucho menos peculado. Viene el Ministerio Público a acusarme de peculado y no pueden mostrar alguna cuenta, algún vehículo, nada”.

Según las investigaciones que hizo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Muadi facilitó la contratación de personas que estarían a su disposición, pero aunque estas cobraban su sueldo mensual, no acudían a trabajar al Congreso.

Los hechos se dieron cuando Muadi fungió como presidente del Congreso de la República (2013-2014) y contrató un cuerpo de seguridad de una empresa, integrado por 30 agentes que recibían un sueldo de Q5 mil por parte de esa compañía.

Pago extra

El MP sostiene como sus pruebas que “para desviar fondos de la institución el primer paso consistió en ofrecer a los miembros de su equipo de seguridad un pago extra de Q2 mil a su salario, los cuales serían pagados con fondos del Congreso”.

Los trabajadores aceptaron y firmaron un contrato con el Congreso por un sueldo de Q8 mil mensuales, pero nunca llegaron a laborar y en su lugar desempeñaron funciones en empresas vinculadas a Muadi.

El caso se amplió con el señalamiento a particulares que cobraban salarios de Q5 mil, Q10 mil y hasta Q20 mil mensuales en el Organismo Legislativo y no fueron a trabajar.

#AHORA | Tribunal Octavo otorga receso y Pedro Muadi se refiere a la condena que pidió el @MPguatemala en su contra la cual calificó de "estúpida". | pic.twitter.com/uq9G3oUN12

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) January 27, 2020

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La declaración duró 35 minutos y coincide con señalamientos que efectúa la Feci en el debate contra Muadi.

El testigo expuso que el entonces presidente del Congreso contrató un cuerpo de seguridad de la empresa Grupo SIS que recibían un sueldo de Q5 mil por parte de esa compañía.

Según la declaración del testigo, el propietario de la empresa eligió al personal que resguardaría a Maudi y uno de ellos se convirtió en allegado del expresidente del Legislativo, este fue quien se encargó de informarles de las decisiones del expresidente del Congreso.

El ex guardaespaldas relató que cuando Muadi asumió como presidente del Congreso se les ofreció un aumento salarial y abrieron cuentas bancarias, luego fueron a firmar contratos en el Legislativo, pero los contratos eran de Q8 mil y de ese pago solo recibieron Q2 mil mensual.

“Se nos dijo que cuidaríamos a una persona muy importante del Estado y que íbamos a recibir una especie de curso extra o recomendaciones que nos iba a dar don Dani, que era el dueño de la empresa, a un grupo que habían elegido, entre ellos el señor Blanco. Llegó don Dani y nos dijo que habíamos sido elegidos para cuidar a una personalidad y que quería lo mejor, porque es un gran amigo, dijo don Dani”, recordó el ex guardaespaldas.

El testigo dijo: “entonces se nos informa que esa persona era el señor Pedro Muadi que había sido electo presidente del Congreso y en ese momento todos nos sentimos muy satisfechos y orgullosos porque íbamos a cuidar a una personalidad del Estado”.

Explicó: “En enero -de 2013- se me informa que sería apartado de él -Pedro Muadi- porque era de confianza y que me iba a quedar trabajando con el hijo y la familia”.

Surgen las plazas

En la declaración, el testigo señala a otro trabajador de la empresa de seguridad como el “hombre de confianza” de Muadi, ese empleado fue el que anunció un bono salarial extra.

“El señor José Estuardo Blanco que era el que nos dirigía y asignado por la empresa era el número uno, el de confianza. Cualquier instrucción que recibíamos de Blanco venía de Pedro Muadi. Se nos informó que íbamos a recibir una gratificación económica por lo difícil que era la tarea con ellos y que nos merecíamos un incentivo económico aparte del salario que recibíamos de la empresa de seguridad”, relató el testigo.

Cuando se anunció el aumento a los guardaespladas no se les especificó el monto, señaló.

“No se nos dijo cuánto – era la retribución de dinero -, solo que era una cantidad mensual. Todos nos pusimos contentos por recibir un dinero extra, transcurrió el tiempo y no recibimos notificación y un día Blanco nos dice: hay que abrir cuentas bancarias porque ahí les depositarán el dinero. Con un compañero expusimos que porque no usábamos las cuentas bancarias que ya teníamos y Blanco dijo que no porque tenía que ser en el banco o cuentas que don Pedro dijo”, aseguró el testigo ante la fiscalía.

El ex guardaespaldas expuso que recibieron órdenes de ir a la empresa a abrir las cuentas bancarias y la sospecha surgió porque no hicieron ese proceso en una agencia bancaria.

“Nos presentamos a la empresa y se nos dio la papelería de un banco y proseguimos a abrir las cuentas, firmamos. Yo esperaba en qué momento me darían la chequera y la tarjeta, un día el señor Blanco nos dijo que el dinero ya estaba y que lo teníamos que ir a recoger en efectivo a la empresa”, recordó el ex guardaespaldas.

En la declaración el testigo explicó que cada mes recibieron Q2 mil y que “el señor Blanco, por órdenes de Muadi, aseguró que había que ir a firmar unos contratos al Congreso por unas plazas que iban a haber”, y mientras se escuchó ese señalamiento, Muadi, en la sala del tribunal, renegó.

En la declaración a los fiscales el testigo reveló a los fiscales que vio los contratos y se sorprendió por el monto salarial y lo que recibían: una diferencia de Q6 mil.

“Fui a Recursos Humanos -del Congreso- y ya estaban los contratos, procedía a leer un documento y decía que el contrato era por Q8 mil y procedimos todos a firmar y nos comentábamos. Ese mismo día fuimos a la Seguridad Parlamentaria y nos entregaron los carné”, indicó el ex guardaespaldas.

El relato del testigo menciona una “donación” que hizo Muadi al equipo de seguridad.

“En Navidad se nos informa que había una gratificación extra, nos van a dar un aguinaldo dijimos. Eran Q2mil más Q1 mil que don Pedro Muadi había hecho el favor de donarnos por el trabajo que realizábamos. Ese fin de año recibimos los Q3 mil”, dijo el testigo.

“Cuando el señor Muadi iba a dejar la presidencia del Congreso empezamos a preguntarnos qué iba a pasar, entonces fue cuando nos informó el señor Blanco que Muadi tiene intención de meternos al Congreso y que ellos habían procedido a firmar unos contratos en el Congreso en el renglón 011 de los cuales no sabíamos nada”, indicó.

El exguardaespaldas reveló: “Se nos informó el 27 de diciembre -de 2013- que debíamos de renunciar de la empresa SIS y el señor Blanco dice que don Pedro quería que renunciáramos, y lo hicimos, entregamos el equipo. Nos dirigimos después a trabajar en el Congreso y allá se sorprenden cuando dijimos que íbamos de parte del señor Muadi a tomar posesión de nuestra plaza y se nos da el carné y empezamos a trabajar”.

El testigo indicó en la declaración que Arístides Crespo, al asumir la presidencia del Congreso, le anuló los contratos para 2014.

La defensa de Muadi reprochó los audios reproducidos por el MP en el debate argumentando que son de fecha distinta a los ofrecidos. Además, que el audio que se escuchó como parte de una “colaboración especial” fue fijada para una semana más tarde.

Por esa razón la defensa de Muadi considera que cuando declararon los testigos aún no eran colaboradores.

La versión de Muadi

Muadi concedió una entrevista a Prensa Libre fuera del debate y argumentó que a él no se le acusa de tener plazas fantasma sino por haber “consentido plazas”.

El expresidente del Congreso aseguró que es el único caso de ese tipo en el que se acusa a alguien por consentir plazas fantasma y afirmó que “la persona que tenía las plazas fue condenada en 2016”, en referencia a José Estuardo Blanco Aguilar, quien fungió como su jefe de seguridad del exlegislador, y Claudia María Bolaños Morales, quien fue su secretaria.

En relación al testigo que le relató su versión a la Feci, Muadi expuso: “Nunca estuvo en el Congreso, así lo dijo él -el ex guardaespaldas-, ni con mi persona, sino estaba con mi familia que no tenía que ver con mi labor como presidente del Congreso, él estuvo conmigo en el 2013 y fue el único año que tuve seguridad”.

Según Muadi, el ex guardaespaldas que se convirtió en testigo de la Fiscalía fue despedido del Congreso en el 2014, cuando Arístides Crespo asumió como presidente del Legislativo. Además, señala al testigo del MP de ser extorsionista y pandillero.

“Fue despedido -el ex guardaespaldas- en enero de 2014 por Arístides Crespo porque no reunía los requisitos que exigían a los guardias parlamentarios. Cuando lo despidieron del Congreso el señor -el testigo del MP- se dedicó a extorsionar”, sostiene Muadi.

El expresidente del Legislativo recriminó: “Se volvió extorsionista -el ex guardaespaldas – y la extorsión llegó a tal punto que él se presentaba a mi oficina a extorsionarme con Q50 mil, que era lo que él quería porque eso consideraba que le correspondía porque lo habían despedido del Congreso”.

Muadi prosiguió: “Cuando llegó a extorsionarme también pude notar por qué llegó sin chumpa, el señor pertenecía a una mara, el señor era un marero extorsionista y como me negué a pagar la extorsión el señor se molestó. Llegó armado a mi oficina a amenazarme, lo que hacen los extorsionistas, y cuando vio que no le funcionó amenazó con denunciarme”.

El expresidente del Congreso dijo que el ex guardaespaldas fue al MP a denunciarlo y la Fiscalía Especial contra la Impunidad “aprovechó y sin ningún tipo de ética lo utilizaron para hacer la declaración” que se reprodujo esta semana en el juicio.

Muadi insiste en que la declaración de este testigo “está llena de contradicciones” y que “lo prepararon”, por lo que asegura que nada de lo que reveló es cierto.

“Es inconcebible para mí que la Feci utilice a ese tipo de gente como colaboradores eficaces, un marero extorsionista es un colaborador eficaz para la Fiscalía contra la Impunidad”, criticó Muadi.

El expresidente del Congreso también cuestionó que la declaración del ex guardaespaldas se brindó cuando no había firmado un convenio de colaboración con el MP y que en el juicio se pretenda usar como medio de prueba.

Muadi y el ex aguardaespaldas coinciden en que el contrato se rescindió cuando Crespo asumió como presidente del Congreso en enero de 2014. La extorsión Muadi no la denunció por miedo a represalias.

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El Censo Nacional del Recurso Humano que tenía como objetivo detectar cuántas personas trabajan en las entidades públicas, reveló que unas 37 mil personas en el ministerio de Gobernación no fueron detectadas, comentó Giammattei.

El problema es tan grave que el presidente decidió que cada persona deberá ir personalmente a recibir su cheque y explicar cuáles son sus funciones y jefes directos.

Esa decisión comenzará a implementarse este mes en el ministerio de Finanzas y en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Incluso en la Secretaría de las Obras Sociales de la Esposa del presidente hay 450 plazas que no aparecieron, de las más de mil, dijo Giammattei, quien se cuestionó si ¿realmente existen?

Agregó que reportará todas las  anomalías que sean detectadas y las 117 dependencias del Ejecutivo pasarán por la revisión del pago por cheque para verificar la existencia de los empleados.

El expresidente Jimmy Morales envió una carta al Banco Mundial, entidad que colaboró con el censo, para no reconocer los resultados, reveló Giammattei, quien aseguró que sí reconoce los resultados.

El mandatario también habló sobre la comisión presidencial contra la corrupción que creó y explicó que evaluarán los perfiles para que esta semana pueda elegir al director de esa entidad.

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