El Tribunal Supremo Electoral (TSE) está desintegrado porque cuatro magistrados titulares solicitaron en fecha reciente una licencia y dos de los cargos de suplentes están vacantes hace más de un año. A criterio de analistas consultados, el Congreso no debió postergar los nombramientos de los suplentes para que no quedara desintegrado en ningún momento, como ocurre ahora.

La presidenta del TSE, Blanca Alfaro, es la única de los titulares que se encuentra en funciones. Por tal razón, hizo una petición al Legislativo para que se nombre a los suplentes y así poder integrar el pleno, pues la ley ordena que debe estar conformado por cinco.

Ranulfo Rojas, Irma Palencia, Gabriel Aguilera y Mynor Franco salieron del país un día después de que los diputados votaran a favor de su desafuero y que fueran investigados en torno a la compra del sistema informático usado en las elecciones.

Como hay cuatro titulares de licencia, asumieron funciones tres de los suplentes, Marlon Barahona, Marco Antonio Cornejo y Álvaro Cordón, pero falta uno para completar el pleno. El exmagistrado electoral Gabriel Medrano y el constitucionalista Gabriel Orellana opinan que la desintegración del citado ente se debe a la apatía del Legislativo.

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“Hay una grave responsabilidad imputable al Congreso, por no haber elegido a los magistrados suplentes”, expresó Orellana.

La misma responsabilidad recae en el Ministerio Público (MP), por su función de velar por la correcta aplicación de la ley establecida en el mandato constitucional.

“En tal virtud, la recta aplicación de la ley no es solo estar controlando quién se saltó una luz de un semáforo o delitos de esa magnitud, sino problemas que en realidad afectan a la estructura institucional del país”, añadió el jurista.

En esa misma línea, Medrano criticó que los diputados no eligieron magistrados suplentes cuando se dieron las bajas. “El Congreso no cumplió con elegir a los sustitutos”, remarcó.

Cuando fue integrado el pleno en el 2020, Noé Ventura Loyo fue nombrado suplente, pero no aceptó el cargo. En febrero de este año, Erwin Gómez, también suplente, renunció por problemas de salud. Ambos cargos se declararon vacantes.

“Estamos cosechando el fruto de esa injuria”, cuestionó Orellana, al agregar que el TSE quedó incompleto en un momento político de gran trascendencia. “Es hasta una vergüenza internacional para Guatemala que estemos viviendo esto”, insistió.

Efectos

Ambos consideran que la desintegración del órgano electoral no debería tener mayores efectos administrativos en el corto plazo ni en la toma de posesión del binomio electo o cualquier otro cargo, aunque a criterio de Orellana no se puede descartar un cierto riesgo.

“Hemos llegado a un punto en el cual todo es posible, y más porque hay sectores muy interesados en obstaculizar la toma de posesión del nuevo gobierno”, manifestó.

Por su parte, Medrano expuso que el efecto primordial es que no se pueden tomar decisiones colegiadas.

“El TSE, como máxima autoridad en materia electoral, ya declaró la validez de la elección, ya adjudicó los cargos, ya se entregaron credenciales”, refirió respecto de la labor del pleno en los comicios y la toma de posesión.

A su vez, esta semana Alfaro marcó distancia en cuanto a la toma de posesión de las nuevas autoridades, en enero. “El TSE hizo su trabajo, cumplió su función en una democracia”, declaró.

Buscan integrar pleno

Sobre el amparo que busca apresurar el nombramiento de los suplentes y destituir a los titulares que están de licencia, los dos consultados apoyan que se presione para designar las dos plazas vacantes, aunque no están de acuerdo con el otro requerimiento.

“Sería una interferencia inconstitucional que el Congreso fije o pretenda desnaturalizar esto —otorgar licencia—, es un asunto administrativo”, dijo Orellana, y Medrano estimó que no hay una razón válida para que se anticipe el término de los permisos.

“Veo que esta solicitud tiene, en gran parte, una dosis de exhibicionismo”, subrayó Orellana, al agregar que la petición podría empeorar la crisis actual.

La sesión plenaria para discutir el artículo 6 de la iniciativa 5179 que busca reformas constitucionales para el sector justicia comenzó a las 11:30 horas, con 1.30 horas de retrasado.

Durante ese lapso varias personas que se identificaron como opositores a las reformas constitucionales —donde resaltaban la exdiputada, Zury Ríos y el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Mendéz-Ruíz— gestionaron permiso para subir al palco de visitantes.

Al obtener el permiso comenzaron a cantar el himno nacional previo al inicio de la sesión plenaria y gritaban consignas que dejaban clara su posición de rechazo al paquete de reformas.

La sesión comenzó el Presidente del Legislativo, Óscar Chinchilla, ordenó a la secretaria que comenzará con la lectura de las mociones que buscaban reformar el artículo seis del paquete de reformas.

Cuando se realizaba la lectura el grupo de personas que ingresó al palco del hemiciclo comenzó a vociferar más fuerte sus consignas en contra de las reformas constitucionales.

La lectura de las enmiendas terminó y se llamó a votar por la que tenía más consenso en ese momento el grupo sacó pancartas con mensajes de oposición a las reformas: “Otra Venezuela ¡nunca más!” y “Diputados, no maten nuestra República”.

En medio de este ambiente crispado, el diputado Luis Hernández Azmitia subió al palco y discutió con Xavier Soria, un activista que sí estaba en favor de las reformas y con quien ha tenido discusiones en la red social Twitter.

El reclamo de los activistas va contra la propuesta que hizo Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) para modificar la Constitución y “fortalecer los órganos de justicia, que actualmente se traduce en un 97 por ciento de impunidad”.

El legislador cuando subió argumentó que Soria lo había insultado y que subía para que le diera una explicación sin embargo cuando periodistas lo increparon sobre cuáles habían sido los insultos el congresista no respondió y se limitó a decir “eran insultos”.

Aprobación

Pese a los acalorados reclamos de las personas los diputados respaldaron el artículo 6 que reformas el 208 constitucional con 118 votos a favor y con esto se convierte en el tercer artículo que se aprueba del paquete.

En la actualidad el artículo 208 de la Carta Magna habla sobre el “Período de funciones de magistrados y jueces”, el texto dice literalmente: “Los magistrados, cualquiera que sea su categoría, y los jueces de primera instancia, durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos los primeros y nombrados nuevamente los segundos. Durante ese período no podrán ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y con las formalidades que disponga la ley”.

Este el el artículo 6 con enmiendas, del paquete de reformas constitucionales que fue aprobado por el Pleno del Congreso. pic.twitter.com/BRno7w9jOP

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) April 26, 2017

Con la reforma que fue aprobada hoy el artículo pasaría a llamarse “Carrera Judicial” y contempla principios “aplicables a todos los jueces y magistrados, la independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia, publicidad, méritos, estabilidad y especialización”.

Explica que “la ley normará lo relativo a la estabilidad en el cargo mientras no se incurra en causas legales para la suspensión o retiro” del juez o magistrado y establece “como edad máxima” para el cargo los 75 años de edad.

Establece que “el nombramiento de jueces y magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de la misma categoría, tres cuartas partes provendrán del sistema de carrera judicial y una cuarta parte de abogados en ejercicio de la profesión.

Por último pide que para ser juez de primera instancia, además de los requisitos establecidos en el artículo 207 constitucional se requerirá haber desempeñado el cargo de juez de paz por lo menos durante tres años y que los aspirantes externos a la carrera judicial deberán haber ejercido la profesión de abogado durante por lo menos seis años.

Artículos anteriores

Con esta aprobación, el artículo 6 se convierte en el tercer artículo aprobado del paquete de reformas, los artículos 1 y 2 se perdieron porque no alcanzaron los votos suficientes, estos hablaban de la garantía de antejuicio y prerrogativas de los diputados.

El artículo 3, que se refiere a la jurisdicción indígena, fue pospuesto para conocerse hasta en último lugar, mientras que los artículos 4 y 5, que hablan sobre Principios del Sistema de Administración de Justicia y Requisitos para ser Magistrado o Juez fueron aprobados.

Los cambios no entran en vigencia como una ley normal ya que al tratarse de una reforma constitucional es necesario realizar una consulta popular y que obtenga la aprobación de la población, si el resultado es positivo estas entran en vigencia 60 días después de que el Tribunal Supremo Electoral de por válido el resultado.

El nuevo proyecto de ley tiene por objeto autorizar la producción, comercialización en farmacias y administración limitada para fines medicinales del cannabis y sus derivados.

La producción y consumo deberá ser autorizada por profesiones colegiados de la medicina o la siquiatría, quienes deberían utilizarla de manera medicinal o terapéutica.

La propuesta también autoriza la investigación de los beneficios de la marihuana para fines científicos en Universidades o en entidades sociales.

Con la iniciativa el Estado asume una nueva responsabilidad: controlar y regular la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición o cualquier tipo de almacenamiento y comercialización de la marihuna, para ello se crearía el Instituto de Regulación y control del Cannabis.

Clubes

Pese a que no se establece que la marihuna podrá utilizarse para recreación, la nueva propuesta del diputado Velásquez, de la bancada Convergencia, da la oportunidad de crear clubes de cannabis.

Los clubes podrán conformarse con cinco miembros de consumidores y deberán registrarse en el Instituto, el cual estará obligado a guardar la identidad de los integrantes.

Nuevo intento

En abril, el diputado Velásquez, de la bancada Convergencia, presentó una iniciativa que además del uso medicinal, autorizaba la producción de plantas para consumo por recreación.

Pese a que se efectuaron charlas y foros al respecto, la Comisión de Salud del Congreso, decidió otorgarle dictamen desfavorable, por lo que nunca llegó a conocerse en el pleno.

Líder y Progresistas elegirían hoy a Remberto Ruiz para dirigir el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), mientras que un grupo de la UNE apoyaría a Hugo Jáuregui, debido a una deuda pendiente por una resolución que habría beneficiado a Marlene Blanco, hermana de Orlando Blanco, jefe de esa bancada; el MR designaría al representante del Congreso ante el directorio del  Registro Nacional de las Personas; Todos se quedaría con la secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante (Conamigua); y la UNE apostaría por Gloria Porras para reelegirse como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC).
En el IDPP se habla de 250 plazas disponibles para abogados, las cuales podrían ser utilizadas en la elección del Colegio de Abogados y Notarios.
Diputados de bancadas minoritarias confirmaron las negociaciones entre   UNE, Líder y Progresistas para repartirse los cargos, y mencionan que los uneístas se quieren aferrar a la magistratura de la CC.
“Lo que se habla entre estas bancadas es de apoyar a la actual presidenta de la CC, Gloria Porras; sin embargo, hay quienes buscan impulsar a Oliverio García” manifestaron.
Además, por redes sociales, Álvaro Velásquez, de Convergencia, le apuesta al abogado Alejandro Balsells.
“Se dice que ya existen negociaciones en paquete en el Congreso. Están haciendo una piñata, es decir acuerdos secretos entre la UNE, el Partido Patriota, Líder y otros, lo que se negocian son la dirección del Instituto de la Defensa Pública, Conamigua y la CC”, señaló Carmen Aída Ibarra, del Movimiento pro Justicia.
Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, dijo recientemente que los acuerdos no son malos; el problema es  cuando esas negociaciones son “perversas”.

El magistrado Néster Vásquez, presidente de la Cámara de Amparos, confirmó este miércoles que la diputada será investigada. El trámite de antejuicio fue admitido durante la última reunión que sostuvo el pleno de Corte antes del descanso de Navidad.

Ángel Pineda, portavoz del Organismo Judicial, informó en rueda de prensa que la jueza pesquisidora será la vocal I de la Sala Cuarta de Apelaciones del ramo Penal, Benecia Contreras Calderón, quien tendrá 60 días para investigar y redactar un informe que sugiera a los magistrados si hay indicios que motiven o no el retiro de la inmunidad.

Pineda dijo que, según la petición de antejuicio, el Ministerio Público (MP) señala que Beltranena tuvo el aval de Baldetti para designar personas en puestos “estratégicos”, por lo cual se le atribuye el delito de tráfico de influencias.

Aparte, también está antejuiciada por el delito de usurpación de atribuciones, por cuanto estaba contratada por servicios profesionales sin contar con el grado académico que lo amerite.

Beltranena dejará de ser diputada el 14 de enero próximo, cuando concluya la presente legislatura.

Beltranena, exasistente de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, fue juramentada como diputada el pasado 27 de octubre en sustitución de Pedro Muadi, quien renunció debido a que le retiraron la inmunidad por un caso de venta de plazas fantasma en el Congreso.

La actual diputada libró un antejuicio en su contra el 10 de diciembre recién pasado. Ese día el magistrado Josué Baquiax informó que la CSJ había rechazado la solicitud de antejuicio que el MP por usurpación de atribuciones y tráfico de influencias, porque el pleno consideró que no existían argumentos suficientes en contra de la parlamentaria, ya que los señalamientos estaban fundados en publicaciones de Facebook.

El tablero electrónico es una herramienta que fue implementada para facilitar la toma de asistencia y determinar el quórum en el hemiciclo, además del conteo de votos para decisiones importantes.

El sistema presentó fallas durante varias semanas y este jueves ya no funcionó.

Al principio se habló de que la causa sería una sobrecarga; sin embargo, después se afirmó que el problema es del software que utilizan, pues al momento de marcar la asistencia y votar, este no reconoce las huellas digitales de los congresistas.

Además del tablero hay otras deficiencias tecnológicas en el Legislativo.

A principios de año se arruinó el sistema de sonido, para repararlo las autoridades buscaron apoyo a través del Banco Interamericano de Desarrollo y representantes del Congreso viajaron a México para conocer el funcionamiento de instrumentos parlamentarios, sin embargo no se completó el proceso.

https://twitter.com/jgramajo_pl/status/672466869849296896

Sin avances

Con un quórum reducido y conteo de asistencia manual, los diputados llevaron a cabo la primera sesión extraordinaria, tras concluir el periodo ordinario.

Los secretarios de la Junta Directiva leyeron las actas del día anterior hasta que ya no hubo suficientes congresistas para continuar la sesión.

El diputado Roberto Villate propuso una moción para que se conocieran los problemas de audio y del tablero, pero fue rechazada.

Los diputados también votaron en contra de la agenda del día propuesta por la directiva. Mientras tanto en el palco del hemiciclo un grupo de personas solicitó la aprobación de iniciativa de Ley para la Conservación del Empleo.

La justificación para que de nuevo no se realizará, fue la falta de quórum para poder cumplir con lo requerido en la Ley Orgánica del Congreso.

La mayoría de diputados inasistentes fueron de la bancada Libertad Democrática Renovada (Líder).

Carlos Fión, jefe del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo), acusó que entre el Partido Patriota y Líder existe “una alianza perversa” para mantener al pleno paralizado.

El jefe del oficialismo Gudy Rivera negó tal acción, y dijo que su bancada está cumpliendo con llegar porque nunca ha querido ni respaldado la paralización.

Villate evitó brindar declaraciones a los medios de comunicación.

Solidaridad

Durante el desarrollo de la agenda legislativa, periodistas que cubren la fuente del Congreso repudiaron el asesinato de los corresponsales de Prensa Libre Danilo López y de Radio Nuevo Mundo Federico Salazar, en Suchitepéquez.

Previo a suspenderse la plenaria los periodistas gritaron desde el palco de prensa: “No se mata la verdad matando periodistas”, misma que usaron en papeles para taparse la boca.

La acción de los reporteros de la fuente Legislativa se suma a la que se manifestó el pasado miércoles en la capital y varios departamentos, todos exigiendo más seguridad y justicia.