En Guatemala existen muchos retos por enfrentar para alcanzar una mejora sustancial en la calidad de vida de sus habitantes, sin restar la importancia que merece la lucha contra la corrupción y la consolidación de un modelo bajo el cual esta se erradique.

Persisten otros desafíos en el sistema de justicia criminal que ameritan una atención especial, para desarrollar estrategias e implementar acciones encaminadas a reducir los elevados niveles de impunidad del país. A través del proyecto del Flujograma de Justicia Criminal, que desarrolla el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), gracias al apoyo de la iniciativa Mejoremos Guate, es posible construir indicadores que midan el desempeño del Sistema de Justicia Criminal y de las instituciones que lo conforman, con el propósito de identificar necesidades de mejor y cuantificar el resultado que producen determinadas reformas.

La forma cuantitativa de medir el desempeño del sistema es a través de la eficiencia global, que muestra una relación entre los casos que han salido de forma definitiva del sistema en un año determinado —a través de sentencias, terminación por vías alternas, desestimaciones, entre otros—, expresados como una razón del total de casos que ingresaron en el año analizado más aquellos que en años anteriores no hayan sido resueltos.

La eficiencia global ha experimentado mejoras, pues en el 2014 se ubicaba en 13.7%; es decir que de cada cien casos que se encontraban en el sistema se les daba salida a 14. En 2018 la eficiencia global mejoró y se colocó en 33.2%, con lo que experimentó un crecimiento acumulado de 142%. A pesar de la mejora, los niveles de eficiencia del sistema de justicia criminal siguen siendo bajos, al considerar que más del 66% de los casos delictivos no se resuelven. Cifras recabadas por el Sistema Integrado de Justicia estiman que de los casos que son resueltos permanecen, en promedio, 900 días en el sistema.

Para elevar la eficiencia del sistema de justicia es necesario dejar por un lado soluciones sobre simplificadas. Duplicar o triplicar la asignación presupuestaria de una o dos instituciones del sistema no duplicará o triplicará su eficiencia. El desafío es identificar instancias de coordinación entre las instituciones que forman parte del sistema de justicia criminal. En donde se desarrollen planes estratégicos para liberar los principales cuellos de botella del sistema. Que estén atados a indicadores puntuales de desempeño para asegurar un uso eficiente de los recursos financieros, una labor que requiere un compromiso permanente de parte de las máximas autoridades al frente de las instituciones de seguridad y justicia criminal. La situación actual del país demanda compromisos y esfuerzos sostenidos para construir una mejor Guatemala. Sin embargo, es importante tener presente que queda mucho camino por recorrer, y lograr un sistema de justicia criminal eficiente es ineludible.

La relación entre la participación ciudadana y la democracia es indiscutible y la primera no existe sin que se permita la libre participación a sus ciudadanos para expresar sus emociones y pensamientos relacionados con la forma en la que se sienten gobernados, y más allá, si el sistema no permitiese escuchar las propuestas y demandas de los diferentes actores sociales en relación a proyectos de beneficio colectivo, fortalecimiento institucional y acciones que buscan mejorar la calidad de vida.

La consolidación de la democracia es más que un proyecto político, es un proyecto de nación, en donde cada uno de los ciudadanos juega un papel muy importante, porque para hablar de democracia es importante entenderla, entender de qué se trata, cuáles son sus principios y sus límites y también porque no existe democracia sin participación ciudadana.

Una de las expresiones más claras de la participación ciudadana es el derecho a elegir y a ser electo, la máxima expresión de la participación con libertad dentro de un sistema político democrático.

En la primera vuelta del actual proceso electoral participaron más de veinte binomios presidenciales, al extremo que ni siquiera en el sistema de cómputo había lugar para ellos, y como consecuencia, el Tribunal Supremo Electoral decidió distribuir los votos de los últimos lugares entre los demás candidatos.

Para algunos, la candidatura debe ser un buen negocio, para otros un tema de ego, algunos podrían querer aprovechar la incertidumbre y convertirse en la opción emergente, como sucedió en el año 2015, o quizá simplemente fue un momento de locura.

En este contexto, toda candidatura tiene por lo menos tres historias: la del candidato, la del partido que lo respalda y la verdadera, aquella que responde a los intereses de quienes respaldan el proyecto político.

Los intereses pueden ser diversos, desde el apoyo a otros candidatos o partidos, quizá utilizar la estrategia “divide y vencerás”, y reducir las posibilidades de los verdaderos contrincantes. Otra puede ser evitar que el partido político desaparezca y buscan así la cantidad de votos mínima que la ley les exige para subsistir.

También está el darse a conocer con los ciudadanos y/o con otros políticos para ser elegidos o apoyados en futuros eventos electorales, aprovechar y adueñarse del financiamiento electoral e inclusive solapar fuentes de financiamiento electoral para otros partidos políticos; otro interés puede ser el desarrollo de partidos que en el futuro puedan ser herramientas de negociación e inclusive ser comercializados. Además, el exceso de binomios presidenciales que participaron en la primera vuelta forman parte de una historia inconclusa, llena de motivos oscuros e intenciones diversas que se convirtieron en tema de discusión y asombro por parte de la ciudadanía.

Lo cierto es que algunos de estos binomios nunca fueron una opción elegible, ni siquiera son motivo de recuerdo, simplemente se constituyen como parte de esa historia que llegó a plasmar sus fotografías en las papeletas electorales, como parte de historias personales que quizá ni los familiares más cercanos llegarán a comprender.