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Inseguridad alimentaria se reduce 32.5%, pero desnutrición aguda se incrementa

La predicción de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria por Fases (CIF) dice que hay 2.9 millones de guatemaltecos en inseguridad alimentaria aguda, mientras que Salud reporta 35 muertes de niños por desnutrición aguda.

Ana Lucía Ola

22 de agosto de 2024 | 05:01h

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Entre junio y agosto de este año se estima que 2.9 millones de guatemaltecos están en crisis o emergencia de inseguridad alimentaria, según los nuevos datos de la CIF. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Al 10 de agosto, han fallecido 35 niños menores de 5 años por desnutrición aguda, son nueve muertes más que en el mismo período del 2023, mientras que la cantidad de personas que estarían en crisis o emergencia de inseguridad alimentaria aguda se ha reducido, según la proyección de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria por Fases (CIF) que se presentó este miércoles 21 de agosto.  

El informe, publicado por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán), calcula que para el período junio-agosto de este año hay 2.9 millones de guatemaltecos con dificultades para satisfacer sus necesidades alimentarias, mientras que en el 2023 la predicción para los mismos meses era de 4.3 millones de guatemaltecos, por lo que hay una disminución de 32.5%.

La drástica reducción genera dudas en sectores sociales y académicos que advierten que los datos no reflejan la realidad del país, pues durante el período analizado hubo factores climáticos y económicos que impactaron y agravaron la seguridad alimentaria, con lo que se esperaría que la cantidad de población afectada sea mayor.

Según el informe, habría 386 mil personas en situación de emergencia, punto en que los hogares tienen una brecha seria en el consumo de alimentos, por ello, su estado nutricional es crítico y esto se evidencia en desnutrición aguda y mortalidad excesiva o pérdida de extrema de bienes para subsistir.

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Mientras que 2.6 millones de guatemaltecos estarían en crisis alimentaria, con dificultades para satisfacer sus necesidades alimentarias, lo que se ve en un alto grado de desnutrición aguda o peor de lo usual, y a duras penas pueden suplirlas con el agotamiento acelerado de sus medios de vida.

De acuerdo con el análisis, las pérdidas agrícolas asociadas con la transición de los fenómenos El Niño y La Niña -períodos de sequía e inundaciones focalizadas-, el retraso en la cosecha de granos básicos por la falta de lluvia, el incremento de precios en la gasolina, los fertilizantes y los productos de la canasta básica sumaron a que los hogares enfrentaran dicha situación.

Por otro lado, se habla de que la reducción de personas en crisis alimentaria podría deberse a que en el 2023 la cosecha de maíz fue 2.3% mayor comparada con la del 2022. Además de que hubo un incremento de 9.8% en las remesas. También que en el 2024 bajaron los precios de los combustibles y del maíz blanco.

Mireya Palmieri, secretaria de la Sesán, y Tania Goossens, directora de país del Programa Mundial de Alimentos (PMA), indicaron en conferencia de prensa que aún falta el análisis de los datos de la CIF para establecer las causas reales de la disminución de población en inseguridad alimentaria.

Según el estudio, los hogares en mayor riesgo de estar en las fases de crisis y emergencia son aquellos cuyos ingresos provienen del comercio informal, viven de la agricultura de infra subsistencia y subsistencia o tiene trabajos temporales, y que la mayoría de sus ingresos los gastan en alimentos.

Proyecciones

La CIF también hace una predicción para los siguientes meses, e indica que de septiembre del 2024 a febrero del 2025 la cantidad de personas en inseguridad alimentaria aguda disminuirá aún más, pues los guatemaltecos que estarán en las fases que requieren asistencia urgente serán 2.7 millones (15% de la población).

Para marzo y mayo del 2025, la proyección es que el número de población en emergencia y crisis alimentaria suba a 2.8 millones.

La CIF hace una predicción de 12 meses de personas que estaría en mayor deterioro alimentario, y en ese tiempo Alta Verapaz y Chimaltenango son los departamentos que permanecen en riesgo.   

Hay varios factores que pueden cambiar estas proyecciones y llevar a que más guatemaltecos estén en inseguridad alimentaria, como la tendencia al alza de precios de alimentos y fertilizantes. También los efectos que ocasione el fenómeno de La Niña que, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), las probabilidades de que se presente este año son del 60%.

Dudas en datos

La CIF es una clasificación mundial que cataloga la gravedad y la magnitud de la inseguridad alimentaria aguda, y para realizarla se examina datos de la Evaluación de Seguridad Alimentaria del PMA y del Sistema de Información sobre Datos en Situación de Emergencia (DIEM) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), además de información recopilada por instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

A criterio de Jorge Pernillo, analista y catedrático de la Escuela de Nutrición de la Universidad Panamericana, en Guatemala los datos que se analizan son “poco fiables” y “débiles”, como los que proporcionan los ministerios de Salud y de Agricultura, que afirmó presentan un subregistro.  

“Terminamos haciendo la CIF con pura percepción y con datos preliminares, no hay un informe final, y con estos se está asumiendo que la situación es menos complicada que la del año pasado”, dice, cuando la población percibe una crisis mayor que impacta, incluso, a la clase media.

Al igual que Maritza Velásquez, titular del sector sindical de la Instancia de Consulta y Participación Social (Incopas), Pernillo refiere que la sequía, la ola de calor y los incendios que se han registrado en el país, y luego las intensas lluvias, han causado pérdidas agrícolas que limitan la disponibilidad de alimentos en los hogares.   

Velásquez y Pernillo añaden que el incremento de la desnutrición aguda en la población infantil también es un reflejo de que la inseguridad alimentaria es más seria de lo que se proyecta. Para el 10 de agosto de este año el Ministerio de Salud reporta 20 mil 23 casos, mientras que a la misma fecha del 2023 eran 17 mil 894.  

Sin embargo, para la Sesán los casos de desnutrición aguda de ambos períodos no pueden ser comparados, pues la búsqueda activa de menores en esta condición aumentó este año y eso hace que la cifra sea mayor. Además, que en el reporte de casos, un mismo niño pudo haber sido registrado varias veces en los servicios de salud.  

Palmieri hace énfasis en que la información proporcionada por la CIF es una “predicción” y esta permite anticiparse y poner en marcha acciones para atender a la población más vulnerable. Ahora que se dio a conocer esta información se compartirá al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasán) para que las instituciones focalicen sus programas en los departamentos priorizados.  

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Lloverá sobre mojado: población en crisis alimentaria enfrenta amenaza por impacto de La Niña

Áreas del país en donde hay hogares con problemas para acceder a alimentos podrían resultar afectadas por el exceso de lluvias que acompaña al fenómeno climático.

Ana Lucía Ola

13 de mayo de 2024 | 05:00h

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Por el paso de las tormentas Eta e Iota en el 2020 los cultivos se dañaron por el exceso de la lluvia. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Durante los próximos días de mayo las lluvias comenzarán a extenderse por el territorio nacional luego de una temporada de sequía y de altas temperaturas ocasionadas por el fenómeno El Niño.

El pronóstico es esperanzador para quienes subsisten de la agricultura y que esperan las primeras precipitaciones para sembrar; sin embargo, la previsión climática que recién presentó el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indica que para el trimestre de mayo a julio en varias regiones del país lloverá por arriba de los niveles normales, lo que puede ser perjudicial para los cultivos.

Para el sur del país, en las regiones de boca costa y el Pacífico se espera entre 50 a 200 milímetros de precipitaciones por arriba del promedio. En el caso de Izabal y el sureste de Petén se prevé “anomalías negativas” entre 50 y 100 milímetros aproximadamente. Sería un 20% y el 40% más de lluvia de lo normal, según el ente científico.

Las altas temperaturas continuarán por unos días más, y estas pueden registrase por arriba de los 40 grados Celsius, según el Insivumeh, para dar paso a las lluvias y la aparición de La Niña, fenómeno que se caracteriza por el exceso de precipitaciones en la mayor parte del país.

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“Se prevé un mes de junio lluvioso para Guatemala, pudiéndose presentar algún temporal -días con abundante nubosidad, lloviznas y/o lluvias de carácter intermitente-”, dice la perspectiva climática del Insivumeh.

A esto se suma que la canícula -reducción de lluvia- no será prolongada, y podría presentarse entre la segunda quincena de julio y la primera de agosto. Además, que este año la temporada de huracanes será más activa, según informe del Centro de Investigación de Tiempo y Clima Tropical de la Universidad Estatal de Colorado (CSU, por sus siglas en inglés).

En el Atlántico se podrían formar 23 tormentas, lo que supera el promedio histórico de 14, además de 11 huracanes (de una media de siete) y cinco huracanes mayores (de un promedio de tres). Aún no se puede estimar la trayectoria de estos ciclones, pero podría afectar el territorio nacional.

Antecedente de daños

El aumento de lluvia puede traer serias afectaciones al provocar inundaciones repentinas, desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierra en áreas propensas a estos eventos, lo que se traduce en un riesgo para la población y la infraestructura, pero también tiene un impacto negativo en la agricultura.

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Por el fenómeno El Niño en el 2023 se dañaron 72 mil 612 hectáreas de cultivos de los productores de autoconsumo, de acuerdo con un informe del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga). Esto complicó el sustento de cientos de familias.

En el mapa de inseguridad alimentaria elaborado por la Red de Sistemas de Alerta Temprana de Hambruna para el período de junio a septiembre se identifica a población en un nivel de crisis concentrada en el llamado corredor seco, que abarca en mayor extensión los departamentos de Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, Jalapa, El Progreso, Baja Verapaz, Alta Verapaz, Quiché, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos.  

Allí los hogares rurales tienen escasas reservas de maíz y frijol para afrontar el período de hambre estacional, situación que los orilla a implementar estrategias de afrontamiento, como la venta de activos productivos y reducción de alimentos en la dieta familiar.

Mientras que tienen serias limitaciones para alimentarse al no tener provisión de granos, la presencia del fenómeno de La Niña podría complicar su situación.

Según el mapa de perspectiva climática del Insivumeh, para el trimestre de mayo-julio en la franja transversal del norte, el oeste del Caribe, el sur del altiplano central, la boca costa y la mayor parte del Pacífico tendrán una temporada de lluvia por arriba de lo normal.

Con ello hogares que están crisis de inseguridad alimentaria en Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango, Jutiapa y San Marcos tendrán una doble afectación, pues lo poco que logren sembrar podría ser anegado por el agua.

El pasado fenómeno de La Niña fue uno de los más prolongados hasta ahora, pues duró de 30 meses, según reporte del Insivumeh. Durante ese tiempo se tuvo la amenaza directa e indirecta de cinco tormentas tropicales: Cristóbal, Amanda, Nana, Eta e Iota.

Las dos últimas dañaron 136 mil 761.20 hectáreas de granos, legumbres y otros productos, un impacto económico que ascendió a Q897 millones, como reportó el Maga.

Apoyo a la resiliencia

El impacto que causó El Niño en los cultivos de los agricultores de subsistencia y el que pueda causar La Niña agravará la inseguridad alimentaria en el país, cuya cifra oficial es de 3.1 millones de personas afectadas hasta febrero del 2023, y se espera una actualización para julio próximo.

Ante las condiciones climáticas que se avecinan, en la que se prevé una intensa temporada de huracanes, Tania Goossens, directora y representante en Guatemala del Programa Mundial de Alimentos (PMA), indica que esto puede complicar la situación de las familias que ni bien logran recuperarse de los efectos de la sequía prolongada, por ejemplo, cuando viene otra crisis que les impide sobreponerse.

“Cada vez que hay algún impacto, en este caso El Niño, los hogares se vuelven más vulnerables y recurren a estrategias de afrontamiento. Esa es la preocupación, porque las personas empiezan a saltarse comidas, empiezan a vender sus activos y no logran salir de este círculo vicioso”, dice Goossens.

Por esa razón hace énfasis en trabajar en acciones anticipatorias y preventivas para que las comunidades sean más resilientes y puedan adaptarse rápidamente a estos embates del clima, considerando que Guatemala es un país altamente vulnerable al cambio climático.

En esa línea, menciona la iniciativa Mano a Mano que impulsa el Gobierno y que busca atender las causas estructurales de la pobreza y malnutrición, abordaje que el PMA también desarrolla en varias comunidades.

Agrega que es necesario fortalecer las capacidades a nivel de los municipios para que tengan su propio plan de respuesta ante este tipo de desastres naturales.

Como un abordaje positivo en apoyo a estas poblaciones están los microseguros que se activan para proteger las cosechas de las familias en momentos de vulnerabilidad, que en el caso del PMA apoya a 14 mil hogares.

Además, de la reserva estratégica de alimentos que se tiene a nivel estatal para dar con raciones de alimentos a los hogares afectados en casos de emergencia, acción que también realizan la comunidad internacional.  

“Como PMA acabamos de expandir nuestros esfuerzos a Izabal, por ejemplo, porque es una región afectada por las tormentas, lluvias e inundaciones. Nos estamos anticipando y preparando”, añade Goossens, pues este es uno de los departamentos en los cuales el Insivumeh pronostica precipitaciones por arriba de lo normal. En el 2022 varias aldeas quedaron anegadas por el desborde del río Motagua.  

Producción en riesgo

La perspectiva agroclimática para mayo elaborada el Centro de Información Estratégica Agropecuaria del Maga refiere que los cultivos con mayor riesgo por las lluvias arriba de los 400 milímetros son granos básicos (maíz y frijol) café, hule, macadamia, sandía, melón, cítricos, mashán, mango, piña, caña de azúcar, palma de aceite y pastos.

Mientras que los departamentos más susceptibles son Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu, Escuintla, San Marcos, Sololá, Escuintla, Santa Rosa, Sacatepéquez y Chimaltenango.

Tania Goossens, directora y representante del Programa Mundial de Alimentos en Guatemala, habla de las brechas de consumo de alimentos en los hogares vulnerables, de las acciones que es necesario seguir para apoyar a esta población, y la importancia de que las comunidades se vuelvan resilientes ante el embate del cambio climático, que cada vez más será más severo.

El ingreso del fenómeno del Niño este año, con sequía en unas áreas del país y en otras inundaciones debido a las intensas lluvias ¿podría haber aumentado esa cifra de 3.1 millones de personas en inseguridad alimentaria?

La CIF son datos oficiales y son proyecciones, esa cifra alta de 4.3 millones de junio a agosto es al final del hambre estacional, la proyección de 3.1 millones se basa en lo que se ve al final del año, que incrementa la demanda de mano de obra agrícola, más ingresos para las familias, hay una mejor disponibilidad de alimentos por la cosecha, por eso se ve una mejora en los números.

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Pero no se ha medido aún el impacto del fenómeno del Niño, lo que sabemos es que sí ha habido algún impacto en la producción agrícola y un incremento en los precios en estos últimos meses.

Se prepara nuevamente la CIF (para publicar) entre abril y mayo de 2024, y ahí podremos tener más datos. Podría ser que se vea una cifra diferente de los 3.1 millones, pero siempre es una proyección.

Estamos frente a números que indican que hay población que reducen tiempos de comida, que no tiene acceso a se alimentos, que como consecuencia hay incrementó de niños con desnutrición aguda ¿se está abordando el tema como una emergencia a nivel nacional?

La inseguridad alimentaria, la desnutrición aguda y la crónica, se reconocen como una problemática en el país, eso se ha visto por los esfuerzos del Gobierno en los últimos años al invertir y tomar ciertas acciones, y la cooperación internacional, como el PMA, ha apoyado estos esfuerzos.

Si los hogares ya están en un punto de inseguridad alimentaria y de pronto pasan por un período de sequía, no tienen la cosecha que esperaban, los precios incrementan y no pueden comprar alimentos, entonces, aumentará la vulnerabilidad y ahí entra el tema de estrategias de afrontamiento, que optan por alimentos menos nutritivos o de repente venden activos productivos, ya no gastan o gastan menos en salud o en educación, es un factor atrás de otro, eso va a tener un impacto en la inseguridad alimentaria del hogar y en el estado nutricional de los niños.

La información de la CIF evidencia que cada vez más la inseguridad alimentaria se presenta en áreas urbanas , ¿Cuál es la razón de este comportamiento?

Eso es algo que se empezó a ver en la pandemia del covid-19, la vulnerabilidad de los hogares urbanos y periurbanos.

En las zonas rurales las familias tienen acceso a su propia producción, ese no es el caso de los hogares urbanos o periurbanos, que dependen de ingresos para poder adquirir alimentos. Entonces, cuando hay falta de empleo o dependen de empleo muy informal, ya no tienen como acceder económicamente a los alimento.

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Por eso comenzamos a trabajar más en esas zonas, por ejemplo, actividades de empleo digno, de emprendimiento y empleo con jóvenes, porque vemos esta vulnerabilidad.

Otro tema es que cuando se habla de migración interna, hay hogares en la capital que vienen de zonas rurales, que dependen de empleo informal y no tienen el apoyo y la estructura familiar que se ve en las áreas rurales. Son personas que están en la capital, viven en situaciones muy precarias y dependen del pequeño ingreso que tienen para alimentarse.

¿Qué tanto afecta el cambio climático en que más personas tengan limitaciones para tener acceso a alimentos?

En el caso de Guatemala mucho, es un país altamente vulnerable. Estamos en los primeros 10 países del mundo con más impacto por el cambio climático, que afecta el rendimiento de los cultivos, las economías locales, y eso provoca inseguridad alimentaria cuando la región depende de la agricultura.

Vemos que hay una reducción, un desplazamiento de las áreas aptas para el cultivo, hay pérdidas de cosechas, un aumento de plagas. Este año en el país se vivió una gran sequía y eso tiene un impacto en los cultivos, en la disponibilidad del agua.

Entonces, sí hay un impacto fuerte, primero en la disponibilidad de alimentos, pero también el acceso a estos.

Vivimos con el cambio climático, y tenemos que adaptarnos, mitigar, construir la resiliencia.

El próximo año se vislumbra que el impacto del fenómeno del Niño continúa, ¿Qué se debe hacer ante esta amenaza?

Es momento para revisar los programas sociales y seguir invirtiendo en la protección social.

El Gobierno tiene un programa de microseguros, y cuando hay un fenómeno como una sequía o lluvias excesivas, se activa un seguro y las familias tienen cómo recuperar las pérdidas. Esto es una inversión y hemos visto un gran crecimiento en los últimos años en Guatemala, y hay interés de las comunidades, de las autoridades, de seguir invirtiendo.

En el otro lado de la moneda está lo que llamamos acciones anticipatorias, cuando ya tenemos las tecnologías y sabemos que va a haber una sequía, entonces en vez de pagar un seguro, hay que tomar acciones anticipatoria, como adaptar los cultivos, usar semillas resistentes a la sequía, las familias pueden hacer un emprendimiento para prevenir que su situación se empeora.

¿Cuál es la razón por la que en departamentos como Alta Verapaz, Huehuetenango y Chiquimula la población es más vulnerable?

Afecta la condición geográfica, pues lo que vemos es un corredor seco extendido, que va hacia Quiché, las Verapaces, Huehuetenango, y no era así. Hemos tenido que adaptar nuestros programas y trabajar en esas otras áreas, porque ya se puede hablar de un corredor seco extendido.

El otro tema es la inequidad. Alta Verapaz, por ejemplo, es de los departamentos más pobres del país y eso es un factor, y también que son departamentos altamente vulnerables al cambio climático. En estos lugares la producción agrícola de granos básicos y el acceso a estos alimentos son una limitante. Están en una situación donde no hay un empleo, hay una falta de diversificación de medios de vida, dependen de la agricultura, y eso los hace más vulnerables.

¿La inestabilidad política ha contribuido a agravar la emergencia alimentaria?

La inestabilidad política la estamos viviendo a nivel mundial, hay incremento en los precios, la guerra en Ucrania y el impacto que tiene en los fertilizantes, combustibles, y de otros servicios. Por eso alertamos que a nivel mundial hay un incremento en la inseguridad alimentaria. Al final eso tiene un impacto en las economías de las familias.

Se debe reconocer que a pesar de la situación en el país hay estrategias, hay esfuerzos, hay inversiones en los temas de inseguridad alimentaria y nutrición del Gobierno actual, y del Gobierno electo hay indicaciones de que será una prioridad seguir con estos programas y con esas inversiones.

Como PMA seguiremos apoyando esos esfuerzos, se debe resaltar lo que ha funcionado, siempre hay áreas por mejorar, tomar en cuenta esas lecciones aprendidas. Lo importante es seguir invirtiendo y poniendo el tema de inseguridad alimentaria y nutrición como una prioridad en la agenda política del país.

¿Cómo volver a las poblaciones resilientes para frenar la inseguridad alimentaria?

Seguiremos apoyando esfuerzos humanitarios, por esas emergencias urgentes es tan importante trabajar con las poblaciones y fortalecer su resiliencia para frenar esta inseguridad alimentaria.

Como Guatemala es una población muy activa en el tema de la agricultura hay que seguir trabajando en proyectos justamente de agricultura más resilientes al cambio climático, pero también fortalecer la diversificación de medios de vida, creación de empleo formal, eso es sumamente importante. Fortalecer capacidades a todo nivel, invertir en la educación, fortalecer los sistemas de protección social, enfocados específicamente en poblaciones muy vulnerables.

Al final es tener políticas incluyentes, hay que reconocer que hay poblaciones muy vulnerables, hay que definir cuáles son, desarrollar actividades según su contexto y tener un abordaje muy integral. No sirve promover una dieta saludable si las personas no tienen acceso a esos alimentos o no están disponibles. Es importante tener una mirada integral, para tener impacto justamente en crear esa resiliencia.

Hebert López, director Adjunto del WFP ( Programa Mundial de Alimentos) en Guatemala, en entrevista con Prensa Libre señaló que para disminuir dichas cifras es necesario atacar los problemas estructurales, es por ello que trabajan en proyectos de resiliencia para fortalecer la capacidad de los hogares y que puedan responder de mejor manera ante la escases y baja calidad de los alimentos. En el país atienden a las familias necesitadas en el área rural.

La inseguridad alimentaria afecta a distintos países de la región, ¿tiene Guatemala alguna característica específica que lo haga más vulnerable?  

En la subregión de Centroamérica la situación es similar, muchos problemas estructurales que tiene Guatemala los tiene El Salvador, Nicaragua y Honduras. De pronto la desnutrición crónica podría ser el elemento que nos diferencie, y es porque sí sabemos el porcentaje de la población que está en esa situación, el número de familias afectadas en el resto de los países de Centroamérica es más oculto. El grado de visibilidad que se le da a estos problemas es lo que nos podría diferenciar de otro país.

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¿La desnutrición crónica pone en mayor vulnerabilidad a la población infantil? 

Definitivamente. Tenemos un porcentaje alto de población en desnutrición crónica, y es debido a elementos coyunturales: falta de alimento en los hogares, bajos niveles de producción, una marginalidad de la agricultura a nivel de familias de subsistencia, entonces, ya tenemos una base complicada y sobre esto nos cae la guerra en Ucrania, el incremento de la canasta básica, el cambio climático. Todos estos elementos contribuyen a que la situación se agudice. Eso lleva a que se reporten problemas de desnutrición aguda, que está relacionado a hechos recientes.

También hay un tema de cómo miramos la desnutrición, cuál es nuestra idiosincrasia. Muchas de la familia no la perciben como un problema porque la ven todo el tiempo, y reaccionan hasta cuando la situación es demasiado grave y no podemos hacer nada.

¿Para el Programa Mundial de Alimentos (PMA) atender el problema de la desnutrición es importante? 

Aunque a nivel global o a nivel de América Latina es un tema que ha perdido interés por parte de la población donante, para el PMA está sobre la mesa y estamos trabajando en ello.

Tratamos de incidir sobre las causas de la desnutrición, por ejemplo, en el caso de Guatemala tenemos un proyecto fuerte de resiliencia que nos permite fortalecer la capacidad de los hogares para afrontar estos problemas y que puedan responder mejor ante una baja en la calidad de los alimentos.

Aunque nuestras intervenciones pueden tener otros nombres, al final lo que buscamos es mejorar la calidad de la alimentación que tienen las familias, ya sea al mejorar su producción o porque generan ingresos que les permiten comprar alimentos de mejor calidad.

¿Por qué hay desinterés entre los guatemaltecos en el tema de la desnutrición? 

Convivimos tanto con la desnutrición que ya la miramos como parte de nuestras vidas, no la percibimos como un problema. Por eso trabajamos en cómo incidir en el cambio de comportamiento de las personas, de los gobiernos, de la familia, de las autoridades territoriales.

Deberíamos hablar también de malnutrición, porque está el tema de la obesidad, la doble carga nutricional, que tampoco lo miramos como un problema. No pensamos que afecte a la población, a la capacidad productiva del país, porque al final en eso se traduce.

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¿El que los donantes internacionales vean la desnutrición en Guatemala con poco interés no es nada alentador?

Creo que el donante está viendo el problema de diferente manera, cuando hablamos solo de desnutrición de repente no es atractivo, porque al final la desnutrición es el efecto de algo, pero sí hay interés en las causas. Tenemos mucha apertura de los donantes para hacer un trabajo que ataque las causas.

Están apoyando el tema del cambio social de comportamiento, la gente necesita cambiar su mentalidad, necesita ver las cosas de una manera diferente. Tenemos una cantidad de intervenciones en el campo, en la zona donde hay mayores problemas de desnutrición, que tienen que ver con construir resiliencia, con fortalecer los medios de vida de la familia, para un mejoramiento de la situación nutricional de las personas. Es un tema que tenemos que ir viendo cómo lo vamos permeando en la comunidad, en los donantes, para que vean que estamos atacando las causas, de que sí puede haber una respuesta en la parte nutricional.

Pero, definitivamente sí ha habido una pérdida de interés, hay un cuestionamiento en el tema de por qué los niveles de desnutrición no bajan a pesar de que ha habido mucha inversión, y es porque hemos tratado de atacar el efecto cuando se debería trabajar en las causas.

¿Cuál es el panorama de inseguridad alimentaria en Guatemala para los próximos meses? 

No tenemos información que nos permita conocer de cerca cómo está la situación.

Los efectos de la guerra de Ucrania y el mejoramiento internacional del costo de los fertilizantes todavía no han llegado a Guatemala, entonces, esperamos que la situación no sea fácil y que se complique para las familias, especialmente durante la época de escasez (de alimentos), que normalmente empieza a finales de mayo, junio, julio y hasta que empieza a salir las siembras de primera.

Aparte, tenemos un Fenómeno del Niño que posiblemente empecemos a ver a principios de junio. El tema de que la canasta básica sigue incrementando nos preocupa, entonces, pensamos que para lo que falta del año la situación se puede complicar, como PMA estamos preocupados y dando seguimiento a lo que pueda venir, y trabajando una serie de proyectos que son integrales y que pueden reducir un poco el impacto de la situación.

Entiendo que el mismo Gobierno se está preparando, el año pasado se estableció una reserva estratégica de alimento para responder, incluso, para dejar un stock de alimento bastante considerable para el próximo Gobierno, en caso de que la situación se prolongue un poco más.

El hambre estacional es una situación que sucede todos los años, ¿cómo prepararse para actuar con antelación y evitar que las familias caigan en inseguridad alimentaria?  

Las intervenciones en las áreas de resiliencia son básicas para para evitarlo, hablamos de resiliencia económica y climática, que lleva a que las familias puedan garantizar sus ingresos para la compra de alimentos durante estos períodos.

Enfocarnos en los problemas estructurales relacionados a la productividad, porque la escasez de alimento impacta más en las familias rurales, donde para la mayoría la actividad agrícola es la principal fuente de ingresos. No quiere decir que es la única, pero muchas veces al no contar con suficientes reservas de alimento les genera esa percepción de escasez de alimentos.

El fortalecer la resiliencia, de garantizar que las familias incrementen su capacidad de respuesta a situaciones difíciles, es lo que nos llevará a eliminar ese período de escasez de alimento.

Habrá que desarrollar otras capacidades en la familia que les permita generar ingresos en ese periodo donde la agricultura no es la principal actividad, porque no ha iniciado el invierno, porque todavía no es la época de siembra.

¿La asistencia alimentaria es necesaria en algún momento?

La asistencia alimentaria siempre va a esta ahí en caso de que las familias estén afrontando una situación más allá de sus capacidades de respuesta, y hay que estar listos para ello. Estamos hablando de que puede ser a través de proveerles alimento o de transferencias en efectivo -condicionada o no condicionada-.

¿Cuál es la participación del PMA en el programa de reserva estratégica de alimentos del Gobierno?

Es un stock de alimentos que el Gobierno tiene almacenado y que se utilizarían en un momento de crisis, ya sea por el impacto ante una situación económica social o una baja de producción o disponibilidad de alimentos en los mercados, entonces, la reservas se saca.

El PMA solamente está proveyendo el servicio de todo el proceso de compra de alimento -maíz, frijol y arroz-, se está hablando con el Gobierno la posibilidad de también apoyar en la distribución.

Si miramos la situación en otros países, somos el único donde se tiene una reserva que puede ser utilizada en una situación de emergencia. El plan que se tiene es que entre septiembre y octubre si no ha habido ninguna situación de crisis el alimento sea utilizando en programas regulares del Ministerio de Agricultura y reemplazaríamos con nuevos alimentos para que la reserva se mantenga.

¿No hay peligro de que se arruinen al estar tanto tiempo almacenados? 

Estos productos se compraron a finales del 2022 y la idea es que, si en septiembre u octubre no se han utilizado, el alimento que está almacenado para la reserva se utilizaría en los programas regulares del Ministerio de Agricultura, y en ese mismo periodo se estarían comprando nuevamente alimento para mantener la reserva estratégica.

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Beasley conversó con Prensa Libre al concluir sus visitas el sábado último, y aseguró que en los siguientes días hará peticiones a países donantes y autoridades de Estados Unidos para implementar programas de apoyo en Guatemala en seguridad alimentaria y posiblemente transferencias monetarias en efectivo.

“Lo que necesitamos, más que nada, es la financiación de los donantes y ya estamos trabajando con el gobierno para ayudar a 2.3 millones de familias. Esto tendrá un impacto muy positivo, pero son soluciones a corto plazo”, expuso.

Estos planes tienen el propósito de coadyuvar para evitar que las personas migren por necesidad. Beasley indicó que las soluciones a largo plazo son ofrecer empleo, medios de vida y resiliencia.

“Conocí a una familia, por ejemplo, que son trabajadores migrantes que van a zonas cercanas, pero debido a los efectos de los huracanes perdieron su trabajo y la pandemia lo vino a empeorar. Hemos trabajado con las mujeres en los últimos dos años en resiliencia, para empoderarlas en diferentes programas como la producción de ganado, pollos, huevos, cerdos, maíz, y las mujeres han ahorrado, y cuando los hombres perdieron su trabajo generalmente habría devastación, pero gracias a esto hemos empoderado a estas personas, que han podido ahorrar el dinero y han sobrevivido en esta época difícil”, refirió.

Según el directivo del PMA, una de las mujeres con las que habló le dijo que si no hubiera tenido apoyo de estos programas habría migrado o muerto de hambre.

Beasley contó que un joven que migró hace 10 años le dijo que el viaje fue horroroso y que vio morir a personas que saltaban del tren. El migrante consiguió llegar a EE. UU., pero lo deportaron.

“Espero que, con los donantes de Europa, pero especialmente de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se estimule la economía para que existan puestos de trabajo, se creen oportunidades económicas y el PMA trabajará en la seguridad alimentaria, nutrición, apoyo para los niños, empoderamiento y resiliencia para los pequeños agricultores en todo el país, que es caro, pero es miles de veces más caro no hacerlo”, manifestó.

El directivo tiene previsto reunirse con senadores y congresistas estadounidenses “porque hay mucha esperanza en Guatemala. No es tirar el dinero, es una de las mayores inversiones que puede hacer el pueblo estadounidense por el pueblo de Guatemala”.

Beasley manifestó que se ha reunido con líderes europeos y en una semana ha recibido promesas de contribución, pero recordó que toma tiempo escalar los programas.

“Estamos buscando ayuda a corto plazo para transferir efectivo, pero queremos llevar programas de resiliencia a largo plazo que generen empleos, oportunidades y estabilidad para las familias y eso llevará tiempo, no se hace en un año”, enfatizó.

Al consultarle sobre cómo sería el programa de transferencia en efectivo, dijo que se haría de forma directa a las familias que dependen de la disponibilidad de alimentos.

“Por ejemplo, en la aldea Tenedores, en Izabal, la gente se ha visto devastada por los efectos del covid-19, se destruyó el turismo y luego vinieron las tormentas que pusieron fin a los puestos de trabajo, y con los donantes usamos transferencias en efectivo y en especie y contamos con otras modalidades de ayuda a las personas que lo necesitan”, explicó.

“Esperamos que el turismo vuelva a reactivarse, y de hecho en esa región que es una zona turística muy importante los restaurantes están cerrados y conocimos a los dueños y les preguntamos por qué no trabajan con nosotros para cocinar a las personas que perdieron su trabajo y sus hogares, y así poder ayudar a los restaurantes y hoteles para mantener activas a las personas. También podemos intervenir con dinero y productos para reactivar la economía”, precisó.

“Leí un artículo del Washington Post que exponía que se requieren US$60 millones para ayudar a 16 mil a migrantes en la frontera en una semana, y nosotros podemos apoyar a Guatemala con US$2 por persona, por semana, y crear resiliencia, sostenibilidad”, concluyó Beasley.

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Para llegar a Concepción hay que recorrer 6.6 kilómetros desde la cabecera departamental y pasar por unos miradores que ofrecen una vista del lago envidiable para los turistas nacionales y extranjeros. Aun así, este municipio no es recordado por sus paisajes, sino por un fatídico hecho ocurrido en octubre de 2015.

El 11 de octubre de ese año fue vapuleado y quemado el alcalde recién reelecto del lugar, Bacilio Juracán Lejá, señalado de ser el responsable de un ataque armado en contra de un excandidato a la alcaldía y su familia. Cinco años han pasado desde entonces y las escenas del fuego de aquella tarde sigue estando presente entre la población.

Quienes recienten más estos hechos son el personal de Salud asignado al lugar, que tienen como interés principal atender a la mitad de la población infantil que padece desnutrición crónica. Entre comentarios dichos en voz baja para evitar ser escuchados, reconocen que les toca trabajar en un área de alta conflictividad.

Deben acercarse sigilosamente a los hogares donde saben que hay niños con problemas de nutrición. Saben que deben llamar a la puerta una, dos, tres y hasta cuatro veces en diferentes ocasiones para ser atendidos, mientras alguien les dice que no hay niños en la casa o que mamá salió para evitar que sean evaluados.

Esta desconfianza creció aún más con el coronavirus, “creen que nosotros les vamos a llevar el virus”, dice una de las enfermeras del Centro de Atención Primaria (CAP) de Concepción mientras es acompañada por personal contratado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) para ubicar a niños con desnutrición.

Este es uno de los escenarios más repetitivos a los que se enfrentan las diferentes brigadas para la búsqueda activa de casos de desnutrición que desde julio recorren todo el territorio nacional para establecer cuánto ha afectado la pandemia al estado nutricional de los niños.

No es difícil adivinarlo, cientos de miles de personas se quedaron sin trabajo y sin ingresos, no hay alimentos para llevar a casa y los niños se quedan sin recibir los nutrientes necesarios para su desarrollo.

Es por esto, que miles de brigadistas salieron para recorres valles y montañas, ir de caserío en caserío para evaluar a los niños y darles la asistencia alimentaria a quienes lo necesiten. Actualmente hay 1 mil 126 brigadas activas en todo el territorio, de estas 924 son institucionales y 142 son brigadas cooperantes organizadas y contratados por organizaciones como PMA, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Marlon Figueroa, nutricionista del Sistema Integral de Atención en Salud (SIAS) del MSPAS explica que el modelo brigadista inició el año pasado en Alta Verapaz como plan piloto y fueron implementados este año tras declararse la pandemia en el país para poder detectar y atender a tiempo a los niños con desnutrición.

Algunas brigadas iniciaron en julio y otras, como las asignadas a los territorios del departamento de Guatemala y Sacatepéquez no han podido empezar con las visitas debido a los altos números de contagio de covid-19.

Aunque las brigadas están presentes en los 22 departamentos, priorizaron a 1 mil 903 comunidades con altos índices de pobreza, alta prevalencia a casos de desnutrición aguda y poco acceso a los servicios de salud.

En el caso de Huehuetenango, explica Figueroa, por ser un departamento tan grande fue dividido en 33 distritos y los cooperantes contrataron a una nutricionista por distrito. El principal criterio del centro de salud para elegir a las comunidades era visitar a las que más lejos estaban y, por ende, tienen menos acceso a los servicios de salud.

Aunque cada brigada cuenta con un picop, hay veces en que el personal debe caminar hasta cuatro horas para poder llegar a las casas.

Ese también fue uno de los criterios utilizados en Concepción, que pese a quedar tan cerca de la cabecera departamental, hay comunidades que están en las montañas y que solo reciben atención médica cuando el personal llega a sus hogares.

Es por esto que las brigadas también han sido el brazo derecho de los trabajadores de Salud para lograr abarcar con la cobertura que en otros momentos no se puede cubrir. Cada brigada la conforman un nutricionista, un auxiliar de enfermería, una o dos trabajadoras sociales del área que ayudan a la madre y un piloto encargado del traslado del equipo.

Casos detectados

Debido al distanciamiento social exigido para evitar contagios de covid-19, las brigadas han tenido que implementar formas para que las visitas sean lo más breves posibles y así no poner en riesgo la salud de las familias. En la primera visita se toma la circunferencia media del brazo (CMB) del niño menor de 5 años que debe medir como mínimo 13 centímetros.

Si el CMB es menor, el niño cayó en un cuadro de desnutrición aguda moderada, Nelly Ajcalón, nutricionista encargada del área de Concepción explica que al detectarse un caso se le brinda al niño vitamina A, ácido fólico, zinc y alimentos terapéuticos listos para consumir (ATLC).

Si se trata de un caso de desnutrición aguda moderada, se hace una segunda vista en 15 días para monitorear que haya tenido una ganancia de 8 onzas. En caso el niño tenga desnutrición aguda severa, la visita se hace en ocho días para establecer si se dio una ganancia de 4 onzas.

“Si durante ese tiempo el bebé no sube de peso, se le da asesoría a la madre para averiguar si no ha tenido diarreico, gripe o una infección en la garganta que provoca que no quieran comer por la molestia”, dice Ajcalón quien menciona que en estos casos los niños son trasladados al Centro de Recuperación Nutricional más cercano.

Ajcalón explica que la primera comunidad que visitaron fue en Nahualá debido a que aprovecharon el estado de Sitio decretado por el Ejecutivo el 30 de mayo.

Hasta el 19 de octubre, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) tenía 111 mil 892 menores de cinco años evaluados, de los cuales 617 presentan desnutrición aguda. Esto representa el 0.65%, un porcentaje menor a lo esperado en relación con la población en referencia que es el 2.3% según la Organización Mundial de la Salud (OMS), según expresó la jefa de la Sesan, Maritza Méndez.

El analista en salud pública, Adrián Chávez, indicó que, aunque el número de niños que presentan señales de desnutrición pareciera bajo según lo informado, “a la fecha estas brigadas han llegado a comunidades específicas ubicadas en el 16% de municipios, lo que hace pensar que la cantidad de niños con desnutrición podría en realidad ser mucho mayor”, agregó.

Marlon Figueroa coincide con lo anterior, ya que de 27 mil comunidades que hay en el país, las brigadas están visitando a casi 2 mil. Además, aún no han iniciado las brigadas en Sacatepéquez y Guatemala, departamentos con mayor número de población.

“Creemos que el dato va a aumentar porque y se verá más reflejada la situación de quienes perdieron su empleo y en el estado nutricional del niño. Nosotros hemos reportado aproximadamente 12 mil casos de desnutrición aguda anualmente pero este año llevamos más de 20 mil casos, un aumento del casi 100 por ciento”, explica Figueroa

El Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Siinsa), reportó hasta el 22 de octubre 21 mil 17 casos y 13 muertes. Pero Figueroa explica que esto no quiere decir que sean 21 mil niños con desnutrición aguda, ya que, si un menor se recuperó y vuelve a caer en un cuadro de desnutrición, se cuenta como un caso nuevo.

Algunas brigadas finalizan con su trabajo en octubre y otras continúan hasta diciembre, dejando un vacío en los centros de atención comunitarios Creemos que el dato va a aumentar porque y se verá más reflejado la situación de quienes perdieron su empleo y esto se verá reflejado en el estado nutricional del niño donde los trabajadores de salud mencionan que no logran darse abasto para atender todo su territorio, reconociendo que la estabilidad nutricional de un niño que ha caído en desnutrición es frágil y se le debe dar seguimiento continuo.

“Hay que recordar que uno de los efectos colaterales de la pandemia es el desempleo, lo que puede comprometer la economía de las familias y poner en riesgo el acceso y disponibilidad de alimentos saludables. Se requiere una vigilancia continua y que el ministerio de Salud coordine acciones integrales con otros ministerios, caso contrario se seguirá atendiendo los efectos y no las causas”, agregó Chávez.

Hasta el 30 de septiembre las entidades que conforman el Plan Operativo de Seguridad Alimentaria y Nutricional habían ejecutado el 68.3 por ciento de un presupuesto de Q5 mil 195 millones 140 mil 169, siendo el Instituto de Fomento Municipal (Infom) y el Ministerio de Economía (Mineco) los que menos han ejecutado con 29 y 30 por ciento respectivamente.

Conflictividad, mala alimentación y machismo

Uno de los retos más grandes que han tenido las brigadas que trabajan en Concepción, es enfrentarse a la renuencia de las familias por querer ser atendidas por el personal de Salud. Esto se alimenta a la desconfianza que tienen hacia sus autoridades y al miedo generado tras la pandemia del covid-19. Concepción, que es un municipio descrito con una población 100 por ciento maya kaqchikel, es también una comunidad en la que el 53 por ciento está formada por mujeres.

El 38 por ciento de las mujeres tuvo a su primer hijo entre los 15 y 19 años. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la mitad de su población (49.6%) son niños entre los 0 y 17 años. Pero según datos del Centro de Atención Primaria, la mitad de estos niños tiene desnutrición crónica, aunque en el municipio solo se han detectado cinco casos de desnutrición aguda en este año.

Aunque según la Municipalidad de Concepción en su Política Pública para la Prevención de la Violencia y el Delito 2019-2020, los principales focos de conflicto en el lugar es el acceso al agua, el alcoholismo y los robos, las mujeres suman una problemática más que es el machismo.

Esto ha sido bastante observado por los brigadistas al llegar a los hogares. Uno de los casos a los que el centro de salud le da seguimiento es a la familia X* quien vive a unos 600 metros del CAP, en una casa de tres niveles que se mantiene en trabajos de construcción y tiene un estilo parecido a las casas de las remesas. J tiene seis meses, pesa siete libras con ocho onzas y nació con síndrome de down. Su madre, que tiene más de 35 años es la segunda pareja de su esposo, la primera fue víctima de una muerte materna. Según los enfermeros del lugar, el señor -quien tiene negocios en la capital- no quiso que recibiera sus controles prenatales y no la dejaba salir, ella iba a dar a luz a su tercer hijo pero nunca sintió los dolores de parto y murió junto a su bebé.

La mamá de J conoció a su esposo en la capital, dio a luz en el Hospital Roosevelt y se trasladó a Concepción para criar a su hija, pero con recelo ha recibido las visitas de las brigadistas. Esta era la cuarta ocasión que la buscaban y “por suerte”, dice el personal de Salud, accedió a que vieran a su hija. En un limitado español, la mamá de J explicó que no quería que la atendieran a porque tenía miedo que por el covid-19 se la quitaran diciéndole que tenía que estar en cuarentena.

Mientras escuchaba que le hacía falta ponerle una vacuna a su bebé, ya no quiso hablar por advertencias de su esposo.

“Nos lleva un poco de tiempo convencerlos también de que nosotros no llevamos el virus, no atendemos pacientes covid-19 como ellos piensan. Nos dicen mucho ustedes atienden muchos pacientes enfermos y luego vienen con nosotros a contaminarlos. Con la vacuna también nos cuesta porque creen que la vacuna lleva el virus”, contó Brigida Macario, jefa de enfermeras.

Macario explicó que en la cabecera municipal la gente se resiste más a ser atendidos por el centro de Salud y pesar de estar en un casco urbano, hay muchos casos de desnutrición crónica debido a la mala alimentación. “La población de Concepción produce sus propias verduras, pero todo lo venden y lo que compran es comida chatarra. Muchas familias están mal acostumbrados a consumir golosinas y gaseosas todos los días. Hemos visto a señoras que en la pacha de sus hijos tienen gaseosa y eso ha afectado la buena alimentación, por eso hay mucho retardo de crecimiento en los niños”.

La pandemia los dejó sin comida

A pesar de pertenecer a Concepción, la aldea de Patzutzún está montaña arriba tomando el camino que lleva hacia Los Encuentros. En una casa de adobe vive la familia Balam Xiap.

La responsabilidad que lleva sobre sus hombros hace que Carolina no aparente tener 22 años. Tiene una hija de tres años y William que tiene 1 años y dos meses. Su esposo se dedica a la agricultura y ella, junto a su suegra, hacen tejidos. Cada semana viajan al mercado de Sololá a comprar hilos y sus tejidos los venden en su propia comunidad. Pero desde marzo, su esposo se quedó sin trabajo y ellas ya no pudieron regresar al mercado que permaneció cerrado por cinco meses. Carolina logró hacerse de media docena de pollos que logra venderlos a Q50 cada uno aproximadamente y 50 centavos los huevos.

“Antes sí iba al mercado porque no había enfermedad, pero ahora no salgo. A veces pasaba un carro con verduras o iba a la tienda a comprar algo”, dice.

Carolina contó que no recibieron ningún tipo de ayuda por la municipalidad y no pudieron ser beneficiados con el bono familia ya que no cuentan con servicio de energía eléctrica. La venta de los pollos y los huevos no fue suficiente para lograr comprar los alimentos necesarios. Durante varias semanas comieron frijoles y maíz, pero en cuestión de meses, su hijo más pequeño cayó en desnutrición. Fue detectado por las brigadas el 10 de septiembre quienes le dieron de inmediato los nutrientes para que subiera de peso.

En 15 días, William logró recuperarse, aunque todavía está en riesgo de volver a caer en desnutrición si su familia vuelve a pasar por un período de cero ingresos económicos. Al preguntarle si siente si su hijo ha mejorado, menciona que sí “pesa más cuando lo cargo”.

Embarazo de alto riesgo

A pocos metros de donde vive Carolina, hay un callejón hecho de milpa que conduce a la casa número 57, se trata de la familia Xiap Lebón que vive a la vuelta del puesto de Salud. Isabel tiene 40 años, habla muy poco español y su caso es seguido de cerca los encargados de salud.

Isabel tuvo a su primer hijo a los 19 años, ahora él tiene 21 años y le siguen ocho hermanitos más de 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9 y 6 años que pudieron estudiar hasta el sexto grado de primaria. La más pequeña es una bebé de 8 meses que se llama Abigail.

En febrero, los encargados de Salud la visitaron y notaron que tenía una panza de embarazo. Ella había perdido la cuenta de desde hace cuánto tiempo no tenía la menstruación y, por la ausencia de esta, pensó que ya estaba en la menopausia. Sin embargo, al ser evaluad, los enfermeros se dieron cuenta que estaba embarazada y la llevaron al centro de salud en Concepción. Tras un ultrasonido, se dieron cuenta que ya estaba al término de su embarazo y tuvieron que practicarle una cesárea. Debido a las condiciones de su nacimiento, Abigail nació con bajo peso. Poco más de un mes de haber nacido, fue declarada la pandemia en el país y el padre de la familia y los hijos mayores que se dedican a la agricultura, se quedaron sin trabajo. Las mujeres se dedican al tejido y, como le pasó a Carolina, se quedaron sin poder comprar para hacer trajes para vender.

A pesar de haber logrado ser beneficiarios del bono familia, el pago de Q1 mil no alcanzó para alimentar a los nueve hijos y durante los cinco meses en que nadie tuvo trabajo, los alimentos empezaron a escasear bastante rápido. Isabel cuenta que hubo momentos en que ella solo comía tortilla y esto afectó directamente a la alimentación de su hija que cayó en desnutrición. Abigail también fue detectada por las brigadas el 11 de septiembre y 15 días después había empezado a recuperar su peso.

Aunque todavía no tienen trabajo, los niños se dedican a vender leña para poder tener ingresos.

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Se estima que el 45 por ciento de las repitencias escolares en 2018 son de niños que han presentado esta problemática. Este porcentaje puede aumentar tomando en cuenta que el número de casos nuevos de desnutrición han aumentado en los últimos años.

En el año 2018, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reportó 12 mil 382 nuevos casos de niños con desnutrición aguda y para este 2020, la cartera cerró los primeros ocho meses del año con 20 mil 924 casos, casi 10 mil casos más que el año 2019 para este mismo periodo de tiempo y ocho mil casos más en comparación con los datos publicados hace dos años.

Aunque se ha señalado que el aumento de los casos de desnutrición se debe a que la cartera de Salud cambió la forma de registro. La pandemia del covid-19 hace que las instituciones prevean un aumento de la situación de inseguridad alimentaria en el país.

Entretanto, los efectos de la desnutrición se perciben en el 45 por ciento de las 101 mil 643 repitencias escolares que se observaron en el 2018.

Según los datos presentados por PMA y Cepal, el 16 por ciento de quienes no sufren desnutrición desertan la escuela antes de culminar el nivel primario, mientras que la cifra se triplica entre quienes padecen desnutrición.

También señalan que la población con desnutrición tiene tres veces menos probabilidades de que pueda terminar la secundaria.  Mientras que el 25 por ciento de los niños y niñas que no tienen desnutrición tienen la oportunidad de concluir la educación secundaria, solamente el 9 por ciento de los infantes que tienen este problema logra concluir este nivel de estudios.

“Ante estos resultados, el país debe considerar seriamente que no será posible alcanzar los niveles de desarrollo humano y social requeridos sino se toman medidas concretas pertinentes”, dijo Mireya Palmieri, profesional de la Unidad de Nutrición y Micronutrientes del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (Incap).

Doble carga

Pero, además de la desnutrición, Guatemala se enfrenta a otro problema que pertenece a la segunda cara de la moneda. Se trata de la malnutrición en la población que no solo genera déficit de nutrientes en los niños, sino problemas de obesidad en los adultos que desarrollan enfermedades como la hipertensión y diabetes.

En el país, en el año 2018 se diagnosticaron 463 mil 378 personas con diabetes tipo 2 y 678 mil 498 con hipertensión arterial. Además se detectaron 1,473 muertes relacionadas a estas dos enfermedades y que son catalogadas como “muertes prematuras”.

Según el estudio La Doble Carga de la Malnutrición (DCM), publicada por la revista médica británica The Lancet en diciembre de 2019 y traducida por el Incap, Guatemala junto a Azerbaiyán, Egipto, y los países africanos de Comoras y Santo Tomé y Príncipe, son de las regiones que tienen mayor prevalencia de DCM a nivel hogar.

La DCM a nivel del hogar es definida como uno o más individuos con desnutrición, retraso del crecimiento o delgadez y uno o más individuos con sobrepeso u obesidad en el mismo hogar.

Es por ello que recomiendan que las acciones que haga el gobierno debe ser enfocada a ambos puntos.

Si el gobierno no genera políticas públicas que atiendan la desnutrición y obesidad en su población, dice el estudio, entre los años 2,018 y 2,022 fallecerán 6 mil 932 niños de 0 a 4 años por desnutrición y en los próximos 64 años podrían morir 132 mil 528 personas por enfermedades relacionadas a sobrepeso y obesidad.

Maritza Méndez, jefa de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) explicó que este año harán una revisión de la política de seguridad alimentaria y nutricional para mejorar el enfoque de la malnutrición y no solo atender los casos de desnutrición en la infancia.

“Necesitamos que se apruebe la ley de alimentación saludable y que las familias puedan tener decisiones informadas de lo que están comiendo y comprando”, indicó. Esta iniciativa de ley aún no ha pasado la aprobación de su primera lectura en el Congreso de la República.

“La mayoría de los países en Latinoamérica tiene un desafío doble, no solo al disminuir la desnutrición sino prevenir el sobrepeso y la obesidad. En la actualidad, una de cada tres personas en el mundo está malnutrida con consecuencias sociales irreversibles”, dijo por su parte Miguel Barreto, director regional del PMA.

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Afirman que en los acuerdos que firmó el Plan Mundial de Alimentos (PMA) con los ministerios de Agricultura y Desarrollo Social hay cláusulas de confidencialidad que limitan la fiscalización y podrían violar la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

“Vemos con preocupación al PMA, sí ha respondido consultas, pero dice que no es sujeto obligado a brindar información pública por no ser una entidad que pertenece al Estado propiamente, pero sabemos que las leyes establecen que cuando se ejecutan recursos públicos hay obligación de brindar información”, señaló María del Carmen Peláez, coordinadora del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (Alac).

David Gaitán, consultor en procesos de transparencia y fiscalización, e integrante del mencionado movimiento, aseguró que han detectado inconsistencias en el monitoreo de las compras.

“En este programa en particular, de ayuda alimentaria, existen muchas deficiencias y contradicciones por parte de las instituciones públicas. A nosotros como organizaciones de auditoría social nos preocupan, principalmente, las cláusulas de confidencialidad que firmó el Estado de Guatemala con el Programa Mundial de Alimentos porque no permite una correcta fiscalización ciudadana”, dijo.

Las organizaciones profiscalización alertaron a la Procuraduría de los Derechos Humanos, como garante del cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, y evalúan emprender acciones penales.

Auditoría

La función del PMA es recibir recursos económicos asignados a Agricultura y Desarrollo Social, licitar, evaluar ofertas, seleccionar los mejores proveedores y entregar las compras, pero no las distribuye.

Laura Melo, representante del PMA para Guatemala, explicó que existen cláusulas de confidencialidad para los proveedores, pero las autoridades conocen la lista.

“Si nosotros empezamos a dar detalles de quiénes son los proveedores, nos pone en riesgo de viciar el proceso”, explicó.

Melo resaltó que su objetivo como institución no es perjudicar al país, sino contribuir en los procesos de compras, y para garantizar la objetividad pedirán una auditoría externa al terminar el trabajo.

“Nuestro compromiso es que los recursos que existan puedan llegar al máximo de personas”, dijo.

La cartera de Finanzas señaló en rueda de prensa que los dos ministerios encargados deben encontrar un mecanismo para difundir la ejecución de los Q700 millones para comprar alimentos ante la crisis por el covid.

Cláusula de confidencialidad

En los acuerdos que firmó el PMA con los ministerios, según las organizaciones, existe una parte que limita su trabajo de fiscalización, que se sitúa en la página siete de los acuerdos.

“Los certificados de calidad y cantidad de los productos alimenticios emitidos como resultado de la inspección serán vinculantes para las partes y para los proveedores de los productos alimenticios en relación a la calidad de los productos según lo establecido en el acuerdo específico”, refieren los documentos.

El PMA asegura que toda la información de los eventos de compra se están entregando a los ministerios, acotando que no es su función servir como voceros de las instituciones, ya que deben de ser estas quienes comuniquen sus avances.

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La plataforma de identificación biométrica Scope es una herramienta que el organismo internacional suele utilizar en el campo para monitorear la situación alimentaria de poblaciones en riesgo y a los beneficiarios de los programas de asistencia en los 180 países donde tiene presencia, entre ellos Guatemala.

Laura Melo, representante del PMA en el país, menciona que compartirán Scope con el Gobierno guatemalteco para que sea utilizado en la ejecución del programa de apoyo con alimentos a las familias afectadas por el covid-19, emergencia que ha encrudecido las cifras de personas con inseguridad alimentaria, que suman más de 2.3 millones, según información de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán).

Para este programa, que está a cargo de los ministerios de Desarrollo Social y de Agricultura, el Congreso de la República asignó Q700 millones a través del Decreto 12-2020, cantidad que se divide en partes iguales para cada cartera, que son las encargadas de coordinar las entregas, ya sea en especie o bien a través de cupones canjeables, según la resolución..

Ambas carteras deben utilizar una base única de datos de familias en vulnerabilidad, así como de personas de la tercera edad que se encuentren en asilos o centros, para evitar la duplicidad de beneficiarios. Tienen que elaborar la lista, y esos datos son los que se ingresarán a Scope, que permite tener un monitoreo en tiempo real de quién recibió la ayuda y de quiénes están pendientes.

De acuerdo con Raúl Romero, titular del Ministerio de Desarrollo Social, la lista de beneficiarios será elaborada por las autoridades de cada municipio y los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes), esta pasará por un proceso de validación y depuración, para evitar “la manipulación política y clientelar en los listados”, señala.

Hasta ese momento los datos serán remitidos a la Sesán, que los trasladará al Mides y al Maga para que hagan la entrega de las raciones a las familias.

Romero menciona que la ayuda llegará a un millón de hogares. El apoyo que se le dará a las familias será a través de entregas en especie. Usar cupones canjeables por alimento fue descartado para evitar la corrupción en el proceso.

Son aproximadamente 160 libras de alimento las que se darán, de nueve productos, entre ellos maíz, frijol, arroz y aceite. Los víveres que se incluyen y las cantidades fueron establecidas por la Sesán, indica Romero, pensados para suplir las necesidades alimenticias de una familia de cinco miembros, para 30 días.

Apoyo en el campo

La plataforma funciona sin conexión a internet, y puede ser empleada tanto en teléfonos inteligentes como en tablets, lo único que se requiere es que tengan sistema Aondroid.

“Es una herramienta sencilla de utilizar, para que la gente que está en el campo, que es la responsable por la distribución, pueda tener una tecnología relativamente económica y fácil de usar en este proceso”, explica Melo.

El acercamiento entre el PMA y los ministerios Mides y Maga para el uso de la plataforma comenzó meses atrás, pero la crisis alimentaria generada por el covid-19 aceleró las conversaciones, y dado el potencial que tiene Scope para llevar a cabo una distribución de alimentos eficiente se optó por utilizarla.

De acuerdo con Melo, ya se inició con el trabajo de preparación para instalar el software en los equipos que se usarán en el campo, para luego introducir los datos de los beneficiarios.

Compra de alimentos

El PMA también apoya al Gobierno con la compra de los productos que se distribuirán a través del Programa de Apoyo Alimentario y Prevención del covid-19.

La adquisición la harán a pequeños productores con la finalidad de auxiliarlos para que tengan ingresos económicos y puedan paliar la crisis.

“Tenemos estándares de calidad que es necesario cumplir. A los pequeños productores que tengan la posibilidad de vender, sobre todo granos básicos, que es buena parte de los alimentos que estamos comprando, darle la oportunidad de entrar a este mercado”, dice Melo.

Romero menciona que hacer las compras a través del PMA es para que haya transparencia en el proceso y evitar beneficiar a determinada empresa o personas, como ha sucedido en el pasado con los programas de asistencia.

La canasta de alimentos que se comprará fue establecida por el Mides, Maga y la Sesán, conforme las necesidades nutricionales que las familias necesitan en estos momentos.

El decreto 12-2020 establece que son Q700 millones los destinados al programa de apoyo alimentario, y los que deben invertirse para tal fin.

“Los procesos de compra que hacemos son por licitación públicas. Los pequeños productores tendrán que participar también. Los procesos de licitación están comenzando ahora”, indica Melo.

Romero refiere que según el cronograma establecido los ministerios ya cumplieron con hacer el traslado de fondos al PMA, al cual ahora le corresponde continuar con el proceso de adquisición de alimentos y la distribución hasta los municipios, para que allí personal del Mides y Maga haga la entrega a las familias. El funcionario indica que esto llevará unas cinco semanas.

“El apoyo que estamos brindando al gobierno en asistir a las personas afectadas por la crisis del covid-19 es en el programa de alimentos, por un lado, el proceso de compra de alimentos y esta plataforma de registro y manejo de beneficiarios diarios para evitar duplicaciones y para tener transparencia de información”, dice la representante del PMA.

Así funciona Scope

La plataforma tiene dos faces, y en cada una utiliza una aplicación móvil para hacer el trabajo de campo.

Una se usa en el registro de los beneficiarios, la cual escanea el código MRZ que está en el Documento Personal de Identificación (DPI), y transfiere automáticamente todos los datos de cada individuo a la plataforma.

La otra app se emplea para la distribución de los alimentos, y acá Scope genera un código de barras único para identificar a los hogar que debe recibir las raciones de alimento.

“Las apps de Scope trabajan con dos identificadores muy únicos, como lo es el número del DPI y el código del hogar, que posteriormente se convierte en un código de barras que también es un número y es asignado por el sistema y que no puede ser duplicado”, señala Julio López, asociado de programas del PMA y encargado de Scope.

De esta manera se asegura que la persona fue identificada como elegible por ambos ministerios y sea ella la que reciba los alimentos.

La plataforma se usará en los puntos de distribución de las raciones de alimento.

El nombre de cada beneficiario estará asociado a una lista y a un dispositivo electrónico específico, lo que garantizará que una persona no puede recibir los alimentos en su comunidad y luego ir con su DPI a otra.

“Al leer su código de barras y verificar que usted tiene derecho a una ración esta se le entrega y se confirma la transacción en la aplicación. Una vez confirmada, ya no es posible volver a escanear ese código de barra, porque ya la aplicación lo toma como una ración entregada”, indica López

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Crisis alimentaria se extiende a áreas urbanas

Laura Melo, representante en Guatemala del PMA, menciona en entrevista con Prensa Libre que la marcada desigualdad e inequidad que hay en el país es parte del problema, así como la variabilidad climática que afecta principalmente a los agricultores de subsistencia. Pero sin programas de gobierno a largo plazo que sean sostenidos, la situación para los más vulnerables poco cambiara.

Se dice que la seguridad alimentaria va más allá del hambre.

El concepto de seguridad alimentaria tiene que con ver la disponibilidad, el acceso y con el consumo de alimentos, estos tres factores deben ser estables para no afecta la situación nutricional y de seguridad alimentaria de un país.

Se habla también del hambre estacional, que para las poblaciones más vulnerables es un período del año en el que no tienen acceso a alimentos y tampoco consumen de calidad, y su disponibilidad es a precios más elevados que el resto del año, esta situación compromete la seguridad alimentaria.

En las familias vulnerables el 65% de sus ingresos va al consumo de alimentos, esto significa que todas sus demás necesidades se verán afectadas porque no tienen dinero para temas de salud, de educación, por eso, el tema de seguridad alimentaria crea un ciclo que se va acentuando cada vez más y afecta el desarrollo de las personas, porque sin una dieta balanceada los niños desarrollarán desnutrición crónica.

Por eso es que el tema de seguridad alimentaria no es solo una situación de hambre, es más complejo.

¿Por qué la pobreza e inseguridad alimentaria crecen cada año en Guatemala?

Hay una diversidad de factores, uno es un tema económico: Guatemala es un país de renta media, una economía que funciona, pero estos indicadores macroeconómicos no demuestran el gran nivel de desigualdad y de inequidad que hay, se estima que seis de cada diez personas viven en pobreza multidimensional.

El otro factor es que el país es vulnerable a choques naturales, a la variabilidad climática. Guatemala ha sido golpeada durante varios años consecutivos con patrones erráticos climáticos, lo que afecta directamente a la producción de alimentos, esto considerando que un número alto de personas depende de la agricultura de subsistencia.

Debido a esto muchas cosechas se pierden, y también afecta a los sectores de exportación, como el café, donde la gente encuentra trabajo jornalero, y se pierden oportunidades de trabajo para las familias más pobres.

Esta situación se va acentuando y las personas van perdiendo su capacidad de hacerle frente, son cada vez menos resilientes a estos choques climáticos, por eso es tan importante promover la resiliencia de las familias, de las comunidades, porque estos choques afectan su acceso a alimentos.

En este escenario, ¿qué tan importante es el apoyo, la tecnificación de los agricultores de subsistencia?

El sector agrícola en Guatemala es importante y económicamente sólido, hay que valorizarlo e invertir en sus diferentes niveles, si por un lado es importante el sector para exportación, también hay un grupo amplio de pequeños agricultores, y estos son los más vulnerables a choques de distintos tipos que pueden afectar su producción.

Los pequeños productores tienen menos capacidad de resistir los choques y no se pueden evitar, lo que sí se puede evitar es la forma en que nos preparamos y como respondemos a ellos para evitar en un desastre y que lleven a un número grande de personas a la pobreza o a la miseria.

Es muy importante trabajar con los pequeños agricultores, con los agricultores de subsistencia, para tener prácticas agrícolas más sostenibles.

Hay que acompañar y trabaja con las mujeres en estas comunidades. En muchas hay casos de migración y las mujeres se quedan solas con la responsabilidad de los niños y de la familia, por eso es importante que haya inversión en capacitar, en acompañar a estos productores y productoras a diversificar sus medios de vida, a tener estas técnicas más adaptadas a los cambios climáticos.

Es necesario tener sistemas de protección social, sistemas de apoyo para que durante este período -hambre estacional- se les dé una ayuda adicional para garantizarles el acceso estable de alimentos durante todo el año.

¿Por qué ha fracasado el Estado y sus políticas para reducir la cifra de personas con inseguridad alimentaria, y niños con desnutrición crónica?

Estamos hablando de cambios significativos en la vida de las personas, inversiones económicas importantes, pero también cambios de comportamiento, de la forma de trabajar del sector agrícola, los cambios a este nivel necesitan una inversión estable y por un período relativamente largo de tiempo.

La debilidad está en no existir programas de largo plazo que sean sostenidos y que sean acompañados.

Para ver cambios se requiere no solamente de una inversión a largo plazo, también una inversión articulada y simultánea en diferentes sectores para que se produzcan mejores oportunidades de vida para las personas más vulnerables.

¿Hacia dónde debe encaminarse Guatemala para lograr el objetivo de desarrollo sostenible de poner fin al hambre, de conseguir la seguridad alimentaria?

Algo que nos da esperanza y satisfacción es que el presidente durante el periodo de transición priorizó el tema de la nutrición, y en la toma de posesión anunció la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, pero la situación de covid-19 crea una serie de retos adicionales al país, al mundo.

Guatemala está luchando para enfrentar la situación del covid-19, pero obviamente lo que necesita es una inversión, un plan de estado a largo plazo que lleve a resolver la situación del país.

Se necesita un plan claro de varios años donde se articulen intervenciones de salud, de educación, del sistema de producción de alimentos, de la economía, de creación de empleo, tienen que ser articuladas para llegar a cambios sustantivos.

Si una visión a largo plazo, sin una visión articulada y sostenida en el tiempo es difícil cambiar.

¿Qué pasará si el aislamiento social por el covid-19 se extiende más allá del tiempo previsto? ¿Cómo país estamos preparados para hacer frente a esto sin que las cifras de hambruna se eleven?

La situación de covid aparece justamente al principio de este período de hambre estacional, un estudio que el PMA identificó que cerca de 2.3 millones de personas estaban en inseguridad alimentaria, y de ellas medio millón en inseguridad alimentaria grave, con el impacto del covid-19 mucha gente perdió su trabajo, además bajaron significativamente las remesas, entonces, las personas van teniendo cada vez menos ingresos y menos fondos para comprar alimentos.

El país está haciendo un esfuerzo, el gobierno anunció varias medidas para apoyar a las familias que serán afectadas desde el punto de vista económico y de seguridad alimentaria, pero la dimensión de este problema es profundamente impactante por la cantidad de personas afectadas.

Este es un reto y el gobierno lo tiene claro y nosotros como cooperación internacional, como el PMA, estamos haciendo todo lo posible para intentar movilizar recursos para apoyar.

Es una crisis global y hay competencia por los recursos, porque este problema afecta a todos los países, incluyendo a los donantes.

Guatemala tiene un gran reto: reactivar la economía, pero también proteger las vidas humanas contra esta enfermedad. Es un equilibrio complicado, y los esfuerzos se están haciendo, tenemos que pensar en cómo apoyar no solo en esta fase inmediata sino también en la rehabilitación de la situación económica del país.

¿Nos llevará varios meses recuperarnos?

La perspectiva de tiempo es difícil saber, estamos en el medio de la crisis. Independientemente de esta enfermedad, por todos los problemas que ya tiene Guatemala en seguridad alimentaria, acá se acumulan varios factores y llevará tiempo recuperarse.

¿De qué manera el PMA apoya a Guatemala para enfrentar la inseguridad alimentaria?

Tenemos fondos para apoyar en Huehuetenango, una zona que ya estaba afectada por la inseguridad alimentaria. También un financiamiento de la Unión Europea, el enfoque es más para ayudar en la recuperación económica en comunidades de El Progreso, Zacapa, Chiquimula.

Trabajamos con el Ministerio de Educación en apoyo de comunicación a las familias y los niños en el tema de la alimentación escolar. Acompañamos al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Desarrollo Social para tener sistemas de monitoreo de asistencia más eficientes y transparentes.

Apoyamos al Ministerio de Agricultura en la compra de alimentos, un proceso que comenzó antes del covid-19 para la respuesta a los programas de gobierno al hambre estacional, el rol del PMA es exclusivamente para la compra de alimentos.

Para nosotros es importante estar presentes y acompañar al país, y dar el apoyo en un momento tan complicado como el que se está viviendo. Nuestra preocupación es poder movilizar recursos, en ese esfuerzo estamos para dar más asistencia.

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¿Cuál es su evaluación de la seguridad alimentaria de Guatemala?

Estamos preocupados por la situación del corredor seco. Nos preocupan mucho los índices de desnutrición crónica de casi 48 puntos en el caso de Guatemala.

El corredor seco es una zona extremadamente vulnerable por el tipo de población que es agricultora y de subsistencia y es un fenómeno que está afectando, no solo a Guatemala sino también a Honduras, El Salvador y Nicaragua.

¿Qué tan afectado está el corredor seco?

Estamos en una situación de emergencia en el corredor seco, por la sequía porque afecta particularmente la producción de alimentos y a quienes subsisten con eso y que está emparejado con la falta de empleo temporal por la disminución de los cultivos del café.

¿Cuántas personas están en riesgo en esa zona?

El año pasado habían casi 2.2 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria severa o moderada, pero estamos haciendo una evaluación que estará lista a fines de noviembre para saber cómo está la situación en este momento.

¿El cambio climático es el principal factor de afectación a la seguridad alimentaria?

Ya no le llamaría cambio climático, lo que está ocurriendo ya es un patrón constante que implica que tiene que haber otro tipo de aproximación para trabajar particularmente con los agricultores de subsistencia en esa zona con un enfoque dirigido a resiliencia. Volverlos resilientes en términos de acceso al mercado para que puedan subsistir.

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¿Qué es lo más urgente para atender esta emergencia?

Los más importante es evitar que la situación se siga deteriorando, hay una necesidad de asistencia alimentaria, particularmente a las familias más vulnerables porque tiene una vinculación directa con el aumento de las tasas de desnutrición.

Hay que intensificar los mecanismos de detección y tratamiento de la desnutrición aguda. Es importante la educación nutricional para hacer cambios de hábitos de lo que se consume y hay que buscar mecanismos de inversión para diversificar sus medios de vida.

¿Y las causas estructurales de la inseguridad alimentaria?

Un elemento paralelo que siempre es importante es el acceso al agua potable, la promoción del acceso a los servicios de salud integrales y particularmente enfocado en la ventada de los primeros mil días de vida, que es la zona más crítica para el crecimiento y el desarrollo del niño.

¿La pobreza es una causa directa de la desnutrición?

Existe una incidencia directa entre los niveles de pobreza y la inseguridad alimentaria. El principal problema de inseguridad alimentaria, no solo en Guatemala sino en la región, es el acceso a alimentos. Que la mayoría de las personas no tengan ingresos para adquirirlos tiene un impacto directo en la propia seguridad alimentaria de las personas.

¿Reducir la pobreza reducirá también la desnutrición crónica?

No solamente sacar a las personas de la pobreza es una solución a la inseguridad alimentaria, porque muchas veces en los lugares donde se sale de la pobreza extrema no necesariamente utilizan el ingreso adicional adquirido para mejorar su seguridad alimentaria.

El enfoque tiene que ser integral, que vaya más allá del acceso a alimentos, que sean alimentos nutricionalmente accesibles, aparejado al acceso a la salud, mejorar el tema del consumo de la leche materna, vacunación y acceso al agua potable.

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¿Qué tan importante es el involucramiento de las autoridades locales?

Es fundamental desde dos aspectos. En la coordinación, es fundamental porque son clave en los sistemas de protección; además, las autoridades locales son las que pueden prevenir cuando la situación se deteriore.

No hay manera de fortalecer mecanismos de protección social a nivel local, si las autoridades locales no están involucradas.

¿Cómo se analiza a Guatemala en comparación con el resto de Centroamérica?

El tema crítico para Guatemala es el nivel de desnutrición crónica, que requiere un plan de largo plazo que pase más allá de un gobierno específico, para poder brindar alimentos, pero también tener una perspectiva integral.

En América Central, sin duda Guatemala es el país con más nivel de desnutrición crónica y es uno de los principales problemas que tiene y debería ser una de las prioridades del gobierno entrante.

Lo paradójico en Guatemala es que los niveles de desnutrición crónica van mucho más allá del corredor seco y eso se debe a un tema de patrones de consumo. Hay que buscar cambiar los patrones de consumo a través de conocimiento, para que puedan consumir alimentos con proteína animal que está carente en la dieta de los centroamericanos y guatemaltecos en particular.

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¿Por qué es necesario reducir los índices de desnutrición crónica?

Para entender el impacto de la desnutrición crónica en un niño, implica que este niño probablemente no pueda ser recuperado, ni siquiera a través de programas de alimentación escolar y lo que genera a largo plazo es no tener población que se pueda integrar al mercado de manera competitiva y eso tiene un impacto en el desarrollo global de la economía y en el desarrollo del país, así como en la seguridad pública.

¿Quiénes son los responsables de atender este problema?

Esto es un circulo vicioso, por eso se requiere y se busca y podemos apoyar al Estado, no solo de Guatemala sino de otros países para promover un plan de largo plazo que sea aceptado y consensuado por todos los sectores de la sociedad.

El tema de la inseguridad alimentaria y particularmente de la desnutrición crónica no pasa exclusivamente por el gobierno, es un tema que toca a todos, a la familia, al sector privado.

La clave y el éxito en otros países ha sido tener planes de largo plazo, que sean sostenibles y que no cambien en el tiempo.

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Las cifras todavía son preliminares, según la Asociación Nacional de Granos Básicos (Anagrab), que señala que hay regiones en donde la cosecha se perdió entre el 75 y el 100 por ciento.

El déficit de lluvia afectará a 24 mil 269 productores y las pérdidas de la cosecha de maíz podrían llegar al 70 por ciento en varias comunidades, según el pronóstico de Seguridad Alimentaria para el trimestre de julio a septiembre, elaborado por Oxfam, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, con información de instituciones del Estado.

Los agricultores afectados se ubican en 23 comunidades de Jocotán, Camotán, San Juan Ermita y Olopa, Chiquimula; 41 comunidades de Rabinal, San Miguel Chicaj y Cubulco, Baja Verapaz; 53 comunidades en Aguacatán, Chiantla, San Idelfonso Ixtahuacán, Santa Bárbara y Santiago Chimaltenango, Huehuetenango; 75 comunidades en Yupiltepeque, Pasaco y Conguaco, Jutiapa y nueve comunidades de Champerico, Retalhuleu, según el pronóstico.

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El problema

La Anagrab hace visitas y observaciones en todo el país para determinar que, en la Costa Sur, 12 kilómetros adentro del litoral del Pacífico las pérdidas llegan al 75 y 100 por ciento.

Además, en la Franja Transversal del Norte, aunque en la rivera de los ríos no hay problema, en las partes altas se calculan las pérdidas en 30 por ciento de la producción.

En oriente y Petén, lo que no se podrá cosechar suma entre el 20 y el 30 por ciento.

Gustavo Rivas, representante de la Asociación, indicó que se espera que la lluvia de los últimos días ayude a recuperar algunas cosechas, pero explicó la posibilidad del aumento de precios, pues las pérdidas significan hasta Q10 millones.

Los agricultores de infra y subsistencia, es decir que cosechan para su consumo han sido afectados desde el 2015 debido a la pérdida de cosechas por déficit de lluvia y otros problemas climáticos, pero no han recibido apoyo del Estado, que evidencia su incapacidad para responder, asegura Jorge Pernillo, consultor en temas de Seguridad Alimentaria y catedrático universitario.

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El Ministerio de Agricultura (Maga) no ha terminado de entregar los vales canjeables por alimentos que ayudarían a los afectados por el periodo de hambre estacional de este año, que comenzó en la segunda quincena de marzo y está por finalizar.

Esta ayuda estatal comenzó a entregarse tarde y dos semanas antes de la primera vuelta electoral, en junio de este año, lo que fue cuestionado como una práctica clientelar.

El ministro de esa cartera, Mario Méndez Montenegro, ordenó paralizar la entrega de los vales, por Q200 cada uno, hasta que finalizara la segunda vuelta electoral; sin embargo, dos semanas después el programa no se ha reiniciado, según confirmó el departamento de Comunicación Social de esa cartera.

Pernillo cuestiona que los pequeños agricultores tampoco recibieron el apoyo necesario en el 2018, cuando fueron afectados por la canícula prolongada. “Esta es una crisis de inseguridad alimentaria, hay quienes pueden recuperarse por su propio medio, pero la mayoría no y son quienes están en riesgo” señala.

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Aumento del hambre

Oxfam confirma la crisis que atraviesan los agricultores y que se incrementa cada año, a través de sus evaluaciones de seguridad alimentaria y nutricional.

El estudio del 2017 indicó que “únicamente un 5% de los hogares en las áreas evaluadas se encontraban con seguridad alimentaria, el 68% en inseguridad alimentaria leve, un 24% en inseguridad moderada y 3% en inseguridad alimentaria severa”.

Sin embargo, para el 2018 “únicamente 7% por ciento de los hogares a nivel nacional se encontraba con seguridad alimentaria y 36% se encuentra en inseguridad alimentaria severa o moderada”. En este caso ya no se indican familias con inseguridad alimentaria leve y se incrementan los casos moderados y severos.

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Además, la cantidad de niños con desnutrición aguda, una consecuencia del hambre, también se eleva en comparación con el año pasado, según los datos registrados por el Ministerio de Salud.

Hasta el 10 de agosto de este año, se habían localizado a 10 mil 363 niños menores de 5 años con esta afectación, mientras que el año pasado, al 18 de agosto, hubo ocho mil 130 registros, es decir un aumento de dos mil 233 casos de niños en peligro de muerte.

El informe, publicado en el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Siinsan), señala que el incremento de los casos de niños desnutridos agudos se registra en 20 de los 22 departamentos del país y deja fuera solo a Jutiapa y Santa Rosa.

Además, se alerta que hay 12 áreas de salud que se encuentran en mayor riesgo de padecer desnutrición aguda severa. Estas son las que se ubican en Escuintla, Sacatepéquez, Guatemala Central, Chiquimula, San Marcos, Izabal, Baja Verapaz, Zacapa, Huehuetenango, Alta Verapaz, Suchitepéquez y Retalhuleu.

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Asistencia alimentaria

El departamento de Comunicación Social del Maga aseguró que no ha dejado de atender a los agricultores, ya sea con asistencia técnica o con ayuda alimentaria.

La institución explicó que se hizo una compra de alimentos a través de un convenio con el PMA. Dicha compra fue por Q18 millones y permite atender a 170 mil beneficiarios. La asistencia incluye frijol negro, harina de maíz fortificada y aceite.

Además, se retomará la entrega de los cupones canjeables por alimentos a los afectados por el hambre estacional, pero no hay una fecha específica para esto.

Por ahora, no se tiene previsto comenzar algún proceso de licitación para la compra de más alimentos.

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Ayuda temporal 

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Según Philppe Degernier, jefe de misión del PMA, el objetivo de la intervención es prevenir una crisis alimentaria luego de la tragedia, debido a que los cultivos de los que dependen estas familias están dañadas por la erupción.  

Los delegados del PMA trabajaron con los Cocodes de ocho comunidades para identificar a la población más vulnerable, con prioridad en niños, mujeres y personas de la tercera edad, explicó Degernier.  

En este sentido, se contó con la colaboración de la delegación departamental de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan).

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El PMA explicó que esta es la primera etapa de los desembolsos y está contemplado que se sumen otras mil familias que viven en Alotenango, Sacatepéquez, que igualmente sufrieron daños por la caída de material volcánico.

Para que esas familias se incorporen a este beneficio debe concluir el proceso de focalización.

La agencia de las Naciones Unidas invertirá US$1.6 millones para atender a las comunidades.  

Desde occidente

En la comunidad de La Rochela viven 101 familias. Se establecieron en las faldas del Volcán de Fuego hace 33 años, provenientes de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango.

“Nosotros migramos hasta Escuintla por la tierra. Pedimos al Gobierno y nos dieron aquí. En Todos Santos teníamos, pero eran solo unas cuantas cuerdas, acá hay mucha más”, comenta el líder comunitario Sanselmo Pérez.

El idioma de la comunidad es el mam.

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Actualmente, la segunda generación de La Rochera es la que trabaja la tierra. Sin embargo, hay un temor latente de que el volcán vuelva a hacer erupción.

Sanselmo no sabe nada del subsidio aprobado por el Congreso y mucho menos de los programas a los que podría aplicar por haber perdido cultivos y fuentes de agua luego de la caída de ceniza.

“Aquí del Gobierno no se ha sabido nada, no tenemos ningún tipo de apoyo de parte de ellos”, dice Pérez, de 57 años.

El hombre explica que para abandonar esas tierras primero deberían llegar a un acuerdo con las autoridades, quienes deberían asegurarles un sitio con la misma extensión y que  les garantice fuentes de agua para poder asegurar su alimento y les permita vender su cosecha.

La situación es similar para los habitantes de la Unión Maya, comunidad que se encuentra a ocho kilómetros de San Miguel los Lotes, que fue devastada el 3 de junio por la erupción. Sus siembras también fueron destruidas.

Según cuenta Felipe Tekún, vicepresidente del Cocode local, el asentamiento está conformada por 50 familias provenientes de Chichicastenango. “Nosotros vinimos desde hace 11 años, después de que a nuestros papás el Fondo de Tierras les otorgara terrenos en esta zona para venir a trabajar”, dice Tekún.

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El líder de Conred les ha notificado que esa aldea se encuentra en una zona de alto riesgo, pero no los han evacuado y tampoco han tenido noticias de si recibirán tierra en otro lugar.

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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define la resiliencia como “la capacidad de prevenir desastres y crisis, así como de preverlos, amortiguarlos, tenerlos en cuenta o recuperarse de ellos a tiempo y de forma eficiente y sostenible”.

El concepto incluye “la protección, el restablecimiento y la mejora de los sistemas de vida frente a las amenazas que afectan a la agricultura, la nutrición, la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos”.

El Corredor Seco abarca gran parte de la región central pre-montaña de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Guanacaste en Costa Rica y el Arco Seco de Panamá, de acuerdo con los datos de FAO.

Se trata de una de las áreas más afectadas del mundo por eventos extremos, en particular geoclimáticos, indica el organismo de la ONU, y precisa que “el término Corredor Seco, aunque apunte a un fenómeno climático, tiene una base ecológica y define a un grupo de ecosistemas que se combinan en la ecorregión del bosque tropical seco de Centroamérica en la vertiente pacífica”.

Beasly dijo que el Programa provee “asesoramiento técnico” a los gobiernos “y adicionalmente alimentos para cierta población, en especial niños”.

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El PMA aporta a los países del Corredor Seco “su experiencia para enfrentar los problemas” que presenta la zona, como son períodos recurrentes de sequía juntos con excesos de lluvias e inundaciones severas que afectan a la producción agrícola, con mayor intensidad en las áreas degradadas.

Según datos del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (Cepredenac), en el Corredor Seco habitan cerca de 3,5 millones de personas, la gran mayoría dependiente de la agricultura de subsistencia, cuya productividad y diversidad está sometida a los vaivenes del clima.

Un informe de la FAO reportó en el 2015 que a causa de una prolongada sequía asociada al fenómeno de El Niño la producción de cereales se vio reducida severamente aquel año, por segundo consecutivo, llegando a ser del 60 por ciento en el caso del maíz y del 80 por ciento en el caso de los frijoles, los alimentos básicos de la dieta centroamericana.

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Esa situación contrasta con el reto de erradicar el hambre al que se comprometió la comunidad internacional en 2015 con la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, según recordó.

Aunque las cifras del hambre se difundirán el próximo septiembre, Da Silva adelantó que su nivel ha aumentado a más de 800 millones de personas -frente a los 795 millones que había en 2015- tras años en los que su número se había reducido.
El responsable subrayó que actualmente hay 19 países que sufren crisis prolongadas, todos ellos sumidos en la violencia, factores que en muchos casos se combinan con la sequía y otros efectos del cambio climático.

El 60 % de las personas que sufren hambre en el mundo vive en países afectados por el conflicto, apuntó Da Silva, que insistió en que para salvar vidas hace falta “salvar sus medios de vida”.

Afirmó que el hambre en las zonas rurales de África, Asia o Latinoamérica impacta en otras partes del mundo, como ocurre con la migración, por lo que instó a los países desarrollados a mantener sus contribuciones a la organización para la lucha conjunta contra esa lacra.

Steiner llamó a no subestimar el efecto del cambio climático y a actuar con solidaridad, vislumbrando un futuro sostenible para la agricultura, si se quiere erradicar el hambre y la pobreza.

En ese sentido, afirmó que es necesario apreciar a los pequeños agricultores, que producen el 80 % de los alimentos disponibles en el mundo, e invertir en ellos como base para que las comunidades puedan sostenerse a sí mismas.

“Optimizar la economía agrícola es quizás una mejor forma de ver la agricultura del futuro. No es producir el máximo posible lo que lleva a una seguridad alimentaria sostenible”, dijo Steiner, quien subrayó el efecto que tienen las regulaciones y los mercados en los productores.

En un acto posterior, el presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Gilbert Houngbo, recordó que muchos de los que pasan hambre “son el resultado de la pobreza y las desigualdades, la exclusión de pequeños productores e inversiones inadecuadas en las zonas rurales”.

El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), David Beasley, urgió a presionar a aquellos países involucrados en conflictos para que los solucionen.

Pidió tomar conciencia de la “seriedad” del problema del hambre en vez de hablar tanto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, del presidente estadounidense Donald Trump o de la ultraderechista francesa Marine Le Pen.

Más de mil participantes, entre ellos 70 ministros y otros altos cargos, asistirán esta semana a la Conferencia de la FAO, el máximo órgano de gobierno de esa agencia de la ONU que celebra su 40ª sesión en la que se aprobará su plan de trabajo y presupuesto.

“Cuando me propuso el PMA esta cena, no lo pensé dos veces, porque quiero ser un eslabón en la cadena para cambiar la conciencia de los guatemaltecos, dejar de pensar solo en mí, sino en los que más lo necesitan. Muchos guatemalecos no viven sino sobreviven con pocos alimentos. Celebramos esta cena para hacer conciencia de la gente que no tiene qué comer hoy”, indicó el chef Quintana.

Antes de la cena, se repartió entre los asistentes una tortilla con sal, como representación de lo único que se llevarían a la boca muchos connacionales al caer la noche. Quintana le apuesta a la cocina artesanal, con productos orgánicos adquiridos de pequeños productores.

Mario Touchette, representante de PMA Guatemala, indicó que han ayudado a unos 500 mil guatemaltecos de Jutiapa, Chiquimula y Baja Verapaz a implementar un huerto familiar para sembrar alimentos como pepino, rábano, ayote, hierbas y camote, para que su dieta pueda ser diversificada y mejorada, puesto que sus única alimentación, muchas veces, consiste en frijol y tortilla. Pese a que esta es una buena combinación de proteínas, es insuficiente para proveer de nutrientes necesarios para el organismo.

El PMA hace énfasis en que se cubran las necesidades nutiriconales de embarazadas, madres que amamantan, bebés lactantes y niños.

A Quintana se le impuso el reto de crear platillos con alimentos locales de bajo costo del corredor seco, donde se ha registrado las tasas más altas de desnutrición, pero logró cumplir con las expectativas, puesto que la combinación de sabores conquistó el paladar de los invitados. Las entradas del menú fueron tiraditos (cucharas) de pescaditos secos con crocante de pepitoria y aguacate; tiradito de piloyada; tiradito confitado en Zacapa Centenario y té chai con crocante de pepperoni y queso de cabra.

La crema fue elaborada con ayote tierno y queso fresco, y también se degustó un cebiche de habas concassé de tomate y aguate. El plato fuerte fue un souflée de hojas variadas y mousse de chipilín, ravioli relleno de queso fresco y salsa de flor de calabaza o de chile pasa verde y pechuga de pollo en recado de tamal a la piedra.

Como culminación de estas delicias, los asistentes disfrutaron del postre chuen de los monos, elaborado con alimentos que se encuentran en todas las selvas del mundo, como banano, chocolate y coco.

José Graziano da Silva, director regional de la FAO, destacó la vulnerabilidad de Centroamérica, especialmente de la zona del Corredor Seco, frente al cambio climático.

El Corredor Seco es un enorme territorio semiárido que abarca las costas del Pacífico de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Datos de esas organizaciones revelan que la cosecha de cultivos en esa zona ha caído entre un 50 hasta un 90 por ciento.

Destacaron que la situación de crisis ha perjudicado sobre todo a los países del Triángulo Norte.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, los desastres naturales han causado daños por US$ 23 mil millones en esa región, donde el 60 por ciento del impacto se concentró en la agricultura y el resto en la infraestructura.

Trabajo

• Mario Méndez, ministro de Agricultura, afirmó que se toman medidas como reforestación en lo alto de cuencas hidrográficas y la implementación de sistemas de riego, pese a  la falta de infraestructuras..

Desatención

• Kanayo Nwanze, presidente del FIDA, señaló la falta de atención a la que ha sido la peor sequía en el corredor seco en los últimos 30 años, que ha hecho que 3.5 millones de personas necesiten ayuda humanitaria.

Estrategia

• Ertharin Cousi, directora del PMA, llamó a extender los programas de resiliencia en la zona semiárida para un mayor número de comunidades de forma colectiva y urgió a que se implementen sistema de riego.

La Junta Ejecutiva es el órgano de gobierno de esa organización compuesta por 36 países y se encarga de aprobar las políticas y programas de cooperación para enfrentar el hambre y otros problemas relacionados. Además supervisa las actividades del PMA en el mundo.

“Estamos muy complacidos por la elección. Tenemos la certeza de que cumplirá su rol eficazmente”, dijo Mario Touchette, representante de PMA en Guatemala.

La elección “muestra el compromiso y los esfuerzos del Estado de Guatemala para promover la seguridad alimentaria y nutricional, a nivel nacional e internacional”, dijo el PMA por medio de un Comunicado de Prensa.

El PMA tiene varios programas de apoyo en ayuda alimentaria en el corredor seco por los altos niveles de desnutrición, además de otras donaciones por los efectos ocasionados por la roya, entre otros.

Mil familias más serán las beneficiadas con transferencias monetarias de US$75, es decir, Q600, durante tres meses, para un total de US$225 (Q1 mil 800 durante un trimestre).

Las familias estarán condicionadas a recibir el aporte económico si cumplen con la conservación de suelos, reservorios de agua y acequias vivas o muertas, que serán supervisadas por extensionistas rurales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga).

El ministro de Agricultura, José Sebastián Marcucci, comentó que esperan más ayuda de la cooperación internacional y de países como Alemania y Estados Unidos, que servirán para las acciones de este año.

Eso, si llega a presentarse nuevamente un evento climático severo como el del 2015, resaltó el funcionario.

Continuidad

Al ser consultado si se encuentra en riesgo la continuidad del programa gubernamental Operación Oportunidad, Marcucci indicó que desconoce las decisiones del próximo gobierno, pero aconsejó que las nuevas autoridades “continúen” con la asistencia humanitaria por el tema de clima.

Touchette rechazó que estén tomando protagonismo en el tema y afirmó que la coordinación es interinstitucional.

“Durante la semana del 23 al 29 de noviembre del 2015 se estarán distribuyendo alimentos en los departamentos de Quiché, Baja Verapaz y El Progreso, para completar la primera entrega a las familias beneficiarias”, comentó el funcionario.

Para la primera semana de diciembre próximo se ha contemplado el inicio de la segunda entrega de alimentos a familias de los departamentos de Chiquimula, Izabal, Zacapa, Quetzaltenango, Escuintla y Alta Verapaz.

Adicionalmente, José Sebastián Marcucci, ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), afirmó que ya cuentan con los fondos de la donación de US$500 mil provenientes del Gobierno de China (Taiwán) para apoyar el proyecto “Atención de Familias Afectadas por la Canícula Prolongada 2015, en municipios priorizados del departamento de Jutiapa”. Estos recuros apoyan la entrega de 379 toneladas métricas para la atención de 11 mil 409 familias en los municipios de Comapa, Conguaco, Quesada y Moyuta, departamento de Jutiapa.

traslado de fondos

Mario Touchette, representante en Guatemala del Programa Mundial de Alimentos (PMA), indicó que el Maga aún no ha transferido los fondos para la compra del complemento de alimentos, que son necesarios para la segunda entrega.

“Según nos informaron, el procedimiento interno sigue su proceso normal y deberíamos recibir la transferencia en el transcurso de los próximos días o semanas”, aseguró el representante de ese organismo internacional.