Hasta tres millones de guatemaltecos cargan agua a pie hasta sus viviendas para consumo en el hogar, según informe de HRW

Informe de Human Rights Watch (HRW) revela desigualdades en el acceso al agua potable en Guatemala, que afectan principalmente a población indígena y en condiciones de pobreza.

Ana Lucía Ola

2 de julio de 2025 | 18:00h

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La escasez de agua segura obliga a cerca de tres millones de personas a acarrearla hasta sus viviendas para consumo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En Guatemala, alrededor de tres millones de personas deben cargar agua a pie hasta sus viviendas. Para unas 300 mil, el trayecto puede tomar más de una hora desde el punto de abastecimiento hasta su hogar.

Son principalmente poblaciones indígenas y en condiciones de pobreza las más afectadas por esta realidad, según el informe Sin agua, no somos nada, de Human Rights Watch, presentado este miércoles 2 de julio.

El documento también señala que el 67% de las viviendas no indígenas cuenta con conexión intradomiciliaria a una red de agua. En contraste, entre los hogares indígenas, ese porcentaje se reduce al 50%, una diferencia de 17 puntos porcentuales.

Las desigualdades de acceso al recurso son evidentes entre departamentos: mientras en Sacatepéquez y Guatemala el 80% de los hogares dispone de conexión a red, en Alta Verapaz solo el 28% tiene ese beneficio.

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Ante la necesidad, más de 2.3 millones de personas recurren a pozos perforados, públicos o privados, para abastecerse de agua. Otras 800 mil obtienen el líquido de ríos, lagos o manantiales, y la población indígena tiene 3.3 veces más probabilidades de recurrir a estas fuentes naturales.

No debe pasarse por alto que datos oficiales indican que el 90% de las aguas superficiales en Guatemala está contaminado, lo cual representa un riesgo de enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), citada en el informe, en 2019 la tasa de mortalidad asociada a la exposición a servicios de agua, saneamiento e higiene inseguros fue de 15.3 muertes por cada 100 mil habitantes, el doble de lo registrado en otros países de Centroamérica.

Además, las enfermedades gastrointestinales provocadas por el consumo de agua no segura, como las diarreas, están relacionadas con casos de desnutrición crónica, un flagelo que afecta a uno de cada dos niños guatemaltecos.

Tener conexión intradomiciliaria a una red de agua no lo resuelve todo: más de 2.5 millones de personas viven en casas donde el servicio funciona solo la mitad del mes, es decir, es intermitente.

Así como el acceso al agua potable es vital, también lo es contar con servicios sanitarios adecuados. La población indígena tiene tres veces más probabilidades de disponer únicamente de letrinas o pozos ciegos, en contraste con la población no indígena, que presenta el doble de probabilidades de contar con instalaciones más adecuadas. El informe también vincula esta situación con el acceso limitado a lugares para el lavado de manos con agua y jabón entre las comunidades indígenas.

Contrastes

Para la elaboración del informe, Human Rights Watch utilizó datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) del 2023. Al comparar esta información con la encuesta del 2014, se estableció que hubo una leve mejora de 3.6 puntos porcentuales en el acceso intradomiciliario a una red de distribución de agua.

Sin embargo, se evidenció un retroceso en el abastecimiento continuo del recurso: en 2014 se estimaba que el 27% de los hogares contaba con agua disponible las 24 horas, pero en el 2023 el porcentaje descendió a 19%.

El informe también recoge entrevistas a 108 pobladores de Jalapa, Santa Rosa y Totonicapán, quienes relataron sus experiencias sobre la escasez de un recurso vital para la subsistencia. Estos testimonios reflejan condiciones de discriminación estructural que mantienen a comunidades sin servicios adecuados de agua y saneamiento, lo cual representa una vulneración de sus derechos humanos. En ese contexto, el documento plantea la necesidad de una ley de aguas en el país.

“La ausencia de una ley de aguas afecta a todos los guatemaltecos de distintas maneras. Incluso, la población no pobre, no indígena, que un 25% no tenga conexión intradomiciliaria muestra que contrario a lo que uno pueda pensar de que esto afecta solo algunos guatemaltecos, pero particularmente hay comunidades indígenas que la están pasando mucho peor en material de acceso a agua”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.

En la ley de aguas que se llegue a plantearse, mencionó cinco puntos que deberían considerarse:

• Establecer una institucionalidad que evite la dispersión de funciones entre entidades
• Contemplar un sistema financiero para la financiación de la infraestructura, de lo contrario no será sostenible
• Garantizar un régimen sancionatorio y un mecanismo para vigilar y sancionar los incumplimientos
• Incorporar enfoques territoriales y étnicos diferenciados, que respeten usos y costumbres de las comunidades
• No menos importante, reconocer el acceso al agua de consumo doméstico como un derecho humano fundamental.

“Es viable tener una ley de agua que respete uso y costumbres tradicionales, pero una ley sola, que simplemente diga que en Guatemala hay un derecho al agua no serviría, lo que se necesita es un sistema regulatorio que permita establecer competencias, mecanismos de regulación de tarifas, obligaciones de inversión en infraestructura ―tubería y acceso domiciliar, tratamiento―”, agregó Goebertus.

Los 48 Cantones de Totonicapán retomarán diálogo con el gobierno hasta ver mejoras para los pueblos indígenas

Autoridades ancestrales retomarán reunión hasta que hayan acciones que demuestren una mejor voluntad de parte del gobierno de Guatemala en apoyar a las comunidades.

Lucero Sapalú

14 de diciembre de 2024 | 19:29h

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Los líderes de los 48 Cantones de Totonicapán mantienen la postura de no entablar diálogo con las autoridades de gobierno, hasta que se trabaje por las comunidades. (Foto Prensa Libre: Lucero Sapalú)

En la última asamblea ordinaria de los 48 Cantones de Totonicapán de este 2024, los miembros señalaron que se mantienen firmes en permanecer fuera de las reuniones de diálogo con el presidente Bernardo Arévalo hasta que el funcionario empiece a trabajar por la población.

“En más de una ocasión se sostuvo mesas de diálogos en las cuales se hicieron peticiones concretas; sin embargo, no se tomaron en cuenta. Vemos como una falta de respeto hacia las autoridades el que éstas propongan y promuevan algunas acciones que después el Ejecutivo no tome cuenta”, señaló el presidente de los 48 Cantones, Edin Zapeta.

Las autoridades de la organización señalaron que el “malestar principal” es que en este gobierno se “mantiene la misma línea de trabajo” que se observó en las administraciones anteriores, “específicamente en el tema de pagar favores políticos”, según el dirigente.

Agregó: “lo que pedimos es que él (presidente) pueda integrar un equipo de trabajo que promueva el desarrollo en las comunidades”.

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El actual presidente de los 48 Cantones indicó que permanecen firmes en la decisión de estar fuera de la mesa de diálogo. Destacó que las próximas acciones las determinará la nueva junta directiva que tomará posesión el 1 de enero del 2025.

El líder comunitario destacó que si se comienzan a ver las mejoras por parte del gobierno podrían retomar las reuniones.

“La línea del trabajo es la misma, nosotros estamos favoreciendo el desarrollo y la inclusión de nuestros hermanos indígenas y el desarrollo de los 22 departamentos. Si se empiezan a ver mejoras y cambios concretos, y que realmente este gobierno demuestre acciones que reflejen que es diferente, la organización de los 48 Cantones estará a favor y podrá asistir”, finalizó.

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La desaparición de los pueblos indígenas

“Definitivamente somos invisibilizados por la cantidad de personas que reporta el censo y sobre todo el porcentaje de la población indígena, parece que estamos desapareciendo, sabemos que no son los resultados que se tenían que dar en el Censo”, dijo Viviana Ramírez, integrante de la coordinación de política del CPO.

“De acuerdo a la reivindicación que hemos realizado, el porcentaje que consideramos que existe en el país es de una población indígena que conforma del 75 al 80 por ciento de los guatemaltecos”, aseguró Ramírez.

Agregó que se trata de ocultar a la población. “Asumieron que las personas del área urbana mayoritariamente son mestizas o ladinas,  no es así, hay personas de otros departamentos Mam o kakchiquel que han venido trabajar a Quetzaltenango. Consideramos que en el departamento de Quetzaltenango del 70 al 75 por ciento de la población es indígena”.

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Reducir el presupuesto y el salario mínimo

Los integrantes del CPO expresaron que sospechan que las cifras del Censo sean para apoyar la reducción del salario mínimo.

“Inicialmente lo relacionamos con la iniciativa de rebajar el salario mínimo, como una manera de afectar el desarrollo. Otra situación es bajar el presupuesto que debe ser asignado a través de las municipalidades para el desarrollo de las comunidades y así aumentar los índices de pobreza. Al bajar el número de personas se evidencia como que es menor el numero de necesidades”, relató Ramírez.

Debilitar la lucha en defensa de los recursos naturales y afectar la desnutrición

Los integrantes del CPO expresaron que “reducir” la cantidad de personas indígenas en el país podría tener la intención de evitar el uso del Convenio 169 “que particularmente” va dirigido a la población indígena.

“Es una manera de invisibilizar derechos de la población indígena, para que no puedan defender el territorio colectivo”, aseguró Ramírez.

Nim Sanik, integrante de la dirección política del CPO, aseguró que el Censo “niega” la existencia histórica de los “pueblos originarios” así como su identidad.

“Se trata de negar los derechos económicos, políticos y sociales consagrados en la legislación nacional y en los convenios internacionales que ha ratificado Guatemala, esto va repercutir en las políticas públicas, creemos que va a mermar la cantidad del presupuesto asignado para cada uno de los ministerios que atiende el problema de la desnutrición. Necesitamos denunciar este tipo de racismo”, afirmó Sanik.

Agregó que la desnutrición crónica “se concentra” en la población indígena.

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Por el cuadro de preeclampsia que presentaba, su vida y la de su bebé corría peligro, así que la comadrona que la atendía insistió en que recibiera atención médica en el Hospital Nacional de Tecpán Guatemala, Chimaltenango.

De no haber actuado a tiempo, ella hubiera sido parte de las estadísticas de mortalidad materna en Guatemala.

Según el informe Situación Epidemiológica Muerte Materna del Ministerio de Salud, en el primer trimestre del 2019 se reportaron 92 casos de madres que fallecieron por causas asociadas complicaciones con el embarazo, el parto o después de dar a luz.

Aunque la cifra se redujo este año un 12 por ciento, comparado con los casos registrados en el mismo período del año anterior, los decesos siguen, y el perfil de las guatemaltecas que fallece por estas causas persiste sobre todo en mujeres del área rural, indígenas, y con nivel de educación bajo, lo cual comprueba que las condiciones socioeconómicas y demográficas son determinantes en este tema.

Las más vulnerables

Entre enero y marzo pasado, Seis de cada diez muertes fueron de mujeres indígenas de áreas rurales, y es en Huehuetenango (14), Quiché (10) y Alta Verapaz (10) donde ocurrió el mayor número de casos, estos tres departamentos acumulan el 51 por ciento de los decesos.

El informe del Ministerio de Salud señala que los fallecimientos se concentran entre población comprendida entre los 15-34 años, ocho de cada diez madres tenían esa edad, mientras que en el rango de 30-34 años ocurrió el 26% de casos, de estos el 38% no llegó a completar sus estudios del nivel primario.

Son las hemorragias la principal amenaza para las mujeres embarazadas, 42 murieron por esta causa, y la población indígena es dos veces más vulnerable a morir por esta condición. Mientras que siete decesos ocurrieron debido a infecciones. Por problemas de presión arterial (preeclampsia) se cuentan cinco casos, y es la tercera causa de muertes maternas.

¿Dónde ocurrieron los decesos? El reporte indica que es en los hospitales públicos donde se da el mayor número, con el 57%, mientras que el 30% falleció al ser atendidas en sus hogares.

Barreras de atención

Kirsten Austad, directora del programa Salud de la Mujer del proyecto Sí madres, de Maya Health Alliance Wu Qu’Kawoq, refiere que en cuanto a atención obstétrica en los centros asistenciales las dificultades para socorrer a la población indígena y rural persisten.

La barrera lingüística es la principal. No poder comunicarse en su idioma materno con el personal médico causa temor en las pacientes, pues no comprenden con claridad los procedimientos médicos a los que serán sometidas, por ejemplo, una cesárea, de ser necesario. Esto hace que prefieran no ir al hospital.

A criterio de Cacilda Ramírez, quien labora en la Defensoría de la Mujer Indígena, hablar de pertinencia cultural en el país es solo un ideal, debido a que en las áreas rurales se carece de profesionales de la Salud que sean bilingües, y el número de médicos y enfermeros de la comunidad que hablan un idioma maya es mínimo. Este es uno de los principales retos para el Ministerio, agrega.

A esto se suma la dificultad de las madres para trasladarse a los centros asistenciales debido a la lejanía de estos, ya que conseguir transporte para llegar representa dinero, que muchas no tienen, además aumenta el riesgo por las malas condiciones de las carreteras.

Otro de los problemas es que el recurso humano en los centros es escaso para atender a la población que acude a ellos, también hay desabastecimiento de insumos y medicamentos.

En el informe del Ministerio de Salud, la cartera reconoce que existen estas barreras, pues una de las recomendaciones del documento señala la importancia de “garantizar la atención de embarazo, parto y puerperio por personal calificado y capacitado en toda la red de servicios del segundo y tercer nivel, valorando el abastecimiento de insumos y funcionamiento de equipo”.

Solución oportuna

El proyecto Sí madres trabaja en reducir la mortalidad materna en Tecpán Guatemala, Chimaltenango, y lo hace por medio de navegadoras obstétricas, figura que se le da a las mujeres que brindan acompañamiento a las madres en los hospitales y centros de Salud para que sean atendidas de manera inmediata y con pertinencia cultural, especialmente en casos de alto riesgo.

“Somos el vínculo entre la paciente y los médicos. Lo que las pacientes no logran comprender hacemos la traducción a su idioma materno”, dice Cecia Chonay, quien trabaja como navegadora desde hace año y medio.

Parte de su trabajo es estar en constante comunicación con las comadronas que también trabajan en el programa -son alrededor de 40- y que monitorean a las mujeres embazadas de la comunidad.

Si una comadrona alerta de que una mamá necesita ser llevada al hospital por complicaciones de su estado de gravidez, las navegadoras coordinan el traslado de la paciente para que reciba atención médica cuanto antes y acompañan a las madres durante el tiempo que estén hospitalizadas.

“Muchas mujeres indígenas dependen de los hospitales públicos para su cuidado médico cuando hay complicaciones en el embarazo. Estamos trabajando para ser el vínculo entre médico-paciente-sistema de Salud y mejorar la atención.  Desafortunadamente los proveedores de Salud no siempre tienen los recursos, tiempo, y capacitación para atenderlas de una forma humana”, indica Austad.

Debido a esas carencias, la experiencia de las pacientes suele no ser positiva, por lo que surge desconfianza en el sistema de Salud dentro de la comunidad. Es ahí donde intervienen las navegadoras para ayudar.

El proyecto Sí madres trabaja por ahora con tres navegadoras obstétricas que están atentas a cualquier emergencia las 24 horas. Ellas coordinan transporte o acceso de la paciente  al hospital desde la comunidad, tienen redes de coordinación con bomberos, fleteros y taxistas para lograr evadir las barreras de la distancia.

En el hospital, se aseguran de que la paciente se sienta segura y ayudan a aclarar sus dudas y a trasladar sus preguntas al personal médico.

“Las madres sienten confianza al estar dentro de los servicios por tener a alguien en quien confían. Las familias se muestran agradecidas por la comunicación y clarificación de procedimientos en su idioma, lo que ha ayudado a reducir estrés y comprensión del por qué se debe realizar una cesárea, por ejemplo, cuando hay urgencias y otros procedimientos”, señala Austad.

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Excombatiente fue proclamado en binomio presidencial de la URNG

Ayer estuvo presente Pablo Ceto, presidenciable de la agrupación URNG-Maíz.

¿Por qué quiere ser presidente?
Porque para el partido URNG hay un pendiente para el país, que es el cumplimiento de los acuerdos de paz, y nosotros asumimos ese compromiso con nuestro país para comenzar a generar procesos que superen las razones históricas, sociales y estructurales que dieron origen al conflicto armado interno.
Además, porque las situaciones de pobreza y desnutrición crecieron y se tiene que encontrar una salida, sin dejar de ver el tema de la inseguridad ciudadana, falta de empleo y falta de salud, de educación y la corrupción, que también son temas que hay que atacar.

¿Cómo reactivarán el cumplimiento de los acuerdos de paz?
Hay que revisar los grandes ejes, y nosotros decimos que necesariamente hay que atender la situación económica del país, porque somos un país que tiene recursos naturales y una población altísimamente trabajadora, con lo cual podemos generar riqueza para el bienestar del país. Pero la pobreza no se puede erradicar si no se logra la riqueza, para lo que hay que invertir el enfoque de la economía que ha venido prevaleciendo en nuestro país.

¿Cómo van a generar riqueza?
Hemos encontrado en el país muchas experiencias de cooperativas, en artesanía, en agricultura, en la conservación de bosques; entonces, podría ser esta forma; no la única, porque hay otros mecanismos. En el caso de los pueblos indígenas, tienen instituciones propias para generar riqueza, con lo que han logrado sobrevivir pese a la falta de apoyo de las instituciones del Estado.

¿En el sector formal o informal?
Si el Estado se vuelca a servir a esos procesos tienen que modificarse y crear las condiciones para que se formalicen, porque de esa manera también van a recibir los beneficios del Estado.

El 70 por ciento de los trabajadores está hoy en la informalidad. ¿Cómo revertir ese número?
Este es un proceso. Nosotros vamos a sentar las bases legales e institucionales para ese proceso de reversión o de inversión de la economía en la comunidad, en los sectores más abandonados del país, y eso se puede hacer en el proceso no solo de un gobierno, sino esto podría llevar unos 20 años, por lo que nosotros en cuatro años vamos a sentar las bases, discutiendo con los actores económicos, sociales y comunitarios.

¿Qué tipo de proyectos impulsaría?
Depende mucho de las regiones. Por ejemplo, Alta Verapaz es productora de cardamomo. En el caso de Almolonga, son las hortalizas, que ellos ya están exportando a Centroamérica. Otro puede ser, por ejemplo, la protección de los árboles en Petén. Entonces, según sean las regiones, así van a ser los proyectos, pero tienen que ser con el concurso del Estado y de las comunidades, los pueblos y los sectores mayoritarios.

¿Usted está en desacuerdo con que se exporten ciertos productos?
No es posible que sea así. En general, estamos en un mundo globalizado, y ya quisiéramos que todos nuestros productos se pudieran exportar y lo que trae la exportación vaya en beneficio social.

PING-PONG

Qué es lo que piensa cuando se le mencionan nombres, situaciones o enunciados.

• Izquierda: Está floreciendo bastante. Hay muchas organizaciones sociales y políticas de izquierda.
• Capital privado:  Existe en el país, es una necesidad y debe combinarse con los otros capitales.
• Universidad Ixil: Es una experiencia del pueblo ixil de crear su propia institución de educación superior para recuperar su sabiduría y cosmovisión.
• Parlacén: Institución de la integración centroamericana, muy desprestigiada por distintas razones, pero es una necesidad en la región.
• Conflicto armado interno: Es parte de la historia del país, entroncamiento de la Revolución de 1944.
• Álvaro Colom:  El primer candidato de la URNG en el 99, desafortunadamente ahora tuvo problemas con la justicia.
• Rigoberta Menchú: Premio Nobel de la Paz.
• Pactos colectivos:  Son una necesidad para combinar intereses del Estado, los patrones y los trabajadores.
• Triángulo Norte:  Denominación de El Salvador, Guatemala y Honduras frente a la migración y el narcotráfico.
• Efraín Ríos Montt: Responsable de genocidio, y ya murió.
• Pacto de Corruptos: Es la denominación más común de las fuerzas económicas que toman decisiones muy importantes en el Congreso y en las políticas del actual gobierno.
• Nicolás Maduro: Presidente de Venezuela electo en junio con  participación masiva.
• Hidroeléctricas: Son una necesidad, pero hay que revisarlas porque ahora solo causan descomposición social.
• Tratados de Libre Comercio:  Son una necesidad.
• Codeca: Organización que surge por las necesidades de la gente que no puede pagar la luz y porque los precios no están ajustados.
• Bloqueos en carreteras: Es el recurso que tiene la población cuando el Estado no le escucha.
• Acuerdos de paz: Marcan una ruta para Guatemala.
• Familia: Es un núcleo muy importante; la familia no existe si no está la comunidad.
• Pena de muerte: No resuelve y es una decisión del sistema de justicia.
• Aborto: Hay que proteger esos casos, porque se pierden vidas.

¿En qué se diferencian estos proyectos y los programas sociales?
Los programas sociales se volvieron muy clientelares, y creemos que ahí se está perdiendo el dinero de nuestro país, es un desperdicio y no se puede seguir aguantando eso; hay que modificarlo. Mo estamos hablando de quitarlos, sino de revisarlos, pero lo que sí no se vale es seguir con esos programas como bolsas solidarias, que son una limosna para la gente, pero no incentivan la producción, sino que inhabilitan a la gente.

¿Cómo cambiará, entonces, los programas sociales con una nueva visión?
Hay que cambiarlos casi todos, porque no resuelven prácticamente ninguno de los problemas estructurales; entonces, hay que rehacerlos con el concurso de la población, que es quien los va a controlar y los va a aplicar, ya no van a ser los funcionarios, que también hay que revisar los ministerios.

¿Cuánto tiempo tardarían para eso?
Eso va a ser en los primeros meses, porque afortunadamente contamos con expertos, consultores, y las universidades tienen estudios hechos.

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En estas elecciones, la URNG corre en solitario. ¿Analizaron los pros y contras de esa decisión?
Estuvimos promoviendo, propiciando… Hablamos con casi todos los partidos políticos. Como sea, no pudimos lograr ni pudimos llegar a la amplitud que queríamos, pero sí logramos entablar relaciones de alianza con distintos sectores más comunitarios.

¿Por qué costó tanto lograr una sola visión con las izquierdas?
Cada partido político tiene su propio interés de crearse como una institución propia; entonces, dijimos: “Bueno, cada uno pelea por su lado ahora, y lo que avanzamos lo retomamos después de las elecciones”.

¿Por qué la reunión de URNG con Thelma Aldana?
En el caso de la relación con Thelma Aldana, hablamos con ella, pero no llegamos después a concluir. Los tiempos nos afectaban, porque debíamos correr mucho por el calendario electoral, pero creemos que abrimos temas de discusión y tenemos cosas en común.

¿Dónde está la fortaleza de URNG-Maíz?
Hemos logrado un diputado por Huehuetenango y hemos visto que eso se mantiene. Se ampliaron las posibilidades en San Marcos, en Alta Verapaz. También estamos levantando expectativas en la Costa Sur.

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¿El Movimiento Liberación de los Pueblos puede ser una competencia en esos feudos?
En Cotzal, ellos propusieron a un viejo compañero de la URNG, y nosotros dijimos que no nos vamos a oponer, los apoyamos; entonces, hemos logrado en distintas regiones un respeto. En concreto, tenemos 85 planillas municipales.

Si no hay fuego cruzado entre partidos de izquierda, ¿quién es el enemigo?
Pues los que dicen que van de primero, los que van hasta adelante. Ahora, es un problema también, porque ¿quiénes realmente van a llegar al último momento? Las tres candidatas que encabezan las encuestas están en proceso, hay incertidumbre. Nosotros lo vemos como una oportunidad.

¿Cuántos diputados creen que podrían lograr?
Tenemos postulados 30 diputados, y todavía estamos revisando cómo han caminado. Hay regiones que han caminado bastante bien; entonces. esperamos tener una buena mayoría de esos 30.

¿Qué cambia de las elecciones pasadas, donde solo obtuvieron una diputación?
Internamente, el partido se nutrió con otros sectores, con otras comunidades y otras instituciones. El partido se abrió desde cada municipio, cada aldea; igual ha sido en las ciudades.

¿Quiénes financian a URNG?
Aparte de lo que nos da el Tribunal Supremo Electoral por los votos que sacamos en las elecciones pasadas, lo fundamental está en el cuchubal, lo que aportan las comunidades organizadas.

¿Cuál es su posición sobre la Cicig?
En la medida en que no hay capacidad del sistema de justicia de hacer prevalecer el estado de Derecho, porque tienen más fuerza las otras redes, es obligado el apoyo de la comunidad internacional. La Cicig tiene que brindarnos más capacidad. Es un apoyo transitorio, pero primero hay que negociarlo con Naciones Unidas, porque en septiembre se termina el convenio. Entonces, se va a negociar y se va a pedir.

¿Qué propone en una agenda legislativa para reformas al sector justicia?
Hay que dotar al país y al sistema de justicia de experiencia y valores éticos que hay en el sistema de hacer justicia de los pueblos indígenas. Los dos sistemas son compatibles, se pueden coordinar y enriquecer, no hay por qué excluirlos. Solo una visión muy conservadora va a pensar que la justicia indígena es que va a aplicar el chicote.

¿Por qué comenzar con ese tema espinoso y no en temas como elección de jueces y la carrera judicial?
Porque esa otra parte ya se ha abordado y hay muchas propuestas. Lo otro está quedando muy rezagado y de todos modos es una realidad que existe. Los indígenas no somos lo que dicen que somos. Hay que nutrir al país del valor que aportan los pueblos indígenas.

#DecisiónLibre2019 | Pablo Ignacio Ceto Sánchez y Blanca Estela Jolop Alvarado, es proclamado como binomio presidencial de @URNG_GT durante asamblea nacional realizada esta tarde. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/c6lsPzzzqG

— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) February 3, 2019

¿Cuál sería el papel del Ejército en su gobierno?
Al Ejército hay que recuperarlo también. Sus funciones están establecidas en la Constitución. Hay que recuperar la institución.

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¿Cuál es su propuesta para atacar al narcotráfico y las pandillas?
Son los temas que más afectan al país. Hay cosas que van más a fondo. La gente se mete al narcotráfico porque no tiene fuentes de trabajo. Si creamos esas fuentes de trabajo y hacemos inversiones del Estado para la economía de los municipios y pueblos, vamos a superar esas condiciones que dan lugar a lo otro, pero eso es a mediano plazo.

¿Cuál es su propuesta para combatir la desnutrición?
Es un proceso de varios años. Hay que desarrollar la capacidad del país de generar nuestros propios alimentos. Tenemos un país con microclimas, con biodiversidad alimenticia y con gente muy trabajadora, pero se ha ido quitando el entusiasmo por la agricultura. Eso va a generar los alimentos que requiere la niñez guatemalteca. Como mínimo serán 20 años, pero los niños, en 20 años, van a estar mejor que la juventud que tenemos ahora.

¿Cómo se van a implementar esos enfoques productivos?
En algunos casos significa tecnificación, en otros casos es más bien acceso a la tierra y en otros es facilitar que la gente se mueva para poder ir a trabajar y organizarse. Es implicar a las instituciones del Estado en el trabajo de la gente de la agricultura. No es dando fertilizante o bolsa solidaria, porque eso no genera comida, solo genera dependencia.

¿Qué modelo es mejor para el desarrollo del país? ¿Uno centralizado, uno descentralizado, con autonomía?
Un modelo a lo guatemalteco, no sé cómo se llame, pero uno en que los pueblos indígenas puedan crear su propio buen vivir. No queremos pueblos indígenas que sigan siendo excluidos por el Estado, porque el Estado no tiene ni políticas públicas para pueblos indígenas. Debemos combinar lo comunitario, lo descentralizado con el papel del Estado, pero que esté en capacidad de atender a la población, no que lo maneje un grupo para su beneficio.

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¿Dónde está la empresa privada en su plan de gobierno?
El empresario debe emprender, pero tiene que ser en función del bienestar de la gente. Le debe dar vergüenza que esté en un país donde los niños se están muriendo por desnutrición y el 60% de la población está viviendo en pobreza y otro 25% en extrema pobreza.

¿Estaría dispuesto a revisar todas las licencias otorgadas?
Sí, eso hay que revisarlo. Nosotros queremos que el empresario quiera a su país y no le de vergüenza que esté en un país de “indios hambrientos y desnutridos”. Nosotros, los pueblos indígenas somos los que llevamos la peor parte de la injusticia social.

¿URNG descarta nacionalizar y expropiar?
Se revisan todos los casos. No estamos excluyendo nada, ni fijamos la línea que todos temen.
No vamos a nacionalizar, tampoco estamos pensando en la reforma agraria de 1952; ya no van. Nosotros estamos pensando en invertir en el desarrollo rural para que haya comida, porque la comida no se produce en los centros urbanos.

¿Se respeta la propiedad privada?
Sí, nosotros queremos que nos respeten, y así vamos a respetar a la otra parte.

¿Cuál es su mensaje para la población?
Nosotros somos la izquierda, somos URNG, somos los firmantes de los acuerdos de paz, somos los constructores de la paz.
Queremos cumplir con los acuerdos de paz en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Esta es la mejor ocasión, es la mejor oportunidad de sacar al Pacto de Corruptos que está en el Congreso tratando de legislar de forma regresiva, en contra de los acuerdos de paz y en contra de los intereses del país. Queremos una Presidencia que no se ponga a pelear con las Naciones Unidas, porque es innecesario, sino que reconstruya esa relación de respeto de Guatemala con los países del mundo.

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Keane, quien estuvo de visita en el país durante dos semanas, visitó varias comunidades indígenas para conocer su visión sobre los programas de la agencia y comenzar el proceso para que esta se incluya en el desarrollo de todas las actividades.

“En Guatemala un alto porcentaje de la población es indígena y según los indicadores de desarrollo ellos están atrás del resto de la población. Hay más pobreza, más desnutrición, menos acceso a la educación, menos acceso a los servicios de salud y menos acceso al sistema de justicia”, reconoció el asesor.

Keane explicó que, para reducir esos índices de desigualdad, los pueblos indígenas deben ser incluidos en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las estrategias.

“Ellos tienen décadas de ver el trabajo de oenegés y organizaciones de desarrollo que han llegado a las comunidades con sus ideas, pero muchas veces esas ideas no funcionan, no son relevantes para la vida de ellos”, señaló el experto.

El representante de Usaid agregó que este nuevo sistema además permitirá el uso responsable del financiamiento. “Si queremos gastar el dinero de los impuestos de las personas de EE. UU. de manera responsable tenemos que buscar maneras de trabajar con las comunidades y que los proyectos sean sostenibles”, indicó.

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El trabajo

Usaid trabaja en comunidades indígenas del altiplano del país, en proyectos de salud y nutrición, educación y agricultura, entre otros.

La agencia destaca que Guatemala “tiene una de las distribuciones de ingresos más desiguales del hemisferio”, pues se estima que “el 51% de las personas vive en la pobreza, y uno de cada dos niños menores de 5 años padece desnutrición crónica”.

El trabajo de Usaid se enfoca en la población indígena pues “la mayoría de los pobres de Guatemala son indígenas rurales de origen maya que tienen una larga historia de discriminación y exclusión de la plena participación económica, política y social”, indica la descripción de la agencia.

También se resalta que “los indígenas rurales -de Guatemala- fueron los más afectados por el conflicto armado de 36 años -1960-1996- que se cobró más vidas que los conflictos en El Salvador, Nicaragua, Chile y Argentina juntos”.

Keane resaltó esto al indicar que, “los pueblos indígenas en Guatemala son como diamantes, son resilientes, siguen acá después de cientos de años, después de intentos de genocidio”.

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Reducir las migraciones

Para Usaid, mejorar las condiciones de vida de las poblaciones indígenas está estrechamente relacionado con la reducción de las migraciones. El asesor de la agencia señala que las migraciones ocurren porque no hay acceso a oportunidades.

“Las comunidades indígenas también quieren solucionar el problema de la migración porque hay comunidades donde la población es anciana, muy joven o las mujeres se quedan solas a cargo del hogar, porque los hombres migraron. Eso causa problemas en la comunidad, los chicos pueden empezar a tomar alcohol o drogas, ellos también comparten la preocupación de la migración”, asegura Keane.

Por ello, la meta de la nueva forma de trabajo de Usaid es incluir a los indígenas en los diseños de los proyectos. “No podemos pensar en todas las necesidades de ellos, queremos escuchar de esas comunidades cuáles son sus necesidades y diseñar en conjunto los programas y proyectos que los impactan, así ellos pueden contribuir con sus conocimientos e ideas”, resaltó el asesor.

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“Hay racismo en Guatemala”

Brian Keane, asesor de Asuntos Indígenas para la Asistencia Extranjera de los EE. UU afirma que, aunque se trata de un buen porcentaje de población, las comunidades indígenas en el país no son escuchadas.

¿Cuál es la situación de las poblaciones indígenas en Guatemala?

Los datos dicen que tienen menos esperanza de vida, tienen mucho menos acceso a la educación, la educación no es en sus idioma, es muy alto el nivel de mortalidad infantil por problemas de salud, de muertes maternas.

¿Por qué es importante trabajar en conjunto con esta población?

Los indígenas tienen mucho para ofrecer, son organizados, tienen sus formas de gobierno en sus territorios y estas funcionan bastante bien y sin recursos. Las comunidades indígenas no son pasivas, hasta que tengamos un modelo de desarrollo que reconozca el respeto a sus derechos vamos a encontrar soluciones a la pobreza, la desnutrición.

¿Cuál es un caso de éxito en esta forma de organización?

En 48 cantones -de Totonicapán- hay cinco juntas que tratan diferentes temas, para el medio ambiente y para el agua -entre otros-, nadie recibe dinero por su trabajo, todo es voluntario, pero han trabajado así por más de 250 años y podemos ver que hay menos violencia.

La exclusión de los pueblos indígenas ¿se puede resolver en corto tiempo?

Es un trabajo de largo plazo, es estructural, hay racismo. Hay expertos en agricultura y salud que no entienden que también hay expertos indígenas en sus propias formas, y que podemos combinar ciencia occidental con ciencia indígena. Así se tendrán mejores resultados en todo.

¿Cómo es el modelo de desarrollo de las comunidades indígenas?

Para los pueblos indígenas el desarrollo no es un proceso lineal donde empiezan pobres, hacen cosas y llegan a ser desarrollados. El proceso es circular, basado en sus territorios, el desarrollo es cómo mejorar la vida de la comunidad y proteger el territorio para las vidas futuras.

Se dice que la población indígena se opone al desarrollo

Ellos no están en contra del desarrollo, pero quieren un desarrollo con identidad, con cultura, con resultados que beneficien a sus comunidades.

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