En casos como la harina para hacer las tradicionales arepas, un plato importante en la dieta venezolana, la cosecha nacional de maíz blanco se agotó en mayo y, según Larrazábal, desde entonces la producción ha “dependido exclusivamente”  de la asignación de esta materia prima importada por parte del Gobierno.

El representante de Alimentos Polar explicó que la empresa sigue sin obtener, por parte del Gobierno, las divisas para pagar a los proveedores, pero señaló que tienen información de que otras empresas de la industria sí han tenido acceso para importar, lo que califican de “discriminatorio contra la empresa y sus trabajadores” .

Aparte del “acceso insuficiente”  a las materias primas, el director del sector de alimentos de la empresa también resaltó que los productos tienen precios regulados por el Gobierno que no permiten cubrir los costos de producción.

Por estos motivos, la empresa se ha visto obligada a parar líneas de producción de arroz, mayonesa y mantequilla, entre otros.

Para paliar esta situación, Empresas Polar propuso al Gobierno venezolano un plan para incrementar la producción de sus principales alimentos con el “acceso oportuno y suficiente”  a las materias primas que requieren para incrementar en 45 días la producción de alimentos en 67 %.

“Estamos hablando de casi 35 millones de kilos adicionales todos los meses” , dijo el responsable del sector alimentos de Polar.

Empresas Polar es el mayor consorcio productor de alimentos y de cervezas en Venezuela y solo en el sector alimenticio, según la organización, atiende a más de 40.000 puntos de venta en todo el territorio.  

El presidente de Polar, que ayer presentó un plan para salir de la grave crisis económica y de escasez de productos alimentarios que afronta Venezuela, aclaró hoy que la empresa que dirige no recibe “ni un dólar”  en el marco del control de cambio que opera en ese  país desde el 2003.

“En algunas áreas tenemos parados procesos de producción, ya el tiempo se acabó (…) en avenas estamos en cero, en atún, la planta (…) en el estado Sucre (este) no está produciendo, ahí están afectadas más de mil personas, trabajadores que están en sus casas, no hay materia prima, eso es inconcebible, ya el reloj se rompió ahí” , dijo.

Recordó que pese a que se ha señalado a su empresa como la mayor productora de alimentos del país, Polar no produce carne, pollo, leche, café o azúcar y que el 52 % de la producción de harina de maíz, con la que se preparan las populares arepas, está en manos del Gobierno.

Mendoza criticó que el Gobierno venezolano ha privilegiado la importación de productos terminados en vez de dar las divisas a los que proveen de materia prima a las empresas privadas nacionales.

Aseguró que en el caso de Polar “los dólares rinden 18 veces más”  cuando se entregan a sus proveedores de materias primas que cuando se importan los productos hechos.

“En el proceso de control de cambio en estos 13 años, a los proveedores de empresas Polar le han liquidado alrededor de (…) 480 millones (de dólares) anuales, eso en productos importados, que es la alternativa, son 93.300 millones de dólares, 18 veces más” , dijo.

Reiteró que el monopolio de las divisas está en manos del Gobierno desde hace 13 años cuando se inició el control de cambio y que a lo largo de ese período empresas Polar no ha podido adquirir dólares preferenciales necesarios para poder mantener los bajísimos precios de sus productos básicos.

“Los privados tenemos que producir a pérdida, eso no es sostenible, es ridículo” , dijo.

Ayer, Mendoza propuso que se reconozca la deuda del Estado venezolano con los proveedores internacionales de materia prima y que se inicie el proceso de refinanciación de esa deuda.

Sobre la Ley Orgánica de Precios Justos, que estipula el precio de venta de los productos de primera necesidad, dijo que los valores deben ajustarse “de forma que cubran los costos de producción y aseguren las ganancias adecuadas” .

Criticó, además, que empresas expropiadas no produzcan “a niveles de eficiencia”  e instó al Estado a revertir la estatización o alquilar las instalaciones de las empresas estatales a productores que puedan mejorar su funcionamiento.