Cárceles siguen siendo el centro de extorsiones en Guatemala y las denuncias del 2024 superaron las del 2023

Las llamadas extorsivas siguen haciéndose desde las cárceles del país, afirma el MP.  

Rubén Lacán

18 de diciembre de 2024 | 05:00h

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MP señala que las denuncias por extorsión aumentaron en el 2024, mientras que Mingob afirma que hay cambios en los penales. (Foto Prensa Libre: Ministerio de Gobernación)

Estadísticas del Ministerio Público (MP) detallan que hasta el 10 de diciembre se registraban 14 mil denuncias por extorsión, superando la cifra de 2023, que fueron 11 mil.  

Las llamadas extorsivas se siguen haciendo a través de llamadas telefónicas o por medio de aplicaciones móviles y redes sociales.  

“Sí, ha habido un aumento en cuanto a los lugares de donde salen las llamadas extorsivas. De las investigaciones que se han realizado, un buen porcentaje de llamadas salen de los centros parcelarios”, reconoció Margarita Sosa, fiscal contra el Delito de Extorsión, en el Ministerio Público (MP). 

Sosa explicó que las cárceles de Pavón, Pavoncito, Fraijanes, Cantel y la Granja Canadá —ahora llamada Renovación 1— es donde continúan realizando este tipo de llamadas extorsivas.  

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“Cuando nosotros hacemos el análisis de los desplegados telefónicos, realmente siguen ocupando la media las mismas cárceles”, insistió la fiscal. 

Sosa recalcó que aún es prematuro detallar si las extorsiones disminuyeron en Renovación 1, conocido antes como el Infiernito, porque inició a operar hace poco más de un mes. 

Mientras tanto, Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, afirmó que hay una tendencia a la baja en las extorsiones después que 131 reos catalogados como de alta peligrosidad fueran trasladados a Renovación 1, en Escuintla.  

“Tenemos consorcios de empresa grandes que eran extorsionadas y desde que fueron puestos en Renovación 1 —los reos—, ya no tenemos esos casos”, declaró Jiménez.  

El ministro del Interior destacó que remodelarán tres cárceles más el próximo año para continuar combatiendo las extorsiones con el aislamiento de los privados de libertad.

Reos clasificados

El Mingob detalló que los reos que fueron trasladados el domingo 10 de noviembre al Centro Carcelario de Máxima Seguridad Renovación 1 son los operadores de las estructuras criminales dedicadas la extorsión y responsables de ordenar secuestros desde los penales.   

Los reclusos de los 22 centros carcelarios fueron investigados durante cuatro meses por la Dirección General de Inteligencia Civil e Inteligencia Penitenciaria y se realizó un listado de los criminales que operaban desde prisión.   

“Se hizo un estudio de las cantidades de denuncias que tienen estas personas por el tema de la extorsión”, dijo Claudia Palencia, viceministra de Seguridad. 

Eddy morales, exdirector del Sistema Penitenciario y experto en gestión de cárceles, comentó que la solución más rápida para evitar que continúen las llamadas extorsivas desde prisión es que las compañías telefónicas bloqueen la señal en el área de cada centro, aunque esto tendría consecuencias para los vecinos que vive cerca a los penales.   

Agregó que en la actualidad los bloqueadores de señal tienen un 85% de efectividad debido a las condiciones de los terrenos donde se encuentran las prisiones, lo que complica que se tenga un control total de las redes de telefonía y su alcance.  

“La otra alternativa sería adquirir otro equipo de bloqueador de señal que sea efectivo al 100 por ciento, pero esto implica un alto costo de mantenimiento y un proceso administrativo para la adquisición muy largo”, advirtió Morales. 

Además, argumentó que se debe mejorar el control de ingreso de artículos a las cárceles y capacitar a los guardias para evitar que estén coludidos con los privados de libertad.  

“La Dirección General del Sistema Penitenciario debe de empoderar a la guardia y la administración penitenciaria”, añadió.  

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Rubén Lacán

4 de diciembre de 2024 | 05:00h

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37 reos buscan ayuda de jueces para ser trasladados de cárcel Renovación 1 a otros penales. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El 10 de noviembre recién pasado fueron trasladados 131  prisioneros a la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, antes conocida como El Infiernito; y, durante las últimas tres semanas, 37 privados de libertad han acudido a jueces a fin de que los trasladen a otros penales.

Los documentos del Organismo Judicial (OJ) a los que tuvo acceso Prensa Libre detallan que los prisioneros condenados por delitos de asesinato, asociación ilícita, extorsión, femicidio y narcotráfico alegan que les violentan sus derechos.

Autoridades del Ministerio de Gobernación aseguraron que todos los reclusos en Renovación 1 tienen comida, agua, ropa y artículos de higiene personal.

Agregaron que, para evitar que ingresen objetos ilícitos y que los sentenciados sigan ordenando la comisión de crímenes desde prisión, las medidas de seguridad aumentaron y no se les permite a los reos la entrada de artículos personales.  

Perfiles

El cabecilla de la banda criminal de Los Chegüen, Eduardo Chegüen Sagastume, es uno de los 37 reos que presentó una exhibición personal para buscar ser trasladado de la cárcel de Renovación 1 a la prisión de Zacapa.

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De acuerdo con las investigaciones de la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) e Inteligencia Penitenciaria, Chegüen Sagastume dirigía una estructura desde prisión dedicada al cobro de extorsiones y coordinación de asesinatos y robo de furgones. Ahora él, junto a sus operadores, quiere volver a su antiguo reclusorio.

En el 2016, Chegüen Sagastume fue condenado a 71 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, asesinato, conspiración para el asesinato y conspiración para cometer asesinato.

En el 2014, Chegüen estuvo recluido en el Preventivo para Varones de la zona 18 y luego de su condena fue trasladado al Centro de Detención Preventiva para Hombres Los Jocotes, Zacapa.

Jairo Rosendo Cervantes Gregorio es otro de los reclusos que pide ser cambiado de centro.

Cervantes tenía 19 años cuando fue condenado por asesinato en el 2015, luego de haber desmembrado y abandonado los restos de un hombre en el bulevar principal de Ciudad Real, zona 12 capitalina, en marzo del 2014.

Cervantes estuvo recluido en la cárcel de Cantel, en Quetzaltenango, y operaba junto a Rigoberto Antonio Morales Barrientos, alias Rigorrico, en una banda de extorsionistas, detallan las investigaciones de la Digici.

El 13 de julio del 2019, el Ministerio Público notificó a Cervantes sobre una investigación y nueva orden de captura por  extorsión.

Fue trasladado a la granja penal Pavón, donde continuó sus operaciones al integrar una estructura de imitadores que realizaba llamadas extorsivas desde el centro carcelario.

El 10 de noviembre último fue trasladado a Renovación 1.

Asimismo, Érick Abel Hernández de León, en marzo del 2014, fue sentenciado a 25 años de prisión por femicidio.

Enfrentó un proceso penal por haberse amotinado y participado en riñas dentro de Pavón en el 2015, donde 24 privados de libertad resultaron heridos.

Hernández  fue trasladado al centro de detención de Cantel, Quetzaltenango, y es uno de los operadores de una banda de extorsionistas que llamaba a sus víctimas desde prisión.

También pide dejar Renovación 1 y retornar a Cantel.

“Donde operaban”

Luis Rodolfo Escobar, exdirector del Sistema Penitenciario (SP), comentó que los 37 reos que interpusieron las exhibiciones personales podrían conseguir volver a las prisiones desde donde operaban.

Agregó que los reos pueden alegar que su vida está en peligro o violaciones a sus derechos y un juez, luego de analizar, puede ordenar el traslado a otro penal.

Escobar recalcó que el Ministerio Público, el Organismo Judicial y el Ministerio de Gobernación deben trabajar juntos en este tipo de acciones para golpear las estructuras criminales que operan desde las prisiones.

 “Si el juez no está en la misma sintonía en el sector justicia, en trabajar en equipo, definitivamente el plan del Ministerio de Gobernación no va a funcionar. Ellos —los reclusos—  van a ser retornados a sus centros originales y solamente sería una cortina de humo”, enfatizó el exdirector del SP.

 Señaló que, debido a las medidas de seguridad en Renovación 1, los sentenciados no pueden operar o seguir haciendo llamadas extorsivas, porque su estructura perdió fuerza.

 Además, mencionó que este tipo de traslados se pueden realizar sin la autorización de un juez, pero los privados de libertad pueden accionar legalmente.

 “Los traslados se pueden hacer bajo el artículo 8 de la Ley del Régimen Penitenciario; lo puede ordenar en forma directa el director del Sistema Penitenciario por diferentes motivos, entre ellos, por una emergencia o por cuestiones de conducta”, recalcó Escobar.

Añadió que han manejado los procedimientos conforme lo establecido y comprenden que ha sido difícil para los reclusos no ver de forma regular a sus parientes.

Dijo que considerando el avance en la vacunación de los privados de libertad, se ha tomado la decisión de permitir las visitas respetando el correcto uso de mascarilla y distanciamiento social.

Pretenden que para las fiestas de fin de año los reclusos cuenten con el esquema completo de vacunación contra el covid-19.

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Afirmó que la población reclusa ha mantenido la calma luego de que las visitas fueron suspendidas más de ocho meses y no ver a sus familias.

Indicó que la prohibición de visitas fue suspendida porque ocasiona depresión en los reos y también se contará con el apoyo del Departamento de Psicología del SP y relatores de Derechos Humanos para tener contacto con los presos.

Escobar dijo que los presos se han responsabilizado para no olvidar la precaución que deben tener.

Datos del covid-19 en el país

El Ministerio de Salud actualizó la información este viernes 12 de noviembre y reporta que se practicaron 10 mil 471 pruebas y de estas 829 dieron positivo. Se reportan otros 48 fallecidos de fechas anteriores.

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El total de decesos es de 15 mil 675. Los casos acumulados registrados son de  609 mil 136, los recuperados estimados son de 590 mil 601 y los contagios activos son de 2 mil 851.

#NoBajesLaGuardia #COVID19 pic.twitter.com/dVwv8mUGeS

— Sistema Penitenciario (@Dgspg) November 12, 2021

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“Estoy clamándole al Señor que sean cien madres menos sufriendo”, agregó.

Los familiares de manifestantes detenidos, que aguardaron a que los reos fueran liberados, esperan que se les otorgue al menos las medidas de casa por cárcel a sus parientes.

El Poder Judicial, controlado por el oficialismo, suspendió al menos dos juicios contra manifestantes opositores, adicionales a los tres aplazados el viernes pasado, informó este martes la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

“Fue suspendida la continuación de los juicios programados para hoy”, afirmó la defensora técnica de la CPDH, Verónica Nieto, en una declaración pública.

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Según Nieto, las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional ni siquiera trasladaron a los “presos políticos a sus respectivas audiencias”, en el Complejo Judicial de Managua, ubicado en el norte de la ciudad.

Hasta ahora se desconoce la razón por la que el Poder Judicial ha suspendido los juicios contra manifestantes opositores, lo que ha dado lugar a especulaciones, sobre si el presidente Daniel Ortega utilizará “como rehenes” a los reos, durante las negociaciones que inician mañana, como ha denunciado el Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos.

La liberación de los manifestantes, considerados “presos políticos” por los defensores de los derechos humanos y “terroristas” o “golpistas” por Ortega, es una de las exigencias de diversos sectores de la sociedad nicaragüense para el inicio de las negociaciones, a lo que el presidente no se ha referido.

El Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia comenzarán mañana una nueva mesa de negociaciones para buscar una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos, y otros miles en el exilio.

La mesa de negociaciones se instalará siete meses después que se suspendiera de forma indefinida el diálogo nacional que comenzó a mediados de mayo de 2018, después de que grupos oficialistas atacaran a obispos de la Iglesia católica, quienes actuaban como mediadores.

Ortega, que convocó la semana pasada la reanudación de las negociaciones, no ha dado a conocer la agenda del Ejecutivo, solo que la mesa se instalará ahora con menos actores y que esta vez no será televisada, como sí lo fue la primera sesión del anterior intento, porque “eso no es correcto en una negociación”.

Por su lado, la Alianza Cívica anunció que plantearán en la nueva mesa de negociaciones la liberación de los detenidos por protestar contra el Gobierno y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías establecidos en la Constitución Política.

También unas reformas electorales que garanticen unas elecciones justas, libres y transparentes, y justicia para las víctimas de las violentas protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

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Rogers, junto a otros investigadores australianos, solicitó en un estudio divulgado este mes en la revista médica BMJ Open (British Medical Journal Open) el retiro de más de 400 estudios de académicos chinos que fueron publicados en prestigiosas revistas médicas internacionales sobre trasplantes.

Creen que existen razones para pensar que los órganos trasplantados provienen de prisioneros ejecutados, incluyendo presos de conciencia.

“Lo que hemos constatado plantea preguntas importantes y perturbadoras sobre las omisiones éticas en el proceso de revisión y publicación de investigaciones sobre trasplantes”, afirmó Rogers.

“No se menciona el consentimiento”

Rogers, profesora de ética clínica de la Universidad Macquarie en Sídney, y sus colegas examinaron 445 estudios sobre trasplantes de corazón, hígado y pulmones escritos por investigadores chinos y publicados en revistas médicas en inglés entre enero de 2000 y abril de 2017.

En total, los estudios mencionaban 85 mil 477 trasplantes.

La académica australiana señaló que de esos, más de 400 estudios, en el 99% de los casos no se menciona si los donantes dieron su consentimiento.

Y en el caso de 19 estudios, que involucraron dos mil 688 órganos trasplantados antes de 2010, se aseguró que la fuente de los órganos eran donantes voluntarios, a pesar de que el programa de donantes voluntarios en China sólo fue introducido en 2010.

Wendy Rogers llamó al “retiro inmediato de todos los estudios que de acuerdo a nuestra investigación no son consistentes con estándares internacionales sobre donación de órganos“.

La académica también propone una moratoria en la publicación de todos los estudios clínicos sobre trasplantes procedentes de China hasta que se celebre una cumbre internacional que debata “procesos apropiados para manejar estudios originarios de China en el futuro”.

Órganos de prisioneros de conciencia

El origen de los órganos trasplantados en China ha sido tema de intensos debates desde hace años.

Un informe publicado en 2016 constató una discrepancia importante entre las cifras de trasplantes reportadas por el gobierno chino y las divulgadas por hospitales.

Mientras el gobierno aseguraba que se realizaban cada año cerca de 10 mil trasplantes, los datos de los hospitales hablaban de más de 60 mil. 

El reporte fue elaborado por la Coalición Internacional Para Poner Fin al Abuso de Trasplantes en China, ETAC en inglés, una coalición de abogados, médicos, académicos y organizaciones de derechos humanos.

En 2016 el Parlamento europeo emitió una declaración en la que condenó la “cosecha” de órganos de prisioneros de conciencia en China y llamó al gobierno en Pekín a poner fin a esta práctica.

La declaración señala que “ha habido informes creíbles y persistentes de que el Estado autoriza la cosecha de órganos de prisioneros de conciencia en China, fundamentalmente de practicantes de Falun Gong, que realizan meditaciones y ejercicios pacíficos, y también de uigures, tibetanos y cristianos”.

Amnistía Internacional ha expresado su preocupación de que “en algunos casos la sentencia y la fecha de aplicación de la pena de muerte se vean influidas por la necesidad de órganos para trasplante“.

Estudio retirado

En 2017, la prestigiosa revista médica Liver International retiró un estudio de cirujanos chinos sobre 564 trasplantes de hígado realizados en un período de cuatro años.

Varios expertos habían señalado al ver el estudio que era imposible que un hospital obtuviera tantos hígados aptos para trasplantes dado el número reducido de participantes en el programa oficial de donantes en China en esa época.

Los donantes citados en el estudio habían muerto según los autores por “muerte circulatoria”, un caso que el paciente tiene heridas tan graves que aunque no padece muerte cerebral se decide retirar la asistencia médica. El paciente muere en esos casos de paro cardíaco.

Rogers señaló que en caso de muerte circulatoria, usualmente solo un tercio de los hígados no se deterioran y están aptos para trasplante, según datos de hospitales en varios países.

Eso significa que el hospital mencionado en el estudio chino de 2017 debió haber recibido cerca de mil 500 hígados.

“Pero dado que el número divulgado de donaciones voluntarias de órganos para toda China en esos años era de dos mil 326, es inverosímil que un solo hospital haya tenido acceso exclusivo al 80% de todas las donaciones voluntarias del país en ese período“, afirmó Rogers.

El editor de Liver International, Mario Mondelli, señaló a la prensa británica que escribió a los autores del estudio y les dio un plazo para que ofrecieran detalles sobre la procedencia de los órganos. Al no recibir respuesta, Mondelli decidió retirar el artículo.

Qué dice el gobierno chino

China anunció en 2015 su compromiso de no realizar trasplantes con órganos de prisioneros ejecutados.

Huang Jiefu, exministro de salud de China y director del comité de órganos, fue encargado de reorganizar el sistema de donación de órganos en el país asiático.

Varias organizaciones y académicos protestaron en 2017 cuando Huang Jiefu fue invitado a un encuentro en el Vaticano sobre tráfico de órganos.

Huang dijo a la prensa durante la conferencia que el uso de órganos de presos en China “no está permitido”.

Sin embargo, admitió que la práctica no ha sido eliminada

“Tenemos una política de tolerancia cero”, señaló el funcionario.

“Pero China es un país grande con una población de mil 300 millones de personas, así que definitivamente tengo certeza de que hay algunas violaciones a la ley“.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una entrevista en uno de sus boletines con Haibo Wang, director del Sistema de Respuesta de Trasplante de Órganos del Ministerio de Salud (Bulletin of the World Health Organization, Volumen 90, noviembre de 2012, páginas 793-868).

Haibo señaló en la entrevista que “Jiefu Huang ya afirmó públicamente en 2007 que China no puede continuar dependiendo de órganos de prisioneros y es hora de desarrollar un sistema de donaciones ético y sostenible”.

“Ahora existe consenso en la comunidad de trasplantes de China de que el nuevo sistema debe abandonar su dependencia de órganos de convictos ejecutados”.

“Cosecha forzada”

En diciembre de 2018, un organismo de investigación independiente, el Tribunal Independiente sobre el Uso de Órganos de Prisioneros de Conciencia en Trasplantes en China emitió un informe interino.

El organismo lo preside el prestigioso abogado británico Geoffrey Nice, quien dirigió entre otros casos prominentes la acusación contra el expresidente de Serbia Slobodan Milosevic ante el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia.

En su informe interino sobre los trasplantes en China, el tribunal independiente señaló: “Los miembros del tribunal tienen certeza, en forma unánime y más allá de duda razonable, de que la cosecha forzada de órganos de prisioneros de conciencia en China ha sido practicada durante un período importante de tiempo y ha involucrado a un número sustancial de víctimas“.

Se espera que el tribunal emita su informe final en 2019.

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Según el líder chavista, los 39 “activistas políticos” que se beneficiaron con estas libertades condicionadas “estaban procesados por ejercer violencia política” y habían sido “enjuiciados”.

“Es un acto de generosidad, de benevolencia y espero que se entienda como tal”, dijo para luego criticar a los “sectores radicales” que ven esta política como una muestra de debilidad de la revolución bolivariana que lidera.

Mensaje de paz y de buena voluntad

En este sentido, dijo esperar que los excarcelados “salgan con un mensaje de paz y de buena voluntad” y remarcó que quienes conspiren contra su Gobierno o busquen “caminos fuera de la constitución para vulnerar la paz recibirán su castigo”.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó hoy las excarcelaciones y explicó que se aplicaron libertades plenas, medidas cautelares de presentación cada 30 días y prohibición de salida de ese país, fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, entre otras.

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La oenegé Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados presos políticos en Venezuela, informó horas después de que se concretaran las liberaciones que solo 19 de las 39 personas puestas en libertad integraban la lista de “presos políticos”.

Confirmará cada excarcelación

El director ejecutivo de la organización, Alfredo Romero, explicó que son 357 los “presos políticos” y espera confirmar cada excarcelación anunciada por el Ejecutivo para actualizar sus registros.
De ese total, detalló el jurista, 50 son mujeres y 307 hombres, 12 son menores de edad, solo 23 están formalmente condenados, 58 están bajo arresto domiciliario (como Leopoldo López), y 12 tienen boletas de excarcelación desde hace meses que no han sido acatadas por las autoridades penitenciarias

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El fiscal general del país, Tarek William Saab, dijo el miércoles por la noche que “los hechos” acontecidos en el penal habían sido “regularizados”.

Pero las instalaciones del Helicoide, en el centro de Caracas, amanecieron el jueves con una presencia reforzada de agentes armados y vehículos policiales, sin admisión para visitantes y con decenas de familiares apostados a las afueras asegurando que la toma sigue y exigiendo que los derechos de los presos sean respetados.

A pocas cuadras, tenía lugar la celebración del cierre de campaña de Nicolás Maduro al que asistieron cantantes, políticos y hasta Diego Armando Maradona.

¿Cómo empezó la “revuelta”?

No hay información oficial sobre qué pasó el miércoles en el Helicoide, un edificio diseñado en la década de 1960 para ser un moderno centro comercial y que hoy en día funciona como sede y centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Sin embargo, personas allegadas a los reclusos le dijeron a BBC Mundo que el supuesto motín tuvo lugar luego de que un “preso común” —se refieren a los que no son políticos, exfuncionarios o estudiantes opositores— golpeara a Gregory Sanabria, un estudiante detenido allí tras las protestas antigubernamentales de 2014.

“Salieron a defenderlo otros presos y estalló la revuelta antes del mediodía, antes de la visita. Después aparecieron las declaraciones en redes de los internos”, le dijo a BBC Mundo Jackeline Sandoval, esposa de Rolando Guevara, detenido en El Helicoide desde 2004.

Sandoval se refirió a unas publicaciones en Twitter y Facebook, que no han sido corroboradas de forma independiente por BBC Mundo, en las que prominentes opositores detenidos afirman haber “tomado pacíficamente” la prisión y denuncian “torturas y extorsiones”.

“Esto está tomado pacíficamente por todos los presos políticos y todos los presos que están aquí secuestrados que a diario son torturados, sometidos y extorsionados por el Sebin”, dice Lorent Saleh, uno de los reclusos, en un video difundido en Twitter.

Vamos a resistir cueste lo que cueste, porque nos han dado tan duro durante tanto tiempo y han abusado tanto de nosotros que le perdimos el miedo a todo. Ya lo único que nos queda es defender la DIGNIDAD, y NO LA VAMOS A PERDER.#LorentSaleh #ElHelicoide #PresosPoliticos #DDHH pic.twitter.com/tjiDkwQUBX

— Lorent Saleh (@LORENT_SALEH) May 17, 2018

“Nos cansamos de que torturaran, hoy casi matan nuevamente a un compañero”, añade, mientras otros presos llaman en voz alta a Gregory Sanabria, quien no aparece en el video.

En otras publicaciones de redes hay imágenes de Sanabria con golpes en la cara.

Familiares de los reclusos dijeron a BBC Mundo que agentes de seguridad lanzaron gases lacrimógenos hacia las celdas supuestamente tomadas.

DENUNCIO. Golpearon brutalmente al estudiante tachirense @GregorySanabria. Funcionarios de la GNB, y de la Fuerza de Acción Especial FAES ingresaron al Helicoide fuertemente armados. Temo por la vida de mi esposo @Daniel_Ceballos y de todos los presos políticos en el Helicoide pic.twitter.com/uugoojyL7m

— Patricia Gutiérrez (@_patricialorena) May 16, 2018

Se desconoce cómo los internos tuvieron acceso a teléfonos celulares para publicar en redes. Las autoridades suelen utilizar un método para impedir que haya recepción telefónica en las instalaciones, conocido como “el corta señal”, pero en este caso parece que no fue activado, según los familiares.

¿Qué dicen las autoridades?

Pocas horas después de que aparecieran los videos en redes sociales, el fiscal general se pronunció sobre unos “hechos acaecidos” en el Helicoide, sin dar más detalles.

El funcionario aseguró por Twitter que una comisión del Ministerio Público (fiscalía) se trasladó al penal y “conversó con una representación de los privados de libertad” para “atender sus peticiones”.

1) Ante los hechos acaecidos hoy en la sede del Sebin Helicoide, instruimos a una comisión del @MinpublicoVE para q se trasladara a dicho recinto En tal sentido esa delegación conversó con una representación de los privados de libertad y así atender sus peticiones

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) May 16, 2018

Según William Saab, la fiscalía manifestó “la voluntad de realizar las respectivas coordinaciones con las autoridades competentes, el sistema penitenciario y de justicia a objeto de resolver la situación planteada”.

En una entrevista posterior con la cadena CNN, Saab habló de una situación “regularizada” en el Helicoide y negó que hubiese detenidos menores de edad o violaciones a los derechos humanos, como lo denuncian algunos presos y familiares.

¿Quiénes son los presos y qué piden?

No hay cifras oficiales sobre el número de detenidos en el Helicoide, pero la ONG Foro Penal Venezolano estima que hay unas 330 personas.

En los videos en redes que anuncian el supuesto motín, aparecen políticos y líderes estudiantiles opositores como Daniel Ceballos y Lorent Saleh, ambos detenidos en el Helicoide.

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Según las grabaciones subidas a Twitter y testimonios de familiares que afirmaron haber hablado con los reclusos entre el miércoles y este jueves, los prisioneros “alzados” tienen tres exigencias:

• Libertad inmediata de los presos políticos.
• Acceso a la justicia para “cientos” de reclusos que denuncian retardo procesal y que tienen boletas de excarcelación.
• La presencia del fiscal general del país para que vele por los derechos de los internos, dijo Ceballos.

En otras grabaciones, también figura el joven mormón estadounidense Joshua Holt, encarcelado allí desde junio de 2016.

“Hago un llamado a los estadounidenses: necesito de su ayuda para que me saquen de este sitio. Le he rogado a mi gobierno por dos años. Ahora mi vida está en peligro. ¿Cuánto más tengo que sufrir aquí?”, dice Holt en uno de los videos.

Embajada de EEUU se pronuncia luego de filtrarse video de Joshua Holt desde el sebin pic.twitter.com/kcCjevxggv

— Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) May 16, 2018

El mismo miércoles, el encargado de negocios de EE. UU. en Venezuela, Todd Robinson, acudió a la sede de la Cancillería del país para hablar sobre el caso de Holt pero “no obtuvo respuesta”, informó por Twitter la embajada de ese país en Caracas.

¿Cómo viven los presos en El Helicoide?

En las instalaciones del Helicoide conviven políticos encarcelados, exfuncionarios del gobierno, estudiantes y personas procesadas y sentenciadas por delitos comunes.

Algunos de los líderes opositores detenidos han sido acusados de incitar a la violencia, de planificar actos conspirativos contra el Estado, pero el gobierno de Nicolás Maduro niega que haya motivaciones políticas detrás de estas acusaciones.

Este jueves, a las puertas del penal se reunieron decenas de familiares de los detenidos.

Una de ellas madre de un interno de 22 años, quien denuncia que su hijo está hacinado juntos a otros presos en una celda y que al joven “solo lo dejaron salir a ver el sol una vez en un año y medio que lleva preso”.

La mujer, que pide no divulgar su nombre, describe que la última vez que vio a su hijo fue el pasado domingo.

“Dentro de lo que cabe está bien, pálido porque no ve el sol, pero quiere que lo trasladen, está desesperado”, dice.

Organizaciones no gubernamentales denuncian condiciones de hacinamiento en la sede del Sebin, cuya población de internos aumentó desde las protestas gubernamentales de 2014, según afirman a BBC Mundo familiares de los presos.

La sobrepoblación carcelaria, sin embargo, es un problema extendido en los centros de detención y prisiones de Venezuela.

Junto a otros 80 presos de entre 18 y 40 años, cada martes Acevedo se pone a las órdenes del entrenador Eduardo “Coco” Oderigo. Este abogado y exjugador de rugby es mentor del proyecto y cuenta con la colaboración de voluntarios como el exfiscal José Barbaccia y un empresario, Daniel Lanusse.

Acevedo lleva casi siete años preso y le faltan seis para cumplir su condena, pero sueña con obtener la libertad transitoria ahora que el rugby le permitió reencontrarse con su hijo Santino, de siete años.

Hace dos años, este joven con estatura de basquetbolista llegó al pabellón 8 que aloja a los Espartanos. Al tiempo integró el equipo de rugby que cada dos o tres meses sale de la cárcel para enfrentar a un club de la liga argentina.

“En diciembre de 2015, en el club Newman pude ver a mi hijo después de cuatro años”, contó a la AFP.

“Su mamá no quería que venga a la cárcel, pero allá sí lo dejó ir. Desde entonces, salí siete veces a jugar y cada vez vi a Santino. Hay un antes y un después de aquel día”, dijo este hombre que terminó el secundario en la cárcel y aspira a ser universitario.

Entre el Papa y la ovalada

Dentro de la Unidad 8 no se siente el frío húmedo que escarcha la mañana otoñal. Como cada martes, los hombres van saliendo de sus piezas que dan a un pasillo común. Saludan con afecto a los entrenadores antes de la práctica.

En el patio hay ropa colgada secándose al sol. Sobre las paredes alguien pintó una imagen de Jesucristo y otra del papa Francisco. Prima la religión católica y los viernes rezan el rosario.

Ismael ofrece un mate de leche. Le faltan apenas 15 días para salir en libertad. Tiene 40 años y hace 17 que está preso por robos reiterados. “Nunca maté a nadie”, aclara.

Atribuye al diablo haber caído en la delincuencia y luego de nueve meses con los Espartanos quiere volver a su verdadera pasión: la panadería y la repostería.

“Para los Espartanos un gran abrazo de los Pumas”, dice una camiseta albiceleste enmarcada y colgada en la pared con la firma de jugadores de la selección argentina de rugby.
Otra fotografía de diciembre de 2015 retrata al Papa rodeado de presos, entre ellos varios ex Espartanos que salieron en libertad.

Sólo los agentes penitenciarios, rejas y muros con alambre de púa recuerdan la sordidez del encierro.

Libertad entre rejas

Con sus 24 años, Gabriel Márquez es capitán de Los Espartanos. Se enamoró del rugby en la cárcel y lamenta que no le pasara antes para ayudarlo a esquivar la droga y la delincuencia que lo rodearon siempre.

Para él, que lleva 4 años y 5 meses preso y en 10 meses espera salir con permiso laboral, entrenar equivale a “dos horas de libertad que nos hace olvidar el encierro”. Cuando salga quiere transmitir su experiencia a otros chicos de la calle.

Este padre de una niña de dos años espera emular a ex Espartanos que salieron en libertad. “Tienen un trabajo digno y hacen las cosas bien”, elogia.

El entorno empresarial del entrenador del equipo, Oderigo, ofrece el primer empleo en libertad. Es la cara más solidaria de una época en Argentina donde muchos reclaman “mano dura” contra la delincuencia.

400 martes

Oderigo formó el equipo de los Espartanos en 2009, enfrentando todo tipo de resistencias.

Luego llegó la etapa de medirse con adversarios. El primer partido fue contra un plantel de agentes penitenciarios. “Les ganamos”, acota sonriendo. Después le siguió un equipo judicial y finalmente fueron invitados por clubes.

Van 400 martes. Asegura que entre los Espartanos la reincidencia se reduce del 65% promedio a menos de 5%. Desde hace un año y medio el proyecto se replica en 28 cárceles de Argentina.

“De 200 que vimos salir en libertad en los últimos años, solo siete volvieron a caer”, se enorgullece el DT.

Mientras habla supervisa y apura la terminación de una cancha de césped sintético en un terreno donde antes había solo piedras y barro. La condición para poder disfrutarla es estudiar.

Allí entrenarán los Espartanos para medirse con otros rivales de fuste como la selección inglesa de rugby, a la que recibieron en secreto durante una gira del equipo por Argentina.

El Departamento de Correccionales de California, por su parte, no reveló detalles sobre el estado de salud de Manson por cuestiones legales aunque aseguró que “está vivo” , y declinó comentar sobre su supuesto traslado a un hospital por razones de seguridad.

Actor y cantante frustrado, Manson estremeció a Hollywood y a la nación en agosto de 1969 con un sangriento espiral de violencia en el que él y sus seguidores, conocidos como la familia Manson, asesinaron a siete personas para provocar una guerra racial.

Entre los asesinados estaba la actriz Sharon Tate, que estaba a punto de dar a luz a su primer hijo de la unión con el director Roman Polansky, así como otras cuatro personas relacionadas con el mundo del espectáculo.

Los asesinos utilizaron la sangre de sus víctimas para escribir mensajes en las paredes mientras seguían las instrucciones que creían escuchar en la canción de los Beatles “Helter Skelter” .

Manson, de 82 años, suma centenares de sanciones por mal comportamiento en la cárcel, donde también se grabó en el entrecejo un tatuaje en forma de una cruz gamada.

El asesino, uno de los criminales más famosos de Estados Unidos, lleva encarcelado más de 40 años por una serie de asesinatos, entre ellos el de Sharon Tate, entonces esposa del director Roman Polanski, cuando estaba embarazada de ocho meses y medio.

En el 2012, Manson presentó su enésima solicitud de liberación anticipada, que le fue rechazada, por lo que debe esperar hasta el  2027 para poder presentarla de nuevo.

A finales del 2014 se le concedió permiso para casarse con una mujer de 26 años, Afton Elaine Burton, un matrimonio que finalmente no tuvo lugar, ya que la autorización expiró antes de que se celebrara la ceremonia.

Charles Manson fue condenado a muerte con cuatro de sus discípulos en agosto de 1969 por la muerte de siete personas, pero sus penas se conmutaron después por cadena perpetua.

Su protesta ocurre en vísperas de la tercera ronda del diálogo entre el gobierno y la oposición para resolver la crisis política.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) , que mantiene en duda su asistencia al encuentro, atribuyó la liberación de Mantilla y de otros cinco opositores a las conversaciones iniciadas el pasado 30 de octubre.

A la Nunciatura también llegó este lunes Henri Falcón, gobernador del estado Lara  (noroeste) y uno de los delegados de la MUD en el diálogo, para entregarle al nuncio, Aldo Giordano, una carta dirigida al papa Francisco.

“Le pedimos no abandonar a los venezolanos en la construcción de una salida pacífica a la crisis” , dijo a periodistas.

La MUD dejó en suspenso su continuidad en las negociaciones, auspiciadas por el Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas  (Unasur) , por considerar que el gobierno no ha honrado sus compromisos.

Las protestas por los detenidos llegaron hasta el Vaticano, donde el domingo también se encadenaron Lilian Tintori, esposa del encarcelado Leopoldo López, y Mitzy Capriles, esposa del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que está bajo arresto domiciliario.

“Exigimos que se liberen todos los presos políticos” , pidió Tintori.

Además, 14 opositores presos en el servicio de inteligencia  (Sebin) , en Caracas, iniciaron este domingo una huelga de hambre para exigir la libertad de todos los políticos encarcelados y una salida electoral a la crisis.  

“Al parecer esa huelga de hambre está siendo reprimida, los están maltratando para tratar de levantar la huelga” , denunció este lunes Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD.

Otro grupo de 36 opositores detenidos, también en el Sebin, pidió el sábado a la MUD mantenerse en la mesa hasta que el gobierno libere a todos los llamados “presos políticos” .

Esta manifestación ocurre horas después de que Lilian Tintori, esposa de López, se encadenara frente al Vaticano, en Roma, para pedir la liberación de todos los “presos políticos”  en la próxima reunión de diálogo, prevista para mañana.

Junto a ella se encadenaron también Antonieta López, madre de Leopoldo López, y Mitzy Capriles de Ledezma, esposa del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, aseguró hoy que el Vaticano envió una “carta confidencial”  que supuestamente desmiente la postura del Gobierno frente a la mesa de diálogo nacional.

Torrealba afirmó que con esta comunicación el Vaticano, mediador en la mesa de diálogo, “desmiente la postura del Gobierno”  y de sus voceros en el proceso, quienes han negado que las liberaciones de opositores encarcelados o la realización de elecciones presidenciales se haya planteado en las negociaciones.

Prolongación

La audiencia en la que se discutirá si los procesados por el caso La Línea enfrentarán juicio ha sido suspendida desde julio del 2015  por diversas acciones legales, tanto de la defensa como de la Fiscalía.
Los casos TCQ y Cooptación también están en suspenso por varias acciones legales que han frenado el avance de las diligencias.

Enviados a otras cárceles

El pasado 25 de noviembre, nueve procesados en el caso Cooptación del Estado de Guatemala fueron cambiados de prisión, por una alerta de atentado en su contra, según consta en la solicitud que el Ministerio Público hizo a la jueza de Mayor Riesgo D, Érika Aifán.
De manera extraoficial se indicó que los traslados tendrían varias razones, entre ellas que se desbarataba una posible red de corrupción en las cárceles, supuestamente dirigida por el expresidente Otto Pérez Molina.
Un rumor fue la posible orden de Haroldo Mendoza Matta para trasladar reos por quienes se generaron más controles, lo que afectaría sus actividades ilícitas.

Álvaro Mayorga, expresidente de la Cámara de la Construcción; Julio Aldana Franco, el otrora asesor financiero del Banco de Desarrollo Rural, y el constructor Juan Luis Ortiz esperaban ayer a ser fichados por el Sistema Penitenciario (SP) y unirse al último grupo de 25 reos que llegó el viernes.

Los detenidos por el caso Cooptación del Estado, los últimos en ingresar, son quienes duermen en carpas y muchos debieron comprar sus propias literas, pero aun así afirman estar “agradecidos” con las autoridades.

Según el SP, había en ese centro    de detención 195 reos —60 más de su máxima capacidad—.

El rincón de Omar

“El rincón típico de Omar”  o “La cocina de Lupita” es el comedor que distribuye para algunos de los detenidos almuerzos de martes a domingo, pues los lunes se descansa.

El dueño es el exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Omar Franco, quien vende almuerzos a Q25, con ayuda de su esposa Guadalupe.

Franco es además el vocero de uno de los tres sectores en los que, en teoría, se divide el centro de detención. La distribución vista así excluye el área en donde se encuentra el expresidente Otto Pérez; su yerno, Gustavo Martínez; Gustavo Alejos, así como   militares de baja que se encuentran en otro lugar.

En la demarcación en donde se encuentra la mayoría de los detenidos no hay agua. Ellos pagan una pipa para garantizarse el abastecimiento.

En cada una de las tres “cuadras” un promedio de 23 detenidos comparte dos duchas y dos sanitarios.

Los integrantes de la familia Mendoza, por ejemplo, duermen apilados en uno de los sanitarios. Hay 24 reos que ni siquiera tienen una cama.

En las  seis habitaciones que de día  sirven para las visitas conyugales, por la noche se colocan colchonetas en el suelo, que a la mañana siguiente son retiradas.

Son los mismos detenidos que duermen en las cuadras quienes abogaron para que quienes pernoctan en las carpas tengan acceso a un sanitario por la noche.

En un programa radial el comisionado Iván Velásquez sostuvo que los sindicados de corrupción deben guardar prisión.

“La prisión preventiva es una medida cautelar que debiera proceder únicamente cuando las demás medidas sustitutivas fueren insuficientes para asegurar la presencia del imputado en el proceso penal”, explicó el abogado Wilve Salazar.

“Existe un uso desmedido de la medida de prisión preventiva, al punto que ha pasado a ser la regla y no la excepción”, agregó el profesional.

Zoel Franco, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, resaltó que el SP está triplicado en su capacidad. Para  garantizar la integridad de los reos y por ende los resultados de los procesos debiera haber un control más directo, dijo.

“El problema es que tampoco el Sistema Penitenciario está fortalecido”, afirmó.

“Estamos haciendo una evaluación del centro de detención para determinar si se recluyen en otros en donde no corran riesgo. Estamos reforzando el tema de la seguridad en favor de todos”, indicó el ministro de Gobernación, Francisco Manuel Rivas.

“¿En carpas? Ellos están en bartolinas. Es la información que tengo hasta ahora”, subrayó acerca de las condiciones actuales.

A esto se suma que se dieron varios casos de asfixia después de que las fuerzas de seguridad lanzaran gases lacrimógenos para tratar de acabar con el motín, en el marco del cual 10 agentes de prisiones han sido tomados como rehenes.

El Observatorio informó el domingo de que un líder tribal de la región visitó la cárcel para tratar de poner fin a la crisis y pidió a los reclusos que escribieran sus demandas para presentarlas ante las autoridades.

Según pudieron saber los activistas que integran la red del Observatorio, la respuesta de la presidencia siria a esas demandas fue la promesa de que no tomará represalias contra los amotinados y que estos serán indultados, si ponen fin a su rebelión ahora mismo.

Las autoridades se han comprometido a emitir un indulto especial, incluido para los acusados de terrorismo, en el plazo de un mes, y que los presos serán liberados por tandas, según los activistas.

Las fuerzas del régimen tienen rodeados los edificios donde se encuentran los presos y el pasado día 6 lanzaron un asalto contra uno de ellos al suspenderse las negociaciones.

Durante esta semana, al menos 46 reos han sido puestos en libertad en varias tandas, según el Observatorio.

La plataforma opositora Coalición Nacional Siria  (CNFROS) advirtió el sábado del peligro de que los guardias cometan una “masacre”  en la prisión de Hama.

La rebelión se originó por el retraso en el juicio de algunos detenidos y el traslado de algunos prisioneros a la cárcel de Seidnaya, al norte de Damasco.

La cárcel de Hama ha sido escenario en varias ocasiones de disturbios, uno de ellos el pasado agosto, cuando estalló un Cque finalmente fue sofocado por las fuerzas de seguridad.

Zúñiga agregó que unos 30 fugados “fueron recapturados” y “algunos retornaron voluntariamente al centro penitenciario”.

El potente sismo que se produjo en la noche del sábado alrededor de las 19 horas locales deja hasta el momento 246 muertos y dos mil 527 heridos, según el último balance anunciado por el vicepresidente Jorge Glas.

El terremoto -el más fuerte desde 1979- tuvo una duración de aproximadamente un minuto y afectó sobre todo a seis provincias de la costa ecuatoriana, de sur a norte.

En Portoviejo, el sismo causó numerosas víctimas y destrozos en casas, edificios, puentes y otras infraestructuras, constataron periodistas de la  AFP.

Ledezma fue detenido el 19 de febrero de 2015 y dos meses después fue trasladado a su vivienda tras ser operado de una hernia inguinal.  
     
El proceso contra Ledezma, de 60 años, se demoró debido a que la audiencia del juicio fue pospuesta en varias oportunidades.       

Los abogados y familiares de Ledezma rechazan los señalamientos y aseguran que el dirigente del partido Alianza al Bravo Pueblo es un “preso político” del gobierno y que no está siendo sometido a un juicio justo. Algunos expresidentes y políticos extranjeros han abogado por la liberación del alcalde opositor. 

Aprobará amnistía    

La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, iniciará el martes la primera discusión del proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional con el que busca lograr la liberación del dirigente opositor Leopoldo López, Ledezma y varias decenas de los llamados “presos políticos” .

El proyecto de ley no cuenta hasta el momento con el apoyo del gobierno.  

El Parlamento de Venezuela, controlado por la oposición, aprobará este martes en primer debate una amnistía para políticos presos, en medio de un fuerte choque con el gobierno por su decisión de apurar una vía legal para acortar el mandato del presidente Nicolás Maduro.

    Dos años después de violentas protestas en las que fue detenido el opositor radical Leopoldo López, la ley, que busca beneficiar a ese dirigente político y a otros 75 disidentes presos, figura como primer punto en la agenda de la sesión legislativa que comenzará a las 14H30 locales  (19H00 GMT) .

    Por tener la oposición mayoría calificada se da por descontado que aprobará su proyecto en el primer y el segundo debates -establecido en el reglamento- en las próximas semanas. Pero luego requiere la promulgación el presidente Maduro, quien ya anunció que lo vetará.

    “A esta ley le espera un largo camino. La liberación de los presos pasa por resolver el conflicto institucional que vive el país” , declaró a la  AFP  el constitucionalista José Ignacio Hernández.

    El analista explicó que Maduro podría enviar el proyecto a revisión de la Sala Constitucional, el órgano más poderoso del Tribunal Supremo de Justicia  (TSJ) , al que la oposición acusa de servir al oficialismo, por lo que podría abrirse otro frente de tensión en el marco de la crisis institucional.

    El gobierno rechaza la amnistía al asegurar que beneficiará a “terroristas”  y “asesinos” , como considera a López, condenado en septiembre pasado a casi 14 años de prisión acusado de llamar a la violencia en las protestas de 2014 que exigían la salida del poder de Maduro, y que dejaron 43 muertes.

La diputada de la opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) Delsa Solórzano afirmó en su intervención ante el pleno que una ley de amnistía es “necesaria”  en Venezuela para “lograr la reconciliación nacional” .

“Hoy, después de 17 años de odio y división, que son sin duda alguna demasiados, para un pueblo como el venezolano, que siempre se creció, se hizo grande, en la unión y en el gentilicio venezolano, nosotros debemos unirnos para salir de esta crisis y construir juntos el futuro de Venezuela” , dijo Solórzano.

El proyecto cuenta con el total rechazo del chavismo representado por 54 diputados que, al igual que Maduro, sostienen que una amnistía para quienes, como López, participaron en aquellas manifestaciones, implicaría dejar impune a los responsables de la violencia.

El jefe de la fracción chavista del Parlamento, el diputado Héctor Rodríguez, señaló que lo que se está planteando con esa ley es que “no se castigue a los asesinos”  de los 43 muertos y más de 800 heridos de las protestas.

Tras un intenso debate, el proyecto de ley, que ha sido un punto de honor de los opositores tras ganar el control de Parlamento con 109 de los 163 legisladores que habitan en la Cámara, fue aprobado para ser remitido “de manera inmediata”  a la comisión permanente de Política Interior, leyó el secretario del Parlamento, Roberto Marrero.

El diputado opositor, Williams Dávila, solicitó que se declarase “urgencia parlamentaria”  para aprobar el proyecto de ley de amnistía, como un “acto que reafirma la reconciliación del alma y los corazones” .

“No estamos discutiendo aquí quién mató más o quién mató menos, (…) vengo a decir que es importante la reconciliación en el país, si nosotros queremos luchar contra la pobreza, si nosotros queremos sacar a Venezuela hacia adelante no puede ser una Venezuela dividida por reconcomios y proyectos políticos” , expresó Dávila.

Al debate asistieron tanto familiares de los opositores encarcelados como la esposa de López, Lilian Tintori, o la madre de este, Antonieta Mendoza, así como de algunas víctimas de las protestas de 2014 agrupados en el llamado “Comité de Víctimas de las Guarimbas y el golpe continuado” .

Ambos grupos sacaron fotos de sus familiares y se increparon durante el desarrollo del debate, al igual que los diputados de una y otra fracción.

Este proyecto debe ser sometido al debate interno de la comisión de Política Interior y “todos los sectores que se sienten beneficiados de la misma” , según la invitación que fue extendida hoy en el Parlamento.

Cumplido este paso debe ser llevado al pleno la exposición de motivos del proyecto para una primera discusión y, de ser aprobado, el contenido íntegro de la ley será discutido en un segundo debate para su aprobación, sin especificación alguna de los plazos para que estos pasos se cumplan.

La intensa discusión se dio al mismo tiempo en el que, a unas cuantas calles del Parlamento, Maduro encabezaba una manifestación oficialista, para conmemorar los 24 años del intento de golpe Estado dirigido por el entonces coronel del Ejército y posteriormente presidente venezolano, Hugo Chávez.

En el acto, Maduro confesó que producto de la caída de los precios del petróleo que han exacerbado la crisis económica del país, su gobierno ha hecho “de tripas corazón”  para pagar las pensiones y los salarios de los trabajadores.

Pese a las dificultades económicas del país que ha visto mermar hasta un 70 % de sus ingresos, presenta la más alta inflación del mundo y una severa crisis de escasez de productos básicos, Maduro aseguró que “al pueblo no le va a faltar ni trabajo, ni su remuneración, ni sus pensiones, ni su educación, ni nada” .

El mandatario venezolano también achacó la situación al dueño de las empresas de alimentos Polar, Lorenzo Mendoza, que, según él, declaró una guerra a la economía del país y pidió “recomendaciones contundentes”  a sus ministros del área económica sobre qué hacer con esta supuesta amenaza.

Maduro, quien se refirió a Mendoza como un “traidor a la patria” , “ladrón”  y “bandido” , pidió al pueblo “desenmascarar”  al empresario “en las calles” .

“Después de 17 años de odio y división, debemos unirnos para salir de esta crisis. El clamor que tenemos los venezolanos es de unión, paz y reconciliación nacional, por ello es tan necesaria la aprobación de la amnistía”, expresó la legisladora opositora Delsa Solórzano, desde la tribuna del hemiciclo.

La ley, a la que el gobierno de Nicolás Maduro y el oficialismo se oponen rotundamente, es una de las prioridades del Congreso, dominado por la oposición tras 17 años de hegemonía chavista.

Esta busca amnistiar a unos 75 presos y a personas que se han exiliado por su oposición al chavismo.

“No la apoyamos porque es una ley que pretende generar impunidad, mediante la cual los victimarios buscan perdonarse a sí mismos”, afirmó el jefe de la minoritaria bancada oficialista, Héctor Rodríguez.

Al presentar su informe de gestión ante el nuevo parlamento el 15 de enero, Maduro expresó su rechazo a la ley, aduciendo que dejaría en la impunidad las 43 muertes ocurridas en las protestas de 2014 que buscaban sacarlo del poder, y por lo cual se apresó entonces al opositor Leopoldo López, acusado de incitar a la violencia.

Maduro, cuyo gobierno niega que los detenidos sean presos políticos y los califica como “asesinos” y “golpistas”, propuso una comisión para resolver la situación de los detenidos, siguiendo modelos como el que se aplicará en el proceso de paz con las guerrillas colombianas o el del apartheid en Sudáfrica.

“Amnistía + reconciliación = paz”, se leía en un letrero que llevó al palco de invitados Lilian Tintori, esposa de López, condenado en septiembre pasado a casi 14 años de prisión, junto a familiares del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y seguidores del excandidato presidencial Manuel Rosales, también presos.
A la sesión también acudieron partidarios de Maduro y familiares de fallecidos en las protestas que rechazan la amnistía, con pancartas y fotos de las víctimas.

El proyecto fue aprobado en primera discusión por la mayoría calificada de la cámara para ser remitido “de manera inmediata”  a la comisión permanente de política interior, leyó el secretario del Parlamento, Roberto Marrero.

Además, fueron convocados a la Asamblea, según el texto leído por Marrero, “todos los sectores que se sienten beneficiados de la misma” .

Tras su debate en comisión, el proyecto deberá volver al pleno del Parlamento para su aprobación definitiva.

Nuevo conflicto

Tintori y otros parientes de políticos presos entregaron el 11 de enero el proyecto, elaborado por organizaciones no gubernamentales (ONG) y juristas, para que lo acogieran los diputados y le dieran trámite.

“Hoy comienza la cuenta regresiva para la reconciliación y la paz. Esta ley se trabajó por mucho tiempo, los mejores abogados participaron”, afirmó Tintori, vestida con camiseta blanca, a la prensa en el Palacio Legislativo.

Pero a la ley, según el experto constitucionalista José Ignacio Hernández, le espera una ruta plagada de obstáculos, pues, una vez que sea aprobada en segundo debate, el Parlamento deberá someterla a promulgación del presidente, quien tendrá diez días para hacerlo aunque ya anticipó que la vetará.

Estallará entonces un nuevo choque entre Ejecutivo y Legislativo que deberá finalmente dirimir el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -concretamente la Sala Constitucional-, al que la oposición acusa de estar al servicio del chavismo.

“Lo más probable es que el presidente lo remitirá a la Sala Constitucional, quien va a opinar que es inconstitucional, y se va a generar un conflicto institucional, pues la Asamblea insistirá en publicar la ley por sus propios medios”, declaró Hernández a la AFP.

El presidente del parlamento, Henry Ramos Allup, reconoció que el debate y posterior aprobación de la ley generará otro forcejeo con el TSJ.

“Nosotros no solo tenemos la razón jurídica y política, sino, sobretodo, la razón moral”, declaró Ramos Allup.

Un primer capítulo del conflicto de poderes ocurrió apenas instalado el parlamento el 5 de enero, cuando el TSJ obligó a la bancada opositora a separar a tres de sus diputados cuya elección fue impugnada por el oficialismo.

“El verdadero problema de fondo no es la amnistía sino la situación del Poder Judicial en Venezuela”, concluyó Hernández.

Mientras avanzaba el debate, miles de chavistas marchaban hacia el palacio presidencial de Miraflores para conmemorar el fallido golpe de Estado de Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992.

En el masivo acto Maduro dijo que tras ganar el control de la Asamblea en diciembre pasado por amplio margen, los dirigentes de la oposición “amenazan que vienen pacá”.

“¿El pueblo va a permitir que la oligarquía, que ganó la Asamblea Nacional por la confusión de un sector de nuestro pueblo, tome el poder político en Miraflores?”, se preguntó el mandatario socialista en la concentración que conmemoró el fallido golpe de Estado comandado por Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992.

“Para eso es que nos estamos preparando, para no permitirlo ni por una vía ni por la otra, ni por las buenas ni por las malas”, aseguró el gobernante ante miles de partidarios vestidos con prendas rojas, el color característico del chavismo.

En cumplimento de condena existen 10 mil 290 internos: nueve mil 378 hombres y 912 mujeres, que representan el 51.52 por ciento.

Hacinamiento

Las complicaciones se deben a que el SP tiene capacidad para 6 mil 793 presos, pero a la fecha mencionada las 27 cárceles tenían, en conjunto, un triple de población para la cual están acondicionadas.

En el caso de quienes guardan prisión preventiva, no solo esperan poder ir a juicio y con ello solventar su situación jurídica, sino que algunos están presos por no haber pagado una multa o por delitos menores.

A decir de expertos, una forma de descongestionar las prisiones es que a estas personas se les otorguen medidas sustitutivas adecuadas y a los condenados que hayan cumplido más de la mitad de la sentencia se les aplique la redención de penas, atendiendo cada caso en particular.

Sin capacidad

El defensor del Debido Proceso de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Gerardo Villamar, señaló que desde 1996 las cárceles llenaron su capacidad y empezaron a rebasar los seis mil 800 espacios disponibles en los 22 reclusorios existentes.

Agregó que 20 años después todo ha ido en aumento. Cuando hablaban del cien por ciento de hacinamiento era porque, en el 2012, ya se superaban los 12 mil reos y no había espacios o edificios adicionales.

“Del 2012 al 2015, con la coyuntura de mano dura, aumentaron las capturas, pero sin mucho fundamento para poder dejarlos sentenciados. En el momento actual, más de nueve mil que están en situación preventiva son personas que podrían tener alguna medida sustitutiva y no esperar en la cárcel hasta que las sentencien”, dijo el experto.

Antecedente

El guatemalteco Byron Titus, experto en temas carcelarios y residente en Estados Unidos, explicó cómo reduje ron la sobrepoblación en prisiones de Massachussets, donde trabaja.

“Teníamos una sobrepoblación del 96 por ciento. Hoy, considerando el incremento poblacional del área, la mantenemos “controlada” a un 80 por ciento. Hoy tenemos más privados de libertad bajo el sistema de arresto domiciliario que en la cárcel. Cada privado de libertad en la prisión nos cuesta US$45 mil anuales, pero bajo arresto domiciliario solo US$5 mil y bajo supervisión constante”, dijo.

Titus aclaró que no todos los reos califican para un arresto domiciliario.

“Debe reunir varias condiciones, como el deseo de rehabilitarse, buena conducta, superación personal —demostrada al trabajar o estudiar una carrera— y pagar restitución a la comunidad —servicio social, asumir responsabilidades familiares, pagar impuestos—.

Abandono

Villamar afirmó que el SP quedó en total abandono porque la Ley del Régimen Penitenciario, aprobada en el 2006 y que entró en vigencia en 2007, era su salvación, pero el reglamento salió después de cuatro años, con lo cual se deterioraron más las cárceles.

En las disposiciones transitorias de esa normativa se instruye al Organismo Ejecutivo que debe adecuar la infraestructura de los centros de detención preventiva y de condena.

“Como mínimo, se deberá contar con un centro de detención preventiva en cada departamento, un centro de cumplimiento de condena por región y dos de máxima seguridad en el país”, establece la Ley.

Titus expuso que en Guatemala ha habido falta de compromiso de las autoridades y no ha habido ninguna administración que entienda a fondo la problemática carcelaria ni los beneficios de enfocarla y resolverla.

“Las administraciones anteriores y presente han visto esto como oportunidades de negocio, de beneficio personal y no comunitario. Han fallado al entender que al reformar el SP los beneficiados, más que los privados de libertad, son, en sí, la comunidad, la ciudadanía, la sociedad en general, que vive en zozobra, puesto que estas cárceles se han convertido en centros logísticos desde los cuales se ordenan extorsiones y asesinatos; también por falta de aplicación de la ley”, enfatizó.

En los siete años anteriores, se registraron apenas una veintena de libros escritos en las cárceles, según datos facilitados a Efe por la Administración Nacional de Prisiones.

El escritor entre rejas más activo es, sin duda, el empresario George Copos, expropietario del club de fútbol Rapid de Bucarest, que cumple una condena de cuatro años por evasión fiscal.

Gracias a obras sobre historia rumana y economía, todas de dudosa calidad, su pena ha sido reducida en cinco meses.

Otro preso, que se prodigó con cuatro obras durante los dos cortos periodos que pasó entre rejas fue el exprimer ministro socialdemócrata Adrian Nastase, condenado por financiación ilegal de su partido en el 2012 y luego por soborno en el 2014.

La ley rumana que permite esto -única en Europa, según la Fiscalía anticorrupción- no contempla ningún límite de obras que se pueden publicar para reducir las penas ni extensión de las mismas.

Todos los presos, independientemente de la naturaleza de su crimen, pueden en teoría beneficiarse de este ventaja penitenciaria.

La única condición es que estos libros, de contenido académico o científico pero no literario, sean publicados por una editorial reconocida por el Ministerio de Educación.

“Si escribes uno, dos o tres títulos, entonces tu pena se reduce en 30, 60 o 90 días” , explica en declaraciones en Bucarest Ion Cazacu, abogado defensor de Copos.

Ante la reciente avalancha de publicaciones han surgido disputas entre la Fiscalía anticorrupción y los centros penitenciarios que tienen la potestad de aprobar la reducción de las condenas.

“Ha habido casos en los que un fiscal se ha opuesto, pero el juez ha aplicado la ley al mostrar que resulta correcto que el preso en cuestión se pueda beneficiar de la rebaja” , recuerda el abogado.

“La Comisión Penitenciaria es la única que decide si el trabajo cumple las condiciones” , explica Cazacu.

Otro de los beneficiarios de esta ley ha sido el antiguo capitán del FC Barcelona Gica Popescu, quien salió esta semana de la cárcel.

Un tribunal le concedió la libertad condicional tras pasar un año y ocho meses en prisión por fraude fiscal y blanqueo de capitales.

El juez apreció que Popescu haya escrito varios libros mientras estaba en prisión, uno de ellos sobre la enseñanza del futbol en las escuelas del país balcánico.

Entre las obras más controvertidas escritas en una prisión rumana está una de Sorin Ovidiu Vantu, un magnate de los medios de comunicación y fundador de un esquema piramidal fraudulento.

Por su parte, el excéntrico propietario del Steaua Bucarest, Gigi Becali, ha dado rienda suelta a su musa literaria con un libro sobre la espiritualidad cristiana ortodoxa.

Ante trabajos de este tipo, todos autorizados para reducir las penas de sus autores, la Fiscalía Anticorrupción ha criticado que, a la hora de conceder la rebaja de condenas, no se tenga en cuenta la calidad de las obras.

Sin embargo, los jueces rumanos consideran que no es competencia de los fiscales “censurar”  los trabajos desde el punto de vista científico, explica el abogado de Copos.

Así las cosas, todo indica que los presos famosos en Rumanía seguirán intensificando su pasión por la escritura.

“No esperamos milagros en ese terreno, pero no se pierde la esperanza de que el Papa pueda pedir al Gobierno más democracia y respeto a los derechos humanos, aunque fuera en privado”, dijo José Daniel Ferrer, que dirige la Unión Patriótica de Cuba, un grupo opositor del oriente de la Isla.

Francisco, artífice de la histórica distensión entre Cuba y Estados Unidos, oficiará dos misas campales en la Isla, en la capital y en Holguín y una tercera en el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona nacional, en Santiago de Cuba.

Además, se entrevistará con el presidente Raúl Castro, quien ha elogiado su prédica social y asegurado su presencia en todas las misas, y con religiosos cubanos.

“La principal expectativa es que el Papa se manifieste sobre el tema de las libertades fundamentales, del hostigamiento a los opositores, y que logre algún compromiso del gobierno”, expresó el disidente Antonio Rodiles.

En 1998, el papa Juan Pablo II pidió respetar los derechos humanos, principalmente las libertades de asociación y expresión, en el mensaje más fuerte que lanzó durante su histórica visita a la isla comunista.

En tanto el papa Benedicto XVI dijo antes de arribar a la isla en el 2012 que la ideología marxista “tal como había sido concebida, no responde ya a la realidad”, por lo que “conviene hallar nuevos modelos”.

Sin esperanza

“La visita de Francisco no traerá nada positivo para los opositores cubanos”, dijo Berta Soler, líder de las opositoras Damas de Blanco, Premio Sajarov Parlamento Europeo en el 2005.

“Se habla mucho de acercamiento con Estados Unidos, pero nada se dice de represión, de justicia, de libertad”, agregó Soler, quien pidió en julio una audiencia con el Papa en La Habana a través de la Nunciatura.

Soler solicitó lo mismo en 2012 en la visita de Benedicto XVI, pero el pontífice alemán no la recibió.

La activista se quejó de que “la jerarquía de la Iglesia Católica ni la Iglesia local se hayan pronunciado sobre la represión”  que sufren los disidentes en Cuba.

Insuficiente

Como gesto de buena voluntad por la visita papal, el gobierno de Raúl Castro indultó a 3  mil 522 presos, la mayor cifra desde el triunfo de la revolución cubana en 1959, pero los disidentes lo calificaron como un paso “limitado”.

“Desde el punto de vista humanitario nos alegamos enormemente por ese indulto, ya que las prisiones cubanas son muy duras”, pero “lo vemos como una de esas jugadas maestras a las que el régimen nos tiene acostumbrados”, dijo Ferrer.

Es un “gesto muy limitado, pues no se ha excarcelado a ningún preso político”, dijo Sánchez, quien afirmó que en las cárceles cubanas hay unos 60 presos políticos, aunque oficialmente no hay ninguno.

En el 2010 y el 2011 el gobierno cubano liberó a unos 130 presos políticos tras una mediación de la Iglesia, incluidos los últimos 52 de los 75 disidentes que habían sido condenados en el 2003.

Además, en enero de este año el gobierno liberó a 53 reclusos que Washington consideraba presos políticos, como gesto tras la distensión con Estados Unidos.

El Papa continuará su viaje el 22 de septiembre a Estados Unidos.

(Video: Youtube/Afpes).