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Entidades públicas destinan menos del 1% a prevenir desastres en Guatemala

La Conred informó que 225 de 340 municipalidades aplican estrategias y destinan recursos a programas de prevención.

Fátima Najarro

22 de octubre de 2025 | 07:31h

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La Conred reporta 25 personas damnificadas en Nueva Concepción, Escuintla, tras la inundaciones de sus viviendas, a causa del desborde del río Coyolate. (Foto Prensa Libre: Conred).

Guatemala no destina ni el 1% del presupuesto público a la gestión de riesgos. Aunque la ejecución de este rubro avanza, los resultados aún no son claros. Mientras tanto, la falta de modernización de los sistemas de drenaje y desfogue seguirá provocando inundaciones cada vez más frecuentes, advierte un experto.

Si bien la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) es la entidad encargada de dirigir la gestión de riesgos y la respuesta ante desastres naturales, posee limitaciones presupuestarias y operativas. No obstante, otras entidades del Ejecutivo y algunas municipalidades cuentan con fondos específicos para esa tarea.

De acuerdo con los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) tiene asignados Q261 millones para gestión de riesgos, de los cuales ha ejecutado el 68%. Unidades como la Dirección General de Caminos, Conservación Vial, Construcción de Edificios del Estado y el Fondo Social de Solidaridad manejan dicho presupuesto.

El Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) cuenta con Q304 millones, de los que ha utilizado el 61%. Por su parte, las municipalidades, por medio de los Consejos de Desarrollo, destinaron únicamente Q503 mil, los cuales ya se ejecutaron en su totalidad, según el portal de transparencia.

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Plan nacional

Conred afirmó que está vigente el Plan Nacional de Gestión de Riesgo, el cual vincula los programas y presupuestos institucionales con resultados estratégicos, aunque sin detallar acciones ni resultados concretos. La entidad aclaró que dicha iniciativa no es liderada específicamente por el presidente Bernardo Arévalo.

“La prioridad es que las instituciones gubernamentales, municipalidades, iniciativa privada, sociedad civil y academia incorporen la gestión de riesgo en sus políticas, planificación estratégica institucional y presupuestos”, aseguró la Conred.

Añadió que los ejes del plan son: gestión del conocimiento e información, gobernanza y participación ciudadana, inversión para la reducción de desastres, y preparación y respuesta ante desastres.

Conred ha destinado este año poco más de Q1 millón 200 mil a campañas de educación para la reducción de riesgos dirigidas a la población, de acuerdo con el portal Guatecompras. Se trata de pautas publicitarias en medios de comunicación locales y nacionales por la temporada de lluvias, la temporada ciclónica y la concienciación sobre el manejo de desechos.

Alcaldías sin coordinación

La entidad también asegura que 225 municipalidades están implementando estrategias de gestión de riesgo e invirtiendo en programas específicos para fortalecer la capacidad municipal.

Sin embargo, no todas las alcaldías cumplen con tener una Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (Comred). Durante las emergencias ocasionadas por los fenómenos Eta e Iota, solo el 43% de las alcaldías contaban con una oficina encargada de estas tareas, y en algunos casos solo una persona asumía esa función.

Las Comred son responsables de identificar zonas de riesgo, formular planes de prevención, elaborar respuestas ante emergencias y asesorar a las autoridades ediles en la toma de decisiones.

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Diálogo nacional

El doctor en ingeniería civil Sergio García, del Centro de Resiliencia ante Desastres Naturales de la Universidad de Maryland, exhorta a impulsar un diálogo nacional o una gran estrategia que permita la colaboración entre sectores para fortalecer la gestión de riesgos.

“Deben tener un análisis y conocimiento del riesgo a desastres. Hoy en día eso se hace más o menos en proyectos nuevos por parte de municipalidades y ministerios, pero en la revisión no se entiende el riesgo desde la probabilística y no se mide la frecuencia y magnitud de las lluvias”, indicó.

Explicó que eso provoca inundaciones más frecuentes porque la infraestructura está desactualizada, como el alcantarillado y los desfogues, los cuales no corresponden a las intensidades actuales de precipitación.

También subrayó la necesidad de romper con el paradigma de que los eventos naturales no se pueden predecir, ya que con estudios e infraestructura es posible monitorearlos hasta con 72 horas de anticipación en el caso de las lluvias.

“Las vulnerabilidades son muy grandes, pero podemos tener un cierto entendimiento de la frecuencia y magnitud de las amenazas naturales, y desde ahí decidir hasta qué punto se quiere invertir y qué pérdidas se pueden asumir”, sostuvo García.

Reconoció que las condiciones sociales también deben tomarse en cuenta para las acciones orientadas a la reducción de desastres. Añadió que una medida sería contar con supervisores gubernamentales capacitados en el día a día de las obras, para asesorar en la toma de decisiones del personal técnico en campo.

¿Por qué la corrupción hace más graves los desastres en Guatemala?

Atender la gestión para la reducción del riesgo de desastres representaría para el país un ahorro de entre Q7 y Q12 por cada quetzal invertido; sin embargo, la corrupción es un obstáculo para lograrlo.

Ana Lucía Ola

1 de octubre de 2025 | 00:06h

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Guatemala es altamente vulnerable a desastres como derrumbes y deslizamientos provocados por las lluvias. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En los últimos días, las lluvias han provocado desastres; en julio pasado, una serie de sismos alarmó a los guatemaltecos, y un mes antes, la actividad del volcán de Fuego causó zozobra entre la población. El país se encuentra en constante riesgo por desastres que ponen en peligro a la población, sin que se implementen acciones para minimizar el riesgo.

Guatemala ocupa el segundo lugar entre los países más vulnerables de la región; sin embargo, la corrupción es un obstáculo para prevenir desastres y construir obra que resista los embates de la naturaleza. Hacerlo representaría no solo salvar vidas humanas, sino también un ahorro económico para el país, según Alejandro Maldonado, exsecretario ejecutivo de la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred).

¿Qué tan vulnerable es Guatemala ante los drásticos eventos climáticos que se registran?

Hay una publicación anual que elaboran entes científicos y cada año publican un índice de riesgo para países del mundo. En el caso de Guatemala, siempre salimos mal calificados. Es el segundo lugar a nivel del continente americano de mayor riesgo a desastres.

Este índice considera más de 100 indicadores y los primeros se relacionan con la pregunta: ¿cuáles son los eventos más probables?, y son tres: inundaciones, deslizamientos y sismos.

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Los indicadores se dividen en una serie de categorías, algunas orientadas a la capacidad para prevenir desastres, para responder a ellos y la capacidad de resiliencia. En todos estamos mal calificados.

La inversión que se hace en obras de mitigación, de prevención, es mínima comparado con las necesidades del país y con los beneficios que obtendríamos al invertir en la prevención de desastres.

Se analizan otros indicadores como educación, corrupción, pobreza, desigualdad. La combinación de esos factores hace que Guatemala sea extremadamente vulnerable y, por consiguiente, el riesgo es elevado para el país.

¿Son los eventos a los que nos enfrentamos tan fuertes o la infraestructura y condiciones son débiles, que ocasionan serios desastres?

Son las dos. Hemos sufrido eventos de grandes proporciones como Mitch, Agatha, los terremotos de 1976 y 2012, que han dejado sentir el fuerte impacto en el país, pero al mismo tiempo vemos una recurrencia casi cotidiana de desastres, porque somos altamente vulnerables y no estamos preparados. Entonces, cualquier evento, aunque sea pequeño, va a generar desastres, prevenibles al implementar medidas de protección.

¿Guatemala ha apostado por la gestión de riesgo?

El país fue líder a nivel regional en la materia y éramos ejemplo para seguir; incluso, asesoró a otros países en temas como sistemas de alerta temprana. Equipos de expertos de la Conred fueron enviados a lugares como África a enseñar los avances que teníamos.

Tenemos un hito importante en la prevención de desastres con la aprobación de normas para la reducción: la NRD-1, que, con apoyo de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica, define los aspectos del diseño de estructuras, desde estudios preliminares como geotécnicos, geológicos, hidrológicos, y parámetros como los niveles de cargas que se tienen que aplicar a las estructuras.

La NRD-3 ya no habla del diseño estructural, sino de la calidad de los materiales de construcción utilizados para la construcción de las obras. Luego la NRD-2, que regula las salidas de emergencia, rutas de evacuación, etcétera.

Ahí tenemos un set de normas que ayudan a reducir la vulnerabilidad del país, aumentando su resiliencia. Si bien su cumplimiento es obligatorio, tenemos el reto de que el propio Estado cumpla con la normativa y de exigirle a toda la construcción privada que se adapte y que cumpla.

Las municipalidades tienen que desarrollar los Planes de Ordenamiento Territorial. Desafortunadamente, tuvimos un buen inicio, pero no se ha traducido en un seguimiento y aplicación. Aunque es obligación para todas las comunas tenerlos, son pocas las que tienen esa herramienta, pero también hay que ver si consideran el tema de reducción de riesgos de desastres.

Se comenzó a trabajar el tema del cambio climático y de la gestión de desechos sólidos y de las aguas negras, pero han quedado en el limbo.

Tenemos una deuda en todos estos temas. Íbamos muy bien y de repente algo sucedió, que ya no se le dio seguimiento a todas estas políticas, que tienen que ir combinadas con otras relacionadas con el desarrollo del país, como la pobreza y la desigualdad, que aumentan la vulnerabilidad.

¿Aparte de los desastres naturales hay otras amenazas en el país?

Sí, están las que le llaman tecnológicas o de origen humano o antropogénicas. El tema de accidentes viales, accidentes con materiales peligrosos —involucran material radioactivo, como el que se utiliza para fines de diagnóstico médico—, los incendios forestales.

Cada año nos enfrentamos a emergencias por la lluvia, pero al pasar la temporada nos despreocupamos del tema. ¿Son estos eventos consecuencia de la mala gestión institucional? ¿Qué instituciones son las responsables de que haya poblaciones en áreas de riesgo constante?

Es una combinación de todo y hay mucha responsabilidad del Estado y del sector privado.

Tenemos las normas de reducción de desastres, pero ni siquiera el Estado las cumple al 100%; ahí tenemos una debilidad importante.

En el 2001, la Conred, junto con la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, hizo una evaluación de 4 mil edificios del Estado, y un buen porcentaje salió deficiente, pero hoy en día ninguno se ha intervenido para reducir su vulnerabilidad y riesgo. El argumento de los ministros siempre ha sido que no tienen presupuesto para intervenir y corregir los problemas.

La situación empeora porque la nueva infraestructura que se construye no tiene preasignado un presupuesto para su mantenimiento, y muchas veces son diseñadas incumpliendo la normativa de reducción de desastres. Entonces, el resultado es un impacto desmedido de los desastres.

Estudios del Banco Mundial indican que por cada quetzal que Guatemala invierta en la prevención y en la mitigación, ahorra de Q7 a Q12 en la respuesta. Es una excelente inversión el trabajar en la gestión para la reducción de riesgos de desastres, pero desafortunadamente no se mira.

¿Qué tan importantes son los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) para evitar desastres?

Es extremadamente importante, pero que se implementen en combinación con las otras herramientas, porque no necesariamente construir en una ladera es de alto riesgo, sino depende del tipo de construcción y de las obras de protección y de mitigación que se den.

Tenemos que combinar los POT con herramientas técnicas, como las normas de reducción de desastres; de esa manera vamos a tener un impacto.

El problema es que muchos de los asentamientos precarios: uno, están fuera del POT; dos, construyen sin cumplir con ninguna norma y sin ningún control de calidad de materiales de construcción. Ahí tenemos ese elevado riesgo, que es el resultado de hacer las cosas mal. Pero no hay que verlo aisladamente, porque la gente no construye el riesgo porque quiera, sino porque no tiene la capacidad económica, ni la asesoría ni los recursos para hacerlo de forma diferente. El enfoque integral es fundamental para reducir la vulnerabilidad.

¿Qué papel juega la corrupción en el nivel de riesgo al que están expuestas las poblaciones?

Es uno de los principales disparadores de desastres en el país. Si se mira la infraestructura vial, de escuelas, de hospitales, es realmente preocupante la mala calidad de las obras. En el terremoto de San Marcos vi que los muros perimetrales de las escuelas no tenían una sola varilla de refuerzo, era pura mampostería. Eso pone en peligro a los niños y es una irresponsabilidad, pero es el resultado de la corrupción, porque en Guatemala tenemos buenos ingenieros, la capacidad para diseñar y las normas para hacerlo bien, pero la corrupción permite que se hagan de la vista gorda y no se cumplan con estos elementos.

Hacer obras normalmente abre las puertas al desembolso de fondos, y lo que interesa no es hacerlas bien, sino ejecutar ese presupuesto, y los intereses políticos de los funcionarios no están normalmente alineados con la prevención, porque desafortunadamente el hacer un buen trabajo, que no sea vulnerable, es invisible a la población.

Además, no hay un incentivo político, porque no es visible el trabajo en gestión y en prevención de desastres; son obras que se realizan, pero nadie le va a dar las gracias al político ni le va a representar votos, porque no hay visibilidad en ese tema. En cambio, inaugurar un puente y hacerlo rápido y en tiempo récord, eso sí genera votos.

¿Cuál es el mayor costo de no atender la gestión para la reducción del riesgo de desastres?

No podemos medir el impacto de la pérdida de vidas humanas, pero los mecanismos que utilizan, por ejemplo, la CEPAL al evaluar el impacto de los desastres, es dividir el impacto en los costos directos y los indirectos y las pérdidas que se puedan dar como consecuencia del impacto de los desastres.

Por ejemplo, si se pierde un puente, este tiene un costo, pero no tener funcionando el puente genera pérdidas adicionales en el largo plazo. El impacto de los desastres va más allá de solo el costo directo de los daños.

¿Si tenemos herramientas para la reducción de desastres, qué impide pasar del papel a la práctica?

Requiere de voluntad política. Además, la gestión de riesgos no se traduce en votos. Si el que toma las decisiones no tiene un incentivo de invertir y de trabajar en prevención de desastres, tenemos un enorme obstáculo.

Por otro lado, aplicar las normas de la NRD-1, la NRD-3, implica menos oportunidad de robo, porque se tiene una línea base científica sobre la cual medir la calidad de la obra que se ejecuta. Entonces, la corrupción es otro de los obstáculos para hacer el trabajo. Luego tenemos el tema presupuestario. Normalmente, nuestros presupuestos son limitados y se invierte en prioridades que no incluyen la gestión de reducción de riesgos de desastres.

Tristemente, las obras de desarrollo que están programadas y que se van a ejecutar no incluyen el componente de prevención de desastres, porque esto aumenta un 5 % o 10 % la inversión, sin un resultado directamente visible.

La solución es la voluntad política. Necesitamos autoridades comprometidas con la gestión para la reducción de riesgos de desastres.

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Fondos por Q800 millones para respuesta ante desastres sigue inactivo pese a solicitudes de alcaldías

Alcaldes aseguran desconocer los procedimientos, y diputados critican la falta de acción del Gobierno.

Fátima Najarro

25 de julio de 2025 | 00:10h

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Vecinos de Santa María de Jesús, Sacatepéquez, esperan a que la maquinaria pesada termine de despejar el paso para dirigirse a los diferentes destinos sobre la carretera de San Juan el Obispo. (Foto Prensa Libre: Esbin García.)

El Estado cuenta con un fondo para emergencias disponible para ser utilizado ante cualquier catástrofe. El monto asciende a Q110 millones, asignados a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), los cuales no han sido activados en lo que va del año, según una discusión reciente en la Comisión de Vivienda del Congreso.

El artículo 119 del Decreto del Presupuesto General del 2025 establece una asignación de Q110 millones para la atención de emergencias. Este fondo puede ser utilizado tras la declaratoria de Estado de Calamidad, avalado por el Congreso.

De no invertirse, al final del año los recursos remanentes se transfieren a un fondo emergente, administrado por el Ministerio de Finanzas. Dicho fondo puede destinarse a obras de mitigación propuestas por las municipalidades o empresas municipales.

Además, existe un fondo emergente de Q690 millones para obras de mitigación que pueden utilizarse sin necesidad de declarar un Estado de Calamidad.

Prioridad

La asignación presupuestaria de Q110 millones para el 2025 establece como prioridad la mitigación y prevención de desastres. Sin embargo, a la fecha no hay ningún proyecto en ejecución con dichos fondos. Hasta hace pocas semanas, tampoco existía una ruta administrativa para acceder a ellos.

Algunas alcaldías han presentado solicitudes para obras de mitigación; hasta ahora suman 127, las cuales están bajo evaluación. Ni en la citación en el Congreso ni en consultas directas fue posible que Conred detallara la totalidad de las obras requeridas ni su localización.

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“Alcaldes de todos los departamentos han postulado los proyectos que ellos consideran urgentes, por lo que se está evaluando cuáles son prioritarios por la época de lluvias”, puntualizó Conred durante la reunión con diputados.

Aunque por ahora no se conocen los proyectos evaluados, Conred mencionó que en la ciudad capital se presentaron propuestas para la zona 18, zona 21 y el barrio El Gallito, en la zona 3.

Sin ejecución

El país está expuesto a fenómenos naturales, como los sismos por actividad de la falla de Jalpatagua, que pusieron en alerta a la población. En conferencias de prensa, se cuestionó al presidente Bernardo Arévalo si se utilizaría el fondo de Q110 millones para atender las necesidades. La respuesta fue negativa, ya que hay disponibilidad presupuestaria en otras dependencias y no es necesaria la declaratoria de Estado de Calamidad.

Remanente de ejercicios anteriores

Los fondos no utilizados de años anteriores suman Q690 millones, según informó la secretaria ejecutiva de Conred, Claudinne Ogaldes, durante la citación en la Comisión de Vivienda.

Los diputados participantes cuestionaron el uso de los recursos. “Acá el hallazgo más importante es que, pasado el medio año, este Gobierno no tenía un procedimiento para ejecutarlo”, señaló la diputada Nadia de León, presidenta de la comisión.

Agregó que, por petición de esa sala de trabajo, el Consejo de Ministros aprobó la ruta administrativa para la revisión y aprobación de los proyectos. Además, la comisión dará seguimiento a la ejecución de los fondos.

“Es una ingratitud. En un país altamente vulnerable ambientalmente es importante que se ejecute”, detalló De León, al destacar el uso que pudo haberse dado ante los recientes sismos.

Desconocimiento

El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero, aseguró que desconocía el procedimiento y la posibilidad de solicitar obras mediante ese fondo. Esa condición se extiende a otros alcaldes.

Comentó que Conred coordina con las alcaldías la instalación de albergues y el requerimiento de raciones de comida y catres en situaciones de emergencia, pero nunca se les ha informado sobre proyectos de mitigación.

“Desconocemos sobre esos fondos y obras con el Cuerpo de Ingenieros”, insistió Siero.

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Procedimiento

El artículo 119 de la Ley del Presupuesto delimita el uso de los fondos para mitigación ante emergencias. La norma asigna a Conred la valoración de las obras en función del número de afectados, el impacto en la economía y el comercio local, para emitir la constancia que permite crear los proyectos.

En la ruta ya establecida, es responsabilidad de la municipalidad atender los requerimientos de Conred, que luego verifica su cumplimiento. La aprobación de las obras corresponde al Consejo Nacional, conformado por diez entidades del sector público y privado. La ejecución queda a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

Terreno suelto y empinado: cómo es el área donde ocurrió el derrumbe en la ruta al Atlántico y qué riesgos tiene la zona

Laderas empinadas y rocosas predominan en la ruta al Atlántico, así como las áreas de extracción, lo que convierten la zona en peligrosa, asegura experto.

Sandy Pineda

8 de octubre de 2024 | 16:10h

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Un derrumbe de grandes proporciones afecta el kilómetro 61 en ruta al Atlántico. El incidente ocurrió el domingo 6 de octubre por la tarde. (Foto Prensa Libre: Ejército)

El derrumbe en ruta al Atlántico en el kilómetro 61, en Agua Salóbrega, Sanarate, El Progreso, evidenció que este tramo sigue siendo propenso a desprendimientos.

En un análisis preliminar después del incidente, el ingeniero Manuel Mota explica que la zona presenta factores de riesgo, al igual que varios tramos de esta ruta principal en Guatemala, debido a los taludes pronunciados y la inestabilidad natural del terreno.

El área donde ocurrió el derrumbe está cerca de una zona con antecedentes de extracción de materiales, aunque no en el punto exacto del desastre.

Mota menciona que hay extracción de piedra en las cercanías, especialmente en un lugar llamado “La Chifurnia” y más cerca de Sanarate.

Aunque las autoridades no han confirmado el nivel de riesgo en este tramo, el ingeniero señala que este incidente, sumado a otros anteriores en la misma ruta, evidencia que existen riesgos latentes en el área.

“Desde mi punto de vista, yo lo tomo como un nivel alto de riesgo. Al observar en los videos cómo se van desprendiendo los bloques, eso es una muestra clara de que el terreno está muy inestable y el material es muy suelto”, explicó Mota.

Lea también: CIV instalará una borda por el derrumbe en el km 61 de la ruta al Atlántico

Según el entrevistado, el área fue vulnerable debido a la inestabilidad del terreno, que se puede agravar por las lluvias.

Aunque no hubo precipitaciones en el momento del desastre, las lluvias anteriores podrían haber desestabilizado la pendiente.

“El problema es que cuando llega un punto donde la tierra ya perdió toda su capacidad de sostenerse a sí misma en forma natural, definitivamente, en cualquier momento, puede puede caer”, agrega.

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Ruta vulnerable

A lo largo de la ruta al Atlántico varios tramos presentan pendientes pronunciadas, con formaciones rocosas incrustadas entre las capas de las laderas.

En algunos puntos, las inclinaciones son bastante acentuadas, lo que incrementa la vulnerabilidad del terreno y los riesgos para los vehículos que transitan por el trayecto.

“Es una zona que tiene características muy malas. Si usted recorre en la actualidad esa ruta, usted va a ver en época de lluvia que hay tramos que se desprenden fácilmente”, describió Mota.

La zona tiene una historia de deslizamientos, caída de rocas grandes y otros incidentes recurrentes, especialmente en temporadas lluviosas.

“No se puede dudar de que cualquier terreno es propenso al llover, pero que haya un tramo tan extenso donde se miren seguido los incidentes, usted dice, bueno, aquí hay una ruta importante que tratar”, puntualizó.

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Mota recordó que en la ruta se han registrado múltiples percances, incluyendo uno significativo en 1976 durante el terremoto, lo que obligó a rediseñar la carretera.

“Si nos vamos un poco a la historia, en el terremoto, en donde ocurrió ahora el derrumbe, un poco más abajo en dirección a El Rancho —El Progreso—, ahí se registró uno de los deslizamientos más grandes que bloqueó completamente la carretera en aquel entonces”, mencionó.

Fue un evento bastante grande que obligó incluso a cambiar el trazo de la carretera en el momento de la reconstrucción, recordó.

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El material del talud en el incidente del domingo 6 de octubre estaba muy suelto y susceptible a deslizamientos, según observó.

Pequeñas perturbaciones, como la vibración de vehículos, podrían haber desencadenar este tipo de colapsos. Son diversos factores que unidos, pueden generar el riesgo de desastres como este último percance.

Derrumbes bloquean totalmente el paso en el km 61 ruta al Atlántico pic.twitter.com/OEhxUFkESa

— Clima Guatemala (@ClimaenGuate) October 6, 2024

Lea también: Terremoto de 1976 en Guatemala: experto explica por qué fue tan devastador y responde si pudiera repetirse

Medidas preventivas

El entrevistado sugirió que se deben tomar medidas preventivas, como monitorear y analizar los taludes durante la época seca, identificando zonas problemáticas y tomando acciones antes de la llegada de la temporada de lluvias.

“La prevención debe ser prioritaria, no solo la respuesta reactiva”, afirmó.

Mota indicó que las autoridades deben implementar medidas de mitigación basadas en estudios técnicos de las características de los tramos en riesgo.

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Se mencionan ejemplos como reducir la inclinación de los taludes o instalar mallas protectoras, como en otros tramos de la carretera.

El ingeniero comparó el caso del Libramiento de Chimaltenango, donde hay problemas similares. En ese tramo estima que los derrumbes no fueron previstos debido a la falta de estudios detallados.

Por ello, Mota resaltó la importancia de realizar estudios geotécnicos específicos y periódicos para determinar las intervenciones adecuadas y prevenir futuros incidentes.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó este martes 8 de octubre de 2024, que debido al riesgo de que continué cayendo tierra y rocas, se construirá una borda en el lugar para redudcir la caída de escombros sobre la carretera.

Lea también: La red vial de Guatemala debe aumentar 1,200 kilómetros anuales, pero solo se construye la sexta parte

Saturación de los suelos en Guatemala alcanza el 90% y hay 14 departamentos en alerta

Hundimientos, socavones desprendimientos, cortes en laderas y otros peligros, como desbordamientos e inundaciones han vuelto vulnerables a 14 departamentos del país.

Sandy Pineda

24 de junio de 2024 | 11:07h

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La saturación del suelo en Guatemala eleva el riesgo de desastres naturales, como inundaciones y deslizamientos de tierra, en 14 departamentos del país. (Foto Prensa Libre: Conred)

Las lluvias continúan saturando los suelos en todo el territorio guatemalteco, manteniendo la advertencia de riesgo en 14 departamentos. En estas regiones, la saturación ya alcanzó un nivel igual o mayor al 90 por ciento en la capa superior del suelo.

Esto implica que los suelos tienen muy poca capacidad para infiltrar el agua, lo que aumenta el riesgo de desbordamiento de ríos, riachuelos, quebradas y zanjones, causando crecidas e inundaciones.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) advierte sobre la necesidad de mantenerse alerta e identificar tanto las zonas de riesgo como las zonas seguras ante la posibilidad de una emergencia.

La señal de precaución se mantiene debido al aviso de una temporada de lluvias inusual e histórica para Guatemala en 2024, con un incremento del 25 al 50 por ciento en las precipitaciones entre junio y julio en comparación con años recientes.

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Departamentos afectados por la saturación de suelos

La saturación de suelos está afectando, según el reporte más actualizado hasta el 24 de junio de 2024, en el norte del país, en Petén, así como en la región de la Franja Transversal del Norte.

Además, también se han visto afectados departamentos en Oriente, Occidente, Caribe (Izabal), Pacífico y en el Altiplano Central.

El Insivumeh establece la saturación de suelos bajo un modelo proporcionado por el Sistema Guía para Inundaciones Repentinas en Centro América (CAFFG, en inglés).

Según esta medición, los siguientes municipios presentan actualmente un porcentaje de saturación del suelo igual o mayor al 90% en la capa superior del suelo, es decir, hasta 30 centímetros de profundidad:

1. Petén: Todos los municipios.
2. Alta Verapaz: Raxruhá, Fray Bartolomé de las Casas, Cobán, San Pedro Carchá, Lanquín, Cahabón, Chahal, San Cristóbal Verapaz, San Juan Chamelco, Tucurú, Senahú y Panzós.
3. Chiquimula: Todos los municipios
4. Huehuetenango: Nentón, San Mateo Ixtatán, Barillas, Santa Eulalia, San Miguel Acatán, San Rafael La Independencia, San Juan Ixcoy y Cuilco
5. Jalapa: Jalapa, San Pedro Pinula, San Luis Jilotepeque.
6. El Progreso: Morazán, San Cristóbal Acasaguastlán, San Agustín Acasaguastlán, Sanarate, Sansare, El Jícaro y Guastatoya.
7. Izabal: Livingston, El Estor y Los Amates.
8. Jutiapa: Agua Blanca.
9. Quetzaltenango: Coatepeque.
10. Retalhuleu: Retalhuleu.
11. San Marcos: La Blanca.
12. Baja Verapaz: El Chol, Salamá y San Jerónimo.
13. Chimaltenango: San Martín Jilotepeque, San José Poaquil, Santa Apolonia.
14. Guatemala: San Pedro Ayampuc, Chinautla, San Raymundo, Chuarrancho, San José del Golfo, Palencia y Guatemala.

Lea también: Verificamos por usted: ¿Conductores quedaron atrapados en sus vehículos por las lluvias en la ruta antigua de Palín a Escuintla?

Riesgos e impacto por saturación de suelos

El Insivumeh también emitió un pronóstico de posibles efectos ante las lluvias en Guatemala, clasificado en cuatro niveles, el cual se publica semanalmente.

La posibilidad de crecida de ríos y movimientos en masa resaltan entre los impactos con mayores repercusiones debido a la saturación, en el periodo del 21 al 24 de junio de 2024.

Los niveles de pronóstico se clasifican entre:

• Impacto bajo
• Impacto medio
• Impacto alto
• Impacto muy alto

En el reporte de mayor impacto se prevé la posibilidad de derrumbes, desprendimiento, flujos de lodo de grandes magnitudes, cortes de talud y áreas de ladera inestable.

#Quiché Instituciones del Sistema CONRED realizan acciones de respuesta ante socavamiento registrado en aldea Cucul, San Bartolomé Jocotenango.

Créditos: Eladio Xirúm, Delegado Departamental de CONRED pic.twitter.com/EIlj1ff4tY

— CONRED (@ConredGuatemala) June 23, 2024

También pueden verse afectadas las vías de comunicación como carreteras y puentes, o infraestructura y a poblados de estas comunidades.

Lea también: ¿Qué medidas debo tomar si salgo de casa durante la lluvia en Guatemala?

“Se recomienda a la población a estar alerta e informar a las instituciones pertinentes al observar agrietamientos en el suelo y laderas de alta pendiente.

Este último aviso es principalmente para las regiones de: Sololá, Suchitepéquez, Chimaltenango, Escuintla, Sacatepéquez, Guatemala, Santa Rosa y Jutiapa.

Guatemala implementa la iniciativa de Alerta Temprana para Todas las Personas

El sistema de alertas de Naciones Unidas busca minimizar daños y activar una acción temprana para que las personas estén protegidas ante desastres.

Julio Román y Andrea Domínguez

12 de marzo de 2024 | 12:40h

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Reunión en donde Guatemala anuncia que implementará la iniciativa de Alerta Temprana para Todas las Personas. (Foto Prensa Libre: Gabriel Molina)

Guatemala se unió a la iniciativa de Alerta Temprana para Todas las Personas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), presentada en 2022 y que busca que todo el mundo esté cubierto por un sistema de alerta temprana para fines de 2027.

Este 12 de marzo, autoridades de Guatemala y representantes de la ONU participaron en un evento en un hotel de la capital, en donde se anunció la implementación de la mencionada alerta temprana en el país.

En la actividad estuvo presente el presidente Bernardo Arévalo; Miguel Barreto, coordinador Residente de las Naciones Unidas en Guatemala y Claudinne Ogaldes Cruz, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

En un comunicado de prensa de Conred, se establece que este lanzamiento en Guatemala consolida los esfuerzos para superar las brechas existentes en la gestión del conocimiento, el monitoreo y pronóstico de las amenazas, la difusión y comunicación de alertas y la respuesta rápida.

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Además, se buscará respaldar la implementación por un sistema de monitoreo y evaluación robusto que dará seguimiento al fortalecimiento de los componentes de sistemas de alerta temprana.

Barreto, en su intervención en el evento, dijo que este marca un importante paso en los esfuerzos colectivos por reforzar la gestión del riesgo de desastres y salvaguardar las vidas y los medios de subsistencia de las múltiples comunidades en Guatemala.

Señaló que Guatemala ha sido uno de los 30 países priorizados en esta iniciativa debido, principalmente, a la vulnerabilidad a los desastres naturales, y se encuentra en una coyuntura crítica para revolucionar su enfoque en la gestión de riesgo de desastres.

“La iniciativa Alerta Temprana para Todos complementa la política aprobada recientemente con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y ofrece una oportunidad única para integrar sistemas de alerta temprana avanzados en los mecanismos y protocolos de gobernanza nacionales, regionales y locales, con miras a minimizar el impacto de los desastres”, comentó Barreto.

Añadió que se aprovecha la inteligencia de tecnologías y metodologías de vanguardia para poder mejorar significativamente en las estrategias de preparación y respuesta garantizando que los ciudadanos estén mejor protegidos contra fenómenos ecológicos imprevistos.

“Esta iniciativa abre vías para asegurar también financiamiento y asistencia técnica esenciales, lo que nos permite promover un objetivo común, cual es que todas las personas en Guatemala estén cubiertas por un sistema de alerta temprana sólido y eficaz”, expuso.

“A través de esfuerzos de colaboración con socios globales y nacionales, y con la sabiduría y participación de los pueblos indígenas, autoridades municipales y regionales, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, nacionales, internacionales, el sector privado y todos los actores de la sociedad, el objetivo principal es construir una sociedad resiliente que pueda resistir los desafíos que plantean los desastres conociendo de antemano cuando se avecinan”, refirió Barreto.

Puntualizó que, al mejorar esta área de trabajo, no sólo están fortaleciendo las capacidades de gobernanza, sino que también están fomentando la resiliencia comunitaria permitiendo que las comunidades locales participen activamente en los procesos de gestión de riesgo mejorando así la eficacia general de las estrategias de respuesta a desastres.

Barreto señaló que hay compromiso de las Naciones Unidas para acompañar al gobierno de Guatemala.

Hizo un llamado a la acción para la cooperación y afirmó que esto es una confirmación del entendimiento intrínseco de que “la paz se deriva del manejo de riesgo de desastres como lo demuestra la agenda 2030 y el marco de Sendai, dos convenios que están al centro también del plan y de la política del nuevo gobierno presidida por el presidente Arévalo.

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Cambio climático no se puede ignorar

El presidente Arévalo dijo en su discurso que por mucho que se intente negar, ocultar, disimular o relativizar, los signos del cambio climático son cada vez más evidentes y no se pueden ignorar.

Recordó que Guatemala ha sido afectada, en distintos épocas, por inundaciones, terremotos que dejaron miles de víctimas mortales y daños a infraestructura pública y privada.

“El impacto del cambio climático está amenazando la vida y el bienestar de personas y familias. Los efectos son sensibles en términos de salud, de empleo, de acceso a recursos, de vivienda, de migraciones y en todos los ámbitos de la vida social. Todos estos factores pueden retrasar significativamente el desarrollo y aumentar la pobreza, no solo eso, aumentan las brechas sociales y afectan siempre en primer lugar a los más necesitados de nuestra necesidad, de nuestra sociedad y por eso es imperativo prepararse y prevenir”, comentó Arévalo.

Dijo que su gobierno no se limitará únicamente a responder con la mejor de sus fuerzas cada vez que las crisis golpean a las comunidades, sino que están comprometidos con la prevención y con la preparación, anticipando los desafíos y tomando medidas proactivas para proteger a la población y  territorios.

Arévalo dijo que han designado a un equipo de especialistas de amplia trayectoria y experiencia en la Secretaría de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, porque estas personas tienen una visión transformadora de la institución para fortalecer los aspectos de prevención a partir de ella debe operar, de preparación y de mitigación del desastre.

“Creemos y nos comprometemos con una visión integral que lleve a las y los guatemaltecos a una auténtica reducción de los riesgos que provocan los desastres que estos causan. Estas acciones, estos esfuerzos para incorporar medidas que mitiguen los riesgos, parten de la Secretaría Ejecutiva de Conred en conjunto con la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia y evidencian un principio de coordinación interinstitucional dentro del que no solo gestión de riesgos sino la gestión de gobierno en general debe operar”, comentó Arévalo.

“Hoy me complace de manera especial que Guatemala sea parte de los 30 países que participan como pilotos de esta iniciativa de alertas tempranas para todas las personas. Este lanzamiento es particularmente significativo y queremos verlo enmarcado como uno de los compromisos activos de nuestros primeros cien días de gobierno”, refirió el presidente.

Pidió a los funcionarios del gobierno velar por las metas que emanarán de este proceso, poner todo su empeño en lograr que esto se traduzca en acciones concretas que mejoren la capacidad para prevenir y mitigar los desastres.

Desde el fin desde semana el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) alertó sobre el ciclón que se se acercaba al país, ahora la tormenta tropical Pilar.

En conferencia de prensa, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), alertó que los departamentos con mayor riesgo son Chiquimula, Jutiapa, Escuintla, Jalapa, Izabal y Santa Rosa.

No obstante y pese a ser territorios costeros, vulnerables por su posición geográfica a la variabilidad climática, las autoridades locales invierten poco o nada en prepararse para los riesgos.

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Según la información del Ministerio de Finanzas, del portal Transparencia Presupuestaria, las municipalidades de dichos territorios invierten una cantidad limitada respecto a la reducción de desastres y gestión de riesgo para sus poblaciones.

De dichos departamentos, solamente Escuintla y Santa Rosa reportan presupuesto dirigido a programas de prevención.

Los municipios de Escuintla reportan Q726 mil 164 de lo cuales solo se han devengado Q16 mil 646.

Por su parte, en Santa Rosa a penas se reportan Q1 mil 500 y no se ha ejecutado nada.

Respecto a Izabal, Chiquimula, Jalapa y Jutiapa no tienen presupuesto reportado para tales programas en el portal del Minfin. Cabe mencionar que la herramienta de transparencia no es de carácter obligatorio, es decir, las comunas no están obligadas a reportar ahí sus asignaciones y gastos.

Acciones reactivas

Analistas consultados detallaron que la responsabilidad en la gestión de riesgos no es solo de los gobiernos locales. Además, que la manera de accionar de las instituciones es una repuesta reactiva a los desastres, más no acciones procuren la seguridad de los vecinos.

El exsecretario ejecutivo de Conred, Alejandro Maldonado, refirió que en el país no se actúa para mitigar los daños.

“En Guatemala seguimos con un enfoque equivocado, nos concentramos en la respuesta cuando ya tenemos el evento”, criticó Maldonado.

Mencionó también que la prevención debería ser un política pública para que de verdad se trabaje por reducir las consecuencias de un evento natural.

“Las acciones deben ser un esfuerzo sostenido permanente y que sea una política de Estado por reducir el riesgo de desastres”, sugirió.

De acuerdo con su análisis, es necesario identificar amenazas de vulnerabilidades y con base en eso trabajar en el ordenamiento territorial y medidas de protección.

“Trasladar eso —las vulnerabilidades— en sus planes de ordenamiento territorial y, por el otro lado, la implementación de diferentes tipos de medidas de protección”, indagó.

A su criterio hay un abanico muy amplio disponible para trabajar en medidas de mitigación.

En esa misma línea, Damaso Rosales, analista en temas municipales, comentó que las jefaturas ediles deben de aumentar la inversión sobre todo cuando ya existen antecedentes de fenómenos naturales que dejan consecuencias en distintas zonas del país.

Explicó que “un diagnóstico de las vulnerabilidades de la zona para poder ir tomando decisiones y en virtud de eso priorizar inversiones que pueden ser en infraestructura o inversiones en capital humano”.

También detalló que cada municipio está propenso a diferentes tipos de riesgo derivado de las condiciones topográficas y geográficas. Influye si el terreno es seco, boscoso, húmedo, sujeto a inundaciones, etcétera.

Planificación

Rosales también señaló que todo parte del diagnostico de vulnerabilidades y oportunidades. Derivado de eso se trabaja en el mapa de ruta que permita trabajar en un plan de ordenamiento territorial con vistas de 20 a 25 años a futuro.

“El plan de ordenamiento es el instrumento técnico de planificación que nos proyecta las ciudades a futuro y ahí poder prever ciertas acciones que se deben de tomar”, identificó.

Responsabilidades

Maldonado considera también que la planificación del crecimiento de las ciudades juega un papel fundamental en la prevención ante desastres naturales.

“En la ley de Conred establece que precisamente tiene que coadyuvar los estudios técnicos científicos para que las municipalidades tenga la información necesaria para que puedan trabajar sus planes de ordenamiento territorial”, profundizó.

Además, el exsecretario considera que la responsabilidad de promover las acciones de mitigación compete a las autoridades también del gobierno central.

“El gobierno central debe de tener una política transversal de gestión integral para la reducción de riesgos de desastres, es decir, tiene que convertirse en un apoyo y tiene que considerar la gestión de riesgos en todos los sentidos”, refirió.

Asimismo, comentó que esas acciones deben de ir de la mano de acciones específicas de cada comuna con el apoyo de Conred.

Por su parte, Rosales añadió que también la población puede exigir programas de prevención a través de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes).

“Las municipalidades deben de desarrollar los proyectos juntamente con los vecinos para poder tomar esas acciones y que no sean reactivas”, agregó.

Maldonado concluyó argumentando que no se puede hablar de desarrollo o reducción de pobreza si no se trabaja en reducción de desastres. Por lo que urgió a que dichas acciones vayan en conjunto con programas de desarrollo.

“Hay dos elementos que no se pueden separar que deben de ser considerados en forma integral. Uno es la gestión para la reducción de riesgos de desastres, pero por el otro lado el desarrollo del país”.

No es la primera vez, y tampoco la última, lamentan especialistas en el manejo de riesgos, puesto que los asentamientos en condiciones precarias crecen, en medio de la ausencia de políticas públicas que faciliten el acceso a vivienda digna a las clases económicas más bajas.

Según cálculos del sector privado de la construcción, para el 2021 había un déficit de 2.2 millones de viviendas, ya sea la carencia del inmueble o contar con uno, pero sin servicios.

Un censo de la organización internacional Techo identificó en 2021 que había 150 asentamientos informales en la capital, Mixco, San Miguel Petapa, Villa Canales y Villa Nueva.

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Estos, según Techo, son habitados por más de nueve familias, carecen de al menos un servicio básico y los propietarios no tienen seguridad jurídica del inmueble, es decir, no cuentan con un título de propiedad que los acredite como los dueños legítimos.

Sin embargo, otra característica que acompaña a estos sitios es la vulnerabilidad ante fenómenos naturales. Por lo regular están instalados en una vereda, un barranco, al píe de una montaña o a orillas de un río.

“Son una bomba de tiempo”

“Deberíamos verlo —esta nueva tragedia— como algo extraordinario, pero se ha vuelto común”, señala el ingeniero Manuel Mota, consultor gestión de riesgos. “Estos terrenos son una bomba de tiempo, si no son derrumbes son inundaciones, sin que haya una propuesta en ese sentido”, añadió.

Para el especialista, una propuesta para reducir la probabilidad de esas tragedias debe partir de reconocer el problema, analizar el contexto de cada terreno, definir las prioridades y construir una hoja de ruta.

Sin embargo, estos asentamientos crecen, muchas veces, a pesar de las advertencias de riesgo que les hacen las autoridades. Comienzan como una invasión y después logran que les instalen algunos servicios básicos, como electricidad o caminos, hasta que empiezan a crecer solos.

“Uno ve infraestructura hecha por las mismas municipalidades y no hay una forma de desincentivar la ocupación de laderas. No hay una estrategia nacional ni municipal de empezar a hacer esos cambios”, señaló Mota.

“Los caminos tienen una inclinación de 30 grados ¿A qué hora salen las personas de una catástrofe como un terremoto?”, cuestiona.

El especialista pone sobre la mesa el que las estrategias de acceso a la vivienda tampoco favorecen a las clases económicas bajas que optan por vivir en áreas de riesgo ante la imposibilidad de pagar por una propiedad.

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Agregó que los programas de ordenamiento territorial (POT) de las municipalidades se aprueban sin consulta alguna a la población, por lo cual esta los obvia. A esto se suma que las autoridades no se involucran en la prevención, lo que da como resultado que “seguimos viviendo en el caos”.

No se utilizan las herramientas

Desde hace años se ha escuchado a expertos que han hablado de la urgencia de que las construcciones públicas o privadas se desarrollen bajo estándares que prevean la vulnerabilidad ante los fenómenos climáticos.

Sin embargo, también desde hace años que distintas instituciones han aprobado instrumentos y protocolos para la gestión adecuada de riesgos. El problema es que no se ponen en práctica.

“Tenemos herramientas, pero desafortunadamente no son de una aplicación rigurosa y constante”, aseveró Alejandro Maldonado, exsecretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Esta Coordinadora cuenta con cuatro normas para la reducción de desastres, entre estas: para la seguridad estructural de edificaciones y obras de infraestructura, normas mínimas en instalaciones de uso público y las especificaciones técnicas para materiales de construcción que observan su calidad, resistencia, y otras características.

“Pero tristemente en Guatemala seguimos en un enfoque más orientado a la respuesta y no a la prevención”, señaló Maldonado.

Según el Sistema de Contabilidad Integrada, el presupuesto de este año de la Conred, destina Q19.6 millones para actividades de respuesta y recuperación, frente a Q12.6 millones para prevención y mitigación de riesgos.

Maldonado dijo que las herramientas existentes establecen qué zonas pueden ser habitadas y qué tipo de actividades humanas se pueden desarrollar. También especifica intervenciones o medidas de mitigación, dependiendo de las condiciones de los terrenos.

Además, incluyen códigos de construcción y, de acuerdo con los POT, definen qué estudios previos deben hacerse y con qué diseños. “Se necesita más involucramiento de las autoridades para resolver el tema de los asentamientos precarios, porque es evidente que no están cumpliendo con los POT ni con las normas de reducción de desastres”, aseveró el especialista.

Agregó que los propietarios de un inmueble son los llamados a cumplir con las normas, pero que las municipalidades deben verificar que lo hagan. “Desafortunadamente en los asentamientos precarios es muy raro que sigan los procedimientos”, dijo. “Ahí es donde entra la actitud proactiva de las municipalidades de identificar y resolver el problema”, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas de las familias, concluyó.

Gestión integral

Maldonado expuso que es necesario trabajan en la prevención, más que en la reacción, pero con un enfoque integral que atienda no solo una emergencia natural o climática, sino también se tome en cuenta el déficit de vivienda y los indicadores de pobreza al momento de pensar en programas de desarrollo.

“Lo que se necesita en Guatemala es que la gestión de riesgos se convierta en un eje transversal del Estado guatemalteco porque no puede haber desarrollo si no hay una acción concreta y muy proactiva en materia de gestión para la reducción de riesgos de desastres”, puntualizó.

Se espera que entre los dos días se movilice buena parte de los vecinos de la ciudad junto a más de 4 mil 200 voluntarios de distintas instituciones de emergencia que participarán en la actividad organizada por la Municipalidad de Guatemala.

Durante el macrosimulacro se realizarán distintas actividades que buscan fomentar y fortalecer la cultura de prevención y respuesta ante riesgo, emergencias o desastres, rememorando el terremoto del 4 de febrero de 1976 que marcó una de las mayores tragedias en el país.

El simulacro permitirá recrear un terremoto de gran magnitud y practicar ejercicios de mitigación en la que se hará uso de equipos y herramientas especiales, más tecnología de monitoreo y de alerta temprana.

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En el simulacro participarán brigadistas de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Bomberos Municipales, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja Guatemalteca, alcaldías auxiliares, el Ejército, entre otros.

La comuna informó que se convocó a las 30 alcaldías auxiliares de las 22 zonas de la ciudad capital para socializar y hacer el llamado entre vecinos para contar con la participación de al menos 400 mil personas.

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Tercer simulacro

Héctor Flores, coordinador de la Dirección de Administración de Vulnerabilidades y Emergencias (AVE), explicó que este es el tercer macrosimulacro en el que participan instituciones públicas y privadas.

Según Flores, se busca reforzar el mensaje de que el factor tiempo es clave para dar respuesta en cualquier tipo de emergencias, como las que se producen en un terremoto.

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“El recurso más valioso ante una catástrofe es el tiempo, el tiempo de respuesta. En el momento en que una persona necesita asistencia, el tiempo se vuelve crítico y para que esta sea óptimo se deben hacer simulacros para poner en práctica los protocolos”, resaltó.

Además, se busca poner a prueba la resistencia de los rescatistas por lo que se desarrollará un ejercicio de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas que tendrá duración de 28 horas.

“Vamos a tener una propiedad en la que tendrán que entrar los brigadistas a derribar puertas, muros, abrir boquetes en los techos para rescatar a personas reales para este ejercicio”, explicó Flores.

Para hacer más realista el ejercicio, en esta ocasión participarán voluntarios que simularán estar entre los heridos en una estructura colapsada.

Además, agregó que otros puntos importantes para este ensayo será la activación de 80 sirenas y rescate con evacuación vía aérea con apoyo del Ejército.

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Actividades a desarrollarse durante el Macrosimulacro:

• Evacuación simultánea: Se prevé que en simultáneo se evacuen a más de 800 mil personas. Esta actividad será el día 3 de febrero a las 10 horas.
• Ejercicio BREC (Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas): Tendrá una duración de 28 horas. Se extenderá desde el día 2 hasta el 3 de febrero para la búsqueda, localización y rescate de las víctimas (actores) que se encontrarán dentro de un inmueble.
• Activación COEM (Centro de Operaciones de Emergencias Municipal): Este centro está ubicado en el bulevar Liberación y activará sus secciones de operación, planificación y logística.
• Red de sirenas: Se activará una serie de sirenas instaladas en zonas 1, 2, 4, 6, 9 y 10 en semáforos tipo bandera y postes.

¿Cómo analiza el comportamiento de las lluvias?

Tenemos el fenómeno de La Niña durante esta última temporada del año, lo que quiere decir que se presentará un invierno relativamente más copioso.

Eso no significa que sea un invierno estable, sino que va a llover más y es posible que haya días que llueva mucho y otros que no.

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 ¿Qué impacto tendrá?

Pequeños eventos como el de Huehuetenango y algunos otros son lo que causan más impacto en la economía y la sociedad, pero no reciben la atención de las instituciones. Por ejemplo, si se cae un puente se activa el sistema de emergencia.

Estos casos se atienden de manera local y cuentan para las estadísticas, pero muchas veces no tienen acceso a fondos para apoyo. Son emergencias que se les dejan a las municipalidades, y si estas son débiles, así será la respuesta.

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 ¿Qué se espera esta temporada?

Los expertos esperan 17 huracanes para el Atlántico, ya que los del Pacífico nos han impactado menos. De estos 17 huracanes previstos, podría ser que pudiéramos tener dos o tres de alta intensidad.

¿Estamos preparados para enfrentar la temporada de lluvias?

La verdad es que el país no está preparado y la Conred es una institución débil que no tiene presupuesto adecuado y solo recibe más ingresos cuando se dan desastres, pero muchas veces no administra los fondos, sino otras instituciones.

Con la variabilidad del clima y los eventos extremos, ningún país está preparado para atender este tipo de situaciones. En Guatemala no tenemos un buen sistema de funcionamiento de seguros para transferir el riesgo, que puede ser una posibilidad.

¿Qué se puede hacer?

Se tiene que trabajar en un sistema que desarrollan varios países, la Protección Social Adaptativa, que quiere decir que, así como las personas reciben una remesa dineraria para vacunarse u obligarlo a asistir a la escuela, también se puede condicionar que recibirá una transferencia a cambio de limpiar drenajes, podar árboles que representan riesgo, asegurar láminas y otras áreas en las viviendas, y dar el subsidio antes que venga el evento.

Las municipalidades deben contar con mapas de riesgo, evaluar esas áreas y que con esa remesa de Protección Social Adaptativa se pueda ubicar a las familias en un terreno seguro.

 ¿Cuál es el mapa de riesgo?

Los mapas en Guatemala no existen, pero en otros países cuentan con Atlas de Riesgo. Tienen mapas que con solo ubicar un lugar se sabe que ahí vive una persona con discapacidad, de la tercera edad o un enfermo crónico y otras informaciones. Se tiene mapeado el fenómeno, la vulnerabilidad, la exposición, las capacidades de respuesta y también se puede determinar si en esa área existe un cuerpo de bomberos o un comité de emergencia organizado. Pero nosotros no tenemos esos mapas ni las escalas que se necesitan para hacer un análisis de esa naturaleza.

¿Qué le preocupa en esta temporada de lluvias?

Los eventos pequeños son los que continuarán afectando, a menos que haya tormentas como Eta e Iota, que afectan un área territorial más extensa.

Van a haber aguaceros como la semana pasada en la capital que afectan un área pequeña, se limpian los drenajes, se va el agua y se acabó la emergencia. Nadie hace nada por reparar esos drenajes o por aumentar su capacidad.

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¿Qué se puede hacer?

Lo que hace el Maga, contar con extensionistas en el campo, preparar a las personas y comunidades, revisar los factores de riesgo, los árboles, tendido eléctrico, los drenajes, o que las viviendas no estén en lugares incorrectos.

¿Qué poblaciones están más expuestas?

En inundaciones repentinas por lluvias son las poblaciones urbanas, porque los drenajes no fueron diseñados para esas precipitaciones extremas, pero en inundaciones que son más extendidas son los pequeños productores, ya que los grandes tienen aseguradas sus cosechas.

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¿Cuál es la posición del país al no contar con esos instrumentos?

Muy mala, porque ahora se lleva a cabo la evaluación del Marco de Sendai -para la reducción de desastres- que aprueba las Naciones Unidas. Se ha determinado que solo 45 por ciento de los países actualizaron sus marcos de gobernanza y los que se habían comprometido para actualizar su estrategia nacional, ley de desastres, normativas y todo eso.

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La necesidad es clara a criterio de expertos en gestión de riesgo, que también observan el principal obstáculo porque el que la solución no llega. Ellos afirman que una política de prevención puede ayudar todos menos a los políticos.

Concluyen en esto con tan solo recordar los fenómenos naturales que han golpeado al país, en cuestión de minutos muchos alcaldes, diputados y personas con fines electorales aprovechan el dolor ajeno para tan solo perfilar en medios como personas bondadosas y quedar así en la mente de los futuros votantes.

Alejandro Maldonado fue Secretario Ejecutivo de Conred por más de 10 años hasta que fue destituido por el expresidente Jimmy Morales, es experto en la gestión de riesgos y materia preventiva y considera que es el fondo político lo que impide que el país cuente con herramientas para la prevención.

“Hemos vivido en una cultura que podríamos hasta llamar emergencista, donde estamos muy preocupados con las situaciones urgentes que surgen día a día y que no nos han permitido tener esa planificación y visión a largo plazo. Definitivamente hay un componente político en esto pues, yo lo digo con toda honestidad pero la prevención de los desastres no genera un incentivo político para las personas que tienen que manejar esta temática”, señaló.

Maldonado también agregó: “Si usted implementa medidas para evitar desastres el resultado va a ser ese, que no pasa nada y si no pasa nada no hay noticia, no se mira como el resultado de una acción concreta; durante una emergencia si se da una respuesta pronta, sale en las noticias de que usted está trabajando, es en parte por ese incentivo político que no hay visión para trabajar en la prevención de desastres”.

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El Instituto Nacional de Sismología Vulcanología Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió desde inicios de la temporada de lluvias sobre la saturación de los suelos y el riesgo que esto implica para zonas con alto riesgo de deslaves, derrumbes y hundimientos

La sobresaturación de los suelos quiere decir que la humedad en la tierra ya sobrepasó su capacidad y hace más inestable la tierra con la llegada de las lluvias. Esta ha sido una de las principales causas de derrumbes.

Emilio Barillas, portavoz del Insivumeh, indicó que ya emitieron varias alertas internas y que se comunicaron con las autoridades locales de varios municipios para advertir sobre esto, sin embargo, los alcaldes no tienen programas de prevención de desastres pese a que ellos integran la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres y algunos de ellos no conocen las áreas de riesgo de los municipios que dirigen.

En departamentos como Alta Verapaz, Sololá, Huehuetenango, parte sur de San Marcos y Quetzaltenango está la alerta de esta sobresaturación.

Santos Hernández, alcalde de San Juan Atitán, Huehuetenango, indicó que no sabe cuáles son las áreas de riesgo de su municipio pese a que en cada invierno registran derrumbes en la carretera y en algunas comunidades.

Hernández mencionó que el “único plan de prevención” que tienen es el albergue que habilitan en el salón municipal en caso de alguna emergencia.

El jefe edil de la municipalidad de San Pedro Néctar, en Huehuetenango, Julio Ambrosio, respondió que, aunque tienen documentadas cuáles son las áreas de riesgo, no pueden hacer nada para proteger a las comunidades ya que la población se resiste a desalojar.

Son tres comunidades las que viven en las orillas de los cerros y en cada una hay alrededor de 100 familias.

Aunque también reportan cada año derrumbes en las carreteras, Ambrosio agregó que no tiene un plan de prevención. “No podemos hacer nada porque el deslave viene desde el cerro, lo que sí hacemos es limpiar la carretera cada vez que pasa esto”, indicó.

El portavoz del Insivumeh agregó que son las áreas afectadas por las tormentas Eta y Iota las que están en más peligro pero mientras tanto la población todavía se sigue recuperando de las tragedias provocadas y en el caso de la comunidad de Campur, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, la población regresó a sus viviendas pese a que el lugar podría volverse a inundar.

Costos millonarios

El mayor costo que ha pagado Guatemala por no legislar para la prevención es la pérdida de vidas humanas. Aunque cada año se registran deslizamientos e inundaciones que resultan ser mortales no se cuenta con una estadística que refleje la magnitud del problema, según Hugo Arbizu, vocero del Centro de Estudios de Desarrollo y Desastres de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Cedesyd).

Añadió que las bases legales de la Conred permitan una que otra acción preventiva pero no las suficientes para un país con tantos problemas como Guatemala; poblados en cercanías de ríos, comunidades situadas en asentamientos y hasta en las faldas de los volcanes.

“La actual ley cuando la crearon no había un enfoque de gestión de riesgo, más bien regula como vamos a responder cuando el desastre había empezado en un territorio. Es una ley que rescata y sirve de paraguas para algunas acciones de gestión de riesgo que se toman actualmente (…) los desastres indudablemente van a salir mucho más onerosos que si se invierte en prevención, Naciones Unidas hace ese llamado y resalta que los países pierdan más por no reducir los riesgos de desastres” , señaló.

Datos de la Comisión de Economía para América Latina y el Caribe (Cepal) destacan que Guatemala tuvo pérdidas por Q5 mil 834 millones tras el paso del huracán Mitch y de Q1 mil 636 millones tras la erupción del volcán de Fuego; datos del propio Gobierno de Guatemala apuntan que con las tormentas de finales de 2020, Eta e Iota, hubo pérdidas por Q6 mil 84 millones.

Analizan iniciativas

Desde el 16 de octubre de 2019 no ha tenido movimiento en el Congreso la iniciativa 5543, Ley para la Gestión Integral de Desastres Naturales, que cuenta con un dictamen favorable para su discusión y eventual aprobación.

Pero esa no es la única iniciativa que busca generar estrategias de prevención, según el diputado Julio Lainfiesta, presidente de la Comisión de Ambiente, actualmente esa mesa de trabajo analiza dos iniciativas en la misma línea.

“Lo que estamos haciendo ahorita en la comisión es hacer un análisis con todas las entidades del Estado y miembros externos como Universidades, cámaras empresariales y otros para dictaminar la iniciativa o unir ambas en una sola propuesta, de momento tenemos una mesa técnica donde figura Conred, Segeplan, los ministerios de Ambiente, Defensa y Finanzas”, explicó el congresista.

Por su parte el diputado Román Castellanos, integrante de la Comisión de Ambiente, es de la idea que junto a la prevención se debe de incluir otro paquete de iniciativas.

“Para prevenir los desastres también tenemos que pensar en ordenamiento territorial, la ley de aguas y el uso de suelo, leyes que permitan también regular de mejor manera las construcciones para no edificar en zonas de riesgo. Finalmente se trata de un componente mucho más amplio para que de verdad exista prevención pero comenzar con una ley específica también es fundamental”, precisó.

El país es altamente sísmico. ¿Qué deben considerar los guatemaltecos al construir?

Cómo, dónde y con qué se construye son quizás las variables más importantes por considerar. Tecnologías constructivas tradicionales, como el adobe, pueden ser altamente vulnerables al movimiento sísmico.

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El lugar donde se construye también es muy importante para reducir el riesgo sísmico. Una estructura que esté diseñada y construida para resistir el movimiento sísmico, pero que esté en un área que pueda deslizarse o quedar soterrada bajo un deslizamiento de una ladera cercana será igualmente vulnerable.

Ante la inminencia de sismos, ¿hacia dónde deberían encaminarse los esfuerzos del Estado para minimizar los daños?

Uno de los papeles fundamentales del Estado sería regular la construcción de estructuras para que sean sismorresistentes y no se localicen en áreas que las expongan a deslizamientos, entre otros. Las normas de Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica (Agies) son “recomendadas”. Si se hicieran obligatorias, quizás se podría reducir la vulnerabilidad sísmica.

Pero más allá de solo establecer un marco regulatorio, el Estado haría bien en incentivar por otros medios el diseño y construcción sismorresistente. Y claro, empezar por abordar el problema de todas las estructuras que son propiedad del mismo Estado, y que sospecho en muchos casos son altamente vulnerables al riesgo sísmico. Hace muchos años se dio una iniciativa para reducir esa vulnerabilidad, y se creó una comisión de reducción del riesgo sísmico dentro del Ejecutivo, pero creo que ese esfuerzo se apagó.

Los últimos temblores han ocurrido en áreas de San Marcos, Quetzaltenango y Retalhuleu. ¿Hay alguna explicación?

El que los sismos recientes hayan afectado particularmente esa región es una casualidad. No sería sorprendente que el próximo sismo destructor ocurra en un área diferente de Guatemala. Por ejemplo, los que causaron daño en el departamento de Santa Rosa en el 2011. Y quizás una de las áreas más críticas es la capital, asentada en un área que puede producir sismos altamente destructivos —por las fallas asociadas al graben del valle de la ciudad—. Un ejemplo de esto son los sismos que causaron muchas muertes y destrucción en el área de la capital en 1917 y 1918.

Movimiento del sismo de hoy en Guatemala, estación "Las Juntas de Abangares" Costa Rica. Datos de IRIS: https://t.co/jPdlzaQINL pic.twitter.com/PjXffgP4go

— Rüdiger Escobar Wolf (@rudigerescobar) June 15, 2017

Escuchamos en las noticias magnitud e intensidad. ¿Cuál es la diferencia entre ambos?

La magnitud es una medida del tamaño total del sismo o la energía total radiada como ondas sísmicas. Es decir que es un solo número que mide el tamaño final del sismo. La intensidad mide qué tan fuertes son los efectos del sismo en un lugar dado, de tal forma que para el mismo sismo se registrarán distintas intensidades en distintos lugares, dependiendo de qué tan lejos está el lugar del origen de las ondas sísmicas.

Es decir, los sismos de mayores magnitudes tienden a generar intensidades máximas más elevadas. Esa correlación depende mucho de algunas características del sismo, en particular de la profundidad de la zona donde se generan las ondas sísmicas. Sismos muy profundos tienden a generar intensidades menores.

¿Qué lecciones se pueden tomar de las experiencias de otros países altamente sísmicos, como Chile, Japón y algunas regiones de Estados Unidos?

Muchas cosas se pueden aprender. Las normas de construcción y organización territorial, como mencioné anteriormente, son muy estrictas en algunos de estos países. Pero también es importante reconocer que sin acceso a los recursos adecuados es difícil implementar esas normas, o en general, optar por comportamientos más seguros. Cuando lo importante es conseguir el sustento del día, la preocupación acerca del impacto de un sismo, que quizás solo ocurra una vez cada cien años, probablemente caerá bajo en la lista de prioridades.

El reto quizás es tratar de implementar lo más que se pueda, con los recursos que se tienen. Y claro, a largo plazo la esperanza es que como nación se logre tener acceso a mejores oportunidades, y no se tenga que vivir en un nivel de pura supervivencia.

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Japón anticipa por segundos los sismos, no es mucho, pero alerta y ellos tienen protocolos que siguen. ¿Podríamos contar con ese sistema?

También México lo tiene. En Guatemala, en teoría, también es posible, porque el mecanismo es el mismo, sobre todo para los sismos de la zona de subducción en el Pacífico. ¿Qué hacer con esa información?, es una pregunta más compleja, algo que quizás podríamos preguntarles a nuestros vecinos mexicanos.

Usted ha señalado la necesidad de generar conocimiento científico de todas las amenazas naturales. ¿En cuáles deberíamos enfocarnos?

El conocimiento científico y técnico podría ser muy valioso para reducir el riesgo sísmico. Caracterizar mejor la amenaza sísmica, con estudios de la sismicidad pasada, especialmente para fuentes sismogénicas como las fallas del graben de la Ciudad de Guatemala, creo que podría ser de gran valor para ese fin.

Estudios sobre la amenaza de deslizamientos asociados a sismos, especialmente en áreas que se han poblado recientemente, también podrían ser valiosos.

Pero más allá de generar ese conocimiento, es importante socializarlo con aquellos que pueden tomar decisiones sobre temas de reducción del riesgo.

¿Por qué es importante para los gobiernos y la gente aprender sobre las ciencias de la tierra y el estudio de volcanes y sismos?

Crear conciencia en esos temas es importante, porque eso puede generar más apoyo para el tipo de investigación que mencioné anteriormente, pero a un nivel más general. Una población más educada en esos temas probablemente va a ser más abierta a considerar el riesgo o la vulnerabilidad cuando tome decisiones sobre cómo y dónde construir sus casas, sus negocios, lo que sea.

¿Qué le recomienda un experto en riesgos al ciudadano común antes, durante y después de un sismo?

Lo que hagamos antes es probablemente lo más importante, aunque también lo más difícil. Antes del sismo es cuando tenemos la oportunidad de reducir la vulnerabilidad del lugar donde vivimos, trabajamos. Lo primero es identificar si nuestra casa o trabajo están expuestos a la amenaza sísmica, si son vulnerables.

¿Qué tipo de estructura es? ¿Qué tan resistente a sismos es? Y aunque la estructura se piense que es resistente, ¿está en un área en la que podría ser afectada por deslizamientos o licuefacción causados por un sismo? Todas estas preguntas pueden ser muy difíciles de contestar para alguien que no sea experto en temas de ingeniería estructural, o riesgo sísmico, pero algunas de las guías básicas, como las de Agies, pueden darnos una idea. Idealmente, el Estado jugaría un papel en esto, tratando de identificar áreas que estén altamente expuestas o proveyendo guías generales para que la población se dé una idea de su nivel de vulnerabilidad.

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¿En qué piensa cuando sucede un temblor?

Uno no puede evitar pensar en el sufrimiento de la gente que pierde familiares y amigos en esas tragedias, en la magnitud abrumadora de esas desgracias. Inevitablemente también pienso en la naturaleza del fenómeno, el tipo de sismo, cómo se generó, cómo se compara con otros sismos, etcétera. Existe esa dualidad entre la fascinación por un fenómeno tan poderoso y el horror por las posibles consecuencias.

Geólogo  

Rüdiger Escobar Wolf estudió:

• Ingeniería Civil de la Universidad de San Carlos.
• Trabajó como  analista de riesgo para la Conred.
• Obtuvo una maestría y luego un doctorado en Ciencias Geológicas por la Universidad Tecnológica de Míchigan, Estados Unidos.
• Estudió   Vulcanología y Riesgos Volcánicos.
• Trabaja en  la investigación científica y docencia universitaria en temas relacionados con los riesgos geológicos, los volcanes y las aplicaciones de los sensores remotos.