Recapturan a Jose Rubén Zamora y volverá a prisión preventiva a Mariscal Zavala

El juez Erick García da cumplimiento a lo resuelto por la Sala Tercera de Apelaciones de revocar las medidas sustitutivas al periodista Jose Rubén Zamora; además, señala haber recibido amenazas.

Pavel Arellano y Elmer Vargas

10 de marzo de 2025 | 12:37h

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Este 10 de marzo un juez cumplió con lo ordenado por al Sala Tercera de Apelaciones y revocó las medidas sustitutivas dadas al periodista Jose Rubén Zamora. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

Este 10 de marzo, el Juzgado Segundo ejecutó la orden de la Sala Tercera de Apelaciones, por lo que el periodista José Rubén Zamora volverá a prisión preventiva, tras la revocación de las medidas sustitutivas que había recibido.

De acuerdo con el Ministerio Público, con esta decisión el periodista deberá regresar a prisión preventiva “de forma inmediata”.

“El señor juez no tenía opciones. De manera arbitraria, la Sala le ordenó esto. A pesar de sus convicciones, lo dejaron en un callejón sin salida”, dijo Zamora tras la resolución del juez.

El juez Erick García, quien fue el mismo que benefició con arresto domiciliario a Zamora el 18 de octubre de 2024, señaló en la audiencia que él y su personal han sido “víctimas de amenazas e intimidaciones por personas desconocidas”.

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Desde el 6 de marzo, los hijos del periodista alertaron en redes sociales sobre esta audiencia, la cual fue suspendida el 7 de marzo debido a que el juez García argumentó la ausencia del representante de la Fundación contra el Terrorismo, así como la falta del expediente del caso.

Juez Erick García da cumplimiento a lo resuelto por la Sala Tercera de Apelaciones que revoca medidas sustitutivas de Rubén Zamora. El periodista deberá regresar a prisión preventiva a la cárcel Mariscal Zavala.@Guatevision_tv @prensa_libre

Erick Ávila pic.twitter.com/gj5YuM0Ybh

— Elmer Vargas (@evargas_gtv) March 10, 2025

Lea también: “No me voy a rendir, no voy a aceptar delitos”: Jose Rubén Zamora llega a tribunales para audiencia

Defiende inocencia

Tras escuchar el fallo, el periodista, que vestía un traje azul y camisa blanca, insistió en su inocencia y reiteró que seguirá “enfrentando el Estado mafioso, las mafias criminales que manipulan a su capricho, y arbitrariamente la justicia”.

“Regreso a prisión. Yo pienso que no soy el único (criminalizado)”, declaró Zamora, quien calificó como “arbitraria” la resolución en su contra de la sala de Apelaciones.

”No aceptaré cargos por delitos que no he cometido y seguiré luchando desde prisión”, agregó Zamora Marroquín a los medios de comunicación luego de conocer la resolución que lo regresa a prisión.

En su cuenta de X, la Fiscalía se limitó a indicar que el regreso de Zamora a prisión debía ser de forma “inmediata” en “ cumplimiento a lo ordenado por la Sala Tercera de Apelaciones”.

Amenazas

Por su parte, el juez García denunció durante su intervención que en la últimas semanas él junto al personal de su juzgado han sido víctimas de amenazas por parte de personas desconocidas.

“Durante todo este tiempo atrás la judicatura, los jueces y personal han sido objeto de intimidaciones y amenazas por personas desconocidas”, aseguró el juez García durante la audiencia.

La defensa de Zamora Marroquín había pedido la suspensión de la audiencia debido a que existen amparos y otros recursos legales que la Corte de Constitucionalidad no ha resuelto. Sin embargo, estas peticiones fueron rechazadas por el juzgado.

Por su parte, la fiscal Leonor Morales, quien se encuentra sancionada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pidió que el periodista regresara a prisión para acatar la orden que la sala dio hace dos semanas.

El periodista fue acusado inicialmente de un supuesto lavado de dinero y posteriormente se abrieron dos casos más en su contra por una supuesta obstrucción a la justicia, así como otro por una alteración de documentos migratorios.

Este mismo lunes, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, había condenado los intentos de la Fiscalía por llevar de vuelta al periodista a prisión.

Durante 819 días en prisión, Zamora Marroquín fue víctima de restricciones a sus derechos y sufrió deterioro en su salud, tal y como lo denunció el periodista y organizaciones internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Rechazo

La oenegé Reporteros Sin Fronteras (RSF) hizo “un llamamiento al sistema judicial guatemalteco para que respete el derecho a un juicio justo y deje de abusar de los mecanismos legales para amordazar a los periodistas”.

“La comunidad internacional debe seguir presionando a Guatemala para que garantice la libertad de prensa y el Estado de derecho”, subrayó RSF en una declaración enviada a la AFP.

Amnistía Internacional (AI) condenó el fallo debido a que “a todas luces” es arbitraria y se debe por “sus labores periodísticas de investigación y denuncia de la corrupción”.

“Su detención es un atropello más en la larga lista de violaciones a sus derechos humanos. Exigimos su liberación inmediata y el levantamiento de todos los cargos en su contra”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de AI.

“Rechazamos la revocación del arresto domiciliario del periodista José Rubén Zamora. La arbitraria decisión del Juzgado constituye un grave ejemplo de persecución política y contra la libertad de expresión en Guatemala”, subrayó por su parte la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Además, la embajada británica acreditada en Guatemala se pronunció sobre el encarcelamiento de Zamora y reiteró su apoyo a la libertad de prensa en el país.

El Reino Unido reafirma su compromiso con la defensa de la libertad de prensa y de expresión. Seguimos con atención el proceso de José Rubén Zamora y expresamos nuestra preocupación por los recientes acontecimientos. Un periodismo libre e independiente es fundamental para la democracia y el Estado de derecho. Nadie debería enfrentar represalias por ejercer su labor informativa, señaló dicha delegación diplomática en una publicación en redes sociales.

Fundación Gabo

Por su parte, la Fundación Gabo expresó su profunda preocupación por la recaptura de Zamora y su regreso a prisión.

La fundación recuerda que Zamora es ganador del Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2024, gracias a su trabajo informativo.

La reciente decisión de la Sala de Apelaciones contradice el criterio del juez Erick García, quien le había otorgado medidas sustitutivas y denunció haber sido objeto de amenazas e intimidaciones. Este hecho evidencia la falta de independencia que aqueja al sistema judicial de Guatemala y la intención de criminalizar el ejercicio periodístico, además de acrecentar el clima de hostilidad que enfrentan los periodistas de Centroamérica, dice la Fundación Gabo en un comunicado.

La Fundación Gabo, junto con su Consejo Rector y la extensa red de periodistas de Iberoamérica que han contribuido a homenajear la calidad del periodismo que exhibe José Rubén Zamora, hace público su rechazo a la acción de gobiernos y grupos de poder corruptos que utilizan el aparato judicial y otras formas de presión para acallar voces críticas, forzar al exilio a decenas de comunicadores y restringir cada vez más los espacios de libre expresión, refiere la misiva.

En tanto, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) repudia la decisión judicial de revocar el arresto domiciliario de Zamora y regresarlo a prisión.

“La decisión de enviar de nuevo a prisión al periodista Jose Rubén Zamora es un acto flagrante de persecución judicial. Este caso representa una peligrosa escalada en la represión del periodismo independiente”, dijo Cristina Zahar, coordinadora del programa de América Latina del CPJ.

“Instamos a las autoridades a liberarlo de inmediato, a dejar de utilizar el sistema judicial para silenciar el periodismo crítico y a respetar la libertad de prensa y el debido proceso”, agregó.

El colectivo No Nos Callarán también condenó “enérgicamente” la orden de la Sala Tercera de Apelaciones que obligó a al juez Erick García a revocar la medida de prisión domiciliaria que había dictado a favor de Zamora.

“El juzgador indicó en la audiencia de hoy que ordenó su regreso a la cárcel acatando el fallo de una instancia superior, pero mantuvo el criterio de que se había excedido el plazo de la prisión preventiva en clara vulneración a los derechos del periodista. Además, aseveró, que él y otros miembros de su juzgado están sufriendo “amenazas e intimidaciones por personas desconocidas”.

Con información de AFP y EFE

Mingob anuncia construcción de una cárcel para cumplimiento de prisión preventiva en Huehuetenango

Autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) brindaron detalles de la construcción de una cárcel en Huehuetenango, exclusiva para el cumplimiento de prisión preventiva.

Hedy Quino y Henry Montenegro

12 de noviembre de 2024 | 18:20h

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El ministro de Gobernación Francisco Jiménez anunció la construcción de una cárcel en Huehuetenango. (Foto Prensa Libre: EFE/ Mariano Macz)

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, dio a conocer que trabajan en un plan para construir una cárcel par el cumplimiento de prisión preventiva en Huehuetenango, cuyo diseño aún no se ha definido porque recién han iniciado con la propuesta.

“La Ley del Sistema Penitenciario mandata al Estado a tener una cárcel de prisión preventiva en cada departamento. Esto no ha sido tomado en serio por ninguna gestión anterior por diferentes razones y nosotros queremos tomarlo en serio”, declaró Jiménez.

El funcionario indicó que la propuesta de construirla en Huehuetenango surgió porque el alcalde de la cabecera de ese departamento les ofreció un terreno para la edificación.

“Estamos en los trámites para que el terreno pase a nombre del ministerio, porque de lo contrario no se podría hacer una construcción allí”, añadió.

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Jiménez explicó que la cárcel tendría capacidad para entre 150 y 180 privados de libertad en condición de prisión preventiva.

“Nosotros queremos que las personas en condición de prisión preventiva estén cerca de su residencia, para evitar una serie de circunstancias que afectan al Sistema Penitenciario”, agregó.

Además, el ministro aseguró que el objetivo principal de la cartera del Interior es la modernización de las cárceles, como “Renovación 1”, en Escuintla.

Luis Rabbé es ligado a proceso por tres delitos y enviado a prisión preventiva por peligro de fuga

Por posiblemente cometer nombramientos ilegales, por abuso de autoridad, y peculado, el expresidente del Congreso, Luis Rabbé fue ligado a proceso penal, también fue enviado a prisión preventiva por existir el peligro de fuga.

Hedy Quino y Elmer Vargas

6 de septiembre de 2024 | 12:26h

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El expresidente del Congreso, Luis Rabbé, enfrentará un proceso penal por un caso de contrataciones ilegales. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang)

Este viernes 6 de septiembre el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez, resolvió ligar a proceso penal al expresidente del Congreso de la República, Luis Rabbé, por nombramientos ilegales, abuso de autoridad y peculado por sustracción.

Durante la resolución, la juzgadora argumentó que Rabbé posiblemente autorizó la contratación de más de 157 plazas asignadas a miembros de la Junta Directiva del Congreso, Dirección General y Dirección Administrativa del Congreso, con salarios propuestos y aprobados por él.

Explicó que las contrataciones y pago de salarios no se hicieron con base a las leyes.

“(…) Provocando una erogación y gastos al Organismo Legislativo, que hoy el sindicado en su calidad de presidente tenía la obligación de vigilar por una eficiente ejecución del presupuesto”, detalló la jueza.

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“(…) Por parte de la Junta Directiva se aprobaron tres modificaciones presupuestarias, presupuesto destinado a cubrir las obligaciones por el incremento de contrataciones, lo cual reflejó los efectos de no contar con controles efectivos en las obligaciones para las administraciones del Congreso, vulnerando los deberes que, por su cargo, usted —Luis Rabbé— tenía encomendado. Se estima que su actuar no estuvo en marcado en derecho”, indicó la jueza.

“El patrimonio del Congreso se vieron afectados con su actuar. La Ley regula que el presidente, la Junta Directiva y el director general en forma mancomunada son responsables de la administración del patrimonio del Congreso. (…) Se dicta auto de procesamiento en contra del señor Luis Rabbé, que queda ligado a proceso a esta judicatura”, resolvió la juzgadora.

Durante la audiencia se fijó al MP tres meses para que continúe con la investigación.

También se indicó que la etapa intermedia se va a celebrar entre el 6 y 10 de enero del 2025.

El ex diputado Luis Rabbé es ligado a proceso penal por abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción dentro del caso Plazas Fantasma.

Emilio Chang@Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/zfbsTOABWS

— Elmer Vargas (@evargas_gtv) September 6, 2024

Al finalizar la audiencia Rabbé declaró: “Vamos a mostrar nosotros nuestras pruebas, ojalá sean admitidas, de hecho, esta causa penal ya está sobreseída”.

Además, dijo que “es un refugiado político en México y en su país es un perseguido político”.

Es enviado a prisión preventiva

El Ministerio Público (MP) solicitó la prisión preventiva de Rabbé por existir peligro de fuga, ya que desde el 2016 se giró una orden de captura en su contra, y ese mismo año abandonó el país, refugiándose en México, por lo que se solicitó su extradición.

En 2019 el exdiputado solicitó amparos para evitar ser extraditado, agregó el MP.

“Hay un peligro latente de fuga, existe el peligro de fuga, por lo tanto, es fundamental la prisión preventiva del sindicado”, detalló el ente investigador.

La juzgadora indicó que también está la grave sospecha que el imputado pueda destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de pruebas, por lo que existe el peligro de obstaculización de la averiguación a la verdad.

La jueza aceptó el requerimiento del MP y envió a prisión preventiva al expresidente del Legislativo, Luis Rabbé, ya que consideró que existe el peligro de fuga.

“Se dicta auto de prisión preventiva en contra de Luis Rabbé, quien permanecerá en el centro penal donde actualmente se encuentra —cárcel Mariscal Zavala—, hasta que se lleve a cabo la investigación del presente proceso”, dictó la jueza.

Imágenes Elmer Vargas

Antecedentes

En la madrugada del jueves 8 de agosto el Ministerio de Gobernación (Mingob) informó de la extradición de Luis Rabbé.

Las autoridades mexicanas entregaron a Luis Rabbé en la frontera de El Carmen, San Marcos, a un contingente policial guatemalteco, luego fue trasladado vía aérea a la ciudad de Guatemala, detalló la cartera del Interior.

Según el Mingob, el expresidente del Congreso fue capturado en México en el 2018 y se negó ser extraditado voluntariamente, por lo que fue enviado a prisión preventiva en ese país.

Luis Rabbé es señalado por los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción y nombramientos ilegales.

Imágenes Elmer Vargas

Investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) en conjunto con la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revelaron que el exdiputado aprobó plazas en el Congreso de la República para personas que no asistieron a trabajar.

Según las pesquisas, Luis Rabbé autorizó para la junta directiva 164 plazas que no cumplían con el perfil idóneo, con salarios excesivos y algunas de ellas sin asistir a labores.

La extradición de Luis Rabbé se registró siete días después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) cerró el caso Plazas Fantasma, con cuya resolución resultaron beneficiados varios funcionarios.

Una apelación interpuesta por el MP sobre una resolución del Juzgado de Mayor Riesgo “A” fue rechazada, por lo que quedó en firme el cierre del caso dictado por la jueza Claudette Domínguez.

Dos mil grilletes electrónicos estarán a disposición del sistema de justicia a partir de este 1 de junio como parte del nuevo sistema de control telemático que impulsa el Mingob.

Según la referida cartera, el objetivo de su implementación es modernizar el sistema penal, reducir la población en los centros carcelarios y brindar condiciones favorables a los reclusos para su readaptación a la sociedad.

Cómo funciona

El sistema de control telemático permite llevar a cabo un monitoreo y vigilancia permanente en tiempo real mediante cuatro pantallas en las que se observa un mapa con opción a vista satelital para controlar el recorrido del usuario gracias a tecnologías de geolocalización.

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Además, un mapa de calor que indica el tiempo que la persona estuvo en cada lugar y si permaneció o no dentro del perímetro permitido para circular.

Mientras que Sergio Ramos, subdirector del Centro de Control Telemático del Mingob, explicó que la tobillera funciona por medio de una correa de sujeción que va directo al Smart tag.

Funciona con cuatro tecnologías: GPS, LDS, WiFi y radiofrecuencia. Al momento de que el portador incumpla con alguna de las reglas, el sistema va a alertar en tiempo real para poder terminar qué es lo que está sucediendo con el dispositivo y el portador.

Van a contar con personal con un turno de 24/7 los 365 días del año y con analistas de riesgo, los cuales van a estar determinando, conforme a la veracidad de las alertas, cuál es el comportamiento de los privados de libertad.

Según las alertas generadas, así van a ser los procedimientos que van a ejecutar conforme a los protocolos de actuación.

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Para cubrir los dos mil dispositivos, van a comenzar con 15 monitores, un supervisor en cada turno y analistas de riesgo en acompañamiento, dos en cada turno.

Además, tienen establecido un rango de importancia en atención de la alerta, así es como van a monitorear.

David Napoleón Barrientos, ministro de Gobernación, resaltó que el control telemático permitirá, paulatinamente, disminuir la cantidad de privados de libertad que, hoy por hoy, es el 400% de la capacidad de la infraestructura que se tiene en los centros carcelarios desde hace muchísimos años y que han sobrepasado su capacidad.

Dijo que esta medida va a permitir que las personas no tengan que estar en prisión preventiva, por ejemplo, según lo determinen los jueces.

Agregó que hay personas que laboralmente pueden ser muy productivas y están guardando prisión, entonces pueden seguir con sus actividades laborales, comerciales, ya que el aparato no es grande y permite movilidad en las áreas laborales, particulares, profesionales o estatales.

Destacó que esto es un avance para el sector de justicia en Guatemala.

“Al evento se le llamó plan piloto porque es una experiencia nueva para nosotros, para el sistema judicial, para el país, para el Ministerio de Gobernación. Hemos hecho el análisis y la preparación cuidadosa y estamos preparados para hacerlo”, afirmó el ministro.

Añadió que tienen dos mil equipos inicialmente y, en la medida que los jueces vayan otorgando esta medida y vaya creciendo la cantidad de usuarios, tienen que ampliar la cantidad de dispositivos.

“No tenemos un límite. El límite lo pondrá el Organismo Judicial. Hasta el momento, no se ha hecho ningún pago. Los pagos se van a hacer durante tres años y, de acuerdo con el rango de usuarios que existan, hay un monto a cancelar por el uso de esa tecnología”, añadió.

El Mingob explicó que en caso de ser transgredidas las medidas establecidas por el juez o jueza competente, o un intento de retirar el dispositivo, los agentes de la unidad de control telemático podrán comunicarse con el usuario y activar los protocolos correspondientes.

De acuerdo con el artículo 7 de la ley de Implementación del Control Telemático en el proceso penal, sobre autofinanciamiento, “el dispositivo de control telemático será financiado por el sindicado, sancionado o condenado, salvo criterio del juez competente, previo estudio socioeconómico del sujeto”.

Para leer más: Gobernación crea la Unidad de Control Telemático referente al dispositivo de control para personas en proceso penal

El Mingob también informó que un juez competente determinará si la persona que porta el aparato deberá pagar por sus medios la cantidad de Q1 mil 500 mensuales o si será absuelta del costo.

En cuanto al incumplimiento de las disposiciones establecidas por el Organismo Judicial (OJ), tendrá como consecuencia la revocación de la medida, el pago de una multa, pena de prisión y la captura inmediata.

En febrero pasado, el Mingob adjudicó por Q110 millones 367 mil 144 al arrendamiento de 2 mil dispositivos de control telemático, en el cuarto intento por adquirir el servicio, pues en las ocasiones anteriores el evento había sido anulado.

El 11 de mayo recién pasado, Sergio Ramos, subdirector del Centro de Control Telemático , comentó que el control telemático es un conjunto de sistemas de telecomunicaciones e informática de vigilancia electrónica permanente que permite rastrear al portador del Dispositivo de Control Temático, al que denominan (DTC).

Agregó en esa oportunidad que el DTC es un rastreador de ubicación que permite geolocalizar, en tiempo real, a las personas que portan el dispositivo.

[#𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼] Aplicación del #ControlTelemático será eficiente y transparente.

La información acá https://t.co/WEHVL6WfjS pic.twitter.com/lqagMyLuR7

— MinGob (@mingobguate) May 31, 2023

Refiere al Decreto Número 49- 2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de implementación del control telemático en el Proceso Penal, el cual regula la aplicación del control telemático a las personas sujetas a proceso penal, para garantizar el efectivo cumplimiento de las medidas sustitutivas, prelibertad y libertad controlada, así como las medidas de seguridad en casos previstos.

En el acuerdo gubernativo 89-2023, de fecha 16 de mayo de 2023, el Mingo que señala que para dar cumplimiento al autofinanciamiento establecido en el artículo 7 de la referida Ley, se hizo necesario fijar las tarifas que deberá pagar el sindicado, sancionado, condenado o el presunto agresor, por los Servicios de Control Telemático.

Será la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros del Mingob el responsable de recaudar y administrar los ingresos propios que perciba por el cobro de los servicios de control telemático y que para eso deberá establecer los controles internos correspondientes.

Tarifas

Las tarifas individuales por el uso de los dispositivos de control telemático serán las siguientes:

1. Tarifa diaria: Q50
2. Tarifa mensual: Q1 mil 500.

El Minigob estableció que los ingresos percibidos por las mencionadas tarifas constituyen ingresos propios para la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros del Ministerio de Gobernación, y se utilizarán para cubrir los gastos de administración y mantenimiento de la Unidad de Control Telemático.

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Forma de pago

En cuanto al pago de la tarifa correspondiente al uso del control telemático, el Mingob definió que deberá realizarse antes de que al sindicado, sancionado, condenado o presunto agresor se le coloque el dispositivo de control.

El pago deberá hacerse en moneda de curso legal mediante transacciones bancarias, con dos días de anticipación al inicio del plazo de ejecución de la medida.

La Dirección de Servicios Administrativos y Financieros del Ministerio de Gobernación deberá establecer los procedimientos para la aplicación del tarifario por día y mes.

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El Mingob también menciona sobre el incumplimiento del pago de tarifas, y señala que, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales, el incumplimiento en la obligación de los pagos establecidos en el tarifario autorizado, será informado al juez competente por parte de la Unidad de Control Telemático, para que resuelva de conformidad con la Ley.

Los ingresos percibidos y administrados por la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros del Mingob se trasladarán a la cuenta “Gobierno de la República Fondo Común Ingresos Privativos Tesorería Nacional”, del Banco de Guatemala; asimismo, deben registrarse en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) y en la cuenta corriente de ingresos propios por parte de la Unidad Ejecutora.

El Mingob, a través de la Unidad de Auditoría Interna, será la encargadas de auditar y evaluar los procesos presupuestarios, contables y financieros de la recaudación y administración de los ingresos percibidos.

El presente acuerdo empezará a regir al día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América, es decir el jueves 18 de mayo.

Q110 millones

En febrero pasado, el Mingob adjudicó por Q110 millones 367 mil 144 el arrendamiento de 2 mil dispositivos de control telemático, en el cuarto intento por adquirir el servicio, pues en las ocasiones anteriores el evento había sido anulado.

La empresa que ganó la licitación fue Tecnología, Acceso y Seguridad Sociedad Anónima, que fue la única que presentó oferta, según consta en el portal Guatecompras.

El pasado 11 de mayo, el Mingob informó que A partir del 1 de junio de 2023 personas privadas de libertad podrán optar al uso de un dispositivo de control telemático como método alternativo a la prisión preventiva.

El juez dictará si la persona deberá cumplir prisión preventiva o bien hacer uso de un dispositivo de control telemático. En la orden de instalación se debe de indicar si el privado de libertad pagará la cifra mensual de Q1 mil 500 mensuales o Q50 diarios o si es el Ministerio de Gobernación (Mingob) la que absorberá los gastos, luego de un estudio socioeconómico.

Para el funcionamiento y monitoreo de los brazaletes se creó la Unidad de Control Telemático, la cual pertenece a la Dirección Superior del Mingob. Dicha unidad se encargará de la verificación de la señal enviada por los dispositivos.

En caso el privado de libertad salga del área donde debe permanecer o se acerque a alguna zona restringida emitirá una alarma, el mismo sistema se activará si la persona se intenta quitar la tobillera.

El dispositivo envía la señal con cuatro tecnologías diferentes las cuales son: GPS, radiofrecuencia, Wifi y un servicio que triangula antenas de telefonía llamado LBS. Se entregará a la persona la base del cargador más un cargador inalámbrico, cuando al control le sobra poca potencia emite una señal al centro de monitoreo.

Por otro lado, el cumplimiento de la medida puede ser castigado con la revocación de la medida, el pago de una multa, pena de prisión y la inmediata captura.

En febrero pasado, el Mingob adjudicó por Q110 millones 367 mil 144 el arrendamiento de 2 mil dispositivos de control telemático, en el cuarto intento por adquirir el servicio, pues en las ocasiones anteriores el evento había sido anulado.

La empresa que ganó la licitación fue Tecnología, Acceso y Seguridad Sociedad Anónima, que fue la única que presentó oferta, según consta en el portal Guatecompras.

Autoridades del Minigob y de la empresa que dará el servicio ofrecieron una conferencia de prensa este 11 de mayo en el que confirmaron que la fecha de inicio de este proyecto será el 1 de junio de 2023 y explicaron las características de los dispositivos de control, el sistema de vigilancia y el costo que tendrá para los privados de libertad que opten por usarlos.

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El Ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, presentó los dispositivos de control y mencionó que estos se irán implementando paulatinamente.

Afirmó que a partir del 15 de mayo, el Mingob ya podría estar listo para usar esta nueva tecnología.

Las autoridades deberán capacitar al personal en el manejo de esta tecnología.

Sergio Ramos, subdirector del Centro de Control Telemático del Mingob, comentó que el control telemático es un conjunto de sistemas de telecomunicaciones e informática de vigilancia electrónica permanente que permite rastrear al portador del Dispositivo de Control Temático, al que denominan (DTC).

Señaló que el DTC es un rastreador de ubicación que permite geolocalizar, en tiempo real, a las personas que portan el dispositivo.

Agregó que cada dispositivo cuenta con tres accesorios:

• Beacon para radiofrecuencia (grillete electrónico)
• Cargador base
• Cargador inalámbrico

Explicó que el dispositivo DTC tiene un peso de 68 gramos y funciona por carga inalámbrica.

Señaló que las correas de fijación al tobillo tienen un material de fibra con refuerzo de acero lo cual lo hace resistente al quererlo quitar o cortar.

Ramos puntualizó que si la persona que tiene el dispositivo de control intenta manipularlo el sistema alertará al centro de vigilancia.

Afirmó que los grilletes son hipoalergénicos, que significa que el material que está en contacto con la piel no producirá ningún tipo de alergia ni afectación.

Comentó que los dispositivos tienen certificación IP68 por lo que es contra polvo y agua. Refirió que gracias a esta certificación las persona que usen los dispositivos podrán bañarse con el grillete, meterse a nadar al mar o a piscinas.

Estos dispositivos proporcionarán la ubicación de los privados de libertad todos los días, las 24 horas y funcionan con una E-SIM que va incorporada que es multi operador y cuenta con roaming.

Utiliza cuatro tecnologías de geolocalización que son:

• GPS
• RF (radio frecuencia)
• Wifi
• LBS (servicio basado en localización  que triangula las antenas de telefonía)

Ramos afirmó que la Unidades de Control Telemático del Mingob cuenta con un espacio físico en donde distintos operadores monitorearán a los privados de libertad los siete días de la semana y los el sistema permite reaccionar si alguna persona está saliendo de un lugar determinado o su área restringida o si está accediendo a un área en donde no está autorizado a entrar.

Refirió que las alarmas que tiene cada sistema se activarán cuando algún privado de libertad viole su área de acción y podrá solicitar apoyo a otras unidades para detenerlo o evitar algún delito.

En la presentación de los dispositivos de control telemático, la empresa hizo una demostración de funcionamiento. Le colocaron el grillete electrónico a una persona y le delimitaron el área de permanencia y salió del Mingob.

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Una transmisión en vivo mostraba por dónde caminaba la persona con el dispositivo y una vez que este pasó del área permitda, en el centro de vigilancia saltó una alarma.

Ronald Raymundo Donis,  subdirector administrativo de la Unidad de Control Telemático de Mingob, aseguró que serán los jueces los que delimiten el área de cobertura para cada privado de libertad, así como las zonas a las que no puede ir.

Afirmó que los dispositivos pueden funcionar incluso en sótanos o lugares con poco acceso a teléfono y allí el sistema se conectará por radio frecuencia para no perder el contacto.

Dijo que el Mingob hará un informe sobre el procedimiento que se usará con determinado privado de libertad y que será enviado a un juez y este será el que emita la orden de instalación dispositivo.

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Costos para los reos

Según Raymundo Donis, en la orden de instalación el juez deberá incluir si el privado de libertad deberá pagar por el uso del dispositivo o si Mingob absorberá este gasto, luego de un estudio socioeconómico que efectúe el Organismo Judicial.

Si el juez decide que la persona debe financiar el sistema de control, el privado de libertad deberá pagar Q1 mil 500 mensuales o Q50 diarios para tener derecho al este tipo de monitoreo.

Lorenzo Castillo, subdirector administrativo de la UCT del Mingob, dijo que esta tecnología beneficiará a personas a las que un juez les de medida sustitutiva a cambio de prisión preventiva.

También podrán ser beneficiados con estos los condenados que se encuentren cumpliendo una sentencia firme, pues la tecnología permitirá la aplicación del régimen progresivo regulado en la Ley de Régimen Penitenciario en cuanto a la fase de prelibertad y de libertad controlada.

También podrán ser beneficiados presuntos agresores, con el fin de proteger a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.

La empresa que proveerá el servicio es Tecnología, Acceso y Seguridad Sociedad Anónima. Esta fue la única entidad que presentó su oferta, según consta en el portal Guatecompras.

Asimismo, deberá de los dispositivos, deberá aportar infraestructura y equipos de seguridad; diseñará e implementará pruebas de aceptación de las soluciones provistas para el centro de control y realizará mantenimiento preventivo y correctivo durante las 24 horas los 365 días al año

También se pide que brinde capacitación, gestión, mantenimiento, operación y monitoreo a solicitud de la Unidad de Control Telemático del Mingob, dependencia que fue creada en 2020.

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En tanto, el ministerio deberá proveer personal operativo y administrativo para el funcionamiento del centro, equipamiento de computadoras, medios de almacenamiento permanente de respaldo, pantallas, mobiliario, equipos de impresión multifuncional, cámaras de video vigilancia y planta telefónica, entre otros insumos y servicios.

“La adquisición de servicio para la implementación del plan piloto de control telemático por un plazo de 18 meses, con hasta un mil dispositivos, se realiza en cumplimiento a la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal, Decreto Número 49-2016 del Congreso de la República de Guatemala, con el fin de poseer un sistema bajo la modalidad de localización permanente de las personas sujetas a proceso penal, para garantizar el efectivo cumplimiento de las medidas sustitutivas, prelibertad, libertad controlada y las medidas de seguridad, en el caso de protección de las víctimas del delito y víctimas de violencia contra la mujer”, refieren las bases del proyecto.

Cuarto intento

Esta es la cuarta vez que el Mingob intenta adquirir este servicio. La primera vez que se intentó arrendar fue en mayo de 2018, evento que fue prescindido porque el lugar definido para operar el centro de control telemático se encontraba cerca de prisiones y había riesgo de que la comunicación de celulares fuera anulada.

La segunda vez fue en 2021, donde se pretendía adquirir 3 mil dispositivos de control telemático. Fue adjudicada de forma preliminar Innova Outsourcing S.A. por Q244 millones, pero el entonces ministro Gendri Reyes improbó la adjudicación aduciendo que la sumatoria total de las cantidades donde se detallaban los servicios ofertados no coincidían con el total de la oferta presentada por la empresa.

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Finalmente, el año pasado la junta de licitación adjudicó de nuevo 3 mil dispositivos a Innova Outsourcing S.A. por Q214 millones, pero el ministro le anuló la adjudicación aduciendo que no contaba con todos los documentos

Control telemático

El control telemático es una alternativa a la prisión preventiva y consiste en un conjunto de sistemas electrónicos y técnicos de videovigilancia que sirven para ubicar en tiempo real a sindicados o condenados que gocen de medidas sustitutivas.

Para expertos en seguridad, la implementación del control telemático podría mitigar el hacinamiento en cárceles. Sin embargo, advierten que no todos los reclusos pueden optar a esta medida, pues hay quienes están por delitos más graves que no contemplan medidas sustitutivas.

Se intentó consultar con el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, sobre esta contratación, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Ley

En 2016, el Congreso de la República aprobó la Ley de Implementación de control telemático cuyo objetivo es “regular la aplicación del control telemático al proceso penal guatemalteco, a través de la implementación del dispositivo de control telemático como medio eficaz alternativo a la prisión”, según dice la normativa.

Este dispositivo será financiado por el sindicado, sancionado o condenado, salvo criterio del juez competente previo a un estudio socioeconómico. Para utilizarse, debe haber el consentimiento expreso de la persona, salvo en casos de medidas seguridad.

Si la persona destruye el dispositivo y se comprueba que lo hizo de forma dolosa, se revocarán los beneficios otorgados y se ordenará inmediatamente su aprehensión para que guarde prisión preventiva. Esto también será considerado delito, con penas de cinco a diez años de prisión y multa de Q25 mil a Q50 mil, según el artículo 10 de la ley.

La ley también crea el centro de control telemático, “el cual tendrá a su cargo la vigilancia de los sujetos portadores del dispositivo de control, el registro de los archivos y los reportes de los incidentes en la utilización, así como en el almacenamiento y ordenamiento de todos los datos recibidos”, reza el artículo 12 de la norma.

Eugenio Abraham Cac Che, de 23 años, ingresó a la Torre de Tribunales el pasado 27 de diciembre por la noche, después de haber sido protagonista de un accidente en motocicleta en la 11a avenida y 20a calle de la zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con fuentes policiales Cac Che, que es originario de Senahú, Alta Verapaz, fue conducido por agentes de la PNC después del incidente vial en el que impactó con otra motocicleta.

Cac iba acompañado de su mamá, Carmen Che Cux, de 59 años, y tras el impacto salió expulsada y sufrió lesiones graves que ameritaron trasladarla a un centro asistencial donde minutos más tarde falleció.

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Mientras Cac Che esperaba ser escuchado por el encargado del Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno de Guatemala, para determinar su situación jurídica se enteró que su madre había muerto. Eso desató una crisis, según las pesquisas, que lo hicieron privarse de la vida.

Para hacerlo se quitó las correas de sus zapatos, las que amarró con los barrotes de la carceleta para suicidarse, según las primeras averiguaciones. El hombre había sido detenido por el homicidio culposo de su progenitora.

Se está espera que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) revele la causa científica de la muerte.

En forma preliminar relataron que había sido por asfixia por suspensión y el Organismo Judicial, por medio del vocero, Rudy Esquivel, descartó que se hubiera tratado de un asesinato.

El escenario es complejo para un hombre de 54 años, al que llamaremos Mario, quien ha esperado durante 14 años y siete meses que un familiar se haga cargo de él. El 12 de febrero del 2008 un juez resolvió declararlo inimputable del delito de homicidio, al considerar que no está en capacidad mental que le permita comprender la naturaleza de los hechos ilícitos atribuidos, lo cual le impide enfrentar todas las fases del proceso penal.

Durante 175 meses han estado a cargo de su carpeta judicial ocho defensores públicos, se le han practicado seis estudios sociales y diversos análisis psiquiátricos, a fin de lograr la autorización para que un familiar se haga cargo. El 22 de octubre tendrá lugar la audiencia en la cual se autorice que su medio hermana se haga responsable de su cuidado y así pueda salir del centro de salud mental.

Mario es originario de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, a donde regresaría si se logra ejecutar el fallo judicial, Sus familiares expusieron que el regresar a la vida de campo le permitirá tener más tranquilidad y ellos son los únicos que están dispuestos a abrirle las puertas de su hogar.
Édgar Meléndez, director en funciones de la División Técnica del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), explicó que en casos como el de Mario es complicado encontrar algún familiar que se haga cargo por la incapacidad mental y los cuidados que esto representa.

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Meléndez expuso que en “algunas ocasiones se logra que un familiar se haga cargo, pero a último momento dicen que no, porque tienen miedo de que puedan recaer en los hechos que cometieron”. El problema es que no existe una institución estatal que asuma dicha responsabilidad en estos casos.

El IDPP tiene a su cargo 83 casos de internos que enfrentan proceso penal; de estos, 59 se encuentran en fase de ejecución, 14 en juicio y seis pendientes de que se les declare la inimputabilidad. También hay tres requerimientos de ingreso reciente y una en impugnación, a la espera de que el fallo judicial quede firme.

“El reto para nosotros, como institución, es buscar un recurso idóneo y lograr que salga” del Hospital Federico Mora, debido a que la salud mental de los internos, con el paso del tiempo, se va deteriorando, puntualizó Meléndez.

PDH supervisa

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) lleva a cabo inspecciones en dicho nosocomio para verificar las condiciones en que se encuentran los internos que enfrentan un proceso penal y están a la espera de que se ejecute su declaratoria de inimputabilidad.

De acuerdo con las estadísticas del Sistema Penitenciario (SP), hasta el 19 de septiembre había 62 internos en el Hospital de Salud Mental, quienes se encuentran en un pabellón a su cargo. Allí están algunos recluidos por orden judicial, indicó Gerardo Villamar, defensor de las personas privadas de libertad de la PDH.

Asimismo, dio a conocer que cuatro guardias del SP están a cargo de la seguridad de los 62 internos con algún tipo de discapacidad mental y que en dicho recinto reciben atención médica, alimentación y los cuidados de higiene adecuados.

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Qué dice la ley

El Código Penal establece en su artículo 67, sobre la enfermedad mental del detenido: “Si el delincuente enfermare mentalmente después de pronunciada sentencia, se suspenderá su ejecución, en cuanto a la pena personal. Al recobrar el penado su salud mental, cumplirá su pena”.

Por lo anterior, cualquier proceso penal se archiva y se cierra a favor del imputado, porque no está en sus capacidades para comprender cualquier tipo de acusación.

En el último párrafo del referido apartado, regula que “en igual forma se procederá cuando la enfermedad mental sobreviniere hallándose el penado cumpliendo condena”, lo que da paso a la suspensión de la pena impuesta.

Sin políticas y atención

La salud mental es un tema “complicado y necesario de trabajar, pero desde las políticas públicas del sistema de seguridad, estas no existen para las cárceles y es una cuestión repetitiva que viene desde hace muchos años” dijo Marco Antonio Garavito, psicólogo social de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental.

Subrayó que la orden judicial es para casos patológicos comprobados, por lo que “hay privados de libertad que un juez ha determinado trasladarlos por su condición mental” y advirtió que “no hay una política penitenciaria basada en derechos humanos, además deben existir programas ocupacionales en salud mental para los privados de libertad” tomando en cuenta que hay diversos aspectos que afectan a reclusos.

Garavito trabajó durante cinco años un programa de ayuda y acompañamiento psicológico para los privados de libertad y compartió dos líneas importantes en las que se deben enfocar algunas políticas, una de ellas es para quienes ya cumplieron una condena “tienen mucho miedo de salir, primero por la estigmatización de la sociedad, no va a conseguir trabajo, sin familiares porque cuando las condenas son extensas la familia los abandona”.

También existe otro grupo de privados de libertad que tiene una idea de que va a salir de prisión “pero cuando son condenados, el bajón emocional y la depresión que enfrentan es terrible” y considera que la salud mental “es un componente fundamental en la vida del ser humano, incluyendo a los que están presos y al personal del Sistema Penitenciario” dijo Garavito.

La prisión preventiva se define de manera general como una medida cautelar que un sistema judicial aplica a una persona, lo que afecta de manera directa su derecho a la libertad en el lapso durante el cual se desarrolle su proceso penal. No obstante, esta medida también tiene efectos y, en ocasiones, son mayores en los aspectos económico, psicológico, lazos familiares y relaciones sociales, entre otros.

Los más afectados son los niños, adolescentes y jóvenes que tienen a uno de sus padres, y en otros casos a ambos, privados de libertad. Los hijos legalmente dependientes deben asimilar y digerir una realidad lejos de sus progenitores y se ven obligados a hacer de las cárceles su centro de vida.

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El daño se da porque en Guatemala “estamos acostumbrados a etiquetar a las personas” y solo el hecho de decirle a alguien que irá a prisión “daña a la persona y a la familia”, comparte Otto Paz Kroell, exrelator de la Oficina de Prevención Contra la Tortura.

A pesar de la facultad que tiene el juez de dictar alguna medida sustitutiva, la persona es enviada a prisión y eso ocasiona un “daño moral”, explicó Nancy Paiz, fiscal de sección adjunta de la Fiscalía de Ejecución del Ministerio Público.

El círculo más cercano

De acuerdo con Alejandro Chang, subdirector general del Sistema Penitenciario, un prisionero representa “de cuatro a cinco personas afuera”: esposa, hijos y, en algunos casos, padres de familia, que lo van a visitar y que “están haciendo cola desde las cinco de la mañana; niños que no van al colegio porque es día de visita; mujeres que tienen que pedir permiso en el trabajo, si es que les dan”. La privación de libertad no solo le afecta al sujeto, sino a su entorno inmediato, reconoce Chang.

Hace 14 meses, la población en general vivió toques de queda y otras medidas que decretó el Gobierno para evitar la propagación del covid-19. Algunas personas se desesperaron porque no podían salir los fines de semana, lo que se tomó para comparar un encierro “con todas las comodidades en nuestras casas. Ahora, ¿qué pasa con la persona que es privada de su libertad en un lugar con hacinamiento, insalubridad?”, independientemente de los hechos de que se le acusan?, cuestionó Édgar Meléndez, subdirector de la División de Coordinaciones técnico-profesionales del Instituto de la Defensa Pública Penal.

Meléndez dijo que el efecto alcanza en lo profesional, personal y familiar, “porque viene a cambiar realmente su mundo”. También recordó que algunos implicados en accidentes de tránsito son privados de su libertad hasta cinco meses, y “con dos o tres días que alguien pase privado de su libertad ha cambiado en todos los aspectos de su vida”.

De acuerdo con los registros estadísticos de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), hasta el 30 de mayo de 2022 había 24 mil 730 privados de libertad. Nueve de cada 10 son hombres.

Los invisibles

Una de las instituciones que trabajan con niños y adolescentes con referentes de familiares privados de libertad y mujeres que se encuentran en prisión es el Colectivo Artesana, el cual ha logrado identificar a unos 60 mil niños, niñas y adolescentes hijos de reclusos que “viven en el mundo exterior, que no se ven y que son invisibles”, señaló Andrea Barrios, directora de dicha organización.

Derivado del número considerable de menores de edad y familias afectadas por tener referentes de familiares privados de libertad, Artesana impulsa un programa de atención para los 70 niños que cohabitan con su madre en los centros carcelarios, pero, “principalmente, enfocado a los hijos de los privados de libertad que están afuera”.

El Colectivo identificó que había un prejuicio al considerar que los hijos de los hombres estarían bien porque estaban con la madre, pero fue en 2016 que entrevistaron a 11 mil 400 hombres encarcelados y se evidenció que los menores están “en igualdad de condiciones o peores” que los hijos de las mujeres, debido a que en muchos casos tienen a ambos padres privados de libertad.

Otro de los fenómenos que preocupan es que los hombres “tienen muchos hijos estando privados de libertad, y con diferentes parejas”, explicó Barrios, y agregó que han entrevistado a varones que al momento de su detención tenían tres hijos, y ocho años después tienen 10 y con distintas parejas.

A lo anterior se suma que se rompe el vínculo entre los hijos y el padre, que se justifica por peleas con la madre. “Nacen niños que no tienen ninguna relación”, por eso es difícil tener un número exacto de menores en esta condición, señala Barrios.

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El centro de vida

Uno de los fenómenos que el Colectivo Artesana ha identificado es que la mayoría de familias de quienes se encuentran en prisión viven en áreas cercanas a los reclusorios. Se mudan a vivir en condiciones inadecuadas porque “la vida gira en torno a la cárcel”. Incluso, muchas mujeres entran a trabajar con sus parejas a la cárcel.

El Colectivo hace visitas constantes a las cárceles y ha identificado que en la mayoría de estas funcionan asentamientos habitacionales improvisados en los que habitan los familiares más cercanos de los reclusos, con el fin de mantener ese vínculo.

Barrios afirma que la prisión en “el mundo exterior es un estigma social” que impacta en unas 26 mil familias, aproximadamente, cifra que cambia de manera constante porque a diario hay más personas detenidas por diferentes delitos o faltas.

El lema de esta organización es “la no trascendencia de la pena”; es decir que los familiares más cercanos no deben ser juzgados por delitos o faltas que cometieron quienes están en prisión; sin embargo, la realidad es otra.

En la Política de Prevención del Delito hay una línea que Artesana logró insertar, y es que “los hijos de las personas privadas de libertad y con discapacidad deben tener derecho y acceso a todos los programas sociales que impulsa el Gobierno”, y esto debe hacerse valer, comentó la directora del Colectivo, Andrea Barrios.

En los últimos 14 años, 16 mil 230 personas más se encuentran recluidas en las cárceles nacionales, lo cual representa un aumento del 300% de población en prisión preventiva, y “no se ha hecho nada sustancial”, mientras el número continúa en aumento, refiere Walter Menchú, analista del Cien, y enfatiza que los espacios carcelarios no se han ampliado a la velocidad que la demanda lo exige.

El Cien identificó que el “momento crucial” es la audiencia de primera declaración, porque es ahí donde se analiza si existen los indicios suficientes para que una persona enfrente un proceso penal, y luego el juez decidirá sobre las medidas precautorias, entre las cuales se encuentran la prisión preventiva y el arresto domiciliario.

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También se reflejó un incremento del 150% de personas en fase de audiencia de primera declaración entre 2010 y 2017, según el Cien. Además aumentó la proporción en que se dictaba prisión preventiva desde el 2010, lo que hizo que las cárceles terminarán colapsando, no solo por la infraestructura insuficiente, sino por el aumento del flujo de internos ingresados en las diferentes cárceles.

Una medida onerosa

El exceso de prisión preventiva representa un problema para la administración carcelaria, que hasta mayo debía lidiar con 24 mil 730 reos, en cada uno de los cuales el Estado debe invertir, en promedio, Q53 diarios por alimentación. Esto significa que e gasta Q1 millón 310 mil 690 diarios la Dirección General de Sistema Penitenciario (DGSP) en comida para los reos.

Según Alejandro Chang, subdirector de la DGSP, el hacinamiento se atribuye a la mora judicial, “algo abstracto, pero se convierte en algo concreto y tangible al visitar las cárceles”. El funcionario considera que la legislación guatemalteca es “muy conservadora”, pues se considera al delincuente como una persona que se debe encerrar.

La aglomeración en las prisiones responde a la poca capacidad del sistema de justicia para acelerar los procesos de judicialización, aunado al criterio de los jueces, que dictan prisión preventiva en delitos que podrían merecer alguna medida sustitutiva como arresto domiciliario.

Chang considera que es necesario “madurar” para cambiar el sentido de la pena y buscar la reinserción del infractor. Para el subdirector de la DGSP, el hacinamiento general de las cárceles no es del 300%, sino del 244%, pero sí reconoce que en algunos centros es mayor que en otros.

Actualmente hay 23 cárceles en 11 departamentos. La Policía Nacional Civil (PNC) tiene a su cargo nueve. La queja más recurrente de los privados de libertad es que no tienen un lugar para dormir.

El subdirector de la DGSP expresó que el hacinamiento se convierte en un problema de seguridad porque “a cárceles más hacinadas, menos control se tiene” de ellas. Por ejemplo, en 2019 existía una mora de 2 mil 121 expedientes de personas que tenían derecho a una libertad anticipada, y en la actualidad tienen ocho expedientes. En 2020 fueron atendidas mil 582 solicitudes, en 2021 fueron 2 mil 222 y en el presente año, 819.

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Las causas

Entre las principales causas del hacinamiento en los reclusorios se encuentra la mora judicial, falta de infraestructura penitenciaria, los cambios que se hicieron en algunas normativas a inicio del 2000 y que incluyeron delitos en los cuales no se pueden otorgar medidas sustitutivas. Además, no se respetan los plazos estipulados en la ley para el desarrollo del proceso.

Las tasas de prisión de Guatemala, comparadas con los porcentajes de los países latinoamericanos, se sitúan en el último lugar, a pesar de que existe una alta cantidad de crímenes. El Cien estima que se tiene una tasa de 143 reclusos por cada cien mil habitantes. No obstante, al combinarse con la ocupación en las cárceles, redunda en hacinamiento, lo que significa que “no se ha construido la suficiente infraestructura penitenciaria que se necesita”, explicó Menchú.

El investigador del Cien recuerda que la prisión preventiva se debe decretar para “lograr los fines procesales”, que son garantizar la presencia del sindicado en el avance de las pesquisas.

También se le envía a la cárcel al considerar que podría interferir en las investigaciones, amenazar a la víctima o desaparecer evidencia.

“Muchas veces, esa prisión preventiva se va convirtiendo en una pena anticipada”. Todo esto ha hecho que incida en el hacinamiento, que es mayor en las cárceles de cumplimiento de condena, las cuales han alcanzado un 450% de ocupación, señaló Menchú.

El Ministerio Público coincide con que en Guatemala se abusa de la prisión preventiva. Nancy Paiz, fiscal de sección adjunta de la Fiscalía de Ejecución, reconoce que la prisión preventiva “no se toma como prevención, como lo establece la ley, sino como un castigo”. Afirmó que muchas veces el ente investigador presenta la acusación correspondiente y la audiencia es programada “para dentro de unos dos años”.

La fiscal explicó que algunos jueces no aplican medidas sustitutivas “por el qué van a decir la prensa, las redes sociales”, cuando está en el marco legal y debería aplicarse, para que “no exista este abuso”.

Situación dramática

En un foro virtual en que participó el exrelator contra la tortura Mario Roberto Veras, este calificó de dramática la situación que enfrentan las cárceles por el número de reclusos que albergan. A criterio del exfuncionario, “todas las cárceles tienen hacinamiento”, y a esto hay que sumarle un proceso de investigación deficiente.

Gerardo Villamar, defensor de las personas privadas de libertad, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, expresó preocupación por “las deplorables condiciones de detención que hoy por hoy se observan en las cárceles de Guatemala”, lo cual representa para los recluidos riesgos a la vida, la integridad, el acceso a la salud, derecho a la vida, además de los pagos que deben desembolsar para poder contar con un espacio para dormir y la serie de delitos que se cometen en los reclusorios.

Paz Kroell lo reconoce y considera que existe un “desorden” por parte de las instituciones que forman el sector justicia, y no respetar los plazos que el Código Procesal Penal establece, que son tres meses de investigación cuando la persona queda privada de su libertad, y seis meses cuando se le otorga una medida sustitutiva. En Guatemala, dice el exrelator, se sabe de personas que pasan hasta ocho años privadas de libertad sin llegar a juicio.

“Una primera declaración se lleva casi mes y medio”, debido a que el Ministerio Público “no está preparado”, dijo Paz Kroell, quien durante su paso por la Oficina Nacional contra la Tortura conoció procesos que llevaban hasta 10 años.

Advirtió de que el Estado guatemalteco “no ha pagado indemnizaciones a esos daños que ha ocasionado, porque las personas ya no quieren saber nada”, pero si estas personas demandarán por todo el daño, “Guatemala pagaría un presupuesto en puras indemnizaciones”.

Los expertos en el tema coinciden en que el sistema de justicia “le ha dado un mal uso a la prisión preventiva”. Édgar Meléndez, subdirector de la División de Coordinaciones Técnico Profesionales del Instituto de la Defensa Pública Penal, detalló que actualmente defienden un 75% de los casos que involucran a personas encarceladas, y de enero a mayo del 2022 “se pidieron más de mil audiencias de revisiones de medidas coerción”. Esto significa que se dictó prisión preventiva cuando podía otorgarse arresto domiciliar.

Meléndez, que conoce de cerca el sistema de justicia nacional, criticó que los órganos jurisdiccionales programen audiencias con una diferencia de 15 minutos entre cada una, y en los juzgados de Mayor Riesgo tiene, casos desde 2015 pendientes de desarrollar la audiencia en la que debe resolver si se enfrenta juicio, con lo que abusan del tiempo máximo de prisión preventiva que estipula el Código Procesal Penal.

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Abordaje integral

Menchú considera que el tema debe abordarse de “forma integral” con las instituciones involucradas, como el Ministerio Público, el OJ, la PNC, entre otras que intervienen en el proceso penal, como la DGSP. “Cuando se revisa el presupuesto asignado, no da más que para mantener a las personas y a duras penas darles alimentación”, dijo.

El profesional resaltó que se debe buscar la forma de reducir la prisión preventiva porque, a escala internacional, se considera que un sistema judicial es sano solo si tiene un 30% menos de personas en prisión preventiva, y puntualizó que el promedio que las personas pasan en prisión preventiva es de más de 30 meses, mientras se desarrolla el proceso.

Las cárceles más pobladas

El porcentaje de ocupación de las prisiones varía por reclusorio. Según el Cien, para 2021 la más sobrepoblada era El Boquerón, en Escuintla. Esta prisión fue construida para albergar a 80 reos y tiene más de 800, diez veces más su capacidad óptima.

La prisión de Puerto Barrios, Izabal, fue diseñada para 175 reclusos y actualmente alberga más de mil 500; es decir, nueve veces más. El Centro de Orientación Femenina, en Fraijanes, tiene 125 espacios y 900 reclusas.

En tanto, las cárceles con ocupación de más del 400% son las de Mazatenango, Zacapa, la Granja Penal Canadá, en Escuintla, y el preventivo para mujeres Santa Teresa, en la capital.

En cuanto al Centro Preventivo para Hombres, de la zona 18, Menchú explicó: “Nosotros hemos ido a visitar y apenas uno puede caminar, de lado, porque ya no hay espacio”.

El investigador del Cien señaló que las únicas prisiones que no están hacinadas son Fraijanes 1 y el preventivo de Malacatán, San Marcos. Este último fue habilitado el 4 de junio de 2021.

La prisión considerada más violenta es la que se encuentra en Coatepeque, según Otto Paz Kroell, exrelator de la Oficina Nacional para la Prevención de la Tortura. “Hicimos visitas y recomendaciones, y los jueces de todo el sector se opusieron a que fuera cerrada”, recuerda. En esta cárcel se han registrado actos violentos y delitos a diario, pero a la fecha sigue funcionando, agregó Kroell.

Los plazos legales

La Constitución Política de la República establece en el artículo 6 que los detenidos deben ser puestos a disposición de la “autoridad judicial competente en un plazo que no exceda las seis horas”, para hacerles saber el motivo de su detención, y pueden responder interrogantes ante autoridades judiciales competentes en “un plazo que no exceda de 24 horas”, se lee en la última línea del artículo 9.

El Código Procesal Penal, artículo 82, numeral 6, regula: “La audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días, ni mayor a 15 días, a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo”.

En la misma legislación, artículo 264, quinto párrafo, se establece que no podrá concederse ninguna medida sustitutiva en procesos instruidos “contra reincidentes, delincuentes habituales o por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menores de 12 años de edad, plagio o secuestro en todas su formas, sabotaje, robo agravado, reincidente de portación ilegal de arma de fuego, de uso civil y/o deportivas, tenencia o portación de armas de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcado por la Digecam”.

El artículo 268 del mismo código norma la cesación del encarcelamiento y determina que la privación de libertad finalizará “cuando su duración exceda de un año”.

La presunción de inocencia figura en el artículo 14 de la Carta Magna y regula que “toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada”.

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De la sustitución:

• 1. La prisión preventiva puede sustituirse siempre que el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente, establece el artículo 264 del Código Procesal Penal y rige que podría imponerle “alguna o varias” de las medidas siguientes:
• 2. El arresto domiciliario, en su propio domicilio o residencia o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga.
• 3. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará periódicamente al tribunal.
• 4. La obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que se designe.
• 5. Autorización, del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal.
• 6. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares.
• 7. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa.
• 8. La prestación de una caución económica adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de bienes, o la fianza de una o más personas idóneas.

Estamos  en Semana Santa, fechas que no podré disfrutar junto a mi familia pues estoy en prisión preventiva por faccionar cuatro denuncias administrativas contra un juez penal de Mayor Riesgo”, decía Laparra en una carta abierta que se hizo pública el 15 de abril.

Prensa Libre la visitó el 17 de mayo  y  durante el recorrido se pudo comprobar que la abogada sigue en las mismas condiciones, muy lejos de las comodidades y lujos que otros privados de libertad gozan en el mismo centro carcelarios. Para ella no hay apartamentos amueblados y ni siquiera se le permite recibir la luz del sol más de una hora diaria, y alguna vez, dos.

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Virginia Laparra, jefa de la Feci de Quetzaltenango detenida recientemente, es trasladada a la cárcel Mariscal Zavala

Laparra está recluida en una celda de unos seis metros cuadrados que tiene una puerta con una ventanilla controlada desde afuera. Esta es su vida desde el 23 de febrero, cuando fue detenida, sindicada de abuso de autoridad y usurpación de funciones, por múltiples denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial y Supervisión de Tribunales que la señalan de haber presentado hechos falsos en contra del juez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, Lesther Castellanos, ahora relator contra la Tortura, designado por el Congreso el  22 de marzo último con 111 votos a favor.

Vecinos y la bartolina de la tortura

A Laparra, que en su momento conoció más de 50 investigaciones de tramas de corrupción que involucraban a altas esferas políticas y económicas, se le ve desmejorada, a la espera de la audiencia en la cual pueda pedir una medida sustitutiva y  regresar con su familia, en Quetzaltenango.

Cuando fungió como titular de la Feci en Quetzaltenango, denunció en cuatro ocasiones al juez Castellanos, porque supuestamente había brindado información de una investigación bajo reserva a terceros y por ventilar el caso en medios de comunicación sin tener el control de la carpeta judicial.

Al ingresar al penal, se ciernen las dudas sobre si su situación es particular, porque en la primera celda se encuentra el abogado Otto Rolando Gómez García, quien guarda prisión desde el 30 de septiembre del 2021 y está ligado a proceso por supuestamente haber incurrido en  simulación de delitos en forma continuada, obstaculización a la acción penal en forma continuada, agresión sexual, discriminación y amenazas. Y a la derecha del pasillo se encuentra Celeste Desirée Soto Vettorazzi, exdirectiva del extinto Banco del Café (Bancafé), señalada del delito de quiebra fraudulenta y  ligada a proceso el 7 de junio del año pasado, quien está pendiente de la audiencia que determinará si debe enfrentar juicio por los hechos imputados.

Una fuente allegada a uno de estos privados de libertad confirmó que no se han presentado quejas relacionadas con el trato en el reclusorio. Incluso aludió que habría cierto grado de comodidad y desplazamiento.

En contraste, Laparra Rivas califica este período de detención preventiva como “una tortura”, encerrada 22 horas diarias en una celda de dos metros por tres. En su caso, las visitas son martes y sábados, y sus familiares más cercanos viven en Quetzaltenango, lo que dificulta el traslado.

A su celda llega una tía una vez a la semana, quien le da apoyo moral y la ayuda con el lavado de ropa. ¡Adiós, mi princesa! Con mucha fe, pues Nuestro Señor Jesús va a hacer justicia pronto”, se despide.

También se observan algunos misioneros religiosos, representantes de asociaciones y organizaciones defensoras de derechos humanos.

“Es una pesadilla”, manifiesta la exfiscal, mientras muestra cómo se ve su celda con la puerta cerrada. Totalmente oscura. También comparte que su mayor anhelo es regresar con sus hijas y expresa con la voz entrecortada y entre lágrimas que guarda esperanza de que podrá dilucidar su situación legal.

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Periplos legales

La fase de investigación del caso de Gómez García culminó en febrero de este año, y por acciones legales interpuestas por él mismo y el constante cambio de abogados defensores la audiencia de etapa intermedia se encuentra pendiente de desarrollarse desde hace tres meses.

Durante su ejercicio profesional, Gómez García fue defensor de Anabella de León, señalada en el caso denominado Botín Registro de la Propiedad, así como de Haroldo Mendoza Mata y Martín Montiel Marín, alias el Taquero.

El abogado también tuvo cobertura mediática por presentar varias acciones legales  contra diversas autoridades, jueces y fiscales. Entre estos, interpuso un recurso  en contra de la Feci, y denunció a nombre de Karina de Rottmann a Juan Francisco Solórzano Foppa, extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria, por violencia contra la mujer en su manifestación psicológica.

En cuanto a Soto Vettorazzi, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal tiene a su cargo el proceso y dio  plazo de tres meses, el cual se cumplió en septiembre del 2021, para que el MP concluyera con las pesquisas y presentara la acusación y solicitud de apertura a juicio, a pesar de que el caso  tiene más de una década de averiguaciones.

De acuerdo con la Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del MP, entre 1997 y el 2006, los imputados hicieron trasferencias monetarias ilegales con fondos de Bancafé y los invirtieron en Bancafé International Bank, con sede en Barbados, una entidad que no estaba registrada en la Superintendencia de Bancos.

Dichas transacciones representaron la pérdida de Q1 mil 200 millones de los clientes de la entidad bancaria, que entre cuentahabientes e inversionistas suman tres mil 336 afectados.

Mientras que Laparra Rivas fue detenida después de cuatro años de lucha legal, en los que buscó formar parte y tener acceso a la carpeta judicial en la que se le sindica. En este caso figuran como querellantes el abogado Omar Barrios, quien fue candidato a magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC),  Castellanos y la Fundación contra el Terrorismo.

De acuerdo con el Código Procesal Penal, en su artículo 323, “el Ministerio Público deberá dar término al procedimiento preparatorio lo antes posible, procediendo con la celeridad que el caso requiera. Dentro de los tres o seis meses de dictado el auto de procesamiento del imputado, cualquiera de las partes podrá requerir al juez que controla la investigación la fijación de un plazo prudencial para la conclusión de la investigación”.

Más de un mes ha transcurrido y sigue pendiente de desarrollarse la etapa intermedia del caso, porque el 4 de abril  el titular del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Sergio René Mena, se excusó para no conocer el caso.

En la etapa intermedia el MP deberá presentar actos conclusivos de la investigación, los cuales podrían determinar si existen indicios suficientes para que Laparra Rivas enfrente juicio. Sin embargo, esto no ha podido desarrollarse por sucesivas acciones legales por parte de los querellantes y la reciente inhibitoria del juzgador.

El proceso penal guatemalteco tiene como finalidad la averiguación, determinación y valoración de hechos delictivos; el establecimiento en la sentencia de la participación del imputado y la determinación de su responsabilidad y la pena que le corresponde, así como la ejecución de esta en los plazos que contempla la ley.

El juez Mena adujo que el caso se puede mediatizar y se excusó de conocerlo,  luego de que la señalada en el caso hiciera pública, por medio del procurador de Derechos Humanos, una carta en la que expone estar privada de  libertad sin que exista sustento legal para ello y de dudar de la imparcialidad del juzgador, pues   había sido citada para rendir primera declaración por este caso, pero un día antes de que se presentara Mena giró la orden de aprehensión en su contra.

En la carta refería: “En un correcto estado de Derecho debería  existir igualdad procesal, y estando claro que estoy en prisión preventiva por haber presentado múltiples requerimientos al órgano jurisdiccional durante cuatro años, hoy alguien me prestó un periódico y leí el caso de Howard Yang, quien en fecha 12 de abril se publicó que se presentó al Juzgado de Mayor Riesgo D, luego de haber estado rehuyendo una orden de aprehensión durante cinco años, le otorgaron medidas sustitutivas, en tanto yo estoy en prisión por haber intentado durante cuatro años ser parte del proceso”.

Del recorrido

Para llegar al área donde se encuentra guardando prisión provisional Virginia Laparra Rivas, Otto Rolando Gómez García y Celeste Desirée Soto Vettorazzi, se recorre aproximadamente un kilómetro a pie desde la entrada principal en donde toman fotografía al Documento Personal de Identificación al visitante y se le registra en un libro con sus datos personales: nombre completo, dirección, motivo de visita, hora de ingreso y salida, datos que son requeridos en dos puestos de control.

En el trayecto se observan ventas ambulantes de atoles, tostadas, desayunos, frutas; vendedores que basta con una señal a los guardias penitenciarios para que se les permita ingresar.

Deterioro del sistema

La situación de Virginia Laparra se encuadra en el deterioro que presenta el Sistema Penitenciario, lo cual no es una novedad. “Es una descripción histórica” y no reúne las condiciones enmarcadas en los estándares internacionales respecto de la forma en que debe  resguardarse a los privados de libertad, dice Jorge Santos, coordinador de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), que ha brindado constante acompañamiento a la exfiscal.

En cuanto al espacio y las circunstancias  donde guardan prisión preventiva Laparra, junto a Gómez García y Soto Vettorazzi “son inhumanas”, expresa  Santos, al agregar que en el caso de la exfiscal el proceso ha estado revestido de “violaciones al debido proceso y garantías judiciales: es una detención arbitraria”.

Según Alianza por las Reformas, existen diversas ilegalidades en el proceso penal contra Laparra y hace ver que en varias ocasiones ha solicitado el arresto domiciliario, el cual se le ha negado con el argumento de que “obstaculiza la averiguación de la verdad, por el simple hecho de defenderse legalmente, sin que exista ningún peligro de fuga”, manifiesta Álvaro Montenegro, representante  de dicha organización.

A su juicio, las recientes acciones del MP en contra de exfiscales y jueces son “una cacería para enviar mensajes intimidatorios” a los operadores de justicia, con el propósito de que no investiguen o demanden a personas con demasiado poder.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, visitó a Laparra el 3 de abril pasado para verificar su situación.

Su percepción es que la prisión de Mariscal Zavala es adecuada para su seguridad, por lo que “no sería lo más oportuno” enviarla a otra cárcel, porque el riesgo podría ser mayor. Sin embargo, reconoce que no está en las mejores condiciones.

Al llegar al segundo registro se observa al lado izquierdo el área donde los hombres guardan prisión, y en la parte de arriba se miran algunos cuartos construidos con láminas y forrados con plástico. En el lugar se ubica una antena telefónica.

En el centro hay un portón negro que es un área exclusiva, reservada para detenidos políticos. Ahí se encuentran el expresidente Otto Pérez Molina y otros exfuncionarios de su gobierno. También se ve a algunos albañiles acarreando material de construcción.

A unos 300 metros, a la derecha, está el ingreso a un sector que tiene tres celdas,  donde se encuentran Laparra Rivas, Gómez García y Soto Vettorazzi, quienes comparten una situación en común: hace más de tres meses están en prisión preventiva  a la espera de la audiencia que determinará si hay indicios  para que sean enviados a juicio.

Perfiles

¿Quién es Laparra Rivas?

Lilian Virginia Laparra Rivas es abogada y notaria, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el Centro Universitario de Occidente; es la hermana mayor de cuatro hermanos y madre de dos niñas.

Laparra Rivas tiene 42 años y nació en Quetzaltenango, trabajó para el MP por 16 años, desempeñándose en los últimos seis años la jefatura de la Feci de Noroccidente, convirtiéndose en la segunda persona al mando.

¿Quién es Otto Rolando Gómez García?

Es abogado y notario, egresado de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, tiene 52 años, se desempeñó como guardia parlamentario durante 5 años aproximadamente, y decidió estudiar ciencias jurídicas y sociales.

Gómez García ha representado a Haroldo Mendoza, procesado por supuestamente apropiarse de extensiones de tierra en Morales y Los Amates, Izabal; Marvin Montiel Marín, el Taquero, en el caso de la muerte en 2016 del reo Byron Lima; Ana Patricia Mazariegos Sánchez (madre de la exdiputada Emmilene Mazariegos) por el caso de corrupción Chicamán.

El abogado presentó una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo que integró a Feci y ha denunciado a la jueza de mayor riesgo “D”, Erika Aifán, y a otros operadores de justicia.

¿Quién es Celeste Desirée Soto Vettorazzi?

Soto Vettorazzi, fue presidenta y principal accionista de la Junta Directiva del extinto Bancafé S.A.

Se desconoce su profesión y los estudios realizados y títulos obtenidos.

A diario surgen procesos en los que las víctimas esperan que la justicia llegue pronto, pero también hay hacinamiento en las cárceles y personas que mueren en prisión preventiva sin haberse llegado a probar su culpabilidad.

La falta de voluntad política para mejorar el sistema de justicia ha sido evidente en los últimos años. Por ejemplo, desde el 13 de octubre de 2019 el Congreso  debió elegir nuevos magistrados para  la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de Apelaciones, pero dicha tarea ha quedado relegada en la agenda legislativa, pese a que según la Constitución el período para ejercer sus funciones es de cinco años, aunque pueden ser reelectos.

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Otro problema que mina la credibilidad en el sistema son los numerosos señalamientos de corrupción  dentro del Organismo Judicial. En los últimos años, el Ministerio Público ha presentado solicitudes de retiro de inmunidad para al menos 36 operadores de justicia, entre jueces y magistrados, sospechosos de desvirtuar sus funciones con fines particulares.

Luis Fernández Molina, exmagistrado de la CSJ, comentó que esta situación debe encender las alertas y motivar a reevaluar los procedimientos actuales de selección de magistrados.

“Se le debe dar prioridad a la meritocracia y al conocimiento, más que a los favoritismos”, puntualiza.

Según el profesional del Derecho, las universidades deberían incluir en la licenciatura de  Ciencias Jurídicas una especialización para las personas que quieran desempeñar un cargo en el Organismo Judicial. Actualmente existe la Escuela de Estudios Judiciales del OJ, pero no se imparte el contenido mínimo necesario.
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“Deben hacerse exámenes y pruebas académicas específicas para jueces, y los que obtengan mejores resultados ser seleccionados. Hoy, por la situación económica y habiendo tantos abogados, la función judicial, más que una vocación, es una opción laboral. Si no hay trabajo algunos prefieren laborar ‘aunque sea de juez’. Y no tiene nada de malo querer ser juez, pero debería haber una especialización de formación básica”, sostiene el entrevistado.

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Otras fallas

Parte de las deficiencias del sistema  fueron diagnosticadas en el Segundo Informe del Observatorio de Justicia Penal del 2020, que analizó una muestra de 381 expedientes concluidos en 2017 por delitos contenidos en la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, la Ley contra la Corrupción y la Ley contra el Crimen Organizado.

Entre los hallazgos se detalla que, en promedio, los procesos penales duran 817 días desde que ingresan a los juzgados hasta que se concluyen. Esto excede los límites que establece el Código Procesal Penal —251 días máximo, si el sindicado está en prisión preventiva, o 351 si goza de medida sustitutiva—.

Diversos factores pueden retrasar un proceso penal. Desde la multiplicidad de acciones legales que interponen las partes involucradas hasta la recurrente suspensión de audiencias en juzgados y tribunales.

En ese sentido, el Observatorio evaluó las razones por las que se cancelaban las diligencias. En el 33 por ciento de los casos se debe a la ausencia del sindicado;  10 por ciento, a que no llegan los fiscales del Ministerio Público; en el 8 por ciento no se presenta el defensor público, y el 9 por ciento es por  falta de un  abogado  particular. El resto de las razones es por falta del juez, fallas técnicas y otros motivos no especificados.

Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), hace ver que en los últimos años se ha optado por la estrategia de crear más juzgados y aumentar el número de operadores de justicia, pero eso no ha resuelto el problema de fondo, que es agilizar los procesos penales.

A criterio del analista, una de las soluciones podría ser crear más medidas desjudicializadoras. Esto implica analizar qué casos  son de menor impacto o  complejidad, para que puedan ser resueltos con rapidez. Asimismo, dedicar un cierto número de judicaturas para que evalúen  cuáles son las salidas más ágiles, lo cual liberaría  a los juzgados y tribunales ordinarios para procesar los casos de alto impacto, indica.

Samayoa hace énfasis en que no hay que perder de vista que el Derecho Penal ha sido un instrumento de impunidad en el país y eso “nos ha atado a modelos que generan mora judicial, hacinamiento en prisiones y falta de soluciones rápidas para las víctimas”.

“La misma deficiencia del propio sistema, la impunidad y la corrupción que rodea al sistema de justicia penal hace que cualquier reforma legal fracase a la hora de llegar a la práctica. Las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, por ejemplo, entraron en un paquete de reformas al sistema de justicia que se impulsaron a partir de 2015, pero a la hora de implementarse se toparon con malas prácticas y  esquemas burocráticos que interrumpen cualquier buen modelo de gestión”, remarca Samayoa.

Por su parte, el analista David Gaytán ve las soluciones desde otra perspectiva. Considera que sí hay una carencia de juzgados en materia penal y eso es una de las causas más relevantes del problema.

Pero, además, estima que el OJ debe encargarse de resolver problemas logísticos que obligan en múltiples ocasiones a la suspensión de audiencias. “Si se suspenden muchas audiencias es porque los jueces no tienen sala. Es necesario que para que los jueces administren justicia esto  mejore. Si no hay equipo y no se cuenta con infraestructura necesaria, se complica el trabajo”, afirma Gaytán.

Según el Observatorio de Justicia Penal, la suspensión de las audiencias tiene diversas repercusiones. En principio, se extiende el tiempo que durarán los procesos. A su ves, el hacinamiento carcelario aumenta los costos del servicio judicial y hace que se pierda la credibilidad en el sistema.

A lo anterior hay que sumar el uso excesivo de la prisión preventiva por parte del Ministerio Público y los jueces, como medida para retener a una persona durante el proceso penal. “La prisión preventiva debería ser la excepción, pero se ha convertido en la regla. Eso es preocupante porque congestiona el sistema penitenciario y resulta en una violación de los derechos humanos. Es uno de los grandes problemas por abordar en el sistema penal”, precisa Gaytán.

Esta situación podría solventarse con la utilización de tobilleras o brazaletes electrónicos que garantizarían el rastreo de la ubicación de una persona sindicada. Aunque ya se aprobó una ley que contempla el uso del dispositivo, todavía no se ha implementado.

Samayoa comparte esta postura y considera que hace falta una institucionalidad que permita dar seguimiento y control al cumplimiento de medidas distintas a la prisión preventiva, para que haya garantía de que la persona no se va a dar a la fuga y habrá un efectivo control para que las demás instituciones cumplan con lo que el juez ordene dentro del proceso.

Mora

José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional (MCN), expresa que hay diversos problemas que se deben abordar al momento de discutir mejoras para agilizar el sistema de justicia. Algunos de estos se relacionan con la gestión del despacho.

“En los próximos años vamos a ver un incremento fuerte de mora judicial derivado de la pandemia y del cierre temporal en algunos juzgados. Eso, en gran medida, responde a un sistema judicial de gestión poco eficiente y muy poco modernizado. Hay temas que son sencillos, como decretos, o notificaciones que emiten distintos juzgados que son sencillos y tardan meses, si no es que años, en realizarse”, subraya Echeverría.

En ese sentido, una digitalización de las notificaciones podría agilizar el sistema y acelerar procesos que llevan varados años. Además es preciso considerar que la falta de un sistema judicial eficiente viola el derecho de acceso a la justicia de víctimas, sindicados y de la ciudadanía en general.

“La justicia retrasada es igual a que si no hubiera justicia. El daño  que causa es muy  amplio”, concluye Echeverría.

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Los datos que detalla la propuesta explican que los penales de Guatemala se encuentran de un 366% a 436% sobre sus capacidades, por lo que consideran oportuno que se otorguen medidas temporales mientras la nación supera la pandemia.

El documento ingresó a Dirección Legislativa a mediados de julio, pero apenas la semana pasada el Pleno envió la propuesta a la Comisión de Reformas al Sector Justicia que espera celebrar una primera reunión, para evaluar la iniciativa, el próximo miércoles.

Según el portal electrónico del Congreso esta mesa de trabajo está integrada por cinco diputados del bloque Todos, y uno de las bancadas Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), Bienestar Nacional (Bien), Unión del Cambio Nacional (UCN), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Movimiento Semilla.

Entre los diputados de la primera bancada se encuentra Felipe Alejos, que fue denunciado por el Ministerio Público (MP) dentro del Caso Traficantes de Influencias; José Armando Ubico, condenado en 2003 en los Estados Unidos por narcotráfico e incluido en la lista de funcionario corruptos del Departamento de Estado.

También figura Boris España, que fue denunciado por el Caso Subordinación del Organismo Legislativo al Ejecutivo por los delitos de lavado de dinero, violación a la Constitución, asociación ilícita junto a cohecho pasivo y activo. El antejuicio fue rechazado por la CSJ pero está pendiente un amparo que busca reactivar los señalamientos.

El diputado Fidel Reyes Lee, del bloque Bien, ha enfrentado denuncias por falsedad material, usurpación de funciones y falsificación de documentos, según explica el portal electrónico Congreso Visible, que hace un recuento de señalamientos legales contra legisladores.

Uno de los casos penales más recientes es Comisiones Paralelas 2020, según las indagaciones los diputados Carlos López, de la UNE y Sofía Hernández, de UCN, se reunieron con el privado de libertad Gustavo Alejos, cuando se encontraba hospitalizado y se trabajaba en la nómina de candidatos a la CSJ, ellos también forman parte de la mesa de trabajo.

¿A quién van a liberar?

La iniciativa insta a que jueces otorguen medidas sustitutivas de arresto domiciliar por seis meses, y que sean prorrogables hasta que se contenga la pandemia del Covid – 19. Se excluyen personas procesadas por delitos contra la vida, crímenes sexuales, pornografía, extorsiones y genocidio.

Pero la integración de la comisión preocupa al abogado penalista Carlos Besares, quien estima que en el camino podría manipularse el sentido natural de la iniciativa para liberar a personajes políticos procesados por corrupción.

“A mí me parece muy preocupante que una comisión compuesta de esta manera este hablando de sustitución de la prisión preventiva por una pandemia, y es porque al fin y al cabo estarían logrando los objetivos que se trazaron desde el inicio de esta problemática que es liberar a compañeros, amigos y familiares que están involucrados en casos penales”, refirió.

Una sospecha similar tiene Mariana Rohrmoser, integrante del Frente Ciudadano Contra la Corrupción (Fccc), quien considera que aunque la iniciativa tenga una propuesta humanitaria, si no se establecen mecanismos de selección, se podría favorecer exclusivamente a privados de libertad con poder y peso político.

“Cuando estamos hablando de un Mariscal Zavala donde cada quien tiene su cuarto privado y hasta con televisión, por favor, hay que hacer una distinción y a eso apelaría a los jueces para que tengan el criterio absoluto de que reos o privados de libertad pueden optar a esto, según las condiciones de sanidad que tengan dentro de su centro de detención, la ley esto no lo específica, hay reos que hasta duermen mejor que personas en situación de calle”, indicó.

Abuso de prisión preventiva

También hay otros criterios que respaldan la iniciativa por considerar que acata acuerdos internacionales que nuestro país ha firmado en materia de Derechos Humanos, uno de ellos evitar una prolongada prisión cuando no existe sentencia condenatoria firme.

El penalista Arturo Miranda considera hasta necesario que toda vez se tenga un dictamen para esta iniciativa, los diputados, decidan impulsar su aprobación hasta de urgencia nacional.

“Podemos establecer que en Guatemala si existe un abuso del uso de la prisión preventiva porque en muchos casos se hace la regla general y no la excepción, en este sentido tuvo que esperarse a que hubiera una crisis como el Covid – 19 para que Guatemala tratara de enmendar la plana, es muy atinado pero todavía creo que tendría que haberse impulsado mucho antes”, comentó.

Para el Constituyente Alfredo García Siekavizza la propuesta de ley cumple con recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y podría ser oportuna para impulsar la Ley de Control Telemático, que aunque está aprobada, no ha entrado en vigencia.

“Podrían aprovechar con vincular esta iniciativa de ley, para discutirla en este periodo de sesiones ordinarias, y unirla con la ley de brazaletes electrónicos que esta parada y que no se aplica, exigir que se use y hacer presión sobre el sistema de justicia”, argumentó.

Garantiza Objetividad

La Comisión de Reformas al Sector Justicia se encuentra presidida por el diputado Otto Callejas, del bloque Todos, quien espera que como mesa de trabajo, la próxima semana, se puedan reunir con representantes del MP, Defensoría Pública Penal y CSJ.

“Nosotros ya el día miércoles vamos a empezar a tener reuniones públicas para poderlas socializar con las instituciones que están involucradas en el sector justicia, para ver qué cambios se pueden hacer o si hay que eliminar algunas cositas, en eso estamos por ahora”, dijo además que sus reuniones serán públicas y analizan la posibilidad que sean transmitidas por el canal del Congreso o bien por las redes sociales del bloque Todos.

Ante las dudas que algunos sectores tienen por la integración de la comisión, Callejas fue claro al asegurar que van a trabajar con objetividad, respetando todos los puntos de vista y llegando a consensos.

“Una persona pues definitivamente tiene voz y voto pero no tiene el poder para manejar a toda la comisión, entonces nosotros lo que hacemos es trabajar en consensos”, puntualizó.

Callejas añadió que esperan tener un dictamen, tal vez, en tres semanas; Siekavizza y Miranda consideran oportuno que pueda tenerse ya una decisión en ese tiempo, mientras que Rohrmoser y Besares estiman que la discusión no debe de ser apresurada y que debería llevar más tiempo.

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La discusión se centró en crear un mecanismo por medio de la iniciativa 5564, que se refiere a las reformas al Código Procesal Penal y Código Penal referentes a la prisión preventiva, y de la propuesta del Centro de Investigaciones Económicas Nacional (Cien) para liberar a reos vulnerables ante la emergencia de la pandemia del covid-19.

El coordinador de la comisión y tercer vicepresidente del Congreso, Armando Castillo, empezó la reunión explicando que es importante liberar, de alguna manera, a reos vulnerables, entre los que se encuentran personas mayores a 65 años, con enfermedades crónicas y terminales y mujeres embarazadas, ya que en cárceles de Estados Unidos y Colombia han sido un foco de contaminación del covid-19.

El representante de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Josué Felipe Baquiax,  explicó que no es necesario aprobar una normativa para liberar a los reos vulnerables, pues esto podría ser por medio de una disposición interna en la que se recomiende a los jueces cambiar la medida de coerción para atender aspectos humanitarios con base al artículo 2 de la Constitución y acuerdos internacionales.

Baquiax señaló que desde la semana pasada se está discutiendo ese tema en el seno de la Cámara Penal.

“En cuanto a las personas privadas de libertada en prisión preventivamente, hay que recordar que con la aplicación de una medida sustitutiva no se les está dejando libre, pues en su momento oportuno se discutirá si es culpable o no durante la sentencia. Mientras que los condenados, tienen derecho a solicitar la libertad anticipada, de conformidad con los presupuestos contenidos en la Ley del Régimen Penitenciario”, explicó Baquiax.

Castillo señaló que, de acuerdo con datos que recibió del Sistema Penitenciario, en 22 centros carcelarios están privadas de libertad 25 mil 579 personas, de las cuales 13 mil 586 están sentenciados; 12 mil 189 son hombres y mil 397 son mujeres.

En prisión preventiva se encuentran 11 mil 993 personas, 10 mil 532 son hombres y mil 461 son mujeres.

Del universo de la población que está privada de libertad, la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura informó que se encuentran nueve personas con enfermedades terminales, 131 mujeres que tienen a sus hijos con ellas en prisión, 72 mujeres embarazadas, 280 personas con discapacidad, 145 con VIH, 644 adultos mayores y mil 116 con enfermedades crónicas.

Al finalizar la sesión, Castillo informó sobre las conclusiones a las que se llegaron con todos los sectores.

• No es necesario aprobar una ley, esta situación se puede resolver con las leyes existentes, ya que existe la voluntad del OJ de agilizar los procesos mediante la invocación el artículo 2 de la Constitución Política de la República.
• En el OJ, por medio de la Cámara Penal se hagan las recomendaciones a los juzgadores con base a lo estipulado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se trabaje en tres etapas:

1. Audiencias de primera declaración, flagrancia se aplique que los jueces tengan los argumentos sin necesidad que sean traslados al Sistema Penitenciario.
2. Revisión de medidas de coerción de oficio
3. Revisión de condenas incidentes de libertad por el covid-19 a los mayores de 60 años, mujeres embarazadas, privados de libertad con enfermedades crónicas y terminales e incidentes de libertad anticipada por cuestiones de humanidad.

Medidas por razones humanitarias

El presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, Carlos Ruano, manifestó que ante la posible acción de Cámara Penal de enviar una disposición que recomiende otorgar mediadas sustitutivas, es comprensible otorgar ese beneficio atendiendo las circunstancias de Calamidad Pública, razones sanitarias y de salud, toda vez si se determina por médicos que el estado de salud de un privado de libertad está en riesgo y que amerite el traslado a un centro hospitalario o incluso a su residencia.

“Por razones humanitarias pueda gozar de medida sustitutiva y continuar el proceso con arresto domiciliario, alguna caución económica, que podrían ser las medidas más atendibles, incluso obligarlo a que se presente a firmar el libro o sistema biométrico al Ministerio Púbico tampoco sería aconsejable para evitar que salga de su casa”, explicó el jurista.

Explicó que la misma Convención Americana de Derechos Humanos y pactos internacionales en esa materia establecen parámetros que en determinados casos y circunstancias el juez puede -porque no puede ser obligado- a otorgar una medida o no, pero con base en las constancias procesales y no lo que diga las disposiciones en la materia.

“Será la decisión de cada juez en cada caso en particular resolver si procede o no otorgarle medida sustitutiva. Independientemente de que cuál es la acusación o el delito por el cual está siendo procesado, es la condición de mayor vulnerabilidad que se pueda encontrar la persona”, refirió.

Ponderar derechos

La presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial, Bélgica Deras, dijo que la pandemia es algo que nadie se esperaba y que por la cuestión de vulnerabilidad de alguna enfermedad que podría estar padeciendo algún privado de libertad se podría otorgar una medida sustitutiva o no, por lo que habría que ponderar derechos conforme a los tratados y convenciones internacionales.

“El juez es quien debe de disponer y no lo que le diga la Corte, porque nadie se puede inmiscuir en las resoluciones que tomen los juzgadores, ellos gozan de independencia. No habría necesidad de hacer una disposición de la Corte, simple y sencillamente hacer acopio a esos tratados internacionales.”, explicó la jueza.

La jurista explicó que se debe sopesar dejar en arresto domiciliario a una persona o no, para no vulnerar otros derechos, porque al menos ella, no enviaría a la calle a una persona que también está cumpliendo una pena de 50 años, porque puede vulnerar derechos de los mismos ciudadanos.

“El arresto domiciliario es una de las medidas sustitutivas y queda a criterio del juez aplicarla en determinados casos”, resaltó Deras.

En manos del OJ

Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, considera positiva la medida, ya que será el sistema de justicia el que se ocupe del tema, ya que ellos son los que a diario llevan los casos judiciales, y no los diputados los que tengan que definir de manera discrecional quien sale de la prisión.

“Esperamos que no solo sea una disposición del Organismo Judicial, sino que también incluyan los puntos de vista de las otras entidades del sector justicia, ya que eso evita una decisión destinada y casuística del Congreso. Lo único que hace falta es que esas disposiciones respeten el trabajo que tiene que tomar los fiscales y los jueces, sobre todo que se tiene que respetar la independencia judicial”, señaló Ibarra.

La experta manifestó que la noticia de que no quedara en manos de los diputados la decisión es buena, porque había un fuerte temor de que se legislara de manera casuística para favorecer a unos sectores determinados.

Proceso ágil

Corinne Dedik, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) considera que al final del día no es tan importante si el Congreso legisla o será el Organismo Judicial, sino que se encuentre un mecanismo ágil y rápido para poder enviar a arresto domiciliar a las personas vulnerables al covid-19.

“Estamos en plena crisis y cada día hay más personas contagiadas por el virus, como que el tiempo corre y no hay mucho tiempo disponible para que se lleve a cabo el proceso para que las personas privadas de libertad vulnerables puedan ir a una prisión domiciliar, lo más importante es que se pueda encontrar un mecanismo eficiente y rápido que no sature a los juzgados”, explicó la experta.

Dedik considera que si se llega a dar un contagio la situación será complicada, por lo que la idea es tratar de salvar la vida de las personas vulnerables.

La experta indicó que de no ser ágil el proceso habría que irse por el judicial y este es más despacio, porque habría audiencias en cada caso.

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El tercer vicepresidente de ese organismo e integrante del bloque Visión con Valores, Armando Castillo, expuso ante el resto de integrantes de dicha comisión, que es importante ante esta emergencia del covid-19 y que debe haber un distanciamiento social, cuando las cárceles están hacinadas en un 300 por ciento.

Castillo manifestó que este tema no es fácil de resolver, incluso muchos tienen cuidado de no abordarlo porque puede haber señalamientos, malas interpretaciones. “Como legisladores responsables estamos para hacer lo que le conviene al país”, aseguró.

“Se está generando un alto riesgo para nuestro país, ya que hay un hacinamiento. El Sistema Penitenciario tiene capacidad para ocho mil personas, ahora rebasan las 25 mil personas, o sea más del 300 por ciento. En donde debería haber una persona hay tres”, explicó el diputado.

“Las personas privadas de libertad siguen siendo seres humanos y especialmente que entre los privados de libertad hay muchas personas vulnerables, personas mayores de 65 años, personas que padecen enfermedades crónicas y algunos con enfermedades terminales, incluso hay mujeres embarazadas dentro de estas personas privadas de libertad”, refierió.

Además, Castillo afirma que son entre tres mil y tres mil 500 las personas que se encuentran en esa situación, y que a algunos ni siquiera les han dado su primera audiencia y llevan dos o hasta tres años en prisión preventiva.

Para conocer más sobre el proyecto, el diputado indicó que el martes están convocados a otra reunión con integrantes del sector justicia, tomando en cuenta que ya llegaron a un consenso para presentar la iniciativa.

Castillo señaló que hay personas que ya cumplieron su condena o que ya tienen el beneficio para poder salir, pero nos contaron algunos abogados litigantes que sólo para pedir el expediente y empezar el trámite se lleva hasta dos o tres meses en los juzgados de ejecución. “En este momento hay mucho peligro de que los centros carcelarios se podrían convertirse en focos de contaminación y de propagación del virus”.

El tercer vicepresidente del Congreso indicó que recibieron a integrantes del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), el cual hizo una propuesta que fue avalada por el sector justicia y consiste en que se pueda crear un mecanismo en el que quienes están en esos sectores vulnerables puedan tener prisión domiciliar temporal mientras dure la emergencia.

Aprobar la propuesta

El Congreso tiene previsto sesionar el jueves próximo para aprobar de urgencia nacional la ley que permita liberar a los reos vulnerables.

Diputados confirman que en la sesión que se estaría convocando para ese día también se estaría aprobando la ampliación del estado de Calamidad Púbica por otro mes, y avalar también, ya sea un agregado al decreto enviado por el Ejecutivo o discutir el proyecto que quedó pendiente del año pasado, la iniciativa 5564 citada anteriormente.

Algunos parlamentarios cabildean con sus pares por considerar que es una “propuesta buena” y que sería para ayudar a las personas vulnerables, sin embargo, es para beneficiar a lquienes están ligados por corrupción y condenados por violaciones a los derechos humanos y de lesa humanidad, según algunos opositores.

No deben tener intereses personales

Corinne Dedik, investigadora senior del Cien, confirmó que hubo una reunión con integrantes del sector justicia. Ella expuso a diputados en calidad de experta técnica para abordar la crisis del Sistema Penitenciario. La profesional cree el Sistema Penitenciario está en condiciones complicadas y ante la emergencia del covid-19 se complica aún más.

La experta señaló que se hablaron de temas como el control telemático, la prisión preventiva y qué tipo de medidas se podrían tomar para abordar la emergencia del covid-19 para el grupo de privados de libertad en situación vulnerable.

“Nosotros lo que sugerimos -Cien- es que se les cambie la prisión en una cárcel, de manera temporal, por prisión domiciliar para que puedan guardar mejor su salud y su vida. La propuesta se basa en criterios técnicos y las experiencias de otros países por el coronavirus han dado a conocer que esas personas son las más vulnerables, y recalco que es una medida temporal por la emergencia sanitaria para resguardar la vida, por unos tres meses con opción de prórroga”, explicó Dedik.

Además, manifestó que la población privada de libertad es usualmente olvidada, pero si este virus entra a un centro carcelario va a provocar muchos contagios en muy poco tiempo, saturarían los hospitales y se vuelve un problema general para toda la sociedad.

“Quiero decir que no se aproveche una emergencia de esta magnitud para intereses particulares, porque estamos hablando de 25 mil personas privadas de libertad con aproximadamente mil 500 personas de avanzada edad, embarazos y grupos vulnerables. No es el momento de priorizar intereses personales, pues es un tema demasiado grave y delicado, y si en dado caso se legisla en ese sentido, que obedezca a criterios técnicos”, añadió la investigadora.

Aprovecharse de la pandemia

Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento ProJusticia, indicó que en las cárceles de Guatemala existe un hacinamiento que no se puede negar, y que este es provocado por personas que ya están condenadas o que están en prisión preventiva y que llevan muchos años de estar a la espera de una resolución judicial.

“Nosotros vemos con preocupación que se quiera aprovechar la coyuntura de la crisis sanitaria por el coronavirus para abrir las puertas y excarcelar a gente que está condenada por violaciones a los derechos humanos y darle medida sustitutiva a quienes están a la espera de juicios en casos de corrupción”, dijo Ibarra.

La analista aseveró que les preocupa que la coyuntura de la pandemia se aproveche de la realidad del hacinamiento en las cárceles guatemaltecas para favorecer a los altos exdirigentes políticos que muy bien puede ser beneficiados, sobre todo si en el Congreso la mayoría vuelve a imponerse y toman decisiones que promueven la impunidad o “la mano suave de la ley” para este tipo de personas con problemas legales.

“Nuestro planteamiento es que si bien hay un riesgo sanitario por la pandemia, el hacinamiento, abandono y falta de higiene que se vive en la mayoría de las cárceles del país, y que esta es una realidad que debe ser abordada, creemos que no debe ser una decisión que tomen por la libre los diputaos, sino que sea el resultado de un debate con autoridades del sector justicia que puedan intervenir y den los diferentes puntos de vista”, concluyó.

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Con el fin del período de sesiones ordinarias, aprobar la ley que está en segundo debate es difícil y algunos, incluso, prefieren que sea en la siguiente legislatura, en el 2020, que se vuelva a conocer y evitar así reformas espurias.

El ponente de la iniciativa, el diputado Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala, reconoce que la propuesta fue buena y, aunque necesita algunos cambios, hay que vigilar que no sean cambios que perjudiquen el sistema. Él prefiere que la discusión se retome el próximo año.

“Le hicieron mucho daño a la iniciativa. Es un momento complicado y sumado a la aprobación de aceptación de cargos y el rechazo y la crítica que está teniendo, no sé si es buen momento para aprobarla”, dijo Lira a Prensa Libre.

Oportunidad perdida

La necesidad de reformar el Código Procesal Penal para modificar los criterios de prisión preventiva es una necesidad que comparten tanques de pensamiento, principalmente porque para el Sector Justicia es necesario ordenar el espacio carcelario.

Hasta ahora, de los 25 mil privados de libertad, hasta 14 mil están en prisión preventiva, una condición que promueve el hacinamiento y es el origen de violaciones a derechos humanos.

Un estudio del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), señala que de las 16 mil personas a las que se les dictó prisión preventiva entre 2016 y 2018, en promedio pasaron o llevaban 335 días en prisión preventiva, lo que hace imprescindible las reformas.

“En el 90% de cosas que se estaban proponiendo estábamos de acuerdo, porque se estaba modernizando la legislación, y atendía recomendaciones internacionales. El problema es que la ley surgió en un ambiente entre conflicto de interés de diputados y eso le terminó de echar tierra a algunos cambios propuestos”, dijo Wálter Menchú, investigador del Cien.

Lorena Escobar, investigadora de la Asociación de Investigaciones Económicas y Sociales (Asíes), también reconoció durante el proceso de discusión de la propuesta, que era necesaria la reforma para lograr que la prisión preventiva fuera la excepción y no la regla.

“Que se piense que a través de estas reformas se va a lograr una reducción en el hacinamiento, porque ese es uno de los objetivos, es difícil llegar a reducir la cantidad de reos, pero para que funcione debe ir acompañada de otras normas como la creación de más prisiones, una cultura distinta sobre la prisión preventiva, sobre todo en jueces y fiscales”, dijo Escobar.

El diputado Lira reconoce que aunque la comisión permanente puede convocar a una sesión e intentar aprobarla, no sería lo mejor.
Según Menchú, lo que faltó fue más liderazgo de Lira para impulsar la iniciativa y llevarla al Hemiciclo. “Faltó gente con solvencia para empujar el proceso y el hecho de ser una bancada minoritaria perdió el liderazgo”, dijo el analista.

Cambios dirigidos

Gran parte de las críticas a esta nueva reforma del Código Procesal Penal señala que podría estar dirigida a beneficiar a políticos que actualmente guardan prisión, muchos de ellos por delitos de corrupción.

Otro grupo de críticas son a favor de los cambios y destacan que con una regulación más estricta de la prisión preventiva se ordenaría el sistema carcelario.

“Pasó —la iniciativa— los dos primeros debates sin ninguna objeción, sin que ninguna bancada ni diputado hiciera algún señalamiento (…) previo a la tercera lectura surgen estos comentarios o chismes de que aquí se quería favorecer a ciertas personas, que iban a salir libres ciertos grupos”, reflexionó Lira, al reconocer que “se ha satanizado” la propuesta y, por ahora, no debería conocerse.

Las 17 nuevas enmiendas que surgieron la semana pasada vinieron de forma anónima. Otro hecho para sospechar de las intenciones.

“Genera dudas. En mi opinión, no apoyaría jamás estas enmiendas y habría que ver quién se atreve a presentarlas. El tema es que haya algún diputado que dentro del Pleno presente una enmienda de curul y que tenga los votos”, dice Lira.

Menchú también ve un riesgo de trastocar los cambios con algún interés paricular. “Cuando esto cae en manos de otros, con conflicto de interés, empiezan a meterle mano y es muy fácil que se cambien cosas, porque no hay quién defienda el espíritu de la ley”, comentó Menchú.

Sobre si los cambios a la prisión preventiva podrían beneficiar a políticos acusados de corrupción, Menchú reconoce que sí y asegura que serían los menos y hay que ver el beneficio general, que es mayor.

“No aprobemos nada de eso, pero hay que ver otra propuesta, porque hay que buscar soluciones al problema, una carga excesiva y lenta. Los temas de otro tipo de cosas no judiciales podrían ayudar, pero debe haber un paso previo que es la reforma y es necesaria la reforma al Código Procesal Penal”.

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Giammattei habló en rueda de prensa y se puso como ejemplo al recordar que afrontó 13 amparos en el pasado, incluso una vez el Ministerio Público (MP) presentó tres amparos en su contra al mismo tiempo en diferentes instancias para obtener un fallo favorable, así como de la prisión preventiva, en la cual estuvo 10 meses y 17 días.

“La ley tiene que más clara, no podemos tener gente cuyo tiempo en prisión preventiva ya excedió la pena máxima de los delitos y aún no llegan a juicio”, dijo.

El próximo jefe del Ejecutivo también dijo que la ley debería dictar plazos para que los jueces resuelvan y los procedimientos acusatorios sean más ágiles.

Giammattei expresó además que hay casos donde las resoluciones se notifican “años después” con fechas pasadas.

Señaló que durante su gestión, haciendo uso de su facultad de iniciativa de ley, enviará al Congreso las correcciones que, considera, se deben hacer al sistema judicial.

Sobre la prisión preventiva, dijo que hay un “abuso” y puso como ejemplo que una persona puede llegar a pasar seis meses preso por haber atropellado por accidente a alguien debajo de una pasarela y que durante ese tiempo podría estar rodeado de extorsionistas y secuestradores.

“Mala fama”

El presidente electo dijo que su equipo está analizando el decreto aprobado del Congreso sobre la aceptación de cargos, comparado con tres propuestas al respecto que en diferentes momentos llegaron al Congreso, incluida una del Ministerio Público bajo la gestión de Claudia Paz (2010-2014).

Opinó ha habido “mala fama” al considerarla una norma que favorecerá a los pandilleros, puesto que hay delitos relacionados con actos criminales que no aplican para la aceptación de cargos.

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En total, son ocho las enmiendas que se pueden hacer, explicó el diputado Leonel Lira, ponente de la iniciativa de ley y quien preside la mesa técnica en donde se discuten los cambios a esa propuesta.

Dicha mesa debería estar integrada por un representante de cada uno de los bloques en el Congreso, pero a la primera reunión, efectuada este 19 de noviembre, no se presentaron todos, incluidos los jefes de los bloques mayoritarios.

Cinco de las enmiendas fueron presentadas por Lira, las que fueron analizadas hoy, y las otras tres se discutirán luego de que se cumpla el plazo fijado para mañana miércoles, cuando se presentarán las inquietudes de cada bloque legislativo.

La discusión de las modificaciones continuará el jueves, cuando la mesa técnica se reúna de nuevo. Y luego de que se haya consensuado los cambios a la iniciativa de ley, esta será presentada al pleno.

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Entre los cambios presentados por Lira se establece un plazo a la Corte Suprema de Justicia para que en 90 días implemente una unidad para el control de medidas otorgadas y otra otorga un plazo de seis meses al Ministerio de Gobernación para que implemente la aplicación del control telemático.

Una tercera enmienda crea el delito de prevaricato para los fiscales del Ministerio Público y establece que quienes presenten una acusación falsa o utilicen información falsa deberán ir a la cárcel de tres a seis años.

El cuarto cambio es para corregir un error que se cometió durante la emisión del dictamen favorable, en donde se fija un plazo de tres meses, cuando es de cuatro, y la última modificación es para establecer la entrada en vigor de la ley en un plazo de seis meses.

Lira dijo que no se establecerá gradualidad en las solicitudes para salir de prisión preventiva, sino que, una vez entrada en vigencia la ley, quienes estén en prisión preventiva pueden comenzar a hacer sus solicitudes, sin importar el tiempo que tengan en la cárcel.

“Todos tienen derecho de solicitar una medida no privativa de libertad”, aclaró el diputado.

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La iniciativa de ley presentada en el Congreso es el resultado de una mesa técnica en la que participó el Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal y la Procuraduría de los Derechos Humanos.

El también diputado de Encuentro por Guatemala aseguró que la iniciativa de ley es considerada adecuada por los congresistas.

El proyecto de ley ingresó a Dirección Legislativa del Congreso el 18 de marzo; el pleno lo conoció el 3 de abril y el dictamen favorable de la Comisión de Reformas al Sector Justicia se emitió el 10 de octubre.

La iniciativa fue conocida en primer debate el 15 de octubre y en segundo, el 22 de octubre.

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