Condenan a Víctor Alvarizaes, exalcalde de Santa Catarina Pinula, por peculado por sustracción

Exalcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes, fue condenado a 12 años de prisión por señalamientos de haber destinado Q145 mil a campaña negra en contra de Sebastián Siero.

Andrea Domínguez y Pavel Arellano

15 de mayo de 2025 | 16:43h

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Víctor Alvarizaes, ex alcalde de Santa Catarina Pinula llega a torre de tribunales al juzgado Quinto de Primera Instancia Penal. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/Erick Ávila)

Este 15 de mayo, el exalcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes, fue condenado a 12 años de prisión por el delito de peculado por sustracción.

La acusación indica que, en 2019, Alvarizaes habría utilizado Q145 mil para organizar una campaña negra contra el actual jefe edil, Sebastián Siero.

El exalcalde había sido absuelto en noviembre de 2024, pero se llevó a cabo una apelación especial el 18 de diciembre del mismo año, que provocó esta nueva sentencia.

El ente investigador, tras las pesquisas efectuadas, determinó que el exalcalde, entre el 20 de febrero y el 21 de abril de 2019, habría sustraído la cantidad exacta de Q145 mil 438.62 del erario municipal, al emitir cheques a nombre de una empresa.

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Se presume que estos recursos habrían sido destinados a emprender una campaña por medio de redes sociales, la cual tenía como objetivo dañar la imagen de Siero.

La resolución explica que, además de la sentencia de 12 años, el exalcalde deberá pagar una multa de Q50 mil que, en caso de no pagarla, se convertirá en prisión “a razón de Q100 diarios”.

“Se suspende al condenado en el goce de sus derechos políticos durante el tiempo que dure la condena”, señala la resolución.

#Ahora Condenan a 12 años de prisión al exalcalde de Santa Catarina Pinula, Victor Alvarizaes, por peculado por sustracción, señalado de haber utilizado Q145 mil de la comuna para emprender una campaña negra contra el actual jefe edil @sebastiansiero@prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/Ze3Nnjjjr9

— Andrea Domínguez (@andread_gtv) May 15, 2025

Alvarizaes había sido absuelto en noviembre de 2024, sin embargo la parte acusadora realizó una apelación especial presentada el 18-12-2024, que ahora terminó en condena de 12 años para el exjefe edil, por la campaña negra contra @sebastiansiero en 2019 https://t.co/HJ8NOWa6La pic.twitter.com/ilsSzGfcan

— Andrea Domínguez (@andread_gtv) May 15, 2025

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EFE informó que Márquez asegura que también padece problemas de corazón, depresión y ansiedad y que lo han llevado en varias ocasiones a los servicios de salud mental, donde la respuesta que ha obtenido siempre ha sido que “visite a su médico de cabecera” y “recetarle nuevos tratamientos”, por lo que se siente “desahuciado” por los servicios sociales y sanitarios.

“No encuentro ayuda por ninguna parte y entrar en la cárcel es la idea que he tenido, pero no quiero cometer ningún delito”, afirmó a EFE Márquez.

El español está “desesperado” por encontrar una solución a su problema y dejar de estar “las 24 horas del día solo”.

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El lunes 4 de septiembre acudió a la prisión de Alhaurín de la Torre para pedir su ingreso con un cartel en el que ha escrito: “Quiero ir a la cárcel”.

Afirma que seguirá protestando a las puertas del centro hasta que resuelvan su situación.

Márquez habló con el director de la prisión, quien le ha denegado la posibilidad de ingresar voluntariamente en ella sin haber cometido un delito.

Justo Márquez ha residido gran parte de su vida en Nerja (Málaga), motivo por el que ha elegido este centro penitenciario de la provincia para hacer su petición.

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Este hombre, padre de cinco hijos, a quienes hace meses que no ve, estuvo durante dos años en prisión cuando era joven por problemas con las drogas, pero ahora afirma estar “limpio” desde hace más de tres décadas y, aunque desearía ingresar en prisión, no quiere volver a delinquir. EFE

La jueza le considera autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia contra la mujer y le impide comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento, directo o indirecto durante otros tres años, el mismo tiempo durante el que estará privado el derecho de tenencia y porte de armas.

Constata en la sentencia que el hombre, “de una manera pública y notoria, ante miles de personas, agredió a su esposa con intención de menoscabar su integridad física y de humillarla en público, sin que conste que le causara lesiones, si bien se produjo un maltrato evidente y real”.

Durante el juicio, tanto el hombre como la víctima se acogieron a su derecho a no declarar; la mujer, que se encontraba muy nerviosa, solo intervino para insistir en que su marido nunca la había maltratado ni tampoco la obligaba a decir esto. De hecho, la mujer no interpuso denuncia.

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La jueza accedió así a la petición de la fiscal, que mencionó en el juicio dos intervenciones de la Policía que reflejan una situación conflictiva en la pareja y que, además, constatan la “relación de poder” que mantiene el hombre sobre la víctima.

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La fiscal también recordó que, en un vídeo posterior en esa misma red social, la mujer admitió que su esposo le había pegado dos palizas.

La magistrada aclara que, en España, no es necesaria la denuncia de la víctima en los delitos de violencia de género, debiéndose castigar una vez que se tiene conocimiento de su comisión.

“Basta con el simple hecho de la retransmisión en directo de la bofetada para que los poderes públicos desplieguen el ámbito de protección de la víctima, con independencia de que ella se reconozca como tal”, argumenta.

Y añade que, en los delitos de violencia contra la mujer, como en todos los de lesiones graves, el consentimiento de la persona agredida es irrelevante y procede el castigo en todos los casos.

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Dijo que lo vio en el momento en que el jugador la intentó obligar a hacerle una felación y ella se resistió, todo ello durante los minutos en que la encerró en el lavabo de una sala VIP en una discoteca de Barcelona.

Cuando le tocó declarar a Alves, después de la versión “contundente” de la víctima, la juez preguntó al jugador por el tatuaje. En ese momento, su versión era que él estaba en el lavabo, sentado en la taza del váter, y ella había entrado y se le había abalanzado encima. Por eso, la magistrada quiso saber dónde lo lleva y cómo era posible que la víctima detallase su tatuaje de medialuna si no se había levantado y por tanto lo tapaba la camisa.

El jugador rectificó y admitió entonces que se levantó cuando ella entró y que por eso pudo verle el tatuaje que habitualmente está tapado por la ropa, ya que baja desde el abdomen hacia la zona genital. Más tarde, en esa misma declaración, el jugador acabaría diciendo que las relaciones fueron consentidas. Fueron precisamente esos tres cambios de versión durante su declaración uno de los argumentos por los que se ordenó prisión provisional.

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Por eso, la familia de Alves quiere que cambie de abogado y vuelva a declarar, una petición a la que se resiste el jugador, que confía en su actual letrada. Su defensa trabaja para presentar el recurso contra el auto de prisión (el plazo concluye este miércoles). Solicitan que se le cambie la medida gravosa de la cárcel por otra como prohibición de salir de territorio nacional, retirada de pasaporte o una fianza, que podría ser alta por el poder adquisitivo del jugador, pese a que en su declaración confundió el dinero que ganaba con Pumas en México antes de la rescisión de su contrato.

Una acusación sólida

El juzgado ordenó la prisión provisional no sólo por el riesgo de fuga, ya que Alves tiene un gran poder adquisitivo, lo que facilitaría su fuga a Brasil, país con el que no hay tratado de extradición, sino también por los numerosos indicios contra el futbolista. La versión de la víctima contrasta con los cambios en la declaración del brasileño mientras que los Mossos d’Esquadra analizan los restos biológicos que quedaron en la mujer y en el vestido que llevaba, que está aportado como prueba en la causa. También las cámaras de seguridad muestran cómo Alves “empezó a tontearnos a todas”, explicó la víctima a la policía en referencia a sus amigas y a ella.

Después la instó a entrar en un baño y allí presuntamente la agredió para vencer su resistencia y luego la violó. Al acabar, ella fue hacia la puerta, pero él dijo: “Tú no te vas a ir, salgo yo primero”, y se fue. La víctima explicó que tardó en irse del lavabo porque “de los propios nervios no podía abrir la puerta” y que cuando salió a la sala VIP sólo quedaban sus amigas. Fue entonces cuando empezó a llorar y en la salida, el portero pregunto: “¿Qué pasa? ¿mal de amores?”. Y fue cuando las mujeres contaron que una de ellas había sufrido una violación.

En ese momento los responsables de la discoteca hicieron entrar a las chicas y se inició el protocolo para agresiones sexuales que acabó con la víctima en el hospital y después en comisaría. “Cada vez que recuerdo lo que me ha pasado me entran ganas de vomitar”, explica la mujer en su declaración ante la policía. Su rápida denuncia y la actuación de la unidad específica de Mossos fue clave para detener a Alves.

*Con información de El Mundo

Según han informado fuentes penitenciarias, el futbolista brasileño permanecía en el módulo de ingresos de la cárcel Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) desde el pasado viernes, cuando una jueza de Barcelona decretó su ingreso en prisión sin fianza, acusado de violar a una joven en un baño de la discoteca Sutton de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre.

La Secretaría de Medidas Penales del Departamento de Justicia de la Generalitat decidió trasladarlo a Brians 2, donde conviven tanto presos ya condenados como preventivos, porque este recinto cuenta con módulos residenciales más pequeños que permiten garantizar mejor su seguridad y convivencia con el resto de internos.

De hecho, los módulos de Brians 2 albergan a unos 80 internos, como promedio, mientras que en los de Brians 1 suelen convivir unos 200 presos.

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Una vez trasladado, se ha vuelto a ubicar al futbolista en el módulo de ingresos, donde lo visitarán los profesionales del centro que deben decidir qué celda le asignan, una cuestión para la que no se tiene en cuenta el tipo de delito cometido.

Alves ha sido sometido a lo largo del fin de semana a los trámites habituales para un ingreso en prisión, fue cacheado y registradas sus pertenencias una vez comprobada su identidad por los trabajadores penitenciarios.

Posteriormente, le visitaron los profesionales sanitarios y fue entrevistado por miembros del equipo de tratamiento que debe decidir en qué grupo de reclusos se incluye al interno.

Mientras tanto la defensa del futbolista trabaja en la estrategia procesal para intentar que pueda salir en libertad provisional, por lo que estudia presentar un recurso contra su ingreso en prisión, si es necesario ofreciéndose a declarar de nuevo ante la jueza.

Esas gestiones, sin embargo, están a la espera de que Alves decida si cambia de abogado, como sugiere su entorno después de que la abogada que lo representaba, Miraida Puente, no pudiera el pasado viernes impedir que la jueza decretara prisión sin fianza para el deportista.

También prepara su estrategia la abogada de la víctima, quien en su declaración del pasado viernes ante la jueza renunció expresamente a la indemnización que pudiera corresponderle en caso de que Alves sea condenado por la violación.

En el auto en el que acordó el ingreso en prisión del futbolista, la jueza tuvo en cuenta las contradicciones en que incurrió el investigado frente a la contundente versión de la víctima, quien corroboró la denuncia que había presentado ante los Mossos hasta el último detalle.

De hecho, la víctima describió ante la jueza uno de los tatuajes que el futbolista luce en el abdomen, según las mismas fuentes.

Según su denuncia, el futbolista la invitó a ella y a unas amigas a tomar una copa, le pidió que la acompañara al baño del reservado en que se encontraban -que ella no sabía que era tal- y una vez allí la agredió sexualmente, empleando para ello la fuerza, como acreditan los partes médicos aportados por la víctima.

Comparte celda con otro preso en un módulo para agresores sexuales

Dani Alves comparte celda con otro recluso en el módulo al que son destinados la mayoría de agresores sexuales de la cárcel Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), centro al que ha sido trasladado porque dispone de recintos más seguros y menos masificados.

Según han informado fuentes cercanas al centro, tras una breve estancia en el departamento de ingresos de la prisión, los responsables de Brians 2 le han asignado una celda en el módulo 13, que suele albergar a la mayoría de investigados o condenados por delitos contra la libertad sexual, aunque también los hay por otras infracciones penales.

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Al menos los primeros días, Alves compartirá celda con otro recluso que ejercerá el papel de lo que en la jerga penitenciaria se conoce como “preso de confianza”, cuya misión es ayudar a superar la sensación de angustia y estrés que puede causar entrar en prisión, especialmente a las personas que nunca han estado en una penitenciaría.

El módulo 13, no obstante, dispone de espacio suficiente para que a algunos de los reclusos se les pueda asignar una celda individual, si así lo aconsejan las circunstancias del preso.

Ahjam, de origen sirio, fue enviado a Guantánamo en junio de 2002 luego de ser arrestado por fuerzas de seguridad de Pakistán y entregado a EE.UU.

Pasó 12 años y seis meses encerrado allí, hasta que fue trasladado a Uruguay con el visto bueno de una comisión intergubernamental en Washington que revisó su caso.

Llegó al país sudamericano junto con otros cinco exreclusos de Guantánamo en diciembre de 2014, tras un acuerdo bilateral.

Pero hoy con 44 años de edad, Ahjam aún intenta rehacer su vida en Montevideo y mide sus palabras en español para referirse a la cárcel más controvertida de EE.UU.

“Si vamos a hablar no paramos por días, porque es una vida ahí. Pero puedo decirte: Guantánamo es como una tumba. El que tiene suerte, sale otra vez a caminar en la Tierra”, dice Ahjam en una entrevista con BBC Mundo.

“Símbolo de la injusticia”

Por esa cárcel ubicada en una base naval de EE.UU. al sureste de Cuba han pasado unos 780 detenidos en estas dos décadas.

Los primeros 20 llegaron en un avión militar el 11 de enero de 2002. La polémica surgió de inmediato al difundirse una foto de ellos arrodillados, enmascarados y maniatados, vistiendo uniformes naranja.

Habían pasado cuatro meses de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU. y el gobierno de George W. Bush eligió ese sitio para enviar presos de su “guerra contra el terrorismo” sin regirse por protecciones del derecho doméstico o la Convención de Ginebra.

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La mayoría de los detenidos que pasaron por Guantánamo nunca fueron acusados formalmente ni sometidos a juicio.

Cinco de los 12 presos que han recibido cargos están acusados de participar en el plan de los ataques del 11 de septiembre de 2001, incluido su presunto autor intelectual Khalid Sheik Mohammed.

Pero su juicio tampoco ha comenzado.

Uno de los únicos dos sentenciados hasta ahora en Guantánamo, Majid Kahn, denunció diversos abusos, desde enemas hasta encadenamientos durante días o amenazas de sus interrogadores.

“Cuanto más cooperaba y les contaba, más me torturaban”, sostuvo Khan ante un jurado militar en octubre, al declararse culpable de ayudar al grupo fundamentalista islámico al Qaeda.

Siete de los oficiales de alto rango que integraron ese jurado criticaron la presunta tortura que recibió, calificándola como “una mancha en la fibra moral de Estados Unidos”.

Guantánamo “se ha convertido en el símbolo de la injusticia, del racismo, de la islamofobia, de graves violaciones a los derechos humanos que incluyen la tortura y las detenciones indefinidas”, dice Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, a BBC Mundo.

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“Lo que tengo claro”

Ahjam era descrito en documentos de EE.UU. como alguien que viajó a Afganistán, se vinculó con fundamentalistas y fue capturado cruzando desde la región de Tora Bora a Pakistán en 2001, durante los ataques de la coalición liderada por Washington.

Pero algunos de esos documentos señalaban que el propio detenido negaba haber conocido miembros de al-Qaeda en Tora Bora, o haber participado de entrenamientos y combates en Afganistán como sospechaba EE.UU.

En cambio, Ahjam sostenía que fue vendido por las fuerzas paquistaníes por una recompensa que pagaron los estadounidenses.

Al trasladarlo a él y otros cinco exreclusos de Guantánamo a Uruguay, el gobierno de EE.UU. descartó que fueran peligrosos.

Ahjam dice que sufrió abusos durante “los primeros cuatro o cinco meses” que estuvo en esa cárcel, como privaciones de baños o de ropa limpia.

También describió maltratos de soldados de Guantánamo, por ejemplo por dejar una toalla en un lugar prohibido de su celda.

“Te llevan afuera (de la celda), te buscan todo el cuerpo, te dejan en el piso, el pie arriba de tu cabeza así como cinco minutos y luego te vuelven a la celda”, relata.

Cuando le preguntan si cree que Guantánamo cerrará algún día, responde que al menos espera un cambio.

“No hay cosa que siga para siempre”, dice. “Eso es lo que tengo claro. Lo tuve claro en la cárcel: toda cosa tiene comienzo y punto final”.

“Mensajes confusos”

De los últimos cuatro presidentes que ha tenido EE.UU., tres expresaron su voluntad de cerrar Guantánamo: Bush, Barack Obama y el actual mandatario Joe Biden.

Pero al llegar a la Casa Blanca en 2017, Donald Trump puso paños fríos al plan impulsado por Obama para trasladar los reclusos restantes, y Biden no lo reactivó con fuerza en su primer año de gobierno.

“El presidente Biden sigue mandando mensajes confusos: promete cerrar Guantánamo, pero hace poco anunció que se construirían nuevas salas de corte para que las comisiones militares pudieran reanudar los juicios”, dice Guevara-Rosas, de Amnistía Internacional, que reclama el cierre de la prisión y rendición de cuentas por los abusos cometidos.

Cerca de la mitad de los 39 presos actuales tienen su transferencia aprobada por una comisión gubernamental, cinco de ellas anunciadas esta semana.

Sin embargo, hay una serie de obstáculos para lograr esos traslados.

Por un lado, se volvió difícil para EE.UU. encontrar países dispuestos a recibir a los exreclusos, mantenerlos bajo control o monitorear sus actividades.

Biden pidió en diciembre al Congreso eliminar las restricciones que existen para transferir los presos de Guantánamo a otros países o incluso dentro de EE.UU.

Pero ocho senadores republicanos advirtieron en una carta al presidente en mayo que quieren que la prisión siga abierta, argumentando razones de seguridad.

“Si bien con sus predecesores hubo argumentos razonables para transferir y repatriar a algunos detenidos de bajo riesgo, todos concordamos en que reubicar a los 40 restantes o cerrar la instalación supondría un riesgo innecesario”, indicaron.

“El estigma de Guantánamo”

Dos de los seis exreclusos enviados a Uruguay en 2014 se fueron luego a Turquía, dice Christian Mirza, quien sirvió como nexo entre el grupo y el gobierno del entonces presidente José Mujica.

Los otros cuatro lograron apenas una inserción laboral precaria.

“El estigma de Guantánamo los ha marcado y los va a marcar el resto de sus vidas, no solamente a ellos sino a todos los que salgan de (esa) cárcel”, asegura Mirza a BBC Mundo.

Ahjam llegó a abrir un puesto de venta de dulces árabes en un mercado de Montevideo en 2018, algo que describía como un “sueño” realizado.

Pero el negoció cerró durante la pandemia y la ayuda que recibió inicialmente del gobierno uruguayo caducó.

Ahora Ahjam sigue buscando su nueva vida después de Guantánamo.

“No sabes si estás viviendo o no estás viviendo, porque no tenés nada para vivir”, dice. “Tenés que hacer todo, luchar, empezar todo en la vida de cero”.

Polis, de afiliación demócrata, no ha hecho declaraciones públicas al respecto.

El caso del conductor cubano había acaparado titulares en EE. UU. tras el incidente del 25 de abril de 2019 cuando Aguilera Mederos, en ese momento de 24 años, protagonizó un accidente al bajar de las Montañas Rocosas por la carretera I-70 al oeste de Denver porque su camión perdió los frenos.

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En ese percance, cuatro personas fallecieron y decenas de otros automovilistas sufrieron heridas.

En octubre pasado un jurado encontró culpable a Aguilera Mederos de la mayoría de los cargos en contra, incluyendo el haber usado su camión como un arma para causar la muertes y heridas.

Por eso, el pasado 13 diciembre, el juez a cargo del caso había condenado al camionero cubano a 110 años en prisión, al imponer a Aguilera Mederos la pena máxima por cada uno de sus cargos y ordenar que las condenas deberían servirse sucesivamente, y no simultáneamente.

Desde el mismo momento que se supo la condena comenzaron las gestiones para reducir esa sentencia, incluyendo una campaña en línea que reunió unos 5 millones de firmas y la intervención de la fiscal Alexis King, quien se apersonó ante el juez para pedirle al magistrado que reconsiderase la sentencia.

A su favor también se pronunciaron personajes famosos, como la modelo Kim Kardashian. 

A la vez, legisladores locales habían anunciado que buscarían cambiar las leyes que permitieron que alguien fuese condenado a más de un siglo en la cárcel por un accidente automovilístico, cuando en similares circunstancias (es decir, accidentes mortales) camioneros en Kansas y Nebraska recibieron recientemente sentencias no mayores de cinco años.

Incluso se esperaba que el próximo 13 de enero el juez a cargo del caso informase sobre cómo procedería la corte para revisar la sentencia.

Pero el peso de la responsabilidad para actuar a favor de Aguilera Mederos recayó sobre el gobernador Polis quien, según se supo esta tarde, consultó tanto con la fiscalía del Primer Distrito de Colorado como con representantes de los familiares de las víctimas antes de tomar su decisión.

Hasta el momento, ni la familia de Aguilera Mederos ni dirigentes de las numerosas organizaciones que lo respaldan se han expresado públicamente.

Anteriormente, Hilda Martínez, de Ni1Menos y organizadora de una reciente marcha a favor de Aguilera Mederos, había indicado a Efe que la familia del cubano (incluyendo su madre, Osleyda Mederos, y su hermano Antonio Aguilera Mederos) estaba en Denver “esperando un milagro” porque “con fe todo es posible”.

“Confiamos que con todas las personas que nos acompañaron a la manifestación, con todos los medios presentes, con todas las autoridades que nos brindaron su apoyo, con aquellos que nos llaman desde lejos, la bendición llegará”, comentó Martínez a Efe esta semana.

Debido al tiempo que Aguilera Mederos pasó encarcelado antes del juicio y a otros posibles factores (como buena conducta), el cubano podría quedar en libertad en unos cinco años, según expertos locales.

Polis también conmutó, redujo o anuló las condenas de otras cuatro personas.

Pero esta base militar es más que una gran prisión. Aproximadamente 6 mil personas viven en este puesto de avanzada de la Armada de Estados Unidos, que tiene la parafernalia de un pequeño pueblo de Estados Unidos, las comodidades de un campus universitario y funciona como una mezcla entre una comunidad cerrada y Estado policial.

Cuenta con un sistema escolar del Departamento de Defensa para los hijos de marineros y contratistas, un puerto marítimo para las misiones de abastecimiento de la Armada y la Guardia Costera, bares, campos de béisbol, vecindarios con columpios, playas con parrillas para carne asada, y alquiler de botes recreativos para excursiones en la bahía.

También tiene un McDonald’s con un autoservicio lo suficientemente ancho para vehículos tácticos, justo debajo de una iglesia con un campanario blanco en la cima de una colina. Si conduces 10 minutos en una dirección llegarás a Nob Hill, un vecindario de casas de tres habitaciones para oficiales subalternos en la base de 700 familias.

Si conduces 10 minutos en otra dirección, más allá del descuidado campo de golf de nueve hoyos de la base, llegarás a la entrada de lo que en esencia es una base dentro de la base: la zona de detención. Está bajo el mando de un general de brigada del Ejército que tiene bajo su responsabilidad a los últimos 39 prisioneros de tiempos de guerra del Pentágono y a un personal de 1 mil 500 personas, en su mayoría soldados de la Guardia Nacional en periodos de servicio de nueve meses.

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La base cubre 116 kilómetros cuadrados en ambos lados de la bahía de Guantánamo, la superficie acuática controlada por Estados Unidos que divide la base en dos. Una pequeña unidad de infantes de Marina es responsable de la seguridad en el lado estadounidense de los 28 kilómetros de vallas que rodean la base. Una porción del lado cubano tiene un campo minado.

La mayoría de los días es fácil olvidar que la base se encuentra en el sureste de Cuba.

Aquí se habla muy poco español, excepto cuando una unidad de la Guardia Nacional de Puerto Rico está en el lugar cumpliendo un periodo de servicio en la zona penitenciaria. El tagalo y el criollo son más frecuentes debido a que cerca de un tercio de los residentes son filipinos y jamaiquinos. Son empleados por contratistas del Pentágono y son la columna vertebral de la fuerza laboral.

Trabajan en construcción, preparan y sirven comidas en los restaurantes, y son cajeros en los economatos. Acomodan las camas en las habitaciones de huéspedes, cortan y tiñen cabello en los salones de belleza, y ofrecen lecciones de navegación en el puerto deportivo. A ninguno de ellos se les permite traer a su familia, y residen en áreas de vivienda separadas que mantienen sus empleadores. Un pasatiempo popular aprobado dentro del salón de baile de la base es el bingo.

En algunos aspectos, la base se parece a un campus universitario, pero uno con campo de tiro, alambres de púas, cientos de soldados y marineros con uniformes de batalla, y automóviles que se detienen repentinamente en la calle a las ocho de la mañana, hora en que se transmite el himno de Estados Unidos a diario.

Algunos residentes reciben tarjetas de comida para el comedor estilo cafetería escolar. Los soldados y marineros solteros viven en dormitorios. La base tiene una tienda de recuerdos que vende tazas, vasos tequileros y remeras estilo universitario. “No hay días malos”, dice una camiseta decorada con palmeras que presume la “buena vibra” y las “mareas altas” en la bahía de Guantánamo. Tiene fiestas los sábados por la noche en el Tiki Bar, un servicio de viajes compartidos llamado Safe Ride para que la gente no conduzca en estado de ebriedad, y reuniones de Alcohólicos Anónimos tres veces por semana.

También cuenta con eventos deportivos intramuros y una campaña de concientización sobre la agresión sexual.

Pero al final, esto es una base militar. Los drones están prohibidos. La tradición de pedir golosinas en Halloween solo está permitida en ciertos vecindarios. Los fotógrafos periodísticos deben someter todas y cada una de las fotografías que toman a la censura militar. No se permite tomar fotos a las torres de vigilancia, ciertas cercas con anillos de alambres de púas y las cámaras de seguridad, así como a infraestructura crítica, como las cuatro turbinas eólicas que se elevan sobre la base y se pueden ver desde el mar.

Cualquiera que viaje a la base necesita permiso del oficial al mando, un formulario de acceso sellado que es en esencia una visa para la “República Independiente de la Bahía de Guantánamo”, y luego un asiento en un vuelo aprobado, por lo general un chárter del Pentágono desde la costa este.

El oficial al mando actual es el capitán Samuel “Smokey” White, conocido como Sam por los pocos residentes a bordo que no se dirigen a él como “señor” o “capitán”.

La base trata su propia agua en una planta desalinizadora y genera su propia energía a partir de combustibles fósiles, paneles solares y energía eólica. Se reabastece por aire y mar. Una barcaza que llega dos veces al mes desde Jacksonville, Florida, trae comida para el economato, nuevos vehículos para los militares, materiales de construcción y artículos para el hogar. Un avión con refrigerador entrega frutas y verduras frescas y otros productos perecederos dos veces por semana.

La base también tiene miles de gatos salvajes, descendientes de felinos que lograron llegar a la base a través del campo minado o de gatos domésticos abandonados por las familias de la Armada. Un grupo de amantes de los gatos preocupados fundó la Operación Git-Meow, que tiene como objetivo encontrar hogares para estos gatos salvajes y que está intentado persuadir a la Marina para que autorice un programa de voluntarios para captura, esterilización y liberación a fin de reducir la población de gatos salvajes.

Un pequeño hospital comunitario en la base ofrece atención familiar y anuncia el nombre del primer bebé de cada año nuevo en su sitio web. También se encarga del cuidado de los prisioneros, sin importar el grado de complicación, debido a una prohibición del Congreso de traer prisioneros a Estados Unidos. Cualquier otra persona con un caso médico complejo suele ser enviada a territorio estadounidense.

Hubo un tiempo, después de la apertura de la prisión en 2002 y de que la población de detenidos aumentara a un punto máximo de 660 en 2003, en el que el propósito de la base giraba en torno a la operación de las detenciones.

Los aviones de carga de la Fuerza Aérea solían traer detenidos de Afganistán, y a los residentes de la base se les ordenaba permanecer encerrados durante los traslados de alta seguridad de los prisioneros desde la pista de aterrizaje en un lado de la bahía hasta las celdas ubicadas en el otro extremo.

Los soldados en uniforme de camuflaje recorrían la base en Humvees. Miembros del Congreso, altos mandos militares, abogados del gobierno, periodistas y delegaciones extranjeras realizaban visitas regulares, y llenaban las habitaciones estilo hotel de Guantánamo.

Con el tiempo, el interés disminuyó. Hubo mucha actividad después de que el presidente Barack Obama ordenara el cierre de la prisión, y los funcionarios gubernamentales trabajaron para disminuir la población de detenidos. Sin embargo, las restricciones del Congreso hicieron imposible trasladar las últimas docenas a Estados Unidos por cualquier motivo.

La mayoría del tiempo, nadie recuerda la operación penitenciaria que puso a Guantánamo en el mapa hace dos décadas, excepto cuando una caravana de camionetas blancas sin ventanas pasa frente al McDonald’s para llevar uno o dos detenidos al complejo judicial en Camp Justice.

Entre ambas fechas, el presidente Guillermo Lasso decretó un estado de excepción carcelario (el 29 de septiembre, tras registrarse casi 120 muertes) y un estado de emergencia nacional (el 18 de octubre), pero nada parece funcionar frente a esta ola de violencia.

Las dos jornadas suman casi 190 muertos, entre miembros de bandas criminales que pelean por el control de la prisión, pero también reos comunes, acusados sin sentencia y sentenciados cuyas condenas habían terminado hacía tiempo, como el caso de Jorge Leonardo González.

“Él cayó en octubre del 2020 y lo sentenciaron a ocho meses, el 17 de junio cumplió su condena, pero nunca salió a pesar de los escritos que presentamos”, nos dice su viuda, Vanesa Ávila, en su casa del barrio Bastión Popular de Guayaquil, mientras sostiene su foto.

González deja un niño de 11 años con ella y una joven de 15 de una relación anterior. En un escenario tan deshumanizado, su viuda al menos rescata un detalle:

“Gracias a Dios pudimos sacarlo de la morgue entero, no tenía golpes, no tenía nada, ni tortura, sólo tenía un disparo en la cabeza, eso fue todo”.

La familia de Jonathan Burbano no tuvo tanta suerte. Su cuerpo presentaba quemaduras en el brazo y en el rostro y estaba, según describe su hermano, “negro de humo”.

“Murió por una hemorragia cerebral, como no tenía ni una perforación, ni una cortada, se presume que fue por una explosión de una granada”, le dice a BBC Mundo su hermano Alex, mientras camina por el malecón del Salado.

Tanto González como Burbano murieron en el motín del 29 de septiembre, ambos estaban en el pabellón 5 de la penitenciaría que ha puesto a Ecuador en el foco de las noticias internacionales.

“Infierno”

Cuando llegamos a las afueras del penal, una mujer que reparte papelitos con oraciones bíblicas nos entrega uno con el título “Lugar de tormento” que reza “sabía usted que existe un lugar espantoso llamado infierno (San Juan 3:16-17-18)”.

Tanquetas blindadas del ejército rodean la cárcel y, ese día, los militares han permitido que algunas mujeres puedan dejar ropa y otros objetos para sus seres queridos.

Una madre se queja de que lo máximo que le han prometido es colocar todo en un depósito hasta que las condiciones sean propicias para entregar las cosas a su hijo.

Nadie está muy dispuesto a conversar con periodistas hasta que un vendedor de frituras y comida rápida, que lleva desde los 7 años trabajando en los alrededores de la cárcel, nos cuenta cómo viven los familiares de los presos cada día entre masacre y masacre.

“Aquí en la peni(tenciaría) todos me conoce como El Chino, además de vender comida le doy cuidando sus pertenencias a la visita, cuando vienen. Ahora la visita tiene miedo de venir aquí y hay internos que no quieren que vengan, pero las madres que tienen sus hijos ahí adentro son las que vienen y las que más sufren aquí afuera”.

Al Chino lo que más le duele son los presos que no tienen sentencia firme y mueren en enfrentamientos que ni siquiera entienden:

“Aquí hay harta gente inocente, hay personas que están unos 8 o 10 meses sin sentencia, que están ahí por gusto, prácticamente; pero cuando comienzan estas cosas cae el que es y el que no es”.

Según informó la periodista Karol Ñorona en el medio ecuatoriano GK, el 70% de los presos no tiene una sentencia ejecutoriada “y vive en condiciones precarias, indignas, inhumanas”. El hacinamiento llega al 52%.

80 vs. 8000

Pablo Arosemena, gobernador del Guayas, provincia donde se encuentra el penal, señala que el gobierno ecuatoriano combate el hacinamiento de tres formas: a partir del traslado de internos a otros penales, con indultos y con la deportación de presos extranjeros.

El gobernador explica a BBC Mundo que actualmente el penal del Litoral tiene aproximadamente 8.000 presos divididos en 12 pabellones, entre 600 y 700 presos por pabellón.

“¿Cuántos efectivos del SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores) están controlando esa penitenciaría? Diría que unas 80 personas o menos, designados para custodiar 8.000 reos”.

Arosemena añade que los agentes penitenciarios, además, por ley, están desarmados, y deben enfrentar a bandas que “han logrado camuflar y meter armas en ese recinto penitenciario”.

Estas bandas criminales locales -como los Choneros, los Lobos y los Tiguerones- se disputan territorios al interior y al exterior de la cárcel, así como los favores de carteles mexicanos (Sinaloa y Jalisco Nueva Generación) y la distribución de estupefacientes dentro y fuera de Guayaquil.

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Arosemena sostiene que el gobierno ha adquirido un escáner para detectar el ingreso de este armamento al penal, que podría llegar a Ecuador antes de fin de año, pero ¿cómo entraron hasta hoy a la penitenciaría esas armas, como la granada que habría matado a Jonathan Burbano?

Para Abraham Correa, ex oficial de la policía y experto en temas carcelarios, la corrupción ha contribuido a que hoy “las cárceles estén controladas por los internos”.

“Los líderes de estas bandas delincuenciales locales, que son parte de estas organizaciones internacionales del narcotráfico, han ingresado un armamento que es mejor que el que tiene la policía; entonces la corrupción de estos centros penitenciarios es otro elemento más a tener en cuenta”, le dice a BBC Mundo desde una urbanización privada en Samborondón.

Arosemena responde que el enemigo no está dentro del estado de derecho: “El enemigo está bien identificado, está afuera, pero claro nos corremos el riesgo de que pueda haber algún tipo de contaminación, por eso hay que actuar”.

Condolencias y divergencias

A través de su cuenta en la red social Twitter el presidente Lasso expresó sus más sinceras condolencias a las familias de los presos que perdieron a sus seres queridos, pero utilizó el mismo tuit para decir que no es posible garantizar el derecho a la vida “si la fuerza pública no puede actuar para proteger”.

El primer derecho que debemos garantizar es el derecho a la vida y la libertad ciudadana, lo cual no es posible si la fuerza pública no puede actuar para proteger. Expreso mis más sinceras condolencias a las familias que perdieron seres queridos.

¡Que Dios bendiga al Ecuador!

— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) November 13, 2021

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Este reclamo es parte de un enfrentamiento entre el mandatario y la Corte Constitucional del Ecuador, tras la declaración del estado de emergencia. El gobierno había solicitado dos meses, mientras que el tribunal lo limitó a uno.

Además, el estado de emergencia permitió que efectivos de las fuerzas armadas contribuyeran a tareas de seguridad interna, junto con la policía, en las calles del país.

Pero en lo que se refiere a los centros penitenciarios, la Corte Constitucional determinó que el accionar militar se limite al perímetro exterior de los penales, incluyendo el primer filtro de ingreso a los recintos.

Tras la última masacre, el mandatario indicó que “este es un llamado de atención a las instituciones del Estado ecuatoriano, en especial a la Corte Constitucional. Necesitamos herramientas constitucionales idóneas para proteger a la población, recobrar el orden en las cárceles y luchar contra las mafias que se lucran del caos”.

Este es un llamado de atención a las instituciones del Estado ecuatoriano, en especial a la Corte Constitucional. Necesitamos herramientas constitucionales idóneas para proteger a la población, recobrar el orden en las cárceles y luchar contra las mafias que se lucran del caos.

— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) November 13, 2021

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El tribunal no tardó más de 24 horas en responderle: “La Corte Constitucional del Ecuador rechaza las declaraciones efectuadas por el Presidente de la República, quien ha hecho un llamado de atención a este organismo, pretendiendo así evadir sus propias responsabilidades”.

Fernando Recalde, comandante del Cuerpo de Infantería de Marina, dijo a BBC Mundo durante un operativo militar en las calles de Guayaquil que las fuerzas armadas están subordinadas al ente gubernamental donde este lo disponga:

“En la penitenciaría nosotros tenemos el control del perímetro externo, como fuerzas armadas nos han dado esa tarea, yo le puedo indicar que en el perímetro exterior no hemos tenido visos de que personas privadas de libertad traten de fugarse”.

Pero la asambleísta guayaquileña del movimiento Pachakutik, Patricia Sánchez, explica que los enfrentamientos responden a otra lógica que no es la fuga.

“La penitenciaría es la oficina donde ellos resuelven lo que pasa afuera en la ciudad”.

“Nos matan si no llegan”

El motín del 29 de septiembre que le costó la vida a Jorge Leonardo González y a Jonathan Burbano no fue el primero que debieron sufrir en 2021. En febrero murieron 79 personas en distintas cárceles ecuatorianas y en julio 22.

“Mi hermano estuvo en los amotinamientos de febrero y julio, por eso sentía esa preocupación y pedía a mi mamá que oren por él, porque presentía que en algún momento lleguen y los maten a todos”, recuerda Alex Burbano.

La noche del 29 Jonathan llamó a su madre desde la cárcel y le dijo que aún seguía vivo, pero no cortó el teléfono. Su madre se quedó escuchando por varios minutos los disparos y las explosiones hasta que murió la llamada.

“Tratamos de que mi mamá no entre a la morgue porque ya esos sonidos de ese martes fueron traumáticos. Además, fuera de la morgue, el guardia gritaba el nombre de los fallecidos como que estuviera en un mercado, como que estuviera vendiendo algo”, dice Alex.

La mañana del mismo día 29, Jorge habló con Vanesa.

“Me llamó a las 6 de la mañana con tanta insistencia que me sorprendió, porque él siempre sabía escribir 7:30 u 8 de la mañana. Me preguntó por qué todavía no lo despachaban y yo le dije que no se preocupara, que había puesto un escrito, que si Dios quiere y no pasa nada ya esta semana sale”.

Esta misma angustia se repitió en este último motín cuando los internos dejaron mensajes en los teléfonos de familiares e incluso de algunos periodistas locales.

“Eran las 9 y 21 de la noche del viernes al 13 de noviembre de 2021. A mi celular llegó una nota de voz que decía: ´Quiero que me haga un favor, quiero que manden la ley, que llamen militares, todo lo que es policía, porque hoy nos matan si no llegan”, escribió Karol Ñorona.

Pero unos 68 presos murieron sin que la ayuda llegara. Algunos de sus mensajes fueron incluso transmitidos en vivo por las redes sociales.

El papelito con frases bíblicas que entregaron a BBC Mundo en el penal dice que “en el infierno el fuego nunca se apaga (Marcos 9.48-49)”, pero los evangelistas no fueron los únicos que se animaron a describir este lugar.

Dante Alighieri, el escritor florentino, imaginó en el medioevo una puerta que tenía escrita en palabras color negro una frase que también podría aplicarse al penal del Litoral.

“Toda esperanza déjenla en la entrada”.

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Calificada como “la peor masacre carcelaria” en la historia de Ecuador, el violento choque entre bandas comenzó el martes (28 de septiembre) y llevó a que el presidente Guillermo Lasso declarara el “estado de excepción en el sistema” penal.

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Detonaciones de armas de fuego y explosiones en varias áreas del penal activaron las alertas de las autoridades. Cuando los agentes policiales intervinieron, se encontraron con cadáveres con impactos de balas y efectos de granadas.

Tras la masacre, una de las imágenes más desoladoras fue la de los familiares de los presos que acudieron a la cárcel en búsqueda de información y a la morgue en el sur de la ciudad para reclamar el cuerpo de sus fallecidos.

Desesperación, desorden y caos reinaban en estos lugares, mientras los policías intentaban controlar la situación y, puertas adentro, médicos buscaban dilucidar la identidad de los cadáveres.

“No nos vamos a mover”

Este jueves en la mañana, mientras hacía la fila en la morgue para saber qué ocurrió con el joven de 24 años de edad, Jara explicó a BBC Mundo a través de la línea telefónica que hasta ahora no había recibido ninguna información sobre su sobrino.

“Nos van a hacer entrar para reconocer el cuerpo”, afirmó, admitiendo que por la cantidad de gente en fila la espera aún podía tomar muchas horas.

La mujer explicó que son muchos los familiares de los presos que se han congregado allí y que han expresado su malestar haciendo ruido y manifestándose en la calle para protestar.

“Aquí vamos a estar firmes hasta que nos den resultados de mi sobrino. No nos vamos a mover“, aseguró.

Otros reclamaban justicia.

“Queremos justicia, señor presidente, al menos muestre la cara, por las madres que estamos sufriendo aquí por nuestros hijos”, dijo una mujer a las afueras del penal, según recogió la prensa ecuatoriana.

“Mi hermano, llamen a la policía, necesitan entrar al pabellón 5 (…). ¡Es mi hermano, no un perro!”, exclamó otra mujer en el mismo lugar.

En declaraciones recogidas por el diario El Universo, una mujer de 35 años llamada Nancy relató que reconoció la cabeza de su pareja en un video.

“Cómo le voy a decir a mi hija que a su papá le cortaron la cabeza, esa es la peor muerte“, dijo.

“Se escuchaban gritos de la gente, mujeres se desvanecían”

La periodista del medio ecuatoriano Primicias, Carolina Mella, estuvo afuera de la morgue junto a los familiares.

En conversación con BBC Mundo, cuenta en detalle el drama que se vivió allí.

“Había cientos de personas, madres, abuelas, padres, hermanos, esposas, que estaban afuera de la morgue, en shock y desesperados por tener información. Algo tan básico como eso”, explicó.

Mella cuenta que muchos llevaban más de 24 horas en la incertidumbre, sin saber si su familiar, si su hijo o esposo formaban parte de los fallecidos.

“Ellos no solo se enteran por los noticieros de lo que está pasando, sino que también por fotografías y videos que circulan por Whatsapp. Hablé con un joven que su hermano había sido asesinado. Le pregunté si tenía información, si les habían dicho algo, y me respondió: ‘Vimos la cabeza’“, señaló.

“Esas fotografías vienen de adentro y las comparten a través de chats y redes sociales. Y así es como los familiares se enteran”.

Entre el caos y desconcierto que se vivía en el lugar, Mella explica que cada cierto rato las autoridades salían con un listado de nombres.

“Cada vez que nombraban a alguien, se escuchaban gritos de la gente, mujeres se desvanecían. Era como que hasta ese momento no querían creer que sus familiares estaban muertos”.

En general, los familiares ahora se muestran precavidos ante posibles represalias, precisa Mella.

“Al interior de las cárceles, para poder sobrevivir, los presos tienen que hacerse parte de una de las bandas. Es difícil que pasen bajo perfil, sobre todo en esta penitenciaria, que ha sido conocida como el infierno mismo (…) Los familiares tienen temor de que cualquier cosa que ellos digan se malinterprete por los líderes de las bandas. Entonces lo que impera es el silencio“.

“Esta gente vive en barrios que se han creado como invasiones, que viven en covachas, en el lodo, sin acceso a agua potable, electricidad o alcantarillado. Con esa vulnerabilidad de pobreza, esos barrios son aprovechados por estos grupos delictivos”, ahonda.

Silvana Tapia, investigadora y activista ecuatoriana de la organización Alianza contra las cárceles, le dijo a BBC Mundo que episodios como el de Guayaquil “no ocurren sin una larga historia y de larga data por detrás y, sobre todo, no ocurren sin la participación del Estado“.

Tapia asegura que “existe una elevada corrupción en los funcionarios penitenciarios” de Ecuador y pide “cuestionar seriamente el origen del armamento que se está utilizando en estos eventos sangrientos”.

También apunta al hacinamiento como “factor crucial” para explicar lo ocurrido, ya que, según ella, “todas las prisiones en el país están por encima de su capacidad y no permiten una vida en condiciones dignas”.

Sin embargo, la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) tiene un sinfín de problemas que se percibe como falta de control en las prisiones, porque no solo el hacinamiento y la corrupción existen; sino también el déficit de personal de personal para custodiar a los privados de libertad.

Actualmente, el Sistema Penitenciario alberga a 24 mil 989 reclusos, de los cuales el 89 por ciento son hombres y el 11 por ciento mujeres; además, el 49 por ciento de la población reclusa permanece en prisión preventiva y el 51 por ciento en condenatoria.

Un análisis efectuado por el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac) da cuenta que, hasta el 23 de julio pasado la sobrepoblación en los centros destinados para hombres alcanzaba el 453 por ciento, mientras que en los de las mujeres llegaba al 410 por ciento. Es decir, en espacios destinados para una persona están recluidos hasta cuatro privados de libertad.

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En las cárceles destinadas para hombres como Pavón, Fraijanes; Canadá, conocida como “El Infiernito”, en Escuintla; la de Puerto Barrios, Escuintla; Los Jocotes, Zacapa; Mazatenango, Suchitepéquez, entre otras tienen altos niveles de sobrepoblación. Mientras que, prisiones acondicionadas para las mujeres está Cantel, el Centro de Orientación Femenina, Fraijanes; Santa Teresa, zona 18; Los Jocotes, Mazatenango, Matamoros, zona 1, entre otras tienen importantes niveles de hacinamiento, según el análisis efectuado por el Ipnusac.

Alternativas

Jerónima Álvarez, vocera del Sistema Penitenciario, informó que están fortaleciendo los equipos multidisciplinarios que se encargan de atender a los reclusos incluidos en programas de rehabilitación y readaptación social de la institución, lo cual les permite agilizar los expedientes que están en proceso de aplicar a la redención de condena.

El Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) reportó que hasta el pasado 7 de septiembre, obtuvieron mil 125 solicitudes de libertad anticipada para reclusos, lo cual es una medida que busque la reducción de sobrepoblación en las prisiones.

Además, afirmó que trabajan en la implementación del control telemático, pero por cuestiones administrativos hubo un retraso. Prensa Libre publicó que, en julio pasado el Ministerio de Gobernación improbó la actuación de la junta de licitación en el servicio de arrendamiento para implementar dicho sistema, el cual fue adjudicado por Q244 millones 138 mil 310, pero en la suma había Q210 menos.

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Este sistema entró en vigencia desde diciembre de 2016 como medida alternativa a la prisión; sin embargo, después de más de cuatro años no se ha implementado. El análisis del Ipnusac destaca que, si se hace una correlación del 89 por ciento de los delitos regulados en el Código Penal que tienen medida sustitutiva versus el total de la población privada que son casi 25 mil personas, se proyecta un amplio margen de la aplicabilidad de la Ley del Control Telemático, lo cual despoblaría de forma considerable las prisiones.

Eddy Morales, exdirector del Sistema Penitenciario, opinó que, existen varios procedimientos alternativos como la desjudicialización y desprisionalización a la prisión que se pueden aplicar en Guatemala, pero debe existir una coordinación total entre las instituciones de seguridad y justicia.

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Sin embargo, dijo que Presidios se ha convertido en un negocio para algunas personas por lo que no existe interés en reformarlo y tampoco implementar las medidas alternativas. “Tenemos un expresidente que fue director del Sistema Penitenciario y que hasta la fecha no han puesto en práctica las diferentes políticas alternativas a la prisión”, resaltó.

Morales también criticó que algunos de los jueces prefieren enviar a los señalados a las cárceles que darle una medida sustitutiva, cuando se sabe que esta debería ser la última alternativa.

Propuestas

Debido a esta situación, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales –Cien– publicó una serie de recomendaciones para disminuir la sobrepoblación en las cárceles, en done resaltan que se debe realizar un plan de mediano largo plazo para la infraestructura carcelaria con base a criterios técnicos y necesidades reales con fuentes de financiamiento y diseños de proyecto.

Además, fortalecer medidas alternativas al encarcelamiento, así como implementar mecanismos para facilitar la revisión de medidas. Ampliar la infraestructura para las mujeres que cumplen condena y construir una cárcel de alta seguridad.

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También sugiere que para que el Sistema Penitenciario cumpla con su propósito se debe lograr que los centros carcelarios sean espacios seguros, ordenados y con debida supervisión para la rehabilitación de las personas.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en el Manual sobre estrategias para reducir el hacinamiento en las prisiones explica que las alternativas tradicionales como las multas y sentencias condicionales y suspendidas contribuyen al deshacinamiento, las cuales están disponibles en cualquiera de las jurisdicciones sin la necesidad de realizar mayores inversiones.

El mandatario informó que preparará el documento la próxima semana con la meta de liberar a los reos a más tardar el 15 de septiembre, aunque no precisó el número de beneficiados.

López Obrador justificó el decreto al señalar que de las más de 220 mil personas que hay en las cárceles, el 43% no tiene sentencia, lo que equivale a cerca de 125 mil 500.

“Es importante que se tome en cuenta que hay muchos detenidos, reclusos, internos, que no tienen sentencia, y no solo es fuero federal, también es fuero común y es la mayoría”, sostuvo.

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Esta es una medida adicional a la Ley de Amnistía que promulgó el Gobierno en abril de 2020 con el objetivo de liberar a unas 6 mil personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas.

El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) reportó en marzo pasado una sobrepoblación en 172 centros penitenciarios federales, de un total 288, es decir, 60% del total.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Sánchez Cordero, expuso que el Decreto de Política Carcelaria se dirigirá a los jueces de ejecución.

Los adultos mayores excarcelados podrán cursar el resto de su condena en prisión domiciliaria.

Cualquier persona que lleve presa 10 años o más sin una sentencia obtendrá su liberación, si el delito no es grave, al igual que cualquiera que compruebe tortura con base en el Protocolo de Estambul.

“El presidente también ha instruido que en este Gobierno no se puede permitir ningún acto de tortura y menos para la obtención de una confesión o dentro del mismísimo penal”, declaró Sánchez Cordero.

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El Gobierno ha atribuido el problema al rezago que existe en los juzgados, al presentar que el Poder Judicial de la Federación tiene una carga laboral de 2,4 millones de trámites, mientras que los tribunales superiores de justicia de los estados tienen una de 31 millones.

“No es posible que se tenga una dilación en la administración de Justicia, de tal manera que tengamos una población privada de su libertad sin ninguna sentencia definitiva”, expresó Sánchez Cordero.

Sun Dawu dirige una enorme empresa agrícola privada en la provincia norteña de Hebei, que construyó junto a su esposa a partir de unos pocos pollos y cerdos en la década de 1980.

Sun, de 67 años, se ha pronunciado en el pasado sobre cuestiones relacionadas con derechos humanos y temas políticamente sensibles en China.

Fue declarado culpable de “provocar peleas y problemas”, un cargo que se utiliza a menudo contra activistas en ese país.

Otros cargos en su contra incluyen la ocupación ilegal de tierras agrícolas, la formación de una multitud para atacar a las agencias estatales y la obstrucción de los trabajadores del gobierno en el desempeño de sus funciones. También fue multado a pagar 3,11 millones de yuanes (US$478.697).

Disputas y críticas

La compañía fundada por Sun se encuentra entre las más grandes de China, con negocios que van desde el procesamiento de carne y alimentos para mascotas, hasta escuelas y hospitales.

El empresario fue detenido el año pasado, según reportes, junto a 20 familiares y socios comerciales, por una disputa de tierras con una granja administrada por el gobierno.

En ese momento dijo que decenas de sus empleados resultaron heridos en un incidente con la policía relacionado con la disputa, según un informe de AFP.

Se dice que Sun es cercano a algunos destacados disidentes políticos chinos y en el pasado ha criticado las políticas rurales del gobierno.

Fue una de las pocas personas que acusó abiertamente al gobierno de Xi Jinping de encubrir un brote de gripe porcina africana, que afectó sus granjas en 2019 y luego devastó gran parte de la industria del país.

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También fue condenado a prisión en 2003, por “recaudación de fondos ilegal”, pero el caso fue anulado tras la gran cantidad de apoyo recibido por parte de activistas y del público en general.

“Quiero asumir los cargos”

Según los reportes, Sun negó muchas de las acusaciones en su contra en una audiencia previa al juicio y se describió a sí mismo como “un miembro destacado del Partido Comunista”.

Sin embargo, admitió haber cometido errores, incluida la publicación de ciertos mensajes en internet.

“La forma en que me están investigando ahora está haciendo sufrir a quienes nos rodean y haciendo que quienes nos odian se regocijen. Quiero asumir los cargos contra mí, aunque sean graves, a cambio de la liberación de los demás. Somos personas que han hecho aportes a la sociedad”, dijo el empresario.

China ha estado tomando medidas enérgicas contra empresas y empresarios en el país.

Las principales compañías tecnológicas, incluidas Alibaba, Didi y Tencent, están siendo investigadas por una serie de problemas regulatorios.

En ellos, los niños sufrían todo tipo de abusos. Se estima que unos 6.000 murieron mientras estaban en estos internados. Sus cuerpos rara vez regresaban a casa y muchos fueron enterrados en tumbas sin nombres. Hasta ahora unos 4.100 fueron identificados.

El hallazgo el pasado mes de mayo de los restos de 215 niños indígenas que fueron alumnos en otro internado en Kamloops, el más grande de país, provocó ola de indignación nacional.

Desde entonces, se han encontrado más tumbas anónimas, más de 1.100 hasta ahora, lo que ha desencadenado una especie de juicio nacional sobre el legado de escuelas residenciales de Canadá.

Los hallazgos han atraído la atención internacional sobre los abusos que sufrieron los niños en estas instituciones y, al mismo tiempo, está impulsando a los sobrevivientes de estas escuelas a hablar y contar lo que allí sufrieron.

“Sufrimos todos los niveles de abuso”

Isadore Poorman regresó con un equipo de la BBC al internado en el que estuvo en los 70 en Muskowekwan, administrado por la Iglesia.

Esta red de internados operó entre 1863 y 1998, cuando más de 150.000 niños indígenas fueron separados de sus familias.

“A los 6 años fui encerrado aquí. Fui prisionero aquí. Y cumplí mi tiempo”, cuenta Poorman, con lágrimas en los ojos.

“Es duro volver al lugar donde abusaron de ti”.

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Los niños que pasaron por estas escuelas sufrieron todo tipo de abusos, físicos y emocionales.

“Te despertabas y lo primero que hacías era tu cama”, recuerda Poorman en la que era la sala donde dormían en la ahora abandonada escuela. “Y teníamos que hacer la cama muy bien, como en el ejército, sin arrugas ni nada, si no nos pegaban”.

También recuerda una noche en la que un niño empezó a llorar, y luego todos empezaron a llorar también. “Era un llanto desolador. Y por esa razón le golpearon, por hacernos llorar a los demás”.

Para Geraldine Lee Shingoose, sobreviviente de otro de los internados, el abuso psicológico y mental que sufrió fue “muy traumatizante” para su autoestima e identidad.

“Eres una pecadora, eres una sucia india”. Es lo que escuchó siendo niña durante los 9 años que estuvo internada.

Hoy en día Lee tiene sordera, por lo que tiene que usar aparatos para poder oír, debido a los golpes en la cabeza que recibía.

“Sufrimos todos los niveles de abuso”.

Los niños se vieron obligados a abandonar sus idiomas nativos, hablar inglés o francés y convertirse al cristianismo.

“Entré (a la escuela) hablando saulteaux, y salí hablando solo inglés. No sé mi idioma”, dice Lee.

“Nos mantuvimos callados, porque teníamos miedo”

Lee dice que durante muchos años guardó para sí lo que le había ocurrido en el internado.

“Nunca lo compartí con mis hijos o mi familia, ni siquiera mis hermanos”, cuenta.

Es algo que se repite en otros sobrevivientes de este siniestro sistema de internados.

“Nunca hablamos de eso. Nos mantuvimos callados, porque teníamos miedo“, dice otro de ellos, Leonard Ermine. “Teníamos miedo de que si hablábamos, si volvíamos a la escuela, seríamos castigados por ello”.

“Al menos ahora sabemos qué le ocurrió a los niños que nunca regresaron de las escuelas. Aquellos que no volvieron a casa”, agrega en referencia a los hallazgos de las tumbas.

Por eso reconocen la importancia de contar sus historias.

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“Animo a todos los sobrevivientes de los internados a contar su historia. Las historias son importantes”, dice Poorman. “Si las perdemos, esto será olvidado”.

“Hay historias aún que no han sido oídas y ahora es el momento. El mundo está observando”, agrega, por su parte Lee.

Esperando las disculpas de la Iglesia

Los sobrevivientes aún esperan las disculpas de los líderes de la Iglesia por lo ocurrido en los internados.

La Iglesia católica fue responsable de operar hasta el 70% de los 130 internados, según la Sociedad de Sobrevivientes de Escuelas Residenciales de Indígenas.

“En 2016 escribí un mensaje al papa Francisco, pero nunca recibimos una respuesta”, cuenta Lee.

“Que la Iglesia siga sin pedir perdón, creo que es un crimen. Tienen que disculparse. Estoy hablando del Papa”, dice Robert Joseph, embajador de la organización indígena Reconciliation Canada.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien calificó los hallazgos de las tumbas como un “doloroso recordatorio” de un “capítulo vergonzoso de la historia de nuestro país”, también instó en numerosas ocasiones a la Iglesia católica a “asumir la responsabilidad” de su papel en las escuelas residenciales indígenas.

“Como católico estoy muy decepcionado por la posición que ha tomado la Iglesia católica, ahora y en los años anteriores”, dijo en una de sus intervenciones.

“No hay reconciliación sin verdad”, dice Lee.

Y para eso es importante dar a conocer sus historias.

“Volver aquí, en cierta manera me cura”, dice Poorman, desde el lugar en el que estuvo internado, en Muskowekwan. “Me levanta el ánimo saber que estoy aquí hablando de ello”.

“Nos podemos ayudar, como sobrevivientes, cuidando unos de otros, preservando cosas como esta y no olvidando, es lo más importante, no olvidar lo que sucedió aquí. El genocidio que aquí ocurrió”.

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“Ahí se van los guachos, se re tomaron el palo”, dice el preso que filma mientras se ríe. “A la m… la visita de mañana”, se lamenta luego con ironía. Lo que se ve en el video es elocuente: al menos ocho detenidos de uno de los penales más icónicos y violentos de la provincia ganaron el alambrado, trepando un cerco para luego atravesar otro en medio de los disparos de penitenciarios que suenan en el aire, publicó infobae.com.

Liberados

Las autoridades de esa provincia confirmaron a infobae.com  en que la versión con mayor fuerza es que se trató de un ataque externo para liberar a varios detenidos. Se cree que el alambrado exterior fue cortado con una máquina. Se habla de una figura central en la trama del ataque, un “pesado” llamado Claudio Mansilla. Los hombres habrían llegado en dos vehículos. Se encontró un Peugeot abandonado en la carretera sobre la que está ubicada la cárcel, a 250 kilómetros de la ciudad de Rosario.

La policía dijo que en el “rescate” de los reos se usaron ametralladoras y hay al menos una persona muerta, producto del fuego cruzado con los vigilantes de las garitas.

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De acuerdo con el escrito del fiscal, el suceso ocurrió a principios de 2019 cuando el procesado tuvo una discusión con su madre de 69 años en el piso que compartían en Las Ventas, junto a la famosa plaza de toros de Madrid.

Durante el enfrentamiento, el hijo estranguló a su progenitora, trasladó el cadáver al dormitorio y con “una sierra de carpintero y dos cuchillos de cocina” descuartizó el cadáver “con el propósito de ir haciendo desaparecer su cuerpo”.

“Una vez troceado el cuerpo, el acusado se fue alimentando en ocasiones durante unos 15 días de los restos cadavéricos, guardando otros restos en varios recipientes de plástico por la vivienda y en el interior de la nevera”, indica el fiscal.

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También puso algunos restos en bolsas de plástico y los arrojó a la basura, añade.

Citado como testigo en el juicio este miércoles 21 de abril, uno de los agentes aseguró que el sospechoso reconoció haberse comido algunos restos crudos y haber cocinado otros o habérselos dado al perro, señaló la prensa local.

Alberto S.G. fue detenido el 23 de febrero de 2019 en su piso por la policía, que había acudido después de que una amiga de su madre denunciara su desaparición, apuntaron entonces los medios locales.

Cuando le preguntaron en la puerta si su madre estaba dentro, él contestó afirmativamente y les dejó pasar.

“Lo que se encuentra es una escena dantesca”, dijo un policía sin identificarse en la cadena Telecinco, que también evoca posibles problemas de drogadicción del joven.

La fiscalía pide una condena de 15 años y cinco meses de cárcel y una indemnización de €90 mil (US$110 mil ) para su hermano mayor.

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Coronavirus: se cumple un año de la pandemia en el mundo

En febrero de 2020, cuando aparecieron los primeros casos de coronavirus en el centro financiero asiático, el papel higiénico se había convertido en un bien preciado por el temor a la escasez.

Los hongkoneses se apresuraron a los supermercados para abastecerse de productos de primera necesidad y alimentos.

Como los supermercados no pudieron reabastecerse con la suficiente rapidez, se formaron largas colas de clientes frente a las tiendas incluso antes de que abrieran. Tan pronto como se abastecían las estanterías, se vaciaban.

En las redes sociales, los residentes mostraban con orgullo las existencias de rollos de papel higiénico de sus pequeños apartamentos.

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Los tres autores admitieron haber utilizado un cuchillo para amenazar a un repartidor a la salida de un gran supermercado en el barrio obrero de Mongkok.

Se fueron con 50 paquetes de papel higiénico con un valor en la calle de 1.700 HKD (€183, US$220 ) pero fueron detenidos por la policía.

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Según el periódico Mingpao, los tres hombres, que admitieron haber cometido el robo, pidieron disculpas al repartidor y devolvieron los rollos robados.

Sin embargo, el juez dictaminó que el crimen fue premeditado y debía ser castigado con una pena de prisión, según el periódico.

El hombre fue descubierto por un familiar el pasado domingo después de que la madre cayera enferma y fuera trasladada al hospital.

Este familiar dijo a Expressen y otros medios suecos ser su hermana y explicó que acudió al piso el pasado domingo 27 de noviembre por la noche con su pareja tras enterarse de que la madre estaba en el hospital.

¿Cómo fue encontrado?

Según le dijo a la cadena sueca SVT, ella se mudó del apartamento cuando era adolescente y nunca había vuelto a ver a su hermano.

De pequeña, explicó, intentó en vano dar la voz de alarma sobre la situación del chico, quien fue sacado de la escuela a los 11 o 12 años.

Al abrir la puerta, que no estaba cerrada con llave, dijo que se encontró el apartamento a oscuras, con un fuerte olor a orina, suciedad y polvo. Nadie le contestó cuando dijo “hola”, así que entró, haciéndose paso entre amasijos de cosas.

Tras oír un ruido en la cocina, vio a un hombre sentado en una esquina oscura. Tenía heridas en las piernas hasta las rodillas.

Cuando él la vio, se levantó y murmuró su nombre una y otra vez. Había perdido casi todos sus dientes y su voz sonaba como un murmullo.

De alguna forma la había reconocido, explicó ella, a pesar de todo el tiempo transcurrido, y no le tenía miedo.

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“Solo doy gracias de que le han ayudado y vaya a sobrevivir”, le dijo ella al diario Expressen.

Tras ser trasladado al hospital, donde permanece ingresado, los médicos alertaron a la policía y la madre fue detenida.

“El único comentario sobre el tiempo que la persona llevaba ‘retenida’ por su madre es: sabemos que ha sido durante un período largo de tiempo”, le dijo la portavoz de la policía Ola Österling a la BBC.

“A veces sucede que (los criminales) agarran a alguien por un par de días y lo encierran en un vehículo o un edificio. Esto pasa a veces. Pero por tanto tiempo, nunca había oído de algo así en Suecia”, añadió Österling.

“No hemos hecho una estimación de cuántos años. Eso es ahora parte de la investigación”, afirmó.

La policía ha precintado el apartamento en Haninge, un suburbio al sur de la capital, para llevar a cabo una investigación y está buscando testigos que ayuden a reconstruir lo sucedido.

La mujer seguirá bajo custodia policial mientras se lleva a cabo la investigación. Si es declarada culpable de detención ilegal se podría enfrentar a una pena de 10 años de cárcel.

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“Se quedarán en el país todo el tiempo que sea necesario”, dijo el fiscal Federico Delfino a periodistas, sometidos a una investigación mayor por producción y tráfico ilegal de pasaportes por la que ya están imputadas 16 personas.

Sus compañeros de encierro reportaron que hace dos días el campeón mundial con Brasil en Corea del Sur y Japón-2002 perdió con su pareja de turno una disputa en futvóley contra otros dos presos, uno con sentencia por asesinato y otro por robo, competencia que trascendió el presidio y se viralizó en las redes sociales.

Nadie suelta prenda ni se responsabiliza de las filtraciones que se producen sobre las actividades que despliega el famoso exfutbolista. Tanto custodios como compañeros de presidio temen el castigo por violación del reglamento interno.

Pero su amigo y excompañero en el Barça, Carles Puyol, admitió públicamente que habló con él por celular. Justo coincide con informaciones que señalan que la fiscalía le devolvió su aparato luego del peritaje al que fue sometido.

Su cumpleaños número 40 el pasado 21 de marzo no pasó desapercibido. En el penal le convidaron un asado y varios de sus amigos del fútbol lo saludaron por las redes sociales, específicamente en Facebook e Instagram.

Está demás que hampones y policías con los que se codea a diario lo adoran y hacen lo imposible por hacerle la vida llevadera.

Una pesadilla

El 4 de marzo, a media mañana, Ronaldinho, exdelantero del París Saint-Germain, AC Milan y Gremio, entre otros, era recibido en forma apoteósica en el aeropuerto internacional de Asunción.

Unos 2.000 niños y adolescentes corearon su nombre desde que apareció en la sala de desembarque. Los menores estaban vestidos con camisetas amarillas como un homenaje al recordado ’10’ de la selección brasileña.

Habían sido reclutados por la fundación caritativa Fraternidad Angelical, regenteada por la empresaria Dalia López.

Pero esa misma noche comenzó su calvario. Una comitiva policial y judicial allanó su habitación y le confiscó su celular y los documentos que trajo consigo, mismo procedimiento para su hermano.

El jueves 5 ambos concurrieron a la sede del Ministerio Público donde fueron indagados cerca de ocho horas. El fiscal que les tomó la declaración recomendó al juez la libertad con la condición de admitir la comisión del delito de uso de pasaporte de contenido falso y el pago de una multa.

El fiscal Federico Delfino argumentó que Ronaldinho y Roberto “fueron engañados en su buena fe”. El affaire forzó la renuncia del director de Migraciones.

Con base al dictamen del agente fiscal, el juez Mirko Valinotti determinó el “pleno goce de su derecho de libertad” del exfutbolista pero puso el dictamen a consideración de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez.

Todo cambió desde entonces. Agentes uniformados y de civil se apersonaron en el hotel la noche del viernes 6 y detuvieron a Ronaldinho y a su hermano, los trasladaron a la Agrupación Especializada de la Policía.

No, no se trata de periodismo descuidado. El cuarto es inaccesible -rodeado de alambre de púas y muros altos. Pero esa prisión, la colonia penal número seis, en la región de Bryansk, al suroeste de Moscú, es bien conocida por mucha gente.

Algunos expresidiarios, y hasta uno que actualmente está recluso, me contaron exactamente cómo es este cuarto y lo que pasa allí.

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No tiene ventanas, el techo es bajo y las paredes están pintadas de amarillo brillante. Los reclusos recién llegados entran en este estrecho cuarto a través de un corredor aun más angosto que se extiende desde la entrada de la prisión.

Deben caminar rápido, casi corriendo, agachados, con las manos esposadas atrás. A medida que se desplazan, los guardias les lanzan puños, patadas y vituperios, mientras una pista musical de heavy metal –Du Hast, del grupo alemán Rammstein- suena a todo volumen.

A este ritual se le llama admisión. Está diseñado para asustar y humillar a los nuevos presos. Exactamente cómo fue que Sarychev, de 32 años, fue pateado tan duro que se le rompió el bazo no se sabe todavía -se está llevando a cabo una investigación.

Pero la propia paliza no es sorprendente para aquellos familiarizados con la colonia número seis, o con muchas de las otras prisiones rusas.

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El servicio penitenciario oficialmente reportó 2.700 muertes ocurridas en custodia el año pasado. La presunción es que muchos murieron de causas naturales, pero las denuncias de golpizas y torturas son comunes.

En 2018 surgió un notorio video de guardias golpeando un recluso en la prisión de Yaroslavl, mientras lo sostenían bocabajo en una mesa.

Un año después, varios presos de una cárcel en Karelia, cerca de la frontera con Finlandia, contaron de palizas y abuso que resultó en al menos una muerte. El exdirector de la institución fue encarcelado el año pasado por torturar reclusos.

En 2015, cinco jóvenes presos fueron obligados a orinarse encima los unos de los otros y luego fueron golpeados en una prisión en Krasnodar, en el sur de Rusia. Uno de ellos murió.

Estas y muchas otras historias suelen llegar hasta el público sólo meses o años después, una vez los testigos hayan sido liberados. Si revienta algún escándalo, algunos funcionarios de la penitenciaría podrían terminar enjuiciados.

Las autoridades afirman que se han aprendido las lecciones, pero incidentes similares continúan ocurriendo.

El incidente en Yaroslavl fue inusual porque hay video de las cámaras que deben usar los guardias cuando están de turno. Sin embargo, la mayoría de las veces, algo falla con las cámaras, dejan de funcionar, como fue el caso en el ataque contra Roman Sarychev en la colonia penal número seis.

Sarychev fue encontrado culpable de organizar una red ilegal de casinos en internet, en Bryansk. Esperaba que solo le tocara pagar una multa, pero fue sentenciado a dos años y medio de cárcel.

Apeló, con la esperanza que su severa condición hepática le representara un sentencia sin privación de libertad, pero no tuvo suerte. Sarychev fue transferido a la colonia penal a las 19:40, el 8 de diciembre, del año pasado. Una ambulancia fue llamada una hora después. Murió en el quirófano a las 22:40.

La mañana siguiente, la madre de Sarychev, Elena, llamó al servicio penitenciario, esperando que le dieran los resultados de los exámenes de sangre de su hijo. Pero el funcionario a cargo le dijo que su hijo estaba muerto. Elena lanzó un grito. La hermana de Sarychev hizo otra llamada. Le dijeron que había ocurrido “un incidente”.

Poco después de la muerte de Sarychev, un oficial, el mayor Sergei Shevstov, fue arrestado. Sigue en custodia mientras continúa la investigación. Los activistas que monitorean las casos de violencia en las prisiones dicen que es poco probable que este oficial hubiese actuado solo.

Hablé con la madre de otro recluso de la misma prisión que había sido admitido una pocas horas antes que Sarychev. Me dijo que a su hijo también lo obligaron a correr por entre una fila de guardias que lo golpearon y patearon al ritmo de la misma música de heavy metal.

Otros exreclusos conocen bien al mayor Shevstov.

Uno de ellos me dijo: “A él y otro guardia, apodado Smetana, simplemente les gustaba dar palizas a la gente. No para disciplinarlos ni extorsionarlos, solamente porque podían hacerlo“.

En julio de 2018, Smetana, cuyo sobrenombre significa “crema agria” y cuyo nombre real es Ivan Marshalko, estranguló a un recluso con una sábana. Actualmente cumple una condena de 12 años por ese asesinato.

En 2014, otro guardia, Andrei Yakubov, repetidamente golpeó la cabeza de un preso con una pila de libros. La víctima murió una semana después por hemorragia cerebral. Yakub cumple una sentencia de 10 años.

La colonia penal número seis tiene una larga historia de violencia. Por segunda vez en años recientes, los presos se han amotinado, protestando contra la tortura y extorsión perpetrada por pandillas de reclusos selectos en nombre de las directivas de la prisión.

Gente que ha cumplido penas allí me dijo que decenas de muertes nunca han sido investigadas.

Los trabajadores de la morgue le contaron a la familia de Sarychev que había sido zarandeado como “un juguete de goma”. Su parientes no pudieron darle la vuelta al cuerpo, pero vieron unos extraños hematomas redondos en sus piernas. Publicaron las fotos online, esperando generar conmoción pública suficiente para presionar para una investigación.

La triste realidad, sin embargo, es que la colonia penal número seis está lejos de ser la única, Es simplemente una prisión entre cientos de otras que pueden esconder similares secretos.

El día del funeral de Sarchev, llegó una carta a la casa que él compartía con su pareja, María, y sus hijos. Roman la había escrito desde el centro de detención, antes de ser transferido a la colonia penal.

El hijo de los dos, de 5 años, le respondió dictando: “Nosotros también te amamos mucho y echamos de menos a nuestro lindo e inteligente papá”, dijo. “Eras un buen papá”.