La fuerte suma que costarían dispositivos Apple decomisados en aeropuerto

El Ministerio Público amplía detalles sobre la reciente incautación de 237 dispositivos y accesorios de Apple en el Aeropuerto Internacional La Aurora, sospechosos de ser falsificados.

Sandy Pineda

8 de marzo de 2024 | 18:19h

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Al menos 237 dispositivos Apple fueron decomisados en el área internacional del Aeropuerto Internacional La Aurora por sospechas de que sean réplicas de dicha marca. (Foto Prensa Libre: Ministerio Público)

Luego de la incautación de 237 dispositivos y accesorios de Apple el pasado jueves 29 de febrero por sospechas de estar falsificados, el Ministerio Público (MP) amplió detalles del caso y el proceso de investigación del mismo.

La diligencia, realizada por peritos de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual y la Fiscalía Regional, tuvo lugar en dos quioscos ubicados en el área internacional del Aeropuerto Internacional La Aurora.

Entre los productos confiscados se encontraron una variedad de artículos, incluyendo Earlpods, AirPods, IPod, MagSafe, entre otros, todos ellos ostentando el distintivo diseño de la manzana característica de la marca Apple.

Este viernes 8 de marzo, la Fiscalía amplió que las investigaciones están en curso para determinar la autenticidad de los productos incautados y para identificar a los proveedores involucrados en la distribución de los dispositivos electrónicos que podrían estar falsificados.

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“Los allanamientos se ejecutaron en centros de comercialización, y en ese sentido las consecuencias legales se desarrollarán de conformidad con el avance del proceso”, se precisó.

La Fiscalía también confirmó que se estima que los aparatos secuestrados podrían tener un valor aproximado de Q100 mil, aunque aclaró que no es competencia del ente investigador determinar el monto al que ascienden los bienes incautados.

Según la Fiscalía, esta valoración debe ser determinado por las marcas.  

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Según el MP, esta es la primera diligencia de este tipo efectuada en el Aeropuerto Internacional La Aurora en el 2024; sin embargo, enfatizaron la importancia de la denuncia por los representantes legales o mandatarios de las marcas, al tener la titularidad del derecho.

La Fiscalía informó además que, de momento no se han llevado a cabo diligencias similares en la terminal aérea, pero no se descartan acciones que puedan derivar de las investigaciones que se desarrollan por este primer caso.

El ente investigador recordó a los consumidores la importancia de adquirir productos únicamente en distribuidores autorizados y de verificar la autenticidad de estos para evitar ser víctimas de la venta ilegal de productos falsificados.

Una recomendación para los consumidores para identificar productos auténticos es corroborar que el costo sea congruente con la calidad del producto.

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Como resultado, se reporta el secuestro de 237 dispositivos electrónicos y/o accesorios de las marcas Apple/IPhone, diseño de manzana de Apple, Earlpods, AirPods, IPod, MagSafe, los cuales ostenta. pic.twitter.com/N21v5D1R4N

— MP de Guatemala (@MPguatemala) March 1, 2024

Incautan aparatos electrónicos Apple en aeropuerto La Aurora por sospecha de ser falsificados

El Ministerio Público amplió detalles de las diligencias hechas en locales del Aeropuerto Internacional La Aurora y qué dispositivos electrónicos simulaban ser de marcas reconocidas.

Sandy Pineda

1 de marzo de 2024 | 14:38h

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Investigadores durante diligencia en el Aeropuerto Internacional La Aurora. (Foto Prensa Libre: Ministerio Público)

Peritos del Ministerio Público secuestraron un total de 237 dispositivos electrónicos y/o accesorios que simulaban ser de marcas reconocidas, durante una diligencia que se llevó a cabo en los quioscos del área internacional del Aeropuerto Internacional La Aurora.

La Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual y la fiscalía regional coordinaron el procedimiento desde el pasado jueves 29 de febrero, informó el MP en su cuenta oficial.

La diligencia tiene como objetivo investigar y combatir la presunta venta de dispositivos electrónicos falsificados.

Según la fiscalía, estos dispositivo se ofrecen ostentando ser de marcas reconocidas como Apple/IPhone y otras.

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Entre los artículos confiscados se encuentran Earlpods, AirPods, IPod, MagSafe, entre otros, todos con el diseño característico de la manzana de la marca.

Según las autoridades, la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual ha iniciado los procedimientos pertinentes para determinar la autenticidad de los productos incautados.

La investigación continúa en curso, y según la Fiscalía se espera que en las próximas semanas se puedan obtener más detalles sobre este caso.

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De acuerdo a la normativa legal y comercial, la falsificación puede perjudicar no solo a las empresas legítimas, sino también a los consumidores que pueden verse afectados por la baja calidad y la falta de garantías de productos falsificados.

Como resultado, se reporta el secuestro de 237 dispositivos electrónicos y/o accesorios de las marcas Apple/IPhone, diseño de manzana de Apple, Earlpods, AirPods, IPod, MagSafe, los cuales ostenta. pic.twitter.com/N21v5D1R4N

— MP de Guatemala (@MPguatemala) March 1, 2024

El mercado de dispositivos electrónicos es susceptible a esta práctica, por lo que se ha instado a denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con la falsificación o la piratería.

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El derecho de autor protege y reconoce a los creadores, las personas cuyo nombre o pseudónimo se haga constar en obras originales literarias, artísticas o intelectuales, y las prerrogativas de naturaleza moral o patrimonial sobre ellas y que puedan ser objeto de divulgación o reproducción por cualquier medio, explica el escritor, editor y ensayista Gustavo García Fong, del departamento de análisis jurídico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

Estos derechos están regulados por la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, decreto 33-98, por la Ley de Propiedad Industrial, decreto 57-2000, y por el Convenio de Berna del que Guatemala es parte.

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El derecho de autor, prosigue García Fong, comprende los derechos morales y patrimoniales. Los primeros se refieren a reconocer la “paternidad” del autor sobre su obra y el respeto a la misma. Estos le otorgan al autor las facultades de exigir que su nombre y el título de la obra sean reconocidos cuando la misma se cite o publique.

También puede oponerse a las modificaciones o adaptaciones de la obra que no cuentan con su autorización, dejar la obra inédita o publicarla de manera anónima o con seudónimo, y modificarla en cualquier tiempo o retirarla de la circulación. Se debe tener en cuenta que estos derechos surgen desde el momento de la creación de la obra, sin necesidad de registro, y le corresponden al autor de manera personal e irrenunciable, lo cual impide enajenarlos y embargarlos, son imprescriptibles y de ilimitada duración, añade.

Los derechos patrimoniales, por su parte, se refieren a la facultad de aprovecharse y disponer económicamente del producto de la creación intelectual por cualquier medio. A diferencia de los anteriores, estos son renunciables, embargables y prescriptibles, dice García Fong.

“La ley resguarda no solo a los autores que escriben la letra o música de una pieza, sino también a los intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas, lo cual se conoce como derechos conexos”, expone Karen Culajay, directora general de Musicartes.

Según el Departamento de Derechos de Autor, del Registro de Propiedad Intelectual (RPI) del Ministerio de Economía, en los últimos tres años se han ingresado 550 solicitudes para otorgar derechos de autor (185 en el 2019; 169 en el 2020, y 196 en el 2021) y se otorgaron 541 (156 en el 2019; 184 en el 2020, y 201 en el 2021).

La propiedad industrial protege signos distintivos —marcas, señales de publicidad, nombre comercial, entre otros—, secretos empresariales, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, indica Díaz-Durán.

Una patente de invención es un derecho exclusivo que concede el Estado a una persona individual o jurídica para la protección de una invención y que proporciona derechos exclusivos que permitirán utilizarla y explotarla en Guatemala, lo que impide a terceros el uso indebido sin su consentimiento, detalla el Departamento de Patentes y Diseños Industriales del RPI.

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El objetivo principal de patentes, añade Lorena Escobar, directora de asesoría jurídica de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, es incentivar la creación e innovación, al permitir que el inventor, que ha gastado energía y recursos en crear algo nuevo, pueda obtener una retribución. Para considerar una creación como invento, esta debe ser novedosa, que no haya sido divulgada o conocida por el público antes de la presentación a su registro, y que no haya sido probada en la industria ni acogida y aceptada por fabricantes, representar un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica, ser susceptible de aplicación industrial y que tenga un uso específico, sustancial y creíble en la actividad productiva, destaca Escobar.

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“Esta protección es territorial, por lo que se debe gestionar el registro en cada país en el que se desea que se aplique”, precisa Díaz-Durán.

De acuerdo con registros del Departamento de Patentes, en el 2019 se inscribieron 30 patentes de invención; en el 2020, 57; en el 2021, 61, y hasta el 9 de septiembre de este año, 40.

Datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, del 2021 señalan que a nivel global la mayoría de patentes solicitadas y publicadas versan sobre ingeniería eléctrica, que incluye aparatos electrónicos, telecomunicaciones y tecnología para computadoras, y de biotecnología, refiere Díaz-Durán.

“La mayoría de patentes solicitadas en Guatemala son extranjeras, por lo que la tendencia es la misma para nuestro país”, agrega.

Problemas comunes

En relación con los derechos de autor, los problemas que surgen son la reproducción de una obra, por cualquier medio, ya sea impreso, fotográfico, audiovisual o electrónico, sin citar la fuente de donde se toma la información, o hacerlo sin la autorización del autor, señala García Fong. Además, comunicar públicamente la obra por cualquier medio, transformarla o distribuirla, sin permiso del autor.

En el caso de las patentes de invención, los principales inconvenientes ocurren cuando el titular no paga la tasa anual para mantener la vigencia de la misma, la cual tiene un plazo máximo de 20 años, siempre que haya cancelado sus tasas anuales, un aspecto que muchas veces se le olvida al titular y genera, como consecuencia, la extinción de pleno derecho de la vigencia de la patente, expone el Departamento de Patentes y Diseños Industriales. A ello se suma cuando al titular le copian su invento sin tener la autorización respectiva, al no poseer una licencia contractual de uso. Díaz-Durán hace énfasis en que los principales perjuicios a nivel mundial son la piratería y la falsificación.

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Pago de regalías

Para usar una canción para una película, grabarla para un disco, subirla a plataformas digitales o reproducirla en establecimientos para fines comerciales, por ejemplo, se necesita la autorización de los creadores —autores de la letra, música y productor—, para lo cual se otorga una licencia a cambio de un remuneración, indica Culajay, quien afirma que una tercera parte de los ingresos de los artistas proviene de los derechos de autor.

A causa del gran número de artistas y de canciones, se constituyen sociedades o entidades de gestión colectiva, como Musicartes, Asociación de Autores, Editores e Intérpretes de Guatemala (AEI) y Asociación Guatemalteca de Gestión de la Industria de Productores de Fonogramas y Afines, para que que se reconozcan los derechos de autor mediante la emisión de licencias, en especial el repertorio de los artistas asociados a los empresarios que usan las obras, quienes pagan derechos según un tarifario, y se retribuya con equidad. En Musicartes, dice Culajay, los asociados activos reciben un monto anual que varía cada año.

Margarita de Cáceres, directora de AEI, manifiesta que esta sociedad, además de proteger las obras a nivel mundial y el pago de regalías por el uso de estas, brinda a sus socios seguro de vida, servicio médico y funerario, entre otros beneficios. Sin embargo, el obstáculo más grande para los derechos de autor en el país es el desconocimiento de la ley y la negativa de algunos usuarios de la música de obtener la autorización para el uso de las obras.

En cuanto a las obras impresas, Raúl Figueroa Sarti, director de F&G Editores, dice que las editoriales suelen pagar al autor el 10 por ciento sobre el precio de venta del libro. “Lo ideal es que la editorial que desea publicar una obra establezca un acuerdo con el autor. Si este falleció, con los herederos de los derechos, que tienen una vigencia de 75 años después de la muerte del autor, durante los cuales cualquier editorial está obligada a pagar regalías por el uso comercial de la obra. Una vez transcurrido ese período, la obra pasa a ser de uso público, pero nadie puede alterarla. “

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En Guatemala, el pago por derecho de autor es mínimo; en lugar de que reciban algo por la publicación, la mayor parte de autores paga para que publiquen su obra, por limitaciones del mercado”, puntualiza. Las regalías también se pagan en especie, con libros, si así se acordó con el autor, añade, al hacer ver que no conoce de conflictos legales entre autores y editores. No obstante, hay casos en que algunas imprentas reproducen libros de manera ilegal y los venden a muy bajo precio, pues no pagan costos de distribución, ni impuestos ni derechos de autor.

“En Guatemala faltan recursos para investigar la piratería y no es fácil determinar los elementos que permitan probar que se cometió un delito al imprimir libros sin autorización, ni hay apoyo por parte del Estado para efectuar esta persecución”, dice.

El dramaturgo y escritor Ricardo Martínez argumenta: “Guatemala no es un país donde los teatristas puedan enriquecerse con su producción cultural. En ocasiones recuperamos los costos de las producciones teatrales, pero en qué situación estaremos si iniciamos un proceso judicial porque alguien se apropió de nuestras obras, si las utilidades son ínfimas. Sería una batalla jurídica estéril. En Guatemala creamos obras para uso doméstico y no tenemos perspectivas de que podamos obtener reconocimiento intelectual por los derechos de las mismas en otros países. Los artistas somos muy demandantes y el reconocimiento que el público nos da es fundamental para nosotros y que nos den los créditos correspondientes. No pretendemos enriquecernos con esto, pero sí contribuir en algo con la dramaturgia nacional”.

Violación al derecho de autor

• Según el artículo 274 del Código Penal (CP), la violación al derecho de autor es un delito —salvo los casos contemplados en leyes o tratados sobre la materia de los que Guatemala sea parte— que será sancionado con prisión de uno o seis años y una multa de Q50 mil a Q700 mil.
• Según el artículo 275 del Código Penal, se sancionará con prisión de cuatro a seis años y multa de Q50 a Q100 mil a quien viole los derechos de propiedad industrial, amparados por una patente de invención o por un registro de modelo de utilidad.
• Además, la ley establece la reparación del daño, en el caso de de propiedad industrial, mediante el pago de hasta 10 veces el valor del producto por cada producto infractor.
• Según la Ley de Propiedad Intelectual, corresponde al Ministerio Público (MP), que tiene una Fiscalía de Sección de Propiedad Intelectual, ejercer la acción penal en contra de los responsables de los delitos y faltas en materia de Propiedad Industrial en el CP.
• Asimismo, la ley contempla medidas para que cese la violación de derechos de autor, aunque en la práctica son poco efectivas, pues el MP recibe las denuncias y trata de darles seguimiento, pero es preciso fortalecerlas, puntualiza Karen Culajay.

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José Fernando Orellana, coordinador de Comunicación del Observatorio de Derechos de Propiedad, informó que de acuerdo con el reporte que evaluó a 129 países, Guatemala obtuvo un puntaje en el IPRI 2022 de 4.02 sobre 10. Con este resultado, el país registra un deterioro de su calificación por sexto año consecutivo. La media mundial de este indicador es de 5.19 puntos.

El IPRI es un estudio comparativo acerca de la importancia que tiene la protección de los derechos de propiedad en el desarrollo económico de los países y evalúa tres aspectos: el entorno político y legal, los derechos físicos de propiedad y los derechos de propiedad intelectual. La escala general de calificación del índice es de 0 a 10.

Deterioro permanente

Con la nota obtenida este año, Guatemala se ubicó en el puesto 103 de los 129 países evaluados. En 2021, ocupó la posición 95, en relación con el mismo número de naciones estudiadas.

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Según Andrea Cáceres, directora ejecutiva del Observatorio, la puntuación del país se deterioró por sexto año consecutivo, y de 2017 a 2022 cayó 1.06 puntos: En 2017, el IPRI fue de 5.08; en 2018, 5 puntos; en 2019, 5.01; en 2020, 4.96; mientras que en 2021, 4.72.

Y detalló que en el componente relacionado con el entorno político legal, que analiza la independencia judicial, el estado de derecho, la estabilidad política y el control de la corrupción, el puntaje fue de 3.37.

En derechos de propiedad física, que evalúa la protección de esta, el registro de propiedad y el acceso a financiamiento, la puntuación fue de 4.57. En materia de derechos de propiedad intelectual, relacionada con patentes, derechos de autor y marcas, la calificación obtenida fue de 4.13 puntos de 10.

Caso de estudio

Durante la presentación del Observatorio de Derechos de Propiedad, se dio a conocer el primer caso de estudio de Guatemala en el IPRI titulado “La Crisis Oculta de los Derechos de Propiedad en Guatemala: Un Problema de Falta de Acceso a la Justicia, Certeza del Sistema de Registro de la Propiedad y Crimen Organizado”.

La investigación identificó y comprobó la falta de acceso a la justicia en el país, ya que determinó que entre 2017 y 2021, el Ministerio Público (MP) reportó 20 mil 596 denuncias penales por delitos relacionados con invasiones de propiedades. Esto representa un promedio anual de 4,119 en esta materia, rango que se ha mantenido durante más de una década.

En cuanto a la incertidumbre en el sistema de registro, en Guatemala han proliferado estructuras criminales dedicadas a realizar actividades de robo de bienes inmuebles mediante la falsificación de documentos inscritos en el Registro de la Propiedad. En estas estructuras operan notarios o imitadores, quienes autorizan contratos fraudulentos y tramitan las inscripciones anómalas. Entre 2016 y 2020, se presentaron aproximadamente 566 denuncias anuales por estos delitos.

Otro factor identificado, entre los que vulneran el derecho de propiedad es el crimen organizado, por lo que la entidad analizó y comparó información del Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado de Guatemala para verificar que en 7 de 22 departamentos, coincide la correlación entre las usurpaciones, el robo de energía eléctrica y el narcotráfico.

Otto Kuhsiek, integrante del Consejo Económico y Social (CES), opinió que resolver esos “cuellos de botella” que tiene el sistema de justicia es un serio problema que obstruye el desarrollo económico del país. “Para un inversionista extranjero, estos datos son importantes porque nos ubica en el contexto de las naciones con o sin certeza jurídica para su inversión”, indicó.

“En concordancia con la política criminal del Estado, se han tomado las acciones pertinentes creando una unidad especializada para investigar este tipo de delitos, así como una fiscalía que conoce los delitos de usurpaciones. El trabajo se coordina con otras instituciones, pero las pericias, por la naturaleza científica, necesitan tiempo para dar resultados y en otras ocasiones, nos encontramos con el obstáculo de no contar con los elementos idóneos para realizar las comparaciones”, dijo Carmen Maldonado, agente fiscal de la Fiscalía de Distrito Metropolitano.

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Según estadísticas del Registro de la Propiedad Intelectual (RPI), respecto a marcas y otros signos distintivos (logos, nombres comerciales), del 2011 al 2013 hubo alrededor de 11 mil solicitudes de registro por año y fueron resueltas alrededor de 7 mil anuales.

Las cifras subieron y del 2014 al 2018 las solicitudes pasaron de 12 mil anuales y los registros concretados, entre 9 mil 500 y 10 mil 500. En el 2019 hubo una baja hasta 8 mil 320 solicitudes y se concretaron 6 mil 249 registros.

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Luego de esa caída, en el 2020 hubo una recuperación, aunque no se llegó a niveles de años anteriores porque se recibieron 10 mil 409 y se realizaron 6 mil 097 inscripciones. La cifra más alta se observó en el 2021 con 13 mil 650 y 9 mil 331 respectivamente. En el 2022 van 3 mil 3 y 2 mil 837, según cifras a marzo.

Respecto a las patentes de invención, del 2011 al 2015 rondaron entre 300 y 400 solicitudes y las resueltas superaban los 100 anuales. Del 2016 al 2021 se refleja una baja, ya que se requirieron entre 200 y 300 anuales y las resoluciones han sido menos de 100 por año.

En este segmento hubo una baja en el 2020, primer año de la pandemia, con la cifra menor en los últimos 12 años, con 222 solicitudes, aunque hubo 93 resoluciones, cifra más alta que en otros períodos.

Y respecto a las de diseños industriales, en el 2021 hubo 95 solicitudes y 34 registros; a marzo del 2022 van en 9 y 2 respectivamente.

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En cuanto a los modelos de utilidad, las solicitudes rondaban entre 10 y 26 del 2011 al 2019, y los registros entre 4 y 20. También se notó una caída en el 2020, con solo 3 solicitudes; en el 2021 hubo 5 y a marzo de este año no se reportaba ninguno.

Los plazos actuales

Los tiempos para registrar varían, según el segmento: para las marcas la ley maneja plazos y para que salga un registro se requerirán 5 meses, si no hay alguna objeción o requerimientos adicionales, aparte del tiempo en que el usuario se tarde en responder. Además, hay un plazo para expresar oposición a una marca y en la práctica, el proceso puede durar entre 6 y 8 meses.

Para las patentes de invención o de diseño industrial, el trámite puede llevar de 5 a 7 años, mientras que las obras, como parte de los derechos de autor, implican unos dos meses de espera.

Mejoras pendientes

De acuerdo con la abogada Hania Krück, directora de Propiedad Intelectual de la firma de abogados Innova IP – A.D. Sosa & Soto, muchas personas no se asesoran correctamente, y un expediente les puede tomar mucho tiempo por desconocimiento de temas como los procedimientos, los requerimientos y los criterios de registro, aspectos llegan a representar retrasos considerables.

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Sin embargo, considera que el RPI también tiene carencias, ya que falta mejorar toda la parte del sitio web y servicios electrónicos. No obstante, se puede revisar si una marca o nombre está disponible, si funciona la página. Todo lo anterior, tiene varias incidencias:

• Implicación internacional: la abogada Krück y Ana Lucía Contreras, asesora legal de la gerencia de Competitividad de Agexport, añaden que hace falta emitir legislación de Propiedad Intelectual derivada de compromisos en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, como la ley para registro y protección para variedades vegetales.
• Leyes desactualizadas: La Propiedad Intelectual se rige por varias leyes, como el decreto 57-2000 Ley de Propiedad Industrial, y el decreto 33-98, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. En términos generales, es una legislación bastante similar a la del resto de Centroamérica, pero hace falta actualizar algunos puntos.

Además, han ocurrido errores como el hecho de que hubo una reforma con otro decreto que posteriormente se derogó y por ejemplo, la parte de variedades vegetales quedó sin vigencia, por lo que es urgente legislar para que cualquier mejora en las variedades quede protegida y haya un responsable.

• Demoras: Aunque los tiempos de registro se han ido automatizando, algunos procesos aún requieren la asistencia presencial de las personas, pues para obtener el título de la marca se hace el pago de forma electrónica, pero el interesado se debe presentar en forma presencial o física para que se inicie el trámite para la marca. Por otro lado, la entidad trae una presa de expedientes, además de que no se informa adecuadamente sobre las facilidades y procedimientos para hacer registros.
• Comunicación: No se da a conocer la importancia de la Propiedad Intelectual cuando se cuenta con una marca, nombre comercial o imagen, las que pueden registrarse como un valor, así como los nuevos productos y servicios. Especialmente, para los sectores artesanal y emprendedor.

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La piratería se diversifica

El presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (Amcham), Juan Pablo Carrasco, opina que han existido avances en la digitalización para buscar que se aceleren los trámites, pero a su criterio, el reto más grande sigue siendo la falsificación, el contrabando y las violaciones de propiedad intelectual no solo de marcas internacionales, sino también nacionales.

Y ha habido auge de falsificación de marcas en el mundo digital, ahora que existe una gran parte de las actividades comerciales y de servicios en modalidad electrónica. También se da el tema de piratería, dominios, perfiles y logos falsos o no autorizados, por lo que es importante modernizar la legislación, además se debe acoplar a acuerdos internacionales incluyendo la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).

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A propósito, Guatemala no se ha suscrito a la convención internacional sobre la materia, de manera que los reclamos que hacen por la vía digital, demoran más. A su juicio, cada vez hay más conciencia sobre la importancia de proteger la propiedad intelectual y cada vez más hay marcas y derechos de autor nacionales, así como códigos fuente de software. Pero por desconocimiento, costos y burocracia, las personas no acuden a hacer los registros.

RPI: “Se trabaja en todos los temas”

Ingrid Rivera, Registradora de la Propiedad Intelectual, se refirió a todo lo anterior, indicando que unas leyes necesitan más actualizaciones que otras pero estas son más encaminadas a que Guatemala está pendiente de ratificar convenios internacionales como el Tratado de Colaboración de Marcas (TLT).

Respecto a la necesidad de actualizar servicios digitalizados, es un tema administrativo que el Registro debe solventar y ante la necesidad de impulsar la importancia de registrar las marcas, patentes y otros, refirió que en ocasiones, las personas desconocen que algo es protegible y puede generar ingresos.

En otros países han creado políticas públicas de propiedad intelectual, y en Guatemala se empezó a elaborar una estrategia en el 2015, pero se trabaja en la elaboración de una Política Nacional al respecto.

Respecto a las obras de arte, literarias, canciones y poemas, entre otros, en las que también entran aplicaciones y programas tecnológicos, afirma que no hay necesidad de registrarlas porque las protege el Decreto 33-98 y queda a criterio del creador, registrar sus obras o no.

En el caso de las tesis universitarias, entran en la parte de protección del decreto en mención como Derechos de Autor y también están protegidas.

En el caso de la piratería de los derechos de propiedad intelectual, aún se dan casos como la falsificación de marcas, por ejemplo, copiando la marca, poniendo un nombre y utilizando colores o logos parecidos.

Entre los sectores más afectados están la ropa y calzado, películas y música, cosméticos, videojuegos y medicamentos.

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Los lugares donde se tiene la mayor cantidad de infracciones son en los mercados locales, plataformas en línea, contenedores marítimos y zonas francas.

La mayor cantidad de productos o creaciones falsificadas provienen de Asia Oriental, es decir, China y Hong Kong.

“Lamentablemente, es un negocio rentable, porque las sanciones son débiles”, dijo Ana María Pacón, consultora internacional.

Antonio Malouf, ministro de Economía dijo, durante el foro, que todas esas creaciones deben ser protegidas y controladas, por tal razón, los derechos de propiedad intelectual en Guatemala, como en todos los países del mundo, son protegidos como cualquier otro derecho patrimonial permitiendo con ellos que los autores de cualquier creación gocen de los beneficios que sus creaciones merecen tanto morales, materiales o económicos.

Ingrid Rivera, registradora de Propiedad Intelectual en Guatemala agregó que los esfuerzos que se han realizado se reflejan en distintos ámbitos porque la protección de la propiedad intelectual representa lógicamente el registro de los distintos derechos emanados del intelecto humano como es en el área de derechos de autor, en el área de marcas y en el área de patentes.

Pero también los distintos autores que se ven involucrados en esta protección, es decir, por un lado, se tiene el tema penal, a través de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual.

Por otro lado, el tema judicial que también es importante porque muchas de las violaciones a los derechos de propiedad intelectual se traducen en procesos de naturaleza judicial ya sea por medio de un juicio oral o por medio de un proceso contencioso administrativo, comentó Rivera.

Protección a las marcas es mundial

Catherine oficial de cooperación de la delegación de la Unión Europea en Costa Rica UE resaltó que Centroamérica fue la primera región en firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, y dicho acuerdo incluye un pilar comercial operacional desde 2003. El acuerdo comercial fue provechoso para ambos.

Mucha de la fortaleza en Europa viene de la protección de las marcas fuertes y la protección de la propiedad intelectual y por el contrario, el irrespeto de la propiedad intelectual en sus formas más conocidas que son la falsificación y la piraterías inhiben  la inversión  y la innovación y por ende, el crecimiento de las economías y los intercambios comerciales.

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Registros de marcas en pandemia

Rivera explicó que las estadísticas que refleja el registro están distribuidas en tres áreas: En el tema de marcas, por ejemplo, no se evidenciaron mayores cambios, pero se proyecta un crecimiento de marcas registradas.

Sin embargo, entre la solicitud y el registro pueden variar, porque no cumplen con algunos pasos o existen oposiciones de terceras personas, pero al compararlo con el 2020 se observa un crecimiento en las solicitudes y los registros de las marcas y de otros signos distintivos.

En el área de Derechos de autor y conexos, pese a que no hay una obligación de registro de deposito en comparación del 2020 hubo un crecimiento de solicitudes de registro y lo que va a este año ya se han registrado más que el año pasado, indicó la registradora.

“Es necesario fomentar la protección a los derechos a propiedad intelectual, porque conlleva una mayor certeza y se tiene que fomentar más, se han hecho esfuerzos, pero conlleva una política y el fomento a la innovación”, expresó Rivera.

En el área de patentes hay un crecimiento en comparación del 2020 y hubo algunos días que por disposiciones estatales se tuvo que cerrar y ahora hay más solicitudes de patentes de invención y diseños de utilidad y el registro refleja un mejor resultado, por lo tanto, el fomento a la innovación que juega el registro es clave, concluyó Rivera.

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El Comité de Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham) organizó varias conferencias relacionadas con el tema de este año, y la actividad final consistió en reconocer a las pequeñas y medianas empresas (pymes) guatemaltecas que han protegido sus signos distintivos, patentes, diseños industriales, secretos empresariales, blindandose así ante la competencia desleal.

El reconocimiento Eduardo Illescas le fue otorgado a la empresa Wakami, que ha sobresalido e innovado para que sus ideas y productos lleguen a varios mercados.

“El tema de este año seleccionado para celebrar la propiedad intelectual, constituye una oportunidad para poner en relieve a las mypimes y su contribución a la recuperación económica del país, así como la innovación y generación de empleos”, expresó Juan Pablo Carrasco, presidente de AmCham Guatemala.

También fueron reconocidas las siguientes empresas:

• Sam: dedicada a la fabricación de especies y condimentos, por su contribución en la protección de la propiedad intelectual.
• Wakeout: en el segmento de tecnología, por crear una aplicación deportiva que promueve la actividad física.
• Gronn: en el segmento de sostenibilidad, por su labor recogiendo botellas antes de que lleguen a los rellenos sanitarios para luego ser trabajados por mujeres para hacer productos de decoración y cristalería.

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Además, estuvieron presentes representantes de Baobab, quienes en el 2020 fueron acreedores del reconocimiento Eduardo Illescas por ser una marca que promueve productos naturales para cuidado personal que impactan positivamente en el medio ambiente.

Según comunicación oficial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelecutal (OMPI), en el 2021 se celebra el ingenio y la creatividad que sustenta a cada pyme, apoyándolas y protegiendo la innovación local.

“La propiedad intelectual se define como la certeza jurídica que permite a las empresas e industrias proteger y mantener sus signos distintivos, patentes, diseños industriales, secretos empresariales y la competencia desleal. Es muy importante protegerla, ya que es un impulsador de competitividad a nivel mundial”, concluyó Carrasco.

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Se dice que los ingredientes secretos no se guardaron originalmente en una caja fuerte, sino en la cabeza del coronel Sanders; o que en algún momento coronel escribió la receta, la cual permanece en una caja fuerte en la sede corporativa de KFC, en Kentucky, desde hace casi 100 años. Se comenta igualmente que sólo unos pocos empleados selectos conocen la receta y están sujetos a un acuerdo de confidencialidad; y que, para una mejor protección, KFC hace la mezcla de hierbas y especias a través de dos compañías separadas y que luego se procesa automáticamente para estandarizar la mezcla antes de enviarla a los restaurantes. También se dice que cuando KFC actualiza sus sistemas de seguridad, la receta se traslada temporalmente a un lugar seguro en un automóvil blindado y escoltado por una caravana de alta seguridad.

Los esmeros por preservar la receta que alimentaba leyendas urbanas se contaban por décadas, y eran –¿por qué no?– una excelente publicidad gratuita. Todo iba bien hasta 2016.

Ese año, el Chicago Tribune viajó al pueblo de Corbin, Kentucky, a entrevistar a Joe Ledington, un profesor retirado, sobrino del coronel Sanders. Durante la entrevista, el sobrino de 67 años mostró un álbum familiar cuya última página mostraba una copia del testamento de Claudia Price, la segunda esposa del coronel. Junto a él, se mostraba una receta manuscrita para pollo frito, con indicación de las 11 hierbas y especias que habían de agregarse a dos tazas de harina. ¿Era esta la famosa receta de la leyenda urbana?

La publicación de la entrevista produjo una carrera por comprobar si la receta del álbum familiar era efectivamente la receta original de KFC. Hasta el propio Chicago Tribune organizó un “Concurso de recetas KFC” para demostrar a su público haber topado con el Santo Grial del pollo frito.

Pero ¿por qué KFC no demandó al Chicago Tribune para impedir la difusión de su secreto comercial? Sucede que, para poder demandar exitosamente, la ley exige demostrar haber cuidado el secreto. Al registrarlo en el álbum familiar, el secreto se exponía -como en efecto sucedió- a una fuga.

Y es aquí donde comienza otra historia aún más interesante.

Los secretos comerciales importan cada vez más

Casos como el de KFC dan cuenta de la creciente importancia de la protección de los secretos comerciales. Un estudio de la firma de abogados Baker McKenzie (2017), basado en una encuesta a 400 ejecutivos senior, revela varios datos importantes sobre la utilidad de los secretos comerciales en sus negocios (Ver infografía).

Estos datos son aun más críticos en el caso de las pequeñas startups tecnológicas, donde el valor del emprendimiento depende esencialmente de su control sobre la propiedad intelectual que, en estos casos, suele asumir la forma de secreto comercial hasta tanto dicho conocimiento se patenta (si es que decide patentarse).

Los secretos comerciales constituyen un derecho de propiedad intelectual y básicamente protegen información que la empresa dueña del secreto no desea que conozca la competencia; por ejemplo, fórmulas, diseños, estrategias comerciales o características de productos. Están sometidos a la legislación nacional de los países donde están protegidos y la mayoría de éstos cuenta con leyes que regulan la apropiación indebida o la adquisición no autorizada de los secretos comerciales.  Según la OMPI, el secreto comercial la forma más común de protección que utilizan las empresas y un estudio del BID sugiere que también lo es para los inventores y emprendedores latinoamericanos.

Los secretos adquieren cada vez más importancia en el comercio. La razón es doble: la movilidad laboral de empleados calificados en hubs tecnológicos, sumada a la creciente ineficacia de la protección de patentes. Las empresas innovadoras pueden constatar de qué manera sus conocimientos estratégicos se ven expuestos a la competencia, sin que los gobiernos puedan proveer la protección que necesitan para impedir su difusión no autorizada. Por ello, al negociar una tecnología secreta, los acuerdos de confidencialidad (Non-Disclosure Agreements) no ofrecen protección efectiva, porque son muy explícitos en describir la idea secreta (lo que facilita su copia en caso de filtrarse el documento) o son muy genéricos, lo cual impide la protección de un tribunal, por imprecisión.

Esto, para no mencionar que siempre se corre el riesgo de que el inventor deje el secreto comercial guardado en un álbum familiar. No sería la primera vez.

Ante la ausencia de protección efectiva, el riesgo de perder un secreto comercial estratégico ha creado un costo transaccional a la comercialización de estos intangibles cada vez más importantes en el comercio, al mismo tiempo que la protección de patentes luce cada vez más incierta. Es aquí donde la tecnología ha llegado para socorrer la comercialización de estos bienes intangibles.

¿Blockchain al rescate de la propiedad intelectual?

Blockchain es una tecnología para el registro distribuido, simultáneo e imborrable de datos en una red digital. Los registros se efectúan de modo encriptado, en bloques de información que se superponen a bloques anteriores creando “cadenas” inviolables de información. Bajo estas premisas, esta tecnología impide el hackeo porque crea un protocolo de verificación a través de la reproducción de la información en múltiples nodos, en lugar de su centralización en un solo punto controlado por el “gatekeeper” o administrador de la red.

Es lógico que el registro de una información idéntica en 9000 puntos de una red (en el caso de la plataforma Ethereum, por ejemplo) genere más convicción que el testimonio de un testigo en un juicio. Por eso, países como China, Estados Unidos y ahora, la Unión Europea, están comenzando a reconocer esta tecnología como medio de prueba legal, para evidenciar como inmutables los datos allí registrados. El año pasado, por ejemplo, el Tribunal Supremo del Pueblo, en China, ha aceptado blockchain como medio de prueba legal para transacciones digitales sobre derechos de autor en un litigio entre una pequeña productora de video, contra una famosa plataforma de videos.

Blockchain ofrece una posibilidad real para proteger la confidencialidad de secretos comerciales y comprobar la autoría de una obra artística o invención. Esta tecnología ofrece posibilidades obvias para la protección y el registro de propiedad intelectual (PI), como evidencia ya sea en la etapa de registro o en una disputa en la corte. También promete una forma rentable de acelerar dichos procesos.

Otros usos incluyen: evidencia de la creación y autenticación de procedencia, registro y compensación de derechos de PI; control y rastreo de PI; evidencia de uso genuino y/o primer uso en comercio; gestión de derechos digitales (por ejemplo, sitios de música en línea); ejecución de acuerdos de PI; licencias o redes de distribución exclusivas a través de contratos inteligentes; y transmisión de pagos en tiempo real a los propietarios de PI. El blockchain también se puede utilizar para fines de autenticación y procedencia en la detección y/o recuperación de productos falsificados y robados; o para la demostración de uso de productos importados cuya marca pueda afectar la PI de comerciantes locales (importaciones paralelas).

En resumen, estamos ante una tecnología disruptiva que abaratará radicalmente el costo de monitoreo en el comercio de derechos de PI, haciendo posible resolver problemas actuales asociados con el costo de dicha supervisión.

¿Y cómo protejo el secreto con blockchain?

Digamos que usted tiene un secreto comercial; guarda consigo la fórmula para crear cabello biogenético que permite eliminar la alopecia, causante de la calvicie. Es una tecnología valiosa que requiere confidencialidad. En lugar de arriesgarse a que aparezca algún día en un álbum familiar, usted ahora puede proteger su secreto comercial con blockchain: encripta el documento, crea un hash unidireccional (que no puede ser reconstruido en la información original) y lo registra en los 9000 nodos de Ethereum. Esto ya lo están haciendo algunas empresas, emitiendo un certificado que da fe de que usted es propietario de un hash alfanumérico que acredita una información original (su secreto comercial) que nunca sale de su computador. ¿Qué tribunal puede decirle que esa no es información fidedigna? ¿Qué juez puede negarle que usted tomó toda la previsión para evitar difundir ese secreto? La respuesta es: ninguno.

Esto, queridos lectores, ilustra la forma como la tecnología de blockchain puede proteger algo que hoy día pende del olvido de la segunda esposa del tío millonario. Después de todo, una receta de pollo frito valorada en 8.5 mil millones de dólares, vale demasiado como para tenerla guardada en un álbum familiar.

* En alianza con Forbes México y Centroamérica, artículo de Forbes Staff.

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Además, brinda la certeza jurídica que permite a las empresas e industrias proteger y mantener sus signos distintivos, patentes, diseños industriales, secretos empresariales y ante la competencia desleal.

“Por esas razones es importante protegerla, ya que es un impulsor de la competitividad a nivel global”, opinó Waleska Sterkel de Ortíz, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), durante el foro, “El valor de la Propiedad Intelectual en los nuevos modelos de negocio”, que se llevó a cabo en un hotel capitalino.

Según Sterkel algunos de los riesgos de no proteger las ideas creativas y tecnológicas son robo de información, clonación de tarjetas, hackeo de sitios web o aplicaciones, entre otros.

Para Silvia Ruiz, representante del Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía, las nuevas tendencias en Propiedad Intelectual van avanzando y se abren nuevas posibilidades de protección para nuevos modelos de negocio.

La funcionaria refirió que la tecnología va más adelantada que la legislación, por lo tanto, es necesario buscar constantemente la forma en cómo amarrar las leyes actuales para poder proteger las ideas creativas y tecnológicas.

“Considero que la legislación actual de PI sí brinda la certeza suficiente para proteger estos nuevos modelos de negocio”, afirmó Ruíz.

Valor intangible

Sandra Iriarte, presidente del Comité de Propiedad Intelectual de la AmCham explicó que nuevas tecnologías e ideas creativas surgen diariamente en el país, por lo tanto, deben protegerse porque se convierten en un activo que impulsa a una empresa a crecer y a su entorno en general también.

Sin embargo, para la especialista, aún no existe consciencia por parte de los emprendedores y creativos de la importancia de proteger sus ideas o empresas tecnológicas.

Iriarte explicó que los costos en el tema de protección de ideas varía depende del tipo de modelo de negocio, incluso algunas, no tienen ningún costo, por ejemplo, en el caso de los secretos industriales, que es algo que solo el creador conoce.

Zoraida Rodríguez de #Uber se presenta en Foro de @AmchamGT sobre Propiedad Intelectual. "El reto principal que hoy en día tiene el transporte es el vehículo particular, cuando se desarrolló la APP de Uber se pensó en alternativas para mejorar la experiencia del usuario." pic.twitter.com/6SL2IZlQb8

— Natiana Gándara (@ngandara_pl) October 18, 2018

O bien, como el tema de las franquicias, donde para trasladar su conocimiento se realizan contrataciones con claúsulas de secretividad que permiten el control del concepto de la idea original y la experiencia que poseen.

En el marco de la legislación guatemalteca y según las tasas oficiales el costo para proteger una idea varía, pero puede partir desde los Q1 mil 300 en adelante, durante los seis u ocho meses en que se demora el registro, explicó Iriarte.

“Es un valor intangible que cobra relevancia porque al no protegerlas se pueden generar pérdidas que tienen un costo más alto, o incluso, perder por completo su idea”, señaló la profesional.

¿Protección local o internacional?

En Guatemala se están desarrollando aplicaciones tecnológicas que luego se venden o amplían más en otros países o les dan otros usos, pero el empresario local puede seguir recibiendo regalías por esa licencia.

Un punto importante a destacar es que las marcas, patentes de invención, modelos de utilidad no son protegidos a nivel internacional, es únicamente local, depende del país que se quiere abarcar, ese es el tipo de protección que debe buscar.

Los derechos de autor, como los libros o películas, sí están protegidas mundialmente, pero la autoridad para que eso se cumpla depende de la legislación de cada país.

Buscar Asesoría

La asesoría legal es valiosa en el tema de Propiedad Intelectual, señaló Sterkel de AmCham.

Para orientar a los emprendedores y Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), Amcham abrió un Comité de Tecnología, donde impulsará junto a otras instituciones como la Comisión de Industrias Creativas (ICREA) de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, la importancia de la Propiedad Intelectual al proponer nuevas iniciativas de ley.

“Debemos promover la Propiedad Intelectual a nivel internacional porque se percibe cómo el país cumple con las leyes, también en materia de transparencia y competencia con el objetivo de atraer inversiones”, destacó la ejecutiva.

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Desde 2010, por iniciativa del Gobierno de Guatemala, los ministros de Propiedad Intelectual de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y, más recientemente, República Dominicana, se reúnen periódicamente para dialogar y diseñar estrategias para una gestión integral de políticas públicas sobre diversos tópicos de la Propiedad Intelectual de la Subregión, así como para las políticas de innovación sobre propiedad intelectual, y a la vez establecen un mecanismo de implementación y seguimiento de estas.

Para hacer de la propiedad intelectual un elemento disponible para el desarrollo de los países, esta debe ser una herramienta práctica y efectiva que incentive la producción y creación intelectual. La trascendencia de ello es que tanto la producción de conocimiento como la generación de valor con base en la creación intelectual y su consecuente uso y difusión son fundamentales para producir bienes y servicios innovadores capaces de integrarse más efectivamente en los mercados mundiales.

En cada una de las reuniones de este foro se han alcanzado acuerdos importantes, tal es el caso de la formulación de Estrategias Nacionales de Propiedad Intelectual, que de conformidad con sus objetivos y líneas de acción, cada uno de los países trabaja por implementarlas y convertirlas en políticas públicas, que conlleven a establecer herramientas para el desarrollo económico de los países en sus diversos sectores.

El tema central fue la relación estratégica de la Propiedad Intelectual con las Agencias de Exportación. Durante los debates se resaltó la importancia que tiene la propiedad intelectual en el impulso a la promoción de comercio de bienes y servicios a nivel subregional como con nuestros principales socios comerciales, asimismo, se destacó la contribución de las industrias creativas como elemento de desarrollo económico.

Los países participantes se comprometieron a tomar las medidas necesarias para disponer de indicadores de propiedad intelectual y crear capacidades de análisis económico, que permitan apoyar en la formulación de diagnósticos y estudios de impacto que contribuyan y fortalezcan el diseño de medidas, estrategias y/o políticas públicas de innovación, competitividad, creatividad y promoción de comercio, tomando como punto de partida el trabajo realizado por la OMPI con el “Estudio de incidencia sobre la utilización del sistema de propiedad intelectual en la Subregión”. Así como continuar trabajando en los diversos programas que favorezcan la aplicación efectiva del sistema de propiedad intelectual en el contexto de promover la creatividad, la utilización de los resultados de la innovación, la transferencia de tecnología de la academia y centros de investigación a la empresa, diseñando, entre otros, nuevos modelos de negocio y cadenas productivas que favorecen el desarrollo económico de los países.

Otro de los alcances de esta reunión fue la firma del Acuerdo y Convenio de Cooperación entre las Oficinas de Derecho de Autor y Propiedad Industrial de Centroamérica y República Dominicana, con el cual se fortalece el compromiso de los países de continuar realizando acciones que promuevan la cooperación e intercambio de experiencias, que se dirigen a cumplir con los lineamientos acordados por los ministros al finalizar la reunión. La próxima reunión del foro de ministros se realizará en Honduras, en 2019.

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Desde el 2010, por iniciativa del Gobierno de Guatemala, los ministros responsables de Propiedad Intelectual de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y, más recientemente, la República Dominicana, se reúnen periódicamente con el objetivo de dialogar y diseñar estrategias para una gestión integral de políticas públicas sobre los diversos tópicos de la Propiedad Intelectual de la Subregión, así como para las políticas de innovación relacionadas con la propiedad intelectual, quienes a su vez establecen un mecanismo de implementación y seguimiento de las mismas.

Para hacer de la propiedad intelectual un elemento disponible para el desarrollo de los países, esta debe constituirse en una herramienta práctica y efectiva que incentive la producción y la creación intelectual. La trascendencia de ello es que, tanto la producción de conocimiento como la generación de valor, con base en la creación intelectual y su consecuente uso y difusión, son herramientas fundamentales para producir bienes y servicios innovadores capaces de integrarse más efectivamente en los mercados mundiales.

En cada reunión de este Foro se han alcanzado acuerdos importantes, tal es el caso de la formulación de Estrategias Nacionales de Propiedad Intelectual, que de conformidad con sus objetivos y líneas de acción cada uno de los países trabaja por implementarlas y convertirlas en políticas públicas, que conlleven a establecer herramientas para el desarrollo económico de los países en sus diversos sectores.

El tema central fue la relación estratégica de la Propiedad Intelectual con las Agencias de Exportación. Durante los debates se resaltó la importancia que tiene la propiedad intelectual en el impulso a la promoción de comercio de bienes y servicios a nivel subregional como con nuestros principales socios comerciales, asimismo se destacó la contribución de las industrias creativas como elemento de desarrollo económico.

Los países participantes se comprometieron a tomar las medidas necesarias para disponer de indicadores de propiedad intelectual y crear capacidades de análisis económico que permitan apoyar en la formulación de diagnósticos y estudios de impacto que contribuyan y fortalezcan el diseño de medidas, estrategias y/o políticas públicas de innovación, competitividad, creatividad y promoción de comercio, tomando como punto de partida el trabajo realizado por la Ompi con el “Estudio de incidencia sobre la utilización del sistema de propiedad intelectual en la Subregión. Así como continuar trabajando en los diversos programas que favorezcan la aplicación efectiva del sistema de propiedad intelectual en el contexto de promover la creatividad, la utilización de los resultados de la innovación, la transferencia de tecnología de la academia y centros de investigación a la empresa, diseñando, entre otros, nuevos modelos de negocio y cadenas productivas que favorecen el desarrollo económico de los países.

Otro de los alcances de esta reunión fue la firma del Acuerdo y Convenio de Cooperación entre las la Oficinas de Derecho de Autor y Propiedad Industrial de Centroamérica y República Dominicana, con el cual se fortalece el compromiso de los países de continuar acciones que promuevan la cooperación e intercambio de experiencias, que se dirigen a cumplir con los lineamientos acordados por los ministros al finalizar la reunión. La próxima reunión se realizará en Honduras, en 2019.

Existe el “Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas y Obras protegidas: 1. «Obras literarias y artísticas»; 2. Posibilidad de exigir la fijación; 3. Obras derivadas; 4. Textos oficiales; 5. Colecciones; 6. Obligación de proteger; beneficiarios de la protección; 7. Obras de artes aplicadas y dibujos y modelos industriales. Comprende dentro de los derechos de autor y de la propiedad intelectual, la obra arquitectónica realizada”. “En España la propiedad intelectual de la Arquitectura, ha suscitado un debate parlamentario y social, dirigido a todos los Grupos Parlamentarios, tanto del Congreso como del Senado, para que la Ley recogiera de manera expresa la obra arquitectónica dentro de la propiedad intelectual. El texto actual contempla los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería”.

En tanto en Guatemala, la Arquitectura está siendo avasallada por la especulación económica de la tierra, en que la edificación vertical, como si Guatemala fuera Dubai, un desierto, constituye un mecanismo de densificación urbana para construir vivienda vertical, pero dentro de obras construidas, donde no se valoran éstas, ni a los habitantes del sitio, pues no hay quien evalúe esa obra arquitectónica, como el caso de los países mencionados con anterioridad, en la que el Colegio puede cumplir esta misión de resguardo.

Magaña plantea: “La casa mandada a hacer pertenece a quien la encargó y pagó. Pero la propiedad intelectual del proyecto es del autor, tanto así que se queda en los juegos con los planos originales firmados por ambos. En los que tiene derechos el autor”.

La obra arquitectónica tiene un valor que debe de ser respetado, por contener los principios básicos de la obra como el concepto de forma y espacio, organización, circulaciones, proporción y escala, los ejes, la simetría, la jerarquía y sus elementos, teorías y resultados de mediciones y cálculos, que son el conjunto de puntos de referencia. El estilo arquitectónico refleja determinados valores o necesidades sociales, independientemente de la obra que se piense construir —casas, hoteles, comercios etc—.

Tenemos el caso de la proliferación de tiendas y estacionamientos en las viviendas del llamado Centro Histórico, un proceso de deterioro, pues no existe ningún plan específico de conservación arquitectónica manejado directamente por el Estado.

Algo parecido existe en la zona 10 y 9 donde se están demoliendo obras de mucho valor del siglo XX en los últimos años, como viviendas u otros edificios, sin respetar el valor de éstos y sus usos del suelo, con una pérdida del espacio y forma en las zonas donde están ubicadas, como es el caso de las torres, centros comerciales y estacionamientos, que están desarrollando una alta densidad creando una demanda de tránsito que está llevando a la destrucción de su medio ambiente construido.

“Con esta adopción se reducen los requisitos y facilita los procesos. Es un avance, no estábamos actualizados. Antes se tardaban en registrar las marcas entre seis y ocho meses; con estos cambios deberá reducir el tiempo”, dijo Juan Pablo Carrasco, vicepresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham).

En opinión de Carrasco, el punto más relevante es la posibilidad del registro de marcas multiclase.

Este se refiere a las marcas que albergan diferentes productos y que en la actualidad el Registro de la Propiedad Intelectual del país no permite.

Silvia Ruiz, representante del Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía, refirió que aunque el tratado entró en vigor es necesario hacer reformas a la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento, para poder sincronizar las disposiciones del tratado internacional.

Agregó que es necesario ajustar los formularios físicos y electrónicos, además de capacitar al personal e informar a los usuarios de las nuevas disposiciones, a fin de que no se pierda la trazabilidad de la marca.

“Hay conciencia a escala nacional que a las comunidades se les consideren sus creaciones —tejidos— como obras de arte, para gozar de los beneficios que da la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley de Propiedad Industrial, Ley de Protección y Desarrollo Artesanal y el Código Penal”, expuso Aspuac.

Sandra Xinico, tejedora de Patzún, Chimaltenango, e integrante del Movimiento, dijo que hay un reconocimiento internacional de los tejidos de los pueblos indígenas; sin embargo, los beneficios han sido para empresas ajenas a las comunidades.

“No se trata únicamente de un pedazo de tela que se elabora a mano, porque nuestros tejidos se hacen con base en la cosmovisión, ideología e historia de los pueblos”, añadió.

Respaldo

Con el lema: “Es traje maya, traje indígena o indumentaria maya. No, es traje típico”, unas 700 tejedoras se reunieron el 23 y 24 de noviembre, en la primera asamblea de dicho movimiento.

“La asamblea se hizo para trazar rutas para proteger y valorizar nuestros tejidos frente a los mecanismos de despojo, robo y piratería de parte de empresas y personas particulares”, describe un comunicado del movimiento.

Saknicté Racancoj Sierra, asesora legal de Abogados Mayas, ente que redactó la propuesta de reformas de ley, dijo que pensar que el próximo año sean aprobadas por el Congreso es un tanto optimista, pues cuando se habla de temas indígenas hay limitantes y se demuestra con las iniciativas de ley de radio comunitarias y de jurisdicción indígena, que siguen a la espera de ser vistas en tercera lectura.

Apoyo

Fernando Urquizú, del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Universidad de San Carlos, opina que es importante que el Estado apruebe leyes que protejan el trabajo de las mujeres tejedoras.

“Es un problema cruel. Una mayoría es la dueña del patrimonio, pero se enfrentan a empresas poderosas que quieren apropiarse de la propiedad intelectual de esa manifestación cultural, que es una forma de subsistencia de las mujeres”, agregó.

Colectivo pide autoría

Las tejedoras buscan una  reforma de  la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, la Ley de Propiedad Industrial, Ley de Protección y Desarrollo Artesanal y el Código Penal. De aprobarse, los pueblos  indígenas registrarán sus creaciones colectivas de acuerdo con sus formas de organización y se regirán bajo sus propias instituciones, normas, principios, usos y costumbres.

En el caso de Gucci, que pertenece al grupo francés del lujo Kering, la compañía participa, junto a otras marcas de su matriz, como Balenciaga, como demandante en una querella presentada contra Alibaba en un tribunal federal de Nueva York hace justo un año.

Las firmas del grupo Kering acusan a Alibaba de fomentar y lucrarse a sabiendas con falsificaciones de sus productos que se comercializan en sus portales de comercio electrónico, aunque la compañía china rechazó esa responsabilidad.
El año pasado Alibaba tuvo semanas de tensión con la Administración Estatal de Industria y Comercio de China (SAIC), que acusó a la compañía de permitir el comercio de numerosos productos falsos o de mala calidad, aunque la firma lo negó y dijo que le es imposible luchar contra el problema sin ayuda de las autoridades.

Ambas partes acordaron que Alibaba comparta los datos de transacciones de sus portales con las autoridades chinas de supervisión de la calidad, ya que la compañía no puede actuar contra una empresa o un particular que utilicen sus portales mientras no haya una queja formal por parte de algún usuario.

“El hecho es que existe un mercado para los productos falsos”, explicó a Efe entonces Wang Gao, codirector del Centro para la Globalización de las Empresas Chinas de la Escuela Internacional de Negocios China-Europa de Shanghái (CEIBS).

De esta manera, dijo, “en muchos casos hay un acuerdo consentido entre el vendedor y el comprador, que sabe lo que está comprando, así que no va a protestar”.

“Alibaba también tiene su parte de responsabilidad, porque es consciente de la situación”, matizó Wang, “pero carece de todas las armas necesarias para controlarla”.

“Lo que hace falta es que los empresarios empiecen a facilitar datos de facturación y de empleo generado”, aseguró Ayala.

El empresario explicó que la protección de los derechos de autor es el primer eslabón para el desarrollo de esta industria, porque la “médula de la actividad está basada precisamente en la actividad intelectual”.

Según Ayala, el problema es que, en Guatemala, “no existe una cultura de protección ni respeto a los derechos de autor, porque todo se obtiene de manera gratuita, y para que tenga un valor económico “lo primero que hay que hacer es proteger la autoría intelectual”.

Agregó que aunque no se pueden calcular las pérdidas, solo en cinematografía nacional se estima que cada mes una de las cuatro grandes distribuidoras de discos para grabar vende a los productores piratas alrededor de Q150 mil en estos artículos.

Por ejemplo, en el caso de Mayan Pitz, una recreación virtual del juego de pelota maya, basado en fragmentos del Popol Vuh. Además de los protagonistas Hunahpú e Ixbalanqué, hay más de 14 personajes, y habría que registrar a cada uno.

Según Monroy, es usual también registrarlos en países como Estados Unidos, en donde esa acción cuesta entre US$1 mil 500 y US$1 mil 800.

Sería ideal proteger la marca en cada país en donde se llegue a comercializar.

Erlin Ayala, presidente de la Comisión de Industrias Creativas de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Icrea), informó que ante el surgimiento de una nueva modalidad de medios digitales, estos no han sido tomados en cuenta en la Ley de Propiedad Intelectual.

Ayala explicó que se necesita que la normativa se refiera específicamente a esa modalidad, pero antes los legisladores deben saber cómo denominarla, para que quede en el texto legal.

Ayala agregó que tanto la marca, us colores, historia, así como los personajes de un videojuego o aplicación para teléfono deben registrarse para evitar su copia.