Nuestra Constitución establece como obligación del Estado “promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza”, también señala que “el Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad del mercado o a perjudicar a los consumidores”.

¿Puede existir promoción de actividades productivas y protección a la economía del mercado sin certeza a la propiedad privada? De plano no, y viene esto al caso por las recientes noticias de lo que ocurre en el Registro de Información Catastral (RIC), utilizado para cualquier cosa, menos para lo que fue creado.

La precariedad en la titulación de la tierra en el departamento de Guatemala, por mencionar el que abarca la ciudad capital, es dramático. La “posesión de buena fe por generaciones” en San Juan y San Pedro Sacatepéquez, San Raimundo, San José del Golfo, Palencia, Chuarrancho y Villa Canales constituye, sin temor a equivocaciones, la forma en que se tiene, goza y produce la mayoría de la tierra, increíblemente el registro de los fundos en el Registro General de la Propiedad no es la regla sino la excepción y por eso es importante que cualquiera de nosotros conozca qué es el catastro y para qué sirve.

Por “catastro” se entiende “censo y padrón estadístico de las fincas rústicas y urbanas”, la Misión del RIC es “establecer, mantener y actualizar el catastro nacional para constituir un registro público orientado a la certeza y seguridad jurídica de la propiedad, tenencia y uso de la tierra”. En este sentido, conforme su ley orgánica esta institución es la “autoridad competente en materia catastral que tiene por objeto establecer, mantener y actualizar el catastro nacional.”

La información catastral tiene cientos de efectos y usos, entre los que podemos mencionar, brinda certeza sobre la extensión real de cada propiedad y también es una útil herramienta para cualquier planificación para la ejecución de políticas de desarrollo y cuidado del ambiente. Sin información catastral, cualquier autoridad está a oscuras y lo único que queda es el conocimiento empírico o la especulación.

A la fecha, el Registro de Información Catastral ha completado dos municipios en Petén, uno en Alta Verapaz, tres en Zacapa, dos en Chiquimula y paramos de contar, se trabaja en esos departamentos para algún día terminarlos y además se trabaja en Izabal, Baja Verapaz y Quiché. El RIC fue fundado en 2005, así que en 13 años su producto es patético y cada gestión burocrática y complicada.

“Si Guatemala midiera los metros que están inscritos en el Registro de la Propiedad seríamos del tamaño de México”, nos decía un profesor en la Facultad de Derecho, y si a eso le sumamos que la mayoría de tierras rurales no están inscritas, sino simple y sencillamente se poseen el problema se multiplica y evidencia lo precario de nuestro sistema jurídico para brindar certeza a la propiedad (derecho humano) de la tierra.

Nuestro país tiene una ley vigente que permite “inmovilizar” nuestras propiedades porque gravita la amenaza de que “nos las roben” y la Corte de Constitucionalidad ha tenido que desarrollar una gran doctrina porque han sido muchas las propiedades que se han traspasado de forma fraudulenta.

Si queremos inversiones generemos marcos de confianza en la propiedad de la tierra, si pretendemos debemos crear márgenes claros para dirimir los conflictos sobre tierras y si queremos desarrollo hay necesidad de catastro. El RIC debe dejar de ser ese monstruo ineficiente y caja de corrupción para convertirse en un verdadero pivote del desarrollo ¿será que habrá interés algún día o seguirá siendo muestra de ineficiencia o corrupción?

@Alex_balsells

Al conocer la resolución, De León se arrodilló y levantó los brazos en señal de agradecimiento a Dios por el beneficio que había recibido. La exfuncionaria ha argumentado en ocasiones anteriores que su mamá está enferma y por eso necesita estar en su casa para cuidarla.

El Tribunal Décimo Tercero le concedió la medida sustitutiva con una caución económica de Q300 mil, sin embargo, la exfuncionaria ya no podrá salir de prisión porque la Contraloría General de Cuentas, quien actúa como querellante en el proceso, presentó un recurso de reposición.

La audiencia fue reprogramada, por lo que la acción legal interpuesta por la Contraloría será conocida por la judicatura hasta el 9 de enero de 2018, y hasta entonces se conocerá si De León gozará del beneficio de arresto domiciliar o continúa en la cárcel.

También está pendiente que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se pronuncien y posiblemente también presenten acciones para frenar la medida sustitutiva decretada a favor de la exregistradora.

Asimismo, fueron beneficiados con arresto domiciliar Samantha Mejía y Edwin Ariel García, quienes tendrán que pagar Q300 mil y Q100 mil, respectivamente, para recuperar su libertad provisional, mientras se desarrolla el juicio.

El Tribunal Décimo Tercero está integrado por la presidenta Edna Beatriz Maxia López quien se opuso a la medida sutitutiva. Jaime Delmar González y Juan Antonio Aceituno estuvieron a favor de la caución económica.

La exregistradora Anabella de León es investigada por el caso Botín Registro de la Propiedad, en el que, según el Ministerio Público, Anabella de León y otras 17 personas habría participado en actos de corrupción al haber efectuado compras anómalas.

El MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala señalan a De León Ruiz y a  17 personas de peculado por sustracción y falsedad ideológica, pues al efectuar los contratos, como empleados, vulneraron los recursos del Registro.

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A nueve directivos, entre ellos De León Ruiz, se les señala de haber firmado y autorizado compras de eventos que no se realizaron.

Según el MP, se hicieron pagos improcedentes con facturas a Carnes y Ensaladas Fulanos y Menganos por Q910 mil, por desayuno para 564 personas y al Rincón del Chef por Q51 mil 878.60 para el montaje de evaluación del desempeño de los trabajadores del Registro.

Los trabajadores en paro lograron que le fuera revocado el contrato de una empleada y cambiado de puesto otro trabajador, quienes supuestamente fueron contratados por influencia de Paniagua, quien en una radio local aseguró que el presidente Otto Pérez Molina le dio poder para proponer contrataciones en esa entidad.

El paro se inició el jueves último y concluyó ayer, lo que causó atraso en el trámite de expedientes y que los usuarios no tuvieran acceso a revisión de libros catastrales.

Integrantes del sindicato 5 de Agosto protestaban contra dos contrataciones recientes con salarios que superan la norma de la nómina y aseguraron que los dos nuevos empleados fueron puestos por Paniagua.

Muestran rechazo

En un comunicado colocado en los pasillos de la institución, el referido sindicato manifestó su repudio a la injerencia política de Paniagua para contratar personal.

También rechazan que Paniagua utilice la imagen del nuevo edificio con fines políticos y condenaron todo tipo de injerencia y atribución que este se tome.

Nery Cifuentes, secretario general del sindicato, explicó que se oponían a la contratación de Amariles Marlene Reyes de Castillo como secretaria del registrador, Estuardo Barrios, y de Eddi Carlos Estuardo Lima de León, como encargado del proceso de transparencia en Guatecompras.

Según lo detallado en los contratos de ambos trabajadores, Reyes recibiría un salario mensual de Q15 mil, como secretaria del registrador y encargada de elaborar manuales y reglamentos. Mientras que Lima estaría en el renglón 022 con un sueldo de Q8 mil al mes.

“Nos oponemos porque los salarios que ellos devengarían eran altos y aquí hay personal que lleva más de 15 años y su sueldo no supera los Q5 mil mensuales”, resaltó.

Fuera de la ley

Jorge Ortega, vocero del presidente Otto Pérez Molina, dijo que la Constitución de la República es clara en las funciones del presidente para nombrar o remover a funcionarios y trabajadores públicos.

Agregó que los representantes del Ejecutivo en los departamentos son los gobernadores.

Resaltó que si Armando Paniagua no es funcionario y no tiene jerarquía en la institución no le corresponde contratar personal en el Segundo Registro de la Propiedad en Quetzaltenango, ya que no está apegado a la Ley.

Trayectoria cuestionada

Armando Paniagua fue electo diputado por Quetzaltenango en dos gobiernos y es señalado de actos anómalos.

Está casado con Delia Karina Rivera, única diputada del PP por Quetzaltenango.

En el 2012 fue nombrado director del Fondo Nacional para la Paz; un año después fue cerrada esa institución por supuestos actos de corrupción.

Según empleados públicos, exige que delegados de ministerios le den fertilizantes y víveres para su campaña.

En diciembre último realizó un convivio navideño donde otorgó más de 15 mil bolsas de alimentos que incluían una postal con su fotografía.

Hay señalamientos en su contra de exigir “diezmo”, el 10 por ciento del salario de cada empleado del gobierno que él colocó en distintas instituciones, con el argumento que es la cuota mensual para el partido.

Se le sindica que dentro de su campaña política utiliza recursos del Estado en especial del Ministerio de Cultura y Deportes, entre zapatos, balones, uniformes, entre otros.

A los jefes de instituciones les exige quintales de granos básicos para usarlos en las bolsas de alimentos que regala en su campaña, de lo contrario los amenaza con destituirlos del cargo.

De acuerdo a empleados públicos, exige que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Ministerio de Desarrollo Social, le entreguen fertilizantes y bolsas de alimentos para su campaña y demás proyectos comunitarios y sociales, con los mismos fines.

Obliga a empleados por contrato del Gobierno a trabajar en el remozamiento de calles y parques de la ciudad, como parte de su propaganda política.

Lea más sobre este tema en la edición impresa de hoy de Prensa Libre.

Escuche las declaraciones que Armando Paniagua dio en una entrevista de radio.