En el transcurso de la presente semana comenzaron a plantearse las primeras inquietudes sobre la posibilidad de reformas o cambios a la iniciativa número 6204, Ley de Competencia, la que debe ser conocida por las comisiones de Finanzas y Economía del Legislativo, para luego abrir los espacios de dialogo y debates pendientes a su aprobación.

Las primeras cinco sugerencias consisten en: establecer de forma clara las prácticas monopólicas absolutas y relativas; crear una Superintendencia de Competencia; disminuir la cantidad de excepciones; incluir al sistema judicial del país en la normativa; y crear obligaciones en cuanto a transparencia y rendición de cuentas.

La presión y la voluntad política del avance de la norma está en los diputados y se espera una discusión técnica, profunda y seria, ya que Guatemala es uno de los países que no cuenta con una normativa que regule la competencia, lo que es una deuda pendiente para el cumplimento de los Tratados de Libre Comercio suscritos, entre otros acuerdos.

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Primeras sugerencias

A la pregunta ¿qué debería incluir o reforzar la iniciativa de Ley de Competencia que se discutirá en el Congreso?, Marcos Palma, presidente del Instituto de Derecho de la Competencia, declaró que en la parte sustantiva de la ley, se deben abordar las prácticas absolutas, sin defensas por eficiencia; y las prácticas relativas, contar con un listado más amplio para contemplar muchas conductas que son anticompetitivas y que en varios países ya se incluyen, sin limitarse al listado de cinco prácticas que están en el proyecto de ley. “O sea, prácticas absolutas por deficiencias y un listado más abierto”, destacó el directivo.

En la parte institucional, destacó que la autoridad en esta materia no debe estar adscrita al Ministerio de Economía (Mineco) como se plantea en el proyecto, sino que tiene que ser una autoridad independiente, debido a que al quedar bajo el resguardo del poder político y seguir sus instrucciones, se corre el riesgo de sesgos.  “Si llega al poder un gobierno un poco a la izquierda, así como su ministro de Economía, se puede utilizar a la autoridad de competencia para perseguir a los empresarios”.

El otro aspecto es que, a su criterio, debe haber una independencia técnica e institucional, de manera que el director no sea nombrado o removido por el ministro de Economía.

En cuanto a las prácticas absolutas, explicó que consisten en que productor o distribuidor, no importando la presentación, se puede poner de acuerdo con otros para fijar precios, en perjuicio de los consumidores finales.

“Las prácticas absolutas son nocivas para la eficiencia económica, porque significan que el consumidor está pagando más de lo que debería, si hubiese condiciones de libre competencia, y eso equivale a que no existan acuerdos de precios”, subrayó.

Otras tres recomendaciones

Javier Nuñez, miembro del consejo consultivo del Instituto para la Competitividad Económica (ICE), aseguró que la iniciativa tiene aspectos favorables, pues sigue un enfoque basado en la mejora del funcionamiento eficiente de los mercados, para bienestar de los consumidores.

También contiene facultades de investigación usuales, en materia de prácticas monopólicas y control de concentraciones económicas; propone la aplicación del principio de presunción de inocencia y contiene algunos procedimientos que permitirán la defensa de las empresas.

Sin embargo, el proyecto también tiene algunas debilidades y la primera es que el proyecto omite dotar, a la nueva autoridad, de la facultad de emitir opiniones y de desarrollar acciones de promoción de la competencia. “En otras jurisdicciones, un instrumento importante para promover mejores condiciones para la operación de los mercados es la capacidad de la autoridad de competencia de opinar respecto de leyes, ordenamientos y conductas desarrolladas por el propio Estado, en sus distintos niveles, que inhiben o distorsionan la competencia”.

Precisó que, en un país como Guatemala, que se encuentra bastante expuesto a la competencia internacional, un aspecto nodal para mejorar la operación de los mercados es mejorar la calidad de las políticas públicas, para lo cual es importante que la agencia de competencia actúe de manera proactiva, lo cual requiere de garantizar que la nueva autoridad tendrá suficiente autonomía técnica y operativa y que sus decisiones estarán aisladas de consideraciones políticas.

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La segunda debilidad es que el proyecto considera un periodo de vacatio legis de únicamente 15 días, el que resulta insuficiente para realizar las adecuaciones institucionales necesarias para iniciar la operación del sistema. Esto incluye la preparación del personal mínimo que operará la nueva agencia, así como al Poder Judicial, (Organismo Judicial) que debería ser el encargado de determinar, en última instancia, la legalidad de las actuaciones en materia de competencia.

En tercer lugar, en relación con las llamadas prácticas monopólicas absolutas, señaló que el proyecto considera permitir la defensa por eficiencia solo de manera excepcional; es decir que  prevalecería un enfoque de ilegalidad per se. “Esta idea omite que, en el mundo económico actual, son múltiples los ámbitos de colaboración entre agentes económicos que generan resultados beneficiosos en los mercados”.

Por último, a su criterio, el proyecto es muy general respecto de las obligaciones de transparencia y la rendición de cuentas. “En el mundo de la política de competencia actual, lo común es que las agencias sean transparentes en sus deliberaciones y decisiones, y que los efectos o beneficios de sus actuaciones sean analizados y cuantificados, a fin de identificar su utilidad social”.

Lo anterior, según Nuñez debe ser complementado con un compromiso institucional para elaborar guías y lineamientos que den certidumbre a los agentes económicos. “Es necesario discutir estos aspectos y otros más, que podrían ayudar a contar con un instrumento de política pública de utilidad. De esta manera, puede lograrse que efectivamente los mercados guatemaltecos puedan mejorar en su funcionamiento”, enfatizó el representante del ICE.

Por otro lado, el doctor en Economía, Fritz Thomas, expuso que no hay una Ley de Competencia ideal, pero se requerirían al menos estos cambios en el proyecto de ley: el primero es que debe contemplar, hasta qué punto contribuyen a crear un poder monopólico, todas las barreras institucionales, legales, regulatorias y requisitos, que no son de las propias empresas.

El segundo aspecto, es que todo lo relacionado con la ley, debe dilucidarse en los tribunales y juzgados con competencia. “Si yo voy a acusar que se están llevando a cabo prácticas ilegales contra el competidor, debo poder llevar el caso a un tribunal. En algunos casos se pueden manejar los problemas de manera administrativa, pero no todo”, remarcó Thomas.

Guardar la institucionalidad

El aspecto que más destacaron los especialistas fue la institucionalidad de la autoridad de competencia, pues se plantea como una Dirección de Competencia, por lo que sugieren que se cree un ente como las superintendencias de Bancos, de Administración Tributaria y la de Telecomunicaciones.

O bien, que se trate de una entidad desconcentrada, como opera y está integrada la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que está dentro de la estructura operativa de un ministerio, pero funciona de manera autónoma.

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En la iniciativa de Competencia 5074, que tenía dictamen favorable de la Comisión de Economía del Congreso, ya se había considerado la creación de una Superintendencia de Competencia, que es un modelo un poco más autónomo.

Y otro punto a tratar y revisar es el de las excepciones a la aplicación de la ley, de manera que no sean tan amplias como se establece en la propuesta.

Todas estas discusiones y otras que puedan surgir se tendrán que llevar a cabo en el Legislativo, pero lo más importante es que se busca la eficiencia económica y el beneficio al consumidor como principio, coincidieron.

Sin posición oficial

En reiteradas ocasiones, Prensa Libre solicitó la opinión del ministerio de Economía o alguno de sus viceministros, sobre las críticas y sugerencias de los especialistas, pero por medio del área de Comunicación Social, se indicó que el titular de la cartera, Janio Moacyr Rosales Alegría, se encontraba de viaje. Y aunque se envió una serie de preguntas por escrito, tampoco se obtuvo respuesta.

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Con información y aportes de:  

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) y José Luis Moreira, economista del Consejo Nacional Empresarial (CNE).

Se han puesto a pensar, mis queridos lectores, ¿por qué en Guatemala no logramos avanzar en materia de justicia e impunidad? ¿Por qué constantemente estamos en confrontación unos con otros, y viviendo un clima de descalificación general y desconfianza de todos contra todos? ¿Por qué no existen acuerdos de rumbo común? ¿Por qué no logramos consensos importantes, y que el Estado mantenga y fortalezca su institucionalidad?

Muy sencillo. Lo que nos hace falta es que realicemos una serie de reformas al sistema electoral y de partidos políticos, la reforma al sistema de justicia, reformas a la gestión pública, reformas al sistema fiscal y leyes pendientes para el desarrollo constitucional. No menos importante, un acompañamiento ciudadano a procesos constitucionales, especialmente a nombramientos de autoridades contraloras del Estado, y el acompañamiento ciudadano en las próximas elecciones generales del 2019. Si no se da todo esto y nos unimos para que suceda, créanme, amigos, que seguiremos en las mismas o peor.

Por ende, me siento muy complacida del trabajo arduo realizado por mis colegas integrantes de Foro Guatemala (FG), al crear una agenda prioritaria elaborada a lo interno de un abanico de organizaciones responsables de la sociedad civil llamada “Una agenda conjunta, una mejor Guatemala”. Esta agenda se centra en 3 grandes temas: en la reforma política e institucional, en el desarrollo económico con énfasis en la ruralidad y en la transparencia y probidad. FG tomó el reto ante la polarización que vemos y la propuesta obedece a la necesidad de dar a conocer las soluciones que tienen como misión paliar el momento de crisis.

Imaginemos una familia dividida, en la que un padre dicta una norma y la madre otra. Los chicos no saben a quién obedecer, y les da la pauta para extralimitarse. De igual forma, en la vida pública es necesaria la revisión de las normas, leyes y reformas. Por ello nace el documento de FG, en el cual se incluye que se atiendan las demandas y necesidades de pueblos originarios y mujeres como grupos vulnerables de nuestra sociedad.

La tarea de investigación y diálogo ya la ha hecho exhaustivamente FG, y aunque no se presenta un producto acabado, la agenda está al alcance de diferentes sectores para que se conozca, difunda y complete. Contiene acuerdos mínimos en la búsqueda del desarrollo nacional, una menor polarización, menos impunidad y mayor justicia para todos.

FG es una instancia donde confluyen 16 diferentes organizaciones de diverso origen e ideología, altamente representativas de nuestra sociedad civil. Está compuesto por iglesias, universidades, gremiales, cámaras y oenegés, coordinados todos por los rectores de la Usac y la URL. Aunque tengamos diferentes ideologías, nos unimos por el bien común de Guatemala.

Si algo nos puede dividir es no contar con una agenda mínima frente a la crisis. Lo vemos a diestra y siniestra, cuando amigos queridos se atacan unos con otros por convicciones diferentes. Por ello me encanta ver cómo en FG, aunque tengamos ideologías diferentes, lo que nos une es nuestro amor por Guatemala. Lo primero es superar las diferencias y buscar lo que nos une.

¡Qué mejor oportunidad para nutrirnos con los temas prioritarios de la agenda pública! Es curioso notar, que siendo algo tan básico e importante para el país, una agenda como esta se había quedado por tanto tiempo en el tintero. Esta aportación de Foro Guatemala quizás logre por fin concertar los esfuerzos comunes de todos los guatemaltecos y mejorar la participación ciudadana y su representatividad. ¡Ya era hora!

vidanicol@gmail.com

Distintos sectores como el religioso, campesino, indígenas, sector académico, estudiantes universitarios, organizaciones civiles y sociales y empresarios (que no forman parte de Cacif) se reunieron por segunda ocasión para discutir reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Servicio Civil, Seguridad y Justicia, Ley de Contrataciones del Estado y de la Contraloría General de Cuentas.

La primera reunión se realizó el viernes 22 de mayo con la presencia de varios sectores.

La convocatoria de la Usac surge por la actual crisis en la que se encuentra en el país que derivó en escándalos de corrupción, que vinculan a altos funcionarios de gobierno en la denominada estructura “La Línea”.

Convocan a mesas

El Congreso convocó ayer a participar en varias mesas de trabajo para reformar cuatro leyes importantes.

Entre estas están la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Contrataciones del Estado, Servicio Civil y Sector Justicia