La semana pasada me refería en este mismo espacio a la criminalización que sufren autoridades y líderes locales, defensores de derechos humanos y periodistas en el país. Aunque no es un fenómeno nuevo —la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Udefegua) registra los primeros casos en 2004— en los últimos años la criminalización ha ido en aumento.

Lo anterior no es casualidad. Existe una clara coincidencia entre la autorización y puesta en marcha de megaproyectos (mineras, hidroeléctricas y megacultivos) y las campañas de difamación y calumnia, procesos penales y estigmatización contra líderes e integrantes de los movimientos de resistencia y defensa de sus territorios. Lo mismo sucede con los periodistas locales que informan sobre las irregularidades en la autorización de las licencias o los impactos (sociales y ambientales) que se producen. Los miembros de las organizaciones ecologistas son también señalados como “desestabilizadores” y todos tienen en común que se les considere delincuentes o transgresores de la ley, sobre todo cuando se movilizan o realizan protestas en defensa de sus derechos.

Históricamente fueron los trabajadores (sindicalizados o no) y los campesinos que reclaman derechos sobre la tierra quienes llevaron la peor parte; sin embargo, el círculo se ha ampliado cada vez más y la criminalización se ha convertido en la herramienta favorita de grupos de poder para desarticular la organización y la movilización social. En su informe sobre “Criminalización en Guatemala: estado de situación 2012-2017”, Udefegua documenta 909 casos en las modalidades de detenciones ilegales y arbitrarias, difamación y denuncias judiciales. En varios casos de mujeres detenidas se logró establecer además que fueron víctimas de acoso y violencia sexual.

Aunque no siempre existe una correlación entre las campañas previas de difamación y calumnia con los atentados y amenazas contra la vida o denuncias penales, en varios de los casos sí se ha podido establecer un patrón que indicaría que existe una intención deliberada de hacer ver como delincuente a una persona para que luego se justifique el que sea capturada o atacada. Un caso emblemático en este sentido es el de los siete líderes indígenas de Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, que fueron llevados a juicio por distintos delitos en base a acusaciones de la empresa hidroeléctrica que se asentó en la zona. Al momento de dictar la resolución, la presidenta del tribunal de Mayor Riesgo A, Yassmín Barrios, sostuvo que “ya entendimos que se quiere criminalizar la conducta de los líderes ancestrales y comunitarios por lo que le pedimos a los respetables fiscales que no criminalicemos a las comunidades indígenas”.

Otro peligro inminente en esto de la criminalización es la aprobación de leyes dizque “antiterroristas” que buscan en realidad evitar la movilización y la protesta social, coartar la libertad de expresión y asociación y el derecho de petición. Somos testigos de cómo en Honduras las protestas ciudadanas por el fraude electoral están siendo duramente reprimidas en base a una ley “antiterrorista”, aprobada previamente por un congreso dominado por el oficialismo.

En síntesis, la criminalización es un mecanismo recurrente de los sectores poderosos que utilizan su influencia en las instituciones de seguridad y justicia, los medios de comunicación, el congreso y el gobierno para defender sus intereses.

@MarielosMonzon

De un tiempo para acá en las redes sociales se ha incrementado el número de alertas sobre personas desaparecidas. En la mayoría de los casos se trata de niños, niñas, adolescentes y jóvenes mujeres cuyo paradero se desconoce.

Aunque algunos casos se resuelven rápidamente, la mayoría de las personas no logran ser ubicadas por las autoridades. Si bien no se puede afirmar que todas las desapariciones estén relacionadas con casos de trata, es muy probable que una gran cantidad de los secuestros sean realizados por redes criminales de tratantes que operan en el país.

De acuerdo con un informe presentado conjuntamente por Unicef y Cicig, existen 48 mil 500 víctimas directas de trata en la modalidad de explotación sexual y las ganancias ilícitas generadas por este delito alcanzan los 12 mil 300 millones de quetzales. Ambas entidades sostienen también que hay una cifra negra que podría incrementar exponencialmente el número de víctimas, porque hay casos que no se denuncian.

La trata de personas es una forma de esclavitud moderna y se da en todas partes del mundo. Por la posición geográfica y las condiciones económicas, Guatemala se ha convertido en un país de origen, destino y tránsito de víctimas de trata. Por ejemplo, muchos niños, niñas, adolescentes y mujeres migrantes son capturados durante su trayecto hacia México y Estados Unidos por redes de tratantes que los explotan sexualmente y además los extorsionan.

Aunque la explotación sexual es una de las formas de trata más conocida, también la explotación laboral (tortillerías, fincas), la venta de personas, el reclutamiento forzoso para integrar grupos delictivos y de crimen organizado, las adopciones ilegales, el embarazo y el matrimonio forzado o servil constituyen casos de trata de personas.

De acuerdo con datos del MP, las denuncias proceden en su mayoría de los departamentos de Guatemala, Escuintla, Huehuetenango, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Petén y Suchitepéquez. La organización ECPAT-Guatemala reporta específicamente casos de trata en la Ciudad de Guatemala, Chiquimula, Panajachel, Retalhuleu, Mazatenango, Coatepeque, Tecún Umán, El Carmen, Malacatán, Santa Lucía Cotzumalguapa, La Mesilla, El Naranjo, Puerto Barrios, Lívingston, Jutiapa, Melchor de Mencos, Escuintla y Puerto San José.

La publicación Trata de Personas = Esclavitud, elaborada por la periodista Rosalinda Hernández Alarcón, deja claro que las condiciones de violencia y pobreza de un país aumentan de manera significativa que las personas sean víctimas de trata. Sin embargo, también señala que “los contextos y relaciones en las que predominan lógicas abusivas que mercantilizan todo, incluso, cuerpos humanos” causan este flagelo.

Por eso es necesario insistir una y otra vez en que además de la persecución penal y la sanción judicial contra los tratantes es preciso impulsar la transformación del sistema económico imperante que genera pobreza y extrema desigualdad.

Imprescindible, además, transformar la educación que se recibe en las familias, escuelas e incluso en las iglesias —basada en la mayoría de los casos en el machismo y el patriarcado— que considera a las mujeres, jóvenes, niñas y niños objetos que pueden ser vendidos, explotados y abusados.

Como en los casos de violencia contra la mujer, en la trata tiene mucho que ver una sociedad que jerarquiza a las personas, y coloca a algunas en situación de ventaja (hombres, blancos, heterosexuales) y a otras en completa desventaja (mujeres, indígenas, homosexuales). Por eso el abordaje debe ser integral.

El caso denominado “Cooptación del Estado” terminó de develar el entramado criminal tejido por el Partido Patriota (PP) para tomar control del aparato gubernamental y saquearlo.

A la luz de las revelaciones realizadas, se reafirma que el PP no es más que “la consumación moderna de un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad (CIACS) convertido en partido político que accede al poder para garantizar negocios, enriquecimiento ilícito e impunidad”. (Punto de Encuentro, 19/4/16).

Sin embargo el modelo no es nuevo. Se remonta a la década de los 70 cuando el Ejército creó las redes de inteligencia y contrainteligencia y las insertó en las instituciones gubernamentales. El objetivo era combatir al “enemigo interno” y controlar el territorio. De forma paralela iniciaron con los negocios criminales para financiarse (contrabando, tráfico de personas y de armas, venta de niños a través de adopciones ilegales, etc.) que podían realizarse gracias al control absoluto que tenían de la institucionalidad.

Desde el Ministerio de Finanzas, por ejemplo, lograron controlar áreas estratégicas como los puertos, las aduanas y la recaudación de impuestos y desde el Estado Mayor Presidencial (EMP) articular un estado paralelo. Ahí es precisamente donde está el germen de lo que se ha denominado “poderes ocultos”.

Por eso no es casualidad que los casos que conocemos hasta ahora estén centrados en defraudación aduanera (La Línea), defraudación fiscal (Aceros de Guatemala) y enriquecimiento ilícito a través de negocios amañados (TCQ). Ese fue el modus operandi en el pasado y lo sigue siendo en la actualidad.

Tampoco es de extrañar que los personajes se repitan: ahí está el expresidente Otto Pérez Molina, que proviene precisamente de las estructuras de inteligencia y que fue miembro activo del EMP. A su nombre se suman otros, como alias teniente Jerez, Luis Mendizábal, Juan de Dios Rodríguez y Gustavo Martínez, que integraron en su momento estructuras paralelas como el Sindicato o mafias criminales como la Red Moreno. Falta ver un caso que involucre a los miembros de La Cofradía.

Con la apertura democrática y la firma de la paz, estas estructuras paralelas mutaron —nunca desaparecieron— y continuaron desarrollando actividades ilícitas y criminales, en el marco de lo que se denomina empresarialidad criminal compleja. Importante es hacer notar que tampoco abandonaron las prácticas de escuchas ilegales, ejecuciones judiciales, vigilancia y extorsión, que se siguen practicando en ámbitos públicos y privados.

Lo novedoso es cómo estas redes político-económicas ilícitas (RPEI) encontraron el camino para legitimarse a través de los procesos electorales, en el marco de la legalidad. Su victoria en las urnas (caso FRG, caso PP) les permitió penetrar a través de los partidos políticos a las estructuras estatales y tomar control de los organismos del Estado y del poder local.

Por supuesto que en este asalto al Estado los políticos no están solos. La semana pasada nos referíamos a los actores privados que forman parte de la trama a través del financiamiento ilegal e ilícito. Ya Aldana y Velásquez señalaron con lujo de detalles a las modalidades de cooptación y a los actores involucrados: banqueros, empresarios tradicionales y emergentes, constructores, firmas trasnacionales y dueños de conglomerados y monopolios mediáticos.

Y es que efectivamente de esta manera opera y así se constituye un CIACS. Memoria histórica para entenderlo, acción concreta y movilización social para desarticularlos, nada menos.

@MarielosMonzon

El 22 de febrero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió las operaciones del proyecto minero “El Tambor”, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A. (Exmingua), ubicada entre San Pedro Ayampuc y San José del Golfo. La resolución se basa en la falta de consulta a las comunidades.

El 5 de mayo, la Corte de Constitucionalidad (CC) —por unanimidad— rechazó la apelación de la empresa minera y reiteró la suspensión de operaciones de la mina. El secretario general de la CC, Martín Guzmán, señaló que: “Se dejó en suspenso temporal la licencia de exploración y explotación minera y, por ende, se suspenden las operaciones” (PL, 6/5/2016). A pesar de lo anterior, la empresa continúa operando y extrayendo oro y plata, lo cual contraviene las resoluciones de las más altas cortes del país.

La palabra suspensión significa “detención o interrupción del desarrollo de una acción durante un tiempo o indefinidamente”. Comparto la definición por aquello que a los señores propietarios de la minera —y a algunos integrantes de las cámaras empresariales que les apoyan— no les quede claro y por eso sigan operando.

Prueba de lo anterior fue la captura, el 9 de mayo, de cuatro personas —supuestos trabajadores de la minera— a quienes se les decomisó 19 sacos que contenían oro y plata. De acuerdo con un comunicado del MP, las investigaciones y dictámenes técnicos realizados estiman que cada saco estaría valorado en US$100 mil y que: “Los capturados fueron aprehendidos en flagrancia en un sector de San José del Golfo, sindicados del delito de explotación ilegal de recursos naturales” (La Hora, 9/5/2016). Dos días después estas personas fueron liberadas, el juzgado dictó “falta de mérito”.

Hasta hoy, no hay autoridad alguna que haga valer las resoluciones de la CSJ y de la CC. Es más, en el mes de febrero, cuando se dictó la primera resolución, el Departamento jurídico del Ministerio de Energía y Minas (MEM) señaló que el amparo interpuesto contra la minera no procedía porque “ya se habían vencido los plazos”. Con esta lógica jurídica la minera podía seguir operando y la sentencia de la Corte no debía ser obedecida.

Pero ahora que la CC reafirma lo resuelto por la CSJ tampoco pasa nada. La minera sigue trabajando y ni el MP que está llamado a actuar cuando se está cometiendo un ilícito, ni autoridad alguna reacciona con firmeza para hacer cumplir las sentencias. Hay información que circula de manera no oficial en la que se señala que el día en que se procedería al allanamiento de la minera, la jueza a cargo del caso no quiso autorizar la diligencia y que los policías asignados al operativo fueron retirados por “órdenes superiores”. Habría que confirmar tales extremos.

Lo cierto es que, como casi siempre pasa en este país, cuando se tocan intereses de sectores poderosos, los funcionarios —para decirlo en buen chapín— “se hacen los locos” y/o no se animan a cumplir con su deber.

No hay motivo alguno —incluido el supuesto riesgo para la competitividad— que pueda esgrimirse cuando de hacer cumplir la ley se trata. Las resoluciones de un tribunal se acatan, no se discuten, y esto forma parte también de la certeza jurídica y del marco de gobernabilidad que tanto le preocupa a la Cámara de Industria.

No se vale venir ahora a asustar con el petate del muerto, nadie está hablando del “cierre de cientos de empresas”. De lo que se trata es de una minera que no cumplió con los requisitos que establece la ley para operar y por eso fue sus-pen-di-da.

@MarielosMonzon

Estaba sentada en una cama con una bebé en los brazos. No tenía más de 11 años y hacía un enorme esfuerzo por amamantar a la pequeñita que no dejaba de llorar. Eran dos niñas, pero una era la madre. Junto a ellas se encontraban otras cuatro adolescentes de menos de 14 años con sus bebés. Cinco camas y cinco cunas en una habitación de un centro de refugio para víctimas de violencia sexual. La imagen me quedó grabada.

Las violaciones a niñas, adolescentes y mujeres siguen siendo la constante en Guatemala. El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar) presentó su último informe basado en el registro de nacimientos del Renap, que recoge y sistematiza la información sobre los niños nacidos vivos en el primer trimestre del año. Entre los meses de enero a marzo se contabilizan 687 nacimientos de bebés con madres de entre 10 a 14 años de edad. Todos producto de una violación sexual. Además, 20 mil 422 nacimientos corresponden a adolescentes de entre 15 y 19 años.

Se estima que solamente el 13% de los casos de violencia sexual derivan en embarazos, lo que supone una enorme cifra de niñas abusadas, que por no resultar embarazadas ni siquiera están en los registros y no reciben atención. El año pasado, por ejemplo, fueron 83 mil los partos de adolescentes, de los cuales dos mil 947 correspondían a niñas de entre 10 y 14 años. Y aunque hay avances legales, queda un enorme camino por recorrer para que este país deje de ser un lugar en el que las violaciones sexuales se consideren “naturales” y parte de la “cultura”.

El problema se acrecienta cuando se obliga a una niña violada a asumir una maternidad que no fue buscada ni deseada. El informe “Niñas madres. Balance Regional embarazo y maternidad infantil forzados en América Latina y el Caribe”, de la organización Cladem —que recoge información de 14 países— explica cómo contra las niñas que sufrieron violencia sexual se cometen tres tipos de violaciones a sus derechos: la primera, imponiéndole una relación sexual no deseada. La segunda, al obligarla a llevar a término un embarazo que no buscó,? y la tercera, al obligarla a ser madre contra su voluntad.

La estigmatización contra las niñas y jóvenes abusadas —hayan quedado o no embarazadas— las coloca en una situación de enorme vulnerabilidad y de revictimización constante, y las aleja de cualquier posibilidad de retomar su vida y gozar de derechos elementales como la educación. Tristemente hemos avanzado muy poco en ese sentido.

Además, no todos los abusos se denuncian y cuando se acude a la justicia, los procesos no terminan en una sentencia condenatoria. Los números no mienten, la impunidad sigue siendo altísima y se ha convertido en la mejor aliada de la violencia machista.

En la medida en que desde los organismos del Estado las instituciones públicas, las iglesias, las escuelas y los medios de comunicación no se comprendan y se propicie el abordaje integral que debe hacerse sobre la violencia sexual y se continúe promoviendo un discurso que la naturalice, propicie los estereotipos y roles diferenciados para hombres y mujeres, convierta a las víctimas en las culpables de las agresiones y violaciones (¿aló, ministro de la Defensa?) y refuerce la idea de que las mujeres somos objetos en propiedad, este flagelo seguirá creciendo como la espuma.

Muchos sentimientos encontrados en un día como hoy —10 de mayo— y en un país como Guatemala. Son nuestras mujeres y nuestras niñas las que están siendo ultrajadas, ¿acaso no tenemos nada que ver y nada que hacer?

@MarielosMonzon