El Estado de Florida es uno de los llamados swing states más importantes, o sea estados que pueden decidir con su voto el resultado de las elecciones presidenciales en EE. UU. Recordemos el caso de los 600 votos de Florida que le dieron la presidencia a George Bush hijo. Ya hay unas decenas de miles de electores de origen venezolano en Florida que, aunados a los centenares de miles de origen cubano, son los votos decisivos para prácticamente todas las elecciones en ese estado. Por tanto, hay fundamentales razones geopolíticas y de política interna que hacen del caso venezolano una prioridad en los objetivos de la administración republicana. A todo esto hay que sumarle los efectos brutales que en la economía y en los sistemas de salud, educación, transporte, entre otros, de la región latinoamericana está provocando la enorme y creciente emigración venezolana. La crisis venezolana es ya una crisis hemisférica y su final también será, en buena parte, “hemisférico”.

En el mejor de los casos, aunque el menos probable, los ingresos de la recaudación aumentarán 10%. Por lo tanto, el mayor volumen de gasto se cubrirá con más endeudamiento.

Pero no todas las asignaciones de gasto aumentan por igual. Claramente hay rubros priorizados que reflejan las voluntades políticas en el año electoral.

Entre los ministerios de Estado, los más beneficiados con mayores recursos son los de Comunicaciones (57% más que lo actual), Defensa (24%) y Educación (20%).

En el caso de la cartera a cargo de la red vial, es de esperar que el notable incremento se traduzca en la efectiva recuperación de las carreteras, seriamente afectadas por varios años sin mantenimiento, por el desvío de recursos para la corrupción, como lo confirman los distintos casos revelados.

El aumento para Defensa se destina principalmente a los gastos administrativos del despacho central. El rubro de Servicios de Planificación y Consultoría aumenta de Q125 millones a Q235 millones (66% de incremento), y el rubro de Servicios de Apoyo Logístico y Financiero más que se duplica, al pasar de Q155 millones a Q368 millones (137% más).  La razón de ser de la entidad es la Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, pero ese programa de gasto no es el principal destino de los recursos adicionales.

El incremento de Q2 mil 700 millones para Educación debiera ser para aumentar la cobertura educativa. Pero el número de trabajadores programado se mantiene igual. Por el contrario, las remuneraciones son el principal destino de la mayor asignación de recursos (aumento de Q1 mil 800 millones).

El vicepresidente de la República Jafeth Cabrera confirmó luego de una reunión de Gabinete Económico en septiembre, que se cubrirá el aumento salarial previsto en el pacto colectivo con el sindicato magisterial.

Lo peor de esto, es que para nada se discute sobre la mejora de la calidad de la educación, sino es para contar con el apoyo político de la cuestionada dirigencia sindical.

También aumentan en mayor proporción que los ingresos fiscales, los aportes para las municipalidades del país (13% más) y para los consejos departamentales de desarrollo (22% de aumento), los cuales son coordinados por los gobernadores.

Por ley, estos aportes corresponden a porcentajes de la recaudación de impuestos, por lo que no deberían aumentar más que estos.

Habrá que estar vigilantes sobre lo que finalmente se apruebe y el uso que se dará a esos recursos.

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No obstante, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un análisis titulado Corrupción en América Latina: La ruta hacia una solución, señala que “estudios anteriores han demostrado que la corrupción puede atrofiar el crecimiento sostenible e inclusivo. Con la corrupción sistémica, la capacidad del Estado para cumplir sus funciones básicas se ve minada, y los costos adquieren una importancia macroeconómica”.

Es decir, que no hay evidencia objetiva para fundamentar el señalamiento contra las acciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Cicig.

Respecto a los retos que implica la lucha anticorrupción, agrega el FMI en su análisis que “la experiencia internacional indica que la efectividad de una estrategia anticorrupción requiere de marcos jurídicos sólidos, intensidad en las tareas de cumplimiento y depuración, y perseverancia.

“Un firme compromiso a nivel nacional y un liderazgo fuerte son fundamentales también para garantizar que el respaldo público de amplios segmentos de la sociedad no se disipe durante esta lucha”, añade el organismo internacional.

Más bien, pareciera que los esfuerzos por menguar la lucha anticorrupción pudieran ser la causa del escenario político convulsionado que vivimos desde 2015, y que tiene un efecto negativo sobre el clima para los negocios y las inversiones productivas generadoras de empleo.

De tal manera que, el reto inmediato es un proceso electoral en 2019 que permita la llegada de nuevas expresiones políticas a los organismos Ejecutivo y Legislativo.

Estos nuevos actores políticos deben estar desvinculados de los partidos ya cancelados por financiamiento ilícito y corrupción, y es de esperar que avancen las investigaciones contra los partidos con similares señalamientos y con investigaciones en curso.

Además, es indispensable en estas elecciones que tendremos en menos de un año, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pueda tener el acompañamiento y fortalecimiento necesarios para controlar al máximo posible el financiamiento electoral proveniente del crimen organizado, para evitar que los candidatos a presidente, diputados y alcaldes, respondan a esos intereses. 

De lo contrario, no habrá forma de revertir la tendencia decreciente del desempeño económico nacional, y las redes criminales continuarán su expansión y consolidación.

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Y ni hablar de nuevas carreteras o mejoras sustanciales de las existentes. Se perdieron por la corrupción varios cientos de millones de dólares en los proyectos para la ampliación de las vías que conectan Escuintla y las fronteras con México y El Salvador. A ello se agregan los efectos de los desastres naturales y la falta de medidas para mitigación y adaptación a los mismos.

No es la erupción del Volcán de Fuego la que destruyó la carretera que conecta a Escuintla con Sacatepéquez.
Ni tampoco fueron las lluvias de los últimos días las que destruyeron la ruta hacia Huehuetenango, ni provocaron los deslaves en el paso hacia Panajachel.

Es la falta de acción efectiva de mantenimiento y preparación para las consecuencias de los fenómenos naturales.

Todo esto porque lo prevaleciente en la toma de decisiones sobre asignación y uso de recursos públicos, ha sido y sigue siendo la corrupción y el enriquecimiento de funcionarios, tanto del nivel central como de los niveles locales, y sus cómplices, a costa del abandono de la nación.

Se habla de una nueva ley para el desarrollo de infraestructura vial. Pero la iniciativa no contempla una reforma integral de todas las instituciones existentes que reciben recursos para este rubro.

Por lo tanto se corre el riesgo de que la nueva entidad que se crearía, quede inserta en un marco  disfuncional en el que persistirán incentivos para que la toma de decisiones siga orientada a intereses particulares mezquinos.

En 2010 se aprobó la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, con el mismo argumento que ahora se expone. Y en 2013 inició operaciones la agencia encargada de estos proyectos. Cinco años después, ni un solo proyecto se ha iniciado en este marco. Tampoco queda claro en la nueva propuesta como se superarán las falencias del anterior intento.

La reforma institucional más importante para asegurar que los recursos públicos efectivamente se usen para los objetivos correctos, entre ellos el de infraestructura vial, es la que permita la aplicación de controles y sanciones para persuadir a los involucrados y se abstengan del uso indebido de los recursos.

Existe la ley de probidad y responsabilidades de funcionarios, pero su aplicación por la Contraloría General  de Cuentas es casi nula.

De tal manera que posiblemente lo necesario sea emitir nuevas normas para los procesos de designación y elección de funcionarios.

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Esto, debido  a recurrentes señalamientos de atrasos en las autorizaciones respectivas por parte de la administración tributaria.

Estas devoluciones corresponden al IVA pagado en las compras de insumos o materias primas, porque en el caso de las exportaciones o ventas al extranjero, no hay posibilidad de cobrar el impuesto a los compradores residentes en otros países, y así recuperarlo.

De tal manera que para no afectar el capital de trabajo de los productores nacionales, es necesario que estas devoluciones se realicen de manera pronta.

No obstante, entre los distintos casos de corrupción señalados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público se encuentra el denominado “Traficantes de influencias”, revelado en enero del 2018.

El caso consiste en una red de corrupción por medio de la cual se agilizaba el pago de estas devoluciones, y en algunas ocasiones, por cantidades que en realidad no correspondía devolver. Es por ello que la necesidad no es solamente agilizar las devoluciones de crédito fiscal a los exportadores, sino también establecer controles efectivos para evitar nuevos casos de corrupción por esta vía.

Una opción para evitar estas irregularidades es realizar una modificación a la ley del IVA para incluir a las exportaciones entre las transacciones comerciales no obligadas a realizar el cobro del impuesto a los proveedores. 

Actualmente, hay varios rubros incluidos en esta categoría, como es el caso del pago de cuotas por estudios a colegios y universidades.  Esto significa que en sus compras de insumos y servicios, estas entidades exentas no cobran el IVA a sus proveedores, y a cambio les entregan una constancia de exención por el valor del impuesto que debiera pagarse.

Por su parte, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) lleva un control de entidades exentas y de las constancias de exención que entregan para asegurar que se trata de transacciones en el marco de la ley.

Sí se pretende una reforma legal para agilizar las devoluciones de crédito fiscal a los exportadores, deben tomarse en cuenta las mejores prácticas internacionales respecto a la forma en que se evita el cobro del IVA a los exportadores por sus compras de insumos o materias primas, o bien, que se les devuelva de manera ágil, pero con los controles necesarios para asegurar que se evitan irregularidades.

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