“No todo está dicho y no todo lo dicho es verdad”, es la frase con la que el abogado y notario Adolfo Molina Sierra decidió nombrar el primer capítulo de su libro Historia verdadera de la quema de la embajada española, obra que presenta una investigación desarrollada por él, a partir de lo que sucedió en la jornada trágica del 31 de enero de 1980, cuando murieron 37 personas —entre ellas su padre— en la sede diplomática de España, hace cuatro décadas.

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1980: 37 quemados en la embajada de España

Molina   propone con el libro revelar una “deficiencia judicial” —como él lo expresa— de lo que ocurrió aquella tarde de enero de 1980. Cuestiona en sus páginas por qué a la fecha se desconoce quiénes fueron los responsables de la catástrofe dentro de la embajada española, así como la permisividad del entonces embajador Máximo Cajal, quien toleró la toma de la sede diplomática.

Se trata de un libro político, pero con dosis personales. El relato parte desde la experiencia de su autor, hijo de Adolfo Molina Orantes, jurista y diplomático que fue invitado por Máximo Cajal a una reunión en la embajada ese día.

Cuarenta años después de lo ocurrido, en un despacho decorado con un retrato de Molina Orantes, su hijo desenhebra los hechos políticos y judiciales alrededor de ese momento. Libro en mano, Adolfo Molina Sierra expone las dolencias personales y judiciales que hasta la fecha están presentes en su vida.

¿Con qué afán temático escribió su libro?

El objeto del libro es que su contenido  nos sigue  afectando en enero del 2020. Es  un desglose de la actuación de un organismo judicial que siempre ha estado intervenido y que no ha respondido a expectativas de la población en cuanto a la  justicia. Por otro lado, es un señalamiento a la manipulación de un evento que ha servido a múltiples intereses a lo largo de los años. Es de política,  no  de historia.

¿Cómo se siente previo a la presentación de su obra? Se trata de un trabajo que se lanzará cerca de la fecha —31 de enero— que conmemora lo que ocurrió en la sede diplomática.  

Definitivamente, no es la publicación del libro lo que significa mucho, sino el dejar al alcance del público lo que ha sido mi versión como testigo de los hechos en la quema de la embajada española en 1980. Me hace sentir satisfecho aportar a la historia escrita de este país.

¿Por qué publica el texto 40 años después?

Mis declaraciones acerca de lo sucedido frente algunos tribunales, así como a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y en el juicio contra Pedro García Redondo, están refundidas en expedientes que ni siquiera he logrado obtener. Esto me motivó a publicar lo que es mi apreciación, testimonio e historia que siguió a lo largo del tiempo.

Desde hace unos años tenía la idea de escribir mi testimonio a partir de lo que descubrí después de la quema. He estado luchando porque se sepa la verdad de lo que sucedió. La historia que tengo hoy ya es considerable. Permite al lector conocer la ilación de hechos después de lo que pasó en 1980.

En ese sentido, ¿cuánto tiempo le tomó la investigación y redacción del texto final?

La idea definitiva de escribir el libro la tuve hace un año. Parte de lo que está escrito es producto de mi vivencia en la  embajada, pero también hay una parte en la que tuve que hacer investigación, porque había hechos que no me constaban. Al final, es una obra que puede rebatir mi versión sin que tenga que salir a aclararla. El que tenga interés en conocer el libro, que lea y juzgue quién dice la verdad.

La obra se desarrolla desde una posición muy damnificada. Parte del abrupto fallecimiento de su padre, habla también de las cosas que quedaron en el medio. ¿Hay temas pendientes?

En el libro se aborda más allá de lo ocurrido el día de la toma. En él resalto una justicia pobre. Señalo a un Organismo Judicial que durante cuatro décadas ha sido ineficiente y que ha estado intervenido por poderes locales e internacionales.

Por eso sí quedan pendientes: saber quiénes fueron los verdaderos responsables de aquella quema que causó 37 muertes, así como el señalamiento y enjuiciamiento del embajador que, a todas luces, participó en la facilitación de la toma de la sede diplomática. Ese tema está incompleto para las víctimas que fuimos los familiares de los rehenes, quienes son las únicas en el caso. Se ha tendido a llamar víctimas a los invasores, pero fallecieron como consecuencia del enfrentamiento armado causado por ellos.

¿Podría concebirse la obra también  como una manera de resarcir la memoria de su padre?

En lo más mínimo. La principal tristeza de mi familia es que las generaciones actuales recuerden a mi padre por la manera en la que murió, cuando su vida fue riquísima para el país. Tuvo una entrega abnegada. El libro es básicamente una denuncia a lo que sucedió por la falta de voluntad política en estudiar el caso.

¿De qué manera permeó el deceso de su padre en su familia y en su vida?

Mi vida como hijo terminó. La muerte de mi padre dejó una familia cuyos nietos nunca conocieron a su abuelo, una viuda en la total desesperación e hizo que sus hijos resintiéramos no tener su compañía. Nos afectó más de lo que se puede imaginar. Sin embargo, yo no hice una vida alrededor de lamentarme. No he hecho una fundación o una oenegé que lleve su nombre para revindicar su muerte en lo más mínimo.

¿Consideró alguna vez  reivindicar a su padre desde una fundación que se construya desde la experiencia de los hijos de las víctimas en el suceso?

Mi padre en vida se dedicó a obras tendientes a la protección y difusión de patrimonio cultural nacional. Si alguna vez pensáramos en hacer una organización de esta naturaleza, sería para apoyar a este tipo de obras. La muerte de mi padre en las condiciones que se dieron no amerita nada más que denunciar las ingratitudes que se sucedieron después de eso.

En el libro se narra  que aquel 31 de enero tuvo la posibilidad de entrar a la embajada, después de haber sido tomada. ¿Por qué no entró?

Por cultura familiar y personalidad. Fui educado en una manera de no tomar riesgos innecesarios. Lo que pasó por mi cabeza en ese momento fue que no quería inquietar a mi padre al verme ahí, porque le hubiera causado una preocupación adicional. Pero nadie especulaba que ocurriera lo que sucedió.

También menciona en el libro que, cuando se dio la detonación en la embajada, ya estaba consumada “su mayor pesadilla”. ¿Era algo que creía que podía suceder mientras estaba  en el lugar?

Durante años anteriores a la quema de la embajada, grupos de extrema izquierda en todo el mundo hicieron  ofensivas para llamar a la notoriedad internacional. En El Salvador, secuestraron y ejecutaron al ministro de relaciones exteriores, al igual que al ministro Aldo Moro, en Italia. Claro que teníamos temor con estos precedentes. Sobre todo, cuando estábamos dentro de un enfrentamiento armado.

También relata  que su madre había desconfiado de la visita de Máximo Cajal a su casa. El anterior embajador español, Carlos Manzanares, advirtió a la familia de los tintes comunistas de Cajal. ¿Se sentía amenazada su familia por personas con estas tendencias ideológicas?

Cajal nos causó sospechas después, cuando atamos cabos con los hechos que sucedieron el 31 de enero de 1980. Antes de eso, en la familia no teníamos de qué preocuparnos. El antiguo cargo de mi padre como ministro de Relaciones Exteriores no era uno que podría atribuírsele enemistades de algún tipo.

Sin embargo, cuando lo fue, había sido alertado por su presidente. Le dijo que el gabinete se sentía amenazado por la sedición y que en cualquier momento, por una cuestión de rescate a alguna persona aprisionada de esta agrupación por parte del Ejército o la policía, podía surgir el secuestro de un funcionario para canjearlo.

Establece que su investigación busca la imparcialidad. Hay una posición muy clara, en la que dice que el trabajo fue escrito con una inclinación personal y desde una postura liberal clásica. ¿Puede esto resultar como algo contradictorio?

Quise hacer la aclaración porque en el libro no incluyo citas de una u otra postura ideológica. La imparcialidad que trato de dar es con el propósito de ser objetivo con mis señalamientos y con el propósito de que no se diga que soy de izquierda o derecha.

¿Cree que la lectura de  su libro puede ayudar a vislumbrar los porqués de la quema de la embajada española o invitar a los lectores a cuestionar las posturas ideológicas?

Trato de no dejar ninguna interrogante que yo no pueda responder, documentándolo y presentando evidencias. Sin embargo, sí menciono una interrogante: ¿hasta qué punto el embajador trabajó a motu proprio o fue siguiendo instrucciones? La respuesta no está a mi alcance, porque no hubo ninguna manifestación en ese sentido.

Pero puede que se sienta como una hipótesis al finalizar la lectura.

La lanzo como una posibilidad bastante creíble por mi parte.

¿Considera que  le da protagonismo a la polarización en el libro?

Claro. Pero yo en el libro sostengo que no tengo acciones pendientes en contra de alguien. Mi objetivo no es condenar, tampoco penalizar a los responsables, es decir, la verdad desde mi experiencia.

Asegura que el plan de la toma quedó truncado. A pesar de la mortal jornada, ¿considera que esto eclipsó las  motivaciones de quienes tomaron la embajada?

Por muchos años, yo pensé que era un plan en el cual los que causaron la invasión, que toleró el embajador, en cierta manera les resultó mal. Pero sí hubo una reacción del Gobierno, de la policía. Las situaciones que sucedieron fueron producto de algo no planificado y no esperado.

A raíz de la investigación, mi conclusión es otra: el plan de la toma de la embajada fue precisamente con la intención de causar la reacción del Gobierno, para que terminara haciendo lo que hizo.

Narra que dentro de la coyuntura de aquel entonces se propició un ambiente de desinformación, tanto local como internacionalmente. ¿Cree que los medios de comunicación se han preocupado por aclarar el hecho después de tantos años?

Puedo destacar lo que ha publicado Prensa Libre. El editor Álvaro Contreras fue alguien que escribió del tema porque llegó el día de los hechos en su calidad de comandante bombero. Por ese testimonio que tuvo, mientras escribió a lo largo de los años, salió en defensa de la versión que también sostengo yo.

¿Seguirá investigando e indagando en el caso después de este libro?

No. Ya enterré a mi padre en paz. Si aparezco ahora con esta publicación es porque quiero compartir mi historia y la verdad de los hechos. No es solo mi caso, es la manipulación del caso y la política en general.

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Con un altar de flores, velas y fuego, decenas de activistas recordaron la matanza en el sitio que ocupaba la embajada, en la 6 avenida y 10 calle, zona 10 capitalina, asaltada en 1980 por las fuerzas estatales ante la ocupación de indígenas y estudiantes que denunciaban vejámenes.

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Para desalojarlos, militares y policías irrumpieron en la embajada de España desatando un incendio.

“Repudiamos las malas intenciones de la Junta Directiva del Congreso y de diputados sin escrúpulos que buscan aprobar una amnistía general para todos los criminales responsables de las graves violaciones a los derechos humanos”, señalaron un centenar de organizaciones en un comunicado.

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Las entidades firmantes demandaron al Congreso “suspender inmediatamente” la discusión de la iniciativa de ley, que el 17 de enero último pasó en primera de tres lecturas.

El proyecto implica derogar varios artículos de la Ley de Reconciliación Nacional, entre ellos uno que dejó fuera de la amnistía para insurgentes y militares los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada.

De aprobarse las reformas, la ley obligaría al sobreseimiento y la liberación de las personas que cumplan condena o estén siendo procesadas por delitos de lesa humanidad, en su mayoría miembros de las fuerzas armadas.

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“Estamos aquí en este histórico lugar (…) para honrar a las víctimas de la embajada de España, para honrar a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Guatemala y también para honrar la verdad”, dijo durante el acto Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz 1992.

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“Decimos no a la impunidad”, agregó Menchú en referencia al proyecto de ley.

Entre las víctimas mortales de la matanza en la embajada figuran Vicente Menchú, padre de Rigoberta, Jaime Ruiz del Árbol, cónsul español; Eduardo Cáceres, vicepresidente de la República, Adolfo Molina, canciller.

En la incursión militar sobrevivió Máximo Cajal, entonces embajador español, quien falleció en 2014. Aquel día, el único de los ocupantes indígenas rescatado con vida, Gregorio Yujá, fue posteriormente secuestrado del hospital y su cadáver lanzado en el campus de la Universidad de San Carlos.

En 2015, un tribunal condenó a 90 años de prisión por la matanza a Pedro García Arredondo, exjefe de la desaparecida Policía Nacional.

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Eran las 11 horas. En la sede diplomática se reunían el embajador Máximo Cajal con el canciller Adolfo Molina Orantes, el vicepresidente Eduardo Cáceres Lenhoff y el catedrático de la Usac, Mario Aguirre Godoy.

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¿Por qué uno de los sobrevivientes de la quema de la embajada está enterrado en la USAC?

Después de horas de haber intenteado negociar con Máximo Cajal, embajador de España, y autoridades guatemaltecas que no respondieron las llamadas telefónicas, un grupo numeroso de las fuerzas de seguridad fuertemente armados irrumpieron en la Embajada, rompieron puertas y ventanas y escalaron los balcones hasta llegar al techo. Cajal insistió en convencer a la Policía de que desistiera de cualquier acción, sin obtener respuesta.

Justicia

El siniestro ocurrió durante el régimen del general Fernando Romeo Lucas García, quien fue señalado en la masacre. También fueron acusados Donaldo Álvarez Ruiz, quien a la fecha se encuentra prófugo; Germán Chupina Barahona, ex director de la extinta Policía Nacional, ya fallecido, el gneral Óscar Humberto Mejía Victores y Pedro García Arredondo, jefe del comando seis de la Policía.

De los anteriormente mencionados, únicamente García Arredondo, quien fue encontrado culpable de la muerte del estudiante Edgar Sáenz Calito en 2011, fue procesado por la masacre.

El juicio inició el 1 de octubre de 2014 y acaparó la atención nacional e internacional por la trascendencia del caso.

García Arredondo insistió en su inocencia y que no se pudo probar su responsabilidad en el hecho.

Cajal: gobierno no evitó tragedia

El embajador español Máximo Cajal y López, dió su testimonio en la Audiencia Nacional Española el 25 de abril de 2012 el cual fue transmitido por videoconferencia en un Juzgado  de Guatemala. Cajal dijo que intentó negociar con las autoridades  para evitar una tragedia pero no hubo respuesta. “Cuando la Policía rompe la puerta de mi despacho empieza el fuego y no recuerdo cómo se produjo… entonces decidí salir y logré sobrevivir”, dijo el diplomático. La Policía iba armada “hasta los dientes”, llevaba hachas, revólveres y metralletas.

Germán Chupina Barahona, ex director de la extinta Policía Nacional (PN), y Ángel Aníbal Guevara, ex ministro de la Defensa, ambos generales, se entregaron a las autoridades, después de haber conocido que el Tribunal Quinto de Sentencia había avalado la solicitud de la Audiencia Nacional de España, en la cual se les acusa de los delitos de terrorismo, homicidio y secuestro.

Masacre en sede diplomática

El caso por el que fueron denunciados los militares

El general Efraín Ríos Montt quedó excluido, debido a que, supuestamente, la justicia española no sustentó la petición.
De las cuatro órdenes de aprehensión giradas, sólo dos se hicieron efectivas ese día.

Mientras Chupina fue internado en un centro asistencial en Boca del Monte debido a su estado de salud, Guevara fue enviado al reclusorio Preventivo para Varones, de la zona 18.

Desde antes de las 6 horas, un contingente policial se hizo presente en las viviendas de los sindicados, pero no pudo allanarlas en búsqueda de éstos, debido a que no existía orden judicial.

Se ordena prisión

Guevara, de 81 años, se entregó a la Policía en Escuintla. Por la mañana, al salir de su vivienda, buscó un autopatrulla y expresó que se ponía a su disposición, pues sabía que había orden de captura en su contra.

A las 10 horas llegó a la Torre de Tribunales, y sus primeras palabras fueron: “No sabía que era tan famoso, y decidí entregarme, pues no debo nada”.

A las 10.30 horas se inició la audiencia, donde el tribunal le hizo saber el motivo de su detención; los jueces también le informaron que no entrarían a debatir el fondo de la petición española, sino que él debía presentar sus argumentos ante el Gobierno que lo estaba requiriendo.

El tribunal citó este extracto de los hechos que le imputa la Audiencia Nacional de España: “Cuando usted fungía como Ministro de la Defensa entretejió acciones para el exterminio de la etnia maya, además de amedrentar a todos los que les prestaban ayuda”.

En la sesión se percibió la ausencia del representante del Ministerio Público, quien, según palabras de la jueza Morelia Ríos, había declinado entrar en la audiencia.

El tribunal le dictó prisión, y se ordenó su traslado al reclusorio Preventivo para Varones, de la zona 18, custodiado por varios agentes del Grupo de Acción Rápida.

“Presentaré una exhibición personal, pues mi cliente está detenido en forma ilegal. Además, no se le escuchó en su primera declaración. Dicen que lo remitirán a España, cuando no hay orden de extradición en su contra. Estoy estupefacto ante dicha resolución. No sé qué leyes se están aplicando, si las de Guatemala, las de España o las de Marte”, manifestó Toledo.

Guevara permaneció muy sereno durante la audiencia, pero, tras haber escuchado la resolución, no quiso pronunciar palabra. En su salida, lo único que comentó sobre la resolución fue: “Voy de vacaciones”.

De su casa al hospital

El otro general bajo arresto es Germán Chupina Barahona. Esa mañana se inició distinta para los habitantes de la zona 1, de Boca del Monte, luego que los primeros rayos de luz mostraran un despliegue policial masivo.

Los agentes rodearon la vivienda de Chupina, luego de haberse conocido que se había girado la orden de captura en su contra.

Vecinos y curiosos se acercaron hasta la casa del ex director de la PN, situada en la 1a. calle 8-80 de la zona 1, de Boca del Monte, porque deseaban conocer lo que sucedía con Chupina.

Aunque era conocido su mal estado de salud, no fue sino hasta las 8.30 horas cuando su médico, Verónica Barrera, afirmó que Chupina, de 86 años, padece infección gastrointestinal severa, la cual agravaba su cuadro de hipertensión y de neuritis periférica.

Barrera expresó que Chupina había pasado la noche del lunes último con náuseas y diarrea aguda, razón por la cual estaba deshidratado.

Su situación de salud complicaba la orden de las autoridades de ponerlo bajo arresto; por eso se pidió una ambulancia de la Policía, que se estacionó en la vivienda de Chupina a las 9.10 horas.

A las 9.17 llegó hasta el lugar su hija Margarita, junto con su esposo, quien expreso: “La situación dentro de la familia es tremenda; vinimos a prestarle todo el apoyo a mi papá”. Tres minutos más tarde arribó otro de sus hijos, Germán Armando.
A las 10 horas, Chupina fue retirado de su residencia por personal médico, con la asistencia de un tanque de oxígeno. Portaba pantuflas y un gorro de lana café, y lo cubría una manta azul.

Los agentes le informaron respecto de su orden de arresto, después de lo cual fue subido a la ambulancia policial y trasladado al Centro Médico Quirúrgico Fátima, a escasas cuadras de su residencia, en la zona 2 de Boca del Monte.
Mientras transportaban a Chupina, uno de sus hijos y su yerno forcejearon con periodistas, a fin de impedir que se captaran imágenes.

El sanatorio adonde se le trasladó cerró sus puertas a particulares; sólo permitió el ingreso a familiares y policías.
El ex funcionario permanecerá en ese nosocomio con un custodio personal y con unos 20 agentes en el perímetro de la clínica.

Capturas pendientes

El ex jefe de Estado Óscar Huberto Mejía Víctores se libró ese día de ser detenido por que el MP no tramitó con eficiencia la orden de allanamiento que autorizaba a la Policía entrar a su vivienda ubicada en la 6a. avenida y 12 calle zona 10.  

Por su parte Pedro García Arredondo, ex jefe del Comando Seis, no fue localizado en ese momento en sus viviendas en el departamento de Santa Rosa. 

Sin efecto proceso

Las diligencias solicitadas por la Audiencia Nacional española quedaron en suspenso definitivamente por una resolución de la Corte de Constitucionalidad el 28 de noviembre de 2007 justificando que el fallo del juzgado se basó en un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia y no con base en el Tratado de Extradición suscrito entre Guatemala y España. 

Pedro García Arredondo fue la única persona procesada y condenada por la masacre de la embajada de España. El juicio concluyó el 19 de enero de 2015 y se le sentenció a una condena de 90 años inconmutables. 

Mejía Víctores y Chupina Barahona fallecieron sin ser procesados por este caso y otras denuncias de violaciones a los derechos humanos. 

La lápida, que tiene grabado el símbolo del Comité de Unidad Campesina, pertenece a Gregorio Yujá Xoná, miembro de este colectivo, quien sobrevivió a la quema de la Embajada de España el 31 de enero de 1980. 

Yujá Xoná efectivamente sobrevivió a la masacre, pero no por mucho tiempo, ya que su cuerpo fue arrojado dos días después frente al edificio de la Rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Gregorio era originario de San Miguel Uspantán, departamento de El Quiché, como la mayoría de las víctimas de la masacre, quienes habían tomado la sede diplomática española para denunciar las atrocidades cometidas en sus comunidades por el aparato estatal. 

El campesino sobrevivió, aunque herido de gravedad, ya que fue cubierto por los cuerpos de sus compañeros mientras el fuego los calcinaba. Junto a él, sobrevivió al atentado, el embajador español Máximo Cajal. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Herrera Llerandi para su recuperación.

De acuerdo con el informe “Guatemala Memoria del Silencio” elaborado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en 1999, la mañana del 1 de febrero, un grupo de al menos veinte hombres vestidos de civil y armados, ingresa al centro hospitalario, esto sucedía mientras el personal policiaco que cuidaba tanto a Yujá como al embajador Cajal se había ausentado de la guardia. Se atribuye a miembros de la “Judicial”, el secuestro del campesino.

Los desconocidos se llevaron a Yujá con rumbo desconocido, mientras que el diplomático se había refugiado en su habitación en la que se encontraba acompañado de otras personas. 

Aparece Yujá

La noche del 2 de febrero un cadáver fue arrojado frente al edificio de la Rectoría de la Universidad de San Carlos, se trataba de Gregorio Yujá quien presentaba un tiro en la frente y las quemaduras causadas por el atentado en la embajada. Junto a él fue tirado otro hombre de identidad desconocida. Ambos cuerpos mostraban además señales de haber sido torturados. 

Según la nota informativa de Prensa Libre del 6 de febrero de 1980, junto a los cuerpos fue localizada una nota manuscrita que decía: “Ajusticiados por traidores a la toma de la embajada de España, el mismo riesgo corre el embajador español”. 

Por su parte el embajador Cajal al ver que corría peligro su vida, fue refugiado en la embajada de los Estados Unidos, luego salió del país para continuar su recuperación.

El entierro

La situación en la Universidad era de tensión, ya que los estudiantes se apoderaron del cadáver de Yujá, evitando realizar las diligencias forenses, aunque una hermana del fallecido pudo identificarlo cuando se supo de su paradero. 

Además un atentado ese mismo día se había cometido contra estudiantes mientras velaban a las víctimas de la masacre en las inmediaciones del Paraninfo Universitario, zona 1 y que dejó como fallecidos a dos dirigentes universitarios identificados como Jesús Alberto España y Gustavo Adolfo Hernández.

Unos diez mil estudiantes acompañaron el cortejo fúnebre por las diferentes unidades académicas y según la información de ese entonces, Yujá Xoná fue sepultado frente al edificio de la Facultad de Derecho. Ahí colocaron una manta negra y unas flores. 

El otro cadáver tirado en la ciudad universitaria no pudo ser identificado y fue sepultado como XX en el cementerio de La Verbena, zona 7. 

La tumba

Aunque las fotografías publicadas por Prensa Libre señalan varios lugares posibles, donde fue enterrado Yujá, tales como la Plaza de los Mártires y frente a la sede de la facultad de Derecho, el sitio real donde descansa es una incógnita.

En 2010, al cumplirse tres décadas de la masacre de la embajada española, se publicó un documental audiovisual denominado “La Tumba”, en el cual se rendía tributo a las víctimas y se conversaba con dirigentes estudiantiles de la época y testigos de los hechos, sin embargo lo que sí es seguro es que Gregorio descansa en territorio universitario.

La orden derivó de una querella por genocidio presentada en España por Rigoberta Menchú Tum, premio Nobel de la Paz 1992, específicamente por la quema de la Embajada española en 1980 y por el asesinato de cuatro sacerdotes españoles durante el conflicto armado interno.

La Audiencia giró la petición de captura a la Procuraduría General de la Nación en México ya que se tenía conocimiento de que Álvarez Ruiz residía en el vecino país desde 1983 tras el golpe de Estado que derrocó a Efraín Ríos Montt.

El juez de la Audiencia Fernando Grande-Marlaska, sindicaba al ex funcionario de un delito de tortura, siete de asesinato y otro de asesinato en grado de tentativa. 

En ese año (2004) la Audiencia investigaba la masacre en la Embajada de España, así como la muerte de los cuatro sacerdotes, luego de la querella presentada en esa instancia por Menchú, en 1999. 

Los sacerdotes José María Gran, Faustino Villanueva y Juan Alonzo Fernández fueron asesinados entre 1980 y 1981. El padre Carlos Pérez Alonzo fue secuestrado el 2 de agosto de 1981. 

“Se entretejió un plan”

La resolución señalaba que durante la presidencia de Lucas García (1978-1982), periodo en el que Álvarez Ruiz fue ministro de Gobernación, “se entretejió un plan tendiente a minimizar la etnia maya, provocando desplazamientos forzados, haciendo de la violencia generada en la propia organización estatal instrumento apto a tales fines”. 

Tambien destacaba que los imputados instigaron intelectualmente y ordenaron el asesinato de los sacerdotes españoles. 

Además de Álvarez, estaban denunciados los militares Efraín Ríos Montt, Óscar Humberto Mejía Víctores, Ángel Aníbal Guevara, German Chupina Barahona, Romeo y Benedicto Lucas García, así como Pedro García Arredondo, éste último ex jefe del Comando 6 de la Policía Nacional y el único condenado a la fecha por la quema de la Embajada de España. Todos estaban sindicados de genocidio, terrorismo de Estado y torturas durante el conflicto armado interno (1960-1996). 

En suspenso

A pesar de que en 2006 la Corte de Constitucionalidad resolvió en esa época que España no tenía jurisdicción para juzgar a los señalados por delitos cometidos en Guatemala, la denuncia en la Audiencia española permanece. En 2012 se trasladó a la Policía Internacional, Interpol, la orden de captura en contra de Álvarez Ruiz misma que a la fecha se encuentra vigente.

El ex funcionario se encuentra prófugo y en la lista de guatemaltecos buscados por la Interpol.

Ministro del terror

El ex ministro de Gobernación Donaldo Álvarez Ruiz es recordado por cientos de guatemaltecos como uno de los personajes más represivos de la historia del país. Quienes lo recuerdan dicen que Álvarez Ruiz no era un hombre inteligente, pero sí ambicioso.

Nació el 22 de agosto de 1931, en el seno de una familia de clase media, estricta y rígida. Radical, dirían algunos. Álvarez Ruiz comenzó desde pequeño a dar muestras de un carácter introvertido e inseguro y que se refugiaba en la religión.

Algunos recuerdan que sus problemas de peso le causaron complejos en su infancia. Otros, en cambio, consideran que esa complexión fuerte le permitió obtener triunfos deportivos, entre ellos el primer lugar del Campeonato Centroamericano de lanzamiento de martillo.

Sin embargo, coinciden en que su fanatismo religioso lo hizo llegar a odiar la teoría marxista, algo que años más tarde aprovechó Mario Sandoval Alarcón, fundador del antocomunista Movimiento de Liberación Nacional (MLN).

En materia de estudios, la situación era diferente. Aunque no era brillante, se graduó de abogado y notario en la Universidad de San Carlos, en 1962.

De niño, en las aulas de la Escuela No. 2 de Jalapa, conoció a Fernando Valle Arizpe, quien años más tarde se casaría con la periodista Irma Flaquer, presunta víctima de Álvarez Ruiz.

La amistad nació entre los dos, y ya de adultos, cuando el ex ministro había terminado su carrera en la universidad, Valle le ofreció empleo en una de sus empresas, señala el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).

“Fue una etapa agradable. Irma y Fernando lo invitaron a viajar con ellos y juntos fueron a Miami”, recuerda una amiga cercana, quien, al igual que el resto de fuente, pidió no ser identificada.

Pero tras la sonrisa de Álvarez Ruiz se escondía algo que sólo saldría a flote años después, cuando fue figura pública.

Flaquer en alguna ocasión habló sobre esa transformación. “¿Cuándo Donaldo se convirtió en esa bestia espantosa que arroja sangre por la boca?”, le dijo un día a una amiga.

Amigos cercanos cuentan que con la venia de Sandoval Alarcón, quien lo introdujo en la lucha contrainsurgente, Álvarez Ruiz conoció al coronel Enrique Peralta Azurdia. Meses más tarde, el militar que encabezó un golpe de Estado en 1963, le pidió que le ayudara a organizar el Partido Institucional Democrático (PID).

Con el PID ganó en 1966 una curul en el Congreso. “Ante la opinión pública era un diputado, pero clandestinamente mantenía vínculos con los escuadrones de la muerte y elaboraba listas de los opositores al régimen que posteriormente eran asesinados”, recuerda un ex funcionario.

Al concluir su período parlamentario, el presidente Carlos Arana lo nombró segundo subsecretario general de la Presidencia, lo que le ayudó a fortalecer su relación con el Ejército y también a preparar su reelección al Legislativo.

En 1974, fue electo nuevamente diputado por Jalapa, un año más tarde fue nombrado presidente del Congreso.

Dos años después, el presidente Kjell Laugerud García, quien tenía referencias suyas lo invitó a participar en su gabinete y fue así como, el 1 de agosto de 1976 fue nombrado ministro de Gobernación. Ese cargo le dio carta libre para cometer los crímenes más atroces registrados durante la época, según diversas organizaciones de derechos humanos.

La CEH lo sindica como responsable de los asesinatos de Flaquer, del ex alcalde Manuel Colom Argueta, del opositor político Alberto Fuentes y del líder estudiantil Oliverio Castañeda, entre otros cientos de guatemaltecos.

El trabajo que Donaldo Álvarez Ruiz había realizado durante el régimen de Kjell Laugerud García fue bien visto por el recién nombrado presidente Fernando Romeo Lucas García, quien lo reconfirmó en el cargo el 1 de julio de 1978.

El mismo día, también fueron nombrados Germán Chupina, como director de la Policía Nacional; Manuel de Jesús Valiente Téllez, para el Cuerpo de Detectives (Policía Judicial), y Pedro García Arredondo, como jefe del Comando Seis.

A estos personajes se les señala como los responsables de uno de los episodios más oscuros de la historia nacional: la quema de la embajada de España, en 1980, luego de que un grupo de campesinos tomara la sede, cuya suerte se decidió en el Palacio Nacional.

“De urgencia, Lucas se reunió con Álvarez y los jefes policiales para ver qué se podía hacer. El ministro confirmó que no eran guerrilleros, sino campesinos, pero que el hecho podía ser un foco de propaganda que había que destruir. Lucas le ordenó que los sacara, a como diera lugar. En otras palabras, que los mataran a todos, incluidos el embajador español Máximo Cajal”, cuenta un testigo que presenció la reunión y que pidió el anonimato.

“Cuando todo terminó, se fueron a Casa Presidencial a celebrar la victoria”, recuerda la fuente.