El general Justo Rufino Barrios había decidido que los países de Centroamérica conformaran una sola República, aún con el uso de la fuerza. Así pues, la Campaña de la Unión se había puesto en marcha.

de San Marcos

Justo Rufino Barrios llegó a ser presidente y reformador de Guatemala

Esta es la otra versión de la muerte del general Justo Rufino Barrios. No se trata del relato conocido, el cual refleja una heroica batalla en Chalchuapa, donde, se supone, fue muerto por una bala salvadoreña.

Esta teoría está basada en los estudios de Luis Beltranena Sinibaldi, integrante de número de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, documentos de Antonio Batres Jáuregui, una extensa crónica publicada en el desaparecido diario El Patriota del 2 de agosto de 1891 —edición que se conserva en la Hemeroteca Nacional— y en libros de diferentes historiadores.

El tirano

En 1871, Miguel García Granados empezó el movimiento liberal en Guatemala. En 1873 Barrios lo sucedió en la Presidencia para continuar con la ideología.

Sin embargo, para Glenn David Cox, profesor de Historia del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, Barrios solo “era un liberal de nombre” cuyo “chicote era la Constitución”. “El poco liberalismo que practicó llevaría el sello del positivismo de Auguste Comte, lo cual lo cataloga entre los segundos liberales hispanoamericanos que son ‘constructores de Estado’, es decir, ‘constructor autoritario’”, explica.

Esa autoridad ya se notaba desde que García Granados estaba en el poder. En aquella época Barrios era el comandante general de Quetzaltenango. “Ambicioso y bien armado, parecía apercibirse a empresas personales que despertaron recelos en el Gobierno”, escribe el historiador Manuel Valladares Rubio en su obra Estudios históricos (Editorial Universitaria, 1962).

El investigador Beltranena Sinibaldi señala a Barrios como el responsable de haber expulsado del país a los jesuitas y suspendido garantías como las de libertad de pensamiento y el derecho de reunión. Tales decisiones ocasionaron el levantamiento de varios pueblos.

Ante esta situación, Barrios reaccionó y emprendió la expedición conocida como la Pacificación de Oriente, la cual, según Beltranena Sinibaldi, solo significó “crueldad, azote de sangre y desolación, donde hubo innumerables fusilamientos, tormentos contra mujeres y niños, confiscaciones, saqueos y toda suerte de violencias contra la propiedad y libertad”. De esa forma se ganó muchos enemigos.

Barrios en la Presidencia

Desde la capital, el batallón de Mixco, que había estado acuartelado en el Fuerte de San José, se enfilaba hacia Jalapa para invadir El Salvador.

Entre los militares había enemigos escondidos, pues muchos de ellos habían sufrido los vejámenes ocasionados por Barrios durante la Pacificación de Oriente, años atrás. De hecho, Jalapa fue uno de los lugares más castigados.

“Preparate porque (entre ellos) va el que va a matar a Barrios”, le dijeron a Alejandro M. Sinibaldi, primer designado a la Presidencia en caso de que el general faltara en el poder. M. Sinibaldi rechazó aquella indicación, pues creía en el entusiasmo del pueblo por la declaración de la Unión Centroamericana, proclamada el 28 de febrero de 1885.

Escribe Antonio Batres Jáuregui: “Solo un guatemalteco anciano y honorable, un político sagaz, habló con franqueza al general Barrios; fue don Pedro de Aycinena, quien llamado por el Presidente y requerido por él, predijo mal fin a aquel movimiento militar”.

Batres Jáuregui también apunta que, cierta mañana, el general recibió un cablegrama del Gobierno de Washington DC manifestando que “vería con malos ojos que se impusiera la unión por la fuerza de las armas”.

Pese a que EE. UU. se oponía, Barrios no iba a ceder. “Lo que soy yo no me echo atrás, suceda lo que suceda, aunque el cielo se venga abajo”, exclamó el caudillo, según cita Batres Jáuregui. Así, los preparativos bélicos continuaron.

Tan adelantado estaba el propósito de unir a las repúblicas centroamericanas que, incluso, el mandatario de El Salvador, el doctor Rafael Zaldívar, llegó a Guatemala para hablar con Barrios.

Beltranena Sinibaldi asegura que en esa ocasión, entre los dos gobernantes llegaron a un acuerdo: Zaldívar entregaría Chalchuapa a cambio de 50 mil pesos plata.

En tanto, Barrios procuró enviarle 15 mil pesos plata a Luis Bográn, presidente de Honduras, a cambio de su apoyo incondicional a la Unión. Dicho dinero nunca llegó, debido a los sucesos posteriores.

En la base

Al iniciar la campaña de invasión, Barrios hizo cambios en el batallón Jalapa. Relevó del mando al coronel Vicente Bonilla Cruz y lo sustituyó por el coronel Antonio Girón. “Tal cambio tenía por causa la desconfianza de Barrios por los sentimientos contrarios que dejara la pacificación —de Oriente—. No se le ocultaba que los hombres de hoy eran los niños de ayer en quienes prendió el terror”, señala Beltranena Sinibaldi.

Justo Rufino Barrios llegó a Jalapa el 1 de abril de 1885. Iba disgustado, pues EE. UU. y México se habían opuesto a la forzada Unión de Centroamérica. Pero como era tarde para retroceder, confiaba en que los países del norte terminaran por aceptar la disposición.

Barrios tenía prisa en llegar a Chalchuapa y de allí dirigirse a Santa Ana y luego a la capital salvadoreña. Las tropas de los generales Camilo Álvarez y José María Reina Barrios ya atacaban a los salvadoreños en la hacienda Magdalena. En tanto, el batallón de los Jalapas, bajo el mando del coronel Girón, había ganado la acción del Coco.

Batres Jáuregui incluye un interesante relato en La América Central ante la historia. Es el testimonio del coronel José Ángel Jolón, ayudante en el Estado Mayor Presidencial de Barrios y testigo presencial de la muerte del caudillo. “Como a las seis de la tarde llegó al Cuartel General un viejecito salvadoreño, acompañado de un hijo suyo, a hablar con el General Barrios… No se alejó Jolón de la tienda del Jefe: y así pudo oír bien claro que Barrios le decía a los salvadoreños: ‘Los cincuenta mil pesos están listos, para que ustedes en las dos mulas que traen, los lleven; pero me explica bien el camino que debo tomar para mi entrada —a Chalchuapa—, pues todo está convenido’”.

Los salvadoreños contestaron “que entrara con su Estado Mayor por una vereda que indicaron; y que ya Zaldívar podría salir del país y dejar la plaza en poder de los guatemaltecos; porque tenía un buque listo para huir, pues quedaría El Salvador revuelto”. Esto sucedió poco antes del alzamiento del batallón Jalapa.

La rebelión

Temprano, el 2 de abril, Barrios visitó los campamentos de los generales Álvarez y Reina Barrios. Al primero se le ordenó avanzar para interceptar el camino entre Chalchuapa y Santa Ana. El segundo debía cubrir la retaguardia de Álvarez y darle refuerzos.

Respecto de los Jalapas, estos deberían tomar posiciones frente a las trincheras de los salvadoreños en el lugar conocido como Casa Blanca. Después de dar sus órdenes, Barrios volvió al Cuartel General a eso de las 8 horas. Desayunó y luego se tendió en una hamaca.

Después se incorporó para unirse con los integrantes de su Estado Mayor. Los oficiales trataban de localizar un tiroteo distante que unos atribuían a las tropas de Álvarez. Sin embargo, a nadie le pasó por la mente que el fuego procedía de los Jalapas, que se habían amotinado.

Poco después llegó el oficial Claudio Ávila “desmontado, jadeante de fatiga”. Pidió permiso para hablar con el general Barrios y, una vez en su presencia, le dijo: “—Debo— informarle que los Jalapas no quieren pelear y se piden órdenes para fusilar unos dos o tres de los insubordinados para hacerlos entrar en acción”.

Exclamó el caudillo: “¡Solo esto me faltaba! ¿Qué trabajos habrá habido? Esto es grave, solo yo lo arreglo… Tráiganme mi yegua”.

El motín había iniciado en la madrugada. El batallón Jalapa había tomado parte en la acción del Coco, en la cual resultó muerto el coronel Bonilla Cruz. Luego embistieron Casa Blanca, pero a poco de iniciarse la lucha, cayó mortalmente herido el primer comandante, coronel Antonio Girón. También cayeron otros oficiales y la brigada quedó prácticamente sin jefes. A esto se sumaba el hecho de que el batallón se negaba a seguir en combate.

En esos momentos, la artillería de Guatemala estaba a dos millas de Chalchuapa; los salvadoreños ya no contestaban al fuego enemigo. De esa cuenta, Barrios ordenó que cesaran los cañonazos y exclamó: “Mañana a las once almorzaremos en Chalchuapa”.

Con los Jalapas

Las malas noticias del oficial Claudio Ávila cambiaron el curso de la historia.

Barrios aceleró el paso para arreglar las cosas con el batallón Jalapa. Iba acompañado de su yerno Urbano Sánchez, José Ángel Jolón, Calixto Ramírez y otros oficiales. El historiador Rafael Meza no descarta la posibilidad de que la insurrección de los Jalapas fuera obra de los enemigos internos del caudillo.

De hecho, la sedición de los Jalapas se narra en otros documentos. Un panfleto del general José María Reina Barrios —sobrino del caudillo—, de título Campaña de la Unión Centro Americana. Sucesos de 9 días (1885), firmado con el anagrama Rosario Yérjabens, confirma los rumores de conspiración cuando escribe: “Estos soldados —los Jalapas— se comportaron ese día de la manera más cobarde e infame. Se cree que estaban ganados y aleccionados por miserables traidores”.

Una narración del historiador Antonio Valenzuela también se refiere a la conjura: “Súpose efectivamente en aquella época, y se repite ahora, que, cuando salió de esta capital el 18 o 19 de marzo de 1885, la tropa del Guarda de Mixco, que presta sus servicios en la Fortaleza de San José, se había acordado entre ellas y algunas de Oriente suprimir al déspota en primera oportunidad, la cual a no dudarlo, iba a presentárseles propicio en todo el curso de la campaña que contra El Salvador se inauguraba”.

batalla de poderes

La Reforma Liberal hizo cambios drásticos al sistema político, económico y social

De acuerdo a Beltranena Sinibaldi, el coronel Andrés Téllez —hombre de confianza de Barrios—, se le acercó y le dijo: “Encárgame a mí el batallón, nómbrame su jefe, porque tú no debes abandonar tu puesto e ir a pelear; conmigo entrarán gustosos”.

El general descartó aquellas observaciones, pues consideraba que la lucha contra las trincheras de Casa Blanca sería estéril. Barrios sabía qué camino seguir y por dónde entrar en Chalchuapa, porque los mensajeros de Zaldívar le indicaron con pormenores qué ruta seguir.

Los cronistas difieren en cuanto a lo que siguió después de que Barrios asumió el mando del batallón Jalapa.
Según Beltranena Sinibaldi, el dictador ordenó que el Batallón formara en columna de marcha y lo siguiera. Sin embargo, nadie advirtió que ocho soldados comandados por el cabo Onofre Ovando se habían adelantado para tomar posiciones y emboscarlo.

Mientras tanto, Barrios empezó la cabalgata con su tropa. El general no pensaba entablar combate con los atrincheramientos de Casa Blanca, sino avanzar sin contratiempos, pues “todo estaba convenido”.

La emboscada

La tesis de Beltranena Sinibaldi indica que, a medida que el conjunto se aproximaba, los conjurados se aprestaban al acto final. Se escuchaban algunas descargas lejanas de fusilería, pero no era fácil localizar el sitio en que se producían. De pronto se oyó una muy próxima. La tropa se detuvo porque el general José Ángel Jolón gritó: “¡El patrón se ha caído!”.

En efecto, Barrios, herido de muerte, soltó las riendas, se inclinó sobre su izquierda, cayó convulso y rodó por la inclinación del suelo hacia la zanja que separaba la vereda de platanares. Acudieron de inmediato para auxiliarlo; el general nada decía y su sangre corría por sus ropas.

Los de la emboscada, con rapidez, se bajaron de los árboles y se unieron a los de la tropa de Barrios, confundiéndose entre todos.

Parte del panfleto escrito por Reina Barrios señala: “Este lamentable acontecimiento dio lugar para que algunos cobardes soldados de Jalapa que vieron caer al Benemérito General Barrios, se retiraran del lugar del combate y divulgasen entre algunas tropas el triste suceso”.

En la emboscada también murieron Urbano Sánchez y el cadete Adolfo V. Hall, a quien Barrios recién había promovido de rango, “por el valor y resolución que desplegó en el motín de los Jalapas”.

De inmediato, los oficiales que sobrevivieron al ataque decidieron trasladar el cuerpo de Barrios a Jutiapa. En el hospital local, el cirujano Joaquín Yela hizo el reconocimiento. “Al incidir y abrir el tórax pudo darse cuenta del poder destructivo de la bala y establecer fehacientemente que había sido disparada desde arriba abajo. Penetró por el hombro derecho entre el peto y el espaldar de acero que el caudillo usaba en lugares de peligro… Al penetrar rompió la cabeza del húmero, cruzando transversalmente la cavidad pectoral, seccionó la aorta, desprendió el corazón y salió por el séptimo espacio intercostal izquierdo”, indica Beltranena Sinibaldi en su tesis.

Luego se ordenó que el cadáver fuera trasladado a Cuajiniquilapa —hoy Cuilapa—, Santa Rosa. Hasta allá llegó el médico Pepe Monteros llevó lo necesario para embalsamarlo, así como el uniforme de gala y un féretro de lujo para colocarlo y transportarlo a Guatemala.

El corazón de Barrios fue entregado en un envase de vidrio cerrado a Carlos J. Monge, secretario y amigo del caudillo. La reliquia fue llevada a la capital y entregada a la viuda, Francisca Aparicio de Barrios, quien, llevándola consigo en un viaje a Estados Unidos, la arrojó sin ceremonia alguna por la borda del barco, en el Pacífico.

El batallón Jalapa se dispersó y sus soldados llevaron a las otras unidades de combate la noticia de la muerte del dictador. En Guatemala y El Salvador se comentaba el suceso de Chalchuapa y todos coincidían en que Barrios había sido ajusticiado en venganza por viejos agravios.

En El Salvador, no obstante, circuló la versión de que una bala de ellos había librado a Guatemala de la satrapía que la agobiaba.

En este país, hasta ahora, se le considera como “un mártir caído en defensa de la patria”.

Loor al caudillo

El general Justo Rufino Barrios aún despierta controversia. Para algunos solo fue un dictador que se ensañó contra los indígenas. Otros, en camcambio, lo exaltan y le llaman El Reformador. Lo cierto es que por todo el país existen numerosos monumentos en su honor. Destaca la estatua instalada en la plaza que lleva su apellido: Barrios, situada en la 9a. avenida y 18 calle de la zona 1 capitalina.

Otros monumentos dedicados a su memoria se encuentran en el parque Centroamérica y en la plazuela El Calvario, Quetzaltenango, así como en la entrada a la ciudad de San Marcos.

Parques, escuelas, colonias y zonas militares llevan su nombre. Existe, además, un himno a Justo Rufino Barrios, el cual llegó a cantarse por todo el país hasta mediados del siglo pasado. Una de sus líneas dice: “Gloria a Barrios, el jefe unionista que en Chalchuapa valiente murió”.

Su imagen también aparece en el billete de Q5, con una pequeña leyenda que reza: “Reformador del país e impulsor de la Unión Centroamericana”.

Incluso, la Torre del Reformador —antes llamada Torre Conmemorativa, con diseño basado en la Eiffel de París— fue erigida en 1935 en ocasión del centenario de su nacimiento. Fue inaugurada por otro dictador, Jorge Ubico, el 19 de julio de ese año.

Una frase del ingeniero William Penney, escrita en 1894, resume las condiciones adversas que pasaron cientos de hombres para construir los rieles del tren. “La historia del total de 60 millas es una historia de enfermedad, miseria y muerte, siendo las principales causas de mortalidad la fiebre, la diarrea y el licor”.

La Revolución Liberal, encabezada por los generales Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, provocó cambios estructurales e ideológicos favorables a la industria. Poco a poco, esta se dedicó a la producción de bienes de transformación y energía, generando además mejores comunicaciones.

Las líneas férreas empezaron a construirse en las décadas de 1870 y 1880. Las primeras fueron las que comunicaban el Puerto San José y Guatemala, y las de Champerico y Retalhuleu. En aquellos tiempos, el ferrocarril era símbolo de prosperidad. “La construcción de las vías férreas harán la felicidad del país”, dijo el presidente Barrios en alguna ocasión.

La línea siguió creciendo, con capital privado, de Champerico a San Felipe, de Ocós a Vado Ancho y de la capital a Mazatenango.

La entrada de la primera locomotora a la Ciudad de Guatemala, el 19 de julio de 1884, fue festejada por la población y el Gobierno. Llegó a la Estación Central, donde en la actualidad está el Museo del Ferrocarril, en la 9a. avenida y 18 calle de la zona 1.

Para financiar el proyecto, Barrios decretó, en 1883, que todos los guatemaltecos que ganaran más de ocho pesos al mes estaban obligados a comprar acciones por un valor de 40 pesos.

El Gobierno consiguió llevar la línea desde Puerto Barrios hasta el Rancho. En 1904, la carencia de dinero para terminar los 94 kilómetros que faltaban hasta la capital hizo que el entonces presidente Manuel Estrada Cabrera concesionara la línea, por 99 años, a la United Fruit Company.

Sin embargo, lo hizo prácticamente sin negociar, los exoneró de impuestos, les entregó amplias fincas para cultivar su banano, les cedió el muelle de Puerto Barrios, y todo a cambio de que se terminara el tramo.

Tras conseguir la concesión de la línea del Atlántico, la United Fruit Company adquirió las otras líneas privadas y, en 1912, nació la International Railways of Central America (Irca), hermana menor de la frutera.

Época dorada

Lejos quedan aquellos tiempos en que las estaciones del tren lucían repletas de personas. Eran principios del siglo XX y caminaban señores cargando pesados bultos con mercancías para venderlas a otros departamentos, o señoras que, a duras penas, podían con un bebé en brazos y al mismo tiempo jalar un saco con alimentos.

Pese a ello, aquellos viajes, para ese momento, resultaban más cómodos: ahora había un ferrocarril que permitía hacer larguísimas travesías. Antes de eso, solo era posible hacerlos caminando o encima del lomo de un caballo o de una mula. Así que, aunque en el tren había que ir apretado y a veces con excesivo calor, era un lujo.

Grandes filas se formaban para ir a Puerto Barrios, Zacapa o Quiriguá, zonas de gran intercambio comercial y de agricultura. En muchas ocasiones, el ferrocarril cargaba mil 200 personas, algunos sin pagar un solo centavo, pues su economía no les permitía costear el pasaje. Apelaban a la gentileza de los responsables del tren. Así lo cuenta Roberto Tally, quien trabajó en el ferrocarril por 25 años y que ahora es guía en el Museo del Ferrocarril.

Empezaba el ferrocarril a hacer el recorrido, por ejemplo a Puerto Barrios. La travesía era de 12 días cuando se hacía a pie, pero con esa novedad tecnológica, eran seis horas.

Los comerciantes, por lo regular, descansaban en los hoteles cercanos. Una habitación de lujo, en la década de 1940, costaba 60 centavos. Incluía una cama Luis XV de bronce, con una mesa de noche, encima de la cual se colocaba un pichel con agua y, al lado, una palangana para lavarse la cara o los dientes. En tanto, bajo la cama había una bacinica, pues no existían los actuales servicios sanitarios.

El ferrocarril, por la noche, quedaba en la estación. Se descargaba el azúcar, el café o lo que fuera necesario. Al día siguiente se ponía en marcha otra vez.

Declive

¿Por qué dejó de funcionar el ferrocarril? “Mucho se debió a la construcción de la carretera al Atlántico, impulsada por el presidente Jacobo Árbenz, en la década de 1950”, refiere el historiador Miguel Álvarez, cronista de la ciudad. De esa forma, se rompió el monopolio del transporte y precipitó la decadencia del “caballo de acero”.

El ferrocarril de Guatemala fue un sueño de modernidad decimonónica. Ahora todo está en el abandono. A un costado del Museo del Ferrocarril está Ferrovías, empresa que adquirió el tren, pero que mantiene un litigio con el Gobierno. Allí, las locomotoras y sus vagones están abandonados, oxidándose.

Su recuperación —si sucede— dependerá de su rentabilidad.

Hoy, los fuertes durmientes se pudren en la vía, mientras vándalos aprovechan para arrancar los clavos, los rieles y las placas para venderlos como chatarra.

En 1968, la International Railways of Central America (Irca) ofreció el ferrocarril al Estado de Guatemala para cancelar una deuda. Así nació Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), cuya gestión hundió el negocio, en la década de 1990. 

El ferrocarril de Los Altos

El 30 de marzo de 1930 comenzó la historia del Ferrocarril Eléctrico Nacional de Los Altos. Hoy, después de haber dejado de funcionar por órdenes del gobierno de Jorge Ubico (1931-1944), el país solo tiene el recuerdo en una melodía en marimba del compositor Domingo Bethancourt Mazariegos y por los documentos que guarda el Museo del Ferrocarril de Quetzaltenango, en la antigua estación que lleva el nombre de Octavio Ciani.

Los periódicos El Tiempo y El Imparcial informaron en su momento que “el eléctrico” funcionó del 30 de marzo de 1930 al 19 septiembre de 1933, con ingeniería alemana.

Esto representó desarrollo económico y un imán para futuros acuerdos políticos en la región.

Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft fue la empresa que en septiembre de 1924 firmó contrato para construirlo, cuyo recorrido sería de 45 kilómetros, entre Quetzaltenango y San Felipe Retalhuleu, Retalhuleu. En ese punto costero se uniría con la terminal del Irca.

En un documental filmado en 1930 se describen aspectos de la construcción de la hidroeléctrica de Santa María de Jesús. Las turbinas impulsadas por el río Samalá producirían seis megavatios de energía eléctrica para alimentar aquel transporte.

El tranvía ascendía en su punto más alto a mil 723 metros, a una velocidad de 44 kilómetros. Había pasajes de primera, segunda y tercera clases. Los 14 vagones fueron comprados a la empresa belga Familleureux de La Louviére, y cada uno tenía motor independiente.

Según el historiador Álvarez, el tren quedó inservible debido a las fuertes lluvias, las cuales destruyeron su infraestructura.

Desde el descubrimiento de América, la Corona española y la Iglesia Católica compartieron el poder político en estas tierras. De hecho, el papa Alejandro VI, mediante emisión de una bula en 1493 confirió a los conquistadores el derecho de propagar el cristianismo.

En el siglo XIX, alrededor de 50 años después de la Independencia, el gobierno liberal, encabezado por los generales Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, puso cuesta arriba la influencia que los eclesiásticos ejercieron por centurias, tanto en educación, ritos, costumbres y formas de pensamiento, así como en cuestiones políticas y económicas.

A partir de entonces, Estado e Iglesia son poderes diferentes. Ese fue el primer paso para construir la llamada “nueva nación”, idealizada por los liberales.

De esa forma se mantiene, técnicamente, el laicismo, término que la Real Academia Española define como “doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa”.

La Iglesia frente a los liberales

El “triunfo liberal” de García Granados y Barrios se materializó el 30 de junio de 1871. “Lo siguiente fue asentar su poder en los ámbitos político y legal”, refiere el historiador José Cal Montoya, experto en Ciencias Religiosas por la Universidad Rafael Landívar y miembro de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala.

Los liberales, de esa cuenta, le restaron poder a los conservadores —sus antecesores— e instauraron sus propias políticas.

En lo económico, por ejemplo, fomentaron mayor actividad mediante la introducción del café y otros cultivos. También posibilitaron la fundación de los establecimientos bancarios para que financiaran las operaciones, e impulsaron una red de servicios que optimizaran la producción y comercialización de productos —de esa cuenta, nació la red ferroviaria—.

En lo político se buscó una liberalización de las instituciones existentes y promulgó una nueva constitución y otros códigos.
“Dentro de ese proceso, la Iglesia era uno de los primeros sectores a tomar en cuenta para llevar al éxito el programa liberal”, consigna el artículo La Iglesia de Guatemala ante la Reforma Liberal (1871-1878), cuyo autor es Cal Montoya.
Fue así que se le expropiaron sus bienes, y las órdenes religiosas fueron expulsadas del país. Para justificar tales medidas se desplegó una intensa propaganda en los diferentes medios de comunicación.

Los liberales sacaron provecho de la libertad de prensa que promulgaron el 5 de julio. “De esa manera echaron por tierra la censura civil y eclesiástica a la que estaban sometidas las publicaciones. Se hacía la salvedad, eso sí, de que todos los artículos estuvieran firmados y que no debían atacar la vida privada de los ciudadanos”, refiere Cal Montoya.

Esas disposiciones, sin embargo, no se cumplieron, pues apareció un sinnúmero de seudónimos pintorescos y que, además, satirizaron a ciudadanos connotados. “Se les dejó actuar, ya que eso les permitió a los liberales poner en marcha una extensa campaña de desprestigio contra la Iglesia y acelerar su proceso de desarticulación”, refiere el experto. “De esa forma se difundían las ideas progresistas entre la población”.

En ese entonces apareció el periódico El Malacate, dirigido por Andrés Téllez —amigo de Barrios—, el cual se convirtió en el medio escrito abanderado de la propaganda anticlerical del Gobierno, que tomó fuerza con otros medios como El Crepúsculo, La Guasa, Fray Gerundio, El Guatemalteco y, por supuesto, el Boletín Oficial.

Aunque tal situación complacía al ala más radical de los liberales, no lo hacía con García Granados —presidente provisorio—, quien deseaba implementar los cambios de forma progresiva, con una política moderada hacia la Iglesia. De esa cuenta, García Granados mantuvo la práctica de nombrar capellanes para el Ejército y le pidió al arzobispo Bernardo Piñol y Aycinena que celebrara el oficio solemne por los soldados fallecidos en batalla.

Aún así, la actitud que se tomó hacia la Iglesia provocó disturbios que, constantemente, terminaban en levantamientos en la provincia. “Más que destruir a la Iglesia, lo que se perseguía era reducirla a un estado de subordinación más estricto”, indica Cal Montoya. “Lo que se perseguía era aprovechar de mejor manera los bienes eclesiásticos”, añadió.

Recrudece el conflicto

Una de las disposiciones liberales más fuertes fue la de transferir el sistema educativo a manos del Estado, convirtiéndolo en aconfesional, y se procuró que fuera gratuito y obligatorio.

Esto fue un choque porque, en ese momento, los jesuitas tenían una enorme influencia en la educación nacional. Las rencillas entre el Estado y la Iglesia aceleraron el proceso de “reforma religiosa”, el cual estaba contemplado dentro del programa del nuevo gobierno para alcanzar sus objetivos políticos y económicos.

Esas desavenencias, incluso, aparecieron antes de la consolidación de los liberales. En un oficio fechado el 2 de enero de 1871, el presbítero Felipe Betancourt informó al provisor del Arzobispado, el padre Espinoza, sobre las acusaciones contra los sacerdotes Piloña y Silva acerca del ejercicio de su ministerio, haciéndole ver que “en los tiempos presentes se estudia la manera de desvirtuar a los ministros de cultos a los cuales no les faltan gratuitos enemigos”.

Resulta bastante ilustrativo los casos de Manuel Grajeda, párroco de Nebaj, Quiché, y del presbítero Luis Guerra, quienes tuvieron que abandonar sus parroquias ante las amenazas de los entonces “rebeldes” liberales.

En Huehuetenango, a la vez, se informó de un incendio provocado por el comando dirigido por Barrios, en el cual se quemaron 300 ranchos y seis casas de teja, el cual alcanzó la iglesia local, y la aprehensión de Fernando González, párroco de Totonicapán.

Esos conflictos fueron los primeros que acabaron con la expulsión de los jesuitas, un paso que los liberales consideraban “necesario” para consolidarse.

Meses después, en Quetzaltenango, el diario El Malacate empezó a escribir contra esa orden religiosa. Los jesuitas apelaron a las autoridades locales para poner fin a tales atropellos, pero el Concejo llegó a la conclusión de que su estadía en el país era ilegal, pues el decreto de su restablecimiento no había sido aprobado por la Asamblea Nacional. Aquella decisión quedó firmada en un acta del 2 de agosto de 1871 en el Palacio del Ayuntamiento, en la cual se les acusaba de enriquecimiento ilícito a través de donaciones testamentarias y robo, de importar productos para venta sin pagar los impuestos de aduana, de tener influencia en el gabinete de Vicente Cerna y otros cargos más.

Según el historiador Hubert Miller, esa acción no fue refrendada en la ciudad quetzalteca. La versión del sacerdote Rafael Pérez dice que en aquel suceso Barrios mandó a rodear el Palacio del Ayuntamiento y bajo amenazas hizo firmar el Acta a ciudadanos honorables de esa localidad, amigos de la Compañía de Jesús, quienes en un principio se resistieron pero que fueron conminados a actuar por la fuerza. Cal Montoya, sin embargo, duda de tales declaraciones, ya que el informe de Pérez también contiene serios ataques contra los liberales.

Más tarde, en Totonicapán, el Ayuntamiento se pronunció en favor de la expulsión y congratulaba al general Barrios por llevar a cabo esa medida.

Los jesuitas fueron notificados del acta de expulsión a las 9 de la noche del 12 de agosto, y se ordenaba que abandonaran la ciudad a más tardar a las 3 de la madrugada del siguiente día, rumbo a la capital.

La primera acción de Piñol y Aycinena fue la de notificar a García Granados acerca de la creciente propaganda anti-jesuita en la provincia, pidiéndole que esto no fuera informado a través de la Prensa capitalina ni en reuniones públicas, ya que amenazaba seriamente la paz pública y religiosa, esperando a que lo acaecido en Los Altos no se repitiera en otras partes del país. García Granados no respondió.

La gente, de todas formas, se enteró y empezaron a proliferar hojas sueltas de autores anónimos en las que se pedían explicaciones al gobierno. Los simpatizantes de los liberales, al mismo tiempo, se encargaron de justificar tales acciones acusando a los jesuitas de estar involucrados en crímenes durante el movimiento revolucionario. A partir de ese instante, esa orden religiosa sería destinataria de múltiples acusaciones y se le señaló, fundamentalmente, de conspiración.

Por fin, el Gobierno emitió un boletín oficial en el que defendía las acciones locales e insistía en que la medida no era un ataque contra la religión, sino más bien para preservar la tranquilidad pública y prevenir males mayores. A los reaccionarios, además, se les advirtió de que la única Constitución válida era el Acta de Patzicía y que esta autorizaba al presidente provisorio a hacer efectivos los principios de la Revolución y que no toleraría los ataques de los “defensores de la religión”.

El 3 de septiembre fue dada a los jesuitas la noticia sobre su expulsión, recibiendo la orden de abandonar el Colegio Tridentino.
Sus esfuerzos por trasladarse a El Salvador u Honduras fueron infructuosos. Fueron llevados al día siguiente a Puerto San José para abordar un buque estadounidense. Primero llegaron a Nicaragua, pero se establecieron definitivamente en Costa Rica.

Un día después, García Granados dio una explicación pública acusando a los jesuitas de tener puntos de vista contrarios a la libertad, de ser responsables de la insurrección de Oriente y de propagar el rumor de que el nuevo gobierno atacaba a la religión y haciendo ver que su readmisión en el país solo contribuiría al desorden público.

Barrios, en tanto, acusó a los jesuitas de ser hombres sin patria, tan solo leales al Papa.

Los señalamientos de la participación de jesuitas en las rebeliones de oriente tuvieron eco en la Prensa nacional hasta mediados de 1873, cuando la insurrección finalmente mermó.

Dentro de la Orden, además, hubo jesuitas afines al gobierno liberal, quienes enviaron un comunicado a la Santa Sede en el cual justificaron las acciones del Gobierno.

Las razones

¿Qué motivó la expulsión de esa orden? ¿Acaso el Gobierno tenía un sentimiento antijesuita? ¿Intereses económicos? “Es difícil poder inferir en alguna de estas suposiciones con seguridad, ya que no hay evidencia que lo demuestre fehacientemente”, expone Cal Montoya.

“Lo que sí es claro es que los jesuitas, desde sus inicios, han tenido muchísimos problemas tanto con monarquías como con gobiernos representativos y el clero diocesano, ya sea por su indefectible sujeción al papado o por su amplia visión acerca de la misión de la Iglesia Universal, la cual ha sido, y aún es, un tropiezo para la salvaguarda de los intereses particulares de sus estamentos más conservadores y para aquellos individuos o agrupaciones cuyos intereses políticos y económicos ven amenazados”, cita el informe de Cal Montoya.

En mayo de 1872, cuando Barrios ocupó la presidencia de forma interina, promulgó nueve decretos, la mayor parte encaminados a hacer efectiva la reforma religiosa. Entre tales disposiciones estaban la prohibición perpetua para que volvieran los jesuitas y la nacionalización de sus bienes; extinción de todas las comunidades religiosas masculinas y confiscación de sus bienes, dándoles la opción de salir del país con una compensación o de permanecer en él como clérigos seculares con el goce de todos su derechos ciudadanos.

La razón que oficialmente se ofreció para disolver las congregaciones fue que los religiosos rechazaron los principios democráticos y la carga económica que representaban. Barrios fue claro en advertir que utilizaría la fuerza si alguien se oponía a tales medidas.

En esa época solo quedaban alrededor de 180 sacerdotes para atender a un país con una población de millón y medio de habitantes. En los años posteriores, la Iglesia de Guatemala dependería en gran manera del clero extranjero.

Aunque García Granados no estuvo de acuerdo con las disposiciones de Barrios, llevó a cabo la transformación de conventos en escuelas públicas, para que el 14 de agosto de 1872 se decretara la creación del Ministerio de Educación, y de esa forma la educación quedara completamente secularizada.

Esto causó fricciones, sobre todo en lo referente al cambio de currículo, donde la religión ocupaba un lugar marginal. La lucha se intensificó cuando se dispuso destinar los bienes recolectados en las parroquias para la beneficencia pública, medida que se justificaba aduciendo que los bienes parroquiales eran “bienes del pueblo”.

La orden oficial de expulsión se hizo efectiva en febrero de 1873, retraso causado por la salida de Barrios hacia Oriente para sofocar un levantamiento emprendido por los conservadores.

El 15 de marzo de 1873, nuevamente con Barrios como presidente provisional, se emitió el decreto en el que se apelaba a la inviolabilidad de la libertad de conciencia, lo que aseguraba el ejercicio libre de todas las religiones, el cual sentaba el precedente para la posterior incursión protestante en Guatemala.

Una vez como presidente electo, Barrios fue más enérgico respecto de la Iglesia y, mediante otro decreto, nacionalizó todas las propiedades religiosas para, según justificó, utilizarlas en el desarrollo agrícola e industrial.

En febrero de 1874 se ordenó la disolución de las congregaciones religiosas femeninas. Para Barrios, la multiplicidad de conventos presentaba un obstáculo social y económico al progreso. El hacer votos de por vida equivalía para él a un suicidio moral y renunciar a los derechos humanos básicos. Al mismo tiempo se suprimieron las cofradías y órdenes terciarias, y se expropiaron sus bienes. El Cabildo Eclesiástico, por supuesto, consideró despóticas tales medidas.

Ese mismo año la presencia de la Iglesia en la vida cotidiana de los guatemaltecos se había reducido drásticamente. El arzobispo Piñol y Aycinena, que entonces estaba en el exilio, reaccionó al declarar que todo católico que participara en la compra o venta de las propiedades de la Iglesia quedaba automáticamente excomulgado.

A finales de 1875 se convocó a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución. Sobre las “reformas religiosas”, Barrios expresó que estaban llamadas a “eliminar la influencia dominante del clero sobre el pueblo, y ofreció hacer todos los esfuerzos posibles por conseguir el establecimiento de relaciones armoniosas con el gobierno eclesiástico”. Añadió que aún se necesitaban otras reformas, especialmente en lo relacionado con el matrimonio civil, para que Guatemala se tornara más atractiva para los inmigrantes protestantes. Los delegados extendieron al presidente su voto de confianza, prolongando así la “dictadura transitoria” de Barrios por cuatro años más.

El proceso de “modernización” de Guatemala siguió su rumbo. De esa cuenta, el Estado asumió el control del Registro Civil y ya no la Iglesia, como había sido hasta ese momento. La piedra angular en ese proceso fue la educación. En 1874, José Samayoa, entonces ministro de Educación, explicó con detalle que las metas educativas harían énfasis en “la secularización, la centralización de la administración y el positivismo”.

El nuevo énfasis de la enseñanza, por tanto, sería en las ciencias empíricas de carácter práctico, como un ingrediente esencial del desarrollo económico. Eso provocó la desaparición de las Ciencias Eclesiásticas en el seno de la Universidad de San Carlos de Guatemala después de 1877.

La Reforma, a la vez, permitió la existencia de colegios privados, pero inspeccionados por el Estado, resaltando entre ellos dos instituciones católicas como el Colegio San Ignacio y el Colegio de Infantes, que eran seminarios dedicados a la preparación de futuros sacerdotes. Barrios, a la vez, dijo que esos estudiantes no podrían recibir becas del Estado, a menos que asistieran a instituciones públicas.

Al contrario, apoyaba abiertamente la fundación de un colegio protestante. En 1881 instó a la Junta Presbiteriana de Misioneros Extranjeros de Estados Unidos a que enviaran a un ministro a Guatemala, ofreciendo cubrir los gastos de viaje y vivienda para él y su familia. La invitación fue aceptada y, en 1882, se envió al reverendo John Clarck Hill. El proyecto liberal, en tanto, seguía al frente en su tarea de debilitar el poder de la Iglesia Católica.

La iniciativa presbiteriana, sin embargo, no pudo subsistir debido a la falta de apoyo financiero y a la muerte de Barrios, acaecida en 1885.

Esos sucesos fueron la raíz del arribo de las primeras denominaciones que determinaron el perfil del protestantismo en el país.
la Iglesia Católica, desde entonces, no volvió a tener el mismo poder en el estado. “Tiene injerencia, tanto como las iglesias protestantes, pero no como antes de la época liberal de García Granados y Barrios”, puntualiza Cal Montoya.

Desde entonces, Guatemala es un Estado laico, pero que permite practicar con libertad cualquier religión.