Por ser una reforma a una entidad autónoma, cada artículo debe aprobarse con más de 105 diputados. El  presidente del Congreso, Mario Taracena, culpó a la bancada oficialista de haber bloqueado la aprobación, mientras que el diputado del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) Adim Maldonado indicó que el jefe del Legislativo solo quiere desviar la atención.

Según Taracena, los diputados de FCN-Nación impedían que el tablero marcara la cantidad real de diputados, por lo que no se pudo conocer la propuesta, en la que se regula el secreto bancario, lo cual ha generado controversia.

Maldonado, por su parte, aseguró que la bancada de la UNE tampoco estaba presente. “A Taracena le interesaba aprobar de una vez hoy —ayer— la Ley de Servicio Civil. Si alguien quería manejar el quórum era él”, manifestó.

El congresista de FCN-Nación reconoció que dos diputados de su bloque salieron del hemiciclo justo cuando Taracena lo señaló. Sin embargo, justificó: “Los diputados salen al baño. Los más interesados en que pase la ley de la SAT somos nosotros. Hubo un momento en que salieron dos diputados, pero fue coincidencia”.

Agregó: “A las 2 de la tarde nunca hay más de 120 diputados. Esa cantidad se logra unos 40 minutos después de la convocatoria. Él —Taracena— se apresuró en iniciar. Qué casualidad que cuando ya se había aprobado la moción para conocer la Ley de Servicio Civil el número de diputados sobrepasaba los 120”.

Cambios

El presidente del Congreso aseguró que el retraso en la aprobación de la ley para fortalecer la SAT podría generar que algunos trabajen en enmiendas de curul.

“No descarto nada, cualquier cosa puede pasar en el Congreso, y más cuando se tiene una semana de tiempo. Lo importante son los consensos y creo que la normativa debe pasar”, dijo.

Según el presidente de la Comisión de Finanzas del Legislativo, Jairo Flores, con la normativa se prevé incrementar la recaudación fiscal en al menos Q3 mil millones, según los cálculos del Ministerio de Finanzas.

La normativa regula el secreto bancario para aspectos fiscales. En la actualidad solo se puede revisar una cuenta si hay  sospecha de lavado de dinero.

En público, todos los congresistas aseguran que la normativa, que se quedó detenida en aprobación el miércoles pasado, es correcta y será apoyada y aprobada; sin embargo, al bajo el anonimato reconocen que existen dudas, no solo entre diputados, sino también de varios sectores productivos.

La propuesta, que fue discutida y elaborada en mesas técnicas con la participación de entidades gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil, contempla 75 artículos y reforma las leyes Orgánica de la SAT, de Bancos y Grupos Financieros, del Registro Nacional de las Personas y del Código Tributario.

El miércoles último se esperaba que los legisladores le dieran luz verde a la normativa, pero por más que intentaron culpar al cansancio fue evidente que no había acuerdos para aprobar el libro 2, en el cual está incluido el secreto bancario.

“Estaban cansados, creo yo. No quiero pensar que fue un bloqueo. Estoy convencido de que este martes que viene se va a aprobar”, manifestó el presidente del Congreso, Mario Taracena.

A la defensiva

Un aspecto que según Taracena se está proponiendo acerca del secreto bancario es que haya una especie de “amnistía”, para que la normativa se aplique únicamente a las cuentas que sean abiertas a partir de aprobada la iniciativa, no así a las que ya estaban firmes en el sistema bancario.

Diputados de varias bancadas aseguraron que “el ruido” lo genera la redacción de la ley, pues en esta se contempla que la SAT podrá solicitar información de una cuenta si existe “duda razonable”, aunque un juez tendrá la última palabra para otorgarla.

Según explicaron los legisladores, la redacción es muy ambigua y temen que se den abusos.

En la actualidad, el secreto bancario es autorizado por juez, solo cuando se trata de casos relacionados con lavado de dinero.

Con la nueva ley se autoriza también a los relacionados con aspectos fiscales y de recaudación. Es decir, si la SAT sospecha que una persona obtiene más ganancias de lo que reporta en el pago de impuestos, podría pedir que se le den a conocer las cuentas bancarias del contribuyente.

El único que se atrevió a presentar enmiendas sobre el secreto bancario fue el diputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional, pues considera que la SAT podrá solicitar información “siempre que se solicite con fines o propósitos tributarios”. En su propuesta se elimina la frase “duda razonable”.

En la enmienda, Linares también establece un plazo de tres días para que resuelva el juez, pero otorga un plazo de 83 para notificar a la SAT.

“Esas propuestas no van a pasar, no tienen consenso”, justificó el presidente del Congreso, quien aseguró que los únicos cambios que se aceptarán serán los que estén avalados por el Ministerio de Finanzas Públicas, los cuales ya fueron presentados a la Dirección Legislativa.

Adim Maldonado, diputado del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), negó que la aprobación de la normativa se haya frenado por falta de consenso. “Mucho diputado estaba cansado, no veo que haya ganas de bloquear la ley. Es que el documento es muy extenso”, justificó. Sin embargo, reconoció que muchos de los miembros de ese bloque se retiraron temprano. “También lo hicieron otros de la UNE (Unidad Nacional de la Esperanza), de Todos y del Movimiento Reformador”, aseguró.

El presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, Jairo Flores, considera que con esta normativa el fisco podría tener un ingreso favorable de hasta Q3 mil millones en un año.

Otras dudas

Gabriel Heredia, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, aseguró que apoya la aprobación de la ley pero considera prudente mejorar lo relacionado con las personas que tendrán acceso a la información de las cuentas bancarias de los contribuyentes. Su posición coincide con la de la Asociación Bancaria de Guatemala, que pide que se proteja la seguridad de los cuentahabientes.

Heredia aseguró que no es oposición, solo buscan que se proteja la integridad de los contribuyentes. “Se debe conocer quiénes tuvieron acceso. Eso serviría para iniciar alguna acción legal si después de que se conozca la información comienzan las amenazas, extorsiones o secuestros”, explicó.

El congresista de la UNE adelantó que solicitará también un fondo de revisión para modificar el artículo 7 que fue aprobado el miércoles, pues teme que genere conflicto de intereses, ya que le da la facultad al ministro de Finanzas de presidir la comisión de postulación de donde se elegirá al jefe de la SAT, cuando él también es presidente del directorio de ese organismo.

Heredia tampoco respalda que sea un juzgado Penal el que conozca los casos relacionados con el fisco. “Debe ser un juez de lo contencioso administrativo o uno del ramo civil. Lo propuse desde que la iniciativa estaba en discusión en la Comisión de Finanzas, pero no me pusieron atención y me argumentaron que las instancias que propongo son muy lentas”, reveló.

El legislador Heredia no es el único que habla de cambios o contradicciones en la ley, pero sí el único que habló de manera abierta.

Otras enmiendas

En el Congreso han circulado algunas enmiendas que no fueron presentadas de manera oficial a la Dirección Legislativa, pero se argumenta que vienen de un sector del sistema bancario.

Entre ellas se propone eliminar el artículo 49 de la propuesta, en el cual se establecen los requisitos para operar en Guatemala a las entidades off shore o fuera de plaza.

En lo relacionado con el secreto bancario, las enmiendas buscan que el contribuyente no solo sea notificado sobre la solicitud de la SAT, sino que también le otorguen una audiencia, la cual tendría que efectuarse 10 días después de haber recibido notificación sobre el requerimiento de investigar sus cuentas.

Mientras en la iniciativa actual se prevé que la SAT podrá iniciar de inmediato los procesos contra las faltas que se encuentren, las enmiendas que no se presentaron buscaban que se le permitiera al contribuyente reparar el daño.

Apoyan

Piden apertura

La SAT pide apertura al secreto bancario y que  sea en forma retroactiva, declaró el superintendente Juan  Solórzano Foppa.
El viceministro de Finanzas, Manuel Martínez, aseguró que la propuesta que se discute en el Congreso está “bastante consensuada”.

Ven consenso

José González Ocampo, presidente del  Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, indicó: “La iniciativa que se está discutiendo refleja los consensos de todos los sectores que participaron en la mesa donde se elaboró”.

Debido proceso

Christian Schneider, presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), comentó  que en el  secreto bancario se debe seguir “el debido proceso”. Es decir, que se deben dar las condiciones apropiadas.

Otros países

• Varios países desarrollados tienen leyes que permiten mantener la confidencialidad de las operaciones bancarias excepto para fines de fiscalización y transparencia.
• El secreto bancario viene de los años 1930 y, al menos en su origen, buscaba proteger la privacidad.
• Desde el 2014 unos 97 países  han aceptado la propuesta de la Ocde para endurecer sus estándares y reducir el secreto que protege a los titulares de cuentas bancarias, fondos y otros activos financieros cuando se lo solicitan otros Estados.
•  El cálculo del total de paraísos fiscales varía entre los más de 40 que se encuentran en las listas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los más de 80 que calcula Tax Justice Network (TJN).
• Estados Unidos y el Reino Unido se encuentran entre los más prominentes de TJN, pero no figuran en la lista del FMI.
• En Suiza se han endurecido las leyes contra los que violen la ley del secreto bancario, y elevaron las penas de tres a cinco años de cárcel.

“No queremos pedir préstamos y seguir endeudando al país. Aquí esta la herramienta para mejorar la recaudación en los siguientes años”, advirtió Taracena, quién enfatizó que la iniciativa podría ser aprobada en el pleno antes que finalice el período ordinario de sesiones, el 15 de mayo.

La solicitud era incrementar la deuda bonificable en Q1 mil 600 millones.

La propuesta llegó al Congreso un año depués de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público desarticularon la red “La Línea”, que supuestamente era dirigida por el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

En la entrega de la iniciativa participó la comisionada adjunta de la Cicig, Carmen Rosa Díaz.

Criticas

Miguel Gutiérrez, exjefe de la SAT, refirió que la propuesta presentada ayer tiene varios vicios, sobre todo porque viola la autonomía del órgano recaudador.

Explicó que existe un conflicto de interés por la conformación del Directorio exoficio de los ministros de Economía y Finanzas y el presidente del Banco de Guatemala.

En este caso, dijo, Economía es la institución que valida las exenciones fiscales a las empresas que se acogen a este régimen, y Finanzas el que administra la política fiscal.

“Tener a Finanzas y a Economía en el Directorio no es viable, porque instruirán al superintendente”, criticó.

En el caso del Banguat, refirió, la entidad no tiene nada que ver en la política fiscal.

En la iniciativa se conforman el Directorio exoficio —nombramiento automático— y el Operativo, que se denominará Tribunal Administrativo (Tributa), cada uno con funciones específicas.

Piden participación

Flores expuso que se llevarán a cabo audiencias públicas para que los diferentes sectores se pronuncien y fijen sus posturas.

“Es algo que no está escrito en piedra y puede tener modificaciones”, agregó.

Estrada señaló que una de las contribuciones más importantes de la iniciativa es que se levanta el secreto bancario, para que la SAT pueda llevar a cabo investigaciones, en el sistema financiero, de los contribuyentes.
“Guatemala tenía riesgos y sanciones si no se adoptaba esta medida”, afirmó el ministro.

La implementación de los cambios, explicó el ministro, dará las señales para recuperar la confianza de los contribuyentes y la recaudación, así como la justicia fiscal.

La Superintendencia de Bancos (SIB) presentaría otras observaciones a la iniciativa para completar nuevas acciones de control, agregó Flores.

Pacto fiscal

Barreda indicó que este es el momento para realizar la convocatoria al pacto fiscal, denominado así el diálogo para discutir la política fiscal con los diferentes sectores productivos.

“Las finanzas del Estado ya no son suficientes para cubrir las presiones del gasto público”, dijo.

La convocatoria podría ser un llamado por parte del Legislativo y Ejecutivo en mayo próximo.