Un aquelarre es la reunión de brujos o brujas para realizar prácticas supersticiosas, y por extensión se aplica a actividades oscuras, de mala intención. Encaja al conocerse las denuncias del jefe de la Contraloría General de Cuentas, Carlos Mencos, sobre 11.9 millardos de quetzales de gastos susceptibles a reparos por esa institución en el primer año del actual gobierno, lo cual equivale a Q32 millones diarios o a 1.3 millones por hora. … Ciertamente, deben señalarse dos asuntos; uno, los reparos necesitan de aclaraciones y por ello no necesariamente constituyen delito, y dos, la mentalidad profesional de los contralores, como la de los auditores, está basada en criterios eminentemente económicos y por ello pueden llevar a conclusiones equivocadas.

Sin embargo, es preocupante la cantidad de casos: hay 128 denuncias penales por un total de 1.3 millardos; 5,336 sanciones económicas por 250 millones de quetzales, en los ministerios de Agricultura, Comunicaciones, Defensa, Desarrollo, Gobernación, Salud y Trabajo. El Congreso no escapa, al tener 23 reparos contra la directiva anterior. De las autoridades ediles, las capitalinas presentan anomalías en los tres fideicomisos municipales cuyo monto total es de 1,500 millones. De lo anterior puede deducirse la existencia de mucha actividad de una institución muchas veces cuestionada por la manera de actuar o porque no lo ha hecho. Ciertamente, mucho del incremento de actividades cuestionables o ilegales durante los últimos años se ha debido a descuido de la CGC.

La proliferación de hallazgos es resultado del aumento de investigaciones, y por ello es necesario tomar las acciones pertinentes para disminuir el tiempo del resultado final. En el caso de las personas al frente de las entidades cuestionadas, tal veredicto es indispensable, porque no necesariamente integrar el gabinete de un gobierno cuya cabeza ha sido cuestionada, los hace culpables. Si lo descubierto de alguna manera se relaciona con personas a quienes se les otorgaron cargos por motivos de presiones políticas y por ello, como se dice popularmente, están pagando el pato, no tienen alternativa y la presentación de su carta de renuncia debe ocurrir en el menor tiempo posible y, por decirlo así, sin contemplación alguna.

Aniversario

Si la mayoría de funcionarios cumplieran plenamente con un desempeño idóneo en su trabajo, no existirían buena parte de nuestros problemas, como el abuso de poder y la cooptación de las instituciones consagradas a velar por el respeto de normas elementales.

Esto es lo que se desprende del más reciente informe presentado por la Contraloría General de Cuentas de la Nación, en el cual la mayoría de entidades públicas figuran como señaladas por el incumplimiento de obligaciones o por el abuso y mal manejo de recursos, todo lo cual ha derivado en reparos millonarios y en denuncias penales contra varios funcionarios en el Ministerio Público.

El informe corresponde al ejercicio fiscal del 2016, sobre el primer año de gobierno de Jimmy Morales, en el cual aparecen denuncias contra siete de los 14 ministros que integran su gabinete, lo que constituye un número demasiado elevado para un gobernante cuyo lema era “Ni corrupto ni ladrón” pero que ahora se ve en aprietos ante la necesidad de que los sindicados esclarezcan su situación, pues la Contraloría encuentra indicios de delito en el manejo de millonarios recursos financieros bajo su responsabilidad.

Los denunciados son los responsables de conducir las carteras de Defensa, Desarrollo Social, Gobernación, Salud, Comunicaciones, Agricultura y Trabajo. Aunque en sentido estricto todavía no puede hablarse de hechos de corrupción, pues las denuncias de la CGC más bien hacen alusión a acciones irresponsables, en la mayoría de los casos, aunque no por ello muchas de ellas dejen de ser sujetas de persecución penal.

Cabe destacar que las instituciones más señaladas son las municipalidades, y sobre todo la capitalina, cuyo modelo de gestión se ha apoyado durante las últimas décadas en la oscura figura de los fideicomisos, los cuales son casi imposibles de rastrear, como lo denuncia la CGC, aunque la comuna de Guatemala pretenda hacer creer que eso no es cierto. Basta una búsqueda en su portal o en otros sitios electrónicos para constatar que es falso lo afirmado por dicha entidad edil, que es una de las más opacas en la rendición de cuentas.

Después de las comunas y el Ejecutivo, el turno se lo lleva el Legislativo, cuyos integrantes y la directiva que fungió durante 2016 habrían incurrido en pagos injustificados por más de 72 millones de quetzales al haber hecho contrataciones que incumplieron los procedimientos, y ni la presidencia ni los mandos administrativos velaron porque se cumpliera la ley.

Informes como el presentado el pasado martes en el Congreso reflejan un cambio de actitud, muy distante de lo que ocurría hace poco más de un año, cuando era patente que los compromisos con sectores políticos entorpecían el buen funcionamiento de esta y otras instituciones, con lo cual dan muestras de que muchas cosas podrían ser diferentes en el país si los funcionarios cumplieran con honestidad sus labores.

Pero no es la única, pues como se ha podido constatar con las frecuentes denuncias hechas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, existen muchas otras vías que los políticos convertidos en funcionarios emplean para iniciar un rápido enriquecimiento personal, donde no existen límites ni modelos éticos que puedan frenar tales ímpetus.

Sin embargo, también existe la combinación de esas modalidades con una conducta de irresponsabilidad en el Estado, y es cuando esa mezcla solo tiene como objetivo el expolio de los recursos públicos.

Mucho de esto es lo que se observa en el reciente informe brindado por la Contraloría General de Cuentas, en el que se encuentran importantes hallazgos sobre el funcionamiento de varias dependencias, en las cuales la administración de recursos hace obligatorio que se esclarezca todo sobre su manejo, y esto implica que se agoten todas las instancias.

Una de estas instituciones sobre las que pesan reparos millonarios es el Ministerio de Gobernación, cuyo monto sobrepasa los Q2 mil millones, lo que se traduce en dudas o malos manejos de los fondos de esa institución en el 2015, que implican por lo menos a dos exministros patriotistas.

El impacto de lo denunciado por la CGC es tal que muchos de sus hallazgos han pasado a la siguiente etapa, que consiste en hacer la respectiva denuncia penal en el MP, porque son graves las omisiones y porque también son millones de quetzales los que se habrían malversado.

Una de las denuncias más recurrentes es el incumplimiento de deberes, que se traduce en otorgamiento de contratos a los oferentes más altos, pagos millonarios que tampoco contaban con el sustento legal y, en el peor de los casos, erogaciones por estudios de prefactibilidad para remodelación de comisarías que nunca se efectuaron.

Dos hallazgos que llaman la atención porque según la CGC incumplieron normas de procedimiento es uno relativo al anticipo por la remodelación de un centro de detención en Escuintla, cuyo desembolso implicó el pago de más de 150 millones de quetzales, cuando era improcedente, y otro por más de 262 millones por servicios de videovigilancia que podrían resultar en una sobrevaloración.

Hay muchos otros hallazgos de montos menores, aunque no por eso menos importantes, que las anteriores autoridades deben esclarecer, pero también el MP tiene que investigar, porque existen indicios suficientes para establecer responsabilidades.

También es importante destacar que muchas de estas denuncias afloran por primera vez con mayores detalles y son cursadas al MP, lo que antes no sucedía, lo que significa que la misma Contraloría había incumplido con sus propias obligaciones, y ante ello el contralor actual debe rendir cuentas.