“Las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a las manifestaciones pacíficas y a la libre expresión de ideas y hacen un llamado a que, como ha prometido el gobierno, se investiguen las responsabilidades por la violencia”, recalcó el comunicado conjunto emitido la noche del viernes y firmado por la canciller de Argentina Susana Malcorra, y sus homólogos de Brasil, Jose Serra; de Chile, Heraldo Muñoz; y de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa.
La condena se refiere a los reportes según los cuales supuestos seguidores del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela agredieron el jueves a varios congresistas opositores, entre ellos Julio Borges, presidente de la bancada opositora en la Asamblea Nacional, quien sufrió una lesión en el rostro y debió de ser intervenido quirúrgicamente en una clínica de la capital.
Los opositores protestaban en Caracas frente a la sede del Consejo Nacional Electoral  (CNE) para reclamar una respuesta al proceso de referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro.

En este sentido, los mismos cancilleres —a excepción del brasileño— emitieron un nuevo comunicado el sábado por la mañana en el que manifestaron su complacencia “por el anuncio efectuado por la presidencia del Consejo Nacional Electoral a fin de autorizar la validación de las firmas vinculadas al referendo revocatorio”.
El texto fue firmado por Malcorra, Nin Novoa y Muñoz.  Esto “constituye un primer paso hacia la pacificación que permite alentar la esperanza de que el proceso iniciado pueda alcanzar resultados positivos en el menor tiempo posible para todos los venezolanos”, concluyó el comunicado.
Maduro afirmó el sábado que si la oposición “cumple sus requisitos, el referendo revocatorio será el próximo año y punto”, descartando que la consulta que busca sacarlo del poder se realice en 2016, como exigen los opositores.

Si el referendo se celebra antes del 10 de enero de 2017, y Maduro pierde, se deben convocar elecciones presidenciales. Si tiene lugar después de esa fecha, el vicepresidente –designado por Maduro– asumirá el cargo hasta 2019.

La oposición venezolana debe validar 1.3 millones de firmas a partir del 20 de junio, para avanzar hacia la convocatoria del referendo, en tanto la autoridad electoral se tomará hasta el 23 de julio para realizar la revisión.

En un acto con el oficialismo en Caracas, Maduro agregó “debemos respetar lo que diga el Poder Electoral”.

La oposición, blandiendo el reglamento dictado por el propio Consejo Nacional Electoral  (CNE), asegura que el referendo puede efectuarse este año entre finales de octubre y noviembre.

Maduro dijo que “si ellos querían invocar ese referendo este año tenían que pedirlo el 11 de enero este año (un día después de la mitad del período presidencial) para que los tiempos les dieran, si cumplieran los requisitos”.

Fue a finales de abril cuando la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) recibió el formulario oficial para las primeras rúbricas, que entregó el 2 de mayo pasado.

El CNE anunció el viernes que había certificado cerca de 1.3 millones de las más de 1.8 millones que presentó la MUD –cuando solo se necesitan unas 200 mil–, descalificando unas 600 mil rúbricas debido a que “no cumplieron con los criterios exigidos”, según palabras de la titular de la autoridad electoral, Tibisay Lucena.

En tanto, Maduro también advirtió que el lunes “metemos las demandas” de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra el proceso revocatorio, alegando que la primera recogida de firmas contenía datos de casi 11 mil fallecidos y casi dos mil condenados por crímenes, lo que el chavismo calificó de “fraude”.

Bajo la consigna “Mi firma sí vale” , la opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) convocó a manifestarse el lunes y martes ante las sedes del Consejo Nacional Electoral  (CNE) , en Caracas y otras ciudades, a todos los que firmaron para pedir que se active el revocatorio.
 
“Esa será la respuesta popular al cinismo de los agentes electorales (…), a los incumplimientos reiterados, al uso del CNE como guarimba burocrática (barricada) para retrasar elecciones” , subrayó la coalición en un comunicado.
 
La MUD llamó a movilizarse luego de que el CNE, al que acusa de responder al gobierno, canceló el jueves una cita clave en que le informaría si cumplió con un mínimo de 200.000 firmas válidas, de las 1,8 millones que presentó para activar el referendo.
 
El encuentro, según la MUD, será el martes pues este lunes se reúne el CNE a puerta cerrada. “Si hay reunión, el pueblo acompañará a sus representantes. Si no la hay, acudirá a reclamarla” , advirtió.
 
La oposición reclama al CNE fechas y procedimientos para proseguir con la ratificación de las firmas con la huella dactilar. Una vez termine la etapa de activación, la MUD debe recoger cuatro millones de rúbricas para que se llame a referendo.
 
La oposición apura el proceso pues si el referendo se hace antes de 2017 -cuando se cumplen cuatro años del mandato- y Maduro lo pierde, se llamará a elecciones. Si es el próximo año sería sustituido por el vicepresidente, nombrado por el gobernante.

  Efervescencia social

La MUD llamó a salir a las calles pero sus anteriores marchas por el referendo fueron bloqueadas por la policía y, aunque son miles sumando las de todo el país, no son multitudinarias, en parte por el temor al estallido de la violencia como ocurrió en 2014, cuando murieron 43 personas.
 
Más ocupados en resolver el día a día, los venezolanos expresan su malestar por la situación política y económica en las largas filas que hacen para comprar alimentos subsidiados.
 
“Yo me he calado (soportado) dos colas para conseguir arroz y azúcar. En vez de estar peleando tienen que llenar los supermercados” , dijo Eneuris Cantillo, una conserje de 46 años, en una fila en Chacao  (este) .
 
Marco Ponce, de la ONG Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, precisó a  AFP  que en los primeros cuatro meses del año hubo 94 saqueos y 72 intentos.
 
El país petrolero sufre una severa crisis agravada por la caída del precio del crudo -fuente del 96% de divisas- reflejada en una escasez del 80% de productos básicos, según la encuestadora Datanálisis, y una inflación de 180,9% en 2015, la más alta del mundo.
 
 

Diálogo entre divisiones

 
En plena crisis, un grupo de expresidentes y jefes de gobierno encabezados por José Luis Rodríguez Zapatero  (España) , intenta acercar al gobierno y a la oposición, que ya se reunieron por separado con los mediadores en República Dominicana y volverán a las pláticas en los próximos días.
 
“Hemos solicitado el apoyo debido (…) para sentar a una mesa de diálogo -sin que se paren, sin que rompan las reglas de juego- a la oposición” , dijo Maduro el fin de semana en una cumbre en La Habana.
 
En una aparente señal de voluntad, Rodríguez Zapatero fue autorizado a visitar en prisión el sábado al opositor Leopoldo López, quien cumple una pena de casi 14 años acusado de llamar a la violencia en las protestas de 2014 que exigían la salida de Maduro.
 
Frente al diálogo, la oposición parece dividida. El excandidato presidencial Henrique Capriles sostiene que permitirá al gobierno “ganar tiempo y lavarse la cara” , pero el jefe del Parlamento de mayoría opositora, Henry Ramos Allup, ve necesario conversar “así una gente se ponga brava” .
 
El analista Luis Vicente León señala que el chavismo está también dividido pues algunos creen que la impopularidad de Maduro “amenaza”  el mantenimiento en el poder, por lo que, a su juicio, el presidente insiste en buscar la cohesión interna advirtiendo de una eventual intervención estadounidense.

Acogiendo un llamado del excandidato presidencial Henrique Capriles, los opositores marcharán hacia los tribunales en una veintena de ciudades para rechazar una decisión judicial que restringe las protestas frente a las sedes del Consejo Nacional Electoral  (CNE) , ante el cual se tramita el revocatorio.
 
“Vamos a decirles que todas las decisiones que están tomando son contra el pueblo y a exigirles que cumplan la Constitución” , dijo Capriles la noche del martes.
 
En Caracas la movilización será hacia la corte que ordenó a la fuerza pública resguardar las instalaciones del CNE de “protestas no autorizadas” , al fallar a favor de un recurso de trabajadores de esa entidad.
 

Arma pacífica

Las movilizaciones son consideradas por la MUD su principal arma de presión para la consulta destinada a sacar del poder a Maduro, elegido por seis años hasta el 2019, y quien considera “inviable”  el mecanismo.
 
“La única alternativa que tiene la oposición para presionar por el referendo es la manifestación pacífica de calle, junto con la presión internacional” , dijo el politólogo y sociólogo Héctor Briceño.
 
La marcha del 10 de mayo reunió a un millar de personas, y una semana después el número se duplicó.
 
Estas modestas cifras llaman la atención considerando que siete de cada diez venezolanos favorece un cambio de gobierno, según la firma Datanális.
 

 Revocatorio “imposible”  en 2016

 
Las movilizaciones se producen en un contexto de malestar social por la severa escasez de alimentos y medicinas, y una inflación proyectada en 700% por el FMI para 2016.
 

Según Capriles, excandidato presidencial, la fuerza armada venezolana se encuentra “dividida”  entre una “cúpula militar corrupta”  y el resto de los militares, afectados “por la peor crisis económica de nuestra historia” .
 
“Esa cúpula obviamente va a defender a Maduro, porque la caída de Maduro es la caída de ellos también” , consideró.
 
“No quiero decir si tiene altas o pocas posibilidades”  un alzamiento militar, “pero está en el ambiente” , afirmó.
 
“Nosotros no lo queremos. Si nosotros quisiéramos un levantamiento militar, no estaríamos exigiendo un revocatorio” , apuntó.
 
Esta semana, Capriles, principal promotor del referendo revocatorio, emplazó a la fuerza armada a decidir si está “con la Constitución o con Maduro” , al hacer un llamado a desconocer un estado de excepción decretado por el gobernante.
 

Estado de Excepción a prueba

Pero las señales de radicalización van más allá del mandatario socialista, cuya gestión reprueba el 68% de los venezolanos, según la firma Venebarómetro.
 
El vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, desestimó el domingo la posibilidad de que el heredero político del fallecido Hugo Chávez  (1999-2013) sea revocado mediante un referendo.
 
“Aquí no va a haber referendo. Ellos saben que no va a haber referendo porque primero lo hicieron tarde, segundo lo hicieron mal y tercero cometieron fraude” , dijo Istúriz aludiendo a las firmas entregadas por la oposición para que se active el proceso.
 
“Tendrán que matarnos a todos nosotros antes de darnos un golpe parlamentario” , advirtió en referencia a que la oposición controla ampliamente el Legislativo desde enero.
 
El “estado de Excepción” se pondrá a prueba el próximo miércoles, cuando la oposición tiene previsto marchar hacia las sedes del Consejo Nacional Electoral  (CNE) en todo el país en exigencia de que se cumplan los plazos para que el revocatorio se haga este año.
 

 ¿Más leña al fuego?

 
El titular del Parlamento, Henry Ramos Allup, un experimentado dirigente opositor, denunció el domingo por Twitter que Maduro y la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, se reunieron el martes recién pasado y acordaron posponer el referendo para febrero del 2017.
 
Según la firma Datanálisis, siete de cada 10 venezolanos quiere un cambio de gobierno, mientras que 97% considera que “su vida ha empeorado” .
 
Aun cuando la oposición asegura que el estado de excepción es ilegal, pues debe ser validado por el Parlamento, el gobierno podría buscar el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia  (TSJ) , al que la MUD acusa de ser otro apéndice del Ejecutivo.
 
Desde hace varios días, Ramos Allup viene advirtiendo que el TSJ se dispone a destituir a la directiva del Legislativo por desacato a una modificación del reglamento interno y de debate de la cámara, lo que añadiría más leña al fuego.
 
Mediante una controvertida sentencia, el TSJ ya eliminó las facultades de control de la Asamblea sobre los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano, y anuló una ley de amnistía para disidentes presos y otra de vivienda aprobadas por la mayoría opositora.

Capriles confirma manifestarán el miércoles

El excandidato presidencial Henrique Capriles, uno de los principales impulsores del revocatorio del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó el domingo la convocatoria a una movilización nacional el próximo 18 de mayo para exigir celeridad en el trámite del referendo.

La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) convocó a los opositores a movilizarse en las distintas sedes del Consejo Nacional Electoral del país “exigiendo respeto a la Constitución y cumplimiento Reglamento Revocatorio”, indicó Capriles en un mensaje en Twitter.

La confirmación del opositor se da luego de que el alcalde del municipio Libertador de Caracas, el chavista Jorge Rodríguez, asegurara que no permitirá que los opositores lleguen a su jurisdicción, donde se encuentra la principal sede electoral de ese país.

Esta sería la tercera movilización convocada por los opositores para presionar al Poder Electoral a que cumpla con celeridad el cronograma para la activación del referendo.

Las dos anteriores no lograron llegar hasta la sede, e incluso la primera acabó luego de que un fuerte cordón de seguridad, que protegía el acceso al municipio Libertador, dispersara a los opositores.

El plan de la oposición para esta ocasión es, según indicó Capriles, movilizar a todo el país para que el reclamo por el revocatorio “se sienta”  en todo el territorio.

El reclamo de estos es que el CNE empiece cuanto antes el trámite de verificación de las casi dos millones de firmas entregadas el pasado 2 de mayo a las autoridades como respaldo del revocatorio presidencial, un paso fundamental para que el Poder Electoral inicie el proceso y que, según las autoridades, no se iniciará hasta, al menos, el 2 de junio.

Capriles advirtió a Maduro que el país es “una bomba”  que en cualquier momento puede estallar si las autoridades no permiten que ese proceso se celebre este año.

En paralelo, la oposición alertó sobre un estallido social en caso de que el gobierno o el Consejo Nacional Electoral  (CNE) bloqueen la consulta que abriría el camino a nuevas elecciones.
 
“En el marco de ese decreto vigente (…) tomemos todas las acciones para recuperar el aparato productivo que está siendo paralizado por la burguesía (…) y quien se quiera parar para sabotear el país que se vaya, y el que lo haga hay que ponerle los ganchos”  y ponerlo preso“, dijo Maduro ante miles de partidarios en el centro de Caracas.

La medida podría implicar la toma de cuatro plantas cerveceras de Polar -la mayor productora de alimentos y bebidas del país- que están paralizadas desde el 30 de abril por la falta de acceso a divisas para importar insumos -según la compañía-, dentro del severo control de cambios impuesto en 2003.

Mientras, en una concentración que reunió a unas mil personas, la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) advirtió sobre el riesgo de un bloqueo al referendo.

” Si ustedes trancan la vía democrática, nosotros no sabemos que puede pasar en este país. Venezuela es un bomba que en cualquier momento puede explotar. Y por lo tanto convocamos a todo el pueblo para que se movilice por el revocatorio“, afirmó el dirigente Henrique Capriles.

La oposición, que controla el Parlamento, exigió que el CNE cumpla los plazos legales y realice el referendo este año.

Las movilizaciones ocurrieron luego de que el viernes Maduro firmó un decreto de ” estado de excepción y de emergencia económica“contra la ” agresión externa“que, aseguró, se cierne sobre su país. El texto aún no fue publicado.
 

Maniobras de EE. UU.

El mandatario socialista denunció que ” se están activando medidas desde Washington, pedidas y promovidas por factores de la derecha fascista venezolana, envalentonados por el golpe de Estado de Brasil“contra Dilma Rousseff.

A su juicio, Estados Unidos urde esas maniobras para ” acabar con las corrientes progresistas en América Latina“.
Pero no ahondó en tales acciones, si bien denuncia a menudo planes de intervención de Estados Unidos como lo hizo en numerosas ocasiones su predecesor Hugo Chávez (1999-2014).

Maduro amplió así los alcances de un decreto de emergencia económica vigente desde enero y que expiraba este sábado.

El presidente enfrenta una severa crisis económica, reflejada en una inflación voraz (180,9% en 2015) y severa escasez de bienes básicos, a lo que se suman racionamientos de agua y electricidad.

Maduro -cuya gestión reprueba un 68% de los venezolanos, según la firma Venebarómetro- no detalló si el decreto de excepción restringirá derechos civiles.

Según el periódico “The Washington Post”, funcionarios del servicio de inteligencia estadounidense estiman que el gobierno de Venezuela podría ser derrocado este año por una insurrección popular.
 

Desarticular la protesta

” Maduro ha interpretado que la movilización de la gente en la calle va a obligar a la realización del referendo en 2016, así que desmovilizándola puede maniobrar para posponerlo hasta el 2017“, dijo a la AFP la analista y experta en temas de seguridad Rocío Sanmiguel.

Añadió que Maduro podría optar por el ” estado de conmoción interna y externa“, una de las formas más radicales del estado de excepción, lo que limitaría el derecho de protesta y reunión y autorizaría detenciones preventivas y allanamientos sin orden judicial.

Para el sociólogo Héctor Briceño, la medida apunta al ” control de la protesta“, pues por primera vez en la era chavista podrían coincidir el malestar social y político.

” El momento donde se da esa articulación será el día que digan que no se puede hacer el referendo este año“, declaró a la AFP.

Al dictar el decreto, Maduró fustigó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien sostiene que no realizar la consulta este año constituiría el ” peor acto de corrupción política”.
 
La MUD está a la espera que el CNE -al que acusa de servir al gobierno- valide las firmas que entregó el 2 de mayo para pedir la activación del revocatorio.
 
Si la auditoría es exitosa, la MUD debería recaudar luego cuatro millones de firmas para que se convoque el referendo.
 
La oposición quiere realizar la consulta este año, pues si se la hace después del 10 de enero de 2017 -cuando se cumplen cuatro años del período presidencial- y Maduro pierde, los dos años restantes los completaría el vicepresidente, designado por el jefe de Estado.

Los opositores se concentrarán en una avenida del oeste de la capital, donde dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) anunciarán acciones para que el Consejo Nacional Electoral  (CNE) cumpla los plazos legales y realice la consulta este año.
 
Por su parte, el oficialismo marchará hasta la Plaza Diego Ibarra  (centro de Caracas) , donde Maduro prevé anunciar nuevas medidas para enfrentar la severa crisis económica, reflejada en una inflación voraz  (180,9% en el 2015) y severa escasez de bienes básicos.
 
La MUD llamó este sábado por Twitter a manifestar “para que el CNE asuma su rol y no proteja a un gobierno corrupto”  y “exigir que se respete la Constitución” .
 
Las movilizaciones se producen luego de que el viernes Maduro, en una cadena televisiva, firmó un decreto de “estado de excepción y de emergencia económica”  contra la “agresión externa”  que, aseguró, se cierne sobre su país.
  

Maniobras de EE.UU.

El mandatario denunció que “se están activando medidas desde Washington, pedidas y promovidas por factores de la derecha fascista venezolana, envalentonados por el golpe de Estado de Brasil”  contra “Dilma Rousseff”.
 
A su juicio, Estados Unidos urde esas maniobras para “acabar con las corrientes progresistas en América Latina” .
 
Maduro amplió de este modo los alcances de un decreto de emergencia económica vigente desde enero y cuya prórroga de dos meses expiraba este sábado.
 
Este nuevo decreto es “más completo, más integral, de protección de nuestro pueblo, de garantía de paz, de garantía de estabilidad, que nos permita durante este mes de mayo, junio, julio, y toda la extensión que vamos a hacer constitucionalmente durante el 2016 y seguramente durante el 2017, recuperar la capacidad productiva” , añadió.
 
Maduro -enfrentado a una severa crisis económica y cuya gestión reprueba un 68% de los venezolanos, según la firma Venebarómetro- no detalló si la medida implicará restringir derechos civiles.
 
Según el periódico “The Washington Post”, funcionarios del servicio de inteligencia estadounidense estiman que el gobierno de Venezuela podría ser derrocado este año por una insurrección popular.
 
“Se puede oír el crujido del hielo. Se sabe que llega una crisis” , comentó un funcionario de inteligencia citado este viernes por el diario.
 
Estados Unidos estima tener poca influencia en lo que sucede en Venezuela y sobre todo teme que ese país colapse, según “The Washington Post”, que cita a funcionarios que hablaron en condición de anonimato.
 
Al dictar el decreto, Maduró criticó un encuentro que sostuvieron el viernes dirigentes opositores con el secretario general de la Organización de Estados Americanos  (OEA) , Luis Almagro, durante un foro en Miami.
 
Allí, Almagro dijo que el referendo revocatorio debe realizarse antes de diciembre, y planteó la posibilidad de invocar la Carta Democrática Interamericana para debatir el estado de la democracia venezolana en la OEA.
 
No realizar la consulta este año constituiría el “peor acto de corrupción política” , advirtió el secretario.

  ¿Restringir garantías?

 
El diputado opositor Tomás Guanipa denunció que el “estado de Excepción” busca “desestabilizar el país e impedir el revocatorio” .
 
Mientras, el constitucionalista José Ignacio Hernández señaló que, si bien la emergencia económica es una de las formas del “estado de Excepción”, con el nuevo decreto “parece que se restringirán otras garantías constitucionales” .
 
El pasado 2 de mayo, la MUD entregó al CNE 1,8 millones de firmas para pedir la activación de un revocatorio contra Maduro, nueve veces más el número de rúbricas exigido como requisito.
 
La auditoría de esas firmas concluirá el 2 de junio, y si ajusta a la norma, el CNE convocará a unos 200 mil interesados a validar su rúbrica con la huella dactilar. Luego, la MUD debería recaudar cuatro millones de firmas para que se convoque el referendo.
 
La oposición espera realizar la consulta a más tardar a finales de este año, pero el oficialismo sostiene que los plazos legales no lo permitirán.
 
Este aspecto es crucial, pues si el referendo se realiza después del 10 de enero del 2017 -cuando se cumplen cuatro años del período presidencial- y Maduro pierde, los dos años restantes los completaría el vicepresidente, designado por el jefe de Estado.

Los uniformados de la Policía y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) bloquearon el paso en las rutas que llevan a la sede principal del CNE en Caracas, en uno de cuyos sectores incluso lanzaron algunos gases lacrimógenos, aunque sin mayores incidentes, constataron periodistas de la AFP.

Los gases alcanzaron al gobernador y excandidato presidencial Henrique Capriles, denunció la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

“Reprimieron con bombas lacrimógenas y perdigones la marcha convocada hasta el CNE, y agredieron” a Capriles, señaló un reporte de la MUD.

Los gases frenaron el avance de los opositores, tras lo cual policías y militares formaron una barricada que los obligó a volver al punto de partida en Bello Monte (este).

“El pueblo quiere cambio, sus trampas sólo fortalecen nuestra determinación”, expresó Capriles, quien, portando una gran bandera de Venezuela, encabezó la marcha en Caracas.

“El gobierno es tan cobarde que le tiene miedo al pueblo, no permiten que avancemos (…) No queremos mostrar ningún vestigio de violencia, es una marcha por la paz”, declaró el jefe de la bancada parlamentaria de la MUD, Julio Borges.

En otros estados, como Zulia (noroeste), los agentes de la GNB también trancaron las calles para impedir que los manifestantes llegaran a la sede regional del órgano electoral.

Once estaciones del metro fueron cerradas en prevención de incidentes en Caracas, según reportes de vecinos y la prensa local. En el centro, distante de las marchas de los opositores, otros miles de chavistas marchaban contra una ley de vivienda aprobada por la oposición.

El 3 de mayo recién pasado, la MUD entregó 1,8 millones de firmas al CNE para pedir la activación del referendo, aunque la ley exige poco menos de 200 mil (1% del padrón electoral), y el lunes vencía el plazo para que el CNE contabilizará ese mínimo.

La oposición exige que el CNE continúe el siguiente paso del proceso y convoque a los firmantes a validar sus rúbricas con la huella dactilar, lo cual debe hacerse en un lapso de cinco días.

Ni las firmas ni los tiempos

Las acciones de las fuerzas de seguridad obligaron al repliegue de los manifestantes opositores, mientras que en el centro, distante de ellos, otros miles de chavistas marchaban contra una ley de vivienda aprobada por el Parlamento de mayoría opositora, pasando incluso cerca del CNE.

La oposición exige que el CNE continúe el siguiente paso del proceso y convoque a los firmantes a validar sus rúbricas con la huella dactilar, lo cual debe hacerse en un lapso de cinco días.

Una vez que sean validadas esas firmas, la MUD deberá recolectar otras cuatro millones de rúbricas, en tres días, para que el referendo sea convocado. Para revocar a Maduro el “Sí”  debería lograr más de los 7,5 millones de votos con los que fue elegido.

“El gobierno es incapaz de solventar los problemas que enfrentan los venezolanos, de escasez y desabastecimiento (…) Se empeña en no reconocer la realidad, amparándose en el control que tiene sobre los poderes públicos” , afirmó el vicepresidente del Parlamento, Enrique Márquez.

 La crispación entre opositores y chavistas aumenta porque el CNE no se ha pronunciado hasta ahora sobre la primera fase de revisión de las planillas, hecha con testigos de la oposición y el oficialismo.

Jorge Rodríguez, expresidente del CNE y titular de la comisión veedora designada por Maduro, acusó el lunes a la oposición de cometer “fraude” , pues según él “más del 11% de las planillas”  que contienen las firmas “están incompletas” .

“No les dan ni las firmas ni los tiempos” , sentenció Rodríguez, al considerar que el referendo no podría realizarse este año.

“El referendo es una opción, no una obligación. Aquí lo único que es obligación son las elecciones presidenciales y serán en 2018, diciembre de 2018. Es la única obligación que tenemos”, dijo Maduro ante miles de partidarios con motivo del Día del Trabajo.

La coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) inició el pasado miércoles la recolección las firmas necesarias para pedir a la autoridad electoral que active el revocatorio.
La MUD asegura haber recolectado 2,5 millones de rúbricas, cuando se necesitan 200.000.

En el poder desde 2013, tras el fallecimiento de su mentor Hugo Chávez (2009-2012), Maduro señaló que para defenderse de esa ofensiva nombró una comisión que revisará “una por una todas las firmas” para que no haya “fraude”.

“Tengo derecho a la defensa”, reivindicó el gobernante socialista frente al palacio presidencial de Miraflores en Caracas, y se autodefinió como “el ser humano mas atacado en Venezuela”.

Frente a la hipótesis de que tenga que abandonar el poder por una vía constitucional o un golpe de Estado, Maduro llamó a sus seguidores a declararse en “rebelión”, aunque según dijo de forma “pacífica”.

“Si algún día la oligarquía hiciera algo contra mí y lograran tomar este palacio, por una vía o por otra, yo les ordeno a ustedes declararse en rebelión y decretar una huelga general indefinida, hasta obtener la victoria frente a la oligarquía. Una rebelión popular con la Constitución en la mano”, dijo.

El presidente vinculó esa posibilidad a la “guerra económica” que según él orquestan la oposición política y empresarios de derecha, apoyados por Estados Unidos, para desestabilizarlo.

“Me iría a la lucha en las calles, en las catacumbas del pueblo”, sostuvo Maduro, subrayando que todo se hará “en paz, con la Constitución”.