La Corte de Constitucionalidad (CC) tiene en sus manos resolver acciones de inconstitucionalidad contra artículos y frases de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que presentaron diversas actores sociales, políticos y económicos del país desde septiembre del año pasado.

El 30 de enero pasado el pleno, con el voto disidente de uno de sus integrantes, optó por acumular los expedientes relacionados con el tema de la LEPP en el primero que ingresó el 2 de septiembre de 2022 y en el sorteo que se efectúa oficialmente le correspondió a la magistrada Leyla Lemus ser ponente. Esta acción la presentó la Liga ProPatria.

Sería ella, entonces, quien presente la ponencia en las próximas semanas, para que el pleno de siete magistrados tome una decisión definitiva.

A estos expedientes acumularon el 5395-2022, que presentó la Asociación No Lucrativa con Fines Políticos Acción 157 el 21 de septiembre del año pasado; los 5465-2022 y 6350-2022, planteados por la Cámara de Radiodifusión de Guatemala y el Cacif. La primera la presentaron el 23 de septiembre y la segunda el 9 de noviembre de 2022.

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De 2021 a la fecha, la CC recibió 10 inconstitucionalidades contra la LEPP. A cinco de ellas dictaron sentencia de desestimación. Cuatro expedientes fueron acumulados para conocerlos a finales de febrero, según confirmó la CC a Prensa Libre.

“Sobre las inconstitucionalidades presentadas contra la Ley Electoral y de Partidos Políticos, hago de su conocimiento que el proyecto de sentencia que se presente será convocado en la ultima semana de febrero”, informó la CC.

Según el máximo Tribunal esto se hace “respetando el plazo establecido en el artículo 28 del acuerdo 3-2016 para que los Magistrados que integran el Tribunal, puedan analizar el proyecto que se discutirá en el pleno”.

Resumen de inconstitucionalidades

1. El expediente 5063-2022 de la Liga ProPatria accionó contra la LEPP en su artículo 220, literales a), e) y g); 222 (frases).
2. El expediente 5395-2022 de Acción 157 impugnó el artículo 94 Bis.
3. Los expedientes 5465-2022 y 6350-2022 de la Cámara de Radiodifusión de Guatemala y Cacif accionaron contra el artículo 21, 21 Bis, 21 Ter literales c), g), h), i), k), 21 quarter, 88, 90, 94 Bis, 219, 220 literales e), g), 222 (frases).

¿Qué esperan?

Financiamiento electoral: “Si se declaran con lugar expulsarían de la LEPP los artículos relativos a la propaganda anticipada y las limitaciones a los medios de comunicación para hacer debates, publicaciones y cobrar por menos a la tarifa comercial o mayor si se quiere”, expresó el abogado constitucionalista, José Luis González Dubón, que representó a la Liga ProPatria.

“La LEPP y su reglamento limitaron al 20 por ciento el precio de la propaganda y además de recetaron los espacios premium de los medios. Eso es una expropiación, cuando los medios son propiedad de los dueños. Si dan con lugar las acciones planteadas no habrá limitación de lo que se puede publicar y no”, expresó.

Por ahora el TSE es quien marca las reglas de lo que pueden hacer los partidos, pero si dan con lugar las inconstitucionalidades, se permitiría que la política, que es permanente, se pueda ejercer en cualquier tiempo.

“Es el ejercicio de la libertad, de expresión y pensamiento, y de acción”, aseveró.

Sin dan con lugar las inconstitucionalidades éstas tienen efecto inmediato a partir que se publique la sentencia en el Diario Oficial.

Propaganda sin controles: El constituyente Aquiles Faillace, que fue de los primeros sujetos procesales que accionó contra artículos y frases de la LEPP, indicó que habrá que esperar si la CC declara con lugar todas la inconstitucionalidades o solo algunas.

“Si declaran con lugar las acciones sobre el financiamiento electoral se podrá aportar dinero para la campaña sin control del Tribunal Supremo Electoral”, indicó.

Y sobre el tema de campaña anticipada, Faillace consideró que si fallan a favor de esta habrá un cambio general en el actual proceso electoral porque eso podría permitirle participar a políticos que hoy enfrentan procesos por esto.

“Qué bueno que la presión social arrinconó a la Corte para resolver pronto. Ahora se hace un llamado a estar atentos a la resolución que van a dictar porque afectan las próximas 10 elecciones”, expresó.

Según el analista si no dan con lugar la acción sobre la campaña anticipada, se seguirá con la mordaza. “Si la CC decide aceptar las impugnaciones sobre estos dos artículos “cambia el proceso electoral porque diversos sectores económicos pueden dar fondos económicos y todos pueden hacer propaganda como quieran”

“Si solo dan con lugar uno o dos cambios a la LEPP, el panorama no será tan claro”, justificó.

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Campaña anticipada: El constitucionalista Acisclo Valladares, que ha representado a la organización no lucrativa con fines políticos, Acción 157, recordó que presentaron la primera acción en mayo pasado – aún no hay sentencia, pero se pronunció a favor el Ministerio Público, en contra del artículo del Código Municipal que exige que sean guatemaltecos de origen quienes opten a cargos municipales de elección popular (alcalde, concejales, síndicos).

La acción, dijo, se debe a que la Constitución manda que entre guatemaltecos de origen y naturalizados no puede haber más diferencias que las que dicta la ley.

“La segunda se planteó en contra del 94 bis de la LEPP, ya que establece como sanción un impedimento para optar a cargos de elección popular que la Constitución no establece. “Impedidos aquellos que hayan promocionado su imagen, antes de la convocatoria a elecciones”.

Este impedimento no existe en la Constitución y no puede venir a establecerlo una ley inferior a la Carta Magna, amén de ser una mordaza en contra de la libertad de emisión del pensamiento y una refirma de la Constitución, según Valladares.

“La tercera y última se interpuso en contra de la LEPP, ley de rango constitucional, pero inferior a la Constitución, por existir un requisito para optar a cargos de elección popular (para ser inscritos como candidatos para optarlos, lo que equivale a lo mismo) que la Constitución no exige: la presentación de finiquito o constancia transitoria de falta de reclamos, palabra y expresión que ni siquiera existe en la Constitución.

“Las normas que contradicen la Constitución son nulas ipso jure – sin necesidad de que alguien lo declare -. Sostener inconstitucionalidades – como estas – es jugar con fuego”, apuntó.

Hacer campaña antes de ser candidato: El primer vicepresidente del Cacif, Luis Fernando Leal, explicó que esperan que el Tribunal Constitucional “tome en cuenta los argumentos jurídicos que vertimos en nuestro recurso, y atienda a los planteamientos de inconstitucionalidad que hicimos sobre ciertas normas de la Ley Electoral”.

Cacif también impugnó el artículo 94 bis, que regula que “no será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen, en los diferentes medios de comunicación social, antes de la convocatoria oficial de elecciones”.

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También impugnaron partes de los artículos 21, 88, 90, 219, 220, 222 de la LEPP, que se refiere al financiamiento de los partidos políticos y a la facultad del TSE de distribuir en forma igualitaria los espacios y tiempos que gozan los partidos políticos para pautar en los medios de comunicación.

“Son varios planteamientos de inconstitucionalidad los que se expusieron, así que dependerá de la Corte cómo acoge cada uno de ellos. Asimismo, entendemos que la resolución será de efecto inmediato, una vez se publica la sentencia”, explicó Leal.

Agregó: “en el sentido anterior, la misma Corte ofrece, en ocasiones, criterios interpretativos de cómo atender el efecto de su resolución, así que la misma CC podría indicar, una vez declaradas con lugar ciertas normas como inconstitucionales, cómo se interpretan a la luz del proceso electoral que está llevándose a cabo”.

Algunos artículos, incisos y frases en discusión? 

• Artículo 21. Del control y fiscalización del financiamiento de las organizaciones políticas: Corresponde al TSE el control y fiscalización de los fondos públicos y privados que reciban las organizaciones políticas para el financiamiento de sus actividades permanentes y de campaña. El reglamento regulará los mecanismos de fiscalización.
• Artículo 21 Bis. Del financiamiento público para las actividades ordinarias de las organizaciones políticas: en el que el Estado contribuirá al financiamiento de los partidos políticos a razón del equivalente en quetzales de
  dos dólares por voto legalmente emitido a su favor, siempre que haya obtenido no menos del cinco por ciento
  (5%) del total de sufragios válidos, depositados en las elecciones generales.
• Articulo 21 Ter. y sus literales c), g) h), i), k). Regulaciones sobre el financiamiento. Además de lo establecido en el artículo anterior, el financiamiento de las organizaciones políticas y campañas electorales se rigen en toda época por disposiciones específicas. En este se establece que las organizaciones políticas deben llevar registros contables (en libros) organizados de conformidad con las leyes de la materia. Las personas individuales o jurídicas relacionadas o vinculadas, o una sola unidad de vinculación, tanto con la organización política, como entre sí, no
  podrán hacer aportaciones que sobrepasen el diez por ciento (10%) del límite de gastos de la campaña. El TSE tendrá la facultad de solicitar la información que acredite los aportes dinerarios y no dinerarios efectuados por cualquier
  financista político.
• Artículo 219. Requisitos de la propaganda electoral y garantía de su ejercicio: La propaganda electoral es toda actividad, ejercida únicamente durante el proceso electoral, realizada por las organizaciones políticas,
  coaliciones, candidatos, afiliados, simpatizantes, personas jurídicas individuales y colectivas, con el objeto de difundir programas de gobierno; captar, estimular o persuadir a los electores; así como, promover políticamente a ciudadanos, afiliados o candidatos, por medio de la celebración de reuniones públicas, asambleas, marchas, o a través de medios de comunicación escritos, televisivos, radiales, televisión por cable, Internet y similares
• 220 y sus literales a), e) y g): Relacionado con la distribución igualitaria de recursos públicos para espacios y tiempos en los medios de comunicación social. El inciso A se refiere a la formulación de un plan de distribución igualitaria de espacios y tiempo, diferenciado entre presidencia (50%), diputaciones (25%) y corporaciones municipales (25%).  El inciso se refiere a que la pauta del TSE tendrá prioridad sobre las comerciales, utilizando criterios técnicos y objetivos en la determinación de espacios y tiempos en las franjas comerciales ordinarias. Los medios de comunicación social no podrán limitar en forma alguna las contrataciones a las que se refiere el presente artículo. Y el G: El TSE aplicará una tarifa electoral para los espacios y tiempos en los medios de comunicación social. El valor de la tarifa electoral será del veinte por ciento (20%) del valor que resulte del promedio de la tarifa comercial.
• Artículo 222. De los medios de comunicación social. A requerimiento del Tribunal Supremo Electoral, los medios, durante las dos últimas semanas de diciembre del año anterior al que se realice el proceso electoral, remitirán su pliego tarifario, así como la disponibilidad dentro de sus diferentes franjas; las tarifas para las organizaciones políticas no podrán ser superiores a la comercial. Las organizaciones políticas tienen la prohibición de contratar, transmitir, publicar o reproducir propaganda electoral directamente con los medios de comunicación.
• Artículo 94 Bis (adicionado por medio del artículo 28 del Decreto 26-2016 del Congreso): en el párrafo que dice: “no será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen, en los diferentes medios de comunicación social, antes de la convocatoria oficial de elecciones”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunicó este miércoles 4 de mayo su decisión de de aprobar y publicar el acuerdo de solución amistosa de la Petición 1287 – 19, Zury Ríos Sosa, de Guatemala a través de su Informe de Homologación No. 61/22. 

El comunicado menciona que el caso se relaciona con “la responsabilidad internacional del Estado por la ausencia de garantías para la participación política de Roberto Molina Barreto y Zury Mayte Ríos Sosa quienes, en el 2019, se postularon a las elecciones presidenciales sin poder participar porque los organismos internos se negaron a aceptar la inscripción de su candidatura, pese cumplir con los requisitos habilitantes para postular a un cargo de elección popular”. 

Según el informe 61/62, petición 1287-19, el 24 de mayo de 2019, la CIDH recibió una petición presentada por Zury Mayté Ríos Sosa, en la cual se alegaba la responsabilidad internacional de la República de Guatemala por la violación de los derechos humanos contemplados en varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su perjuicio, el de su hija y el del señor Roberto Molina Barreto. 

El documento publicado este 4 de mayo por la CIDH explica que en agosto de 2021 se dio inicio formal al procedimiento de solución amistosa que culminó con la firma de un acuerdo en diciembre de ese mismo año, mediante el cual el Estado reconoció “las obligaciones que le corresponden en relación con las garantías del derecho humano de participación política establecidas tanto en la Constitución Política de la República de Guatemala como en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. 

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Añade que, en virtud de eso, “el ejercicio de dicho derecho universal no puede limitarse o restringirse por ningún motivo, partiendo de la igualdad de derechos que le asiste a los hombres y mujeres para participar e involucrarse en la vida política de la nación, siempre y cuando se cumplan los requisitos habilitantes, que deberán ser calificados por las entidades correspondientes, previo a participar a un cargo de elección popular”. 

El 28 de diciembre de 2021, las partes firmaron un acuerdo de solución amistosa, en cuyo texto se establece lo siguiente: 

 El documento menciona que el Estado de Guatemala, a través de Procuraduría General de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar comprometió a implementar medidas de reparación consistentes en:  

1. El reconocimiento del derecho humano de participación política de las solicitantes y la improcedencia de límites o restricciones al mismo  
2. Realizar 2 campañas de sensibilización a través de la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos para promover la igualdad en la participación política de las mujeres  
3. Realizar 2 foros con las distintas instituciones educativas, privadas y públicas, a efecto de fomentar la igualdad en la participación política de las mujeres. 

En el informe 61/62 también se menciona que las víctimas del presente caso, Zury Ríos, su hija y Molina Barreto, renuncian a la indemnización económica generada por la afectación a sus derechos convencionales. 

La CIDH también refiere que en el Informe de Solución Amistosa 61/22, se valoró la cláusula declarativa de reconocimiento de responsabilidad y en vista de que las partes decidieron diferir el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa con posterioridad a su homologación por parte de la Comisión, se continuará con el seguimiento de la implementación de las medidas de no repetición acordadas, hasta su cumplimiento total y de conformidad con los plazos establecidos en el cronograma diseñado por las partes para tal fin. 

“La CIDH valora los esfuerzos desplegados por ambas partes durante la negociación del acuerdo para alcanzar una solución amistosa que resultó compatible con el objeto y fin de la Convención y saluda los esfuerzos realizados por el Estado para acudir a este mecanismo de resolución alternativo de conflictos al tiempo que le invita a seguir utilizando para otros asuntos en trámite ante el sistema de peticiones y casos individuales. Asimismo, congratula a la parte peticionaria y valora sus esfuerzos para participar en la negociación e impulso de este acuerdo”. 

La petición de Ríos 

El 15 de mayo de 2019, la candidata presidencial del partido Valor, Zury Ríos, solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) ordenó revocar su inscripción en el proceso electoral. 

Ríos buscaba revertir la decisión del máximo tribunal guatemalteco, alegando que su resolución atenta contra los derechos de los guatemaltecos a elegir y ser electos. 

El Tribunal Supremo Electoral anuló ese 15 de mayo la inscripción de Ríos en cumplimiento de la orden de la CC. 

Las razones de la CC 

La CC dejó fuera de la contienda electoral a Ríos y Molina Barreto, por la prohibición que establecen los inciso a) y c) del artículo 186 constitucional. 

Zury Ríos es hija de José Efraín Ríos Montt, quien el 23 de marzo de 1982 gestó un golpe de Estado que finalmente lo llevó al poder.  

Estos fueron los argumentos que invocó la CC 

• La prohibición contenida en la literal c) del Artículo 186 de la Constitución Política de la República tiene carácter atemporal y, por ende, es aplicable, en cualquier tiempo, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del caudillo o de los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, o que como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno. 

• Según la Corte, en la resolución se afirma que si bien, en Constituciones anteriores, la limitación a que hace referencia el artículo 186 surgió con límite temporal –para el período electoral siguiente-, en la Constitución de 1985 se modificó esa temporalidad a la limitación y le dotó de carácter indefinida. 

• La Corte hizo relato del contexto socio político en el que esta norma fue modificada. Para lo cual hacer una presentación de hechos históricos relevantes acaecidos en el país durante los últimos 100 años. 

• La Corte puso en relieve lo ocurrido entre 1982 y 1986, periodo dentro del cual se promulgó la actual Constitución. Durante ese tiempo, específicamente el 23 de marzo de 1982, hubo un rompimiento al orden constitucional que puso fin a la presidencia del General, Fernando Romeo Lucas García. Luego de varios meses asumió la presidencia de la Junta Militar de Gobierno, José Efraín Ríos Montt, quien relevó de sus cargos al resto de miembros de la junta. 

• En agosto de 1983 al ser derrocado por un movimiento liderado por un alto mando militar que ubicó en la Jefatura de Estado al General Oscar Humberto Mejía Víctores, este asumió el compromiso de traspasar el gobierno de militares a civiles, incluyendo la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, la reorganización de partidos políticos y el establecimiento de la libre competencia electoral. 

• Estos sucesos dieron pie al período democrático guatemalteco actual. Por lo que es en la Constitución de 1985 donde se prevé la limitación con carácter atemporal y cuyo objetivo es proteger los más altos cargos del Organismo Ejecutivo –Presidente o Vicepresidente de la República–, y resguardar el Estado Democrático de Derecho. 

• La Corte señala que debido a las constantes alteraciones al orden constitucional el legislador constituyente lo llevaron a establecer una prohibición de tal naturaleza que garantizara la alternabilidad democrática en el ejercicio del poder, evitando el retorno a esas prácticas negativas. 

• La Corte es enfática en afirmar que la medida de limitar a un pariente cercano de la estirpe, a acceder al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República encuentra lógica, porque otorga preeminencia al bien común ante el interés particular. 

• La Corte de Constitucionalidad citó, además, como respaldo de su fallo, pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha delineado la posibilidad de que los propios Estados regulen diversos límites del derecho de elegir y ser electo de acuerdo con sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales. 

• El fallo hace alusión al carácter pétreo del Artículo 186, el cual, impide efectuar interpretación que varíe el sentido textual de la prohibición contenida en la literal c), en congruencia con la literal a) del artículo 186 del texto constitucional. Conferirle alcances diferentes a lo expresamente previsto, dice la Corte, implicaría reformar tácitamente la norma, lo cual está estrictamente prohibido y contravendría los valores democráticos del Estado de Guatemala. 

La nueva CC ya está por cumplir su primer año de funciones y fue presidida por el magistrado Roberto Molina Barreto, designado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Durante los primeros 12 meses de periodo la CC emitió diversas acciones que validaron reformas legales, modificaron el Código Penal y no otorgaron amparos que buscaban reactivar procesos de antejuicios.

Lo anterior ha hecho que existan opiniones a favor y en contra del trabajo constitucional, que a criterio del presidente saliente ha sido objetivo, sin sesgos ni ningún tipo de presiones políticas.

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Ya está por cumplir su año de presidencia en la CC. ¿Qué tipo de Corte recibió y cuál es la Corte de deja?

Yo he sido magistrado en cuatro Cortes, recuerdo en 2016 la Corte que quedó muy balanceada, muy consciente de la finalidad que tiene la CC, y ahora que regresé prácticamente a ser primer presidente de la octava magistratura, si le digo con toda franqueza, encontré una Corte muy deteriorada, muy politizada.

Muy dada a invadir funciones de los organismos del Estado, muy dada a meterse a contiendas ideológicas, empresariales, económicas y sí, creo que recibí una Corte muy cuestionada en el aspecto puramente constitucional

Este año hemos querido rescatar aquella credibilidad que tenía la Corte durante 35 años. Creo sinceramente que lo hemos logrado en buena parte, obviamente usted sabe que este país se mantiene muy conflictivo y de muchos intereses y no dudo que todavía hay parte de la población que sigue desconfiando de la Corte.  

Fue un primer año, de cambios. ¿Cómo ha sido el trabajo con el resto de los magistrados titulares y suplentes?

En esta magistratura pues la única persona que sí tenía experiencia es la magistrada Dina Josefina Ochoa; los nuevos magistrados merecen todo mi respeto pero la jurisdicción constitucional es muy difícil de comprender. 

Nos llevamos de una manera maravillosa, de mucho respeto, pero por supuesto siempre hay discusiones de orden jurídico porque es muy difícil a veces distinguir en donde realmente la Corte tiene competencia y en donde invade competencias de los otros organismos. 

Precisamente la mala costumbre que dejó la séptima magistratura pues como que hubiera tentación de seguirlo haciendo por parte de las siguientes magistraturas, porque se sienten que pueden gobernar y que pueden decidir cuándo no es esa la función de la CC, sino al contrario, dejar que los organismos del Estado hagan lo propio sin que uno tenga que interferir. 

Hace un año ofreció quitar esa percepción que algunos tenían de la CC como una “corte celestial”. ¿Ya no se ve a la CC así?

Yo pienso que sí, porque por lo menos este año que yo he sido presidente le puedo decir primero que somos una Corte absolutamente independiente, no nos hemos sometido ni a las órdenes del capricho de ninguno de los tres poderes del Estado. 

No nos hemos sometido ni a las órdenes ni al menú de ninguna organización gubernamental, no gubernamental o grupos sociales, y hemos cumplido estrictamente lo que nos manda la Constitución Política de la República y la Ley de Amparo, que es de rango constitucional. 

Nueva CC empezará su periodo sin designación de magistrada titular de la Usac ni el binomio del Cang. https://t.co/B6mqR75hgI

— Prensa Libre (@prensa_libre) April 13, 2021

La CC dejó sin efectos amparos que frenaban las reformas a la Ley de Oenegés, recientemente un informe de Amnistía Internacional mencionaba que esa decisión fue desacertada porque es una norma inconstitucional.  ¿Cómo fue el debate para tomar dejar sin efecto los amparos?

Lo que se hizo fue dejar en suspenso temporalmente unas normas en la Ley de Oenegés, pero precisamente porque esta Corte considera que esas normas, como estaban redactadas, atentan contra la Constitución, entonces diferente a pensar de qué nuestra resolución es inconstitucional, la resolución lo que hace es evitar la aplicación de una norma que pueda llegar a ser totalmente inconstitucional. 

Esa es la función de la Corte, si hay una norma de carácter ordinaria como la que usted menciona, que va en contra de los principios constitucionales o de las convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos uno la tiene que suspender, entonces es todo lo contrario, la Corte no está para quedar bien con nadie. 

En septiembre del año pasado también declararon con lugar de manera parcial una inconstitucionalidad que presentó el abogado Julio García Merlos que relajó las penas de cárcel para 62 delitos, algo que a juicio de analistas favorece a condenados por corrupción. ¿Puede explicar cómo entendió la CC esta conmuta para darle validez legal?

Primero la Corte no legisla, la Corte lo que hizo en esa resolución es declarar inconstitucional la disposición de una norma ordinaria que prohibía las medidas de poder cumplir esas penas, las penas no fueron modificadas.  

Lo que pasa es que por el derecho de igualdad no puede una legislación, aplicando las normas penales o convencionales, decir al capricho de la norma que unos pueden conmutar sus penas y otros no. 

Porque no hay una proporcionalidad, al contrario, la normativa convencional menciona que debe haber una igualdad de condiciones a aquellos que son condenados por delitos con la misma pena y el Derecho penal moderno no es el carcelero de hace 50 años. 

A la CC se presentan amparos por solicitudes de antejuicio que no pasan en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se tiene la percepción que la CC frena esos antejuicios. ¿Cómo ven esos comentarios ciudadanos?

En los últimos días veo que todos los medios de comunicación dicen que la CC impide la investigación de magistrados que han sido antejuiciados, la CC no resuelve antejuicios, quien resuelve antejuicios con o sin lugar es la CSJ.  

Lo que hace el Ministerio Público es estar inconforme en contra de esas resoluciones y vienen a pedir amparo, lo que ha hecho la Corte es no otorgar el amparo provisional porque no hay ninguna información, ninguna causa para otorgar un amparo provisional, eso no quiere decir que en sentencia pueda otorgársela el amparo al Ministerio Público.

El Congreso no ha podido hacer la elección de magistrados a CSJ y Cortes de Apelación, varios diputados mencionan que se debe a un problema legal que dejó la anterior CC. ¿Han ingresado acciones legales para resolver este tema?

No, porque está dotado, o sea, yo le decía al principio que recibí una Corte absolutamente invasiva de las funciones de otros órganos y en efecto, ese es un buen ejemplo, la séptima magistratura emitió una sentencia que está absolutamente firme, que es la que ha impedido elegir a la CSJ desde el 2019.  

¿Entonces, qué más se puede hacer? esperar y encontrar una creatividad institucional que tenga el país para poder desentrampar esta elección, pero esta Corte no puede anular la resolución, no podría anular una sentencia firme. No hay ninguna acción pendiente que resolver. 

Yo esperaría que en algún momento ideal políticamente las instituciones del Estado encargadas se sienten a encontrar la forma de cumplir esa sentencia, posiblemente la Corte podría contribuir en algo, en orientar a través de una consulta que se le pudiera hacer para buscar una forma.

Esta semana se conoce que la CC ordena repetir la elección de magistrado titular designado por el CSU  de la USAC. ¿La CC no estaba de acuerdo con la designación de Gloria Porras?

No es la CC la que no está de acuerdo con la designación de Gloria Porras es la Ley de Amparo y Exhibición Personal la que prohíbe haberla elegido como la eligieron, obviamente la CC cuando es requerida, porque no es de oficio, lo que hace es revisar el procedimiento que tuvo el Consejo Superior  Universitario (CSU) y el CSU informó a la Corte la forma en que fue electa.  

Y es precisamente en contravención a la ley constitucional de amparo que dice como el CSU debe elegir a sus representantes, lo dice claramente que debe ser en voto secreto y dice claramente que debe ser preferentemente con experiencia de docente. 

Muchos creen que decir preferentemente es si les da la gana, no, es obligación del CSU elegir a alguien que es docente.

Pero si hay docentes están obligados a elegir a un docente, la ex magistrada Gloria Porras no lo era y fue electa en forma pública y eso lo informa el propio CSU, por lo cual está viciado su elección y la Corte lo único que hace es su obligación de decir, bueno, si en efecto fue electa en forma inconstitucional y por eso debe repetir el procedimiento.

Pero algo muy importante, porque yo sé que la inconformidad ahora porque hablan que el suplente fue electo en la misma manera, y no tengo duda de que fue así, sin embargo a él nunca lo impugnaron y aquí aclaro, la Corte no resuelve de oficio. 

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La presidencia constitucional es tan solo de un año. ¿Qué quiso hacer en estos 12 meses y quedará como un proyecto inconcluso?

Yo lo que siempre he querido es que deje de haber abuso del amparo y para eso he bregado mucho porque se suspendan amparos o se nieguen una manera expedita. El 80% de los amparos que presentan aquí son improcedentes, son retardatorios, son espurios. 

Pero no lo hace solo los abogados también lo hace la SAT, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación. El amparo está para proteger al ciudadano de los abusos de poder, ahora son las instituciones del Estado las que vienen a pedir amparo después de perder todo el debido proceso.  

Si alguna frustración tengo yo es porque no ha habido cultura en el gremio de abogados institucionales o de litigio libre, de que no hay que utilizar el amparo para entorpecer la justicia en Guatemala.

¿Cuáles son esos grandes temas pendientes que dejara a la próxima presidencia de la CC y a los que se debe poner atención en el próximo año?

Pues realmente demostrarle a la población de que esta Corte es absolutamente independiente, que no está al servicio ni al menú de ninguno de los tres poderes del Estado, ni a favor de ningún grupo de la sociedad civil. 

Hay percepción de que antes esta Corte estaba al servicio de Hellen Mack y ahora la percepción es que está al servicio de Fundación Contra el Terrorismo, ninguna de estas situaciones es cierta, acá se le da la razón a quien la tenga sea quien sea, pero no por capricho o al menú, ni mucho menos por sesgo.

A la nueva presidenta, Dina Ochoa, le toca presidir una CC en medio de un proceso electoral ¿Qué papel cree que va a jugar la CC para las elecciones generales del 2023 y cómo garantizar a la población la imparcialidad de los magistrados?

Mire el tribunal encargado del proceso electoral no es la CC, es el Tribunal Supremo Electoral, la CC no debe intervenir y mucho menos para interferir en la democracia.

La séptima magistratura descalificó en forma arbitraria candidaturas, descalificó procedimientos invadiendo las funciones de otros organismos, lo único que debe hacer la CC, si es requerida, es velar por el debido proceso electoral y no impedir la democracia y que sea el pueblo quien elija.

Por supuesto que no se puede permitir candidaturas que realmente tengan elementos para poder tener prohibición de participar, pero no en una manera caprichosa o violando Derechos Humanos, descalificando candidatos para favorecer a otros. 

Pero lo que tiene que haber es tolerancia de que esta Corte no puede resolver a favor o en contra de intereses sectarios, sino que únicamente cumplir con su función de respaldar el orden constitucional.

En una entrevista difícilmente se puedan abordar todos los temas que tocó la CC en un año. ¿Hay algo que le gustaría agregar?

Yo esperaría que mi colega Dina Josefina Ochoa, a quien respeto y tiene mucha experiencia judicial de muchos años, realmente pueda seguir representando este ente haciendo valer a la población esa independencia. 

No puede haber justicia, no puede haber estado de Derecho si no hay absoluta independencia, no dejarse cooptar por nadie, aquí es válido y doctrinalmente lo que se llama el principio de ingratitud. 

Fuimos electos por algunos organismos, pero eso no significa que esos órganos designantes nos puedan sesgar a resolver a favor o en contra de ellos o de otros organismos, se rompe el cordón umbilical para que nosotros los magistrados en forma independiente e imparcial, resolvamos. 

El Ministerio Público (MP) dijo este jueves 29 de abril que, dentro de la investigación del caso Fénix, hubo hallazgos que sugieren que el magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto, habría participado como notario en empresas de Gustavo Herrera, quien es prófugo de la justicia por ese caso.

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Según el MP, la documentación donde figura el nombre de Molina Barreto están en poder de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

Se trata de las entidades Fabricación de Químicos S. A. y Jakyll Propierties S. A., que fueron utilizadas para el presunto lavado de Q350 millones, según la investigación.

En su oportunidad, la Feci señaló que el caso Fénix consistía en una red criminal que usó empresas de sociedades anónimas y limitadas y off shore para lavar dinero del desfalco de Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en 2003.

La investigación señala como cerebro de la estructura a Gustavo Herrera, asilado en Nicaragua y quien en 2008 llegó a un acuerdo para pagar US$7.4 millones para que cesara la persecución penal en su contra por ese caso.

El dinero supuestamente blanqueado habría sido sustraído del fideicomiso Protección y Desarrollo Social, que se había formalizado entre el IGSS, el Grupo Empresarial Univserv, S.A. y Banco Uno S.A., que nació como un proyecto de vivienda popular para jubilados de la institución.

Magistrado se defiende

El magistrado de la CC, Roberto Molina Barreto, dijo en una entrevista con Prensa Libre y Guatevisión que por el momento no tiene conocimiento oficial de la información que dio a conocer la Feci y que le gustaría tenerla.

Recordó que cuando se postuló en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para ocupar la magistratura en la CC para finalizar el periodo 2016-2021, una persona hizo una objeción por ese tema y dijo que una empresa tenía que ver con Herrera.

Molina Barreto dijo que por esa razón acudió al Archivo General de Tribunales a sacar una certificación del expediente y determinó que no había ninguna relación de Gustavo Herrera con esa empresa, por lo cual lo presentó el documento a la CSJ y ellos desestimaron la objeción que le habían hecho para postularse a magistrado de la CC.

El magistrado explicó que esa relación que le hacen con la empresa fue hace más de 20 años y él no recuerda exactamente las sociedades anónimas ni los socios de estas y solamente pudo verificar en el Registro Mercantil el nombre de los representantes legales y en ninguno de ellos figuraba Herrera.

“Yo me di a la tarea de buscar a los representantes legales de esa empresa en el Registro Mercantil y no aparecía ninguno con apellido Herrera y yo presenté eso a la Corte Suprema para desvanecer esa objeción”.

El magistrado también afirmó que anteriormente tenía un bufete cono otros asociados, uno ya fallecido, en donde compartían asuntos notariales, litigio y otros procesos.

Aseguró que Herrera nunca fue su cliente y expresó: “cliente mío, así directo o que haya una factura de honorarios o algo así, no”.

Refirió que en todo caso, si hace 20 años él hubiera realizado algún servicio para alguna empresa vinculada con Herrera, él desconoce si para entonces esta persona ya estaba vinculada a algún hecho ilícito.

El caso Fenix

La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo, integrada por suplentes, anuló el 27 de enero pasado el caso Fénix, relacionado con lavado de Q350 millones en IGSS, el cual estaba a cargo de la Feci.

En este caso había 52 personas implicadas, entre ellos Herrera.

Los jueces que firmaron la resolución son César Aníbal Najarro López -que también dio amparo provisional a Mynor Moto para que fuera juramentado magistrado de la Corte de Constitucionalidad-, Noé Moya García y Gloria Dalila Suchite Barrios.

El caso estaba a cargo de Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D.

Esa misma sala de Apelaciones fue la que en diciembre anuló el proceso a favor de Armando Escribá, exdiputado procesado en una fase del caso Construcción y Corrupción sobre vínculos con constructoras que hicieron contratos millonarios con la Dirección General de Caminos en los gobiernos de la UNE y el PP. No obstante, la Cámara Penal de la Corte Suprema revirtió este fallo y lo dejó de nuevo a cargo de Aifán.

Roberto Molina Barreto será el representante de la Corte Suprema de Justicia en la nueva Corte de Constitucionalidad (CC) y el primer presidente de la próxima magistratura que toma posesión este miércoles 14 de abril.

El magistrado, quien en el 2019 formó parte de la candidatura del binomio presidencial con Zury Ríos, es claro al señalar que ha existido una serie de errores que han ocasionado un desgaste a la CC, lo que identifica como el mayor desafío que tendrán que enfrentar como futuras autoridades.

Destaca que es vital que como magistrados se pongan límites, ya que la CC no es una “corte celestial”, como muchos opinan, aspecto que, según él, ha venido acrecentando una división social que viene desde la época del conflicto armado interno.

Molina Barreto habla sobre sus aspiraciones, alcances y también las limitaciones del cargo que desempeñará durante los próximos cinco años.

 TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA

—¿Cuál es el balance de la CC que sale?

—Lo primero que diría es que mi aspiración es que la Corte recupere la confianza y la credibilidad de esta institución, que se deje de percibir como si fuera un órgano cuya función ha sido dominada por algún tipo de ideología.

Lo que se aspira es que la población entienda que esta institución es un árbitro, y que aquí ninguna ideología, ningún credo ni ninguna otra preferencia va a dominar cómo deben de salir las resoluciones; es cumplir con el ordenamiento jurídico del país.

—¿Cuál es el principal logro y el mayor error de la Corte saliente?

—Logro es muy relativo siempre. Usted sabe que cuando se habla de resoluciones hay algunos que están de acuerdo con ellas y otros que no. En el campo jurisdiccional le diría que ha habido una conflictividad en los últimos cuatro años y medio del tipo de resoluciones que ha emitido esta magistratura, a la cual yo me incorporo de último.

Lo que sí es indudable es que hay un logro en el aspecto informático. Creo que es la única institución que en un alto porcentaje ya se maneja de forma electrónica, sin papel, y aunque es un adelanto por la era de la pandemia, creo que es un gran logro que vamos a ir mejorando cada vez más.

Con toda franqueza, lo debo decir, porque lo he dicho públicamente, especialmente cuando no estaba dentro de la magistratura, creo que esta magistratura invadió algunas funciones propias de los organismos del Estado. La función de la CC es resguardar el orden constitucional y el orden constitucional es precisamente que cada órgano, que cada poder del Estado, ejerza sus funciones con absoluta independencia uno del otro y de conformidad con las normas de carácter constitucional.

Tengo la impresión de que en muchos fallos la Corte invadió esas funciones propias de los organismos del Estado y eso para mí fue un error.

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—Una de las mayores demandas sociales es que la próxima Corte garantice independencia. ¿Cómo se puede lograr?

—No debería ser un reto, debería ser ya parte integral de esta institución, de que la población tenga confianza, tenga credibilidad, y eso solo se logra si la Corte no se pone a resolver de forma ideológica. Eso es lo que ha motivado a una serie de circunstancias en los últimos cuatros años y medio, o un poco más, que precisamente dan esa impresión.

—¿Qué piensa sobre los conflictos de intereses en la aplicación de justicia?

—Los conflictos de intereses siempre han existido, es innegable para la sociedad. Siempre se tiene a distintos grupos con distintos intereses y son respetables. Todos tenemos el derecho de tener una aspiración de ejercer los derechos cívicos y políticos, tener todas las libertades que la Constitución le otorga al ser humano.

Yo no veo que haya problema que tengan intereses. Insisto, lo que sí es importante es que los miembros de este tribunal actúen con total independencia de esos grupos de intereses y resuelvan conforme a Derecho. Por supuesto, es lógico que algunos fallos gustarán y otros no, es parte de ser juez, es parte de ser árbitro, y no sesgarse y menos por razones de ideología por unos u otros.

—¿Cuál es el principal desafío que tiene la nueva CC?

—Creo que esta octava magistratura tiene una gran tarea de quitar en el imaginario de todos los guatemaltecos, cada uno puede tener sus preferencias a favor de unos u otros grupos, ideologías, religión, cualquiera otra situación, pero aquí lo que hay que establecer es que un juez constitucional es un árbitro, no es un juzgador.

Como humano puede tener una religión, una ideología, lo que no es permitido es que esa ideología o religión domine cómo va a resolver. Lo único que va a motivar una resolución del tribunal constitucional es la Constitución Política de la República de Guatemala, las convenciones internacionales y todo el ordenamiento jurídico interno.

—EE. UU. y otros países amigos han pedido que la CC garantice el estado de Derecho. ¿Qué piensa sobre este llamado?

—Creo que tienen razón y no debe de ser una aspiración de un gobierno extranjero, sino la de todos los guatemaltecos. Que la diferencia de la que se habla, que este ha sido un proceso bastante visible o mediático, es precisamente por las resoluciones que yo le decía, que se han emitido en los últimos años y que puedan ser calificadas algunas con un sesgo ideológico o invadiendo funciones de otros organismos del Estado.

Pareciera ser que la gente cree de manera equivocada que esta es una ‘corte celestial’. Nadie puede estar por encima de la ley, ni la propia Corte ni los propios magistrados. Precisamente el marco legal está plenamente establecido en la Constitución y en la Ley de Amparo, qué puede y qué no puede hacer la Corte. La Corte debe auto limitarse, no es que pueda hacer lo que quiera.

En el imaginario de muchos grupos, incluida la sociedad civil y el sector privado, equivocadamente piensan que desde aquí se ejerce gobierno. No es eso para lo cual fue creada la CC, sino para dejar gobernar a quienes tengan que gobernar en el uso de sus constitucionales facultades. Pero cuando miran que un organismo como este puede representar mayor poder que esos órganos del Estado viene el interés de saber quiénes van, quiénes son, a favor de qué están, y eso es lo que ha ocurrido en los últimos años por este tribunal.

Por eso le decía que es un gran reto que quitemos ese imaginario, esto no es una ‘corte celestial’, de que ningún magistrado está por encima de la ley y que por supuesto que cada funcionario público, incluidos los los magistrados de la CC, son responsables de sus actos, y si sus actos están fuera de ley va a tener consecuencias.

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—¿Qué papel debe jugar la Corte ante el accionar de los poderes del Estado?

—Observar sus procedimientos y respetarlos. La Corte actúa no de oficio, sino a petición de alguien legitimado para presentar un amparo o una inconstitucionalidad. Creo que lo primero que debe hacer la CC cuando recibe un amparo contra alguno de los poderes del Estado es ver que el procedimiento que se señala como equivocado fue o no; el procedimiento, no el fondo.

La Constitución señala cuales son las facultades del Ejecutivo. La Corte no puede decir ‘esto sí lo puede hacer, esto no lo puede hacer’. En todo caso, la Corte podrá revisar si lo que hizo fue con el debido procedimiento. El Congreso tiene que legislar, la CC no puede legislar. La Corte puede ver si la ley choca o no con la norma constitucional, lo que no puede hacer la Corte es legislar o impedir que el Congreso actúe en el ejercicio de sus facultades, que es legislar, y aquí se han dado amparos para evitar el legislar, lo cual considero equivocado.

En el Organismo Judicial les corresponde juzgar en la vía ordinaria. No puede esta Corte venir y tocar el fondo. Lo que sí puede supervisar, si es requerida, es que el debido proceso se dio o si hubo alguna violación al derecho de defensa, pero no nos podemos meter a la resolución de fondo. La Corte Suprema de Justicia sí es suprema en el caso de las casaciones. Sin embargo, hemos visto a esta Corte inmersa en la justicia ordinaria, lo cual es indebido.

Este organismo, como decíamos al inicio, se ha saltado las trancas y por eso es que ahora hay mucho interés en la Corte, porque pareciera que es la corte celestial.

Lo digo con toda franqueza y humildad, porque ya es la cuarta vez que soy designado magistrado de la CC, que desde la primera magistratura han habido equivocaciones, pero todo tiene un balance, una medida. Pero cuando esos errores son reiterados en un período hacen un monstruo de lo que creó la Constitución, hay una mutación del espíritu para el que fue creada la institución.

No, señores, esta Corte va a resguardar el orden constitucional, no invadir las funciones de los otros poderes del Estado.

—¿Un magistrado de la CC debe responder a los intereses de quien lo eligió?

—Jamás. Es más, lo dice la propia Ley de Amparo, y aunque no lo dijera es un aspecto de orden moral y de independencia. Si usted va a venir y porque fue elegido por el presidente lo va a defender de alguna de las acciones, eso es indebido. Para las cinco designaciones del Consejo Superior Universitario tampoco tienen que respaldar todo lo que haga la universidad -de San Carlos-.

Por eso es famosa la misiva que dice que aquí debe prevalecer el principio de la ingratitud. Nos designaron, pero al momento que nos designan se rompe ese cordón umbilical y se vuelve usted totalmente independiente del órgano que lo designó. De lo contrario, el tribunal perdería su esencia si cada uno de los designados responde a los intereses de sus designantes, ya no se vuelven árbitros, se vuelven jugadores.

—Usted fue el candidato vicepresidencial de Zury Ríos. Si ella vuelve a buscar la Presidencia y el caso llega a la CC, ¿se inhibiría?

—Yo no quisiera emitir una respuesta sobre supuestos. Hoy vengo a ser magistrado de la CC con todos los principios que ya le expliqué, no puedo responderle en un supuesto que no tengo ni siquiera idea si la señora Zury Ríos pretende o no ser nuevamente candidata.

Lo que sí le puedo decir es que yo fui candidato vicepresidencial de ella, ejercí un derecho constitucional, ejercí mis derechos cívicos y políticos. Eso ni a mí ni a nadie se le puede impedir, porque, precisamente, esté o no de acuerdo con alguna candidatura. No me gustaría responder una pregunta que está basada en un supuesto.

—¿Existe algún plan o propuesta que tenga en mente para impulsar el conocimiento de la Constitución?

—Ese es un aspecto sumamente importante. Es muy lamentable la falta de interés que existe en la mayoría de la población de saber realmente qué es la Carta Magna. Creo que bien haría la cooperación internacional en venir y apoyar a algunos grupos académicos o de formación cívica para, precisamente, divulgar cuáles son los derechos y las obligaciones que la Constitución señala a todos los guatemaltecos.

No quisiera decir ignorancia. pero esa falta de conocimiento de lo que realmente es la justicia constitucional nos daría más chance de ver las cosas, porque es cierto que existe un conflicto permanente en Guatemala desde el conflicto armado interno, pero pareciera que se silenciaron los fusiles y se encienden las pasiones ideológicas. Repito, no estoy en contra de alguna ideología, tengo una ideología como cualquier persona, pero cuando usted es funcionario, principalmente juez constitucional, debe ponerse el traje de árbitro, independientemente de lo que usted piense.

—Usted asumirá la presidencia de la CC en el 2021. ¿Cuál será su mayor desafío en este año?

—Insisto que es que la Corte recupere su credibilidad, la confianza, y esto termina en lograr una seguridad jurídica, porque la seguridad jurídica incide en un desarrollo de todo el país. Con inseguridad jurídica, como la que creo que ha existido en los últimos años, es difícil que haya inversión económica, y sin inversión no hay empleo y las familias se dividen porque se van a otros países.

La inseguridad jurídica provoca que no haya motivación de invertir en el país. Que no sea ni un presidente ni la CC la que cambie esas reglas cada vez que cambia la Corte, porque entonces es lógico, nadie va a tener la confianza de hacer una inversión para generar empleo y producir riqueza para terminar con la pobreza, y todos los problemas de orden social y económico que tiene el país.

—¿Cree que es el momento para que la Constitución sea reformada?

—Con el tema de la reforma constitucional, en los 36 años que tengo en el ejercicio profesional y 65 de vida, me he dado cuenta que en algunos aspectos he sido reformista, pero cuando veo el desmán que se puede dar a través de una reforma constitucional, me arrepiento.

En el 2010 hice un anteproyecto de reforma constitucional y la presenté en el Congreso. Hubo más instituciones y grupos que lo hicieron; incluso hubo mesas de diálogo para unas reformas. Yo participé en ellas cuando ya no era magistrado y sí me espanté.

Me espanté porque la motivación de esa reforma era mejorar el sistema de justicia del país, pero cuando usted llegaba a esas mesas de lo que se daba cuenta es que se trataba de una lucha ideológica y de querer ir más allá de reformar el sistema de justicia y polarizar aun más a la sociedad guatemalteca.

La Constitución de nuestro país es muy buena y me entristece mucho oír a grupos, incluso de profesionales, decir que no debería existir esta Corte, por los desmanes de los últimos años, cuando es un avance que exista un tribunal especializado en materia constitucional. No muchos países lo tienen.

Pero cuando la Corte se salta las trancas e interfiere en funciones que no le corresponden, produce más polarización.

Todos estos sectores deben entender que existe una columna vertebral que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Si no la conocen y si no la respetan, ¿por qué cambiarla? Primero hay que darles oportunidad de que la conozcan. Llevamos 35 años de la Constitución, la más antigua de los últimos 100 años.

Ping Pong:

• Independencia de poderes: Sistema republicano.
• Politización de la justicia: No debe existir.
• Aborto: Estoy en contra del aborto, a menos que sea por razones terapéuticas.
• Matrimonio igualitario: Cada uno tiene la libertad de pensar y actuar como mejor le convenga.
• Pena de muerte: Creo que es necesario aplicarla en los casos en que la ley lo permita.
• Protestas: Derecho a manifestación sin afectar los demás derechos y libertades que la Constitución tiene para todos.
• Propiedad privada: Debe ser respetada, pero ningún derecho es absoluto; se privilegia el derecho general sobre el particular.
• Certeza jurídica: Es lo que hace falta en este país.
• Amparos: Debe reducirse la exigencia de los amparos improcedentes.
• Recursos naturales: Deben protegerse.

***

Entrevistas a magistrados: Prensa Libre solicitó a los cinco magistrados titulares entrevistas periodísticas, sin embargo, solo tres respondieron y se publican a partir de hoy cada día hasta el miércoles, en el orden que asumirán la presidencia en los siguientes años. Mañana puede leer la entrevista con Dina Ochoa, sobre cuál debe ser el rumbo de la nueva CC, y luego a la magistrada Gloria Porras.

En los últimos años la Corte de Constitucionalidad (CC) ha frenado decisiones de otros organismos del Estado, pero algunos de esos expedientes siguen abiertos porque no han llegado a la etapa de sentencia y es una responsabilidad que eventualmente caerá sobre la próxima magistratura, que toma posesión en próximo 14 de abril.

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Aunque las decisiones se deban tomar en el pleno, quien define los temas a tratar es el magistrado que ocupe la silla presidencial, que durante el primer año de la siguiente Corte corresponde a Roberto Molina Barreto, por ser el profesional de mayor edad dentro de los cinco nuevos magistrados titulares.

Grupos de la sociedad civil, sector empresarial y tanques de pensamientos ya han opinado acerca de los principales retos que tendrá este equipo de magistrados: dotar al país de certeza jurídica, emitir fallos sólidamente fundamentos y desvanecer las sombras de una pugna ideológica son algunas de ellas.

Pero los expedientes abiertos, es decir aquellos que no han llegado a una resolución en definitiva, podrían ocupar un papel clave de ser necesario, según explicó Molina Barreto.

“Indudablemente hay muchos amparos que pueden ser de alto impacto mediático, yo en este momento no le puedo asegurar cuál es el estatus de ellos, porque no tengo el control administrativo de la CC, yo al asumir como magistrado presidente haré un inventario de esos expedientes que puedan tener un impacto de orden mediático–político y, ya entonces, podré tener un diseño de darles prioridad a los que lo merezcan, pero sinceramente la prioridad que debe de respetarse es a como vayan ingresando los casos”, señaló.

El magistrado es claro al señalar que su principal trabajo es proteger la Constitución, pero asegura que para cumplir con esta tarea es primordial respetar cada uno de los artículos que tiene la Carta Magna.

“Los lineamientos de la CC, desde que fue fundada es ser meramente el guardián del orden constitucional, o sea, permitir que todos los órganos del Estado actúen de conformidad con sus propias normativas, con las ordenanzas que le impone la Constitución Política de la República de Guatemala sin entrometerse en ellas, esas son las líneas generales que debe respetar la Corte, debe respetar el sistema republicano, democrático y representativo”, precisó.

Su integración

La próxima magistratura será integrada por una Corte que a criterio de grupos de la sociedad civil podría emitir resoluciones más conservadores que sus antecesores, lo que significaría que aquellas resoluciones que no han quedado firmes podrían ser revertidas.

Pero las entidades también recuerdan que la única forma en medir el trabajo de las próximas autoridades constitucionales será mediante la evaluación de sus resoluciones, ya que es necesario que todos ellos se desprendan de los intereses de cada uno de los órganos que los nombró para la CC.

La alianza oficialista del Congreso decidió apoyar a Dina Ochoa como magistrada titular, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) eligió al magistrado Nester Vázquez; la Usac optó por Gloria Porras; el presidente Alejandro Giammattei apoyó a su secretaria general, Leyla Lemus; y por último la CSJ se inclinó por Roberto Molina Barreto.

Reconciliación Nacional

Por una decisión de la actual CC los diputados no pudieron dar continuidad a la iniciativa que buscaba la Ley de Reconciliación Nacional, proyecto que tan solo restaba de la tercera lectura y redacción final para incluirla en el ordenamiento jurídico nacional.

El principal efecto que busca esta sugerencia de ley es otorgar una amnistía por todos los procesos que tengan relación al conflicto armado interno, lo que despertó críticas, incluso a nivel internacional y que mediante un amparo, que no está en definitiva, se les ordenó a los diputados no continuar con la discusión legislativa.

Para el constitucionalista y exdiputado Fernando Linares Beltranena, con el cambio de la CC existe una oportunidad para subsanar “el error” que cometió la Corte.

“Con esa ley se dejarían de percibir los resarcimientos millonarios de que han vivido muchos que lucran con enviar a militares a la cárcel, como están actualmente muchos veteranos con prisión provisional de años, espero que se pueda revocar en el futuro ese amparo en definitiva; hay muchísimos casos en que los integrantes de una Corte revocan lo decidido por los integrantes de una Corte Anterior, los criterios cambian y espera que esta magistratura tenga un pensamiento más apegad a la Constitución”, señaló.

Por su lado, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, esperaría que la Corte saliente pueda dar respuesta a este y otros temas antes de entregar el cargo, de lo contrario advierten un peligro para la garantía de los derechos humanos.

“Yo espero que la próxima CC que asuma el 14 de abril tenga conciencia plena de los que implica ejercer jurisdicción, que no es solamente caprichos personales ni afanes ideológicos sino apegados a la Constitución, dependiendo de las decisiones de ellos puede ser la reacción de la gente, la sociedad civil y autoridades indígenas están muy al pendientes de los riesgos que implicaría la regresión a los derechos ya avanzados”, indicó.

Ley de Oenegés

Otro de los amparos provisionales que podría ser anulado es el que frenó la entrada en vigor de las reformas a la ley de Oenegés, aprobada a inicios de la presente legislatura e incluido de último momento en la parte final de un punto resolutivo que buscaba fijar una postura de nación ante la pandemia del covid–19.

Las principales críticas de políticos contra estas organizaciones se fundamentan en una aparente evasión a la fiscalización y aparentes compañas de desprestigio contra autoridades de gobierno.

“Lo que estas mentes diabólicas quieren provocar en Guatemala es una crisis de Estado y la satanización de las instituciones para tener argumentos que les permitan engañar y vociferar en el extranjero que son necesarios más y más recursos para las oenegés, que dicho sea de paso, no se permiten ser fiscalizadas, que no permiten fiscalizar las fortunas acumuladas por sus dirigentes”, señaló en un discurso reciente el presidente del Congreso, Allan Rodríguez.

Pero esta serie de mensajes no son nuevos ni novedosos, según Edie Cux, director de Acción Ciudadana (AC), quien logró frenar la entrada en vigor de la ley en cuestión a través del amparo provisional de la CC.

“Yo creo que hay una estrategia específica detrás de los discursos para generar cuestionamientos a la sociedad civil, viniendo del presidente del Congreso… bueno, son ellos los que no quieren ser fiscalizados, no quieren rendirle cuentas a la población. Lo que ellos quisieran es tener todo el camino libre para poder plantear reformas políticas que faciliten la corrupción. Yo creo que estamos ante una situación crítica en cuestión de derechos fundamentales que podría ahondar mucho más la crisis social”, refirió.

Otros temas

• Resoluciones en proyectos mineros de La Puya y Fénix: Por resoluciones de la CC estas empresas deben celebrar procesos de consultas en las comunidades donde pretenden operar.
• Antejuicio contra el vicepresidente Guillermo Castillo: El vicemandatario fue denunciado por un nombramiento temporal en la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) que no habría llenado todos los requerimientos públicos.
• Presupuesto Usac: La PDH y grupos universitarios aún esperan una sentencia del amparo que busca obligar al Estado de Guatemala a calcular y entregar de manera correcta el presupuesto de 5% sobre el total de ingresos tributarios.
• Ley de aceptación de cargos: Mediante una acción de inconstitucionalidad que no ha quedado firme se suspendió la ley que aprobó el Legislativo que permitía hasta una reducción del 50% de la condena si la persona acusada aceptaba los hechos.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), el último de los organismos pendientes de designar magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC), designó este miércoles 10 de marzo a Roberto Molina Barreto como magistrado titular para que integre ese organismo en el período 2021-2026.

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La elección se llevó a cabo en la Sala de Vistas de CSJ y la votación fue pública y transmitida a través de redes sociales.

Luego de la votación, los magistrados de la CSJ hicieron la designación de Roberto Molina Barreto para magistrado titular y a eso de las 13.15 horas se suspendió la reunión y se otorgó un receso para luego votar por el magistrado suplente.

Molina Barreto es actualmente integrante de la CC, a la que llegó luego que el 10 de noviembre fuera designado por el Congreso de la República para que concluyera el período que termina en 2021.

El jurista, excandidato a la vicepresidencia de la República en 2019 en fórmula con Zury Ríos, ocupará la magistratura que dejó Neftaly Aldana.

Molina Barreto es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Fue magistrado titular en los períodos del 2006 al 2011 y del 2011 al 2016 y presidente de la Corte de Constitucionalidad del 2010 al 2011 y del 2014 al 2015.

También fue fundador, en el 2010, del Instituto de Justicia Constitucional, adscrito a la Corte de Constitucionalidad.

Fue presidente de la CC  de junio 2010 a abril 2011 y del 2014 al 2015, y vicepresidente del 2013 al 2014.

Es asociado fundador del Centro para la Defensa de la Constitución -CEDECON-, del que fue presidente del año 2003 al 2005; Procurador General de la Nación del 2005 al 2006. Oficial en los diferentes Tribunales del Organismo Judicial de 1974 a 1980. Ha ejercido la profesión de abogacía por 36 años a través del Bufete Profesional Molina Barreto & Asociados.

Durante la tarde los magistrados judiciales eligieron magistrado suplente a Walter Jiménez Texaj.

Integración de la CC

Presidencia

Alejandro Giammattei y el Consejo de Ministros designaron a Leyla Susana Lemus Arriaga como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) y a Juan José Samayoa Villatoro como magistrado suplente.

Corte Suprema de Justicia

Roberto Molina Barreto fue designado como magistrado titular y queda pendiente el magistrado suplente.

 Congreso

Eligió a los magistrados designados por ese organismo, Dina Ochoa titular y Luis Rosales suplente.

 Usac

El Consejo Superior Universitario ya eligió a Gloria Porras titular y Rony Eulalio López suplente.

Colegio de Abogados

La asamblea de profesionales eligió a Nester Vásquez y a Claudia Paniagua.

La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió el trámite de cuatro amparos que se oponían al nombramiento de Roberto Molina Barreto como magistrado titular de ese tribunal.

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Las acciones fueron presentadas por los abogados Marco Vinicio Mejía, Laura René Aguilar, Andrés García Flores y Ana Margarita Castillo; la organización Caldh, así como los ciudadanos Ana Esperanza Tubac, Lin Valenzuela, Daniel Pascual, Pedro Botón, María Chipix, Walter Cuc Sajquiy, José Alberto Chic, Leocadio Juracán, José Luis Ramírez, Jacob Omar Jerónimo, entre otros.

Sin embargo, el tribunal constitucional suspendió en definitiva el trámite de los otorgados que iban contra la Corte Suprema de Justicia, que nombró a Molina Barreto magistrado titular y a Jorge Rolando Rosales Mirón magistrado suplente.

De hecho Molina Barreto se integró a la Corte desde mediados de noviembre y ya la presidió durante la resolución de los amparos que detuvieron los antejuicios contra los togados Gloria Porras y Francisco de Mata Vela.

Tres solicitudes de amparo han llegado a la Corte de Constitucionalidad (CC) contra un mismo asunto: la elección de Roberto Molina Barreto y José Rodrigo Rosales Mirón, magistrados titular y suplente de ese tribunal elegidos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

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Ambos abogados fueron elegidos el 10 de noviembre por la Suprema y durante la noche fueron juramentados por el Congreso para ocupar las vacantes de los magistrados Neftaly Aldana, titular, quien fue cesado del cargo por enfermedad, y María Consuelo Porras, suplente, quien renunció en 2018 para ser fiscal general. La elección servirá para culminar la magistratura 2016-2021.

La CC aún no ha emitido resolución en torno a las tres peticiones.

Consultado por Prensa Libre, Molina Barreto dijo que él cumplió con todos los requisitos de la convocatoria, no está sujeto a proceso penal ni ha sido condenado por violación de derechos humanos, y prueba de la legalidad de su nombramiento es que los magistrados de la CC le dieron posesión del cargo, algo que no habría ocurrido si hubiera ilegalidad en el proceso.

Resaltó que los grupos que se oponen a su nombramiento solo buscan impedir que las cortes se integren y recordó que en años anteriores las organizaciones han impugnado las elecciones de esos órganos estatales. Esas agrupaciones, dijo, “buscan que la corte sea un ring donde se diluciden sus situaciones confrontativas”. Agregó que no se pronunciará sobre si integrará el pleno en el momento que se conozcan las solicitudes de amparo en su contra puesto que desconoce si el tribunal les dará trámite.

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CALDH
El Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) también presentó este 16 de noviembre un amparo contra la elección de Molina Barreto con el argumento de que el abogado no cumple con el principio de reconocida honorabilidad y no es idóneo para el cargo.

Se le señala de que, cuando fue magistrado de ese tribunal en 2013, “emitió resoluciones contrarias a la ley en el caso por genocidio contra Efraín Ríos Montt”, exjefe de Estado de facto, y también porque participó como candidato a la Vicepresidencia de la República en 2019, lo cual podría otorgar beneficios personales pero contrarios a las prohibiciones constitucionales.

Además, CALDH plantea que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no conoció tachas contra Molina Barreto y otros aspirantes al cargo.

Alianza por las Reformas
Alianza por las Reformas presentó el 13 de noviembre amparo contra irregularidades en la elección de la CSJ en la que fueron nominados Molina Barreto y Rosales Mirón.

La organización expuso que los magistrados de la Suprema no firmaron el acuerdo 45-2020 en el que establecían las reglas para la elección de magistrados titular y suplente, asimismo no conocieron las tachas que organizaciones sociales presentaron contra los aspirantes -Alianza presentó dos dos tachas contra Molina Barreto-.

Para esta agrupación, Molina Barreto no cuenta con honorabilidad ni independencia porque es parte del partido político Valor, fue candidato nominado a la Vicepresidencia en 2019 por ese partido.

Primera acción
El abogado Marco Vinicio Mejía presentó el 12 de noviembre un amparo contra la convocatoria de la Suprema del 30 de octubre porque considera que no tiene fundamento legal. Considera que la Suprema actuó con “notoria ilegalidad” contrariando preceptos constitucionales.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) eligió este 10 de noviembre a Roberto Molina Barreto para ser magistrado titular ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para la magistratura que termina en 2021.

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El jurista, excandidato a la vicepresidencia de la República en 2019 en fórmula con Zury Ríos, ocupará la magistratura que dejó Neftaly Aldana.

Los otros cuatro abogados aspirantes no obtuvieron más de tres votos de los magistrados de la CSJ.

La votación fue a viva voz en la sala de vistas de la CSJ después de revisar los expedientes.

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Los abogados que se presentaron candidatura fueron Jorge Rolando Rosales Mirón, Walter Brener Vásquez Gómez, Guillermo Antonio Porras Ovalle, Roberto Molina Barreto y Christian Lanuza Monge.

Molina Barreto obtuvo 10 votos a favor: Nery Medina Méndez, Vitalina Orellana, Josué Baquiax, Sergio Pineda Castañeda, Nester Vásquez Pimentel, Josué Pineda Barales, Manuel Reginaldo Duarte, Silvia Valdez Quezada, Noé Adalberto Ventura Loyo y Edwin Roberto Ruano Martínez. Votaron en contra Delia Dávila, Silvia García Molina y María Eugenia Morales.

Molina Barreto fue procurador general de la nación y en dos ocasiones magistrado titular de la CC nombrado por la Suprema (2006-2011 y 2011-2016).

Jorge Rolando Rosales Mirón fue elegido para la magistratura suplente, con 10 votos a favor y tres en contra. Ocupará la magistratura que dejó María Consuelo Porras, quien fue elegida por la Suprema para el periodo 2016-2021 pero renunció para ser fiscal general.

Pleno
Integraron esta vez el pleno de la CSJ los magistrados titulares Silvia Valdez Quezada, Nery Medina Méndez, Vitalina Orellana, Delia Dávila, Josué Baquiax, Sergio Pineda Castañeda, Silvia Verónica García Molina, Nester Vásquez Pimentel, Josué Pineda Barales, María Eugenia Morales Aceña y Manuel Reginaldo Duarte, y los suplentes Noé Adalberto Ventura Loyo y Edwin Roberto Ruano Martínez.

En rueda de prensa luego de su juramentación, Molina Barreto dijo que la CC y sus resoluciones siempre vincularán al poder público, de allí que genere opiniones en favor y en contra, pero siempre deberán enmarcarse en lo que la Constitución y las leyes le asignan.

Dejando fuera los ataques, ha surgido una segunda parte en la discusión técnica del contenido de los artículos 69 y 167 de la Ley de Amparo, específicamente la diferencia entre resoluciones y opiniones de la referida ley.

Como ya lo dije, opiniones y resoluciones son cosas distintas, por lo que cualquier precedente que los confunda debe revisarse y revocarse. En cuanto a las opiniones, creo que hay tres ejemplos que pueden clarificar el concepto de opinión: en primer lugar, si un magistrado de la CC es invitado a participar en un foro o en un programa de opinión, resulta claro que dicho magistrado no podría ser perseguido por las opiniones que allí establezca en su calidad de magistrado. Un segundo caso de opiniones puede encontrarse en las Opiniones Consultivas que emite la Corte, ya que, por su naturaleza, considero que hay una zona gris, pero creo que resultaría improcedente calificarlas como resoluciones y, por tanto, sería arriesgado suponer que las opiniones consultivas entran en la categoría de resoluciones contempladas en el artículo 69.

Finalmente considero que el mejor ejemplo de opiniones a las que se refiere el artículo 167 de la Ley de Amparo, lo podemos encontrar en los votos disidentes que emiten los magistrados. En dichos votos, los magistrados, claramente emiten una opinión del asunto en cuestión y no podrían, por dicha opinión, ser perseguidos de conformidad con el artículo 167 de la Ley.

Entonces, ¿por qué el voto concurrente en una sentencia y el voto disidente de la misma sentencia tienen tratamiento distinto? La diferencia está en la obligatoriedad que reviste a las sentencias. Por esa característica de obligatoriedad de las sentencias y el daño que pueden causar es que considero que el poder Constituyente le asignó a los magistrados la responsabilidad establecida en el artículo 69 de la ley; en cambio, y como se dice en buen chapín, el voto disidente y “oír llover” son para efectos prácticos lo mismo, porque el voto disidente al no ser obligatorio, es simplemente una opinión de quien lo emite.

Sinceramente creo que la próxima Corte de Constitucionalidad (porque la actual seguramente no tiene las capacidades ni calidades para hacerlo) debe crear jurisprudencia en dos sentidos: Primero, reconocer que las resoluciones de los magistrados sí conllevan responsabilidad de conformidad con el artículo 69 de la Ley de Amparo; y Segundo, deben establecerse con claridad los alcances y límites de esa responsabilidad. La Corte debe privilegiar el análisis de la responsabilidad del magistrado aún después de finalizado su período como magistrado, ya que, para la responsabilidad que se pretenda deducir mientras el magistrado ejerce funciones, ya existen los filtros legales como el derecho de antejuicio, que permite rechazar causas ilegítimas. Está que en esos filtros NO queda incluido el autoamparo que los magistrados se despacharon.

En conclusión, según nuestra Constitución, opiniones y resoluciones son cosas distintas y tienen tratamientos distintos; las primeras generan discusión y las segundas generan responsabilidad.

Si el activismo se definiera por la participación en un partido político de quien opina, entonces cualquier militante en un partido político o excandidato a puesto de elección popular se convertiría, ipso facto, en activista. En mi opinión, el activista en materia jurídica es aquel que antepone sus intereses ideológicos al análisis jurídico de una norma y nada tiene que ver si pertenecen o pertenecieron a un partido político.

En cuanto al expediente 3003-2010, en sus ataques los activistas perversamente pretenden hacer ver que mi criterio antes era uno y ahora otro; sin embargo, esa opinión consultiva, y específicamente el párrafo sacado de contexto, se refería al análisis que en la Corte hicimos sobre la constitucionalidad de un artículo específico de la fallida Ley Contra la Obstrucción a la Justicia. Lo que suscribimos en ese caso es que la norma obligaba al MP a iniciar una persecución penal sin establecer un mínimo de condiciones que hiciera viable la persecución penal y podría atentarse, entre otras, contra la garantía contenida en el artículo 167 de la Ley de Amparo, que regula las opiniones de los magistrados. Resulta malicioso sacar de contexto el párrafo vertido en una opinión consultiva, que abordaba un tema totalmente distinto al que se discute en mi artículo. Confirmo mi punto: los activistas solo citan lo que les conviene para justificar su argumento.

Adicionalmente, algunos activistas han escrito opiniones indicando cómo en Estados Unidos los derechos constitucionales cambian según la interpretación del juez. Una vez más, los activistas comparan peras con manzanas. En el sistema norteamericano, los derechos constitucionales se pueden modificar con el precedente del juez; en cambio, en nuestro sistema, el poder constituyente promulgó nuestra Constitución y estableció que las normas constitucionales solamente pueden modificarse a través de los procedimientos establecidos en la Carta Magna; por tanto, los magistrados no tienen la facultad de modificar con sus fallos la Constitución Política, algo que yo creía que el activista Alejandro Balsells entendía, pero le di mucho crédito.

También dice un poco conocido excandidato a diputado que respetar los precedentes es lo contrario a activismo; pero olvida que la más básica técnica jurídica ordena que los precedentes deben utilizarse de forma correcta y no fuera de contexto. Lo señalo porque los expedientes 366-2004, 358, 438 y 1904-5004 no se refieren a casos de responsabilidad de los magistrados, sino a denuncias éticas en contra de los magistrados, en los que no podía aplicar el artículo 69 de la Ley de Amparo, por lo que sugiero al novel columnista revisar sus apuntes de Derecho respecto del uso correcto de los precedentes.

Finalmente, doy por terminada la discusión sobre la responsabilidad de los magistrados, ya que personalmente solo discuto con juristas y no con aprendices de activistas.

En el tema de la responsabilidad de los magistrados, los activistas, sin excepción, en sus análisis omiten estudiar el artículo 69 de la Ley de Amparo, que establece: “Contra las resoluciones de la Corte… sólo procede la aclaración y ampliación, pero los magistrados que las dicten serán responsables con arreglo a la ley”.

La norma es cristalina y no necesita interpretación. Los activistas lo saben, pero maliciosamente deciden no mencionar esta norma, porque no les conviene o quieren quedar bien con determinados tanques de pensamiento o grupos de poder. El argumento de falta de responsabilidad lo sostienen en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad en las que se ha aplicado el artículo 167 de la Ley de Amparo, que dice que los magistrados “no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo”.

Estas sentencias contienen el error de equiparar opiniones con resoluciones, ya que son conceptos muy distintos, y más en materia legal. Sin embargo, las sentencias, aunque confundan opinión con resolución, tienen un error al confundir los conceptos y “el error no es fuente del derecho”, por lo que una sentencia errónea no puede ser fuente de derecho.

Si la opinión a la que se refiere el artículo 167 es la vertida en la sentencia, entonces quedarían algunas preguntas sin respuesta, tales como: ¿Y entonces, para qué existe el artículo 69 de la Ley de Amparo que asigna responsabilidad a los magistrados? ¿En qué casos es responsable un magistrado, si la sentencia solo expresa opinión? ¿Si las sentencias solo contienen la suma de opiniones, por qué son obligatorias? Los magistrados de la CC son responsables de las resoluciones que emiten y los activistas políticos solamente deciden no mencionar este artículo, porque no tiene una respuesta jurídica a la norma que dice: “los magistrados que las dicten serán responsables con arreglo a la ley”.

Por otro lado, los activistas defienden el autoamparo recetado, utilizando el artículo 170 de la Ley de Amparo, que señala: “…los Magistrados podrán inhibirse de conocer…”. Sin embargo, los activistas NO integran a su análisis el artículo 167 de la Ley de Amparo (sí, ese mismo artículo que usan para defender la falta de responsabilidad de los magistrados) que les impone claras obligaciones a los magistrados. El artículo 167 señala: “Los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad ejercerán sus funciones… conforme a los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a su investidura…”.

Como se puede ver, el artículo les ordena (no sugiere) a los magistrados que ejerzan sus funciones conforme a los principios de imparcialidad y dignidad. Cabe entonces preguntar: ¿Actuaron conforme al principio de imparcialidad los magistrados que se autoampararon? ¿Es reflejo de dignidad que un magistrado sea juez y parte en un asunto? ¿Omitir intencionalmente los procedimientos de inhibitoria y de sorteo para la integración de la Corte, refleja principios de imparcialidad y dignidad?

Para los activistas, la respuesta es SÍ a todas las anteriores, pero para los que defendemos el Estado de Derecho y el imperio de la Ley, la respuesta es: NO a todas las anteriores.

El magistrado manifestó que la Corte Suprema de Justicia cometió el error de no analizar los motivos por el cual el diputado Amílcar Pop solicitó el antejuicio contra Pérez Molina.

Insistió en que se otorgó el amparo provisional, ya que estaba en riesgo la  institucionalidad del país. “Las crisis se deben resolver por la vía de la legalidad”, dijo.

En este sentido, el magistrado agregó que una de las funciones esenciales del Constitucional es velar por este derecho, ya que, a su juicio, procesar a uno de los tres órganos del Estado “sin ningún fundamento”  es un riesgo.

La CC de Guatemala aceptó este jueves el amparo interpuesto por la abogada Karen Marie Fischer, el pasado 11 de junio, cuyo objetivo es detener una solicitud de antejuicio que dejaría sin inmunidad al mandatario.

Barreto Molina refirió que Fischer tiene legitimidad para presentar el amparo.

Se les pidió intervención al Ministerio Público y  la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para que se pronuncien.

“La Corte de Constitucionalidad no culpa ni exculpa a nadie, en el trámite del antejuicio puede que sea revocado el amparo”, puntualizó el magistrado.

El proceso  

Desde el pasado 12 de junio, una comisión del Congreso investigaba si se debía dejar a Pérez Molina sin este privilegio, para investigarlo por su supuesta vinculación con dos actos de corrupción: uno en el ente recaudador de impuestos y otro en el Seguro Social del país.

La acción de amparo la interpuso la letrada Fischer a título personal y en su calidad de ciudadana guatemalteca, porque consideraba erróneo el proceso desarrollado por la Corte Suprema y el Ministerio Público  en contra de Pérez Molina.

La CC razonó, tras una hora y media de debate, que el Supremo no había tomado en cuenta la Ley de Antejuicio, y que por ello, con 3 votos a favor y 2 en contra, se había adoptado la determinación de otorgar el amparo de manera provisional, que tiene que ser ratificado.

La resolución, de nueve páginas y con número 2354-2015, otorga 48 horas a la Corte Suprema de Justicia  (CSJ) para argumentar los motivos por los que resolvió dar trámite a la denuncia de Pop contra el mandatario.

No obstante, Barreto reconoció que el proceso se puede dilatar más tiempo del previsto, y que pueden pasar hasta dos meses hasta que se resuelva.

* Con información de ACAN-EFE