El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, está a punto de confirmar este domingo un cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder, concluidas unas controvertidas elecciones en las que no tuvo una real competencia, con siete aspirantes opositores detenidos.

Las 13 mil 459 urnas en total cerraron a las 18 horas locales, tras 11 horas de votación, en una jornada reguardada por 30 mil militares y policías y que transcurrió sin entusiasmo ni incidentes, con la oposición clamando un enorme abstencionismo y el oficialismo una gran participación.

Apenas cerradas la urnas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de “farsa” las elecciones, mientras que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a su aliado Ortega ante su predecible victoria y reiteró que “Nicaragua tiene quien la defienda”.

Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007 y el jueves cumplirá 76 años, asumirá, previsiblemente, otros cinco años como presidente, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), junto a la poderosa Rosario Murillo (70), su esposa, candidata a la vicepresidencia por segunda vez.

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El exguerrillero sandinista, quien también gobernó el país en los años 1980 luego de que el FSLN derrocara en 1979 al dictador Anastasio Somoza, enfrentó a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno.

El ganador no ha estado en duda, pero como la oposición llamó a no votar, se desconoce la participación de los 4,4 millones de electores llamados a elegir también a 90 diputados de un Congreso que, igual que todos los poderes del Estado, está bajo control del Ejecutivo.

El Consejo Supremo Electoral (CSE) no ha dado ninguna estimación de votación y anunció que habrá resultados hacia la medianoche.

“Terroristas y demonios”

Los comicios, considerados no democráticos por la comunidad internacional, se celebraron tres años y medio después de las protestas de 2018 que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100.000 exiliados, sumiendo a este país centroamericano de 6,5 millones de habitantes en una profunda crisis política.

Acercándose los comicios, en una ofensiva contra la oposición que comenzó en junio, fueron ilegalizados tres partidos. Siete aspirantes presidenciales y otros 32 activistas sociales, políticos, empresarios y periodistas fueron detenidos, sumándose a unos 120 opositores que aún están presos desde 2018.

Tras votar junto a su esposa, Ortega arremetió contra los opositores y justificó las detenciones. “Estaban conspirando, no querían que se realizaran estas elecciones (…) Son demonios que no quieren la paz”, aseveró, tras calificarlos de “terroristas”.

En base a leyes aprobadas a fines de 2020, los recientes detenidos están acusados de atentar contra la soberanía, promover sanciones internacionales, “traición a la patria” o “lavado de dinero”, como es el caso de la aspirante opositora favorita, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y quien está en arresto domiciliario.

“¡Nicaragua libre!”

El FSLN se movilizó casa por casa para llamar a votar, mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que existe temor y un control social que intimida a la gente a la hora de votar.

“Nadie de mi familia fue a votar. Esto fue una burla para los nicaragüenses”, dijo a la AFP la dueña de una tienda de abarrotes, de 49 años, quien pidió ocultar su nombre “por temor”.

Pablo de Jesús Rodríguez, de 26 años, quien se gana la vida como carpintero y albañil, votó el centro José de la Cruz Mena: “El presidente ha hecho buenas cosas por nuestro país”, dijo a la AFP.

Ortega es señalado por sus críticos de “nepotismo” y de instaurar una “dictadura”. Él acusa a los opositores de “golpistas” apadrinados por Washington.

En Estados Unidos y Costa Rica, donde se refugian miles de exiliados, hubo protestas. Unos 1.000 nicaragüenses marcharon en San José agitando banderas de su país y cantando “¡Viva Nicaragua libre!”.

“Estamos buscando que esa pareja diabólica (Ortega y Murillo) se vaya del país y vuelva la democracia”, dijo Marcos Martínez, uno de los manifestantes.

“Vendieron el alma al imperio”

La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), descalificó previamente los comicios.

Biden, cuyo país al igual que la UE sancionó al círculo íntimo de Ortega, firmará un arsenal de medidas bajo la ley RENACER, para aumentar la presión sobre el gobierno de Ortega.

“Le vendieron el alma al imperio hace rato, viven de rodillas pidiendo sanciones contra Nicaragua”, dijo Ortega este domingo, al referirse a los opositores.

La situación en Nicaragua se debatirá esta semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que podría suspender al país del bloque regional.

Analistas advierten que un aislamiento empeorará la situación socioeconómica y dispará la migración.

Unos 200 “acompañantes electorales” y decenas de periodistas de países que el gobierno considera “amigos”, como Rusia, fueron acreditados.

Según el observatorio independiente Urnas Abiertas, son “simpatizantes sandinistas” que reemplazan la observación internacional de la OEA o la UE y a medios internacionales.

La juzgadora será procesadas por los delitos de falsedad ideológica y retardo de la justicia.

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Murillo quedó en libertad condicional sin pago de fianza.

También quedaron ligadas a proceso penal Crucy Flor López, monitora del Hogar Seguro; y Ofelia María Pérez Campo, coordinadora de área. El juzgador dictó falta de mérito a favor de Romeo Miranda, secretario del juzgado de paz.

López quedó ligada por el delito de maltrato contra menores de edad y Pérez Campo por maltrato contra menores de edad e incumplimiento de deberes.

El MP señaló a la jueza Rocío Murillo de no hacer una exhibición personal a favor de internos del Hogar Seguro, un día antes del mortal incendio.

Murillo fue denunciada por la Supervisión General de Tribunales ante la Junta de Disciplina Judicial, quien habría incurrido en una acción administrativa el 7 de marzo, cuando se fugaron varios internos del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

La jueza fue sancionada en marzo de 2017 con 20 días de suspensión laboral, sin goce de salario, por la falta incurrida la noche en que más de 50 menores se fugaron del Hogar Seguro.

Murillo argumentó que no pudo efectuar su diligencia porque agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) no le permitieron el ingreso al Hogar Seguro esa noche.

Murillo fue denunciada por la Supervisión General de Tribunales ante la Junta de Disciplina Judicial, quien habría incurrido en una acción administrativa el 7 de marzo, cuando se fugaron varios internos del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

La jueza fue sancionada en marzo de 2017 con 20 días de suspensión laboral, sin goce de salario, por la falta incurrida la noche en que más de 50 menores se fugaron del Hogar Seguro.

En su momento, Murillo argumentó que no pudo efectuar su diligencia porque agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) no le permitieron el ingreso al Hogar Seguro esa noche.

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La Corte de Constitucionalidad rechazó una acción de amparo promovida por los abogados de la jueza Murillo, que buscaba dejar sin efecto la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró con lugar la solicitud del MP de retirar la inmunidad a la juzgadora.

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El fiscal también dijo que esperaran que se le asigne un juez contralor para realizar “las solicitudes pertinentes” y poder profundizar en las acciones investigativas.

“La resolución que emitió la Cámara de Amparos estaría firme donde le retiran la inmunidad y deja libre el camino al Ministerio Público para que pueda investigarla”, aseguró Gómez.

También aseguró que la fiscalía analiza una solicitud de arraigo en contra de Murillo pero aún no se ha presentado formalmente.

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Acusaciones

Las acusaciones contra la juzgadora se deben a que supuestamente no cumplió con efectuar una orden de exhibición personal solicitada por la Procuraduría de los Derechos Humanos a favor de los menores internos en el Hogar Seguro.

La juzgadora debía llegar una noche anterior al trágico incendio a constatar que los menores se encontraban en buenas condiciones, después de una fuga masiva ocurrida el 7 de marzo del año pasado.

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Murillo argumentó que no pudo realizar la exhibición personal porque supuestamente los agentes de la Policía Nacional Civil que resguardaban el hogar no le permitieron el ingreso.

Por el incumplimiento de la acción legal, la juzgadora fue denunciada por la Supervisión General de Tribunales ante la Junta de Disciplina Judicial, que la sancionó con 20 días de suspensión laboral sin goce de salario.

El 12 de junio del 2017 junto con la captura de cinco funcionarios sindicados en el caso, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio presentó una solicitud de antejuicio contra la jueza Murillo, misma que fue declarada con lugar por la Corte Suprema de Justicia el 4 de octubre del mismo año.

El vocero de la CSJ, Ángel Pineda, confirmó la decisión de la CSJ este miércoles. 

Murillo, jueza de Paz en San José Pinula, fue denunciada por la Supervisión General de Tribunales ante la Junta de Disciplina Judicial, quien habría incurrido en una acción administrativa el 7 de marzo, cuando se fugaron varios internos del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

La jueza fue sancionada en marzo con 20 días de suspensión laboral, sin goce de salario, por la falta incurrida la noche en que más de 50 menores se fugaron del Hogar Seguro. 

En su momento, Murillo argumentó que no pudo efectuar su diligencia porque agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) no le permitieron el ingreso al Hogar Seguro esa noche.

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