El Tribunal Superior Electoral de Brasil suspendió este martes, dos horas después de iniciado, el juicio en que debe establecer si hubo fraudes en la campaña de Dilma Rousseff y Michel Temer en 2014, que pudiera costarle el cargo al actual mandatario.

En forma unánime, la corte aceptó las primeras apelaciones de la defensa de Rousseff, destituida por fraudes fiscales en agosto de 2016 y sustituida por Temer, que pidió un plazo mayor para presentar sus alegaciones finales y citar nuevos testigos, con lo cual el proceso ha quedado suspendido por un plazo aún no definido.

El tribunal aceptó la tesis de la defensa de Rousseff, según la cual el plazo para presentar sus últimos alegatos era de cinco días, y no de dos como había establecido la corte, y también la necesidad de que sean escuchados nuevos testigos.

El presidente del TSE, Gilmar Mendes, declaró abierta la sesión, en la que esa corte fundada en 1932 sentará por primera vez en el banquillo a los miembros de una fórmula vencedora de unos comicios presidenciales.
La corte celebraría esta semana las primeras cuatro audiencias del juicio, que se calcula que se prolongará durante meses y pudiera ser suspendido en cualquier momento si alguno de los siete miembros del tribunal solicita más tiempo para estudiar los cargos.
Catalogada como Acción de Investigación Judicial Electoral  (Aije) 194358, la demanda se refiere a supuestas “donaciones”  recibidas por Rousseff y Temer para la campaña del 2014, cuando fueron reelegidos, que habrían salido de la red de corrupción que operó en Petrobras y concretamente del grupo Odebrecht, implicado en esa trama.

Según ha confesado Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa, su grupo donó para esa campaña de Rosseff y Temer US$48 millones y al menos una tercera parte de ese dinero tuvo origen en la corrupción.
Rousseff y Temer ganaron las elecciones de 2014, que mantuvieron a ella al poder y a él en la vicepresidencia, aunque la mandataria fue destituida por irregularidades fiscales en agosto pasado y el actual gobernante heredó el mandato que ahora puede perder, lo que llevaría a una elección indirecta en el Congreso.
Si se llegara a ese extremo, sería la primera vez en la historia que dos presidentes brasileños sean destituidos durante el mismo período, lo que pudiera ahondar la profunda crisis política en que se ha sumergido Brasil en los últimos tres años, desde que comenzó la investigación sobre la trama corrupta en la estatal Petrobras.

En caso de una sentencia condenatoria, quien fuera elegido por el Congreso para suceder a Temer concluiría el mandato que vence el 1 de enero de 2019, cuando deberá asumir el ganador de las elecciones previstas para octubre del año próximo.
Tanto la defensa de Rousseff como la de Temer, que actúan por separado, han pedido la anulación del juicio por supuesta falta de pruebas.

El voto final debería acontecer el jueves en caso de que la Corte rechace los pedidos de aplazamiento. Pero aun en caso de que el fallo impugne la presidencia de Temer, el mandatario conservador debería presentar recursos para tratar de acabar el mandato vigente, el 1 de enero de 2019.

Tan sólo unos días después de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Río, los senadores brasileños están a punto de decidir si destituirán permanentemente a la presidenta Dilma Rousseff, el punto más álgido de una prolongada batalla política que ha expuesto una profunda polarización en el país más grande de América Latina.

Los Juegos Olímpicos efectuados del 5 al 21 de agosto fueron una distracción bienvenida para muchos brasileños molestos por la corrupción endémica y una economía que pasó de ser la consentida de los analistas a una en grave recesión, sumida en su peor crisis financiera en décadas.

Con el festejo olímpico ya en el pasado, “regresamos a las divisiones, los pleitos”, dijo Fabiano Angélico, consultor político que vive en Sao Paulo.

El Senado inicia el jueves la fase final del juicio a Rousseff, que fue suspendida en mayo de su puesto por presuntamente violar las normas fiscales al administrar el presupuesto federal. Varios días de deliberaciones, incluido un discurso a los legisladores pronunciado por la misma Rousseff, culminarán en una votación definitiva a principios de la próxima semana.

La sesión que comenzará a señalar el destino de la mandataria, suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo y sustituida desde esa fecha por el hasta entonces vicepresidente Michel Temer, se efectuará en momentos en que la atención del país está centrada en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Ajenos a medallas y al clima deportivo, los 81 senadores votarán un informe que pide la destitución de Rousseff por maniobras que alteraron los presupuestos y otras irregularidades de tipo fiscal, que según la Constitución pudieran justificar su destitución.
La sesión, una auténtica prueba de resistencia para el Senado, comenzará el martes pero sólo concluirá durante la mañana del miércoles, pues cada uno de los 81 senadores tendrá 10 minutos para exponer su posición, lo que ya garantiza unas 14 horas de debates.
Además, la acusación y la parte acusadora dispondrán cada una de media hora para dirigirse al pleno, que también prevé intervalos de 60 minutos cada cuatro horas.

Para que el informe que recomienda la destitución de Rousseff sea aprobado y el proceso llegue a su última fase, será necesaria una mayoría simple entre los senadores presentes, que en caso de plena asistencia supondría 41 votos.
Los partidarios de la destitución de Rousseff sostienen que ya cuentan con por lo menos 54 de esos votos, aunque encuestas hechas por medios locales entre los senadores dicen que sólo unos 44 ya han declarado su inclinación a respaldar el informe.
Si fuera así, bastaría para que el proceso continúe, aunque con dudas para el último paso del proceso, en el que el pleno del Senado deberá volver a pronunciarse en una última votación, en la que la mandataria será despojada del mandato si así lo decide una mayoría calificada de 54 votos  (dos tercios).

Finales de agosto

La fecha de esa última sesión será definida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, quien dirigirá el trámite a partir de mañana, como garante constitucional y corresponsable del proceso junto con el Parlamento.
Lewandowski ya ha adelantado que, en caso de que los senadores se pronuncien por la continuidad del proceso, esa definitiva votación será convocada para finales de este mes y podrá durar entre tres y cinco días.
Los movimientos sociales que respaldan a Rousseff han convocado a protestas para el martes bajo los lemas “Fuera Temer”  y “Vuelve Dilma”, aunque las autoridades policiales de Brasilia dudan de que vaya a haber una respuesta masiva.

Esos cálculos se apoyan en las protestas más recientes, como las realizadas el pasado viernes, en coincidencia con la inauguración de los Juegos Olímpicos, que no llegaron a congregar a más de cinco mil personas en todo el país.
Si esas manifestaciones parecieron ser un fracaso, no lo fue un llamamiento hecho por las redes sociales a valerse de los Juegos Olímpicos para protestar contra Temer, que a pesar de su carácter interino hasta que se defina la suerte de Rousseff, ha adoptado algunas medidas impopulares desde que está en el poder.
La mayor muestra del malestar con Temer, que no necesariamente supone un apoyo a Rousseff, fue dada durante la inauguración de los Juegos Olímpicos, en la que el presidente interino recibió un sonoro abucheo al declarar abierto el evento.

Aunque esos silbidos resonaron a escala planetaria a través de la televisión mundial, Temer les restó importancia y los explicó como una “tradición” de las tribunas del estadio Maracaná, desde las que ya fueron abucheados todos los mandatarios que por allí pasaron.
Temer intentó restarle importancia a esa protesta y la explicó citando un texto del fallecido escritor brasileño Nelson Rodrigues, quien aseguraba que “en el Maracaná se abuchean hasta los minutos de silencio”.

Los cargos se refieren fundamentalmente a la supuesta propiedad de un apartamento en la playa de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, y de una casa de campo en el interior de ese mismo estado.

Ambos inmuebles fueron frecuentados por Lula y su familia y en las notarías de Sao Paulo aparecen a nombre de personas vinculadas al expresidente, quien niega a rajatabla que sean suyos y se dice víctima de una persecución política.

Sin embargo, las autoridades judiciales sospechan que en realidad pertenecen a Lula y que serían producto de diversos “favores”  que habría hecho desde el poder a algunas empresas implicadas en la red de corrupción que operaba en la estatal Petrobras.

Las causas contra Lula estaban inicialmente en manos de Moro, pero pasaron a la Corte Suprema una vez que el expresidente fue nombrado ministro del gabinete de la mandataria Dilma Rousseff, que fue suspendida de sus funciones el pasado 12 de mayo para responder a un juicio de destitución.

Mientras fue responsable del caso, Moro ordenó una de las más impensables acciones de la Policía, a la que envió al domicilio de Lula a primera hora de la mañana del pasado 4 de marzo, un día que Brasil se estremeció ante una operación que tenía como blanco al líder más carismático del país.

El expresidente fue llevado a una comisaría a declarar en forma coercitiva mientras los agentes allanaban su casa y las de algunos familiares y fue liberado tras ser interrogado durante casi cuatro horas.

La decisión de reenviar el caso al despacho de Moro fue tomada por el magistrado Teori Zavascki, uno de los once miembros de la Corte Suprema, debido a que Lula carece ahora de la condición de aforado que le habría garantizado ser juzgado por ese tribunal.

El nombramiento de Lula como ministro de su heredera política y sucesora en la Presidencia días después de su interrogatorio suscitó polémicas, pues se sospechó que escondía la intención de librarlo de Moro y blindarlo con el aforo del Supremo, tradicionalmente más lento que la justicia de primera instancia.

Las sospechas se agudizaron cuando el propio Moro divulgó una grabación, autorizada por la justicia, de una conversación entre Rousseff y Lula, en la que la mandataria le informaba de que le adelantaba con un mensajero el acta de su nombramiento.

“Estoy mandándote a Bessias junto con el papel, para que puedas usarlo en caso de necesidad. Es el acta de posesión” , dijo Rousseff en esa conversación y sobre un inusual anticipo de un documento que los ministros solo reciben cuando asumen efectivamente el cargo.

Aún así, el propio Zavascki determinó en ese momento que el caso que implicaba a Lula debía pasar a la órbita del Supremo, decisión que el mismo juez echó para atrás la noche de este lunes.

Junto con la causa que implica a Lula, Zavascki remitió a la jurisdicción del juez Moro los procesos iniciados en torno a otros tres exministros de Rousseff sospechosos de haberse beneficiado de la corrupción en Petrobras.

Se trata del exjefe de gabinete Jaques Wagner y los exministros de Información Edinho Silva y de Derechos Humanos Ideli Salvatti, que como en el caso de Lula eran investigados por el Supremo por su antigua condición de aforados, que acabó una vez que Rousseff fue suspendida de sus funciones.

Los tres exministros son reconocidos dirigentes del Partido de los Trabajadores  (PT) , fundado por Lula en 1980, al que pertenece también Rousseff y uno de los más salpicados por la corrupción en la petrolera estatal.

Por ese asunto, el juez Moro ya ha condenado a 15 años de prisión a Joao Vaccari Neto, extesorero del PT, y a 23 años a José Dirceu, uno de los líderes históricos del partido y considerado el “hombre fuerte”  del primer mandato de Lula.

En fragmentos de conversaciones telefónicas publicadas por el diario “Folha de Sao Paulo”, el ministro de Planificación, Romero Jucá, dijo al expresidente de la compañía procesadora de petróleo y gas “Transpetro”, Sergio Machado, que era necesario un “pacto”  para detener las indagaciones, que también incluyera al poder judicial.
 
Ambos son investigados en la llamada Operación Lava Jato  (Lavadero de autos) que indaga la trama de corrupción en Petrobras que desvió millones de dólares, un escándalo que alcanza a buena parte de la clase política brasileña y ayudó a profundizar la crisis que derivó en la suspensión de Rousseff el pasado 12 de mayo.
 
“Hay que resolver esa mierda. Hay que cambiar el gobierno para cortar esta sangría” , afirmó Jucá en esa conversación.
 
Grabada en secreto, la charla tuvo lugar semanas antes de la votación del 17 de abril en la Cámara de Diputados que aprobó el impeachment y derivó el proceso al Senado, afirmó el diario.
 
Ministro del gobierno interino de Michel Temer que asumió tras la destitución de Rousseff y senador licenciado del partido centrista PMDB, Jucá insistió en que era necesario “articular una acción política”  que “delimitara todo donde está” .
 
Según Folha, Machado buscó a líderes de ese partido preocupado con los avances de la investigación anticorrupción. “Tenemos que encontrar una salida” , habría planteado el expresidente de esta subsidiaria de Petrobras, investigado por supuestamente haber pagado sobornos en el marco de la trama corrupta.
 

Jucá se defiende

Pero en una conferencia de prensa este mismo lunes, Jucá dijo que su frase “cortar esta sangría”  se refería a la crisis económica y política que afecta a Brasil.
 
“Es cortar la sangría de la economía, de lo que está ocurriendo con el país, esa es la ventaja del cambio de gobierno. La Lava Jato era la médula del gobierno (de Rousseff) y eso tiene una sangría económica, social, política” , declaró.
 
“La Lava Jato es importante, hay que investigar, pero hay que delimitarla” , enfatizó Jucá, quien descartó renunciar a su cargo en el flamante gobierno Temer, de quien es un firme aliado.
 
La publicación del diálogo ya representa un nuevo escándalo para Temer, quien asumió el poder hace once días después de que el Senado decidiera suspender a Rousseff durante seis meses para realizarle un juicio político por maquillaje de las cuentas públicas.
 
Vicepresidente de la mandataria durante cinco años, Temer  (también del partido PMDB) acabó siendo un enemigo central y uno de los principales articuladores de la salida de Rousseff, quien continúa denunciado que todo este proceso fue un “golpe” .
 
Críticos del impeachment plantearon insistentemente que el cambio de gobierno también era una estrategia para echar tierra sobre la investigación anticorrupción, que tiene en la mira a políticos de todos los sectores y no sólo del Partido de los Trabajadores de Rousseff.
 
Al menos tres ministros del nuevo gabinete son investigados por la Operación Lava Jato, que ha significado una catarata de acusaciones de corrupción contra las élites políticas y empresariales brasileñas.
 
La Fiscalía pidió investigar a Rousseff por obstrucción a la Justicia, pero sobre ella no recae ninguna acusación de corrupción o de enriquecimiento personal con el fraude.
 
De su lado, Temer ha prometido en varias ocasiones que su gran objetivo durante su mandato, por ahora interino, es sacar a Brasil de la parálisis económica y política que había frenado al gigante sudamericano durante los últimos meses del gobierno de Rousseff.
 
Jucá es el hombre encargado de la importante tarea de reestructurar el dañado presupuesto de Brasil, una de las grandes promesas de Temer.
 
De acuerdo al diario, Temer fue aconsejado a marginar a Jucá del gobierno porque su presencia transmite la imagen de que la nueva administración quiere sepultar las investigaciones. Hasta ahora no se ha anunciado una decisión al respecto.
 
En sus pocos días de vigencia el gobierno interino ya enfrentó otras polémicas, como la supresión del ministerio de Cultura como parte de una reesctructuración para recortar gastos. Ante la lluvia de críticas, Temer echó pie atrás y mantendrá la cartera.

 
Temer, considerado un traidor por Rousseff, inició la reunión con su gabinete de ministros, una mesa redonda conformada solo por hombres y de raza blanca.

“Tenemos poco tiempo”, dijo Temer, del partido de centro derecha PMDB, al asumir el jueves la presidencia en el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo.

“Pero nos esforzaremos por implementar las reformas que Brasil necesita”, aseguró el exvicepresidente de Rousseff devenido uno de sus principales enemigos.

Tras meses de agitación política, el Senado decidió el jueves abrir un juicio contra Rousseff y apartarla de su cargo por seis meses como máximo, mientras evalúa si merece ser definitivamente alejada del poder por maquillar las cuentas públicas.

Temer también se comprometió no sólo a mantener sino también a “mejorar” las ayudas sociales, entre ellos Bolsa Familia, una de los programas estrella del gobierno del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).

“Hay que mejorar la eficiencia de los programas, no se puede decir que Brasil redujo 10% la pobreza cuando tienes 50 millones de brasileños necesitando Bolsa Familia”, señaló Osmar Terra, el flamante ministro de Desarrollo Social.

Aplausos y críticas

“Es preciso recuperar la credibilidad de Brasil en el escenario nacional e internacional” con medidas que corten el gasto público y atraigan inversiones, dijo Temer, un astuto y discreto abogado constitucionalista de 75 años, rodeado de su flamante gabinete.

Entre ellos, el expresidente del Banco Central Henrique Meirelles, quien será el nuevo ministro de Hacienda, y el economista José Serra, exgobernador de Sao Paulo, que estará al frente de Itamaraty, el ministerio de Relaciones Exteriores.

Pero su equipo ya recibió críticas y cuestionamientos, en particular por la ausencia total de mujeres y negros.

Los mercados ven con buenos ojos a Meirelles, expresidente del Banco Central durante la presidencia de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), recordado por la ortodoxia con la que logró controlar la inflación y sanar la economía de Brasil.

Meirelles dará este viernes más detalles sobre las medidas de shock para sacar a Brasil de la peor recesión de los últimos 25 años, que se pudieron entrever en el plan conocido como “Un puente para el futuro” de Temer.

No será nada fácil. Temer puede enfrentar una feroz resistencia de la izquierda, que pasó a la oposición tras más de 13 años en el poder, y muchos de los problemas que acosaron a Rousseff, especialmente una economía destrozada (registró una fuerte contracción de 3,8% del PIB en 2015), demasiado dependiente de un precio elevado del petróleo, el mineral de hierro y otras materias primas.

Además muchos de sus ministros y aliados políticos están en la mira de los fiscales que investigan el megafraude a la estatal Petrobras, lo que le resta credibilidad.

Sobre todo porque llegó al poder sin la legitimidad que dan las urnas y con un bajísimo apoyo popular: apenas entre 1% y 2% de los brasileños votarían por él para presidente, según un sondeo reciente.

Temer aseguró el jueves que no obstaculizará la investigación del mayor escándalo de corrupción en la historia del país, bautizada “Lava Jato”.
 

“Nunca dejaré de luchar”

La suspensión de Rousseff, una exguerrillera de 68 años que se convirtió en la primera mujer en asumir el poder del gigante sudamericano en el 2011, marca el fin de una era de la izquierda en América Latina.

Rousseff dejó la presidencia de Brasil por acusaciones de que ocultó déficit y engrosó las arcas con préstamos de bancos estatales durante su campaña a la reelección del 2014. Pero ella minimiza los hechos y asegura que el “traidor” de Temer le asestó un “golpe parlamentario”.

Combativa, antes de abandonar el Palacio de Planalto llamó a la población a movilizarse para defender la democracia.
“A los brasileños que se oponen al golpe, sean del partido que sean, les hago un llamado: manténganse movilizados, unidos y en paz”, dijo Rousseff en su despedida.

“Pude haber hecho errores, pero no cometí ningún crimen”, precisó y volvió a decir: “nunca dejaré de luchar”.

Rousseff se aleja del cargo con apenas un 10% de popularidad, en medio del megafraude en Petrobras que ha manchado a buena parte de la élite del poder en Brasilia. Y se quedará sin inaugurar los Juegos Olímpicos que se celebran en agosto en Rio de Janeiro.

Para destituirla definitivamente, la oposición requiere dos tercios de los votos del Senado (54 del total de 81 miembros). Uno menos que los registrados el jueves, lo que hace muy difícil su retorno al poder.

Gran parte de su desgaste se debe a la trama de corrupción descubierta hace dos años en la estatal petrolera, que tiene en la mira a decenas de políticos de su PT, del PMDB de Temer, del Partido Progresista y a poderosos empresarios.
La exguerrillera no es blanco de ninguna investigación o acusación por corrupción.

“Siento el dolor de la injusticia”, dijo antes de recluirse en el Palacio de Alvorada, residencia del gobierno brasileño desde donde prepara su defensa.

Este viernes ya tiene previsto dar una conferencia de prensa a corresponsales extranjeros.

Destituidos por el Parlamento

– VENEZUELA: El presidente Carlos Andrés Pérez, acusado de malversación y enriquecimiento ilícito, fue cesado en mayo de 1993, y su destitución confirmada por el Congreso el 31 de agosto siguiente.
– ECUADOR: Abdalá Bucaram, acusado de desvío de fondos públicos, fue destituido el 6 de febrero de 1997 por “incapacidad física y mental”, seis meses después de su investidura.
En abril del 2005, en medio de una revuelta popular, el presidente Lucio Gutiérrez, acusado de colocar a allegados en la Corte Suprema de Justicia, fue igualmente destituido por el Parlamento.
– PERÚ: Alberto Fujimori fue destituido el 21 de noviembre del 2000, “por incapacidad moral permanente”, previa partida a Japón, donde permaneció varios años. Extraditado de Chile en el 2007, fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.
– PARAGUAY: Fernando Lugo fue destituido el 22 de junio del 2012 “por mal desempeño de sus funciones”, en un juicio político por el Senado.
– INDONESIA: Abdurrahman Wahid, acusado de incompetencia y corrupción, fue destituido el 23 de julio de 2001 por el Parlamento.
– LITUANIA: Rolandas Paksas, destituido el 6 de abril del 2004 por “violación grave de la Constitución y faltar al juramento constitucional”. Estaba acusado de conceder la nacionalidad lituana a un empresario de origen ruso, que era su principal apoyo financiero. Privado del derecho de volver a presentarse a unas elecciones en su país, fue elegido diputado en el Parlamento Europeo en el 2009.

Obligados a dimitir

– BRASIL: Fernando Color de Mello, acusado de corrupción pasiva, dimitió el 29 de diciembre de 1992, lo cual no impidió que el Senado votase al día siguiente su destitución.
– ISRAEL: Al hilo de un caso de evasión fiscal y corrupción, el presidente Ezer Weizman dimitió en julio del 2000. Prefirió así tirar la toalla antes que enfrentarse a un proceso de destitución.
En junio del 2007, el presidente Moshe Katzav, caído en desgracia por su implicación en un escándalo sexual, dimitió también, previo compromiso con la justicia para evitar la prisión. Finalmente fue condenado y encarcelado en 2011.
– ALEMANIA: El presidente de la República Federal, Christian Wulff, se vio obligado a dimitir en febrero de 2012 al levantarse su inmunidad. Inculpado por corrupción, fue posteriormente declarado inocente.
– GUATEMALA: Otto Pérez, acusado de dirigir un sistema de corrupción en la administración aduanera, se vio privado de su inmunidad por el Parlamento el 1 de septiembre de 2015. Ante el riesgo de ser destituido, renunció al cargo dos días más tarde y fue colocado en prisión preventiva.

Procedimientos que no prosperaron

Otros jefes de Estado se vieron sometidos a un proceso de destitución, que no dio resultado. Fue el caso de Boris Yeltsin en Rusia (1999), Luis González Macchi en Paraguay (2003), Roh Moo-Hyun en Corea del Sur (2004) o Hery Rajaonarimampianina en Madagascar (2015).
En Estados Unidos, en dos ocasiones la Cámara de Representantes votó por la acusación (impeachment) del presidente, primero Andrew Johnson (en 1868) y luego Bill Clinton (en 1999). Pero ambos fueron salvados por el Senado.
En 1974, la Cámara inició los trabajos de cara a un impeachment del presidente Richard Nixon, pero el procedimiento fue abandonado después de su dimisión.

Rousseff hizo un emocionado discurso pero supo mantener el temple para volver a denunciar lo que en su opinión es un “golpe”, frente al cual pidió a sus partidarios que se mantengan “movilizados, unidos y en paz”, porque “la lucha por la democracia no tiene una fecha para acabar”.

Rousseff evitó la condición de “suspendida” y dijo que se dirigía al país en condición de “presidenta electa” por los 54 millones de votos que recibió en los comicios de 2014, cuando fue reelegida para el segundo período interrumpido hoy.

Afirmó que “lo que está en juego ahora” no es su mandato, sino “el respeto a las urnas, a la voluntad soberana del pueblo y la Constitución”, las “conquistas sociales de los últimos años”, la “esperanza” de los más pobres y también la enorme riqueza petrolera descubierta en aguas profundas del océano Atlántico.

Tal como ha hecho en los últimos meses, negó las acusaciones en su contra, fundamentadas en unas maniobras fiscales irregulares en que incurrió el Gobierno en 2014 y 2015, y aseguró que cuando se acusa a un gobernante sin pruebas, “en el mundo democrático se lo llama golpe”.

Insistió en que es objeto de un “proceso frágil, jurídicamente inconsistente e injusto, contra alguien que no ha cometido ningún delito” y reiteró que “no existe injusticia más devastadora que condenar a un inocente”.

“Tengo orgullo de ser la primera mujer electa presidenta de Brasil” y “lucharé con todos los instrumentos legales para ejercer mi mandado hasta el fin, indicó Rousseff, quien dijo que “el destino siempre” le reservó duros desafíos.

Citó “el dolor invisible de la tortura” que sufrió en su juventud en las cárceles de la dictadura, y el dolor de un cáncer que le fue detectado en 2009.

“Conseguí vencerlos siempre, pero ahora sufro el dolor de la injusticia y lo que mas duele es la injusticia, el percibir que soy víctima de una farsa jurídica y política” cuando “creía que ya no sería necesario volver a luchar contra un golpe”, declaró con la voz a punto de quebrarse y casi con lágrimas en los ojos.

No obstante, garantizó que “la lucha contra el golpe es larga, puede ser vencida y será vencida”, pues “se le probará al mundo que hay millones de defensores de la democracia” en Brasil.

“Nuestro pueblo sabe que la historia es hecha de lucha y que siempre vale la pena luchar por la democracia, que es el lado cierto de la historia”, declaró Rousseff, que podría recuperar el cargo si fuera absuelta en el proceso que enfrentará en el Senado.

Se dirige a simpatizantes

Después de ofrecer su discurso en el Planalto, Rousseff salió a la rampa del edificio y repitió su discurso ante unos decenas de cientos de simpatizantes de movimientos sociales, indígenas, homosexuales y representantes de minorías que agitaban globos rojos, la alentaban al grito de “¡Resistiremos!”  y coreaban “¡Fuera Temer!”. El expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, su padrino político, estaba a su lado.

“Dilma, guerrera de la patria brasileña” , coreaban los militantes del oficialista Partido de los Trabajadores  (PT) y de movimientos sociales que apoyaban su Gobierno que se concentraron frente a la Presidencia y a los que Rousseff se unió.

La mandataria evitó abandonar el Palacio por la rampa por la que generalmente salen los presidentes que entregan el cargo para dejar claro, como lo dijo en un pronunciamiento previo, que seguirá luchando por volver a la jefatura del Estado.

La “elegida” del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva para sucederlo y prolongar el reinado del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), que durante 13 años estuvo al frente del Gobierno de Brasil, quedará alejada del poder pero podrá seguir viviendo en la residencia presidencial en Brasilia.

A partir de ahora, la exguerrillera y ex presa política, quien fue brutalmente torturada durante la dictadura militar (1964-1985), tendrá que preparar su defensa en el juicio para evitar su destitución definitiva tras convertirse en la primera mujer presidenta de Brasil.

Desde el Palacio de la Alborada, la dirigente de 68 años, nacida en Belo Horizonte el 14 de diciembre de 1947, trabajará por su absolución de los cargos de haber manipulado resultados contables del Gobierno y abierto créditos extraordinarios sin pedir autorización al Congreso, prácticas que violan la Ley de Responsabilidad Fiscal. La sesión para la votación definitiva sobre su futuro está prevista para septiembre.

La lucha de Rousseff, hija de un poeta y empresario búlgaro y una maestra brasileña, será en solitario. De la amplia coalición de apoyo que heredó en el 2011 de su antecesor y padrino político, y que en el 2014, cuando disputó la reelección, contaba con el respaldo de nueve partidos, hoy solo quedan tres aliados.

Primera mujer presidenta

Rousseff se convirtió en la primera mujer presidenta de Brasil con una “herencia bendita” de Lula, que dejó el Gobierno con un inédito respaldo popular del 87 por ciento y una economía pujante, en la que Brasil se convirtió en la séptima mayor economía del mundo y 40 millones de brasileños salieron de la miseria.

Pero al día de hoy, Rousseff enfrenta su juicio final con el rechazo de más del 60 por ciento del electorado y el apoyo de solo el 10 por ciento.

Su carácter pesó para llegar a este amargo desenlace. Su desdén por el diálogo, su impaciencia cuando debe sentarse a negociar y una soberbia proverbial conspiraron para que los “aliados” boicotearan primero su Gobierno y se pasaran luego, cuando el “impeachment” era casi un hecho, a la oposición.

Pero también los intereses espurios que contaminan el sistema político del país, y que fueron el leimotiv de las alianzas partidarias a las que el PT adhirió sin restricciones, influyeron para azuzar el proceso de “impeachment”, recurso previsto en la Constitución pero cuya utilización depende más de factores políticos que jurídicos.

El “boom” económico brasileño que fue motor de crecimiento para la región comenzó a decaer durante el primer Gobierno de Rousseff, y hoy es un recuerdo lejano. El país se encamina a su segundo año consecutivo de profunda recesión y los desempleados llegan a más de 11 millones.

Asimismo, el mote de honesta que se ganó en los primeros meses de mandato, cuando despidió a siete ministros denunciados por corrupción, se desplomó a comienzos de 2014, cuando se reveló la existencia de la gigantesca trama de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

La red que arruinó a la mayor empresa pública de ese país operó durante los Gobiernos de Lula, en la época en que Rousseff presidía el consejo de administración del ente estatal. Su propia campaña electoral es investigada por sospecha de haber recibido fondos desviados a través de los fraudes.

Pasado revolucionario

Fue así que la mujer de pasado revolucionario, con fama de intrépida y curtida de batallas, incluyendo la que libró con éxito contra un cáncer linfático en 2009, llegó a un purgatorio en su segundo mandato con más posibilidades de muerte política que de supervivencia milagrosa.

El “impeachment” será un oscuro punto de inflexión en una biografía épica, que comienza con estudios cursados en una prestigiosa escuela católica y sigue con un breve coqueteo con las ideas marxistas, de las que se desencantó cuando tenía 17 años.

A sus 20 años, Rousseff se acercó al Comando de Liberación Nacional (Colina), un movimiento radical que luego se unió a la Vanguardia Popular Revolucionaria (VAR-Palmares), donde recibió entrenamiento de guerrilla.

Tras recuperar la libertad luego de tres años de prisión, en 1972, Rousseff pasó a dedicarse a su única hija, Paula, y completó sus estudios de Economía.

Volvió a la política en la década del 80, cuando se afilió al Partido Democrático Laborista (PDT), y después inició su carrera en el ámbito del Gobierno central de la mano de Lula, gracias a quien llegó a la Presidencia de la que está cada vez más cerca de ser alejada para siempre.

La acusación principal es que su gobierno demoró el traslado de fondos del Tesoro a los bancos estatales para pagar por programas gubernamentales.

Sus críticos señalan que eso hizo que las finanzas públicas se vieran mejor de lo que en realidad estaban. Rousseff insiste en que la práctica no es una ofensa que amerite juicio político y dijo que otros mandatarios brasileños han utilizado dichas técnicas de contabilidad creativa sin ser castigados de manera alguna.
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Incidencias: El sitio de verificación de datos Aos Fatos llevó un conteo de los incidentes en los que estuvo involucrado el banco estatal Caixa Económica Federal. Asegura que Rousseff utilizó las maniobras fiscales durante sus primeros cinco años de gobierno 35 veces más que el total combinado de los dos presidentes anteriores,

Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva. Las acusaciones en contra de Rousseff también incluyen fondos para todos los programas federales y los bancos estatales BNDES y Banco do Brasil.

El caso en su contra cita tan solo las maniobras de contabilidad realizadas durante el 2015, que fue el primer año de su segundo periodo, debido a que la Constitución brasileña señala que un presidente solo puede ser destituido por actos irregulares durante su periodo actual.
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Dilma Roussef: Entre el 2011 y el 2015, el gobierno de Rousseff utilizó creatividad contable para demorar pagos a Caixa por casi 10.000 millones de dólares.

Esos fondos fueron reembolsados, pero las leyes fiscales brasileñas señalan que los bancos estatales no deben hacer préstamos al gobierno federal. Rousseff rechaza que se hayan tratado de préstamos.

Los fondos involucrados incluyen prestaciones por desempleo, bonos a los trabajadores públicos y prestaciones de Bolsa Familia, que es el programa social insignia del gobierno para proveer de ingresos mínimos a los ciudadanos más pobres.

Las demoras se detuvieron luego de que en octubre de 2015 un organismo supervisor del gobierno decretó como irregulares los mecanismos de maniobras de contabilidad que utilizó Rousseff.
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el vicepresidente Michel Temer: Se han planteado interrogantes sobre cómo el caso contra Rousseff podría afectar a Michel Temer, quien es el siguiente en la línea de sucesión al poder.

Como presidente interino cuando la presidenta estaba de gira internacional, Temer autorizó algunas medidas de creatividad contable. Él argumenta que no fue responsable de las políticas económicas y que su firma no representa que esté involucrado en la decisión para retrasar los pagos.
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Luiz Inacio Lula da Silva: Lula, quien fue mentor y predecesor de Rousseff, utilizó maniobras fiscales similares en septiembre y noviembre del 2003, así como en noviembre del 2006, poco después de ser reelecto.

Las cantidades involucradas fueron por un total de 144 millones de dólares.

Los fondos fueron para prestaciones por desempleo y de Bolsa Familia.
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Fernando Herique Cardoso: En la actualidad un líder opositor, Cardoso emitió decretos similares durante su presidencia para demorar pagos a Caixa en cuatro ocasiones, que involucraban prestaciones por desempleo. El primero de ellos fue en septiembre de 1996 y luego se presentaron tres más en el 2002, por un total de 125 millones de dólares a su valor actual. El programa Bolsa Familia no existía en esa época.

Cómo una presidenta que alcanzó a tener 77% de popularidad al comienzo de su primer mandato en 2011 llegó a esta situación, con tan solo 10% de aprobación, según los últimos sondeos?.

Estos son ocho sucesos clave de la crisis política que dejó a Rousseff fuera de la presidencia por hasta 180 días mientras se desarrolla el juicio y los senadores adoptan una decisión definitiva.

Dilma cada vez más sola

 
A fines de marzo la crisis gana fuerza cuando la dirección del PMDB, el mayor partido de Brasil y aliado clave en el poder, aprueba la ruptura con el gobierno de Rousseff. Esta decisión genera una reacción en cadena de otras fuerzas aliadas y se sella la suerte de la presidenta: dos partidos centristas de la coalición gubernamental, el PP y el PRB, apoyan la destitución de la presidenta. El PSD y el PTB, otros ex aliados, toman la misma decisión.
 

Cae la economía, cae la popularidad

 
La mayor economía de América Latina está en recesión desde el segundo trimestre de 2015 con un cóctel que combina alza de la inflación y del desempleo con un profundo deterioro de las cuentas públicas. La actividad se contrae 3,8% en el 2015, se desata la crisis y eso impacta en la popularidad de Rousseff, que exhibe altísimos niveles de reprobación y desconfianza. Su apoyo se derrumba.
 

 “¡Fuera Dilma!”

 
Desde marzo del 2015, cinco meses después de su reelección, opositores a Rousseff convocaron varias manifestaciones para pedir su salida del poder o protestar contra la corrupción, a la que asocian principalmente al Partido de los Trabajadores (PT).
El 13 de marzo de este año unos tres millones de manifestantes salieron a las calles en ciudades de todo el país al grito de “¡Fuera Dilma!”.
 

A Lula lo despierta la policía

 
El día comenzó temprano el 4 de marzo para el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), el padrino político de Rousseff, cuando fue llevado a la fuerza para ser interrogado por la Policía Federal por supuestos vínculos con la trama de corrupción en Petrobras.
La operación se produce al día siguiente de la divulgación por la prensa del acuerdo de “delación premiada” del ahora exsenador del PT Delcidio do Amaral, que implicó en casos de corrupción a Lula y a Rousseff.
 

¿Dilma en la mira?

 
Durante los últimos meses, una catarata de acusaciones de corrupción contra la élite política sacude al país en el marco de la llamada “Operación Lava Jato”. La ahora apartada presidenta no es objeto de ninguna acusación ni investigación judicial por corrupción.
La acusación para iniciar el impeachment contra Rousseff en el Congreso consiste en que sistemáticamente maquilló el déficit presupuestario, lo que según sus detractores agravó la crisis económica del país.
 

Una jugada audaz: Lula ministro

 
Rousseff nombra a Lula como ministro jefe de gabinete el 16 de marzo. Horas después, el juez Sergio Moro, que investiga el escándalo Petrobras, libera la grabación de una conversación entre Rousseff y Lula considerada por la oposición y juristas como prueba de que el nombramiento buscaba librarlo de la justicia ordinaria y de una eventual orden de prisión.
Se desatan manifestaciones de indignación en la calle mientras poco después un juez de la corte suprema suspende su nombramiento.
Hasta hoy el caso sigue detenido en la máxima corte.
Según los principales medios de prensa nacionales, la Fiscalía pidió autorización para abrir una investigación a Rousseff por supuesta obstrucción a la Justicia al nombrar a Lula en su gabinete.
 

Derrota en las Cámaras

 
La Cámara de Diputados aprueba la moción de impeachment por una mayoría de más de dos tercios en una maratónica jornada el domingo 17 de abril y el asunto pasa al Senado, que decidió este jueves por 55 votos (de un pleno de 81) dar luz verde al juicio político.
Resta ahora que el Senado decida si destituye definitivamente a Rousseff. En ese caso, el mandato de esta exguerrillera lo cumplirá hasta 2018 el vicepresidente Michel Temer, quien asume este jueves como presidente interino.

“Nunca renunciaré”

Rousseff, una exguerrillera detenida y torturada por la dictadura militar, ha proclamado durante todos estos meses que “nunca” renunciará.
Ha denunciado reiteradamente una tentativa de “golpe de Estado” en su contra e insistido en la ilegalidad de su destitución, afirmando que está respaldada por los 54 millones de votos con que fue reelegida en el 2014.

Elegida en el 2010 para un primer mandato que revalidó en las urnas en el 2104, Rousseff figura entre los cinco gobernantes que terminaron su gestión desde 1926 sin interrupciones, previstas o no en la Constitución.

Junto a Rousseff  (2010-2014) , Fernando Henrique Cardoso  (1995-2002) y Luiz Inácio Lula da Silva  (2003-2010) que ejercieron dos mandatos, y Eurico Dutra  (1946-1951) y Juscelino Kubitschek  (1956-1961) completan el quinteto de invictos.

Los otros 20 presidentes elegidos en la urnas en casi un siglo fueron depuestos por golpes de Estado  (Joao Goulart en 1964) , renunciaron  (Fernando Collor en 1992 y Janio Quadros en 1961) , se suicidaron  (Getulio Vargas en 1954) , eran vicepresidentes que sustituyeron al titular o murieron antes de asumir  (Tancredo Neves en 1985) .

La lista no incluye a los cinco militares que se relevaron en la Presidencia durante la dictadura que gobernó Brasil entre 1964 y 1985.

Tancredo Neves, elegido indirectamente por el Congreso en 1985, murió antes de asumir y fue sustituido por su vicepresidente, José Sarney  (1985-1990) .

Fernando Collor  (1990-1992) renunció presionado por un escándalo de corrupción que motivó un juicio político en su contra y también fue relevado por su vicepresidente, Itamar Franco  (1992-1994) .

En 126 años de República, instaurada tras el golpe de Estado de 1889 que depuso y mandó al exilio al emperador Pedro II, Brasil tuvo 36 presidentes, de los que sólo la tercera parte  (12) fue elegida democráticamente y completó su mandato.

En su corta historia, la democracia brasileña ha sido desfigurada por doce estados de sitio  (suspensión de las garantías constitucionales) , 17 actos institucionales  (que permiten al gobernante de turno violar la Constitución) , seis disoluciones forzadas del Congreso y dos renuncias presidenciales.

En el mismo período, cuatro mandatarios fueron depuestos, nueve gobiernos asumieron características autoritarias, tres decisiones parlamentarias impidieron posesiones presidenciales y numerosas rebeliones militares amenazaron al poder civil.

Tras la renuncia de Collor en 1992 los brasileños tuvieron la oportunidad de pronunciarse en un referendo sobre el sistema de Gobierno y el presidencialismo obtuvo una amplia victoria  (66 %) sobre la monarquía y la república parlamentaria.

El proceso contra Rousseff por supuestas irregularidades en la presentación de las cuentas públicas es considerado por los oficialistas como un nuevo golpe en Brasil y por los opositores como una demostración de la fortaleza de las instituciones brasileñas, así como, dicen, lo fue el juicio político contra Collor.

Rousseff es la tercera gobernante, tras Getulio Vargas  (1930-1954) y Collor, contra la que avanza un “impeachment”   (juicio político destituyente) , un instrumento copiado de la legislación británica y presente en las constituciones brasileñas desde 1891.

Mientras que Vargas consiguió frenar el proceso de destitución en el plenario de la Cámara de Diputados en 1954 gracias al respaldo popular y parlamentario con el que contaba, el juicio contra Collor, cuya popularidad estaba en el piso y enfrentaba una mayoría opositora llegó hasta el Senado y el presidente renunció un día antes de ser destituido.

Pese a que no llegaron a ser sometidos ni a la primera fase del proceso, que es la evaluación de la validez jurídica del caso, varios presidentes sufrieron intentos de “impeachment” , entre ellos Floriano Peixoto  (1891-1894) , Campos Salles  (1898-1902) y Hermes da Fonseca  (1910-1914) , y más recientemente tanto Cardoso como Lula. 

“Esperaba que este proceso no llegara al Senado Federal, un proceso de impeachment (…) es largo, traumático, no produce resultados inmediatos”, dijo el senador a periodistas en Brasilia.
“En este momento sólo sirve a Brasil perfeccionar sus instituciones para ayudar a la democracia, que es una planta frágil, que necesita ser regada todos los días”, comentó.
El Senado decidirá el miércoles si somete a un impeachment a Rousseff, acusada de maquillar las cuentas públicas en el 2014 y el 2015.
Si lo aprueba, la mandataria de izquierda será apartada del cargo por seis meses mientras dura el juicio. En su lugar asumirá su vicepresidente Michel Temer, a quien Rousseff ha acusado de “traición” por urdir un “golpe” para derrocarla.
“Voy a tener con el nuevo presidente de la República la misma relación que tuve con la presidenta Dilma. Es incompatible que un presidente del Senado participe en la conformación de un gobierno. Voy a colaborar institucionalmente”, añadió Calheiros, que pertenece al mismo partido de Temer, el centrista PMDB.
El presidente del Senado explicó que, en caso de que se apruebe la apertura del juicio, la presidenta será notificada el jueves. Agregó que aún debe afinar detalles con la mandataria sobre la transición para el gobierno interino.
La sesión debe terminar este mismo miércoles en la noche, garantizó Calheiros. “Mi expectativa es que todo ocurra normalmente”, declaró.

“Golpe moderno”

Los sondeos coinciden en que la oposición ya tiene votos más que suficientes para apartar temporalmente del poder a Rousseff, una exguerrillera de 68 años que gobierna la mayor economía latinoamericana desde 2011 y que acusa a su vicepresidente Michel Temer de orquestar un “golpe moderno” en su contra.

Lucha contra la destitución

“El último día de mi mandato es el 31 de diciembre del 2018”, dijo Rousseff el martes de noche, ante miles de fervientes simpatizantes.
“Voy a luchar (contra la destitución) con todas mis fuerzas, usando todos los medios disponibles, medios legales, medios de lucha”, prometió esta exguerrillera, torturada y encarcelada durante la dictadura militar (1964-1985).
La batalla por la destitución de la impopular presidenta alcanza su auge a menos de tres meses de los Juegos Olímpicos en Rio de Janeiro, cuando Brasil atraviesa una recesión que se anticipa como la peor en un siglo y avanza en la mayor investigación por corrupción de su historia, enquistada en Petrobras, con decenas de políticos y poderosos empresarios en la mira.

Gobierno paralizado

Aislada, la mandataria ha perdido el apoyo de casi todos los partidos que integraban su coalición de gobierno, y ya no tiene en los brasileños más desfavorecidos la misma fuerza que en épocas de bonanza.
El gobierno está prácticamente paralizado a la espera de una definición sobre el impeachment, apoyado por un 61% de la población según los sondeos.
En un desesperado intento por impedir que la presidenta sea alejada del poder, el gobierno pidió el martes a la Corte Suprema anular el procedimiento de impeachment.
La Abogacía General del Estado (AGU), que defiende a la mandataria, asegura que el proceso debe ser anulado porque el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, suspendido la semana pasada por obstruir investigaciones de corrupción en su contra, solo aceptó abrirle un juicio de destitución por “venganza” personal.
Rousseff no es blanco de ninguna investigación o acusación por corrupción. Pero tanto sus mayores aliados como sus más acérrimos enemigos son investigados o acusados en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, que defraudó a la estatal Petrobras en más de dos mil millones de dólares.

Alrededor de 60% de los 594 legisladores de ambas cámaras del Congreso son investigados debido a irregularidades o afrontan cargos de corrupción, de acuerdo con grupos independientes.       
Muchas de las investigaciones están relacionadas con la red de corrupción en la empresa petrolera estatal Petrobras en la que presuntamente se otorgaron contratos a cambio de sobornos.       
Los dos hombres en la línea de sucesión que podrían sustituir a Rousseff si es sometida a juicio político son investigados en los casos de Petrobras y otros.

Un tercero, el presidente de la Cámara de Diputados, quedó inhabilitado la semana pasada por el Tribunal Supremo al ser investigado en varios casos de corrupción.

  Primero en línea de sucesión:

El vicepresidente Michel Temer.    
   
— Un exsenador convertido en testigo del Estado acusó recientemente a Temer de designar a un cabildero para que distribuyera sobornos de 1997 a 2001, relacionados con acuerdos de etanol, a través de Petrobras. Temer niega las acusaciones.       

— El vicepresidente está acusado de arreglar el nombramiento de un director de Petrobras implicado en varios casos de corrupción relacionados con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño  (PMDB) , al que pertenece Temer.

El vicemandatario niega conocer a esa persona. 
     
— Temer firmó el mismo tipo de decretos presupuestarios que suscitaron el actual proceso de juicio político contra Rousseff.

Los detractores han dejado entrever que podrían intentar un juicio político contra Temer por esas acciones

— Temer está acusado de haber recibido más de 1.5 millones de dólares de una compañía constructora que trabaja con Petrobras. El vicepresidente afirma que ese dinero fue un donativo legal de campaña.    
   
— Las autoridades decomisaron a la compañía constructora Camargo Correa listas en las que aparecía el nombre de Temer en 21 ocasiones al lado de cantidades que sumaban en conjunto 345 mil dólares, presuntamente sobornos.       

Aunque el caso fue desechado en tribunales, se atribuye a la investigación haber propiciado la actual pesquisa a Petrobras.       

Segundo en línea de suceción:

El presidente del Senado, Renan Calheiros.       

Calheiros sería presidente interino en caso de que Temer viajara al exterior o quedara incapacitado. El Tribunal Supremo Federal considera actualmente siete investigaciones contra Calheiros en la pesquisa a Petrobras. El funcionario refuta todas las acusaciones. 
     
— Calheiros está acusado por un cabildero de haber recibido un pago de 600.000 dólares para que frenara una pesquisa del Senado sobre corrupción en Petrobras.    
   
— El funcionario está acusado por un exdirector de Petrobras de amenazar con retirarle su apoyo a menos de que le pagaran dinero. El mismo exdirector afirma que Calheiros recibió 1.7 millones de dólares a través de un cabildero de Petrobras en un caso sobre contratos relacionados con barcos de perforación.   
    
— En un acuerdo con la fiscalía, otro exdirector de Petrobras acusa a Calheiros de utilizar al legislador Anibal Gomes de la Cámara de Diputados para pagar sobornos derivados de contratos con constructoras.       

Fuera de la contienda:

El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. 

Cunha, un evangélico que tuitea con frecuencia versos bíblicos, hubiera sido el segundo en la línea de sucesión, pero fue inhabilitado la semana pasada por la corte suprema porque está siendo investigado por diversos cargos de corrupción, que él rechaza.       

Vistazo a las principales acusaciones en contra de este dirigente que encabezó la campaña a favor de que se le hiciese un juicio político a Roussef.   
    
— El principal investigador de Brasil ha solicitado a la Corte Suprema que retire a Cunha del cargo debido a todas las acusaciones sobre irregularidades que pesan sobre él y por presunta obstrucción de la justicia. La corte no ha emitido su decisión.       

— En marzo, los fiscales acusaron a Cunha de corrupción y lavado de dinero por participar en la negociación de contratos para buques de perforación, incluido el pago de cinco millones de dólares.     
 
— Fiscales suizos afirman que Cunha tuvo cuentas bancarias secretas en el banco Julius Baer.

En diciembre, esas cuentas alcanzaban un total de 2.4 millones de francos suizos, según versiones locales de prensa.

Los investigadores brasileños dicen creer que ese dinero está relacionado con corrupción derivada de la operación de un yacimiento petrolero de Petrobras en Benín.     

  — Los investigadores brasileños afirman que desde 1990 Cunha también ha tenido cuentas sin declarar en Estados Unidos por más de 20 millones de dólares.   
    
— Un senador convertido en testigo del gobierno afirmó que Cunha y el PMDB recibieron pagos por más de 10 millones de dólares del banco BTG Pactual a fin de conseguir una orden ejecutiva que fue aprobada por la Cámara de Diputados. 

— En el testimonio de un cabildero que se declaró culpable en el caso, Cunha está acusado de recibir sobornos por más de 12 millones de dólares de las empresas constructoras Odebrecht, OAS y Carioca para renovar la zona portuaria de Río con vistas a los Juegos Olímpicos. 

La salida de Rousseff de la presidencia marca el fin a los más de 13 años del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) en el poder del gigante sudamericano.

Al final de una maratónica sesión que duró casi 22 horas, 55 senadores (de un pleno de 81) se pronunciaron en favor de juzgar a la mandataria y apartarla del poder durante 180 días, por maniobras fiscales para engrosar las arcas durante su campaña de reelección en el 2014.

Rousseff, la exguerrillera izquierdista de 68 años que en el 2011 asumió como la primera presidenta de Brasil, será reemplazada por su vicepresidente Michel Temer, de 75 años.

La mandataria se va del cargo con apenas un 10% de popularidad, en medio de una grave recesión económica y un escándalo de corrupción que ha manchado a buena parte de la élite del poder en Brasilia. Y se quedará sin inaugurar los Juegos Olímpicos que se celebran en agosto en Rio de Janeiro.

“Es desproporcionado, es como si quisiéramos penalizar con pena de muerte una infracción de tránsito”, dijo la senadora Gleisi Hoffmann, exjefa de gabinete de Rousseff y miembro del PT.

“El impeachment es un remedio amargo, pero necesario” frente a la baja popularidad de Rousseff, el aumento del desempleo y la caída de la producción, dijo durante la sesión el senador opositor José Serra (PSDB), posible canciller del nuevo gobierno de Temer.

La destitución definitiva de Rousseff requiere de dos tercios de los votos del Senado (54 de un total de 81 miembros) al final del juicio político. Menos de los votos que se registraron este jueves en el Senado, lo que hace muy poco probable que vuelva al poder.

Muchos cuestionan este proceso en la cámara alta, donde una mayoría está acusada de corrupción. Un estudio de la ONG Transparencia Brasil reveló que 61% de los 81 miembros del Senado han sido condenados o acusados de delitos en algún momento.

Día de gloria para Temer

Como si de un gran partido de fútbol se tratara, los brasileños siguieron los debates del Congreso desde sus hogares o en los bares, pero pocas personas salieron a las calles, contrariamente a las multitudinarias protestas del último año.

“Quiero manifestar que no apoyaré al nuevo gobierno”, dijo Graziano Cassanega, un vendedor de 35 años, vestido con la camiseta roja que distingue a los simpatizantes del PT, en la emblemática Avenida Paulista de Sao Paulo.

Llego el día de gloria para Temer, del partido de centroderecha PMDB, quien fue hasta hace poco el número dos y escudero de Rousseff. Durante un tiempo su aliado, y ahora uno de sus principales enemigos.

Tanto esperaba este momento que hace unos días divulgó accidentalmente un audio con el discurso que dirigiría a la nación en caso de que la mandataria fuera destituida.

Los mercados apuestan que Temer puede cambiar el rumbo de la economía del país. Pero el vicepresidente brasileño tiene una popularidad bajísima y enfrenta enormes desafíos, casi los mismos que hundieron a Rousseff.

Temer ya anunciará este jueves alguna de las figuras que integrarán su equipo de gobierno y la mandataria dará un mensaje a la nación a las 10.00 locales (13.00 GMT).

Disturbios

Varios miles de manifestantes en pro y en contra del gobierno se reunieron frente al Senado, donde fueron obligados a permanecer separados por medio de un muro erigido en medio del césped.

Se produjeron breves pero intensos enfrentamientos entre la policía y los partidarios de Rousseff, en los que los agentes utilizaron gas pimienta y los manifestantes les arrojaron petardos.

Los trabajadores de emergencia se llevaron a varias personas después de que se sintieron mal por los efectos de las nubes de gas.       

Del otro lado del muro reinaba un ambiente carnavalesco, en el que los partidarios del juicio político bebían cerveza mientras portaban atuendos con los colores de la bandera brasileña.      

Pese a que el intento de juicio político deriva de denuncias de que la primera mujer que preside Brasil en su historia violó leyes fiscales, el proceso se ha convertido en una suerte de referendo sobre Rousseff y su manejo del país en los últimos seis años.        

Limpia su oficina

El periódico brasileño O Estado de Sao Paulo dice que la presidenta Dilma Rousseff empacó todas sus pertenencias personales en su oficina en el Palacio de Planalto y las envió al Palacio de Alvorada, la residencia presidencial oficial.

La mudanza ocurrió el miércoles en momentos en que el pleno del Senado sostenía una sesión que se espera culmine con la realización de un juicio político a Rousseff.       

El periódico señala que entre las cosas que se enviaron al Palacio de Alvorada estaban libros de Rousseff y fotografías de su hija y dos nietos.       

Citando a miembros de personal de la presidencia, el diario dice que durante el día estuvieron funcionando sin parar trituradoras de papel y digitalizadores de documentos.       

Las llamadas de The Associated Press a la oficina presidencial en busca de confirmación sobre el reporte no fueron respondidas.

Admite que Rousseff será procesada

El senador Humberto Costa, jefe del grupo del gobernante Partido de los Trabajadores  (PT) en la Cámara Alta, admitió el miércoles tácitamente que la presidenta Dilma Rousseff será sometida a un juicio político y anunció una “oposición muy firme”  al Gobierno que mañana pudiera asumir el vicepresidente, Michel Temer.

“Si se aprueba el juicio”, lo que separaría a Rousseff del poder durante los 180 días que puede durar el proceso, “el PT hará una oposición muy firme y denunciará en forma permanente el golpe que se le está dando a la democracia”, declaró Costa en medio de la sesión en la que el Senado define el futuro de la mandataria.

Costa conversó brevemente con periodistas cuando ya habían pasado por la tribuna once de los casi setenta oradores inscritos para el debate previo a la votación.

Los once senadores que se pronunciaron hasta ahora han anunciado su respaldo a la apertura del juicio político contra Rousseff, que ya parece un hecho y que la suspendería del cargo durante 180 días en los que su lugar sería ocupado por el vicepresidente Temer.

Uno de ellos fue el exfutbolista Romário de Souza Farías, quien dijo que “en este momento tan serio y decisivo de la vida nacional” , “ninguno de los senadores tiene derecho a esconderse”  y debe “cumplir el papel que la Constitución impone”.

Romário explicó que tras “estudiar mucho el caso”, ha llegado a “la conclusión de que hay indicios de crímenes de responsabilidad fiscal que deben ser investigados”, por lo que ha decidido votar a favor del juicio político contra Rousseff.

El Senado brasileño se prepara para suspender en pocas horas a la presidenta Dilma Rousseff a fin de someterla a un juicio político, bajando el telón a más de 13 años de gobierno del izquierdista Partido de los Trabajadores.

Los conteos muestran que hay votos más que suficientes para apartar del poder a Rousseff por hasta 180 días, mientras dura el proceso. Para ello se requiere una mayoría simple de los presentes, en un pleno que cuenta con 81 senadores.

El temor del gobernante PT es que incluso 54 senadores o más -dos tercios del pleno- apoyen el impeachment. Esta cifra es la que se requiere en la votación final del juicio político para destituir a la presidenta de manera definitiva.

La votación de los senadores debe terminar tarde en la noche del miércoles o en las primeras horas del jueves.

La oposición afirma contar con la mayoría simple de 41 votos  (sobre un total de 81 senadores) para instalar el juicio en el Senado y apartar del poder a la primera mujer presidenta de Brasil por seis meses mientras se adopta una decisión definitiva.

El impeachment es un proceso “largo y traumático”, afirmó poco antes del inicio de la sesión el presidente de la Cámara Alta, Renán Calheiros.

El proceso “coloca una enorme responsabilidad sobre el Senado”  pues “decidiremos sobre el alejamiento temporal o la permanencia en el poder de la presidenta Rousseff, que fue elegida por el voto popular directo”, añadió el líder de los senadores, que pidió “serenidad y espíritu público”  a los legisladores.

En Brasilia, en cambio, el día transcurría normalmente fuera de las paredes del Congreso, aunque un dispositivo especial de seguridad con 1.500 policías se desplegó en la explanada central donde se esperan manifestaciones a favor y en contra del impeachment.

El mercado reaccionaba con calma a este nuevo capítulo político. La bolsa de Sao Paulo subía 0,57% mientras que el real perdía 0,12% a media mañana del miércoles. El martes el parquet paulista cerró con alza de más de 4%.

Clima de “velorio”

Rousseff retiraba libros y otros objetos personales de su despacho en la Presidencia, donde el clima “es de velorio” , dijo a la  AFP  una fuente de Planalto que pidió no ser identificada.

La prensa brasileña informó que la mandataria grabó un video que será difundido a la población inmediatamente tras su suspensión.

Otra funcionaria de la Presidencia describió el clima como “muy triste” . “Muchos de nosotros estamos buscando nuevos empleos. No queremos trabajar para el vicepresidente” , dijo esta mujer que trabajó en el gabinete de Rousseff durante tres años.

Durante el juicio político, la mandataria permanecerá en la residencia oficial, el Palacio da Alvorada, posiblemente recibiendo la mitad de su salario.

“Golpe moderno”

Los sondeos coinciden en que la oposición tiene votos más que suficientes para apartar temporalmente del poder a Rousseff, de 68 años, que gobierna la mayor economía latinoamericana desde 2011 tras suceder a Luiz Inacio Lula da Silva  (2003-10) .

La mandataria acusa a su vicepresidente Michel Temer de orquestar un “golpe moderno”  en su contra y aduce que gobernantes de la oposición que la precedieron practicaban las mismas maniobras fiscales de las que se le acusa, afirmando que no cometió ningún “crimen de responsabilidad”, un cargo que puede ser castigado con el impeachment según la Constitución.

• VEA ABAJO | Galería de fotos de la histórica jornada en Brasil

Exaliado del gobierno al que Rousseff acusa de traición, Temer asumirá la presidencia de forma interina si la mandataria es suspendida del cargo.

Y si Rousseff es finalmente declarada culpable al cabo de seis meses de juicio, Temer quedará al frente del país hasta 2018, fin previsto de su mandato.

Guerrera

“El último día de mi mandato es el 31 de diciembre de 2018” , dijo Rousseff el martes ante miles de fervientes simpatizantes.

• “Voy a luchar (contra la destitución) con todas mis fuerzas, usando todos los medios disponibles, medios legales, medios de lucha” , prometió esta exguerrillera, torturada y encarcelada durante la dictadura militar  (1964-1985).

La batalla por la destitución de Rousseff está en auge a menos de tres meses de los Juegos Olímpicos en Rio de Janeiro, cuando Brasil atraviesa una severa recesión económica y avanza en la mayor investigación por corrupción de su historia, enquistada en Petrobras, con decenas de políticos y poderosos empresarios en la mira.

En Roma, el papa Francisco hizo un llamado al diálogo en Brasil: “Mis pensamientos van para esa amada nación (…) que atraviesa momentos de dificultad”.  

Un gobierno paralizado

Aislada, la mandataria ha perdido el apoyo de casi todos los partidos que integraban su coalición de gobierno y ya no tiene en los brasileños más desfavorecidos la misma fuerza que en épocas de bonanza.

El gobierno está prácticamente paralizado a la espera de una definición sobre el impeachment, apoyado por un 61% de la población según los sondeos.

En un desesperado intento por impedir que la presidenta sea alejada del poder, el gobierno pidió el martes a la Corte Suprema anular el procedimiento de impeachment.

La Abogacía General del Estado  (AGU) , que defiende a la mandataria, asegura que el proceso debe ser anulado porque el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, suspendido la semana pasada por obstruir investigaciones de corrupción en su contra, solo aceptó abrirle un juicio de destitución por “venganza”  personal.

Hacia el mediodía del miércoles la Corte aún no se pronunciaba sobre este recurso.

Rousseff no es blanco de ninguna investigación o acusación por corrupción. Pero tanto sus mayores aliados como sus más acérrimos enemigos son investigados o acusados en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, que defraudó a la estatal Petrobras en más de 2.000 millones de dólares.

El presidente interino de la Cámara de Diputados de Brasil, Valdir Maranhao, ha decidido apoyar que se siga el proceso de destitución contra la presidenta, Dilma Rousseff, horas después de haber optado por lo contrario, informaron hoel martes medios locales.

Maranhao cambió de opinión después de que su formación, el Partido Progresista  (PP-MA) , le amenazara con expulsarle, según el diario O Globo.

El presidente de la Cámara de Diputados comunicó anoche su nueva postura en un escrito enviado al presidente del Senado, Renan Calheiros, en el que anuncia que deroga la anulación del juicio político a Rousseff en la Cámara aunque no explica este cambio.

Los principales partidos de la oposición en Brasil dijeron ayer que iban a recurrir la decisión de Maranhao ante el Tribunal Supremo, mientras que Calheiros indicó que esa cámara seguiría adelante con el proceso.

El presidente interino de la Cámara de Diputados anuló ayer la sesión en la que el pleno de la Cámara Baja aprobó la apertura del juicio político contra Rousseff y anunció que convocaría una nueva votación.

La sesión de la Cámara de los Diputados anulada por Maranhao tuvo lugar el 17 de abril pasado cuando 367 de los 513 parlamentarios dieron vía libre al juicio político destituyente contra Rousseff y trasfirieron la decisión definitiva al Senado.

Maranhao explicó que había anulado esa votación por una petición de la Abogacía General del Estado, que indicaba que existen “vicios que declaran nula de pleno derecho”  esa sesión de la Cámara.

La decisión de ayer de Maranhao creó una gran incertidumbre sobre el futuro del proceso contra Rousseff, que finalmente se aclaró con la determinación del Senado de concluir hoy con los trámites del “impeachment” , que debe comenzar mañana y concluir el jueves, cuando la presidenta puede ser separada del cargo durante 180 días.

Horas antes, el jefe del Senado, Renán Calheiros, ya había anunciado que ignoraría la sorpresiva anulación y mantendría el plan de votación para este miércoles, cuando el pleno del Senado decidirá si somete o no a juicio político a la primera mujer en presidir Brasil y la suspende del cargo por 180 días.

La mandataria, acusada de cometer un “crimen de responsabilidad” por ocultar déficits del presupuesto con préstamos de bancos estatales, sería notificada el jueves sobre la decisión del Senado.

La exguerrillera de 68 años, que asumió el poder en el 2011 y debe concluir su mandato a fines de 2018, insiste en que los gobernantes que la precedieron practicaban las mismas maniobras fiscales, que no cometió ningún delito y que es víctima de un “golpe parlamentario”.

Sondeos y analistas coinciden en que ya hay votos más que suficientes para iniciar el juicio político a Rousseff, una medida que la apartaría de la presidencia por hasta seis meses, mientras se tramita el proceso y se llega a una sentencia definitiva.

Son necesarios 41 votos de un total de 81 senadores para que Rousseff abandone el Palacio de Planalto, sede de la presidencia, y aguarde la sentencia final en la residencia oficial.

Si es suspendida, el vicepresidente Michel Temer, exaliado de Rousseff y hoy su mayor enemigo, asumiría el poder de forma interina. Y si Rousseff es finalmente destituida con los votos de dos tercios del Senado, Temer finalizaría su mandato en 2018.
 

“Mañas y artimañas”

 
La presidenta, que ha perdido el apoyo de casi todos los partidos que integraban su coalición de gobierno y cuenta con apenas un 10% de popularidad, denuncia incansablemente un “golpe frío” en su contra en cada aparición pública.

“Precisamos defender la democracia, luchar contra el golpe, luchar contra todo ese proceso extremadamente irregular”, insistió Rousseff el lunes, tras enterarse de que Waldir Maranhao, el jefe interino de Diputados, había anulado la votación de abril sobre su impeachmeant.

“Tengan cautela, vivimos una coyuntura de mañas y artimañas”, afirmó la presidenta.

Pequeñas manifestaciones a favor y en contra del impeachment se convocaron en el centro financiero de Sao Paulo.

“Ni la Cámara de Diputados ni el Senado tienen condiciones de juzgar a Dilma”, dijo a la AFP Salvia Correia, una profesora de 60 años que tiene aún esperanzas de que la justicia “detenga” el proceso.

“No hay otro camino que la salida de Rousseff del poder”, lanzó cerca de allí un opositor, Victor Pereira, de 39 años.
Maranhao -que votó contra el impeachment de Rousseff en abril- asumió interinamente la jefatura de la cámara baja la semana pasada, cuando reemplazó a Eduardo Cunha, cerebro detrás del juicio político de Rousseff.

Cunha fue suspendido de su mandato por la Corte Suprema por intentar obstruir las investigaciones en el escándalo de corrupción de Petrobras, en el que está involucrado.

A menos de tres meses de los Juegos Olímpicos que comienzan el 5 de agosto en Rio de Janeiro, Brasil es sacudido por la batalla por el impeachment, una recesión económica que se anticipa como la peor en un siglo y una enorme investigación por corrupción en la estatal Petrobras, que tiene a decenas de políticos y empresarios en la mira.

Rousseff, que da ya por descontada la derrota, se prepara para ser separada del cargo durante 180 días, el plazo que tendrá el Senado para debatir si finalmente es destituida.

En este periodo será sustituida por su todavía vicepresidente, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño  (PMDB) , que lleva semanas negociando para formar su propio Gobierno y asumir la Presidencia de forma interina.

De confirmarse la destitución definitiva de Rousseff, Temer aspira a completar su mandato, que vence el 1 de enero del 2019, con el respaldo del PMDB, el partido más importante del país, y con las alianzas tejidas con sus nuevos socios, algunos también antiguos compañeros de viaje de la presidenta.

El calvario político de Rousseff comenzó a principios del pasado diciembre de la mano del entonces titular de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, a quien el Tribunal Supremo, en una decisión inédita adoptada por unanimidad el viernes, ordenó separar del cargo por las múltiples acusaciones de corrupción que hay en su contra.

Cunha, antiguo aliado del Gobierno devenido en enemigo de Rousseff y convertido ahora en el político brasileño más denostado por sus problemas con la Justicia, fue la pieza fundamental para abrir el proceso de “impeachment”  contra la presidenta.

En su condición de presidente de la Cámara Baja, admitió a trámite la solicitud de un grupo de juristas, entre los que figuraba Helio Bicudo, uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores  (PT) , al que pertenecen Rousseff y su antecesor y padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva.

La petición se basó en unas maniobras contables irregulares del Gobierno para maquillar sus resultados en el 2014 y que, según fiscales de organismos de contraloría del Estado, continuaron en el 2015.

Para la oposición, este maquillaje fiscal supone un “crimen de responsabilidad” , uno de los motivos previstos en la Constitución para justificar el proceso.

El Ejecutivo sostiene que es una vieja práctica utilizada por todos los gobiernos, por lo que considera que el “impeachment”  contra Rousseff es un “golpe de Estado” .

Debilitado por diferencias con aliados

En un contexto de crisis económica y con un Gobierno debilitado por las diferencias con sus aliados, el empujón de Cunha a la denuncia contra Rousseff puso en apuros a la presidenta a fines del pasado año, pero el Tribunal Supremo frenó el proceso y ordenó suspenderlo temporalmente para analizar el asunto.

Las vacaciones navideñas calmaron los ánimos de sus señorías, pero en febrero el clima político volvió a calentarse con multitudinarias movilizaciones contra el Gobierno mientras crecía la indignación por los casos de corrupción ligados a la estatal Petrobras, destapados durante la investigación del “Lava jato” , conducida por el juez Sergio Moro.

Políticos, empresarios, funcionarios e incluso el expresidente Lula están en la mira de Moro.

La situación para Lula y Rousseff se complicó aún más con el nombramiento del expresidente como ministro, una maniobra que tuvo efectos contraproducentes tras la difusión de una conversación telefónica privada entre ambos de la que podría desprenderse que la designación pretendía blindar al exmandatario y alejarlo de la órbita de Moro.

El escándalo fue en aumento y, en marzo, la Cámara de Diputados -ya con la autorización del Supremo- nombró a los 65 miembros de la comisión especial para decidir si procedía iniciar un juicio político.

Luz verde al proceso

La comisión dio luz verde al proceso y dejó la palabra al pleno de la Cámara de los Diputados, dominado mayoritariamente por conservadores y evangélicos.

Ni los esfuerzos de última hora de Lula para buscar apoyos ni las promesas del PT a sus antiguos aliados tuvieron efecto alguno y Rousseff sufrió una derrota aplastante: 367 votos a favor del “impeachment”  y 137 contra.

El resultado de la votación puso en evidencia la debilidad del Gobierno y la soledad de la presidenta, y colocó a Rousseff al borde del precipicio mientras Temer iniciaba, sin disimulos, negociaciones exprés para formar sus propio equipo sin esperar a la decisión del Senado, que tiene la última palabra.

Tras la aprobación del informe que pide la apertura del “impeachment”  en una comisión especial del Senado, los 81 miembros de la Cámara alta decidirán, por mayoría simple, el futuro de Rousseff.

Nadie duda de que el juicio político prosperará. Mientras, la presidenta, que ha empezado ha hablar en tono de despedida, defiende su inocencia y asegura que no renunciará para “no enterrar la prueba viva del golpe” .

Según Anastasia, la denuncia, sustentada en unas maniobras fiscales irregulares en las que el Gobierno incurrió en el 2014 y el 2015, presenta los requisitos “exigidos por la legislación en vigencia, y especialmente por la Constitución Federal, para ser recibida” .

El instructor dice que su voto “es por la admisión de la denuncia con la consecuente instauración de un proceso de impeachment, la apertura de un plazo para que la denunciada responda a la acusación y el inicio de la fase de instrucción del proceso”  que puede llevar a recortar el mandato de la presidenta.

Si el informe elaborado por Anastasia tras escuchar los testimonios de la acusación y de la defensa es aprobado, será remitido al pleno del Senado, que la semana próxima decidirá si se inicia el juicio contra Rousseff.

En caso de que la mayoría simple entre los 81 senadores del pleno se incline por instaurar el juicio político, Rousseff será separada del cargo durante los 180 días que puede durar el proceso.

 Rousseff afirma que no renunciará

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, reiteró el viernes que no renunciará a su mandato, amenazado por un juicio político con miras a su destitución, pues hacerlo sería equivalente a “enterrar la prueba viva del golpe” .

En un acto en el que se firmaron contratos para la construcción de 25.000 viviendas populares, Rousseff insistió en que el proceso que puede acabar con su mandato tiene como principal objetivo poner fin a los programas sociales desarrollados por su Gobierno.

“En América Latina, cuando no se quería una cierta política, se daba un golpe de Estado” , pero “antes era con las bayonetas y usando a las Fuerzas Armadas” , declaró la mandataria.

Apuntó que “ese proceso fue superado y, ahora, si se oponen a los programas sociales de un Gobierno, si no tienen votos para disputar elecciones directas, se valen del impeachment” , como se conoce en Brasil el proceso de destitución de un gobernante.

Rousseff sostuvo que “todos los beneficiarios del proceso que pretende usurpar el poder”  son “cómplices del golpe” , e incluyó entre ellos al vicepresidente Michel Temer, quien asumiría su lugar en caso de que el Senado decida, la semana próxima, abrir el juicio político.

El trámite está ahora en manos de una comisión del Senado, que hoy mismo votará un informe que recomienda instaurar el proceso que puede llevar a la destitución de Rousseff, el cual cuenta con amplio apoyo entre los 21 parlamentarios que integran ese grupo.

Ese informe llegará la semana próxima al pleno del Senado, que tendrá la última palabra sobre el asunto y que, en caso de aprobar la apertura del juicio, llevará a que Rousseff sea separada del cargo durante 180 días y sustituida durante ese período por Temer.

En caso de una destitución de la mandataria, el vicepresidente completará el período que vence el 1 de enero de 2019.

La petición fue dirigida al Tribunal Supremo y se basa en sospechas de que Rousseff, junto con su antecesor y padrino político Luiz Inácio Lula da Silva, y el actual abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, intentó obstruir la acción de la justicia en las investigaciones sobre las corruptelas en Petrobras.

Según explicó la Fiscalía, en el caso de Rousseff se intentará determinar si se implicó en maniobras para proteger a algunos de los políticos y empresarios salpicados por la corrupción petrolera, con las que incluso habría intentado “obstruir”  la acción judicial.

Si es aceptada la demanda de la Fiscalía por la Corte Suprema, complicará aún más la ya delicada situación de Rousseff, quien está a un paso de ser sometida a un juicio parlamentario con miras a su posible destitución, por diversas irregularidades fiscales en las que su Gobierno incurrió en los años 2014 y 2015.

Su situación comenzará a definirse hoy, cuando el senador Antonio Anastasia, instructor de una comisión del Senado que analiza el caso, presente un informe en el que pedirá archivar la causa o, como se espera, que el proceso vaya al pleno de la cámara.

En ese último caso, el pleno deberá decidir la semana próxima si se instaura el juicio político, lo que obligaría a que Rousseff se separe del cargo durante los 180 días que pudiera durar el proceso.

Durante ese período sería sustituida por el vicepresidente, Michel Temer, quien en caso de que se llegue a su destitución completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019.

Este martes, la Fiscalía también pidió a la Corte Suprema que se inicien sendas investigaciones contra Lula, tres de los ministros del gabinete de Rousseff y otros 27 políticos, en su mayoría de la base oficialista, por corruptelas vinculadas a los escándalos en Petrobras.

Esa demanda afecta a los ministros de la Secretaría de la Presidencia, Ricardo Berzoni; de Información, Edinho Silva, y al jefe de gabinete de la Presidencia, Jaques Wagner, así como al asesor personal de Rousseff, Giles de Azevedo.