Juez autoriza salida de Roxana Baldetti para cirugía de columna en hospital privado

El juez Eduardo Orozco autorizó que Roxana Baldetti salga temporalmente de prisión para someterse a una cirugía de columna en un hospital privado.

Oscar Vásquez y César Pérez Marroquín

21 de octubre de 2025 | 20:29h

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Roxana Baldetti es escoltada por guardias del Sistema Penitenciario al salir rumbo al hospital donde será operada de la columna. (Foto: Hemeroteca PL)

El juez suplente Eduardo Orozco autorizó que la exvicepresidenta Roxana Baldetti salga de prisión para someterse a una intervención quirúrgica este jueves en un hospital privado.

La operación consiste en el reemplazo de un disco en tres vértebras: dos cervicales y una lumbar.

La defensa solicitó que Baldetti permanezca fuera de la cárcel por lo menos un mes para recuperarse, petición que aún no ha sido resuelta.

Actualmente, la exvicemandataria cuenta con un permiso para asistir cuatro veces por semana a terapias médicas.

Baldetti continúa en prisión preventiva, a la espera de que queden firmes las sentencias en los casos Agua Mágica y La Línea, así como de resolver su situación en Cooptación del Estado y Plazas Ric. Luego de eso, enfrentará un proceso de extradición hacia Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

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Exasistente de Roxana Baldetti acepta culpa por asociación ilícita en caso Cooptación del Estado

Judith Ruiz Blau, exasistente de Roxana Baldetti, fue condenada por asociación ilícita y encubrimiento propio tras aceptar su culpabilidad en el caso Cooptación del Estado.

César Pérez Marroquín y Elmer Vargas

8 de septiembre de 2025 | 15:08h

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Judith Ruiz Blau escucha la sentencia en el Juzgado de Mayor Riesgo B, tras aceptar su participación en el caso Cooptación del Estado. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

Judith del Rosario Ruiz Blau, exasistente de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, se declaró culpable este lunes 8 de septiembre en el caso conocido como Cooptación del Estado y fue condenada a las penas mínimas por los delitos de asociación ilícita y encubrimiento propio, tras acogerse al procedimiento especial de aceptación de cargos.

El Juzgado de Mayor Riesgo B, presidido por el juez Eduardo Orozco, impuso una condena de tres años de prisión por asociación ilícita y un año por encubrimiento propio.

Gracias al beneficio de reducción por aceptación de cargos, ambas penas fueron aplicadas en su mínima expresión y luego reducidas a la mitad.

Como parte de la reparación digna, Ruiz deberá pagar cuatro salarios mínimos por el delito de asociación ilícita y dos por encubrimiento propio.

Investigación y audiencia inicial

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ha conducido desde 2016 el proceso en el que 57 personas —entre exfuncionarios, contratistas y particulares— fueron presentados en audiencia de primera declaración por su presunta participación en la red institucionalizada de corrupción identificada en el caso Cooptación del Estado.

Según reporte de Prensa Libre, Ruiz Blau administró Q200 millones entre 2012 y 2015, mientras fungía como asistente de Baldetti en el Congreso.

Se le acusó de gestionar sobornos provenientes de empresas ilegales y de participar en un esquema de pago de coimas.

El Ministerio Público logró que el entonces juez Miguel Ángel Gálvez ligara a proceso a 53 personas, incluyendo a Baldetti y al expresidente Otto Pérez Molina, para que enfrentaran cargos por cohecho pasivo y lavado de dinero.

Durante años, múltiples acciones legales frenaron el avance de la causa. No obstante, se logró despejar el camino para continuar con la etapa intermedia del proceso penal.

Impacto del caso Cooptación del Estado

El caso desnudó una estructura de corrupción que compromete de manera directa a la exvicepresidenta y evidencia el rol que figuras cercanas a ella desempeñaron en la administración de fondos ilícitos.

La declaración de culpabilidad de Ruiz Blau resalta cómo operativos judiciales avanzados han permitido identificar, procesar y sancionar a quienes facilitaron mecanismos financieros irregulares dentro del aparato estatal.

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Quién era Edwin Estuardo Mayén García, el abogado asesinado en la zona 1: Casos, procesos y antecedentes

El abogado Edwin Estuardo Mayén García se destacó por representar a figuras políticas de alto perfil y a clientes vinculados con estructuras del crimen organizado, lo que lo situó en el centro de varios conflictos legales y atentados previos.

la Redacción

2 de septiembre de 2025 | 19:32h

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El abogado Edwin Estuardo Mayén García fue asesinado el 2 de septiembre de 2025 en la zona 1 de Ciudad de Guatemala. Durante su carrera, defendió a figuras políticas y clientes vinculados con estructuras del crimen organizado. (Foto, cortesía)

La tarde del 2 de septiembre del 2025 fue reportada la muerte del abogado Edwin Estuardo Mayén García, luego de un ataque ocurrido en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. 

El hecho se registró en la 3a. avenida y 5a. calle, a las 11.50 horas. Un sujeto a bordo de una motocicleta negra se estaciona frente al carro del abogado. El sicario, que viste una playera verde, desciende de la moto, desenfunda su arma y le dispara a Mayén, quien se encontraba frente a un comercio. 

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, explicó que no descartan que el crimen esté relacionado con los procesos penales y clientes de alto perfil que Mayén representó durante su trayectoria.

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Trayectoria jurídica y política 

Edwin Estuardo Mayén contaba con una experiencia en el ámbito jurídico y se había ganado notoriedad por defender a clientes vinculados con el crimen organizado y a figuras políticas de primer nivel. 

Su carrera también estuvo marcada por una breve incursión en la política, cuando en el 2011 se postuló como candidato a diputado en el listado nacional por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), organización señalada en múltiples ocasiones por vínculos con estructuras ilegales. 

Su oficina y perfil profesional 

De acuerdo con la información publicada en su sitio web, la oficina de la víctima estaba ubicada en la 8a. avenida y 19 calle de la zona 1. Desde allí operaba una asociación y ofrecía asesoría en diversas ramas del derecho penal, civil y mercantil. 

Mayén era licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y tenía una maestría en Derecho Procesal Penal. 

Procesos judiciales en su contra 

A lo largo de su carrera, el abogado acumuló al menos cinco procesos penales por distintos delitos: 

• En el 2002 fue acusado de estafa propia, aunque el caso fue sobreseído y archivado un año después. 

• En el 2010 enfrentó otro expediente judicial, que finalmente fue desestimado. 

• En el 2011, el Ministerio Público lo señaló de integrar una red de abogados y notarios que despojaba a terceros de bienes inmuebles, investigado además por lavado de dinero. 

• Ese mismo año, el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal emitió una orden de captura por defraudación tributaria, debido a que no acudió a declarar. 

Pese a los señalamientos, Mayén continuó ejerciendo la profesión y representando casos de alto impacto. 

Ataques previos 

La violencia contra Mayén no era nueva. El abogado ya había sobrevivido a dos atentados armados antes del ataque mortal de este martes: 

• El 25 de noviembre del 2010, cuando circulaba en la zona 5, fue baleado y herido en el pecho mientras conducía un vehículo con placas de Panamá. 

• En el 2014, en la zona 4, fue víctima de otro ataque perpetrado por sicarios en motocicleta, que le dejó una herida en la cabeza. 

Ambos incidentes habían reforzado la percepción de que su actividad profesional lo mantenía en el centro de conflictos con estructuras criminales. 

Casos y clientes más relevantes 

Edwin Estuardo Mayén representó a clientes involucrados en casos de gran impacto social y mediático en Guatemala: 

• María Marta Castañeda, sobrina de la excandidata presidencial Sandra Torres, capturada en agosto del 2025 por presuntos vínculos con alias “El Lobo”. 

• Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, líder de la pandilla Barrio 18 recluido en el Centro de Máxima Seguridad Renovación 1. 

• Roxana Baldetti, exvicepresidenta de Guatemala, a quien defendió en el 2020 en procesos relacionados con su estado de salud en prisión. 

• La banda de Los Topacio, estructura dedicada al despojo de propiedades, cuyo juicio en el 2016 concluyó con la condena de 30 integrantes por delitos de falsedad, estafa, cohecho, usurpación y asociación ilícita. 

• Marvin Montiel, alias “El Taquero”, condenado a 820 años de prisión por la masacre de 15 turistas nicaragüenses y un ciudadano holandés en el 2008. 

• El caso Ángel del Cielo, tercera fase de la investigación Triángulo Criminal, donde exagentes de la Policía Nacional Civil fueron acusados de filtrar información a organizaciones criminales para evadir capturas y operativos. 
• Marlene Blanco Lapola, quien fue directora de la Policía Nacional Civil (PNC). El caso Cleopatra se destapó el 23 de marzo del 2012 con la detención de Blanco Lapola por una investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) relacionada con ejecuciones extrajudiciales.

Juez liga a proceso a Manuel Alejandro Recinos por el caso La Línea

Manuel Alejandro Recinos Morales quedó ligado a proceso en el caso La Línea por dos supuestos delitos.

Óscar García y Elmer Vargas

2 de julio de 2025 | 14:20h

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Manuel Alejandro Recinos Morales en la audiencia en la que se resolvió que será investigado por su supuesta participación en el caso La Línea. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

El juez Eduardo Orozco, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B, ligó a proceso penal a Manuel Alejandro Recinos Morales en el caso La Línea, durante una audiencia celebrada este miércoles 2 de julio.

El Ministerio Público (MP) lo señala de asociación ilícita, al vincular su participación con la estructura que fue liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Por esa razón, el juez resolvió ligarlo a proceso.

Por el delito de defraudación aduanera, dictó falta de mérito y modificó la calificación jurídica a casos especiales de defraudación aduanera en grado de complicidad.

También dictó falta de mérito por cohecho pasivo, al indicar que durante la investigación no se logró comprobar que Recinos Morales haya recibido dinero; únicamente se hizo mención al respecto.

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El juzgador le otorgó arresto domiciliario, le impuso una caución económica de Q1 mil y le prohibió salir del país sin autorización judicial. Además, deberá acudir una vez al mes a la sede del MP para colocar su huella.

La audiencia de etapa intermedia fue programada para el 13 de noviembre próximo.

El caso La Línea fue revelado por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en abril del 2015 y provocó la caída del gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015).

Según las autoridades, este caso reveló esta estructura que realizaba cobros ilícitos a importadores para reducir impuestos.

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Esta trama de corrupción La Línea es uno de los casos más emblemáticos de Guatemala porque fue la antesala de la caída del Gobierno de Pérez Molina.

Para leer más: Caso La Línea: así operaba la estructura de defraudación aduanera en Santo Tomás de Castilla, según reveló un testigo

Además, el expresidente Pérez Molina y Roxana Baldetti han enfrentado otros procesos judiciales por casos de corrupción.

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Juez amplía plazo para investigación sobre bienes vinculados a la exvicepresidenta Roxana Baldetti

Juez amplía por tres meses plazo de investigación sobre 11 bienes vinculados a Roxana Baldetti, entre ellos siete cuentas bancarias.

Óscar García y Elmer Vargas

20 de mayo de 2025 | 14:03h

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La exvicepresidenta Roxana Baldetti en Torre de Tribunales por un caso de investigación sobre bienes vinculados a ella. (Foto Prensa Libre: René Rivera)

El juez Delmar González, a cargo del Juzgado de Extinción de Dominio, amplió por tres meses el plazo para que el Ministerio Público continúe con la investigación sobre 11 bienes vinculados a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, durante una audiencia celebrada este martes 20 de mayo.

Según se informó, se trata de dos vehículos, dos inmuebles y siete cuentas bancarias.

No es la primera vez que las autoridades inician procesos para extinguirle propiedades a la exfuncionaria.

En febrero de 2021, la Fiscalía Especial contra la Impunidad informó que, como resultado de la investigación conocida como Caso Lago de Amatitlán, se logró la extinción de bienes vinculados a Baldetti.

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Entre esos bienes se encontraba una bodega ubicada en la zona 5, valorada en Q2.8 millones.

Además, fueron extinguidos nueve bienes muebles (equipo de alta gama para taller de mecánica, enderezado y pintura), cuyo valor se estimó en Q1.1 millones.

Baldetti ya ha sido sentenciada por dos casos de corrupción durante el gobierno del Partido Patriota.

Para leer más: Parqueos, apartamento y bodega entre los bienes de Roxana Baldetti que pasan a poder del Estado

Una de las condenas es de 15 años de prisión por el caso Agua Mágica, y también fue hallada culpable en el caso La Línea.

Tribunal rechaza arresto domiciliario a Roxana Baldetti en caso Agua Mágica

Roxana Baldetti fue condenada a 15 años de cárcel por el caso Agua Mágica y buscaba cumplir la pena bajo arresto domiciliario, pero este fue negado por un Tribunal de Mayor Riesgo.

Elmer Vargas y César Pérez Marroquín

31 de marzo de 2025 | 13:42h

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La exvicepresidenta Roxana Baldetti ha sido procesada en varios casos de corrupción. (Foto: Hemeroteca PL)

El Tribunal de Mayor Riesgo C rechazó este lunes 31 de marzo una solicitud de la exvicepresidenta Roxana Baldetti de ser beneficiada con arresto domiciliario en el caso Agua Mágica, informaron fuentes judiciales.

Baldetti recibió en octubre de 2018 una sentencia de 15 años y 6 meses de prisión por dicho caso, en el cual se propuso una fórmula para limpiar el agua del lago de Amatitlán.

La solicitud de la exvicemandataria se hizo este lunes durante una audiencia de revisión de medidas de coerción.

Baldetti buscaba salir de prisión y someterse al uso de brazalete de control telemático; sin embargo, los jueces, por unanimidad, resolvieron sin lugar dicha petición.

Se indicó que Baldetti no pudo comparecer a la audiencia debido a quebrantos de salud, por lo que fue representada por su abogado defensor.

Suspenden audiencia de Roxana Baldetti en el caso Cooptación del Estado

La exvicepresidenta Roxana Baldetti asistió al juzgado para audiencia en el caso Cooptación del Estado, pero esta fue suspendida.

Óscar García y Elmer Vargas

7 de febrero de 2025 | 11:19h

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Exvicepresidenta Roxana Baldetti. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Este viernes 7 de febrero fue suspendida la audiencia de etapa intermedia de Roxana Baldetti en el Juzgado de Mayor Riesgo B por el caso Cooptación del Estado.

La judicatura informó que la suspensión obedeció a una petición del Ministerio Público porque tenían que atender otras diligencias.

El 6 de enero recién pasado también estaba programada una audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo D por el mismo caso, pero esta fue suspendida por una recusación que presentó la Procuraduría General de la Nación contra la jueza Abelina Cruz Toscano, para que no continuara conociendo el caso contra la exfuncionaria.

En junio de 2016, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala reveló el caso Cooptación del Estado.

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Caso Melisa Palacios: las cuatro claves del nuevo intento de Fernanda Bonilla para apartar a la jueza Carol Berganza

Según los señalamientos, durante el gobierno del Partido Patriota, a cargo de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, se habría generado una red de corrupción a gran escala que se habría beneficiado por varias vías.

El informe presentado entonces sugirió que los exmandatarios habrían recibido beneficios como pago de servicios públicos, arrendamientos, gastos de tarjetas de crédito, compra de pasajes, ropa, joyas, enseres, electrodomésticos, muebles para residencias y oficinas e incluso compra de aeronaves y vehículos, casas, fincas, bodegas, oficinas y villas.

Para leer más: Roxana Baldetti: De la gloria en la política a su hundimiento en la cárcel

La exvicepresidenta fue señalada por la Cicig y el Ministerio Público de haber estado involucrada en varios casos de corrupción y ya fue sentenciada por el de Agua Mágica y La Línea.

Suspenden audiencia de Roxana Baldetti por una recusación de la PGN contra jueza Abelina Cruz

La PGN presentó una recusación para que la jueza Abelina Cruz no continuara con una audiencia para decidir si Roxana Baldetti debe enfrentar juicio por el caso Cooptación del Estado.

Miguel Barrientos y Elmer Vargas

6 de enero de 2025 | 10:54h

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La exvicepresidenta Roxana Baldetti acude a tribunales para una audiencia por el caso Cooptación del Estado. (Foto Prensa Libre: E. García)

Este 6 de enero se celebraría una audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo D por el caso Cooptación del Estado que enfrenta la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

La audiencia fue suspendida debido al una recusación que presentó la Procuraduría General de la Nación (PGN) contra la jueza Abelina Cruz Toscano, para que no continuara conociendo el caso contra la exfuncionaria.

Cruz Toscano resolvería si Baldetti debe enfrentar o no juicio por los señalamientos del Ministerio Público.

La acción interpuesta por la PGN se debió a que la jueza Cruz Toscano conocería el proceso en sustitución de Manolo López, juez que se encuentra de vacaciones.

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Caso Melisa Palacios: las cuatro claves del nuevo intento de Fernanda Bonilla para apartar a la jueza Carol Berganza

Debido a la acción legal, la audiencia quedó suspendida y la fecha de reprogramación se conocerá luego de establecer si la recusación surte efecto.

El caso

En junio de 2016, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala reveló el caso Cooptación del Estado.

Según los señalamientos, durante el gobierno del Partido Patriota, a cargo de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, se habría generado una red de corrupción a gran escala que se habría beneficiado por varias vías.

El informe presentado entonces sugirió que los exmandatarios habrían recibido beneficios como pago de servicios públicos, arrendamientos, gastos de tarjetas de crédito, compra de pasajes, ropa, joyas, enseres, electrodomésticos, muebles para residencias y oficinas e incluso compra de aeronaves y vehículos, casas, fincas, bodegas, oficinas y villas.

Baldetti fue señalada por la Cicig y el Ministerio Público de haber estado involucrada en varios casos de corrupción y ya fue sentenciada por el de Agua Mágica y La Línea.

Juez mantiene embargo de cuentas bancarias de Baldetti y le da seis meses al MP para investigar

Juez mantiene el embargo de dos cuentas bancarias de la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Óscar García y Esdras Laz

5 de noviembre de 2024 | 15:57h

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Roxana Baldetti sale de audiencia por ceso de sus cuentas bancarias embargadas.

La exvicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, se presentó este martes 5 de noviembre a la audiencia en la que se resolvería la situación legal de dos de sus cuentas bancarias.

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio que resolvió respecto del caso de Baldetti.  

El juez Delmar Gómez al resolver le dio seis meses al Ministerio Público (MP) para efectuar la investigación, mientras se mantiene el embargo de las cuentas de la exfuncionaria.

El MP buscaba tener un año para la investigación y determinar la procedencia del dinero de las cuentas, donde está también el fondo de retiro de Baldetti.

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Mientras que la defensa de Baldetti alegó que durante nueve años el ente investigador no efectuó ningún tipo de petición sobre las cuentas.

La exfuncionaria no quiso dar declaraciones sobre la resolución de la audiencia.

La exvicepresidenta busca que se levante el embargo a dos cuentas bancarias y ha argumentado que el MP no ha presentado requerimientos sobre estas.

Baldetti ya ha sido sentenciada por dos casos de corrupción durante el gobierno del Partido Patriota.

Para leer más: Caso La Línea: Sala rechaza apelación de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti y sentencia sigue en firme

Una de las sentenciada es de 15 años de cárcel por el caso Agua Mágica y también fue hallada culpable por el caso La Línea.

Suspenden audiencia de extinción de dominio de Roxana Baldetti que había sido declarada bajo reserva

El Ministerio Público apoyó la solicitud de la defensa de la exvicepresidenta Baldetti para que la audiencia fuera declarada bajo reserva.

Miguel Barrientos y Esdras Laz

31 de octubre de 2024 | 10:57h

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Roxana Baldetti enfrenta varios procesos por casos de corrupción durante el gobierno del Partido Patriota. (Foto HemerotecaPL: E. Paredes)

El juez Delmar González declaró bajo reserva la audiencia en la que se revisarían las medidas cautelares de embargo de cuentas de la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

La audiencia quedó suspendida este 31 de octubre debido a que la abogada defensora de Baldetti, Gloria Hernández, renunció por razones “profesionales”.

Según indicó, no logó un acuerdo con Baldetti para el pago de sus honorarios; además, se conoció que la exfuncionaria ya cuenta con otro abogado defensor.

Al comienzo de la audiencia, la defensa de Baldetti solicitó declarar en reserva la audiencia por la importancia del tema.

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El Ministerio Público apoyó la solicitud de la defensa de Baldetti y el juez González ordenó a medios de comunicación que desalojaran la sala.

Baldetti busca que se levante el embargo a dos cuentas bancarias y argumenta que el MP no ha presentado requerimientos sobre ellas.

Aparte, el MP solicitó que las cuentas permanezcan embargadas un año más.

La exvicepresidenta Roxana Baldetti ya ha sido sentenciada por dos casos de corrupción durante el gobierno del Partido Patriota.

Fue sentenciada a 15 años de cárcel por el caso Agua Mágica y también fue hallada culpable por el caso La Línea.

Más de la situación de Baldetti

Caso La Línea: Sala rechaza apelación de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti y sentencia sigue en firme

La sentencia por el caso La Línea en contra de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti sigue en firme, luego de que una sala rechazara una apelación planteada por el exbinomio presidencial.

César Pérez Marroquín

23 de octubre de 2024 | 18:48h

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El expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti han sido implicado en varios casos de corrupción. (Foto: Hemeroteca PL)

El expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti buscaban revertir la sentencia por el caso La Línea, pero una sala rechazó su apelación especial y la condena de 16 años de cárcel y una multa de Q8 millones sigue en firme, informaron este miércoles 23 de octubre fuentes judiciales.

Fue la Sala Segunda de Mayor Riesgo la que rechazó una apelación especial que plantearon quienes fueron condenados por el Tribunal de Mayor Riesgo B por el caso de corrupción La Línea, en diciembre de 2022.

Con la resolución de la sala se confirma la sentencia contra 29 implicados en dicho caso de corrupción, en el que, según las investigaciones, una estructura criminal habría defraudado al sistema de aduanas por más Q73 millones.

De los 29 implicados en el caso La Línea,10 fueron absueltos y 19 fueron condenados por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y casos especiales de defraudación aduanera.

Por este caso, Pérez Molina y Baldetti fueron condenados a 16 años de cárcel y al pago de una multa de Q8 millones al haber sido hallados culpables de los delitos de casos especiales de defraudación aduanera y asociación ilícita, pues en la sentencia se estableció que ambos dirigieron una red que accionaba por medio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para lograr que varias importaciones pagaran menos impuestos a cambio de sobornos.

Detalles de la condena

El 7 de diciembre de 2022, Pérez Molina y Baldetti fueron absueltos por enriquecimiento ilícito, pero fueron condenados a 16 años de cárcel por asociación ilícita (8 años) y caso especial de defraudación aduanera (8 años) durante el juicio del caso La Línea. El caso se conoció en el Tribunal de Mayor Riesgo B.

Además, el Tribunal les impuso una multa de Q8 millones 709 mil.

El caso La Línea fue revelado por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en abril de 2015 y la misma provocó la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015).

Pérez Molina también está acusado en otro proceso penal por supuestamente recibir comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación de más de 70 contratos en diversas instituciones del Estado.

Por su parte, Roxana Baldetti fue condenada en 2018 a 15 años de prisión por fraude en un proyecto de saneamiento del Lago de Amatitlán.

Sala otorga arresto domiciliar a Roxana Baldetti pero no podrá salir de prisión

La ex vicepresidenta Roxana Baldetti fue beneficiada con arresto domiciliar en el caso La Línea, pero debido a otros procesos en su contra no podrá salir de la cárcel.

César Pérez Marroquín y Elmer Vargas

16 de octubre de 2024 | 16:22h

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Roxana Baldetti tiene casi nueve años de estar en prisión por estar implicada en cuatro casos de corrupción. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo otorgó arresto domiciliar a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti en el caso La Línea y autorizó el uso de un brazalete de control telemático; sin embargo, la exfuncionaria no podrá salir de prisión, debido a que es procesada en otros casos de corrupción, informaron este miércoles 16 de octubre fuentes judiciales.

La abogada Floridalma Hernández, defensora de Baldetti confirmó la resolución de Sala sobre que otorgó arresto domiciliar a Baldetti, pero no precisaron la fecha de la resolución.

Hernández añadió que ahora el Tribunal de Mayor Riesgo B deberá conocer la resolución, pero en este momento dicho tribunal está desintegrado porque la jueza Elia Perdomo asumió como magistrada de la Sala Primera de Apelaciones.

La medida sustitutiva otorgada a Baldetti es mientras espera que la sentencia en el caso La Línea queda firme, en el que fue condenada a 16 años de cárcel el 7 de diciembre de 2022.

Baldetti está implicada en los casos de corrupción La Línea, Agua Mágica, Cooptación del Estado y RIC, por lo que lleva casi nueve años en prisión.

La exmandataria ya fue condenada a 16 años de cárcel por el caso la Línea y a 15 por el caso Agua Mágica, mientras que los proceso por Cooptación del Estado y RIC continúan abiertos, por lo que, pese a la medida sustitutiva que le otorgó la Sala no podrá irse a su casa.

Casos

Baldetti fue implicada por Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en cuatro casos de corrupción junto al expresidente Otto Pérez Molina  y varios de sus exfuncionarios.

La Línea

Se trata de la existencia de una red de defraudación aduanera que fue revelada el 16 de abril de 2015, cuando fueron detenidas 19 personas, entre ellas Omar Franco y Carlos Muñoz, extitulares de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Durante el avance de las pesquisas empezó a surgir el nombre del Baldetti y Pérez Molina, quienes meses después renunciaron de sus cargos en medio de una ola de protestas ciudadanas.

Agua Mágica

Mientras Baldetti estaba en prisión se le notificó el 23 de febrero de 2016 que estaba vinculada a otra investigación, en la que se le consideraba líder de una organización criminal que defraudó al Estado por Q22.83 millones con el pretexto de sanear el lago de Amatitlán, por lo que el caso se denominó Agua Mágica.

Cooptación del Estado

En el caso Cooptación del Estado, la ex vicepresidenta fue acusada de ser parte de una extensa red que, desde 2008 se dedicó a captar fondos de forma irregular para financiar la campaña electoral del Partido Patriota y después sirvió para cobrar comisiones ilícitas por la asignación de contratos, obras y servicios.

La investigación detalló que solo por el cobro de coimas por el trámite de contratos nuevos o en curso, la estructura pudo haber percibido Q500 millones.

Esta pesquisa se dividió en otras dos fases. La primera fue la de la Terminal de Contenedores Quetzal, en la que se detalló que inversionistas españoles, supuestamente con sobornos, consiguieron una porción del Puerto Quetzal.

La segunda fue La Coperacha, que sostenía que varios funcionarios agasajaron al binomio presidencial con costosos regalos comprados con dinero ilícito.

RIC

Baldetti cumplía casi tres años en la cárcel cuando se le involucró en un nuevo caso de corrupción, esta vez por la creación de una serie de plazas fantasma en el Registro de Información Catastral (RIC), una pequeña institución que, presuntamente, sirvió para pagar favores políticos.

Narcotráfico

Luego de que finalicen los procesos penales contra Baldett, la exfuncionaria tendrá que ser trasladada hacia Estados Unidos y afrontar a la justicia de ese país que la señala de asociación delictuosa y conspiración para el traslado de cocaína hacia la nación norteamericana. La acusación sostiene que la ex vicepresidenta habría recibido dinero de Los Zetas.

Baldetti aceptó ser enviada a EE. UU., aunque negó los cargos de los que se le acusa.

El objetivo de la apelación era revertir la sentencia que le dictó el Tribunal de Mayor Riesgo C que consiste en 15 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencia y fraude en la adquisición de una fórmula a utilizar en el saneamiento del lago.

La Sala dejó en firme el fallo dictado por los jueces del tribunal y resolvió que se debe mantener la sentencia. Baldetti fue condenada tras haberse comprobado que formaba parte de una estructura que estafó al estado de Guatemala por un monto de Q22.8 millones.

César Calderón, abogado defensor de Baldetti, indicó que por medio de un recurso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se espera revertir el fallo.

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“Luego de que resolvieron la apelación especial, se acudió al recurso de casación, que está ante la Corte Suprema de Justicia”, dijo Calderón.

Calderón indicó que lo resuelto por la Sala de Apelaciones ocurrió el año pasado y que están a la espera de la resolución de la CSJ sobre el recurso de casación.

Sobre el caso, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentó varios indicios de investigación durante el proceso y uno de ellos era referente a la empresa M. Tarcic Engineering Limited, que en 2014 se le adjudicó un contrato por Q137.8 millones.

Del total adjudicado, Q22.8 millones ya habían sido pagados para la adquisición de 23 mil litros de la supuesta fórmula para sanear el lago.

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De acuerdo con la investigación, Baldetti habría propuesto un proyecto para el saneamiento del lago ubicado a 29 kilómetros de la ciudad de Guatemala.

Baldetti también está involucrada en el caso de defraudación aduanera La Línea, en los casos de corrupción Cooptación del Estado y TCQ]; además, aceptó ser extraditada a Estados Unidos por haber recibido protección de los narcotraficantes mexicanos los Zetas durante la campaña electoral de 2011.

La Fiscalía también la señaló en un caso de plazas fantasma en el Registro de Información Catastral.

La jueza Recinos, quien fue electa por el Congreso como magistrada de sala de Apelaciones, suspendió la persecución penal por lavado de dinero y por cohecho pasivo, donde la juzgadora no logró determinar que los señalados recibieron sobornos como lo sugirió la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público.

Los hechos narrados en este expediente, como el de “la coperacha” en el que habría habido una recopilación de obsequios para el cumpleaños de Pérez Molina, no quedaron sustentados para la juzgadora, quien reprochó que no se cuentan con indicios que sugieran que sí ocurrió la entrega de lanchas, motos, fincas y un automóvil jaguar al exmandatario, como lo narraron algunos testigos, entre ellos el colaborador eficaz Juan Carlos Monzón.

Entre los exministros que fueron beneficiados con el cierre del proceso por lavado de dinero y cohecho pasivo están Mauricio López Bonilla (Gobernación), Noé Ulises Anzueto (Defensa), Alejandro Sinibaldi (Comunicaciones), Dwight Pezzarossi (Cultura) y Carlos Batzín (Cultura).

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Además, se libraron del proceso Rudy Gallardo, exdirector del registro Nacional de las Personas (Renap), Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y Emilia Ayuso, exdirectora del Registro de Información Catastral (RIC).

La jueza envió  a juicio a Alex Girón por cohecho pasivo, Denis Leonardo Lam por cohecho Activo, Julio Roberto Sandoval Cano por fraude, y Raul Castillo Castillo por tráfico de influencias.

Recinos ordenó la libertar de López Bonilla y ordenó certificar lo conducente contra del exjefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, y la agente fiscal Lesly Marleny Rosales Max porque los argumentos que presentaron para la acusación “carecen de fundamentos jurídicos y fácticos que evidencia el actuar de los acusados”.

Puntos clave del caso Cooptación del Estado

1. El 16 de abril del 2015, el MP y la Cicig presentaron los primeros resultados de la investigación del caso La Línea. Entonces se pensaba que se hacía frente a una estructura de corrupción que había tomado control de las aduanas para generarse beneficios económicos, pero producto de documentos, escuchas telefónicas y declaraciones de diversas personas se detectó que se trataba de una organización criminal que llegaba hasta los entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti.
2. Se encontró un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros etc., el cual reportaba operaciones incluso desde el año 2008, 4 años antes que el Partido Patriota asumiera el poder.
3. EL 15 de abril de 2016 se da a conocer que los exgobernantes y por lo menos 15 personas más habrían participado en la firma de un contrato irregular -a cambio de sobornos pactados en US$30 millones-, entre la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal. Esta investigación es llamada “Caso TCQ”.
4. El 2 de junio de 2016, el MP y la Cicig develaron un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos, diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del 2011 que llevó a la Presidencia de la República a Pérez Molina y a Baldetti. El caso es llamado “Cooptación del Estado”.
5. Ese día son capturadas 25 personas, entre empresarios, banqueros, testaferros y exfuncionarios. También se emiten varias órdenes de captura internacional.
6. El 11 de junio de 2016 se anuncia la existencia de una nueva fase de la investigación del caso Cooptación, y en la cual se captura a los exministros Mauricio López Bonilla (Gobernación), Manuel López Ambrosio y Ulises Anzueto (Defensa).
7. También se ordena la captura de los exministros Alejandro Sinibaldi (Comunicaciones) y Erick Archila Dehesa (Energía y Minas). Además, se vincula a Pérez Molina, Baldetti y el exgerente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez (ya capturados). A los exministros se les señala de hacer “Cooperacha” para dar lujosos regalos a los mandatarios y así mantener sus puestos y la facilidad de disponer, sin controles, los recursos de sus ministerios.
8. El 13 de junio de 2016 se inicia la audiencia de primera declaración de 57 personas implicadas en el caso Cooptación del Estado, a cargo del entonces juez Miguel Ángel Gálvez.
9. Durante la audiencia, el MP y la Cicig afirman que la maquinaria del PP realizaba una actividad, típica de redes político-económicas ilícitas, que se habría diseñado durante la campaña del Partido Patriota, justo después de perder las elecciones del 2007 y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno (2012-2015).
10. Según el MP y la Cicig, a través de empresas y testaferros, Pérez Molina, Baldetti y varios de sus colaboradores recibieron beneficios de todo tipo: desde el pago de servicios públicos, arrendamientos, gastos de tarjetas de crédito, compra de pasajes, ropa, joyas, enseres, electrodomésticos, muebles para residencias y oficinas, hasta la compra de aviones, helicópteros, vehículos, motocicletas, lanchas, terrenos, casas, fincas, bodegas, oficinas y villas, así como los gastos de remodelación, decoración y mantenimientos de los mismos.
11. Durante las audiencias, los abogados defensores y los señalados se enfocan en atacar y desvirtuar el testimonio de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidenta Baldetti, y quien contó a l MP cómo funcionaba la estructura de empresas, financistas y lavadores.
12. El 21 de julio de 2016 el exjuez Gálvez empieza la exposición de motivos y deducciones sobre los indicios racionales para sustentar su resolución. Afirma que no tomará en cuenta el testimonio de Monzón y que solo se sustenta en pruebas documentales encontradas en computadoras y archivos de diversas personas.
13. El 27 de julio de 2016, luego de una larga exposición, el exjuez Gálvez ligó a proceso a 53 de los 57 señalados por el caso (cuatro de los señalados quedaron libres de la acusación). Los delitos son: cohecho pasivo, cohecho activo, lavado de dinero, asociación ilícita y financiamiento electoral ilícito. Algunos solo quedaron ligados por uno o dos de los ilícitos.

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La jueza Eva Recinos dictó la sentencia condenatoria luego de que el exgobernante aceptara la culpabilidad por los delitos de lavado de dinero y otros activos, cohecho pasivo y fraude.

“El acusado Otto Fernando Pérez Molina es autor responsable” de los tres delitos y se le impuso una condena de 16 años de cárcel, pero como se sometió al procedimiento especial de aceptación de cargos la pena se redujo a la mitad, precisó Recinos.

El exmandatario además deberá pagar una multa de más de US$3 millones.

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La sentencia por el caso denominado “Cooptación del Estado”, vinculado con el saqueo de fondos públicos, es la segunda impuesta a Pérez Molina en menos de un año.

“Yo no renuncié por los movimientos que hicieron las manifestaciones que fueron a hacer, si la manifestación no llegó a más de 40 mil gentes, yo hubiera podido poner tres veces más de las 40 mil gentes”, dijo Pérez Molina respecto a los movimientos sociales que surgieron contra su gobierno.

El exmandatario recordó que un medio de comunicación hizo una encuesta sobre su renuncia y asegura que “el 54% de los guatemaltecos dijo que yo no debería de renunciar, que debería de terminar mi periodo; sin embargo, vine a dar la cara -a la justicia-, pero en estos 8 años me estoy dando cuenta de que la justicia aquí no solo es tardía, es maliciosa, es selectiva y está politizada”.

Agregó que “no tengo una sentencia firme después de 8 años, donde yo voluntariamente me presenté”; además, dijo que en el caso La Línea “me condenaron sin tener pruebas (…) me condenaron sin pruebas, me condenan por defraudación especial aduanera, se inventan el en complicidad, pero dicen que no me enriquecí, que no recibí dinero, entonces cómo así, es una sentencia realmente ridícula”.

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Pérez Molina, un general retirado, ya fue condenado a 16 años de prisión inconmutables el pasado 8 de diciembre por encabezar una millonaria red de fraude en las aduanas.

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Mayor Riesgo B de la capital guatemalteca, adonde Pérez Molina se presentó con playera y saco negro. Tras la sentencia el expresidente nuevamente fue enviado a prisión.

“En el caso de fraude quiero manifestar que efectivamente yo soy el responsable de haber ordenado que se le diera el paso para la construcción” de una terminal en un puerto en el Pacífico, al sur de la capital, reconoció.

“Si yo cometí una omisión, error o delito, estoy aceptándolo, y lo estoy aceptando porque giré las instrucciones a las respectivas personas (…), pero en el camino pudo haberse cometido una serie de omisiones, acciones que llevaron a cometer el delito de fraude”, agregó.

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Según la acusación, Pérez Molina integraba una estructura ilegal junto a su vicepresidenta Roxana Baldett para recibir millones en sobornos a cambio de otorgar más de 70 contratos a diversas empresas. Baldetti ya fue condenada en otros dos casos de corrupción.

Pérez Molina, de 72 años, renunció al cargo y fue encarcelado el 3 de septiembre de 2015 tras masivas manifestaciones.

La Fiscalía destapó los casos de corrupción con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que apoyó el combate de estructuras criminales dentro del Estado entre 2007 y 2019.

Además, según el Ministerio Público (MP), todavía hay procesos pendientes por resolver, por lo que su libertad no la consideran como inmediata. Incluso, hablan de una apelación en uno de los dos casos que tiene abiertos. 

El 22 de agosto se celebró una audiencia por el caso Cooptación del Estado, en la que Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala, fue beneficiado con arresto domiciliario y una caución económica de Q300 mil que le permitiría salir de la prisión.

Eva Recinos, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, otorgó la medida que solicitó el exmandatario. Este caso aún no ha llegado a la etapa de juicio.

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El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ligó a proceso el 27 de julio de 2016 a 53 sindicados en este caso, entre ellos Pérez Molina y Roxana Baldetti, así como empresarios, contratistas y otros exfuncionarios, sindicados de liderar una estructura criminal que capturó a varias instituciones claves del Estado con el fin de enriquecerse de manera ilícita.

El 7 de diciembre de 2022, las juezas del Tribunal de Mayor Riesgo “B” condenaron a 16 años de cárcel al expresidente y la ex vicepresidenta por asociación ilícita (8 años) y caso especial de defraudación aduanera (8 años).

El binomio presidencial era investigado por un tercer cargo, de enriquecimiento ilícito, del que fueron absueltos. En este caso el Tribunal les impuso una multa de Q13 millones.

Sobre este caso, según el jefe de prensa e información, Juan Luis Pantaleón, la Fiscalía presentó una apelación para que se repita el debate, ya que no estuvieron de acuerdo con que no les condenaran por los delitos que les habían imputado.

Al  exmandatario lo habían acusado de asociación ilícita, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito. El juez Primero de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, envió a juicio el 27 de octubre de 2017 a 28 personas, incluidos Pérez y Baldetti.

La acusación se basa en que ambos lideraban la red de defraudación aduanera La Línea, en la cual participaron particulares, exjefes, exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de las aduanas del país.

Pérez Molina ha manifestado de que no dispone de los recursos para poder salir de la prisión. Con su familia, ha indicado, buscan la manera de conseguir los fondos.

“No tengo dinero para pagar. Estamos hipotecando unos bienes de la familia y poder pagar. Esperaríamos que en unos ocho días se pueda resolver eso y entonces pueda recobrar la libertad”, aseveró Pérez.

Las medidas decretadas por la jueza son arraigo, arresto domiciliario, debe imponer su huella o firmar un libro de asistencia una vez cada 30 días, prohibición de visitar centros carcelarios y una caución económica por Q300 mil.

El Tribunal de Mayor Riesgo “B” del Organismo Judicial guatemalteco decidió reprogramar la audiencia para octubre, debido a una excusa presentada por el Ministerio Público (Fiscalía).

Baldetti y su defensa podrían aceptar los delitos de lavado de dinero y cohecho pasivo, de los cuales se le acusa por una trama de corrupción ocurrida durante el Gobierno del presidente Otto Pérez Molina entre 2012 y 2015.

El caso de corrupción, conocido como Cooptación del Estado, se trataba de una estructura incrustada en el Estado y que sirvió para que Pérez Molina y Baldetti se beneficiaran con millonarios sobornos a cambio de otorgar más de 70 contratos a diversas empresas.

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Actualmente, Baldetti está cumpliendo dos condenas de 15 y 16 años por dos casos de fraude y corrupción en aduanas, cometidos durante su administración.

Además, Baldetti tiene pendiente una orden de extradición de Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

Según se conoció, Baldetti no se presentó al juzgado y se excusó por cirugía a la que fue sometida recién.

La jueza Eva Recinos pospuso la audiencia de petición de aceptación de cargos para el próximo 16 de agosto.

El 12 de julio pasado, la exvicepresidenta pidió al Juzgado de Mayor Riesgo B que le permita someterse a la aceptación de cargos en el caso de corrupción denominado Cooptación del Estado.

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La vicemandataria fue condenada a 15 años y seis meses de prisión en octubre de 2018, cuando el Tribunal de Mayor Riesgo C la halló culpable de fraude en el proyecto de saneamiento del Lago de Amatitlán.

Además, en 2022 fue condenada junto al expresidente Otto Pérez Molina a 16 años de prisión en el caso La Línea y se le impuso una multa de Q8 millones 709 mil.

Caso Cooptación del Estado

El 16 de abril de 2015, se presentó el caso de corrupción denominado La Línea, que según la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público, era una estructura de corrupción que había tomado el control de aduanas del país para generar beneficios económicos ilegales que era dirigida por el entonces presidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta, Roxana Baldetti.

“Al hacer un ordenamiento minucioso de la documentación incautada físicamente, así como en dispositivos electrónicos, se encontró un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros etc., el cual reportaba operaciones incluso desde el año 2008, 4 años antes que el Partido Patriota asumiera el poder”, se lee en el comunicado de la Cicig el 2 de junio de 2016.

Según la información de la Cicig, los nombres de personas y empresas que aparecieron en la investigación de La Línea, TCQ y Lago de Amatitlán y que tenían bastante información de la participación de estos en otras investigaciones en curso.

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Las investigaciones revelaron, según la Cigig, “un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del año 2011, que lleva a la Presidencia de la República a Otto Pérez Molina y a la Vicepresidencia a Roxana Baldetti Elías”.

Esta estructura habría sido fundada en 2007, luego que el Partido Patriota perdió las elecciones, y siguió funcionando durante el Gobierno de Pérez Molina y Baldetti.

“Esto llevó a la conclusión que no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti”, se lee en la información en el sitio de la Cicig.

“Así, varias instituciones claves del Estado fueron cooptadas por la red mafiosa que utilizó un esquema financiero -con apariencia de legalidad en muchos casos pero cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura, sin importar siquiera la precariedad financiera de las instituciones.  Esta estructura mafiosa utilizó los canales electorales que ofrece la democracia en Guatemala para hacerse con el poder a través de un partido político denominado Partido Patriota”, dice el comunicado de la Cicig en ese entonces.

Según se informó este 12 de julio, a exmandataria hizo la petición a la jueza Eva Recinos, quien lleva el expediente y tentativamente fijó la audiencia para conocer la petición para el próximo 18 de julio de 2023.

La vicemandataria fue condenada a 15 años y seis meses de prisión en octubre de 2018, cuando el Tribunal de Mayor Riesgo C la halló culpable de fraude en el proyecto de saneamiento del Lago de Amatitlán.

Además, en 2022 fue condenada junto al expresidente Otto Pérez Molina a 16 años de prisión en el caso La Línea y se le impuso una multa de Q8 millones 709 mil.

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“Al hacer un ordenamiento minucioso de la documentación incautada físicamente, así como en dispositivos electrónicos, se encontró un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros etc., el cual reportaba operaciones incluso desde el año 2008, 4 años antes que el Partido Patriota asumiera el poder”, se lee en el comunicado de la Cicig el 2 de junio de 2016.

Según la información de la Cicig, los nombres de personas y empresas que aparecieron en la investigación de La Línea, TCQ y Lago de Amatitlán y que tenían bastante información de la participación de estos en otras investigaciones en curso.

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Esta estructura habría sido fundada en 2007, luego que el Partido Patriota perdió las elecciones, y siguió funcionando durante el Gobierno de Pérez Molina y Baldetti.

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