Salvador González, alias “Eco”, no pagará Q13.2 millones que pidió la Procuraduría General de la Nación (PGN) por su responsabilidad civil, tras recibir una condena reducida en el caso La Línea.

La PGN pidió al juez suplente de Mayor Riesgo B, Rudy Eleazar Bautista, que González pagara una reparación digna al Estado.

No obstante, a criterio de Bautista la PGN no logró demostrar los perjuicios causados por González y no otorgó la indemnización por responsabilidad civil.

El juzgador aun otorgó la oportunidad a la PGN para continuar el requerimiento por la vía civil, pero no optaron por ese procedimiento.

EN ESTE MOMENTO

Universidades cambian a decanos antes de la convocatoria de postuladoras para TSE y MP

Caso Melisa Palacios: las cuatro claves del nuevo intento de Fernanda Bonilla para apartar a la jueza Carol Berganza

Embargan salario del ministro Joaquín Barnoya y suspenden pagos a UNOPS por orden judicial

González, alias “Eco”, obtuvo una condena reducida por los delitos de asociación ilícita, peculado y casos especiales de defraudación aduanera, que dictó el exjuez Gálvez.

Lea también: Incautan cocaína hallada en un contenedor en Puerto Barrios valorada en más de Q27 millones

Colaborador eficaz en caso La Línea

González fue un testigo vital para la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público en el caso La Línea.

En declaraciones ante jueces, González incriminó al exbinomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Durante el proceso, González explicó ante el juzgado de Mayor Riesgo “B” las siglas que, según dijo, utilizaron quienes integraban la estructura para mantener un lenguaje en clave.

LE RECOMENDAMOS

Miss Croacia: la verdad detrás de las fotografías que le habrían tomado aficionados qataríes durante el Mundial de Qatar 2022

“Esta guerra continuará”: la fuerte amenaza que el CJNG lanzó contra uno de los jefes del Cártel de Sinaloa

Según declaró en 2015, cuando recién se había develado el caso de defraudación aduanera, se denominaba “R1” a la recaudación de impuestos en las aduanas, y “R2” al cobro de sobornos que se habría hecho para agilizar los procesos aduaneros.

Según la declaración de “Eco”, tenía conocimiento parcial de las operaciones y las coimas que se obtenían.

Lea también: Estuardo González, alias Eco, recibía efectivo de La Línea para entregarlo a Roxana Baldetti

Asimismo, expuso que del 61 por ciento un 22.5% lo recibiría Pérez Molina y otro porcentaje igual se destinaba a Baldetti.

Otro 5% de las coimas eran para Juan Carlos Monzón y 2% para él. Otra parte más –de la que no dio detalles– era para la exintendente de Aduanas, Claudia Méndez, y para el superintendente en funciones.

El Ministerio Público (MP) informó que la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero efectuó medidas cautelares en el inmueble, por lo que fue entregado a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) para su administración.

Lea más

Esta es la propiedad de Roxana Baldetti valorada en Q12 millones que podría perder

La vocera del MP, Julia Barrera, dijo que Salvador González, alias Eco, en su declaración de anticipo de prueba por el caso referido, señaló a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti de haber comprado parte de las acciones de la entidad de noticias. 

• Lea más: Cooptación del Estado: Así se lavaba dinero en el gobierno del Partido Patriota

Video

Fuerzas de seguridad resguardan edificio

La Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público materializa la medida cautelar del edificio ubicado en la 14 avenida 4-33, zona 1 de la ciudad capital, la cual fue decretada el 15 de junio del año en curso por el Juzgado de Extinción de Dominio. pic.twitter.com/1FfiMhEvlC

— MP de Guatemala (@MPguatemala) 17 de noviembre de 2017

Antecedente

El pasado 30 de mayo, el colaborador eficaz Salvador González Álvarez, alias Eco, empezó a testificar en anticipo de prueba en el caso Cooptación del Estado. El  6 de junio explicó en el Juzgado de Mayor Riesgo B que de todos los accionistas de Corporación de Noticias, solo uno —el de Iidemaya— no conocía el vínculo de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti con esa entidad.

Ante las preguntas de los abogados de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Eco dijo a quiénes se refería.

Comenzó con Edín Barrientos, ya procesado por este caso, y siguió con Amílcar Alvarado, quien representaba al Consejo de Investigaciones para el Desarrollo de Centroamérica (Cideca); Julio Recinos, del  Fideicomiso de Federación de Cooperativas Agrícolas de Guatemala (Fedecoag); Leonardo Delgado,  al frente de la Federación de Cooperativas de las Verapaces (Fedecovera), y José Us, del Instituto de Investigación y Desarrollo Maya (Iidemaya), quien, según Eco, era el único que no sabía que la exvicemandataria tenía acciones con Inversiones Marbella y Arrendamiento, Servicios y Proyectos.

• Lea más: Así surgió la fortuna de Roxana Baldetti

Baldetti tenía el 51 por ciento de las acciones, y se negociaba adquirir las de Cideca, con lo cual llegaría al 70 por ciento.

El MP solo informó que se efectuaron nueve allanamientos en San José Pinula, zonas  7,  10 y 15, y  en Cobán, Alta Verapaz.

Se pudo confirmar que entre los inmuebles allanados figura la sede de Cideca, en la 11 calle 18-03, apartamento  8-A, zona 15; Fedecovera, que se encuentra en  la 6a. calle 5-05, zona 11 de Cobán; Fedecoag, en Avenida  de La Reforma 2-56, zona 9; e Iidemaya, ubicada en la  38 avenida A 0-77, zona 7.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), dijo que González quedó en libertad debido a que cumplió con compromisos asumidos con el Ministerio Público (MP), de rendir declaraciones testimoniales en calidad de anticipo de prueba, en por lo menos tres procesos penales.

Esto le ordenó la CC al Minex por carta dirigida a Iván Velásquez

Además, que se le impuso una condena y dos medidas para desjudicializar su caso.

• Lea más: Esta medida podría tomar EE.UU. contra guatemaltecos corruptos

Aparte, el abogado defensor de González dijo que las audiencias por el caso La Línea y Cooptación del Estado se desarrollaron a puerta cerrada, ya que el juez Miguel Ángel Gálvez, decretó la reserva.

Sandoval indicó que, por motivos de seguridad de González, no se puede dar información sobre su paradero. 

El trámite para que González Eco recuperara su libertad se efectuaron desde hace mes y medio, según información del Juzgado de Mayor Riesgo B. 

Revelaciones de “Eco”

En mayo último, Salvador González, alias Eco, declaró en calidad de anticipo de prueba en el caso de Cooptación del Estado en la Sala de Audiencias de Mayor Capacidad por casos de Alto Impacto.

El colaborador eficaz aseguró que conoció a los exmandatarios cuando estos hacían campaña electoral y fue hasta después que estos tomaron posesión que fue contactado por Juan Carlos Monzón para trabajar para Roxana Baldetti.

El Ministerio Público (MP) dirigió, en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), al menos ocho allanamientos más de empresas mercantiles ligadas a accionistas de Corporación de Noticias.

El pasado 30 de mayo, el colaborador eficaz Salvador González Álvarez, alias Eco, empezó a testificar  en anticipo de prueba en el caso Cooptación del Estado. El  6 de junio explicó en el Juzgado de Mayor Riesgo B que de todos los accionistas de Corporación de Noticias, solo uno —el de Iidemaya— no conocía el vínculo de la exvicepresidenta Roxana Baldetti con esa entidad.

En desarrollo allanamientos en inmuebles de empresas mercantiles vinculadas a un proceso de extinción de dominio. pic.twitter.com/ISYadWfvrB

— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 27, 2017

Ante las preguntas de los abogados de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Eco dijo a quiénes se refería.

Comenzó con Edín Barrientos, ya procesado por este caso, y siguió con Amílcar Alvarado, quien representaba al Consejo de Investigaciones para el Desarrollo de Centroamérica (Cideca); Julio Recinos, del  Fideicomiso de Federación de Cooperativas Agrícolas de Guatemala (Fedecoag); Leonardo Delgado,  al frente de la Federación de Cooperativas de las Verapaces (Fedecovera), y José Us, del Instituto de Investigación y Desarrollo Maya (Iidemaya), quien, según Eco, era el único que no sabía que la exvicemandataria tenía acciones con Inversiones Marbella y Arrendamiento, Servicios y Proyectos.

Baldetti tenía el 51 por ciento de las acciones, y se negociaba adquirir las de Cideca, con lo cual llegaría al 70 por ciento.
El MP solo informó que se efectuaron nueve allanamientos en San José Pinula, zonas  7,  10 y 15, y  en Cobán, Alta Verapaz.

Se pudo confirmar que entre los inmuebles allanados figura la sede de Cideca, en la 11 calle 18-03, apartamento  8-A, zona 15; Fedecovera, que se encuentra en  la 6a. calle 5-05, zona 11 de Cobán; Fedecoag, en Avenida  de La Reforma 2-56, zona 9; e Iidemaya, ubicada en la  38 avenida A 0-77, zona 7.

Se llamó al teléfono de Amílcar Alvarado, quien está al frente de Corporación de Noticias, pero una persona que dijo ser su hijo Sergio respondió la llamada y aseguró que no tenían nada que decir, por decisión de sus abogados.

Salvador González, alias Eco, dijo en su quinto día de declaraciones ante el juez Ángel Gálvez, que teme por su vida y por la de su familia porque ha recibido amenazas y que descubrió un supuesto complot para asesinarlo. 

El colaborador eficaz ha denunciado en varias ocasiones que existen planes para asesinarlo, y que estas vendrían de sus revelaciones sobre la estructura ilícita que el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti orquestaron. 

En las declaraciones también salieron a relucir las amenazas que el abogado Ricardo Grijalva profirió contra González, lo que dio lugar a una denuncia contra el profesional. 

LEA MÁS EN PRENSA LIBRE

Expresidente buscó que Eco no lo vinculara

La Fiscalía sospechaba que González Álvarez era uno de los jefes de la referida estructura. Él mismo confesó su relación con la red y ahora colabora con el órgano investigador en las pesquisas de corrupción durante el gobierno del Partido Patriota. Dichas afirmaciones fueron hechas en la audiencia en que se le escucha en anticipo de prueba en el caso Cooptación del Estado de Guatemala.

En aquel momento, Pérez Molina y la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti todavía no eran investigados por corrupción. Parte del ofrecimiento que Grijalva hizo al ahora testigo fue que el mandatario asumiría el pago de su defensa a cambio de no decir su nombre, y la instrucción respecto de la exvicegobernante era distinta.

“Mirá, vos no te preocupés. Vamos a seguir defendiéndote, los honorarios nosotros los vamos a poner. Vos lo que tenés que hacer es no decir nada de Otto Pérez Molina. De Roxana podés hablar todo lo que querrás, pero de él no podés decir nada”, fue lo que Grijalva explicó a González Álvarez en la oficina del abogado César Calderón, en la zona 10.

Eco y su esposa visitaron al profesional del Derecho para consultarle cómo sería el trabajo con él y quién le estaba pagando, porque González Álvarez había buscado la asistencia de otro abogado.

Calderón le respondió que no podía explicarle y que por eso llamaría a Grijalva. En ese tiempo, el colaborador eficaz ya era procesado por el caso La Línea y por los señalamientos en el Bufete de la Impunidad.

Confusión

El día que González Álvarez fue detenido, afirmó, se encontró con el abogado Alexis Calderón Maldonado, a quien conocía porque era su alumno en estudios que cursó de Derecho.

“Yo le pedí favor a una periodista de Siglo 21. Se me acercó, la llamé y se me acercó y le pedí que le llevara un papelito con el número del doctor Alexis Calderón Maldonado a mi esposa, para que ella le llamara”, explicó, y refirió que al ver a Calderón pensó que se trataba de una confusión.

Luego de que Calderón contactó a González Álvarez le indicó que “tenía instrucciones del —Organismo— Ejecutivo de defenderlo”, pero posteriormente lo sustituyó por Calderón Maldonado.

La audiencia en que se escucha a González Álvarez se ha desarrollado en cinco sesiones, cuatro de las cuales han sido utilizadas por el MP para hacer su interrogatorio.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala hará hoy su interrogatorio, y posteriormente otros querellantes, para finalizar con las preguntas de los defensores de los acusados.

Sinibaldi

En una parte de su declaración, González Álvarez describió que se buscaba documentación legal de la empresa Vistas, Servicios Electrónicos, vinculada a Pérez Molina, para hacer una asesoría al exmandatario.

Varios documentos se habían perdido, aseguró, y al conseguir copias se estableció que el representante legal había sido José Guillermo Yupe, quien trabajaba con el auditor Mario Contreras, acusado en el caso.

Se debía aclarar la situación de algunos bienes inmuebles de Vistas, Servicios Electrónicos, y se tenía que consultar a Yupe al respecto, y se determinó que este era trabajador de la empresa Arqco, vinculada con el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. La firma Arqco Outsourcing aclaró y se desvinculó de él en junio del 2016.

Empresas de Pérez Molina

Otto Pérez Molina había construido un emporio a su entorno.

1. El expresidente  Otto Pérez Molina se hizo dueño de una finca ubicada en Zaragoza, Chimaltenango, por medio de la empresa Vistas, Servicios Electrónicos.
2. En Mixco funcionaba una litografía de nombre Pixel, la cual está registrada a nombre de su hija, Lissette Pérez Leal, la cual afronta un juicio de extinción de dominio.
3. De igual  forma que la exvicepresidenta Roxana Baldetti, Pérez Molina tenía relación directa con empresas, en las cuales constaba su nombre, y en otras mantenía el control por medio de testaferros, afirmo Salvador González Álvarez.
4. En enero del 2015, González Álvarez comenzó una asesoría para Pérez Molina, para hacer que sus empresas generaran actividades comerciales y volumen de rentabilidad.

Durante la audiencia, el Ministerio Público (MP) ha presentado documentos hallados en la computadora personal de Eco, por los cuales abogados defensores de los sindicados han presentado protestas.

En uno de los documentos se muestran los porcentajes que la ex vicepresidenta Baldetti recibía de las empresas que había conformado.

El miércoles último, Eco detalló que ocho empresas fueron las que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti utilizó para hacer una fortuna durante su paso por el gobierno del Partido Patriota, con el general Otto Pérez Molina a la cabeza.

Eco explicó cómo hizo operar dos empresas en las que Baldetti era accionista, y de otras siete que controlaba por medio de testaferros.

La Fiscalía mostró a Gálvez la computadora que fue incautada a González Álvarez en el 2015, y este describió algunos documentos en los que constan las transacciones efectuadas por las entidades.

Dos empresas hicieron que la exvicegobernante tuviera el dominio del 51 por ciento de las acciones de Corporación de Noticias, casa editora de los diarios Siglo 21 y Al Día. Sin embargo, con la ayuda de Eco, quien adquirió otra compañía de origen salvadoreño, Baldetti pudo controlar el 70 por ciento de la referida entidad.

Baldetti dejó su participación en dicho medio de comunicación, derivado de una publicación que se hizo de ella en uno de los diarios de Corporación de Noticias, en la cual se hacía referencia a varias frases que la exfuncionaria había mencionado.

Así lo detalló ayer el colaborador eficaz del Ministerio Público (MP), Salvador González Álvarez, alias Eco, mientras explicaba al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, cómo hizo operar dos empresas en las que Baldetti era accionista, y de otras siete que controlaba por medio de testaferros.

La Fiscalía mostró a Gálvez la computadora que fue incautada a González Álvarez en el 2015, y este describió algunos documentos en los que constan las transacciones efectuadas por las entidades.

Dos empresas hicieron que la exvicegobernante tuviera el dominio del 51 por ciento de las acciones de Corporación de Noticias, casa editora de los diarios Siglo 21 y Al Día. Sin embargo, con la ayuda de Eco, quien adquirió otra compañía de origen salvadoreño, Baldetti pudo controlar el 70 por ciento de la referida entidad.

Baldetti dejó su participación en dicho medio de comunicación, derivado de una publicación que se hizo de ella en uno de los diarios de Corporación de Noticias, en la cual se hacía referencia a varias frases que la exfuncionaria había mencionado.

#EnVivo | #CasoCooptaciónGT: Juez Gálvez expondrá los detalles que implica a Otto Pérez y Roxana Baldetti. http://bit.ly/2rp5MjW

Posted by Prensa Libre on Wednesday, 31 May 2017

Documentos

La pieza fundamental en la investigación del caso Cooptación del Estado de Guatemala se obtuvo como parte de las pesquisas por el caso de defraudación aduanera, La Línea, por el cual fue capturado González Álvarez, quien después se convirtió en colaborador eficaz de la Fiscalía.

En la computadora de Eco fue localizada una presentación que describía una serie de empresas y acciones que podrían desarrollarse para hacer que las entidades operaran de manera eficiente.

Baldetti era socia de Proinver, con la cual buscó incursionar en actividades de constructoras, proyectos habitacionales y centros comerciales.

Por aparte, la exfuncionaria también tenía relación con las empresas Marbella y Arrendamientos, Servicios y Proyectos, con las cuales adquirió acciones de Corporación de Noticias.

Ambas entidades eran dirigidas por supuestos testaferros de la exvicegobernante.

También existían otras cinco sociedades anónimas, que conformaban lo que posteriormente se identificó como Grupo Estrella, con las cuales Baldetti también hizo transacciones comerciales.

Comercial Urma, Publiases, Publicmer, Serpúmer y La Montaña Ecológica, hicieron que la exvicemandataria tuviera participación en hoteles y que adquiriera bienes inmuebles, como la casa que ocupó como residencia en la zona 14.
Cheque

González Álvarez detalló que Baldetti recibió Q1 millón por medio de Proinver, y que según la estrategia planteada por Julio Aldana Franco, asesor financiero de la exvicemandataria, todo el dinero que ingresara debía ser depositado en una cuenta que se tenía en el Banco de Desarrollo Rural (Banrural).

El error que puso en alerta a la Superintendencia de Bancos ocurrió porque Judith Ruiz Blau, asistente de Baldetti, depositó el cheque en el Banco G&T  —Continental—, donde no existía ninguna coordinación al respecto.

El colaborador eficaz explicó que las autoridades de control del banco lo llamaron para  acreditar la proveniencia del dinero, pues  consideraron la transacción como sospechosa.

Para evitar problemas, se buscó la ayuda de Flavio Montenegro, expresidente del banco, y este les orientó sobre la presentación de la papelería que les había sido solicitada.

González Álvarez acudió con Aldana Franco para explicarle lo sucedido y pedirle los informes de movimientos financieros de Proinver, entre otros documentos.

Inversión

Otro negocio que Eco detalló fue la participación de Baldetti en el desarrollo del Centro Industrial de Oriente (CIO), ubicado en Estanzuela, Zacapa, uno de los cuatro municipios donde el gobierno del Partido Patriota intentó imponer el salario mínimo diferenciado.

El argumento de esa iniciativa gubernamental era el de fomentar la creación de empresas en el  municipio, así como en Masagua, Escuintla, y San Agustín y Guastatoya, El Progreso.

El proyecto consistía en construir bodegas como infraestructura del CIO, las cuales serían alquiladas a maquilas que buscaran como incentivo comercial la disminución del pago mensual por empleado.

Según investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala  (Cicig), en el desarrollo de la investigación por el caso La Línea, se encontraron indicios sobre operaciones ilícitas en las que participaron exfuncionarios del Partido Patriota (PP).

Empresas de cartón, dinero en efectivo, cheques en blanco y simulación de contratos fueron métodos utilizados por la organización Cooptación del Estado para financiar al Partido Patriota (PP) con el fin de  asegurar su  llegada a la presidencia en el 2012, según la Cicig.

González habló por más de una hora y media y en un principio explicó cómo fue que conoció y se involucró con la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti y el expresidente, Otto Pérez Molina.

El colaborador eficaz aseguró que conoció a los exmandatarios cuando estos hacían campaña electoral y fue hasta después que estos tomaron posesión que fue contactado por Juan Carlos Monzón para trabajar para Roxana Baldetti.

En un principio el trabajo era administrar las supuestas empresas de la vicemandataria, pero antes de que conociera cualquier información lo hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad.

Cuando tuvo acceso a los documentos formó un equipo de trabajo para comenzar a desarrollar el trabajo y tiempo después fue contactado por Otto Pérez Molina, quien también requirió de sus servicios.

La audiencia fue dirigida por el juez Miguel Ángel Gálvez, quien anteriormente reprogramó la audiencia por inasistencia de varios sindicados en el caso y sus abogados.

Mecanismo

Entre las declaraciones de González precisó la forma en que blanqueó activos a través de empresas vinculadas a la vicemandataria Roxana Baldetti.

Explicó que la metodología consistía en que en las empresas utilizaban una cuenta llamada anticipos por liquidar.

Básicamente se utilizaba esa cuenta para sacar dinero que servía para pagar viajes, compras de lujo y pago de tarjetas de crédito de Baldetti y sus familiares.

El dinero salía a nombre de personas particulares o empresas y días después se regresaba el dinero a la empresa pero “no era el dinero que había salido sino dinero sucio” y de esa forma se blanqueaban los activos.

Gonzales afirmó: “De esa forma se blanqueaba el dinero. Mi padre me dijo que se puede, pero no se debe, obviamente yo no le hice caso por eso estoy aquí, de esa forma lo hicimos”.

El colaborador eficaz agregó que Baldetti tenía una serie de empresas, pero para que no fueran vinculadas con ella se le pagaba Q1 mil a las personas que aceptaron prestar su nombre pero, “con el tiempo la gente ya no quería y hubo problemas”.

Ante ese problema González sugirió a la vicemandataria que los representantes legales podían ser abogados, pero que eso tenía un costo mayor, después de mucho tiempo Baldetti aceptó de mala gana y procedió con los trámites.

González indicó que entre los negocios que gestionó para la vicepresidenta destaca la compra de cinco empresas en Panamá a un costo de US$10 mil cada una, razón por la que viajó en varias ocasiones a ese país para asegurarse de que los negocios funcionaron bien.

Gonzalez también agregó que hubo un plan con el cual a la vicemandataria se le ocurrió que dinero del Estado podría pagar algunos de sus negocios, para lo cual hubo mucho movimiento de empresas para dar aparente legalidad al negocio.

Lea más

Cómo el PP habría cooptado el Estado

El juez Miguel Ángel Gálvez reprogramó la audiencia para el próximo lunes 29 de mayo, en la  Sala de Audiencia de Mayor Capacidad para casos de Alto Impacto, luego de que 19 procesados pidieron no asistir a la cita y ser representados por sus abogados defensores.

Lea más

¿Qué es cooptación del Estado?

La audiencia de anticipo de prueba de González Eco también fue suspendida el lunes último, debido a que algunos sindicados y abogados defensores tampoco se presentaron.

MP pide a Gálvez que se coordine con el Juzgado Noveno, porque allí se encuentra el exministro Mauricio López Bonilla. @prensa_libre pic.twitter.com/GE15iug77s

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) May 24, 2017

Se espera que el próximo lunes se pueda llevar a cabo la audiencia, con los abogados de los sindicados que pidieron no estar presentes.

Lea más

Lista de ligados a proceso por caso Cooptación

La resolución fue dictada por el juez Mynor Moto, luego de que el ente investigador se abstuviera de la persecución penal por las declaraciones de Eco que facilitaron las investigaciones.

El fallo fue amparado en el artículo 25 del Código Procesal Penal que permite al Ministerio Público abstenerse de la persecución Penal.

González fue admitido para colaborar con la fiscalía en mayo de este año, proceso en el que figura la jueza Martha Sierra de Stalling, por facilitar procesos en forma paralela a la justicia.

“El Ministerio Publico y mis abogados apelaron por esta medida. Tengo un período de un año en el que no debo tener ningún contacto, relación, acercamiento con los otros sujetos procesales”, afirmó González.

• Artículo 25 del Código Procesao Penal: Criterio de Oportunidad El criterio de oportunidad se aplicará por los jueces de primera instancia obligadamente a los cómplices o autores del delito de encubrimiento que presten declaración eficaz contra los autores de los delitos siguientes: contra la salud, defraudación, contrabando, delitos contra la hacienda pública, la economía nacional, la seguridad del Estado, contra la Constitución, contra el orden público, contra la tranquilidad social, cohecho, peculado y negociaciones ilícitas, así como en los casos de plagio o secuestro.

Negocios bajo la mesa

El Bufete de la Impunidad, como lo calificó el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), era una estructura que iba a facilitar medidas sustitutivas a tres líderes del caso La Línea.

Prevaricato y Cohecho Pasivo, son los delitos formales contra la jueza Marta Sierra de Stalling. Según los argumentos del MP y la Cicig, por supuestamente haber negociado con la estructura de abogados contratados por algunos de los implicados en La Línea.

Según Iván Velásquez, jefe de la Cicig, la estructura “proveedora de impunidad”, era dirigida por José Arturo Morales Rodríguez, alias “Chepito”, y junto a Emilza Higueros, contactaban a sus clientes, ofrecían abogados defensores con  “contactos” en el Organismo Judicial.

A través de conversaciones telefónicas interceptadas desde el 16 de abril, cuando se realizaron los allanamientos y captura de implicados en la defraudación aduanera, se estableció la relación de Francisco Javier Ortiz con el bufete de abogados dirigido por Chepito.

Entre el 16 y 20 de abril, una hija y una hijastra de Ortiz realizan retiros de efectivo, cobrando varios cheques y en una de las transacciones bancarias se especifica que es para pagar una medida sustitutiva.

Marta Sierra de Stalling otorgó la medida sustitutiva hasta el 21 de abril, antes de eso según Velásquez, no había manera de asegurar que los implicados serían beneficiados.

“Con todo esto identificamos una red de abogados dirigida por José Arturo Morales Rodriguez, que coordina y planifica la acción del grupo y pretende darle apariencia de legalidad a esa gestión profesional cuando todo es en virtud a los contactos que establecen con funcionarios judiciales, independientemente de cualquier argumentación jurídica. Busca el beneficio de sus clientes”, reveló el jefe de Cicig al comienzo del proceso.

La extinción de la millonaria suma fue dada a conocer este miércoles por el juez de Extinción de Dominio Marco Antonio Villeda.

 La investigación contra Eco, comenzó el 17 de abril del 2015, un día después de su captura, debido a los vínculos que tenía con La Línea, señaló el fiscal en el caso de extinción.

El dinero  fue  encontrado durante un allanamiento en una oficina de Salvador González, alias Eco,  el 16  abril de 2015.

Según el MP, ese es el primer monto que se lograría recuperar de lo defraudado por la supuesta estructura dirigida por el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

“La cifra que ahora se busca recuperar fue localizada en una oficina ubicada en un edificio de la zona 9. La información que tengo es que estaba a nombre de Salvador González”, informó Sara Sandoval, fiscal contra el Lavado de  Dinero.

González es procesado por asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.

Este viernes, autoridades efectúan una requisa en el centro de detención preventivo Pavoncito, Fraijantes, en busca de objetos ilícitos que podrían tener en posesión los reclusos.

En esta prisión están recluidos Juan Carlos Monzón y Salvador González, Eco, quienes colaboran con el Ministerio Público (MP), y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en casos que se siguen contra el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

En junio pasado, el abogado defensor de ambos colaboradores, Alexis Calderón, dijo que se había descubierto un plan para matarlos, por lo que solicitaba más seguridad del Estado.

• Lea también: Impiden ataque contra Juan Carlos Monzón y  Eco

La requisa en Pavoncito ocurre cuatro días después de la muerte de Byron Lima, ejecutado en Pavón, quien era considerado “el rey de las prisiones”, por el poder que ejercía desde la cárcel.

La cárcel preventiva, Pavoncito, se ubica en el mismo complejo carcelario de Fraijanes, donde el lunes pasado murieron otras 13 personas, además de Lima.

• Lea también: MP delimita en Pavón cuatro lugares del asesinato de Byron Lima.

En la requisa participan agentes de la Policía Nacional Civil,  fiscales del MP, delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos, guardias del Sistema Penitenciario y agentes caninos, para detectar droga y otros ilícitos.

También participan expertos en búsqueda de armas de fuego y explosivos.

En desarrollo requisa en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Pavoncito pic.twitter.com/Z1bh2Ahpvl

— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 22, 2016

Juan Carlos Monzón y Salvador Estuardo González, alias Eco, quienes son colaboradores eficaces en varios procesos, fueron reunidos y  de nuevo reubicados para garantizar su seguridad, afirmó su abogado defensor, Alexis Calderón.

Después de varias requisas esta semana fueron encontradas una pistola nueve milímetros y otra calibre 22, además de granadas de las que Calderón no especificó la cantidad.

Las investigaciones de la planificación de un posible atentado se encuentran bajo reserva, agregó.
El vocero del Sistema Penitenciario, Rudy Esquivel, manifestó que no se hizo ningún cambio, al menos “reportado públicamente”.

“Siguen recluidos en el área unipersonal con la custodia meritoria por su perfil”, agregó el funcionario.

A prisa

Monzón acudió ayer, por tercer día consecutivo,   a la Fiscalía Especial contra la Impunidad a brindar información, confirmó el abogado defensor Alexis Calderón.

La semana antepasada asistió casi a diario para aportar detalles de nuevos casos en jornadas que se prolongaron hasta tarde.

En una jornada más ante los fiscales, Monzón “corroboró datos” relacionados con constructoras, y actos ilícitos en los ministerios de Comunicaciones, Gobernación y  Desarrollo.

“Él —Monzón— no es el testigo clave. Las personas que están en la cárcel lo están por sus actos de corrupción”, afirmó Calderón.

Los fiscales “no dependen solamente de lo que dice Monzón o Salvador Estuardo González”, pues corroboran datos de indicios y elementos de investigaciones que ya habían comenzado, agregó el abogado.

El defensor negó que Monzón cobre extorsiones por no delatar a otros implicados. “Estas aseveraciones son delicadas y ponen en peligro su integridad”, comentó.

González ha dicho en sus declaraciones que los exmandatarios recibían dinero de la recaudación de los sobornos que se exigían a importadores en diferentes aduanas.

Los testimonios de Monzón han sido claves en los casos  La Línea y TCQ.

Eco trabaja con la fiscalía, informó la jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, y este miércoles estaba programada la audiencia donde ofrecería su testimonio anticipado ante el Juzgado Tercero Penal; sin embargo el juez Mynor Moto reprogramó la diligencia para el próximo viernes.

De ser admitido como colaborador eficaz del MP, González Álvarez sumaría un segundo proceso donde colabora con la fiscalía; el primero es el caso La Línea.

El caso

El Bufete de la Impunidad, como lo calificó el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), era una estructura que iba a facilitar medidas sustitutivas a tres líderes del caso La Línea.

Prevaricato y Cohecho Pasivo, son los delitos formales contra la jueza Marta Sierra de Stalling, por según los argumentos del MP y la Cicig, por supuestamente haber negociado con la estructura de abogados contratados por algunos de los implicados en La Línea.

Según Iván Velásquez, jefe de la Cicig, la estructura “proveedora de impunidad”, era dirigida por José Arturo Morales Rodríguez, alias “Chepito”, y junto a Emilza Higueros, contactaban a sus clientes, ofrecían abogados defensores con  “contactos” en el Organismo Judicial.

A través de conversaciones telefónicas interceptadas desde el 16 de abril, cuando se realizaron los allanamientos y captura de implicados en la defraudación aduanera, se estableció la relación de Francisco Javier Ortiz con el bufete de abogados dirigido por Chepito.

Entre el 16 y 20 de abril, una hija y una hijastra de Ortiz realizan retiros de efectivo, cobrando varios cheques y en una de las transacciones bancarias se especifica que es para pagar una medida sustitutiva.

Marta Sierra de Stalling otorgó la medida sustitutiva hasta el 21 de abril, antes de eso según Velásquez, no había manera de asegurar que los implicados serían beneficiados.

“Con todo esto identificamos una red de abogados dirigida por José Arturo Morales Rodriguez, que coordina y planifica la acción del grupo y pretende darle apariencia de legalidad a esa gestión profesional cuando todo es en virtud a los contactos que establecen con funcionarios judiciales, independientemente de cualquier argumentación jurídica. Busca el beneficio de sus clientes”, dijo el jefe de Cicig.

Originalmente el Juzgado de Mayor Riesgo B había programado la audiencia para conocer entre el 21 de marzo y 1 de abril las declaraciones de González Álvarez, quien contribuyó con la Fiscalía para conocer la forma de operar de la referida estructura.

La diligencia se efectuaría después de conocer las acusaciones que el MP hace contra quienes son supuestos integrantes de la banda, la cual funcionaba en las principales aduanas y otorgaba beneficios a importadores con la reducción del pago de aranceles.

En un memorial que el órgano investigador presentó al Juzgado el 18 de febrero pasado se señala que existe un riesgo en el caso si no se recibe la declaración de González Álvarez antes de la audiencia de apertura a juicio.

El documento fue firmado por el fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, y se explica que el 6 de noviembre del año pasado se suscribió el convenio de colaboración eficaz con González Álvarez, el cual fue aprobado el 24 de ese mes.

Todos juntos

En el memorial también se pide al juez Miguel Ángel Gálvez que efectúe una audiencia contra los 31 acusados por el caso, incluidos el expresidente Otto Pérez Molina, la ex vicegobernante Roxana Baldetti y su exsecretario Juan Carlos Monzón, y no por grupos, como se había programado al principio.

El caso se hizo público el 16 de abril del 2015, cuando el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, junto a la Policía Nacional Civil, capturaron a los primeros 24 vinculados con los hechos.

González habló del tema este miércoles a su llega a la Torre de Tribunales: “En su momento no contesté porque no procedía y ahora tampoco procede”, explicó  a los medios de comunicación que le cuestionaron si figura como colaborador eficaz en el proceso que se sigue en el caso La Línea.

Sin embargo, Julia Barrera, vocera del MP, aseguró que alias Eco ya está colaborando con ese ente investigador. “Hay un trámite judicial que se debe agotar para que se haga efectiva la colaboración de manera formal”, explicó.

Afirmó que dicho trámite está pendiente de concretarse, pero González ya se encuentra colaborando con el MP en las pesquisas que se siguen por los casos antes mencionados.

Barrera añadió que en este momento se está analizando la devolución de los bienes que Eco pudo haber adquirido de manera ilícita.

“Se está analizando el tipo de bienes que pudo adquirir y a cuánto ascienden los mismos”, manifestó.

Lo protegen

Por orden del juez Miguel Ángel Gálvez, el detenido siempre que sea trasladado a tribunales deberá portar un chaleco antibalas y un casco blindado.

Según el MP, González era el recaudador de los sobornos que La Línea cobraba a los importadores, y se encargaba de distribuir el 60 por ciento de lo obtenido de la actividad ilícita.

En su declaración al juez Miguel Angel Gálvez, del juzgado de Mayor riesgo B, el 28 de septiembre, Eco ofreció detalles de cómo operaba La Línea. Habló  que le denominaban R1 a la recaudación de impuestos en las aduanas y R2 al cobro que se hacía para los sobornos, el cual se ofrecía como una medida para agilizar los procesos aduaneros.

Dijo que él solo tenía conocimiento del 61 por ciento de los recursos que se manejaban, e insistió que del total de los recursos obtenidos de manera anómala, el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, eran los poseedores el 50 por ciento, que a veces se entregaba cada semana o cada 15 días.

Salvador Gonzalez, alias Eco, descarta buscar convertirse en colaborador eficaz en el caso la Línea. @prensa_libre pic.twitter.com/RgW05sKczq

— Jerson Ramos (@jramos_pl) diciembre 16, 2015

El otro caso

González también es señalado en el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal que lo ligó a proceso y envió a prisión preventiva por el delito de cohecho activo por su vinculación con el “bufete de la impunidad”, presuntamente dedicado a influir en resoluciones judiciales.

Hasta ahora están sujetos a proceso ocho personas, entre ellos Estuardo González Álvarez, Francisco Javier Ortíz Arriaga y Miguel Ángel Lemus Aldana (presuntos cabecillas de la estructura criminal de defraudación aduanera La Línea), quienes fueron usuarios del “bufete de la impunidad”.

La Organización Internacional de Policía Criminal -INTERPOL- mantiene la alerta roja sobre Luis Alberto Mendizábal Barrutia, presunto enlace entre el “bufete de la impunidad” y funcionarios judiciales.

Durante el quinto día de la audiencia de primera declaración de los 20 importadores presuntamente implicados en el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea, el juez Miguel Ángel Gálvez afirmó que Salvador González, alias Eco, declarará como testigo eficaz en el caso.

Gálvez, encargado del Juzgado de Mayor Riesgo B, ligó a proceso penal por dos delitos a los empresarios que según el Ministerio Público (MP) utilizaron dicha red para defraudar al Estado.

Este viernes por la tarde el juzgador analizó los indicios presentados por los fiscales del MP. “Por las conversaciones, se presume que las bolsas que trasladan los implicados llevaban dinero”, expresó.

Más adelante Gálvez afirmó que alias Eco, quien el 29 de septiembre aseguró que él recibía el dinero en efectivo producto de los sobornos, declarará en el caso como colaborador eficaz.

#CasoLaLínea| MP logra que 20 importadores sean ligados a proceso penal. 1/2 pic.twitter.com/09gSodGmA2

— MP de Guatemala (@MPguatemala) December 4, 2015

En el primer día de la audiencia el MP presentó escuchas telefónicas en las cuales se escucha a los implicados hablando claramente de los cobros y pagos en relación a los contenedores que debían pasar por la aduana.

Piden copia

Durante la segunda jornada, el proceso se hizo más lento pues la defensa de algunos importadores solicitó tener acceso a una copia de las imputaciones de sus defendidos de manera física y no digital.

El miércoles durante el tercer día de audiencia, el MP imputó los delitos de cohecho activo y caso especial de defraudación aduanera a los empresarios.

Mientras se alternaban audios de llamadas telefónicas realizadas durante la investigación se escuchó a algunos de los importadores extranjeros, ahora con asistencia de traductores, hablando claramente español.

Los invitados conincidieron en que la declaración de Salvador Estuardo González, alias Eco, es pieza clave, pero debe ser reiterada como colaborador eficaz.

¿Qué opinión le dan a las declaraciones de Salvador González?

Sotomayor: Obviamente está en su derecho de primera declaración. Esto quiere decir que lo que dijo aún no es válido como prueba dentro del juicio y es un argumento de la defensa para que le otorguen la figura de colaborador eficaz para reducción de las dos terceras partes de la sentencia. Es una estrategia bien planteada porque él no está dentro de los cabecillas, esto le da un nuevo giro al caso.

¿Se puede confirmar con estas declaraciones lo que ya sabía el MP?

Acuña: Es un tipo de estrategia que se está utilizando. Las pruebas que se han presentado sí tienen un grado de relación con la información que ya existía. El juez está en la capacidad de analizar esos elementos y decidir si van a juicio.

¿El problema de las aduanas es algo nuevo?

Sotomayor: El botín más grande del Gobierno generalmente son las aduanas porque es donde se facilita el enriquecimiento. Cuando Guatemala estaba bajo gobiernos de facto ya venía operando la Línea, y esas estructuras militares recobraron poder en la administración de Otto Pérez Molina, y vemos que, al parecer, vínculos militares de la vieja guardia quieren retomar el poder.

¿De una primera declaración qué tan factible es que se puedan imputar nuevos delitos?

Acuña: Todavía hay que considerar los elementos de prueba del MP y estamos en una fase donde no se puede decir que todo está resuelto.

¿Cómo se le pueden probar a un funcionario hechos ilícitos en las aduanas cuando él verifica eso?

Sotomayor: Con las escuchas telefónicas. Las declaraciones de Eco en relación con las empresas de Baldetti y Otto Pérez son importantes y despiertan una suspicacia interesante en el proceso. También se puede probar con información de computadoras, testigos y cuentas bancarias. Dentro del tema de persecución penal el delito de lavado de dinero es el más difícil de perseguir porque generalmente no deja rastro. Lo que estamos viendo aquí no solo es defraudación, sino lavado de dinero, que se pudo haber hecho con empresas del expresidente y la ex vicepresidenta.

¿La Procuraduría General de la Nación puede pedir una reparación del Estado?

Sotomayor: Creo que se podría demandar por el tema de daños y perjuicios como parte del proceso, pero también debe haber una reparación de la clase política; no es posible que tengamos hospitales sin medicamentos. El Congreso, el Ejecutivo y el Organismo Judicial tienen que resarcir a la población después de este caso.

Hay quienes contribuyeron con funcionarios y pusieron empresas a su nombre, pero no son perseguidos. ¿Cómo sería ese proceso?

Acuña: Es un proceso difícil de resolver, se establece en las siete empresas de la ex vicemandataria, donde otras personas prestan su nombre, pero esos nombres tienen que salir a luz por estar involucrados, y de oficio el Ministerio Público está obligado a realizar una investigación. Con la declaración de Eco pueden salir otros involucrados y sumarse otros delitos.

Según la Cicig, no puede ser colaborador eficaz alguien que sea cabecilla de una banda. ¿Puede González serlo?

Sotomayor: Él estaba en un nivel intermedio y es la Fiscalía quien solicita esa figura. El MP debe investigar la calidad de la información, que sea eficaz y que sea importante para la investigación. Si eso se cumple no hay nada jurídicamente que impida que él sea colaborador. Otro que quiera ser colaborador pudiera estar negociando con el MP, pero ya no puede dar información similar a la de Eco, debe ser diferente.

¿Por qué la exintendente Claudia Méndez no puede ser colaboradora eficaz?

Acuña: Méndez tenía el conocimiento de todos los movimientos del sistema aduanero, no solo se beneficiaba con el 5 por ciento, sino que estaba en la estructura alta y coordinaba. Eco era intermedio y externo al Estado.

¿Cuál es la importancia de un colaborador eficaz?

Sotomayor: Facilita las investigaciones y la ley premia la información para concluir casos. Si no le otorgan esa figura a Eco, podría cambiar su declaración y entonces ya no se puede valorar todo lo que ha dicho.