Los asaltos y lo difícil que es conseguir un empleo en Guatemala son dos de los problemas que afrontan diariamente los guatemaltecos.

La Encuesta Libre 2023 llevada a cabo del 14 al 23 de abril del 2023 por la firma ProDatos para Prensa Libre y Guatevisión, preguntó acerca de los problemas que aquejan día a día a los pobladores, y entre las principales dificultades los entrevistados mencionaron la dificultad de conseguir un empleo y los asaltos, aunque en esta medición estos han descendido respecto de años anteriores.

La encuesta recabó el sentir de la mayoría de la población y los mencionados problemas son los que le afectan en su desenvolvimiento diario.

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Víctimas de asaltos

El 10% de los encuestados señaló que ha sido asaltado en los últimos seis meses y el 16% respondió que en los últimos seis meses han asaltado a alguien de su hogar.

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El indicador, o sea el 10%, es el más bajo observado en la serie de estudios desde julio del 2012, cuando se sitúo en 16%, y el más alto se arrojó en julio del 2015, cuando se ubicó en 18% sobre las personas que respondieron que han sido asaltadas en los últimos seis meses.

Al hacer un desglose por regiones, se marca una clara tendencia en la metropolitana, que fue del 22%, seguido del interior urbano, que se situó en 12%, y el menor porcentaje fue para el área rural, con 4%.

El consultor en asuntos de seguridad Ricardo Flores explica que el descenso de robos y hurtos coincide con datos de instituciones encargadas en seguridad, pero no es solo trabajo de esta administración, sino también de las anteriores en cuanto a ambos delitos, pero se refleja el descenso más en el 2020, 2021 e incluso 2022, lo cual podría estar asociado a las medidas para evitar el contagio del covid, como el toque de queda, los aforos y restricciones de horarios nocturnos.

En todo caso, hay un proceso de transición producto de la pandemia y algunas personas aún temen salir de casa con la frecuencia de antes, debido a la delincuencia, que puede ser un factor que contribuya a los resultados de la Encuesta Libre.

Según el analista, a las personas les afecta más el robo y el asalto por tratarse de actos violentos, pues conllevan una agresión verbal y con arma de fuego, que causa más impacto, a diferencia de si le fueran sustraídas sus pertenencias cuando viaja en transporte público.

Difícil emplearse

Otro de los hallazgos de la Encuesta Libre es que en Guatemala es muy difícil insertarse en el mercado laboral, ya que nueve de cada 10 personas dijeron que es “algo” o “muy dificultoso”.

El 93.4% de los consultados respondieron que se ha vuelto algo o muy difícil encontrar un trabajo, un 4.9% afirmó que es “ni fácil, ni difícil” y el 1.7% señaló que es “muy/algo fácil”.

Aunque el fenómeno se presenta en todas las regiones, la mayor incidencia se observa en el área rural, con 96.6%, e impacta tanto a hombres como a mujeres, con 91.4% y 95.5%, respectivamente.

En la categoría de edad también se supera el 90%, y por nivel socioeconómico impacta más al estrato D -bajo-, con 94.7%.

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Fredy Arizmendi Gómez, exfuncionario del Instituto Nacional de Estadística (INE), comenta que, efectivamente, la búsqueda de empleo tiene un costo, y entre los múltiples está que en Guatemala aún se acostumbra que la persona lleva un fólder con su documentación, y para los jóvenes es muy costoso armar un expediente con la papelería que se exige.

Otro problema es que en el mercado laboral no hay muchas plazas disponibles, no hay dónde colocarse “y no es lo mismo acudir a un lugar donde hay cinco personas a una fila de 200”, y eso desmotiva a las personas para buscar empleo.

Además, por el alto costo de la vida, los interesados no cuentan con muchos recursos para buscar una plaza de trabajo, y cuando enfrentan esos costos se desalientan.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI 2022), dados a conocer en febrero último, indican que la tasa de desempleo abierto subió 3%, un 0.8% más que el año anterior, ya que en el 2021 fue de 2.2%, y también aumentaron el empleo informal y el subempleo visible.

Los datos del mercado laboral indican que, de la población total, 17.4 millones, 11.8 millones están en edad de trabajar, 5.6 millones en edad de no trabajar, la población económicamente activa es de 7.1 millones y la económicamente inactiva es de 4.7 millones.

La población desocupada es del 3%, que equivale a unas 200 mil personas, según el dato oficial.

La Encuesta Libre 2023, realizada del 14 al 23 de abril del 2023 por la firma ProDatos para Prensa Libre y Guatevisión, brindó una radiografía en las 20 áreas de acción del gobierno guatemalteco y se enlistó un índice de aprobación que ubica un nivel: moderado, bajo y un muy bajo.

Los resultados indican que no hay un área de acción calificada buena o muy buena, a ocho meses del relevo de autoridades.

Los índices más bajos se observan en el área económica, combate de la corrupción y seguridad, mientras que el apoyo a la educación fue el único aspecto que logró una posición “moderada” y se situó en la frontera del 50.1%, pero también se evaluó salud, deporte, relaciones internacionales, medioambiente, derechos humanos y mejoramiento de carreteras, ente otras materias.

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Los resultados obtenidos reafirman que, con excepción del apoyo a la educación, todas las demás áreas de acción del gobierno actual arrojan bajos niveles de aprobación.

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En el núcleo

En la ejecución de un programa de gobierno, “las áreas de acción” son las temáticas puntuales y van muy relacionadas con la vida diaria de los ciudadanos, que incluso tienen el alcance de orientar la toma de decisiones desde el Ejecutivo.

En el funcionamiento de escuelas se logró una aprobación del 41.3%, seguido de programas de salud, 37.8%, y mantenimiento de hospitales, con 34.3%, áreas que se encuentran en la parte del nivel bajo.

¿Qué lo explica?

Para Bienvenido Argueta, exministro de Educación y doctor en Educación y Estudios Culturales, el hecho de que la parte de educación aparezca con ese nivel de aprobación se debe a los apoyos históricos y que por muchos años el Ministerio de Educación (Mineduc) ha venido institucionalizando, al contar con un mayor presupuesto en relación con el resto de carteras.

De hecho, el Mineduc tiene asignada la mayor partida presupuestaria para este ejercicio fiscal, con Q22 mil 254 millones, y según el doctor, “a pesar de que es insuficiente en el sentido de la matrícula de obligatoriedad, hace falta cubrir la preprimaria, el ciclo básico y el diversificado, que son algunas de las carencias, pero tiene la capacidad de llevar a todas las escuelas, sobre todo, programas como la alimentación escolar, que ayuda a las familias más pobres, la entrega de libros de textos y la posibilidad de contratación de docentes”.

Argueta recalca que si este es “el aspecto moderado y medio”, también enumera otros lineamientos “que no alcanzan” para que el Mineduc reciba una mejor apreciación de la población, y por ello señala en primer lugar la calidad de educación para adaptarse a sus necesidades y a su propia cultura, y aún es precaria en Guatemala la educación bilingüe-intercultural; lo otro es que los estudiantes puedan asistir a  la educación secundaria y al ciclo diversificado, donde la mayoría elige el sector privado.

Hay otros faltantes como la educación inclusiva, y al sistema le hace falta toda la parte de infraestructura e inversión, sobre todo en tecnología, sostiene.

Adrián Chávez, analista en Salud y Seguridad Social, señala que el nivel de aprobación para programas de salud y mantenimiento de hospitales tiene que ver con los mensajes y campañas que pudieron darse durante la pandemia, y las personas los tenían presentes a través de las pautas que estuvieron surgiendo del tema de salud y por eso logra una calificación, en este caso, “como regular” en los programas de salud e infraestructura.

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Aun así, asevera Chávez, hay que tomar en consideración que los resultados son una cuestión “bastante media”, que de alguna manera reflejan que, desafortunadamente, para la población el asunto de salud a nivel gubernamental tampoco fue una prioridad y que hubo una respuesta “mediocre” ante la magnitud del problema.

En todo caso, los resultados en lo relacionado con salud es una cuestión que los partidos políticos en contienda deben tomar en consideración, pues siempre está en el discurso electorero.

Combate de la corrupción

En el índice de aprobación del Gobierno, el área de combate de la corrupción está en el penúltimo lugar, con 7.8%.

Para el analista en asuntos internacionales Roberto Santiago Servent, el resultado responde a que “hay un hartazgo social por los actos de corrupción expuestos por la prensa nacional, escasa o incompleta ejecución de obra pública y programas de desarrollo social, así como un sistema de persecución penal cooptado y en componenda con un sistema de justicia mafioso”.

Estabilidad de precios

El bajo nivel de aprobación se observa en la estabilidad de precios, que se salió de control desde el 2022, cuando el ritmo inflacionario cerró en 9.24%, pero en marzo del 2023 empezó a ceder a 8.71%, lo que lleva a la pérdida del poder adquisitivo del quetzal y afecta la estabilidad macroeconómica.

Lo anterior sucedió a pesar de que se aprobaron varios programas de apoyo, tales como los subsidios para paliar sus efectos en la economía empresarial y familiar, como el otorgado al galón de gasolina superior, regular y al diésel (en 2022); al cilindro de propano y a la tarifa de energía eléctrica -que están vigentes-.

Buena parte del encarecimiento de productos y servicios fue externo, como consecuencia de la crisis internacional, y se vio reflejado en los hogares guatemaltecos.

El economista independiente Juan Alberto González Jacobo, experto en temas territoriales, el aspecto de los precios se ve influido por una serie de factores, entre los cuales la participación del Gobierno no es la más importante en cuanto a las variaciones, y existe un componente de inflación importada que tiene que ver con el conflicto bélico internacional, que tuvo impacto en el mercado de los combustibles, fertilizantes y de los cereales -maíz y trigo-, que son las tres áreas que afectó el conflicto geopolítico externo.

La Encuesta Libre 2023 que realizó la firma ProDatos, del 14 al 23 de abril del 2023, por encargo de Prensa Libre y Guatevisión también mide indicadores, y los principales resultados apuntan a que decrece el bienestar económico entre los guatemaltecos, que mostró una secuencia de bajos niveles.

Cinco de cada 10 entrevistados respondieron que “apenas le alcanza para cubrir los gastos del hogar”, con un 52% del indicador de bienestar económico, el 24.6% respondió que puede darse “pequeños gustos”, 13.3% afirmó que “no le alcanza” para cubrir los gastos en el hogar, y 10.1% expuso que vive “razonablemente bien” y que no tiene ninguna queja.

El total del indicador de bienestar económico se situó en abril del 2023 en 43.7%, y es menor al 45.6% de marzo del 2019 y al 46.9% de abril del 2015, lo que equivale a que entonces había mejores condiciones para los entrevistados.

Por ejemplo, el 65% de los encuestados afirmó que su condición es “apretada”, pero en 2019 y 2015 la referencia era de 61%. Otro 25% expuso que su situación es “limitada”, frente al 26% y 21% de las encuestas pasadas, y solo el 10% aseguró que su condición es holgada, pero es menor a 2019, cuando era del 13%, y en 2015, del 18%.

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Con los resultados mostrados por la Encuesta Libre se concluye que el indicador de bienestar económico pasó de 46.9% en 2015 a 45.6% en 2019, y de ahí pasa a 43.7% en 2023, lo que significa un decrecimiento.

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¿Qué lo explica?

De acuerdo con economistas consultados, los resultados presentados por la muestra tienen una congruencia respecto de la situación que viven las familias guatemaltecas, y se manifestó la tendencia que se ha observado en el ritmo inflacionario que desde septiembre del 2022 a febrero del 2023 ese indicador se posicionó por encima del 9%, por lo que se considera que está fuera de control.

Ricardo Rodríguez, analista de la firma consultora Central American Business Intelligence (Ca-bi), y Abelardo Medina Bermejo, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), coinciden en que las condiciones en los hogares no han mejorado, se conservan los niveles salariales y hay un incremento en los precios de los bienes, sobre todo los relacionados con alimentos y bebidas.

Se debe contextualizar que la inflación está por encima de la meta de la banca central y que el ritmo inflacionario roza el 10%, y, aunque ya empezó a disminuir levemente (8.71% en marzo), los precios de la comida no han bajado y se mantienen por encima del 10%, que es el consumo más vital del guatemalteco promedio, “y al entender esa parte es obvio que no le alcanza para vivir”, dice Rodríguez.

El experto aclara que es una situación importada, pues los precios están altos, “al guatemalteco promedio no le va a alcanzar”, es una parte lógica y entendible “y es parte de la coyuntura económica que se está viviendo”.

Recuerda que durante esta administración, y “sin salvar responsabilidades de turno”, se presentaron varios problemas que salen de control nacional, desde la pandemia, todo el tema inflacionario y los impactos directos e indirectos del conflicto bélico internacional, que no fue causado en el país y que son asuntos estrictamente internacionales, y aunque ha habido acciones desde el punto de vista de la política monetaria, y la creación de subsidios, son paliativos ante una situación externa, “que es lo que nos tiene así”.

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Medina Bermejo señala que el bienestar de una persona lo explica el consumo de dos tipos de bienes: los privados y los públicos. Ambos han tenido en los últimos años una tendencia decreciente, y el costo de vida se ha incrementado significativamente, mientras que los salarios no han subido en la misma dimensión; por lo tanto, no suben las remuneraciones, pero los precios, sí. “Simplemente lo que sucede es que a la gente le alcanza menos”, resalta.

Entre los bienes públicos, las personas tienen que comprar servicios de seguridad, adquirir gasolina porque no existe un buen sistema de transporte público, comprar agua por la deficiencia de los servicios estatales o pagar más energía eléctrica, sobre todo en la provincia, entre otros. “Lo que dice la población en la Encuesta Libre está muy claro, lo que están percibiendo es que los salarios no les alcanzan y que el Gobierno no está realizando bien su trabajo y su bienestar total va cayendo”, recalca.

Bermejo precisa que el salario mínimo vigente (de Q3 mil 416.38 para actividades no agrícolas, incluida la bonificación de ley de Q250) no alcanza para el sostén de una familia, por lo que trabajar no es suficiente para cubrir las necesidades del hogar, por lo cual se tiene que emprender, sobre todo las mujeres, porque no alcanza para el sustento familiar y tienen que entrar a aportar, por la falta de ingresos.

Por otro lado, existe un grupo que al no encontrar trabajo se ve obligado a migrar, “y es complemente convergente lo que dice la población con el índice de bienestar económico”.

Panorama hacia el futuro

En un ciclo político-económico también hay posturas sobre lo que puede suceder en el futuro para el ciudadano de a pie con el funcionamiento de la producción nacional si las autoridades que resulten electas tratan de hacer algún cambio.

“Si se va a tener un nuevo gobierno se continúa con las mismas líneas de acción que vienen manifestando, los precios van a continuar igual, no habrá trabajo, el salario no alcanzará y las personas van a seguir viendo cómo se espantan la vida o migrando, y los servicios públicos que se brindan a la población no van a mejorar”, advierte Medina Bermejo. Si mantienen las mismas condiciones, el futuro se percibe muy mal, sobre todo para la nueva población económicamente activa que se inserta al mercado laboral.

En todo caso, se necesita un grupo que piense en el cambio de las políticas generales económicas para que el mercado funcione bien, los precios no crezcan tanto, los sueldos mejoren y también los bienes públicos, y que de otra forma no se percibe que mejore el bienestar de la población.

Rodríguez indica que al salir del panorama electoral, el futuro será de un crecimiento económico más lento, pero más robusto para el país, considerando aún los factores internacionales que están presentes, y se esperaría que los precios este año no se terminen de estabilizar, pero sí que retroceda la inflación, aunque no llegará a los niveles esperados, pero para 2024 ya estén “convergiendo”.

La mayoría de guatemaltecos creen que la situación como país ha empeorado, según los resultados de la Encuesta Libre 2023 que efectuó la firma ProDatos a petición de Prensa Libre y Guatevisión, a escala nacional, del 14 al 23 de abril del 2023, la cual también tuvo como objetivo medir el índice de optimismo entre la población.

Los resultados desvelaron posiciones interesantes que reflejan el comportamiento del país y se cree que “vamos en retroceso”.

¿En los últimos tres años, cómo ha visto la situación general de país?, fue la pregunta que se formuló a los encuestados. El 82.2% respondió que cree que ha empeorado, un 14.4% considera que está igual, y el 2.8% respondió que ha mejorado.

Estos resultados se obtuvieron a pesar de que en el 2021 la economía creció 8% (el más alto) y en 2022, al 4.1%, pero en 2020, año en que hubo restricciones por la crisis sanitaria, se contrajo en -1.8%, así como recientemente hubo una mejora en las notas por parte de las agencias de calificación de riesgo-país.

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Hay poco optimismo

El estudio también investigó lo que las personas piensan sobre el futuro y el resultado es que hay poco optimismo y se cree que “vamos a seguir empeorando como país”. Además, al cotejar con el registro histórico, apunta a que la tendencia del índice de optimismo es negativa.

A la pregunta de ¿cómo cree que van a estar las cosas en el país dentro de un año? el 46.1% afirmó que peor; el 24.4%, igual, y el 29.5%, mejor.

De esa cuenta, el índice de optimismo arroja un resultado de -16.6%, o sea, una visión negativa para abril de 2023, y se mantiene en esa zona gris, ya que en marzo del 2019 era de -10%, en julio de 2015 era de -1% y -2% en abril de ese mismo año, precisamente cuando salió a luz pública el caso de defraudación aduanera denominado La Línea.

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El mayor resultado histórico del índice de optimismo se obtuvo en enero del 2013, con 21% y 19% en abril del 2012.

La encuesta evidencia el poco optimismo en todos los segmentos, pero al acentuar y hacer una comparación, es notorio que hay menos optimismo entre las mujeres, las personas de más edad y, sobre todo, en el área rural.

El 49.7% de mujeres dice que la situación está peor, por lo que el índice de optimismo se sitúa en -24.1%; y por edad, 45 o más años es de -25%. En tanto que, por nivel socioeconómico en el BC1, que es el medio/alto, el índice es de -28.6%, y para el nivel D1/D2, que es bajo, el indicador es de -18.6%.

Por región, el área rural alcanzó un -20.3%; la metropolitana, -15.4%; y el interior urbano, -15.4%.

¿Cómo se interpreta?

Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, opina que no hay sorpresa en los resultados encontrados, ya que el país se encuentra en un momento con alto nivel de inflación
-alza en los precios-, el más alto en los últimos 40 años en el mundo, y Guatemala no ha sido ajeno a la situación.

En algunos rubros ha sido de doble dígito, como alimentos, lo cual se convierte en un duro golpe para las familias, y si bien se muestra una recuperación de la actividad económica importante y una tasa de crecimiento alrededor del 4.1% en 2022, ese indicador viene acompañado de altas tasas de inflación, por lo que es difícil que se perciba ese beneficio entre las familias guatemaltecas.

“El escenario ideal es que cuente con una alta tasa de crecimiento del PIB y una baja inflación, y eso nos dice que las economías son más productivas, y la fuente del crecimiento es la mayor productividad”, explica.

El resultado de la Encuesta Libre muestra los altos niveles de inflación en los últimos años, que golpea uno de los rubros más sensibles, que son los alimentos, los cuales han tenido un acelerado crecimiento respecto de otras divisiones, recalca Boteo.

Otros factores que inciden

Además de las condiciones económicas, el directivo menciona que hay una percepción de un incremento en la inseguridad, el deterioro de servicios públicos como la infraestructura, la educación, que se vio afectada por la pandemia, la cual, “lamentablemente”, no se supo afrontar de la mejor forma, y el inicio del ciclo escolar fue accidentado, al igual que los servicios de salud. “Aunque la población crece, los servicios públicos no aumentan en cuanto a la calidad y cantidad en que se debería con el crecimiento demográfico”, añade.

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Esa podría ser la causa de que muchas personas estén abandonando el país para dirigirse a Estados Unidos, y ese pesimismo de no ver futuro, de no ver oportunidades o posibilidades de crecimiento, se manifiesta en la masiva emigración de jóvenes, y hay motivos que pueden estar afectando ese pesimismo.

“Hay una sensación en el guatemalteco de que, independientemente de quién gane las elecciones, la situación del país no cambiará, y también vemos unas elecciones que no levantan el optimismo de los guatemaltecos. Hay una percepción de que no importa lo que suceda en el campo político, los grandes problemas del país van a continuar”, resalta Boteo.

“Pareciera que no hay una oferta política que pueda cambiar esa sensación en un año electoral. Se creería que habrá cierto optimismo porque se tendrá una renovación de gobierno, que podría dar cierto optimismo a la ciudadanía, pero todo parece indicar que, en estas elecciones, por lo accidentado que se ha desarrollado y por la pobre oferta política que existe, no levanta, que pudo haber motivado como se observó en elecciones anteriores”, puntualiza.

¿Se puede cambiar?

Para cambiar esa percepción de poco optimismo, Boteo indica que el ciudadano tendría que percibir que hay un proyecto político que realmente hará cambios en todos los aspectos fundamentales que afectan el día a día, reformas institucionales y en la prestación de servicios públicos.

Eso ayudaría a cambiar esa sensación “y, por supuesto, una condición económica mejor para que las personas perciban que existen oportunidades laborales en el país y que no se enfrenten a la realidad de conformarse con una economía muy precaria”, explica Boteo.

¿Por quién nunca votaría? fue una de las preguntas que se hicieron durante las entrevistas cara a cara a lo largo del país, para la medición de la intención de voto con miras a las elecciones del 25 de junio próximo.

En el muestreo efectuado del 14 al 23 de abril del 2023 por la firma ProDatos para Prensa Libre y Guatevisión,  se pudo evidenciar que existe un alto nivel de pesimismo entre los guatemaltecos, y los electores fijaron una postura potencial de por qué nunca votarían por determinada propuesta política.

Al doble dígito

Los resultados del antivoto pueden dividirse en dos grandes grupos: los presidenciables que tienen doble dígito de porcentaje en cuanto a por quién los electores nunca votarían, y aquellos que no pasan del 2%.

En el primer lugar aparece la candidata de la UNE, Sandra Torres, quien alcanzó un visceral 34.8%, seguida por Sammy Morales, del partido FCN-Nación, con 16.1%, y Zury Ríos, de la coalición Valor-Unionista, que se situó con el 12.9%.

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Estos resultados tienen una explicación:

Para Torres esta es su tercera campaña, cuenta con un nivel de conocimiento alto por parte de los electores, 99.5%, resultados con los que marca su voto duro, pero al mismo tiempo su techo electoral.

En el caso de Morales, es su primera contienda, pero su hermano Jimmy Morales gobernó en la administración pasada, lo que podría suponer cierto rechazo a la gestión del expresidente.

Para Ríos es su segunda participación como candidata, logró un nivel de conocimiento del 86.2%, pero el antivoto le pasa factura al ser la tercera candidata por la cual los guatemaltecos nunca votarían.

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Por segmento

Al hacer un desglose por segmento, Torres concentra un 53.2% de rechazo en el área metropolitana, en el área interior urbana 41.7%, y en la rural 21.7%. Por nivel socioeconómico, el 83.3% es BC1, el 55.7% C2/C3 y el D, 30.7%. Además, 38.6% son hombres y 30.9%.

El antivoto para Morales se define en 26.6% en el sector metropolitano, 15.7% para el interior urbano y 11.6% en las zonas rurales.  En tanto que por nivel socioeconómico el 40% es BC1, el 26.7% C2/C3 y 14% para el estrato D; a la vez, 17.1% son hombres y 15%, mujeres.

Finalmente, para Ríos, el antivoto lo agrupa en 22.6% en el área metropolitana, 12.1% para el interior urbano y 9.1% para el área rural. Por nivel socioeconómico, el 26.7% es BC1, el 25.2%, C2/C3, y para el nivel D alcanzó 11%. El 13.9% son hombres y 11.9% son mujeres.

A otra velocidad

Cuando el elector se manifiesta con un antivoto está expresando que esa persona representa lo contrario de lo que él esperaría de un candidato, y en la muestra existen otros presidenciables que tienen un porcentaje menor en este indicador.

Álvaro Trujillo Baldizón, candidato de la agrupación Cambio, y Manuel Conde Orellana, del partido oficial Vamos, empataron con 1.7%.

Edmond Mulet, del partido Cabal, obtuvo un 1.6%, y José Amílcar Rivera, del partido Victoria, 1.4%; otros candidatos concentran un 5.6%, y 44.9% indica que no votaría por ninguno.

Posibles razones

El semiólogo Carlos Velásquez dio una explicación neutral sobre la imagen del antivoto contra estos tres candidatos.

Para Torres comentó que “está clara la misoginia que gobierna en la sociedad”, y aunque en términos generales se le asocia con la corrupción, no más que otros, el principal rechazo hacia ella “es su imagen como mujer, que refleja muy bien el machismo, el conservadurismo, solo por ser mujer”, pero al analizar eso es lo que prevalece, que no es casual, de por qué ha perdido en las últimas dos elecciones y la resistencia es más grande hacia ella”.

En el caso de Ríos, resaltó que es diferente, y aunque tiene una imagen femenina, en el imaginario se le asocia con figuras “de más dominio, de fuerza, con la sombra del padre -Efraín Ríos Montt-, militarismo, contundencia, entre otros, y el rechazo es de tipo ideológico, es decir que viene del pasado familiar y de ser hija del general, y se asume que su rechazo es en zonas intelectualizadas, en donde se le asigna la cuota de la repercusión”.

El semiólogo indicó que, en términos puramente semióticos, el retroceso en la popularidad se manifiesta en áreas urbanas, en donde están los valores más arraigados, pero en la provincia hay más elementos de “maternidad”, que son en términos “psicosemióticos”.

“Ahí Torres tiene y provee una figura materna; en tanto, Ríos no termina de cuajar, y no es por cuestiones ideológicas, sino que simplemente porque su discurso no convence en el interior al ofrecer un discurso proteccionista-paternalista”, resaltó Velásquez.

En cuanto al rechazo a Morales, añadió: “No hay para dónde, porque su hermano, al gobernar, tuvo los menores índices de aceptación en la historia”, y toda esa carga recae en él.

¿Tiempo para enderezar?

Al preguntarle al semiólogo si estos candidatos pueden enderezar su imagen ante el electorado, aseguró que es muy poco el tiempo que queda y los estrategas, salvo el de Ríos, se supondría que deben replantear su campaña, y ya se empiezan a observar las manifestaciones de nueva estrategia, pero es “imposible” que levante.

“En el caso de Pineda, sí sabía a qué jugaba, cómo posicionarse exactamente a una misma imagen de Jimmy Morales, pero ante la falta de una cultura política de la sociedad, le hace confiar más en actores que en propuestas, que en análisis de estrategias”, puntualizó.

En todo caso, los contendientes aún tienen tiempo para aprovechar “las mismas medidas” que el puntero de intención de voto, pero desafortunadamente en una población “tan analfabeta políticamente”, las imágenes como esta son las que más impactan en un tiempo tan pequeño como el que se presenta ahora.

Con el resto de los candidatos, cuyo rechazo no supera ni el 2% en la medición, el profesional explicó que “simplemente son desconocidos”, con excepción de Manuel Villacorta, que siempre “genera elementos positivos” cuando es conocido, pero no levanta; “ni fu-ni fa”, y la resistencia se establece de una imagen negativa, y como todos estos presidenciables no tienen una imagen posicionada o arraigada en los electores, no se puede calcular un voto fuerte para ellos, salvo que ocurriera un antivoto al puntero que ya empieza a ganar rechazo, pero muy focalizado en un sector muy intelectualizado, pero no en la población común.

“Aunque Pineda ya está teniendo un rechazo, todavía es marginal, en un sector intelectual, pero que no supera y que traspasa las redes”, comentó.

“Si realmente la intención de voto para Pineda va a hacer efectiva, porque toda su estrategia ha sido mediática, también es posible que sea mediático su voto, es decir, que no llegue a las urnas, pero eso habría que esperar, porque normalmente las personas despolitizadas escuchan tambores y campanas, que dicen ‘yo ahí voy’ pero que tenga la intensión de asistir a una urna y votar, yo ahí pondría en duda esa figura tan grande y drástica de este candidato”, concluyó Velásquez.

Grupos que ya gobernaron

Virginia Pinto, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), comentó respecto de los candidatos de la UNE y FCN-Nación que ellos ya han estado presentes en la vida política y sus agrupaciones políticas ya ejercieron gobernanza, “y esto ya tiene una afectación en su apoyo o no de la ciudadanía”.

En cuanto a la candidata de Valor-Unionista, a pesar de que no ha hecho gobierno como los otros dos partidos, ha hecho política en el Congreso y trae la historia de su padre, “que pesa mucho el factor ideológico y lo que esto implica, que son los elementos que le afectan en su antivoto”.

Explicó que el rechazo a Torres es bastante férreo, que ha llegado a una segunda vuelta, pero esto se le revierte. “En las elecciones pasadas las ganó, y al no llegar al 50% necesario para ganar la elección presidencial en la primera vuelta, se va a una segunda, y es su resistencia que hace que pierda la elección”, precisó Pinto.

Para el analista político independiente Douglas González, el antivoto seguirá creciendo “porque las personas no se sienten representadas, y a los pocos meses de elegir se sienten desencantadas, frustradas y engañadas”.

En todo caso, un candidato puede capitalizar ambos; es decir, el rechazo y un voto de castigo, por lo que puede arrasar y ganar en todas las categorías.

Recordó que esta práctica empezó con el voto de castigo Arzú y Portillo, pero en el gobierno de la UNE, que fue el primero que no tuvo candidato oficial, por la denegatoria de la candidatura de Sandra Torres en las elecciones del 2011, empezó a crecer el antivoto, porque la gente entendió que el partido de gobierno no repetía.

Un ejemplo es que la candidata Sandra Torres, de la UNE, salió con un cien por cien de conocimiento por parte del electorado, pero entre quienes la conocen solo alcanzó un 27.3 por ciento de opinión “muy positiva”, y para un 20.6 por ciento está entre sus candidatos favoritos.

Para Torres esta sería su tercera participación consecutiva como candidata, y en las dos últimas elecciones ha logrado pasar al balotaje, pero ha sido derrotada pese a contar con un nivel de conocimiento del 99.5%.

Para el caso de Zury Ríos, candidata de la coalición Valor-Unionista, que es su segunda participación como candidata -fue presidenciable del partido Viva en el 2015-, el resultado indica que tiene un nivel de conocimiento del 86.2 por ciento, con una opinión muy positiva de 24.3 por ciento, y está entre los favoritos del 14.9 por ciento.

Ríos ha estado en el espectro político desde hace varios años como diputada del Congreso por el partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y ha ocupado cargos en la directiva.

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En una tercera posición en la lista de aspirantes presidenciales con mayor nivel de conocimiento se encuentra Sammy Morales, candidato de FCN-Nación, con un 74.6 por ciento, y con una opinión muy positiva de solo 9.1 por ciento, mientras que “entre sus favoritos” salió con 3.3 por ciento. Con su hermano Jimmy Morales, quien gobernó del 2016 al 2020, han sido comediantes de carrera con el programa Moralejas.

Para Edmond Mulet, candidato de Cabal, quien lleva participando en dos elecciones consecutivas, el nivel de conocimiento es de 54.5 por ciento, y entre quienes lo conocen, el 34 por ciento tiene una opinión muy positiva de él y 24.2 por ciento respondió que está entre sus favoritos.  Mulet fue diputado al Congreso de 1986 a 1993,  y presidió ese organismo de 1992 a 1993. También desempeñó un cargo diplomático en Naciones Unidas.

En quinto lugar, con un nivel de conocimiento de 53.6 por ciento, aparece Carlos Pineda, de Prosperidad Ciudadana, quien lidera la intención de voto en la Encuesta Libre, y entre quienes lo conocen el 52.4 por ciento tiene una opinión muy positiva y para el 39.3 por ciento está entre sus favoritos. En estas dos variables, Pineda alcanzó el mayor porcentaje de la muestra de opinión, a pesar de que es la primera campaña presidencial en que participa.

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Rafael Espada, quien fue exvicegobernante y ahora participa como candidato presidencial del Partido Republicano, logró un nivel de conocimiento del 41.1 por ciento, con una opinión positiva del 19.2 por ciento y está entre los favoritos de un 8.7 por ciento.

Finalmente, en este grupo de más conocidos se encuentra Álvaro Trujillo Baldizón, candidato del partido Cambio, quien logró un conocimiento del 40.4 por ciento, una opinión muy positiva del 12.2 por ciento y está entre los favoritos de un 4.7 por ciento.

Los que siguen

Un grupo de presidenciables que logran un nivel de conocimiento que está en el rango del 5 por ciento al 40 por ciento está formado por políticos que han tenido cierta trayectoria, pero también por personajes que debutan para aspirar a la primera magistratura.

En este amplio grupo se encuentran los candidatos Amílcar Rivera, del partido Victoria; Francisco Arredondo, de Creo; Manuel Conde, del partido oficial Vamos; Amílcar Pop, por la coalición Winaq-URNG; y Giulio Talamonti Gudiel, del partido Unión Republicana.

También está el abogado Julio Rivera Clavería, del partido Mi Familia. Le siguen Manuel Villacorta, del partido VOS; Armando Castillo, del partido Viva; Isaac Farchi, del partido Azul; Bernardo Arévalo, de la agrupación Semilla; Ricardo Sagastume, de Todos; Rudy Guzmán, de Nosotros; Hugo Peña Medina, de Elefante; Luis Antonio Lam, de PIN; Giovanni Reyes Ortiz, del partido Bien, y Rudio Lecsan Mérida, de la agrupación Humanista.

En el listado, cinco parlamentarios activos buscan la elección presidencial y logran una buena cuota de conocimiento y opinión positiva, pero no están entre los primeros: Conde, Castillo, Arévalo y Lecsan Mérida, que son diputados al Congreso de la República, y Pop, diputado al Parlamento Centroamericano.

El candidato presidencial del partido Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, acapara la preferencia electoral, según la primera Encuesta Libre que la firma ProDatos elaboró para Prensa Libre, y cuyos datos fueron recolectados del 14 al 23 de abril del 2023.

Pineda, quien participa por primera vez en una elección presidencial, obtuvo el 23.1 por ciento de la intención de voto en una boleta simulada y entregada a los encuestados en persona. Le sigue Sandra Torres, presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien compite en una contienda presidencial por tercera ocasión consecutiva, con el 19.5% de la preferencia.

Pineda y Torres se diferencian con claridad de sus dos inmediatos perseguidores, Edmond Mulet, del partido Cabal, y Zury Ríos, de la coalición Valor-Unionista, con el 10.1% y 9.2% de la intención de voto, respectivamente.

Mulet intenta por segunda ocasión llegar a la Presidencia —en el 2019 corrió por el Partido Humanista—. Ríos ya lo hizo en el 2015; en las elecciones del 2011, aunque inició campaña, ya no participó, y en el 2019, una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) se lo impidió.

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Enseguida, se distingue un tercer grupo de tres presidenciales: Manuel Conde (Vamos), Amílcar Rivera (Victoria) y Manuel Villacorta (VOS), cuya intención de voto se ubica entre el 3% y el 5%.

Por último, se encuentra un lote de 16 candidatos cuya aprobación es inferior al 3%, y que empieza con Sammy Morales, de FCN-Nación, con el 2.6%, y cierra Luis Lam, candidato del Partido de Integridad Nacional (PIN), con el 0%.

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Conocimiento e intención

La Encuesta Libre también mide el nivel de conocimiento público que tienen los candidatos presidenciales, y en ese sentido resalta que los primeros lugares en intención de voto no necesariamente son los más conocidos.

Por ejemplo, a Pineda, quien encabeza la intención de voto, solo lo conoce el 53.6% de los entrevistados. A la presidenciable de la UNE prácticamente la conoce toda la población, mientras que el porcentaje de encuestados que afirmó conocer a Mulet es del 54.5%.

En el otro extremo, contar con un vasto conocimiento por parte de la población no redunda en una preferencia electoral. Así, Ríos, la segunda presidenciable más conocida por la ciudadanía, detrás de Torres, cuenta con un porcentaje de intención de voto que no rebasa los dos dígitos.

Asimismo, Sammy Morales, que es el tercer candidato presidencial más conocido por su pasado en la televisión nacional, tiene una mínima intención de voto que llega al 2.2%.

Aunque el presidenciable de FCN-Nación no ha participado en la administración pública, su hermano, Jimmy Morales, ya gobernó (2016-2020), lo que podría incidir en el porcentaje de preferencia electoral.

Similar caso ocurre con el exvicepresidente Rafael Espada (2008-2012), candidato presidencial por el Partido Republicano, a quien cuatro de cada 10 encuestados dijo conocer, pero su intención de voto es de las más bajas, apenas el 1%.

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Otros candidatos que conoce al menos el 30% de la población pero que tienen escasa intención de voto son Álvaro Trujillo Baldizón (Cambio), Rivera (Victoria) y Francisco Arredondo.

Pocos son ampliamente conocidos

Torres (UNE), Ríos (Valor-Unionista) y Morales (FCN-Nación) son los presidenciables que más conoce la población, pues los tres están por arriba del 70 por ciento, una estadística clave para quien pretenda ganar una elección en Guatemala.

Atrás de ellos se ubica un grupo de cuatro aspirantes moderadamente conocidos que comienza con Edmond Mulet (Cabal) y cierra con Álvaro Trujillo Baldizón (Cambio), cuyo porcentaje de conocimiento está entre el 40 y 60%.

Les sigue un grupo de cinco candidatos, a quienes conocen entre dos y tres encuestados de cada 10. Finalmente hay un lote de 11 presidenciables que van a la zaga, liderado por Julio César Rivera Clavería (Mi Familia) y que cierra Rudio Lecsan Mérida (Humanista). El porcentaje de conocimiento de este grupo va del 5.8% al 19.3%.

Debido a que la campaña presidencial solo tarda tres meses, los candidatos con bajo nivel de conocimiento tendrán que correr contra el tiempo, pues restan menos de dos meses para las elecciones.

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Por regiones

Cabe destacar que en el área metropolitana y en las áreas urbanas de la provincia, Torres alcanza un nivel de conocimiento del 100%, mientras que en las áreas rurales se mantiene en 99%. En las primeras dos, el nivel de conocimiento de Ríos alcanza el 98% y 91%, mientras que en el campo desciende a 77%.

Morales, de FCN-Nación, tiene un comportamiento similar, muy conocido en las áreas urbanas y menos en el área rural.

La mayoría de candidatos no alcanza el 50% de conocimiento en ninguno de los tres segmentos geográficos.

Aparte de Torres, Ríos y Morales, en el área metropolitana a Edmon Mulet (Cabal), Amílcar Rivera (Victoria), Rafael Espada (Partido Republicano), Carlos Pineda (Prosperidad Ciudadana), Álvaro Trujillo Baldizón (Cambio) y Francisco Arredondo (Creo) los conocen entre el 50 y el 79%.

En las áreas urbanas de la provincia —aparte de Torres, Ríos y Morales— solo Mulet y Pineda rebasan el 50% de conocimiento, mientras que en las áreas rurales ninguno supera ese porcentaje.

Los partidos políticos FCN-Nación, cuyo candidato presidencial es Sammy Morales, y Nosotros, que tiene como presidenciable a Rudy Guzmán, yerno de Sandra Torres, fueron amonestados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por hacer propaganda electoral que riñe contra la moral y que denigra la dignidad de las mujeres, en uno de los casos.

Los magistrados del TSE publicaron los acuerdos 377-2023 y 378-2023 en los que impone sanción consistente en amonestación pública, al partido político Nosotros y FCN-Nación, respectivamente.

En el acuerdo 377-2023 se menciona que la sanción contra Nosotros es por “colocación de propaganda electoral con contenido que riñe contra la moral”, lo que califican como un acto flagrante que infringe la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

El acuerdo 378-2023 es contra el partido de Sammy Morales, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), por colocación de propaganda electoral con contenido que riñe contra la moral y que denigra la dignidad de las mujeres, lo que según el TSE constituye un acto flagrante que infringe la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

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En ambos casos, se menciona que los acuerdos deben publicarse en el Diario oficial y en uno de mayor circulación.

Según los acuerdos, artículo 219 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos en su parte conducente establece: “La propaganda electoral es libre, sin más limitaciones que las establecidas en esta Ley y de los actos que sean constitutivos de delitos, que ofendan la moral o afecten al derecho de propiedad o el orden público. La propaganda electoral tiene el límite temporal de ejercerse exclusivamente en la segunda fase indicada en el artículo 196 de esta Ley. Corresponde al Tribunal Supremo Electoral determinar el apego a lo establecido en el presente párrafo”.

Añade que el articulo 67 literal 1) del Reglamento de la referida Ley, que establece como medio prohibido de propaganda electoral: realizar actividades, así como presentación de imágenes y mensajes, en las que se utilice lo figura de la mujer sobre cualquier persona, en detrimento de su dignidad”.

La propaganda de FCN-Nación

El 27 de marzo pasado, comenzó la fase dos de la Elecciones Generales 2023, que incluye la propaganda política, y por eso el territorio nacional amaneció con gran cantidad de esta. .

En el caso de FCN-Nación se observó propaganda de su candidato presidencial, Sammy Morales, en que se leía “Dos mujeres, un camino”, y por eso fue la sanción contra dicha organización política, pues considera que riñe contra la moral y denigra la dignidad de las mujeres.

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Explica que la Unidad Especializada de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, así como la Inspección General, remitieron al pleno de magistrados informes sobre detecciones de propaganda electoral del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) se advierte el uso de los términos “2 mujeres un camino”, que según el TSE constituye “una expresión peyorativa que riñe con la moral, que denigra la dignidad de las mujeres y que de ninguna manera informa a la población sobre la filosofía partidaria, plan de gobierno o acciones/ positivas que pudiera desarrollar en los asuntos públicos”.

#DecisionLibre2023 | El TSE amonesta públicamente al partido FCN Nación por su propaganda “Dos mujeres, un camino”, por considerar que riñe contra la moral y dignidad de las mujeres. @prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/5M349V8FK0

— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) March 30, 2023

Partido Nosotros

En el caso de Nosotros, la propaganda de su candidato presidencial, Rudy Guzmán, el TSE se encontró propaganda los términos “A huevos y sin pajas”, lo cual constituye una “expresión peyorativa que riñe con la moral”.

Al igual que en el caso de FCN-Nación, el TSE considera que esta frase “de ninguna manera informa a la población sobre la filosofía partidaria, plan de gobierno o acciones positivas que pudiera desarrollar en los asuntos públicos”.

#DecisionLibre2023 | El TSE amonesta públicamente al partido Nosotros por la campaña: “A huevos y sin pajas”, que impulsó la agrupación política. El TSE señala que la propaganda riñe contra la moral. @prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/zlPovTNbxS

— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) March 30, 2023

TSE exhorta a una campaña ética

En un comunicado que hizo publico el TSE, se exhorta a los partidos políticos a realizar una campaña ética

En el punto 1, hacen referencia a que en su reunión de la fecha, “reiteró la exhortación para realizar una campaña ética, pacífica, programática y con valores democráticos”.

Hizo un llamado a las organizaciones políticas a evitar “expresiones machistas y ofensivas de algunos candidatos que, en lugar de alentar con altura un debate plural e informado acerca de propuestas de gobierno, pueden llevar a la degradación del proceso electoral”.

También se hace ver que se espera que esta campaña, además de centrarse en la deliberación programática, “se realice con apego a la ética y a la cultura democrática”.

De mal gusto

“Resulta lamentable el uso de algunas expresiones machistas (“dos mujeres, un camino”; “a huevos y sin pajas”) que, lejos de ser creativas, expresan mal gusto. Por ello la necesidad de exhortar a todos los partidos políticos, alianzas y comités cívicos electorales para hacer su mejor esfuerzo a fin de lograr una campaña responsable en sus contenidos y respetuosa de los contendientes y de la dignidad de todas las personas”.

El comunicado del TSE agrega que “se respeta plenamente el derecho a la libertad de expresión y garantiza por supuesto el derecho de las organizaciones políticas y candidatos/as de hacer campaña libremente a fin de promover sus planillas, exponer programas de gobierno y solicitar el voto. Pero será firme en vigilar el estricto cumplimiento de la normativa en cuanto a las prohibiciones y, en su caso, emitir las sanciones correspondientes”.

El TSE puntualiza que el próximo 11 de abril se suscribirá un gran Acuerdo Nacional entre el Tribunal Supremo Electoral y los partidos políticos en presencia de testigos de honor, con el propósito de lograr que las Elecciones 2023 sean reconocidas por el desarrollo de una campaña con principios y valores democráticos, sin violencia y centrada en lo programático.

El Tribunal Supremo Electoral exhorta a una campaña ética. #EleccionesGT2023 pic.twitter.com/Ie9mIgYOK9

— TSE Guatemala (@TSEGuatemala) March 30, 2023

La Corte de Constitucionalidad (CC) dejó en firme la sentencia absolutoria de Sammy Morales y Samuel Morales, hermano e hijo del expresidente Jimmy Morales, respectivamente, quienes fueron vinculados en el caso Botín Registro de la Propiedad.

Con la resolución de la máxima corte se fija el fallo de una Sala de Apelaciones que absolvió a los dos parientes del exmandatario en septiembre de 2021.

El Ministerio Público (MP) presentó un amparo ante la CC para intentar corregir el “error” de apelar fuera de plazo y poder accionar contra la sentencia absolutoria del caso, pero este fue denegado.

El caso se dio a conocer en medio de los señalamientos de plazas fantasma, pagos anómalos por servicios y montajes de banquetes durante actividades en el Registro dela Propiedad.

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Caso Botín Registro de la Propiedad

El MP acusó a Sammy Morales y a su sobrino, Samuel Morales, de haber participado en un evento para la compra de alimentos, que en cambio se usó para adquirir canastas navideñas que se entregaron a empleados del Registro General de la Propiedad.

Las canastas estaban sobrevaloradas hasta tres veces más que el precio comercial, pero pese a ello, se les acreditó el contrato y el Registro les pagó Q269 mil por 564 unidades.

Las canastas tenían 11 productos y, según la Fiscalía, se cotizaban en Q159.50, pero se pagaron a Q478.60 por cada una.

Aunque el MP presentó sus argumentos, el Tribunal Décimo Tercero Penal resolvió en agosto de 2019 que “no se pudo acreditar la participación, ni la intencionalidad” de los dos acusados.

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El Tribunal explicó que “no se demostró ninguna intencionalidad” de José Manuel Morales “ni beneficio económico” en relación con el fraude en forma continuada. Asimismo, indicó que tampoco se acreditó la intencionalidad de Sammy Morales para defraudar al Estado.

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Fallo dividido

El fallo fue divido, pues dos de los tres jueces que integraron el Tribunal absolvieron a los familiares del exgobernante. Sin embargo, el titular de la judicatura emitió un voto razonado. “Sí hubo negociaciones ilícitas”, afirmó.

En cambio, la extitular del Registro de la Propiedad, Anabella de León quedó absuelta de un cargo y se le declaró culpable de peculado culposo por lo que recibió una multa de Q5 mil.

Expresidente Jimmy Morales y su hermano se postulan

Sammy Morales buscará incursionar en la política y fue proclamado como candidato a la presidencia por el partido FNC-Nación, mientras que Jimmy Morales busca un escaño en el Congreso de la República.

Ambas candidaturas resaltaron en la asamblea que la organización partidaria llevó a cabo el pasado 12 de febrero de 2023.

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La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó un amparo que había presentado el Ministerio Público (MP) y así confirmó la falta de mérito a favor de Samuel “Sammy” Morales, hermano del expresidente Jimmy Morales, que estaba vinculado al caso Botín Registro de la Propiedad.

En la resolución de la CC, con fecha 23 de mayo de 2022, y dada a conocer recientemente, se menciona que ante el Juez Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, se tramitó proceso penal contra Samuel Everardo Morales Cabrera y Mario Estuardo Orellana López por la supuesta comisión de los delitos de lavado de dinero u otros activos y fraude.

Entre los hechos que promovieron el amparo por parte del MP se menciona que en su oportunidad, el juez de la causa señaló audiencia de primera declaración para el 18 de enero de 2017 en la que resolvió dictar falta de mérito a favor de ambos, por el delito de lavado de dinero y otros activos al no proporcionarse los indicios necesarios para creer que ellos hayan participado en este hecho ilícito.

Agrega que el MP, a través de la Feci y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) interpusieron un recurso de apelación ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente el 30 de enero de 2020, pero la sala declaró sin lugar la apelación, pues consideró que el lavado de dinero no se ajustaba a ese caso, puesto que el dinero era legal, porque provenía del Registro de la Propiedad.

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Fue por ello que el MP interpuso el amparo ante la CC, pero finalmente esta dispuso denegar la apelación.

El caso

De acuerdo con la investigación, desde la dirección del Registro General de la Propiedad (RGP), a cargo de Anabella De León, se autorizaron al menos 15 plazas fantasmas que significaron un desembolso de Q3 millones por parte de dicha institución.

También durante las pesquisas se hallaron indicios sobre pagos por servicios realizados de banquetes de alimentos durante actividades del RGP, lo cual significó el pago aproximado de Q150 mil.

En dos de los eventos se vinculó a Samuel Morales y a José Manuel Morales, hermano e hijo del expresidente Jimmy Morales, respectivamente.

Los dos eventos de licitación en los que fueron beneficiados no se llevaron a cabo, pero habrían ayudado al padre de la exnovia del hijo del pr José Manuel Morales, Mario Estuardo Orellana López, quien también es procesado.

En el primer evento se trata de un desayuno para 564 personas, fue por un valor de Q90 mil. El hijo del presidente presentó cotizaciones, de las cuales dos eran falsas y una ganó el evento.

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El segundo caso era para el suministro de alimentos para 40 personas por tres días. Esta vez fue por Q89 mil 975.

En ambos casos fue beneficiado Orellana López, quien recibió el dinero de ambas adjudicaciones.

El 19 de agosto de 2019, el Tribunal Décimo Tercero Penal, dividido, dictó sentencia absolutoria a favor de José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera. En cambio, Anabella de León, quien era jefa del Registro de la Propiedad, fue condenada por el delito de peculado culposo con una multa de Q5 mil.

Según el Tribunal no se pudo acreditar la participación ni la intencionalidad de José Manuel Morales Marroquín, ni de Samuel Everardo Morales Cabrera en las irregularidades de los eventos del Registro General de la Propiedad.

La Sala Tercera de Apelaciones resolvió este miércoles que el hijo y el hermano del expresidente Jimmy Morales quedaran absueltos en el caso Botín Registro de la Propiedad.

Samuel Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del expresidente Jimmy Morales, respectivamente, fueron absueltos en segunda instancia este miércoles 22 de septiembre por la Sala Tercera de Apelaciones, informaron fuentes judiciales.

La resolución de la Sala confirma la sentencia dictada el 19 de agosto de 2019 en el caso Botín Registro de la Propiedad.

Ambos habían logrado el 7 de septiembre pasado revocar las medidas de coerción que mantenían en su contra; además, habían presentado una apelación en la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones en el proceso en el que fueron absueltos, la cual se resolvió este miércoles.

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El caso

De acuerdo con la investigación, desde la dirección del Registro General de la Propiedad (RGP), a cargo de Anabella De León, se autorizaron al menos 15 plazas fantasmas que significaron un desembolso de Q3 millones por parte de dicha institución.

También durante las pesquisas se hallaron indicios sobre pagos por servicios realizados de banquetes de alimentos durante actividades del RGP, lo cual significó el pago aproximado de Q150 mil.

Como bien lo resume la cadena noticiosa CNN, “la mecánica del desfalco, según el Ministerio, consiste en la sustracción de fondos estatales del Estado entre el 5 de noviembre y el 9 de diciembre del 2013, a través de la simulación de eventos que nunca se hicieron, pero por los que sí se cobraron grandes cantidades de dinero que fueron a dar a manos de particulares.

Unas 25 personas fueron señaladas por el caso, entre ellas los familiares del expresidente Morales.

“Este juicio ya se va a terminar, pero estoy casi seguro de que les vamos a hacer falta”, bromeó el abogado Óscar Poroj. También pidió disculpas por algunos alegatos, los cuales calificó de fuertes, en el debate que ya tiene 111 audiencias desde que inició el 30 de agosto del 2017.

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El Tribunal Décimo Tercero, integrado por Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno, rieron cuando escucharon las palabras del penalista en la Sala de audiencias de mayor capacidad, conocida como megasala.

Su conclusión la dividió en tres partes: Administrativo, técnico relacionado con el derecho y la situación por uno de los eventos que enfrenta debate su cliente.

Mientras argumentaba el abogado, Morales se le pudo observar en una orilla del lugar destinado a los acusados.

El señalamiento que tiene a Sammy Morales en el banquillo por fraude y lavado de dinero u otros activos es por dos eventos, supuestamente que no se realizaron, aunque el Registro General de la Propiedad sí pagó.

El Plan Operativo Anual (POA) centrado al pago de Q89 mil 975 por 40 desayunos, refacciones y almuerzos para los integrantes de la Comisión los días 27, 28 y 29 de noviembre del 2013. También el pago de 564 canastas navideñas para el personal.

Morales utilizó la empresa que dirige, Plus Espectáculos y Promociones, para remitir la factura.

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Ataca auditorías

Poroj explicó que el caso surgió por la denuncia que practicaron los auditores de la Contraloría General de Cuentas (CGC) Adolfo Álvarez, Ana Girón y Damaris Méndez, el 30 de noviembre del 2015. También en enero de 2016 con una ampliación.

El penalista explicó que los auditores remitieron sus informes. En uno se lee “copia simple” relacionado con unos documentos que revisaron que fueron enviados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci). “¿Por qué el fiscal del caso le envió copias simples? Eso es una falencia”, dijo.

“Señores jueces, acá no se presentó una denuncia por eso sino por un hallazgo tipo administrativo”, puntualizó Poroj para intentar desvirtuar el delito de fraude.

Después del receso del almuerzo recalcó en que si no existió fraude, tampoco el blanqueo de capitales.

El fiscal Carlos de León ya solicitó que Morales sea condenado a 11 años de prisión.

En este caso también enfrenta debate su sobrino, José Manuel Morales Marroquín, hijo del presidente Jimmy Morales. También está en el banquillo la exregistradora Anabella de León, supuestamente por haber avalado el contrato irregular de 16 personas que cobraron Q3 millones en salarios sin ir a trabajar al Registro y sus sedes.

#BotínRegistroPropiedad | Tribunal Décimo Tercero Penal escucha las conclusiones del acusado Sammy Morales en la Sala de audiencias de mayor capacidad, megasala.
El @MPguatemala ya solicitó imponer la pena de 11 años de prisión por fraude y lavado de dinero u otros activos. pic.twitter.com/IQCqMakkgP

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 15, 2019

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El abogado Iván Morales explicó en su argumentación relacionada con las conclusiones previo a la deliberación y lectura de la sentencia del caso Botín en el Registro de la Propiedad, que también tiene en el banquillo a Samuel Morales Cabrera, hermano del presidente Morales.

El defensor le recordó al Tribunal Décimo Tercero, presidido por Edna Maxia, que cuando sucedieron los hechos que están en la acusación del Ministerio Público (MP) su cliente “tenía 19 años”.

Además, especificó que al momento de enterarse de la situación regresó de Estados Unidos donde estudiaba.

“Señores jueces, se le pretende decir aquí que haber participado en dos eventos fue un artificio”, dijo Morales y mostró la acusación -que fue admitida por la jueza Silvia de León- en una pantalla.

Como punto central, el abogado de Morales Marroquín se refirió al delito de fraude y recordó que su cliente no es contratista del Estado.

La exnovia

También reprodujo un audio del perito Arturo Adolfo Álvarez Arrecis cuando explicó que no existió un contrato con los eventos de 564 desayunos para el personal del Registro General de la Propiedad -que dirigía Anabella de León, también acusada en este proceso- y las canastas navideñas que se entregaron en 2013 con diferentes productos.

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Como conclusión, el abogado dijo que “el Ministerio Público no es claro ni preciso” en el lugar y la fecha en que está involucrado en la supuesta estructura criminal. “Acá dice que, de noviembre a diciembre de 2013 en la ciudad de Guatemala del departamento de Guatemala, pero no dice qué zona”, se refirió.

El señalamiento contra el hijo mayor del mandatario es porque envió cotizaciones falsas para los eventos por los cuales el Registro pagó Q90 mil.

Los remitió en su correo electrónico a Abdy Andrea Orellana Estrada, quien era su novia. Sus exsuegros Abdi Sucely Estrada García y Mario Estuardo Orellana López enfrentan debate por esta causa y la Fiscalía ya solicitó que sean condenados a ocho y 14 años de prisión, respectivamente.

“No se acreditó quién es Abdy Andrea Orellana Estrada”, se refirió el abogado Morales.

Prensa Libre documentó el 22 de enero de 2017, cuando comparecieron Abdy Andrea Orellana Estrada y su madre Abdy Sucely Estrada García de Orellana en la Torre de Tribunales:

Sammy sigue la próxima semana

La Fiscalía estuvo en descuerdo por la ausencia de la acusada Anabella de León, quien asistió a una cita médica en el Seguro Social, según su abogado Carlos Rodas.

La próxima semana seguirá la defensa de Samuel Morales.

El caso se centra en las supuestas plazas irregulares que avaló De León para 16 personas que derivaron en el supuesto detrimento de Q3 millones. Además, en los eventos que salpican a los Morales.

Defensa de Morales Marroquín explica el delito de fraude. pic.twitter.com/hUd0RAmKKI

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 12, 2019

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La megasala fue apartada por los jueces Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno durante toda la semana para las conclusiones.

La defensa de la acusada, Abdi Sucely Estrada García, pidió que declare su inocencia con el argumento de que jamás hubo vulneración de los controles internos.

Durante la argumentación se recortó la vulneración de una norma que no era exigible para la adquisición de canastas navideñas en 2013 para el personal.

Para desvirtuar la acusación de fraude en forma continuada por la que la semana pasada el fiscal Carlos de León solicitó imponer la pena de ocho años de prisión, la defensa recordó que existió un evento para la adjudicación de las canastas en la que participaron otras entidades las cuales, al igual que Estrada García, tampoco estaban inscritas en el Registro Mercantil.

“¿Qué se investigó? Si las demás entidades tampoco estaban inscritas en el Registro Mercantil. Se habló del precio sobrevalorado de los productos, pero eso lo debía haber dicho la Contraloría General de Cuentas”, expuso el defensor de Estrada García.

Después fue el turno de Mario Estuardo Orellana López, esposo de Estrada García, quien dijo que la acusación estuvo plagada de vicios.

Durante más de una hora la defensa expuso supuestas fallas para desvirtuar los delitos de fraude en forma continuada y lavado de dinero u otros activos. La Fiscalía solicitó imponer la pena de 14 años de cárcel y el pago de Q179 mil 975 como multa.

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Seguirá esta semana

El Tribunal suspendió la discusión de las conclusiones, aunque explicó que seguirán durante la semana.

Se prevé que expongan tres o cuatro abogados por día. Los jueces indicaron que cada abogado puede tomarse el tiempo que sea necesario debido a que se presentaron cientos de pruebas y fueron escuchados más de 80 testigos y peritos desde el 30 de agosto del 2017.

La exdiputada y extitular del Registro General de la Propiedad, Anabella de León, adelantó que su defensa será de más de cinco horas.

Los Morales

Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales,  José Manuel Morales, hijo del mandatario,  esperan su turno para las conclusiones, aunque han evitado adelantar los argumentos.

El Tribunal Décimo Tercero Penal escucha las conclusiones de los primeros defensores en la Sala de audiencias de mayor capacidad, megasala, en el debate del caso #BotínRegistroPropiedad. pic.twitter.com/GzSlFEqMnd

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 8, 2019

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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) pide que el hijo del presidente Morales reciba condena por fraude en forma continuada.

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Mientras que, para el hermano del mandatario la Fiscalía solicitó se le condene por fraude y lavado de dinero. Para Samuel Morales el MP también pide una multa de Q179 mil.

Para Gladys Anabella de León Ruiz, el MP solicitó 7 años y 6 meses años de prisión aumentada en una tercera parte por ser delito continuado, es decir en total 10 años de prisión inconmutables, multa de Q50 mil e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de 6 años por el delito de peculado por sustracción en forma continuada.

Este caso de corrupción se registró en el Registro de la Propiedad cuando la institución estaba al mando de De León.

Argumentación

Después de tres días de conclusiones en la Sala de audiencias de mayor capacidad, conocida como megasala, De León finalizó al solicitar las penas mínimas para los acusados, aunque como el delito es en forma continuada, recalcó que se imponga la condena aumentada en la tercera parte.

“Honorable tribunal, los acusados son responsables de los delitos como autores, sustrayendo y permitiendo que se sustrajeran fondos públicos. El actuar de los funcionarios en contubernio con particulares es lo que se les reprocha”, explicó el fiscal.

Un detalle de la pena que solicitó el fiscal para los acusados es que los años de prisión no sean conmutables, es decir, que no se pueda pagar un monto por cada año si son culpables.

Al final recalcó el prefacio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig): “La corrupción socava las instituciones, la democracia y el estado de Derecho. Este fenómeno se da en todos los países, pero sus efectos son devastadores en el desarrollo”.

De León añadió: “La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión”.

“Está en sus manos señores juzgadores impartir justicia”, concluyó el fiscal.

Solo Sammy Morales se pronunció respecto a la petición que hizo el fiscal durante la audiencia 108 desde que comenzó el debate el 30 de agosto del 2017. “¿Qué puedo decir? Me he convertido en el mejor producto de mercadeo del Ministerio Público y de la Feci. El fiscal tiene el derecho constitucional de petición”, dijo.

Detalles del caso

La acusación está centrada en 16 plazas fantasma que supuestamente avaló la exregistradora Anabella De León que llevaron al desvío de Q3 millones, 374 mil 197.73. Además, a eventos anómalos donde el Registro General de la Propiedad pagó por servicios que no se prestaron, entre ellos el pago de 564 desayunos y canastas navideñas para los empleados en 2013..

Según el MP, la canasta que recibieron los empleados de la referida institución tenía 11 productos y fue cotizada en Q159.50, según la investigación. No obstante, el Registro pagó Q269 mil 933 a través de tres facturas por 564 canastas, lo que significa que cada una costó Q478.60, más de tres veces el precio comercial.

Según la investigación, Samuel Morales está señalado por la factura de Plus Espectáculos y Promociones, S. A., por Q89 mil 975, pagados por el Registro. Para ello, la empresa simuló un evento de alimentos para 40 personas, de tres tiempos de comida, por tres días, que habrían sido servidos durante la elaboración de un “proyecto de plan operativo anual”, pero en realidad cubría el costo de las canastas, según el expediente.

La investigación determinó que el Registro también pagó a Fulanos y Menganos Q90 mil por 564 desayunos que no fueron servidos, cantidad que coincide con el número de canastas.

Otra factura de Plus Espectáculos por Q89 mil 958, detalla la compra de las canastas que fueron entregadas por Abdy Estrada García, madre de la exnovia de José Manuel Morales Marroquín.

El fiscal argumenta los hechos relacionados con el supuesto lavado de dinero u otros activos pic.twitter.com/acCGuy5HFm

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 5, 2019

Otros implicados en el caso

El MP también solicitó condenas para los demás implicados

• Samantha Marisol Mejía Salguero, pidieron 10 años de pena.
• Gabriela María Caridi Canet, requirieron prisión de 6.8 años.
• Miriam Estela Hernández Cisneros, solicitaron pena de 6.8 años.
• Oscar Raul Alecio del Cid, requirieron condena de 6.8 años.
• Edwin Ariel García Alvarado, pidieron prisión de 6.8 años.
• Donald Joseph Byrne Mulet, solicitaron pena de 6.8 años.
• Alma Verónica Barrios Moreno, requirieron condena de 6.8 años.
• Esperanza Josefina Castellanos Solís, pidieron prisión de cinco años.
• Otto Waldemar Flores Villeda, solicitaron  cárcel de 10 años.
• Jennifer Alejandra Flores Villeda, requirieron ocho años de prisión.
• Blanca Elizabeth Amaya Morales, pidieron condena de ocho años.
• José Manuel Amaya Morales, solicitaron cárcel de ocho años.
• Selvin Alexander Aquino Flores, requirieron prisión de ocho años.
• Oscar Alberto Aquino Flores, pidieron ocho años de cárcel.
• Randy Paul Gómez Pérez, solicitaron pena de ocho años.
• William Enrique Valdez Segura, requirieron ocho años de condena.
• Ernesto Suray Vásquez, pidieron prisión de 6.8 años.
• Heidy Roxana Pirir Ramos, solicitaron ocho años de cárcel.
• Bianca Yaneth Chacón Barillas, requirieron 1 año y ocho meses de prisión.
• Patricia Nohemí Chacón Cabrera, pidieron cárcel de ocho años.
• Mario Estuardo Orellana López, solicitaron ocho años de prisión.
• Abdi Sucely Estrada García, requirieron ocho años de cárcel.

Lo que sigue

La próxima semana será el turno de la Procuraduría General de la Nacion (PGN), después será el turno de los defensores. Se espera que expongan durante toda la semana previo a que los jueces les otorguen la última palabra a los 25 acusados y se retiren a deliberar y luego la lectura de la sentencia.

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El Tribunal Décimo Tercero Penal escuchó la exposición del fiscal Carlos de León, en la Sala de audiencias de mayor capacidad, conocida como megasala, en la que emitió las conclusiones del debate contra varias personas, incluidos los parientes del mandatario y la exregistradora de la Propiedad Anabella de León.

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En la audiencia 107, desde que comenzó el juicio el 30 de agosto del 2017, los jueces Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno anotaban algunos detalles que expuso el fiscal relacionados con los familiares del presidente de la República.

De León finalizó su exposición durante la mañana con las plazas fantasma que otorgó la exdiputada y exregistradora Anabella de León, acusada en este caso.

Después de un receso de 30 minutos, el fiscal argumentó los eventos documentados en la investigación efectuada junto con personal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El primer evento comprende los 564 desayunos que pagó el Registro General de la Propiedad a la empresa Carnes y Ensaladas (Fulanos y Menganos, del amigo del gobernante y diputado del Parlamento Centroamericano, Gilmar Othmar Sánchez Herrera).

“En este debate se probó que José Manuel Morales Marroquín envió correos electrónicos a su novia Abdy Andrea Orellana Estrada sobre dos eventos falsos, ofertas falsas honorable tribunal, para la adjudicación de un evento de forma anómala”, dijo el fiscal.

Después, el representante del Ministerio Público proyectó en una pantalla las pruebas de los correos enviados desde la cuenta josemorales1602@gmail.com con las ofertas.

Las propuestas estaban designadas como “Espectacular” con el nombre de Manuel Marroquín y “JM3” que tenía escrito José Manuel Morales, para ofertar por los desayunos para el personal por Q102 mil y Q109 mil, respectivamente.

“Como la oferta menor era la de Fulanos y Menganos, por Q90 mil, casualmente el monto máximo de una compra directa, a esa entidad fue adjudicado”, explicó el fiscal.

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Conclusión

“Se engañó para defraudar al Estado, las ofertas fueron para simular que eran entidades distintas, pero los teléfonos eran de la misma persona. Acá se probó que hubo una defraudación al Estado”, concluyó De León.

El segundo evento fue el Plan Operativo Anual (POA) en el Registro que salpica a Samuel Morales.

El fiscal recordó que Morales fue acusado por la factura de Plus Espectáculos y Promociones, S. A., por Q89 mil 975, pagados por el Registro. Para ello, la empresa simuló un evento de alimentos para 40 personas, de tres tiempos de comida, por tres días, que habrían sido servidos durante la elaboración del POA, pero en realidad cubría el costo de las canastas.

Samuel Morales, en juicio por fraude en forma continuada y lavado de dinero u otros activos, anotó algunos detalles en una libreta y siguió atento la conclusión del fiscal.

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Canastas

Hoy, 5 de julio, el fiscal De León continúa con las conclusiones y adelantó que seguirá con la exposición del último evento relacionado con la adquisición de canastas navideñas donde están involucrados Abdy Sucely Estrada y su esposo, Mario Orellana López.

Después hará un análisis de cada delito, previo a solicitar las penas de prisión, lo que se espera ocurra en la tarde.

#BotínRegistroPropiedad | En la Sala de audiencias de mayor capacidad, megasala, se desarrolla el segundo día de conclusiones.
El fiscal Carlos de León explica las pruebas que se conocieron en el debate donde están acusados Sammy Morales y su sobrino José Manuel Morales. pic.twitter.com/PF5QOBAjee

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 4, 2019

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“Así como hay un proceso penal, hay un proceso constitucional. Este Tribunal analizó el incidente y determinó que la autoridad impugnada es la Sala Tercera de Apelaciones Penal. En consecuencia, el auto de procesamiento está incólume -que no ha sufrido daños-”, explicó la jueza Edna Maxia.

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De esta forma el Tribunal Décimo Tercero Penal rechazó la acción de Samuel Everardo “Sammy” Morales quien había intentado suspender el juicio del caso Botín en el Registro General de la Propiedad que ya suma 103 audiencias y está en la etapa final.

“Al no ser la autoridad denunciada, no existe referencia para darle cumplimiento. No somos la autoridad denunciada”, recalcó la juzgadora Maxia.

El acusado Morales evitó pronunciarse y durante la resolución solo se le observó atento a lo que manifestó la jueza.

El recurso fue planteado el viernes recién pasado por el abogado Óscar Poroj. La acción sorprendió a los abogados. Algunos recordaron que el juicio comenzó el 30 de agosto del 2017 y ya fueron escuchados 88 testigos y peritos.

Poroj explicó que se trata en un amparo que fue notificado por la Corte de Constitucionalidad (CC) el 2 de agosto del 2018. En el acto reclamado la máxima corte del país le ordena a la Sala Tercera Penal que vuelva a fundamentar los argumentos relacionados en haber procesado por lavado de dinero u otros activos al hermano del gobernante, quien también enfrenta debate por fraude.

La acción se centró a que la jueza Silvia de León procesó solo por fraude a Morales y en una apelación la Sala también lo procesó por blanqueo de capitales.

Después de la resolución los defensores le pidieron al Tribunal que fundamenta bien la resolución y de nuevo los jueces rechazaron la acción de Morales. Además, recordaron que están en la fase final del juicio.

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Anabella rompe el silencio

La exdiputada del cancelado Partido Patriota (PP) y extitular del Registro General de la Propiedad, Anabella de León, rompió el silencio y declaró que “no hubo dolo” para rechazar la acusación del Ministerio Público (MP) por haber autorizado supuestas plazas fantasma.

En su defensa recordó las Normas generales de control interno. “Para las contrataciones se delegó. A mí no me correspondía -autorizar las plazas 0-29- eran más de 600 personas, era imposible que lo hiciera”, dijo De León.

La investigación

Durante el debate el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron pruebas de las supuestas plazas fantasma que otorgó De León.

Además, según el MP, Samuel Morales está señalado por la factura de Plus Espectáculos y Promociones, S.A., por Q89 mil 975, pagados por el Registro. Para ello, la empresa simuló un evento de alimentos.

La investigación determinó que el Registro también pagó a Fulanos y Menganos Q90 mil por 564 desayunos que no fueron servidos, cantidad que coincide con el número de canastas.

Otra factura de Plus Espectáculos por Q89 mil 958, detalla la compra de las canastas que fueron entregadas por Abdy Estrada García, madre de la exnovia de José Manuel Morales Marroquín, el hijo del presidente Morales.

#BotínRegistroPropiedad | Tribunal Décimo Tercero Penal rechaza la acción del acusado Sammy Morales que intentaba suspender el debate o ser separado centrado a un amparo que fue notificado por la @CC_Guatemala.
"No es procedente. Se estaría retrasando el proceso". pic.twitter.com/HPBwekmHN1

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) June 24, 2019

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La etapa final del juicio contra 25 acusados se podría suspender debido al recurso de actividad procesal defectuosa de Sammy Morales.

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El Tribunal Décimo Tercero Penal, integrado por Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno, admitieron la acción penal.

El recurso sorprendió a los abogados esta tarde durante la audiencia 102 desde que comenzó el juicio el 30 de agosto del 2017 cuando ya fueron escuchados 88 testigos y peritos.

Los jueces ya habían evitado admitir las pruebas nuevas de la Fiscalía y los defensores y le dieron trámite al recurso de Morales.

El abogado Óscar Poroj explicó que se trata en un amparo que fue notificado por la Corte de Constitucionalidad (CC) el 2 de agosto del 2018.

En el acto reclamado la máxima corte del país le ordena a la Sala Tercera de Apelaciones Penal que vuelva a fundamentar los argumentos relacionados en haber procesado por lavado de dinero u otros activos al hermano del gobernante, quien también enfrenta debate por fraude.

La acción se centró a que la jueza Silvia de León procesó solo por fraude a Morales y posterior a ello, en una apelación, la Sala también lo hizo por blanqueo de capitales.

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Fiscal se opone

Carlos de León, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), explicó que desde que la defensa supo del amparo, el año pasado, han transcurrido 34 audiencias.

Además, el fiscal recordó que ya fueron incorporados 100 documentos probatorios relacionados con las entidades Plus Espectáculos y Promociones, S.A., y Carnes y Ensaladas, S.A., por el pago de desayunos y canastas navideñas en 2013 que salpican a Morales y a su sobrino José Manuel Morales Marroquín, hijo del mandatario Jimmy Morales Cabrera.

“Es un detrimento a la seguridad, no solo a la seguridad por la vida de las personas, sino a la seguridad jurídica debido a que este debate ya está en la etapa final”, recalcó el fiscal De León.

También recordó que una vez iniciado el debate no se puede suspender por más de 10 días.

Defensa a la espera

Los abogados de los acusados solo solicitaron que la resolución del Tribunal sea apegada a derecho y evitaron pronunciarse.

Los jueces deliberarán durante el fin de semana y el próximo lunes notificarán si se suspende el debate del caso Botín o Sammy Morales es apartado.

El caso

Durante el debate el MP y la Cicig presentaron pruebas de las supuestas plazas fantasma que otorgó la exregistradora Anabella de León.

Según el MP, Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, está señalado por la factura de Plus Espectáculos y Promociones, S.A., por Q89 mil 975, pagados por el Registro. Para ello, la empresa simuló un evento de alimentos.

La investigación determinó que el Registro también pagó a Fulanos y Menganos Q90 mil por 564 desayunos que no fueron servidos, cantidad que coincide con el número de canastas.

Otra factura de Plus Espectáculos por Q89 mil 958, detalla la compra de las canastas que fueron entregadas por Abdy Estrada García, madre de la exnovia de José Manuel Morales Marroquín, el hijo del presidente Morales.

#BotínRegistroPropiedad | Tribunal Décimo Tercero Penal, que preside Edna Maxia, admite un incidente del acusado Sammy Morales centrado la suspensión del debate por un amparo que fue avalado por la Corte de Constitucionalidad y notificado el jueves recién pasado al @MPguatemala. pic.twitter.com/caEKBld57O

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) June 21, 2019

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El Tribunal Décimo Tercero Penal escuchó a las partes para incorporar pruebas nuevas, surgidas durante el debate que inició el 30 de agosto del 2017.

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Al comienzo de la audiencia, los jueces Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno, rechazaron una acción de Sammy Morales para detener la incorporación de pruebas con el argumento que aún está en discusión un amparo relacionado a los delitos por los que enfrenta el debate: fraude y lavado de dinero u otros activos.

El fiscal Carlos de León entregó una hoja con el resumen de las pruebas a cada abogado y acusado. Al tribunal le explicó que las pruebas surgieron con la discusión del debate que ya suma 101 audiencias y está previo a la etapa de las conclusiones y el fallo.

Una de las pruebas es la sentencia del 3 de abril pasado contra Carlos Gilberto Solórzano Morales y Yoni José Valenzuela Mejía, extrabajadores del excandidato presidencial, Manuel Baldizón, y Génesis Daniela Alvarado Xoná por haber cobrado salarios sin ir a trabajar al Registro General de la Propiedad.

Solórzano Morales y Alvarado Xoná purgan nueve años y tres meses de prisión, por falsedad ideológica y peculado por sustracción. Valenzuela Mejía, diez años de cárcel.

La sentencia confirma la tesis de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) relacionado con las plazas fantasma que otorgó la exregistradora Anabella de León, según la investigación.

El fiscal recordó que el juez Raúl Ramírez ordenó investigar a la exdiputada del extinto Partido Patriota (PP), De León, por los posibles delitos de peculado, peculado por sustracción y asociación ilícita.

La sentencia también ordena que Samantha Marisol Mejía Salguero y Gabriela María Caridi Canet sean investigadas por los posibles delitos de peculado, peculado por sustracción y asociación ilícita. Ambas ya enfrentan el juicio junto con De León.

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Colaboración eficaz

El fiscal también intenta que los jueces fijen fecha y hora para reproducir el testimonio, como colaboradora eficaz, de Bianca Yaneth Chacón Barillas, brindada en el Juzgado Sexto Penal el 5 de septiembre del 2017.

Ese relato no fue incluido en el debate por decisión del Tribunal debido a que había sido propuesto en medio de la revisión de las pruebas y la etapa de investigación ya había finalizado, por eso era improcedente.

Las otras pruebas de la Fiscalía son los oficios en donde especifica que los acusados Randy Paúl Gómez Pérez y William Enrique Valdés Segura -ambos en debate- carecían de acceso a informática y así confirmar que jamás llegaron a trabajar al Registro General de la Propiedad.

También un oficio que confirma que no se realizó la actividad Plan operativo anual de 2014, un oficio del entonces ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, que detalla la naturaleza de los fondos del Registro.

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La defensa

Solo los acusados Mejía Salguero y Caridi Canet plantearon la incorporación de pruebas nuevas. La acusada Chacón Barillas pidió que sea aceptada su colaboración eficaz, aunque el Tribunal ya resolvió que su declaración es improcedente el año pasado.

Caridi Canet propuso un memorándum del control de empleados en el Registro como su defensa y Mejía Salguero, a través de su abogado Óscar Colindres, documentos periciales para que los jueces avalen que los fondos de la entidad no son públicos sino de aportes privados, tal como lo declaró el testigo Salvador Francisco Lozano durante el debate.

Los Morales, así como la exregistradora De León no propusieron pruebas.

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En discusión

El Tribunal otorgó la palabra al fiscal De León, quien se opuso a las pruebas de la defensa, que tendrá la oportunidad de argumentar mañana.

Después de escuchar los alegatos, será decisión del Tribunal si acepta o no la incorporación de pruebas nuevas.

Los acusados Anabella de León, Sammy y su sobrino José Manuel Morales no tienen pruebas nuevas. pic.twitter.com/8tAMdfFvDy

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) June 19, 2019

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El fiscal Carlos de León expuso los últimos documentos para sustentar la acusación contra Blanca Elizabeth Amaya Morales, quien devengó Q8 mil mensuales en el Registro General de la Propiedad sin haber llegado a trabajar en 2012.

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Se trató de las facturas relacionadas a que sí cobró por el cargo de auxiliar a los abogados y los informes que presentó ante la entidad. El monto de lo que cobró fue Q178 mil informó el fiscal De León, aunque jamás llegó a trabajar.

En este caso el fiscal recordó la contratación de familiares que hizo la exlegisladora de cancelado Partido Patriota (PP), Anabella de León, quien dirigió el Registro y enfrenta debate.

Otto Waldemar es hermano de Jennifer Alejandra Flores Villeda; Amaya Morales es conviviente de Otto Waldemar; José Manuel Amaya Morales es hermano de la conviviente de Otto Waldemar; Selvin Alexánder Aquino Flores y Óscar Alberto Aquino Flores son primos de los hermanos Flores Villeda; Bianca Yaneth Chacón Barillas y Patricia Nohemí Chacón Cabrera son esposas o convivientes de otros dos hermanos Flores Villeda, señala la pesquisa del Ministerio Público (MP).

Las pruebas de la defensa

El abogado Óscar Colindres fue el último que expuso y llevó sus pruebas documentales para desvirtuar la acusación a su clienta Samantha Marisol Mejía Salguero, quien ejerció el cargo de directora de Recursos Humanos en el Registro.

“Las pruebas fueron en relación a los informes laborales que fueron firmados por la auditoría”, explicó el penalista Colindres. El Tribunal explicó que son documentos pertinentes a los informes generales y los aceptó.

Lo que sigue

El Tribunal finalizó la recepción de pruebas documentales en este debate que inició el 31 de agosto del 2017.

El próximo mes serán citados los abogados y los implicados para la audiencia en donde las partes explicarán si cuentan con pruebas nuevas. De ser así, se discutirán si son pertinentes para ser incluidas en el debate. En esta fase los jueces le otorgarán la palabra a cada abogado para argumentar. Puede durar dos o tres audiencias el próximo mes.

Después será la etapa de las conclusiones previo a que cada acusado explique su última palabra previo a la deliberación y la lectura de la sentencia.

Con las últimas pruebas sumaron 84 testigos y ocho peritos que declararon desde que inició el debate.

Según la investigación, Sammy Morales está señalado por la factura de Plus Espectáculos y Promociones, S. A., por Q89 mil 975, pagados por el Registro. Para ello, la empresa simuló un evento de alimentos para 40 personas, de tres tiempos de comida, por tres días, que habrían sido servidos durante la elaboración de un “proyecto de plan operativo anual”, pero en realidad cubría el costo de las canastas, según el expediente.

La investigación determinó que el Registro también pagó a Fulanos y Menganos Q90 mil por 564 desayunos que no fueron servidos, cantidad que coincide con el número de canastas.

Otra factura de Plus Espectáculos por Q89 mil 958, detalla la compra de las canastas que fueron entregadas por Abdy Estrada García, madre de la exnovia de José Manuel Morales Marroquín.

#BotínRegistroPropiedad | En el Tribunal Décimo Tercero Penal se presentan las últimas pruebas documentales de la defensa y la Fiscalía.
En este juicio están acusados Samuel y su sobrino José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales. pic.twitter.com/lwevCx2XlI

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) May 28, 2019

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