En el programa Decisión Libre 2023, transmitido por Guatevisión el 6 de junio, el candidato a la presidencia del partido FCN Nación, Samuel Morales, fue entrevistado sobre su plan de Gobierno.

La entrevista incluye las respuestas rápidas de Morales a temas controversiales y de interés público. Esto se realizó a través de dos secciones, una llamada Al Punto y otra en Dos Minutos.

Así también, el programa incluyó la firma de compromisos con los guatemaltecos escritos por el propio candidato frente a las cámaras que deberá cumplir si llega a ganar las Elecciones.

Vea la entrevista completa: 

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Entrevista con los candidatos: Isaac Farchi, presidenciable del Partido Azul 

Entrevista con los candidatos: Francisco Arredondo, presidenciable del Partido Creo

Entrevistas con los candidatos: Manuel Conde, presidenciable del partido Vamos

Mientras la fecha en que se celebrarán las Elecciones Generales 2023 se acerca, el interés por el proceso y la campaña política crece, lo que se ve reflejado en las redes sociales.

El periodo analizado, del 2 al 9 de mayo, es cuando más menciones han ocurrido, con 41,843, desde que se empezó a medir a inicios de marzo de 2023.

Sin embargo, la mayoría de las menciones representan un sentimiento negativo en la conversación sobre las elecciones, con el 53.8% en comparación con el sentimiento positivo que alcanza solo un 7.7%.

Uno de los detalles mencionados en el informe presentado por la Misión de Observación Electoral en Guatemala (MOE Gt) es que la conversación sobre un posible fraude electoral subió un 24.1%, pero se mantiene con una tendencia moderada hacia la baja.

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Carlos Pineda lidera las menciones en redes sociales

Dentro de las menciones relacionadas con los candidatos a la presidencia, tres políticos acaparan el 60% de la conversación.

En primer lugar está Carlos Pineda de Prosperidad Ciudadana (11,300 menciones), en segundo lugar Zury Ríos, de la coalición Valor-Unionista (7,300) y en tercero Sandra Torres de la UNE (7,000).

El listado se completa con Bernardo Arévalo, Manuel Villacorta y Edmond Mulet, en ese orden.

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Carlos Pineda tiene el liderazgo de interacciones y menciones en todas las redes sociales, pese a no ser el candidato que más publica en todas. En Facebook, por ejemplo, tiene más de 765 mil interacciones, comparadas con las 233 mil de Sandra Torres, la candidata más cercana.

El sentimiento hacia los candidatos

Pese a la presencia en redes sociales, las emociones que los candidatos despiertan no siempre son positivas, según el estudio de MOE Gt. Carlos Pineda y Samuel Morales lideran los comentarios con sentimientos negativos con 44.6% y 51.6% respectivamente.

Mientras tanto, los candidatos con más sentimiento positivo en redes sociales son Sandra Torres y Amilcar Rivera, que alcanzan un 27.3% y 27.2% respectivamente.

Los ataques a los candidatos

MOE Gt explica en sus conclusiones que durante la semana del 2 al 9 de mayo identificaron ataques en redes sociales contra Edmond Mulet, Sandra Torres y Zury Ríos.

Acá puede leer el informe completo de MOE Gt. 

La Corte de Constitucionalidad (CC) dejó en firme la sentencia absolutoria de Sammy Morales y Samuel Morales, hermano e hijo del expresidente Jimmy Morales, respectivamente, quienes fueron vinculados en el caso Botín Registro de la Propiedad.

Con la resolución de la máxima corte se fija el fallo de una Sala de Apelaciones que absolvió a los dos parientes del exmandatario en septiembre de 2021.

El Ministerio Público (MP) presentó un amparo ante la CC para intentar corregir el “error” de apelar fuera de plazo y poder accionar contra la sentencia absolutoria del caso, pero este fue denegado.

El caso se dio a conocer en medio de los señalamientos de plazas fantasma, pagos anómalos por servicios y montajes de banquetes durante actividades en el Registro dela Propiedad.

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Caso Botín Registro de la Propiedad

El MP acusó a Sammy Morales y a su sobrino, Samuel Morales, de haber participado en un evento para la compra de alimentos, que en cambio se usó para adquirir canastas navideñas que se entregaron a empleados del Registro General de la Propiedad.

Las canastas estaban sobrevaloradas hasta tres veces más que el precio comercial, pero pese a ello, se les acreditó el contrato y el Registro les pagó Q269 mil por 564 unidades.

Las canastas tenían 11 productos y, según la Fiscalía, se cotizaban en Q159.50, pero se pagaron a Q478.60 por cada una.

Aunque el MP presentó sus argumentos, el Tribunal Décimo Tercero Penal resolvió en agosto de 2019 que “no se pudo acreditar la participación, ni la intencionalidad” de los dos acusados.

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El Tribunal explicó que “no se demostró ninguna intencionalidad” de José Manuel Morales “ni beneficio económico” en relación con el fraude en forma continuada. Asimismo, indicó que tampoco se acreditó la intencionalidad de Sammy Morales para defraudar al Estado.

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Fallo dividido

El fallo fue divido, pues dos de los tres jueces que integraron el Tribunal absolvieron a los familiares del exgobernante. Sin embargo, el titular de la judicatura emitió un voto razonado. “Sí hubo negociaciones ilícitas”, afirmó.

En cambio, la extitular del Registro de la Propiedad, Anabella de León quedó absuelta de un cargo y se le declaró culpable de peculado culposo por lo que recibió una multa de Q5 mil.

Expresidente Jimmy Morales y su hermano se postulan

Sammy Morales buscará incursionar en la política y fue proclamado como candidato a la presidencia por el partido FNC-Nación, mientras que Jimmy Morales busca un escaño en el Congreso de la República.

Ambas candidaturas resaltaron en la asamblea que la organización partidaria llevó a cabo el pasado 12 de febrero de 2023.

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La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó un amparo que había presentado el Ministerio Público (MP) y así confirmó la falta de mérito a favor de Samuel “Sammy” Morales, hermano del expresidente Jimmy Morales, que estaba vinculado al caso Botín Registro de la Propiedad.

En la resolución de la CC, con fecha 23 de mayo de 2022, y dada a conocer recientemente, se menciona que ante el Juez Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, se tramitó proceso penal contra Samuel Everardo Morales Cabrera y Mario Estuardo Orellana López por la supuesta comisión de los delitos de lavado de dinero u otros activos y fraude.

Entre los hechos que promovieron el amparo por parte del MP se menciona que en su oportunidad, el juez de la causa señaló audiencia de primera declaración para el 18 de enero de 2017 en la que resolvió dictar falta de mérito a favor de ambos, por el delito de lavado de dinero y otros activos al no proporcionarse los indicios necesarios para creer que ellos hayan participado en este hecho ilícito.

Agrega que el MP, a través de la Feci y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) interpusieron un recurso de apelación ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente el 30 de enero de 2020, pero la sala declaró sin lugar la apelación, pues consideró que el lavado de dinero no se ajustaba a ese caso, puesto que el dinero era legal, porque provenía del Registro de la Propiedad.

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Fue por ello que el MP interpuso el amparo ante la CC, pero finalmente esta dispuso denegar la apelación.

El caso

De acuerdo con la investigación, desde la dirección del Registro General de la Propiedad (RGP), a cargo de Anabella De León, se autorizaron al menos 15 plazas fantasmas que significaron un desembolso de Q3 millones por parte de dicha institución.

También durante las pesquisas se hallaron indicios sobre pagos por servicios realizados de banquetes de alimentos durante actividades del RGP, lo cual significó el pago aproximado de Q150 mil.

En dos de los eventos se vinculó a Samuel Morales y a José Manuel Morales, hermano e hijo del expresidente Jimmy Morales, respectivamente.

Los dos eventos de licitación en los que fueron beneficiados no se llevaron a cabo, pero habrían ayudado al padre de la exnovia del hijo del pr José Manuel Morales, Mario Estuardo Orellana López, quien también es procesado.

En el primer evento se trata de un desayuno para 564 personas, fue por un valor de Q90 mil. El hijo del presidente presentó cotizaciones, de las cuales dos eran falsas y una ganó el evento.

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El segundo caso era para el suministro de alimentos para 40 personas por tres días. Esta vez fue por Q89 mil 975.

En ambos casos fue beneficiado Orellana López, quien recibió el dinero de ambas adjudicaciones.

El 19 de agosto de 2019, el Tribunal Décimo Tercero Penal, dividido, dictó sentencia absolutoria a favor de José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera. En cambio, Anabella de León, quien era jefa del Registro de la Propiedad, fue condenada por el delito de peculado culposo con una multa de Q5 mil.

Según el Tribunal no se pudo acreditar la participación ni la intencionalidad de José Manuel Morales Marroquín, ni de Samuel Everardo Morales Cabrera en las irregularidades de los eventos del Registro General de la Propiedad.

La Sala Tercera de Apelaciones resolvió este miércoles que el hijo y el hermano del expresidente Jimmy Morales quedaran absueltos en el caso Botín Registro de la Propiedad.

Samuel Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del expresidente Jimmy Morales, respectivamente, fueron absueltos en segunda instancia este miércoles 22 de septiembre por la Sala Tercera de Apelaciones, informaron fuentes judiciales.

La resolución de la Sala confirma la sentencia dictada el 19 de agosto de 2019 en el caso Botín Registro de la Propiedad.

Ambos habían logrado el 7 de septiembre pasado revocar las medidas de coerción que mantenían en su contra; además, habían presentado una apelación en la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones en el proceso en el que fueron absueltos, la cual se resolvió este miércoles.

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El caso

De acuerdo con la investigación, desde la dirección del Registro General de la Propiedad (RGP), a cargo de Anabella De León, se autorizaron al menos 15 plazas fantasmas que significaron un desembolso de Q3 millones por parte de dicha institución.

También durante las pesquisas se hallaron indicios sobre pagos por servicios realizados de banquetes de alimentos durante actividades del RGP, lo cual significó el pago aproximado de Q150 mil.

Como bien lo resume la cadena noticiosa CNN, “la mecánica del desfalco, según el Ministerio, consiste en la sustracción de fondos estatales del Estado entre el 5 de noviembre y el 9 de diciembre del 2013, a través de la simulación de eventos que nunca se hicieron, pero por los que sí se cobraron grandes cantidades de dinero que fueron a dar a manos de particulares.

Unas 25 personas fueron señaladas por el caso, entre ellas los familiares del expresidente Morales.

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Por este último rubro fueron acusados José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera, hijo y hermano del presidente, respectivamente, imputados por el MP de simular un evento de compra de alimentos que en realidad fue utilizado para adquirir canastas navideñas para empleados del Registro General de la Propiedad (RGP).  Para ellos, la Fiscalía solicitó 8 y 11 años de cárcel, respectivamente.

Según el MP, las canastas entregadas a los trabajadores tenían 11 productos y fueron cotizadas en Q159.50. Sin embargo, el RGP pagó Q269 mil 933 a través de tres facturas por 564 canastas, por lo que cada una costó Q478.60, más de tres veces el precio comercial.

La investigación involucra a Samuel Morales, representante legal de Plus Espectáculos y Promociones, S. A., de facilitar facturas para el cobro de Q89 mil 975 al RGP. Según la investigación la simuló hacer entrega de servicios de alimentación para 40 personas, durante tres tiempos de comida, pero en realidad cubría el costo de las canastas, según el expediente.

Samuel Morales intentó ser inscrito como candidato a diputado por el partido oficial, FCN-Nación, en el pasado proceso electoral, pero el Tribunal Supremo Electoral no admitió su inscripción.
Otro de los elementos presentados en el juicio fue una factura de Plus Espectáculos y Promociones, por Q89 mil 958, detalla la compra de las canastas que fueron entregadas por Abdy Estrada García, madre de la exnovia de José Manuel Morales Marroquín.

El hijo del mandatario admitió frente a un juzgado, el 20 de enero de 2017, que utilizó facturas por servicios inexistentes y que fueron obtenidas de las empresas de su tío, Samuel Morales, y de un amigo cercano, el diputado de FCN-Nación al Parlamento Centroamericano, Ottmar Sánchez, del restaurante Fulanos y Menganos.

Un lento proceso

Pese a que el caso entró en fase de debate el 30 de agosto de 2017, su resolución se conocerá hasta casi dos años después. Según el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, este es uno de los procesos más largos en la etapa de juicio que el conozca.

“Para este momento se ha diligenciado casi la totalidad de la prueba, el Ministerio Público, sin embargo, llama mucho la atención que las audiencias han sido programadas casi al límite, 10 días, de media entre una audiencia y la subsiguiente. Como le reitero, este es el primero de los casos que yo recuerde que haya tardado tanto tiempo en el diligenciamiento de la prueba”, explica el jurista.

El estudio “Sistema de Justicia Penal en Guatemala: un proyecto en progreso”, realizado por el Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal, refiere que “los debates están incumpliendo el principio de inmediación y concentración. La mayoría de debates se celebra de manera difusa con intervalos prolongados entre sesiones”.

En el estudio se detalla, luego del análisis de 553 expedientes judiciales, de entre 2 mil 797 registrados, entre 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, que la etapa de juicio oral tiene una duración promedio de 73 días. El caso Botín Registro ha durado en esta fase casi diez veces más: 719 días.

Según el Código Procesal Penal, en su artículo 360, una vez iniciado el debate este continuará “durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de diez”, salvo excepciones registradas en la ley como enfermedad de alguna de las partes del proceso. Un análisis de los días hábiles entre audiencias del caso.

Durante el 2018, exceptuando los periodos de recesos, los días entre audiencias comienzan a aumentar llegando al máximo del plazo, con 9 días de diferencia en algunos casos. Esta tendencia continuó en 2019 hasta extender la fase de debate.

Complejidad del caso

“Aquí la complejidad vino en el momento procesal en que fueron vinculados los parientes del Presidente de la República, entonces -influyó- el factor presión, mediático, de las propias autoridades gubernamentales” señaló el fiscal.

En materia de factores que pudieron haber retrasado el proceso, la abogada María Fernanda Galán, investigadora de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), señala dos tipos: factores internos como la carga de trabajo de los juzgados, “que provoca que se realicen audiencias de media hora, una hora que tengan que suspenderse”. Y factores externos, como las acciones presentadas por los abogados defensores, o el mismo MP.

Por su parte, el abogado José González, analista de Impunity Watch Guatemala, señala que en estudios realizados por este centro de investigación que “un debate de más de 500 días sí podría considerarse que ha sido un debate prolongado”.

“Definitivamente el retraso procesal tiende a ser de tal magnitud que trasciende no solo las circunstancias en el que se cometieron el delito, si no también personales de los procesados, y también porque no pensarlo de las distintas autoridades que pueden llegar a conocerlo” comentó el abogado de Impunity Watch.

“Entonces, podemos pensar que una justicia que se imparte con tanta lentitud, tanto letargo, lo que busca es variar estas condiciones en que si hubiéramos tenido un proceso en un periodo ordinario” dijo González.

Respecto a este caso, el abogado defensor de Samuel Morales, Óscar Poroj, declinó brindar declaraciones. Los integrantes del Tribunal Décimo Tercero Penal, Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno, que lleva el caso Botín en el Registro de la Propiedad, declinaron referirse a las condiciones que pudieron retrasar la fase de debate de este proceso, que sumará hoy 719 días.

En su lugar, Mario Siekavizza, vocero del Organismo Judicial, indicó que la duración del proceso respondió a la agenda del Tribunal y que se buscó cumplir “con el principio de celeridad procesal”.

El vocero hizo énfasis en que en este tribunal los tres juzgadores llevan de manera individual también otros procesos, lo cual complica el hacer coincidir la agenda de todos los integrantes.

Para hoy se espera el cierre de este juicio con el veredicto del Tribunal. Más allá de las repercusiones de este proceso judicial en el ámbito político, el caso Botín en el Registro de la Propiedad pasará a los anales como uno de los más extensos, llevado por un tribunal ordinario en la fase de juicio oral o debate.

Línea de tiempo

El caso surge de una investigación de plazas fantasma en el Estado. La investigación también incluyo el pago por servicios y productos inexistentes durante la gestión de Anabella de León según la causa judicial.

• 01/09/2016

Capturan a exregistradora Anabella de León y otras 21 personas por el desembolso de Q3 millones en plazas fantasma y pagos anómalos en servicios de banquetes por Q150 mil.

• 15/09/2016

José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales son arraigados.

• 28/04/2017

MP presentó la acusación formal contra José Manuel Morales y Samuel Morales señalados en el caso Botín en el Registro de la Propiedad.

• 29/05/2017

La jueza Sexta de Instancia Penal, Silvia De León, resolvió enviar a juicio a 25 personas vinculadas en el caso Botín Registro.

• 30/08/2017

El 30 de agosto de 2017 dio inicio el juicio por el caso Botín Registro de la Propiedad ante el Tribunal Décimo Tercero de Sentencia penal.

• 12/09/2017

Amparo de la defensa de los acusados busca que caso Botín Registro deje ámbito penal.

• 21/08/2018

Registro de la Propiedad habría perdido Q24 millones durante gestión de Anabella De León, según imputación del Ministerio Público.

• 17/01/2019

El Tribunal Décimo Tercero Penal decretó de oficio el abandono de la abogada Amanda Trejo, representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en el caso.

• 27/02/2019

Sala Tercera de Apelaciones confirma que Cicig queda fuera de caso Botín Registro.

Este 24 de julio terminó la fase de conclusiones en el Tribunal Décimo Tercero Penal y los jueces entran en la etapa para deliberar. La judicatura citó a las partes procesales el lunes 19 de agosto del 2019 para dar a conocer su fallo.

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Varios procesados decidieron hablar ante el tribunal, entre ellos Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, quien entre lágrimas pidió su “absolución total” porque, aseguró, que no ha cometido ningún delito.

“Siempre voy a seguir viéndolos a los ojos, cosa que ustedes (investigadores del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) cobardemente no pueden hacer cuando piden cárcel para un hombre inocente… Eso es cobardía”, afirmó el hermano del gobernante mientras alzó su brazo derecho y señaló a la barra acusadora con el índice.

Morales manifestó a los jueces “que sabrán encontrar la verdad, desentrañarla y desenmarañarla… entre tanta prueba que nada ha probado”.

Morales señaló al Ministerio Público de filtrar a la prensa las investigaciones del caso para que él y los demás señalados “perdieran sus derechos y la presunción de inocencia”.

“Señores jueces, tristemente se ha hecho mucho daño a mi familia. El objetivo era destruir mi nombre y el de mi familia. Entonces me puse como objetivo defender mi nombre. Acá fuimos todos condenados a pena de muerte civil sin morir. Debido a esto me dediqué a la informalidad un tiempo porque los bancos nos cerraron cuentas. Al principio de este proceso dije que la verdad nos hará libres y estoy seguro que ustedes sabrán encontrar la verdad dentro de tanta prueba”, añadió Sammy Morales.

#botín "Estoy seguro que ustedes encontrarán la verdad dentro de tanta prueba que nada a probado expresó Samuel Morales ante el tribunal. pic.twitter.com/xxGtFAw1lp

— Sucely Contreras (@SuContreras_gtv) July 24, 2019

Ya es papá

José Manuel Morales Marroquín, hijo del mandatario Morales, también habló ante el tribunal y reveló que a sus 25 años ya es padre de una niña de 10 meses.

“Hoy con 25 años, después de dos años y medio, atravesando este proceso, el cual considero injusto, he aprendido muchas cosas, he entendido otras cosas y considero que he crecido como persona”, dijo Morales.

“Mi futuro está en sus manos… desde lo más profundo de mi corazón lo único que les pido es que se haga justicia, una justicia verdadera que me absuelva. Le pido a Dios los bendiga a ustedes, a la parte acusadora, a Guatemala y a mi y a mi familia”, dijo José Manuel.

“He pasado dos años y medio con restricciones las cuales respeto, pero he perdido muchas experiencias y aprendizaje. Hubo cosas que dejé de hacer por un proceso injusto”, añadió el hijo mayor del mandatario Morales.

"Mi futuro está es sus manos" le dijo al tribunal José Manuel Morales Marroquín, (hijo del Presidente Morales) a sus 25 años Dios le dio la bendición de ser padre de una bebé, y les pidió justicia. pic.twitter.com/ONI2ONbCkb

— Sucely Contreras (@SuContreras_gtv) July 24, 2019

La acusada Abdi Sucely Estrada García es la primera que habla al Tribunal. pic.twitter.com/8EfmEWAj1K

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) 24 de julio de 2019

Petición de exregistradora

La exdiputada del cancelado Partido Patriota, Anabella de León, centró su última petición a que jamás cometió una ilegalidad. “Mi detención fue ilegal el 1 de septiembre de 2016. He sido afectada, también mi familia y en especial mi madre. No cometí ningún hecho ilícito. Me rijo por valores y principios”, se refirió.

“Este caso es administrativo, no cometí peculado y menos peculado por sustracción, no consentí, no es cierto, en ningún momento consentí algo anómalo. Gozo de credibilidad porque fui diputada durante 16 años”, agregó la exlegisladora.

El acusado Mario Estuardo Orellana López recuerda que estuvo en prisión 37 días en el 2017. “Hemos sobrevivido después de eso, la tragedia de las canastas -un evento por el que enfrenta debate-“, expresó. “Soy un hombre de pocas palabras, sin vicios. En una empresa que trabajé vendí millones. Soy inocente”, dijo.

Abdy Sucely Estrada, esposa de Orellana, fue la primera en explicar su petición. “Nunca creí que por hacer un trabajo me iba a afectar a mí y a mi familia, en especial a mi hija -Abdy Andrea Orelana Estrada, quien fue la novia de José Manuel Morales Marroquín-, acusándonos de robo. No robé ni un centavo. Por esto tuvimos que vender la casa y carros”, mencionó.

#BotínRegistroPropiedad | Urgente. El Tribunal Décimo Tercero Penal finaliza las conclusiones y se retira a deliberar. Cita a las partes para la lectura del fallo el 19.8.2019 a las 10 horas. pic.twitter.com/CT8Nt506WZ

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 24, 2019

Más pedidos

Durante la audiencia hubo una pausa de 30 minutos en donde se adelantó que los jueces se iban a tomar el tiempo prudencial para revisar la gran cantidad de pruebas durante la deliberación.

Alma Verónica Barrios Moreno pidió que la absuelvan porque “llenó” mal un formulario. “Es muy desgastante todo lo que nos han hecho pasar, mi delito fue llenar un formulario sin las especificaciones técnicas”, dijo.

Bianca Yeaneth Chacón Barillas fue la única que pidió ser condenada. “No les pido que me absuelvan porque sí cometí un delito. Lo que les pido es que tomen en cuenta que firmé una colaboración especial. No soy una mentirosa. Fui humillada, discriminada. Acá se burlan de mí hasta el cansancio por ser colaboradora”, dijo.

Edwin Ariel García Alvarado señaló al prófugo Gustavo Azurdia quien fue el culpable del caso. “Pido que me absuelvan. Lástima que el señor Gustavo Azurdia no está en el debate para que aclare esto. Espero que su búsqueda tenga resultado”, puntualizó.

Miriam Estela Hernández Cisneros recordó que deben tomar en cuenta que no es empleada del Registro General de la Propiedad y pidió su absolución.

Gabriela María Caridi Canet agradició a Dios por llegar al final del debate. “Esto ha tenido lamentables consecuencias en mi vida y en mi familia. Agradezco la honorabilidad y la transparencia. Me devuelven la confianza en la justicia guatemalteca”, se refirió.

Miriam Estela Hernández Cisneros recordó que trabajó 37 años en la iniciativa privada en exportaciones e importaciones. Incluso en una universidad privada y un colegio. “Si hubiera sabido el problema de trabajar en una dependencia pública, jamás hubiera aceptado”, dijo. “Jamás cometí algún delito. Nunca he sido política y esto es político”, finalizó.

Randy Paul Gómez Pérez agradeció al Tribunal el permiso de arresto domiciliario y solicitó que fuera ampliado a todo el país y los jueces le dijeron que no era el momento procesal oportuno.

Samantha Marisol Mejía Salguero recordó que estuvo 16 meses en prisión preventiva. “En ningún momento he dejado de creer en la justicia”, dijo.

William Enrique Valdez Segura mencionó que ya estaba acostumbrado a comparecer al debate. “Se les va a extrañar a todos. Recuerdo que cuando nos mandaron a debate nos dijeron que ustedes eran un tribunal objetivo”, dijo.

Heidy Roxana Pirir Ramos lloró en el estrado. “Es difícil… contener las lágrimas. En tres años perdí a mi padre. Considero que la verdad va a salir a luz”, mencionó.

Donald Joseph Byrne Mulet recordó la novela Don Quijote de la Mancha​, de Miguel de Cervantes. “La parte de los gigantes que eran los molinos de viento, pues esa situación es por la que paso ahora. La labor que desempeñé es una labor que considero se hizo y la volvería a hacer”, dijo.

Ernesto Suray Vásquez dijo: “Que Dios los ilumine de lo que tienen que resolver. ¿Es mejor un culpable que esté en la calle o un inocente que esté en la cárcel?”.

Jennifer Alejandra Flores Villeda agradeció la libertad condicional que goza para poder cuidar a su hija que nació cuando estaba detenida.

Oscar Raul Alecio del Cid se refirió a que hizo su trabajo y que evalúen bien la prueba.

Otto Waldemar Flores Villeda recordó que es el único detenido. “Llevo tres años en prisión. Uno no le desea esto a nadie”, dijo.

Patricia Nohemí Chacón Cabrera dijo ser inocente. “Gracias a mi familia por su apoyo. Soy de bajos recursos, ustedes jueces tienen todo en sus manos”.

El acusado Sammy Morales, hermano del gobernante Jimmy Morales, dice que su nombre ha sido público.
"El objetivo era destruir mi nombre y por eso me puse de objetivo defender mi nombre", dice. pic.twitter.com/GMWeBdDIIl

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) July 24, 2019

Se abstienen

Selvin Alexander Aquino Flores, José Manuel Amaya Morales, Heidy Roxana Pirir Ramos y Oscar Alberto Aquino Flores se abstuvieron de su última petición.

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Ambos aspiraban a ser diputados del Congreso por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), sin embargo, tienen prohibición institucional de optar a esos cargos, por ser familiares del presidente y vicepresidente.

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Además, Samuel Morales tendría prohibición por enfrentar un proceso legal en el caso Botín en el Registro de la Propiedad, que está en la etapa final del debate.

En este proceso, el hermano del presidente es acusado por los delitos de fraude y lavado de dinero, por haber tenido participación en tres adjudicaciones públicas en el Registro en 2013 por un valor de más de Q200 mil, mismas que no se llevaron a cabo.

Pese a estar en juicio, Morales obtuvo un tratamiento exprés de la Policía Nacional Civil (PNC) que le permitió borrar sus antecedentes policíacos.

En el caso de Cabrera Cortez, el TSE aplicó el artículo 164, sobre las prohibiciones y compatibilidades a cargos de diputados, que en el inciso C establece: “Los parientes del Presidente de la República y los del Vicepresidente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.

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El presidente afirmó: “Nuestra Ley dice que las personas tienen derecho a elegir y ser electas, él -Samuel Morales- está haciendo uso de sus derechos y el TSE estará haciendo su interpretación de la Ley de acuerdo a lo que consideren”.

Sin embargo, cuestionó la decisión al indicar que se necesita “poder ver que la Ley se aplique de igual forma para todos”. Y agregó: “Creo que sí hay algo de que preocuparse si se hace de una forma selectiva y está siendo utilizada para sacar de la posibilidad política a aquellas personas que tienen un caudal político porque el pueblo los aprecia y ve que son personas que podrían dirigir los destinos de un país”.

Inestabilidad

Según el presidente, en el actual proceso electoral hay mucha inestabilidad, lo que podría deberse al convenio que el TSE firmó con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), a la cual él unilateralmente dio por finalizado el mandato, que terminaba en septiembre de este año.

“A mí me preocupa que ahora haya tanta inestabilidad en los temas electorales, cuando hemos hecho ocho o nueve elecciones sin intervención internacional y ahora que llega gente a meter las manos, llega a hacer convenios para supuestamente hacer transparente un proceso electoral, se empieza a dar”, explicó.

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Morales aseguró que “esa una preocupación del Estado de Guatemala y es la injerencia extranjera”.

El presidente también se refirió al Acuerdo 99-2019 que buscaba regular los foros y entrevistas a los candidatos presidenciales. “A todas luces viola la libre emisión del pensamiento y no quieren decir quiénes fueron los asesores. Nosotros como guatemaltecos merecemos que se diga quién hizo ese reglamento y se hizo mal, ¿cuánto cobraron por hacerlo? y poder pedir al TSE que se convierta en lo que había sido, un tribunal serio, porque hoy está dejando mucho que desear”.

Rechazo

Además, el presidente minimizó una resolución del Parlamento Europeo en donde se pide al Gobierno de Guatemala que cesen los “ataques” contra la Cicig.

Aseguró que no se trata del Parlamento, sino de una persona, y además cuestionó: “¿No sé quién está atacando a la Cicig? Yo no estoy atacando a la Cicig”.

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Según Morales, la Cicig “está en un proceso de cierre, en un proceso de traslado de capacidades y está más que claro que el 3 de septiembre debiese haberse terminado todo un proceso, que no sé por qué no quieren ni siquiera comenzar”.

“Insisto, hay mucha gente que habla, mucha gente que dice, pero en última instancia, los responsables de que nosotros hagamos las cosas en Guatemala somos los guatemaltecos”, reiteró el presidente.

Además, aseguró que “hay países -en Europa- que no logran ni siquiera elegir a sus autoridades, ¿y acaso nosotros nos estamos pronunciado por ellos pues?”, en referencia a que no deben entrometerse en asuntos nacionales.

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Tanto Morales como Cabrera aspiraban a una diputación por el partido oficialista FCN- Nación, en tanto que Giordano buscaba la reelección como también por esa agrupación.

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Samuel Morales, el hermano del jefe de Estado, fue procesado por un supuesto fraude en el Registro General de la Propiedad (RGP) de Guatemala en 2013, uno de los impedimentos que señala la Constitución para optar por un cargo público, enfatiza el texto del TSE.

“Esta dirección, al realizar el análisis del expediente respectivo (…) determina que existen prohibiciones expresas para quienes pretenden optar al cargo de diputados de la República de Guatemala, y que por ende tienen como finalidad el mantenimiento del Estado de Derecho”, dice la resolución emitida por el TSE.

Adicional a este hecho, el TSE cita el artículo 164 de la Constitución, que en su inciso C dice que no pueden optar al cargo de diputados los parientes del presidente y vicepresidente “dentro del cuarto grado consanguinidad o segundo de afinidad”, lo cual, en este caso, aplica tanto a Morales como a Cabrera. 

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En el caso de Giordano, el TSE especifica que la negativa a su inscripción se debe a que es un diputado tránsfuga. 

“Queda prohibido a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos del Congreso de la República recibir o incorporar diputados que hayan sido electos por otra organización política. En el presente caso no acceder a la inscripción del señor Juan Manuel Giordano Grajeda como candidato a diputado en virtud de haberse determinado que dicho ciudadano (…) fue electo por el partido política Libertad Democrática Renovada en el 2015″, dice el texto del TSE.

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Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), indicó que aparentemente la firma del presidente Jimmy Morales aparece en el cheque por el cual se encuentra vinculado el hermano del mandatario, pero Samuel era el representante legal de la empresa Plus Espectáculos.

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“Lo que quedaría por establecer o tratar de demostrar es si el señor Jimmy Morales tenía conocimiento del hecho. Si fuera este el caso, estaría en la mismas condiciones de su hermano”, dijo Sandoval.

El fiscal agregó que si posiblemente se ve involucrado el presidente, por algún elemento que se encuentre durante la investigación, se debería hacer el planteamiento de solicitar de nuevo el retiro de la inmunidad, algo que el MP ha pedido en dos ocasiones durante la gestión presidencial de Morales, pero en las cuales el Legislativo lo ha protegido.

Según una publicación hoy de elPeriódico, el cheque fue cobrado por Mario Estuardo Orellana López, padre de la exnovia de José Manuel en aquel año, por Q158 mil 646.28.

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El cheque era de la empresa Plus Espectáculos y Promociones S.A., propiedad de Jimmy Morales y su hermano Samuel Morales, que para 2013 no tenían cargos públicos.

Samuel Morales se encuentra acusado por los delitos de fraude y lavado de dinero. José Manuel, hijo del presidente, también está en debate y acusado por fraude.

Involucrados

Según la investigación, Samuel y José Manuel Morales están implicados en tres adjudicaciones públicas en el Registro General de la Propiedad (RGP) en 2013 por un valor de más de Q200 mil, mismas que no se realizaron.

En la primera de las adjudicaciones, fue un desayuno para 564 personas por un valor de Q90 mil, donde José Manuel presentó tres cotizaciones –dos de ellas falsas, a nombre de las empresas JM3 y Eventos y Spectáculos, ambas inexistentes– y una a nombre de Fulanos y Menganos S.A. o Carnes y Ensaladas, ganadora del evento público. En esta operación también intervino Samuel Morales para gestionar la factura a través de Othmar Sánchez, amigo de Jimmy Morales, quien tiene firma registrada en el restaurante, financista de Jimmy Morales y quien es diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacén) elegido en 2015 por el Frente de Convergencia Nacional (FCN Nación).

El pago por los desayunos inexistentes fue entregado a Orellana López, aunque ese servicio nunca se hizo, pero el dinero sí sirvió para pagar parte de las canastas navideñas que este comerciante y su familia hicieron y la administración de Anabella de León, entonces jefa del Registro, le entregaron a sus empleados, de acuerdo con la investigación. Ella está implicada en el juicio por este caso.

Samuel Morales reconoció haberle hecho “un favor” a su sobrino al conseguirle una factura por Q90 mil del restaurante Fulanos y Menganos para simular el servicio de 564 desayunos para el Registro General de la Propiedad.

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En el segundo evento, se solicitaron alimentos para 40 personas por Q89 mil 975 durante tres días por la presentación del plan operativo anual del Registro General de la Propiedad, actividad que tampoco se celebró. Las empresas Plus Espectáculos y Promociones, y Hotel Barceló presentaron sus propuestas y resultó ganadora la primera, cuyo representante legal también Samuel, aunque su giro comercial no era ese.

Esto también lo cobró Orellana López a pesar de que nunca se realizó el servicio, y la participación del hijo del mandatario fue haber presentado la propuesta de la empresa de su tío.

Por último, el Registro General de la Propiedad contrató a Plus Espectáculos y Promociones para entregar 564 canastas navideñas para los empleados, por Q89 mil 958. La factura entonces sirvió para aparentar legalidad y que el padre de la exnovia de José Manuel pudiera cobrar.

El caso ya se desarrolla en debate desde el 30 de agosto del 2017.

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La fiscal General, María Consuelo Porras, indicó que debido al curso de la investigación sobre la forma en la que Morales limpió sus antecedentes policíacos, se le requirió a la PNC copia certificada del expediente que se formó en su debido momento.

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“Se requirió a la Policía Nacional Civil una certificación de todo el expediente administrativo a efecto de ser debidamente analizado como parte de la investigación. En su momento se dará a conocer la conclusión a la que arribe la investigación que se está llevando a cabo”, dijo Porras.

La fiscal General dio las declaraciones a la prensa luego de inaugurar la capacitación de la guía fiscal para el proceso electoral 2019.

Morales empezó el proceso para limpiar sus antecedentes policíacos debido a que fue nominado candidato a diputado por los municipios de Guatemala por el partido FCN-Nación. Para inscribirse es necesario contar con la carencia de antecedentes penales y policíacos, así como finiquito extendido por la Controlaría General de Cuentas si la persona manejó fondos públicos, de lo contrario solo necesita una declaración jurada.

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Según información de la PNC, el 17 de enero pasado, Morales presentó en la Secretaría General de la institución la solicitud de eliminación de los antecedentes policíacos. Ese mismo día la petición se trasladó al jefe de Secretaría de Asistencia Jurídica y se empezó análisis del expediente.

La asesora legal de Samuel Morales, Liseth Gramajo, argumentó que consignar los antecedentes a su cliente violaba la presunción de inocencia y lo fundamentó en los artículos constitucionales 12, 14 y 22, y el artículo 16 de la Ley del Organismo Judicial.

La PNC validó los argumentos de la abogada de Morales y limpió los antecedentes policíacos, a pesar de que para hacerlo se requiere de una resolución judicial.

Solicitarán información al MP y OJ

El TSE analizará, en base al artículo 113 constitucional, si Samuel Morales cumple con los requisitos de honorabilidad, idoneidad y capacidad y si no existe otra prohibición constitucional.

El director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Leopoldo Guerra, informó que podría requerir información a la Fiscalía, o al Organismo Judicial (OJ) para determinar si Morales se encuentra en un proceso penal debido a que limpió sus antecedentes policíacos.

Morales limpió sus antecedentes a pesar de que enfrenta juicio junto a José Manuel Morales, hijo del presidente Jimmy Morales, en el caso Botín en el Registro de la Propiedad. Samuel Morales es acusado de fraude y lavado de dinero. El juicio todavía está en desarrollo.

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Tanto como Morales como José Manuel están relacionados con tres eventos públicos, dos de los cuales nunca se llevaron a cabo en el Registro General de la Propiedad.

La primera adjudicación fue un desayuno para 564 personas por un valor de Q90 mil. El hijo de Jimmy Morales presentó tres cotizaciones –dos de ellas falsas a nombre de las empresas JM3 y Eventos y Spectáculos, ambas inexistentes– y una a nombre de Fulanos y Menganos S.A. o Carnes y Ensaladas, ganadora del evento público.

El pago por este servicio fue entregando a Mario Estuardo Orellana López, quien era el padre de quien entonces era su novia, aunque el desayuno nunca se realizó.

En el segundo evento, en el que se solicitaba el suministro alimenticio para 40 personas durante tres días por la presentación del plan operativo anual del Registro General de la Propiedad, las empresas Plus Espectáculos y Promociones y Hotel Barceló, presentaron sus propuestas, resultando ganadora la primera, cuyo representante legal también es el hermano del mandatario guatemalteco.

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El director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Leopoldo Guerra, informó que podría requerir información al Ministerio Público (MP) o al Organismo Judicial (OJ) para determinar si Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, se encuentra en un proceso penal debido a que limpió sus antecedentes policíacos,

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Samuel Morales logró eliminar sus antecedentes policiales en 12 días

Morales fue proclamado candidato a diputado por el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). A pesar de que enfrenta juicio junto a José Manuel Morales, hijo del presidente Jimmy Morales, en el caso Botín en el Registro de la Propiedad, pudo limpiar sus antecedentes a través de un trámite en la Policía Nacional Civil (PNC).

El MP investiga la forma en la que Morales pudo limpiar sus antecedentes, sobre todo, si hubo alguna ilegalidad en la forma en la que se hizo, ya que para hacerlo se requiere de una resolución judicial.

“El primer requisito -para la inscripción como candidato a cargo de elección popular- es presentar la carencia de antecedentes penales y policíacos. Y como ha habido tanta situación mediática en relación con un caso donde está relacionado él y el hijo del presidente, nosotros en todo caso al momento que se presente una solicitud de inscripción pediríamos una información al Ministerio Público o la Organismo Judicial para ver si se encuentra en un proceso y cuál es su situación jurídica”, dijo Guerra.

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El director dijo que no podía adelantar criterio debido a que aún no se ha presentado la solicitud de inscripción, si se llega a confirmar que está ligado a proceso penal.

El vocero de la PNC, Pablo Castillo, explicó que el 17 de enero pasado Morales presentó en la Secretaría General de la Policía la solicitud de eliminación de los antecedentes policiales. Ese mismo día la petición se trasladó al jefe de Secretaría de Asistencia Jurídica y se empezó análisis del expediente.

Liseth Gramajo, quien es la asesora legal de Samuel Morales, argumentó que consignar los antecedentes a su cliente violaba la presunción de inocencia y lo fundamentó en los artículos 12, 14 y 22 Constitucionales y el artículo 16 de la Ley del Organismo Judicial.

La PNC, validó los argumentos de la abogada de Morales. Sin embargo, el abogado Alejandro Rodríguez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) considera que lo que hizo la PNC es una interpretación “errónea”, por lo que validar los argumentos solo deja ver que en la Policía desconoce el proceso legal en el que está relacionado el hermano del mandatario por el caso Botín Registro de la Propiedad.

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Morales es nominado por el partido FCN-Nación que llevó a Jimmy Morales a la presidencia de Guatemala tras ganar en segunda vuelta electoral a la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, en 2015.

Sin embargo, la Constitución prohíbe a los guatemaltecos que estén ligados a proceso judicial por algún delito aspirar a algún cargo de elección popular.

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Pese a que el hermano del presidente enfrenta un debate por fraude en forma continuada en el caso Botín Registro de la Propiedad, en tan solo 12 días logró eliminar sus antecedentes policiales, lo que le permiten inscribirse en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como candidato a diputado en la segunda casilla para el Distrito Metropolitano por el partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

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El vocero de la PNC, Pablo Castillo, expuso que Morales solicitó la eliminación de sus antecedentes, y luego de un análisis jurídico, se determinó que sí cumplía con lo establecido y era procedente conforme al Procedimiento Administrativo de Cancelación de Antecedentes Policiales 19-2014.

La asesora legal del hermano del presidente es Liseth Gramajo y fue quien argumentó que consignarle los antecedentes a Morales violaba la “presunción de inocencia” y, además, su alegato lo fundamentó en los artículos 12, 14 y 22 Constitucionales y el artículo 16 de la Ley del Organismo Judicial.

La decisión de la PNC, que validó los argumentos de la abogada de Morales, no son del criterio del abogado Alejandro Rodríguez, analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG). Para él es “errónea” la interpretación legal, por lo que validar los argumentos de Morales solo deja ver que en la Policía se desconoce el proceso legal en el que está relacionado el hermano del mandatario por el caso Botín Registro de la Propiedad.

“En este caso -la eliminación de antecedentes a Morales- es erróneo que se le hayan quitado a él los antecedentes policíacos porque si bien es cierto que no ha tenido una sentencia, tampoco se le ha absuelto en el caso, entonces, esos antecedentes policíacos deberían de estar vigentes hasta que haya una sentencia absolutoria”, argumentó Rodríguez.

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El analista del ICCPG evidenció que los “antecedentes policíacos sí, muchas veces violan la presunción de inocencia, porque en algunas ocasiones las personas han sido exoneradas -condenadas absolutorias- y continúan vigentes los antecedentes”.

El hecho de que Morales apresuró limpiar sus antecedentes cobró fuerza luego de ser nominado como candidato a diputado por FCN-Nación, pero según el artículo 53 del inciso 7 del reglamento a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP), uno de los requisitos previos para poder inscribirse como candidato a un puesto de elección popular es que se necesita “la constancia de carencia de antecedentes policíacos, extendida por la Dirección General de la Policía Nacional Civil”.

Hay otro artículo que podría poner en duda la inscripción de Morales como candidato a diputado y es el artículo 113 constitucional, el Derecho a optar a empleos o cargos públicos: “Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez”.

Los argumentos

La asesora legal de Morales expuso tres artículos constitucionales para solicitar la eliminación de los antecedentes policíacos.

• Artículo 12. Derecho de defensa: “La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente”.
• Artículo 14. Presunción de inocencia y publicidad del proceso:  “Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados, en forma verbal o escrita, tienen derecho de conocer, personalmente, todas las actuaciones, documentos y diligencias penales, sin reserva alguna y en forma inmediata”.
• Artículo 22. Antecedentes penales y policiales: “Los antecedentes penales y policiales no son causa para que a las personas se les restrinja en el ejercicio de sus derechos que esta Constitución y las leyes de la República les garantizan, salvo cuando se limiten por ley, o en sentencia firme, y por el plazo fijado en la misma”:

Un artículo de la Ley del Organismo Judicial figuró entre los argumentos para desvaneces los antecedentes policíacos.

• Artículo 16. Debido Proceso:  “Es inviolable la defensa de la persona y de sus derechos. Ninguno puede ser juzgado por comisión o por tribunales especiales. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal seguido ante juez o tribunal competente y preestablecido, en el que se observen las formalidades y garantías esenciales del mismo; y tampoco podrá ser afectado temporalmente en sus derechos, sino en virtud de procedimiento que reúna los mismos requisitos”.

Eliminación de antecedentes

El vocero de la PNC, Pablo Castillo, explicó que el 17 de enero pasado Morales presentó en la Secretaría General de la Policía la solicitud de eliminación de los antecedentes policiales. Ese mismo día la petición se trasladó al jefe de Secretaría de Asistencia Jurídica y se empezó “análisis del expediente”.

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El 18 de enero pasado la Secretaría de Asistencia Jurídica recibió la solicitud. Un día después la secretaría emitió su opinión “procedente la cancelación de la anotación consignada en los antecedentes policiales”. El 19 de enero pasado se trasladó el expediente con la opinión emitida al Gabinete Criminalístico de la Subdirección de Investigación Criminal (SGIC) de la PNC. Seis días después La SGIC, Gabinete Criminalístico del departamento Dactiloscopia eliminó los antecedentes. El vocero de la Policía expuso que “no se borraron registros dactilares y otros datos en archivos físicos porque se mantienen en la base de datos policial”.

El expediente en el que se eliminaron los antecedentes policiales de Morales fue enviado al jefe de la Secretaría General de la Dirección General de la PNC el 26 de enero pasado.

La Secretaría General de la PNC entregó el 28 de enero pasado el expediente de cancelación de los antecedentes policiales a la asesora Gramajo.

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El hermano mayor del mandatario figura como precandidato a un escaño de los 160 que deben elegir los guatemaltecos en los próximos comicios.

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Morales es nominado por el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) que llevó a Jimmy Morales a la presidencia de Guatemala tras ganar en segunda vuelta electoral a la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, en 2015.

Sin embargo, la Constitución prohíbe a los guatemaltecos que estén ligados a proceso judicial por algún delito aspirar a algún cargo de elección popular.

El hermano del jefe de Estado está siendo procesado por un supuesto fraude en el Registro General de la Propiedad (RGP) de Guatemala en 2013.

En este caso también está implicado José Manuel Morales Marroquín, hijo del presidente guatemalteco.

El FCN-Nación tiene previsto proclamar este domingo a sus candidatos para la presidencia y vicepresidencia de Guatemala en los comicios generales de junio próximo.

Además del binomio presidencial, en las elecciones generales los guatemaltecos deben votar por 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y 340 corporaciones municipales para el periodo 2020-2024.

Según la convocatoria realizada el pasado 18 de enero por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), si ninguno de los candidatos a la primera magistratura obtiene el 50 por ciento más uno de los votos válidos emitidos, habrá una segunda vuelta electoral entre los dos más votados el 11 de agosto próximo.

El vencedor asumirá la presidencia el próximo 14 de enero en sustitución de Jimmy Morales.

En estos comicios por primera vez los inmigrantes guatemaltecos radicados en Estados unidos podrán votar por la vía electrónica, pero solo para presidente y vicepresidente.

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La testigo es Emily Meza Ayuso, hija de Emilia Ayuso, exdirectora del Registro de Información Catastral (RIC) y sindicada en el caso Cooptación del Estado, quien fue exasistente de la Jefatura de Compras del RGP durante el 2013.

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En su declaración, la mujer aseguró que desconocía quién pudo haber realizado las cotizaciones para el expediente de compra de las canastas navideñas, en el cual, por ley, debían realizarse tres.

“Desconozco quién hizo esta cotización”, le dijo Meza Ayuso al Tribunal. Añadió que sus superiores aprobaron estas compras. Con eso señaló a Edwin Ariel García Alvarado, subjefe de Compras y Adquisiciones, y Gustavo Azurdia Morales, jefe del Departamento de Compras y Adquisiciones, ambos también sindicados en el caso.

Meza Ayuso reconoció el expediente de compra que fue tramitado como una compra directa y adjudicado a la empresa Plus Espectáculos y Promociones, S.A., de la cual Samuel Morales es representante legal.

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La Fiscalía buscaba probar que José Manuel Morales manipuló las cotizaciones y de esta forma logró que los concursos fueran adjudicados a los padres de su entonces novia, Abdy Estrada de Orellana y Mario Estuardo Orellana López, y se beneficiaran económicamente.

De acuerdo con la investigación del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), José Manuel y Samuel están relacionados con tres eventos públicos, dos de los cuales nunca se llevaron a cabo, y el que sí se concretó fue el que permitió la compra de canastas navideñas.

El pago por este servicio fue entregado a Orellana López, aunque el desayuno nunca se hizo, pero el dinero sí sirvió para pagar parte de las canastas navideñas, de acuerdo con la investigación.

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En el segundo evento, en el que se solicitaron alimentos para 40 personas por Q89 mil 975 durante tres días por la presentación del plan operativo anual del RGP, las empresas Plus Espectáculos y Promociones y Hotel Barceló presentaron sus propuestas y resultó ganadora la primera, cuyo representante legal también es el hermano del mandatario. Esto también lo cobró Orellana López a pesar de que nunca se realizó el servicio, y la participación del hijo del mandatario fue haber presentado la propuesta de la empresa de su tío.

Por último, el Registro General de la Propiedad contrató a Plus Espectáculos y Promociones para entregar 564 canastas navideñas para los empleados por Q89 mil 958. La factura entonces sirvió para aparentar legalidad y que el padre de la exnovia de José Manuel Morales pudiera cobrar.

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Por un momento Morales Cabrera se quedó sin abogados durante la audiencia, pero luego asumió la defensa el profesional Óscar Poroj.

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Poroj también es defensor de Mario Orellana, exsuegro de José Manuel Morales.

Samuel Morales puede tener un abogado más durante el juicio, si así lo desea, y también puede acreditar otros por si hubiera más cambios en su defensa más adelante.

El debate oral y público se lleva a cabo en el Tribunal Décimo Tercero, el cual rechazó este martes cuatro medios de prueba documentales y un perito presentados por el Ministerio Público (MP).

Fernando Guerra, abogado defensor en el caso Botín Registro de la Propiedad, dijo a La Red que los documentos presentados por la Fiscalía sobre la compra de canastas navideñas no coinciden con lo que había ofrecido, por lo que no pueden ser incluidos como medios de prueba.

“Oficios con ciertos códigos no concuerdan, por lo que no existe certeza que sea el documento ofrecido y eso generaría un vicio dentro del procedimiento, por eso es la oposición de la defensa”, dijo.

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Pruebas

El Miniseterio Público (MP) ha adelantado que presentará 408 medios de prueba documentales, 12 peritos, 13 evidencias materiales y 98 testigos para demostrar la culpabilidad de más de 20 personas sindicadas de participar en el fraude en el Registro General de la Propiedad.

Samuel Morales enfrenta juicio por los delitos de fraude en forma continuada y lavado de dinero.