El informe anual del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), puso a Guatemala en el radar internacional, al señalar que aún no comparte información bancaria con fines fiscales, para una mayor transparencia.

La directora del Secretariado del Foro Global, Zayda Manatta, dijo en una entrevista a la agencia EFE en Lisboa, Portugal, que “Guatemala no tuvo una buena nota en su evaluación. “Nos cuentan que han hecho progresos, pero no hasta un punto que puedan solicitar un análisis suplementario”.

Y destacó que el tema del secreto bancario todavía es muy importante en el país y que específicamente, había una decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre que no se podía superar el secreto bancario para fines de intercambio de información, “así que esto es un obstáculo muy importante para nosotros”.

No obstante, indicó que la corte decidió levantar el secreto bancario, “pero como el foro no ha llevado a cabo una evaluación efectiva, esto no aparece representado en el informe”.

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Para efectos de la evaluación anual, el foro cuenta con dos mecanismos: uno por el que las autoridades fiscales de los países proveen, previa petición, cualquier información que pueda ser pertinente; y la otra, automática por la que envían cada año datos predefinidos.

La representante de la OCDE enfatizó que “al día de hoy, la mayoría de las naciones están dispuestas a intercambiar este tipo de datos, porque nadie puede ir al público y decir estoy a favor de la falta de transparencia, ya no es algo aceptable.

Interpretación

La posición de la OCDE está ha generado diversas reacciones. Esto, considerando que desde el 2019 -antes de la pandemia- el referido organismo internacional había señalado a Guatemala como “país no cumplidor en materia de transparencia fiscal”, cuando se hizo la evaluación y suspensión del temporal del artículo 30 “C” del decreto 6-91, Código Tributario, que fue suspendido temporalmente por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Poco después, se resolvió en definitiva respecto a que la autoridad tributaria puede tener acceso a la información bancaria de los contribuyentes por orden de juez competente en esa materia fiscal. De hecho, el artículo 30 de esa normativa, Información respecto de terceros, establece que, “en ejercicio de su función de fiscalización, la Administración Tributaria podrá requerir directamente de cualquier entidad o persona, ya sea individual o jurídica, incluyendo las instituciones vigiladas e inspeccionadas por la Superintendencia de Bancos, información referente a actos, contratos u otros hechos o relaciones mercantiles con terceros, generadores de tributos, siempre que no se viole la garantía de confidencialidad establecida en la Constitución Política de la República y las leyes especiales, el secreto profesional y lo dispuesto en este Código”.

Para Juan Carlos Zapata, director Ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y Abelardo Medina Bermejo, ex intendente de recaudación y fiscalización de la SAT, hay una lectura sobre lo expuesto por Manatta:

Medina recordó que desde hace algunos años, Guatemala se adhirió al Foro de Transparencia Global (FTG) de la OCDE, con el fin de atender los requerimientos de transparencia financiera y fiscal internacional y evitar, de esa forma, ser considerado un país no cooperante en materia de transparencia internacional y por lo tanto, una jurisdicción no apropiada para realizar inversiones, por su opacidad financiera (guarida fiscal).

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Y como parte de los compromisos adquiridos, cada Estado debe proceder a facilitar el intercambio de información con los otros Estados parte, tanto a requerimiento directo, como en forma automática, cuando se trata de atender información periódica.

“Lamentablemente, en Guatemala hay una visión distorsionada de lo que implica el secreto bancario, lo que ha impedido que la SAT pueda atender diferentes requerimientos de otras naciones, además de que aún no existen los cuerpos legales que le darían la factibilidad real a este mecanismo.

Por ello, dijo que el FTG evalúe a Guatemala como no cumplidor en materia de transparencia financiera internacional, lo que produce es que seamos vistos como un país opaco, que no coopera con la transparencia financiera y potencialmente como un destino no apropiado para las inversiones del mundo, debido a la opacidad.

“En todo caso, que el FTG siga calificando a Guatemala, luego de varias oportunidades, como no cooperante, nos demuestra que los esfuerzos que se han realizado no han sido suficientes para lograr que el país sea bien visto en el concierto de naciones, como un territorio apto para las inversiones y para la cooperación internacional”.

Cambiar posición

Zapata consideró que es importante el hecho de que el Foro no ha llevado a cabo una evaluación efectiva sobre el tema del levantamiento del secreto bancario, por lo que no aparece representado en el informe; cuando eso suceda, la evaluación puede cambiar.

Pero hizo la salvedad de que Guatemala debe invertir más en el intercambio de información para fines fiscales, especialmente a través de la digitalización de procesos. “Por ello es importante reconocer que el progreso hoy no es uniforme, pues hay países que están mucho más avanzados y hay otros que hoy están comprometidos”.

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Por otro lado, se indicó que a pesar de que Guatemala tiene suscritos varios Acuerdos de Intercambio de Información con otros países del mundo, en la práctica no funciona ninguno; “no por falta de esfuerzos diplomáticos, sino porque las autoridades financieras y fiscales no han logrado que en el Congreso de la República se realicen los cambios legales necesarios para avanzar en los procesos correspondientes”.

También, aunque se ha avanzado en la posibilidad de determinar los beneficiarios finales de las empresas, así como garantizar que todas las acciones que se emitan sean nominativas, los mecanismos de control y el suministro de información son muy limitados y las sanciones por falta de cumplimiento siguen siendo muy débiles.

Sobre este tema se solicitó una postura institucional a la unidad de comunicación de la Superintendencia de Administración tributaria (SAT), pero al cierre de nuestra edición, no había una respuesta.

¿Por qué el interés de la OCDE?

A los consultados se les preguntó: Desde el punto de vista tributario, ¿por qué es de interés la posición de la OCDE para Guatemala en este tipo de evaluación anual?, a lo que Zapata respondió: “La transparencia es clave para la atracción de inversiones.  Nuestro país tiene el enorme reto de combatir la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos, especialmente porque 70% de nuestra población económicamente activa trabaja en la informalidad.  Adicionalmente, se necesita aprobar más acuerdos para evitar la doble tributación.

Medina enfatizó que aunque los controles de tributación internacional y dentro de ellos los asociados al manejo abusivo de Precios de Transferencia en el país son muy incipientes, el intercambio de información con otras jurisdicciones permite conocer apropiadamente la valoración de las transacciones que se realizan con otros países, a fin de determinar apropiadamente los precios de las operaciones de comercio internacional y también de ingresos y pagos por operaciones externas (por eso, a los otros países les interesa conocer los datos que hay en Guatemala, respecto a sus residentes).

“Sin embargo, aunque es muy importante para el ámbito tributario, lo más preocupante en la actualidad es que Guatemala sea vista como un país opaco en materia de transparencia, lo que produce que haya menos inversionistas interesados en el país, porque obviamente no quieren que en el futuro la localidad en que estén ubicados sus recursos, sea sancionada por ser no cooperante”.

Visión 2024

Los especialistas también brindaron una expectativa de lo que pueda ocurrir en la próxima evaluación del 2024, ya con nuevas autoridades electas.

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Al respecto Zapata enfatizó: “para el Ministerio de Finanzas debe ser una prioridad mejorar el intercambio de información, destinar recursos y capacitar a más personal en esa tarea.  Latinoamérica perdió el equivalente al 6.1% del PIB de la región debido a los incumplimientos tributarios.  Guatemala necesita crear unidades específicas y la asignación de recursos para personal, formación y herramientas técnicas.

Según Medina, el problema no es fácil de resolver, dado a que tanto la élite financiera y económica, así como diversos cuadros del Gobierno manifiestan una natural renuencia a que exista la posibilidad de conocer sus transacciones reales en el sistema financiero, lo que le permitiría a la SAT tener mejores resultados recaudatorios. Debido a esta situación, el país no está atendiendo los requerimientos que otras administraciones tributarias del mundo le realizan y por ende, el país se considera opaco”.

A su criterio, los primeros pasos giran en torno a flexibilizar los mecanismos para que la SAT tenga acceso a la información bancaria para atender los requerimientos planteados, así como crear los mecanismos necesarios para tener un apropiado control de las acciones nominativas, los beneficiarios finales de las empresas y otros mecanismos que han sido dispuestos por la OCDE.  “Resolverlo para tener una mejor calificación en el corto plazo es difícil, pero si no se hace, pronto Guatemala podría empezar a ser vista internacionalmente como una guarida fiscal”.

Con información de EFE

De 2020 hasta septiembre de 2022, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha presentado ante juzgados competentes en materia tributaria unas 400 solicitudes de información bancaria con fines tributarios, relacionadas con contribuyentes sospechosos de haber incurrido en infracciones o comisión de ilícitos.

Desde el 2020, la SAT comenzó a hacer uso de la posibilidad de obtener información bancaria en poder de diferentes entidades fiscalizadas o no por la Superintendencia de Bancos (SIB), como los bancos, cooperativas y entidades de microfinanzas, mediante orden de juez.

Aunque la Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y Gobernanza de la SAT, Decreto 37-2016, cobró vigencia en 2017, la SAT no pudo hacer uso de esa herramienta legal, luego de que en agosto de 2018, la Corte de Constitucionalidad (CC), suspendiera provisionalmente el artículo 30 “C” del Código Tributario, que levanta el secreto bancario con fines tributarios.

Fue hasta un año después, en agosto del 2019, cuando la CC falló en definitiva que revocaba la suspensión de ese artículo, introducido como reforma al Código Tributario mediante el artículo 52 de Decreto 37-2016.

De ahí, que hasta en el 2020, la SAT pudo presentar las primeras solicitudes de acceso a información bancaria de contribuyentes en el contexto de los programas de auditoría tributaria, según Ana Luisa Parada, intendente interina de Fiscalización.

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Por la vía judicial

De acuerdo con Parada, alrededor del 30% de las 50 mil acciones de fiscalización a contribuyentes que realiza la SAT cada año, requieren de acceso a información bancaria. Sin embargo, la mayoría de los casos se resuelve administrativamente, y son muy pocos los que ameritan el levantamiento del secreto bancario por la vía judicial.

En 2020, la SAT presentó 50 solicitudes de acceso a información bancaria ante juzgados. “Recién se podía hacer uso de la herramienta y llegó la pandemia, por lo que fue un año atípico”, justificó la intendenta interina, quien agregó que, en 2021, fueron poco más de 100 solicitudes, pero hasta septiembre de este año, suman 250 los requerimientos ante juez.

“Parece poco, pero lo que está sucediendo es que los contribuyentes, cuando ven una auditoría, voluntariamente entregan su información financiera, por lo que tenemos acceso sus inventarios de cuentas bancarias, a los movimientos transaccionales de ingresos y egresos o la documentación de respaldo de sus compras y ventas, por lo que no hay necesidad de recurrir a una petición judicial, a menos que detectemos que se busca ocultar información, en detrimento del fisco”, explicó Parada.

De las 250 solicitudes este año, un 50% se encuentra en auditoría, 30% está pendiente de recibir la información de bancos o entidades financieras, mientras que para el restante 20% aún se espera resolución judicial.

Aunque la ley establece que el juzgado tiene hasta tres días a partir de la recepción de la solicitud, para resolver si autoriza el acceso a la información bancaria, e igual número de días para notificar tanto a la SAT como a las entidades financieras, Parada señaló que este proceso demora en la actualidad cerca de dos meses.

Asimismo, aunque las entidades están obligadas a proporcionar la información al ente recaudador en no más de ocho días, se tardan entre dos y tres meses para remitir lo solicitado.

Mayor recurrencia

De acuerdo con información de la SAT, en tres de sus programas de fiscalización se concentran los casos en los que se requiere este tipo de información, los cuales involucran principalmente al comercio y la prestación de servicios profesionales.

El primer programa se refiere a control de facturación. En este caso, la SAT observa el movimiento comercial de los consumidores y compara que esté congruente con su facturación. Esto se logra a partir del acceso a la Factura Electrónica en Línea (FEL), que permite ver la facturación de comercios en tiempo real.

El segundo programa tiene que ver con el valor del comercio exterior y la SAT compara el volumen de las importaciones y el valor reportado; cuando detecta una subvaluación de los productos, requiere la información bancaria. “Porque hemos detectado casos donde contribuyentes, a través de otras cuentas bancarias que no tienen registradas ante la SAT, hacen el ajuste del valor del producto importando”, explicó la funcionaria.

El tercer programa detecta estructuras complejas y “aquí es donde los contribuyentes quieren quebrar la renta, pues son ellos mismos los dueños de todas las empresas y lo que hacen es una triangulación de los ingresos. En estos casos, se realizan fiscalizaciones posteriores y auditorías de tributación interna”.

De acuerdo con Parada, de todos los casos, hay dos relacionados con la triangulación de ingresos, que muy probablemente serán denunciados penalmente, para que el Ministerio Público (MP) se encargue de determinar la posible comisión de algún delito.

Fiscalización y resultados

Recientemente, el superintendente de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz, informó que la SAT desarrolla un plan de fiscalización integrado por 18 programas que ejecutan procesos de verificación para reducir el incumplimiento tributario y propiciar la gestión del cobro de los tributos.

A julio de 2022 se habían realizado 55 mil 285 auditorías, basadas en fuentes de información interna y externa, así como con el uso de herramientas electrónicas. Dentro de todos estos programas entran los requerimientos de acceso a la información bancaria.

Este plan prioriza la fiscalización a posteriori del comercio exterior basada en la gestión integral del riesgo y la que se realiza con base en estudios sectoriales y procedimientos de auditoría para mejorar el análisis por los cruces de información generada por el Gobierno de Datos y el Índice de Presión Tributaria (IPT).

Como parte de las medidas administrativas ejecutadas por la Intendencia de Fiscalización y programación de auditorías, el plan tiene un efecto impositivo y a julio pasado se habían recaudado Q225 millones, de los cuales Q133.26 millones se percibieron a través de acercamientos con los contribuyentes para la resolución de conflictos tributarios.

Según la SAT, entre los 18 programas destacan la fiscalización de las adquisiciones y transferencias de Factura y Declaración Única Centroamericana; auditoría de clasificación arancelaria; contribuyentes tránsfugas; cruce dentro de gobierno de datos; precios de transferencia; proveedores del Estado; estudios a sectores económicos; y auditorías a subdistribuidores.

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Tipologías de evasión

A partir de los programas de fiscalización, la SAT ha identificado una serie de tipologías a través de las cuales, los contribuyentes o sus asesores fiscales promueven el incumplimiento tributario.

Destacan las relacionadas con la compraventa de bienes inmuebles, como cuando la escritura de compraventa registra una transacción que no ha sido pagado, pero existe  una hipoteca por un monto superior a lo escriturado.

Otra modalidad es el fraccionamiento de la compraventa, pues por un lado, se registra un monto realizado en efectivo y adicionalmente hay una hipoteca, que en realidad forma parte de la transacción en su conjunto. O cuando en la escritura de compraventa existe un enganche en efectivo o transacción bancaria, además de un monto pendiente de pago, pero también existe una hipoteca que resulta ser un complemento de la operación.

La SAT también ha identificado al menos cinco tipologías de comportamiento indebido de contadores, asesores y empresas relacionadas, que a través de malas prácticas buscan pagar menos al fisco. Los comportamientos son:

• Malas prácticas recurrentes.
• Contadores que son registrados por las empresas, pero sin su autorización o consentimiento.
• Contador y sociedades ubicadas en zonas rojas, para evitar fiscalización y auditorías.
• Contadores fallecidos registrados en empresas y sociedades y que tienen alto número de transacciones.
• Asesores contables que recomiendan procedimientos inadecuados.

Para cada una se han detectado diferentes tipos de comportamiento, como omisiones de declaración o presentadas con valor cero; transacciones y facturaciones para crear créditos fiscales falsos que son utilizados por empresas con operaciones reales; y gastos sin respaldo.

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La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informó que, tras el cruce de información con el Registro General de la Propiedad y el sistema bancario, se detectaron varias modalidades de evasión del impuesto sobre la renta (ISR) en lo referente a la tasa impositiva de 10% sobre las ganancias de capital en la compraventa de bienes inmuebles.

Marco Livio Díaz, titular de la SAT, explicó que se identificó lo que se denomina tipología de incumplimiento del pago de impuestos en la compraventa de propiedades: hipoteca; escritura más hipoteca, enganche más hipoteca y propiedades de alta plusvalía.

En el primer caso, el inmueble se registra a un menor costo en la escritura de compraventa, mientras que la hipoteca se formaliza ante un banco por un monto superior que no se reporta, para efectos de la determinación del impuesto.

O sea que, en este escenario, la escritura de compraventa indica que la transacción es por un monto determinado, el cual no ha sido pagado. No obstante, existe una hipoteca ante un banco, formalizada en escritura pública y que forma parte de los documentos de intercambio con el Registro General de la Propiedad (RGP), pero esta hipoteca es por un monto superior a la transacción que obra en la escritura pública de compraventa.

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En cuanto al enganche más hipoteca, la transacción se fracciona y se reporta la transacción. Sin embargo, se omite la hipoteca, para evitar el ajuste del pago del impuesto correspondiente. Es decir, que según el documento de compraventa, esta se realizó por un monto que el vendedor recibió en efectivo a su entera satisfacción, pero adicionalmente existe una hipoteca ante un banco, formalizada en escritura pública que, según el análisis realizado, forma parte de la transacción en su conjunto.

Y en el tercer caso, enganche más hipoteca, el incumplimiento en el pago del impuesto se produce cuando se registra únicamente el enganche y no se reporta la hipoteca formalizada ante el banco, como complemento de la transacción.

O sea que existe un enganche en efectivo o transacción bancaria, además de un monto pendiente de pago, pero también está una hipoteca ante un banco, que no se reporta.

Según Díaz, el ente recaudador también está fiscalizando las propiedades de alta plusvalía, a través de la información bancaria, aunque están pendientes los resultados.

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Asimismo, dijo que los primeros hallazgos son de transacciones entre personas, pero están realizando estudios sectoriales a nivel de desarrolladoras, inmobiliarias y constructoras, aparte de investigar a posibles estructuras de abogados detrás de las legalizaciones mencionadas.

Resultados

La Intendencia de Recaudación informó que, en el 2021 y lo que va de 2022, la SAT detectó 154 casos de este tipo y logó el cobro de Q6.8 millones. Y a través de una delegación fiscalizadora en el RGP, se identificaron 3 mil 46 casos con pago voluntario, lo que permitió la recaudación de otros Q53.8 millones.

“Eso ya se veía venir desde el 2017, cuando se levantó el secreto bancario. Hoy, la SAT tiene en sus manos una herramienta, que es pedir a un juez el acceso a movimientos bancarios con fines tributarios, de cualquier persona que venda un inmueble”, opinó el experto tributario Óscar Chile Monroy.

A su juicio, la recomendación para quienes intervienen en una compraventa de inmuebles, es que lo hagan por su valor real, pues quienes incurran en este tipo de incumplimientos, también deben responder administrativamente ante la SAT y una posible acción penal por defraudación fiscal.

Las autoridades también indicaron que, si se detectan incumplimientos o irregularidades, dependiendo de cuáles se trate, podrían efectuar diversas acciones de seguimiento incluso hasta solicitar información de los contribuyentes al sistema bancario.

Además, este año los auditores llevarán un sistema denominado Fiscalizaciones Electrónicas (Fisel) que ayudarán a tener mejores controles a contribuyentes que usen Facturas Electrónicas en Línea (FEL), con el cual podrán tener detalles de negocios y establecimientos y verificar la cantidad de facturas emitidas en los últimos 14 días para determinar si hubo cambios en el comportamiento de la facturación.

Las verificaciones en general (usen o no FEL) incluirán a negocios formales e informales, ya que se revisará si están inscritos como contribuyentes; el cumplimiento en la emisión de facturas; si estas y las máquinas registradoras están autorizadas y vigentes; si cuentan con papelería de soporte por la adquisición o importación de los productos; y otros detalles.

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Entre otros sectores, se visitarán centros comerciales, relojerías perfumerías joyerías, ventas de frutas de la época (manzana, uvas) y de árboles naturales, fuegos artificiales, almacenes de ropa, zapaterías, salones de belleza, ventas de electrónicos, de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles.

También se incluirá a restaurantes, ya que según el intendente de fiscalización, Óscar Hernández, muchos espacios ya están reservados para convivios y reuniones sociales y empresariales.

La campaña de fiscalización inició el 13 de noviembre y se prevé que finalizará el 31 de diciembre próximo.

Entre los detalles que analizan están:

• Análisis de sectores con mayor riesgo de no facturación.
• Cruce de información con tarjetas de crédito
• Uso de fiscalización electrónica (Fisel).
• Comparación de ventas facturadas con las declaraciones del impuesto al valor agregado (IVA).
• Se solicitará información bancaria de contribuyentes que representan riesgo o no declaren adecuadamente sus ventas.

Si los negocios no facturan, se solicitará un cierre temporal de 10 a 20 días con orden de juez o se aplicarán multas. Y si posteriormente, al revisar las declaraciones del IVA se  detectan inconsistencias o un comportamiento diferente en la facturación solo cuando hay presencia de la SAT, se usará la facultad de pedir información bancaria del contribuyente para determinar ingresos por ventas no reportadas. También se cobrarán impuestos no pagados, entre otras acciones, indicó el superintendente, Marco Livio Díaz.

Operativos electrónicos y físicos

Con el nuevo sistema Fisel se puede establecer si las facturas son reales, y si lo facturado coincide con el inventario. Al finalizar la verificación se graba la presencia fiscal: si es favorable, solo se registra la presencia; si se estableció que no estaba inscrito o que no emite facturas, se suscribe el acta correspondiente ante un órgano jurisdiccional.

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Por otro lado, continuará la fiscalización del comercio electrónico y ventas en redes sociales, ya que han detectado que muchos vendedores no facturan. La verificación ha sido directa o incluso, haciéndose pasar por comprador, dijo Hernández.

• En el 2020 no se realizaron fiscalizaciones masivas debido a la pandemia. Mientras que el fin de año del 2019 se efectuaron 23 mil verificaciones y fueron sancionados 81 contribuyentes por infracciones a las obligaciones formales.
• Este año reiniciaron los operativos en restaurantes, bares y discotecas que realiza la comisión interinstitucional con la Policía Nacional Civil (PNC) con los ministerios de Salud y de Trabajo, por lo que han efectuado 36 revisiones mensuales y el 90% presenta incumplimientos.
• En la fiscalización masiva de Semana Santa del 2021, se verificaron 15 mil 200 negocios y se aplicaron 116 sanciones, detectando mayor incumplimiento tributario en restaurantes, discotecas y tiendas de consumo, por lo que se emitieron 75 actas administrativas para cierre de negocios, multas por infracciones tributarias y se presentarán 77 solicitudes de información bancaria.

Díaz dijo que, gracias a las acciones realizadas, se ha logrado elevar el monto de recaudación y ha aumentado la percepción de riesgo porque se usa la nueva metodología de fiscalización basados en sectores.

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A través de la fiscalización directa se obtenían en años pasados alrededor de Q50 millones de ingresos; este año esperan llegar a Q308 millones y en el 2022, a Q350 millones.

Se requerirá información bancaria haciendo uso de las facultades de excepción de secreto bancario para obtener la información de quienes presenten problemas en emisión de facturas, pólizas o soportes de compras, indicó Díaz.

En vivo auditores de SAT muestran la nueva herramienta FISEL (Fiscalizaciones Electrónicas) pic.twitter.com/giyhPdiHSN

— SAT Guatemala (@SATGT) November 17, 2021

Francia tenía hasta ahora en ese listado de países a los cuales califica como “no suficientemente cooperativos en materia de transparencia financiera” a Guatemala, así como a Panamá, Botsuana, las Islas Marshall, Niue, Nauru y Brunei.

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“Nuestra lista es más dura que la de la Unión Europea”, dijo en el semanal “Le Journal du Dimanche” (JDD) Darmanin, la víspera de que el Tribunal de Cuentas publique este lunes 2 de diciembre su informe sobre fraude fiscal.

En la lista negra del bloque comunitario europeo hay ocho jurisdicciones: Samoa Americana, Fiji, Guam, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Vanuatu.

La OCDE, la otra evaluación que enfrenta el país

En tanto en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), Guatemala salió en el 2017 de la lista de países no cooperantes en transparencia fiscal, sin embargo, la entidad anunció en ese entonces que las evaluaciones continuarían.

En esa ocasión se indicó que la decisión permitiría al país recobrar su credibilidad internacional y su compromiso a cumplir con los estándares mundiales de transparencia fiscal. El cambio en la evaluación se logró con medidas como la nueva Ley Orgánica de la SAT y la liberación del secreto bancario para fines de investigación fiscal.

Sin embargo, en julio del 2019 la OCDE volvió a catalogar a Guatemala como país “no cumplidor” en transparencia fiscal.

La decisión de la organización se basó en la suspensión temporal del artículo 30 “C” del decreto 6-91 del Código Tributario por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC) en agosto del 2018.

El artículo en mención permite agilizar el acceso de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a datos bancarios y financieros de personas y empresas, aunque mantiene la necesidad de contar con una orden de juez.

El 3 de agosto del 2019 se cumplió el primer año de la suspensión provisional, sin embargo días después de la decisión de la OCDE, el 6 de agosto, la CC revocó su decisión.

La implementación de la normativa se retomó hasta esta la última semana de noviembre ya que fue hasta el 26 de noviembre que se publicó la resolución de la Corte en el Diario Oficial.

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Abel Cruz, superintendente de la SAT informó que ayer salió publicada la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) que libera el secreto bancario, con este último procedimiento la entidad fiscalizadora podrá empezar a gestionar trámites de expedientes.

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El pasado 6 de agosto la CC revocó la suspensión provisional del “artículo 30-C”, por lo que el administrador tributario podrá de nuevo acceder a la información bancaria de los contribuyentes.

La acción de inconstitucionalidad fue planteada por la empresa Escalas Mercantiles Innovadoras, S.A. y la sentencia final fue publicada el lunes 25 de noviembre del presente año en el Diario de Centro América.

Esto faculta a la SAT verificar que los ingresos bancarios de una persona o empresa coincidan con sus declaraciones tributarias.

Plantearán estrategia

Cruz dijo que el directorio de la SAT conocerá la estrategia para solicitar información bancaria de contribuyentes a los juzgados correspondientes, con el propósito de establecer objetividad y transparencia en los casos.

La Intendencia de Asuntos Jurídicos trabaja en al menos 30 expedientes en los que podrá requerir información bancaria y financiera porque existe “duda razonable” de operaciones que ameriten un proceso de investigación y siempre que se solicite con propósitos tributarios ante el juez competente.

Sin embargo, adelantó Cruz, que no empezarán los trámites hasta que el Directorio apruebe el nuevo procedimiento que estará a cargo de la Gerencia de Investigación Fiscal de la SAT.

“Es un procedimiento normal, pero es mejor dejarlo bien establecido para evitar malas interpretaciones”, expresó el superintendente.

Las autoridades de la SAT esperan que de aquí a diciembre del presente año ya puedan arrancar con los procedimientos y solicitudes ante los juzgados.

Cruz planteó que la herramienta permite recuperar los espacios de fiscalización y que van a actuar conforme a derecho y a lo que estable la CC.

El Intendente Jurídico de la SAT, Manuel Mejicanos Jiménez dijo en septiembre pasado durante un foro que organizó AmCham sobre las perspectivas de la administración tributaria y el secreto bancario, que “los principales temores o inquietudes planteadas” por los empresarios radican en que se observen mecanismos legales que garanticen “el resguardo de la información confidencial”, con motivo del levantamiento del secreto bancario que se aprobó en el 2016 y que pronto cobrará vigencia.

La liberación del acceso a la información bancaria de los contribuyentes, que además facilita la vigilancia de las transacciones de las empresas, “es una tendencia mundial de transparencia y de transparencia fiscal que cumple parámetros internacionales”, enfatizó en esa ocasión el funcionario de la SAT.

¿Qué hace la Gerencia de Investigación Fiscal?

El sitio web de la SAT describe a la Gerencia de Investigación Fiscal (GIF) como la dependencia encargada de coadyuvar a la reducción de la evasión fiscal, defraudación tributaria y aduanera, contrabando y delitos relacionados, proporcionando direccionamiento integral en acciones de la Administración Tributaria, para fortalecer y transparentar los procesos de fiscalización.

Con fecha 27 de julio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial el Acuerdo de Directorio No. 007-2007 y sus reformas. Estos son algunos puntos:

El artículo 8 inciso 8) establece que corresponde la Función de Control Interno y Externo a las dependencias responsables de evaluar, vigilar y verificar los sistemas financieros, administrativo y de control interno; investigar y controlar la gestión administrativa y operativa de los funcionarios y empleados de la SAT, así como recopilar, analizar y procesar la información relativa a los procesos de investigación fiscal de los contribuyentes, responsables y terceros.  Las dependencias que realizan estas funciones son:

• Solicitud de información
• Auditoría Interna
• Gerencia de Asuntos Internos y
• Gerencia de Investigación Fiscal (verificación de la existencia física de negocios, domicilios fiscales, actividades comerciales).

Existe un área que solicita información a nivel internacional a través del convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que también podrán solicitar información a la SAT.

En el artículo 30 ter Establece que la Gerencia de Investigación Fiscal es la dependencia encargada de coadyudar a la reducción de la evasión fiscal, defraudación tributaria y aduanera, contrabando y delitos relacionados, proporcionando el direccionamiento integral en acciones de la Administración Tributaria, para fortalecer y transparentar los procesos de fiscalización.

Entre sus funciones relevantes están:

• Recolectar información de bases de datos relacionadas con los contribuyentes, de los órganos y dependencias que integran la estructura organizacional de la SAT, así como datos financieros oficiales de entidades nacionales e internacionales.
• Analizar las actividades económicas por sectores orientadas al combate de la evasión y defraudación.
• Analizar las tendencias en los distintos impuestos.
• Promover convenios, enlaces interinstitucionales e intercambio de información que permitan una gestión oportuna eficiente y eficaz.
• Realizar investigaciones de campo.
• Coordinar de forma interinstitucional la implementación de operativos conjuntos derivados de las investigaciones efectuadas.

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Waleska Sterkel, directora ejecutiva de AmCham, expuso que Guatemala debe asumir este tipo de legislaciones para que el país no sea considerado de manera negativa como un “paraíso fiscal”, aunque aclaró que la entidad empresarial estará vigilante para que se respete el debido proceso y confidencialidad de los contribuyentes.

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La nueva disposición, que entrará en vigor en las próximas semanas, establece que la SAT podrá requerir información bancaria y financiera cuando exista “duda razonable” de operaciones que ameriten un proceso de investigación y siempre que se solicite con propósitos tributarios ante el juez competente.

SAT: “Es transparencia fiscal”

Por su parte, el Intendente Jurídico de la SAT, Manuel Mejicanos Jiménez, aseguró en el foro de AmCham sobre las perspectivas de la administración tributaria y el secreto bancario “a la luz de la sentencia” de la Corte de Constitucionalidad (CC), que declaró sin lugar la acción promovida contra el “artículo 30-C” del Código Tributario.

El funcionario reconoció ante los socios de AmCham que la reunión con los empresarios fue “muy fructífera”, pues permitió “despejar dudas sobre la aplicación y operatividad del procedimiento establecido en el “artículo 30-C”  del Código tributario, y el rol de la SAT que como corresponde  procederá de acuerdo con un principio de legalidad”.

Mejicanos Jiménez precisó que “los principales temores o inquietudes planteadas” por los empresarios radican en que se observen mecanismos legales que garanticen “el resguardo de la información confidencial”, con motivo del levantamiento del secreto bancario que se aprobó en el 2016 y que pronto cobrará vigencia.

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La liberación del acceso a la información bancaria de los contribuyentes, que además facilita la vigilancia de las transacciones de las empresas, “es una tendencia mundial de transparencia y de transparencia fiscal que cumple parámetros internacionales”, puntualizó el funcionario de la SAT.

El pasado 6 de agosto la Corte de Constitucionalidad, revocó la suspensión provisional del “artículo 30-C”, por lo que el administrador tributario podrá de nuevo acceder a la información bancaria de los contribuyentes.

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La posibilidad de que se impugne de nuevo el instrumento que permite a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) acceder a información bancaria de los contribuyentes, es latente.

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Tanto el superintendente Abel Cruz Calderón, como analistas, fiscales y especialistas en derecho, consideran que una vez cobre vigencia la medida que reactiva las solicitudes de información bancaria con fines de fiscalización, se puede volver a plantear una inconsistencia similar.

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“Estamos esperando que se publique en el Diario de Centro América la sentencia para empezar los planes, pero aún debemos esperar si no se acciona de nuevo con un amparo u otra impugnación”, advirtió el superintendente.

La misma postura reflejó el intendente Jurídico de la SAT, Manuel Mejicanos, quién resaltó que esa posibilidad existe, “pero no se puede atacar con el mismos argumento”.

De fondo

Para el auditor y especialista en derecho tributario Miler Estrada, el recurso de inconstitucionalidad fue mal planteado y los magistrados de la CC no se fueron al fondo del asunto: la protección del contribuyente.

En este sentido, el contribuyente tiene derecho a estar informado de que es investigado por temas fiscales por la SAT.

Es decir, según Estrada, la resolución de la CC no trató el hecho de que las investigaciones “se hacen a escondidas del contribuyente” sin tomar en cuenta los principios que rigen el derecho administrativo y tributario que garanticen el derecho de defensa y al debido proceso.

“La SAT está realizando un proceso de investigación que no debe ser a espaldas de los contribuyentes y cuenta con todas las herramientas –independientemente– de si se cumplió o no con las obligaciones tributarias y no hay nada de malo que se informe a la persona”, aseveró Estrada.

El mismo criterio plantean los analistas tributarios Juan Carlos Paredes y Óscar Chile Monroy, que nuevamente, confirman que se ejecutarán las auditorias a los tributantes sin estos conocer que son objeto de investigación.

A la SAT no le causa “ningún perjuicio” que se informe al contribuyente que debe ser informado sobre un proceso de investigación, opinaron.

“Toda duda razonable la SAT se puede investigar con el acceso a la información bancaria por parte de un juez, de las operaciones comerciales, que generen impuestos y con los estados de cuentas se pueden hacer cruces para confirmar si hay o no algún indicio de defraudación, falta de pago de impuestos o que se tengan impuestos y no se estén facturando”, citó Paredes.

En todo caso, explicó que se mantiene el proceso para que la SAT (por medio de la Gerencia de Investigación Fiscal) pueda acudir a juez para hacer las solicitudes.

Chile Monroy destacó que sería interesante saber qué va a pasar cuando sea publicada la sentencia, se comience a aplicar el instrumento y, si será sometido a recursos por parte de contribuyentes.

El intendente Mejicanos subrayó que los requerimientos de información bancaria se realizan a solicitudes de otras intendencias como la de Fiscalización, Recaudación, Jurídica y Aduanas, en aquellos procesos en los cuales se genera dudas razonables de los contribuyentes, o sus niveles de riesgo.

El superintendente dijo que cuando cobre vigencia la medida se estarían aplicando nuevos modelos de trabajo.

La gerencia de investigación fiscal fue creada por el exsuperintendente Juan Francisco Solorzano Foppa, quien también fue fiscal del Ministerio Público.

Alternativas

Los analistas consultados recomendaron que una de las alternativas es hacer reformas al reglamento y normar la parte donde el contribuyente no conoce o sabe que es sujeto a una investigación.

“Ahí tiene ventaja la SAT y lo ideal es que se pueda informar o brindar un aviso al contribuyente que es investigado”, agregó Estrada.

Paredes y Chile Monroy coinciden en que hacer una reforma al reglamento lleva su tiempo, y en todo caso, que la SAT pueda brindar un “aviso” que el contribuyente este sujeto a una investigación, que es un criterio que puede resolverse.

Por el momento, el superintendente declaró que podrían darse cambios o ajustes a los procedimientos, pero eso se conocerá por medio un plan no antes de que sea publicada la sentencia por la CC.

Papeles en orden

Lo que sí recomendaron los consultados a los contribuyentes es ser ordenados en el manejo de sus cuentas en el sistema financiero.

Es decir, separar las cuentas personales y las mercantiles.

“Es muy común que muchos contribuyentes hacen una mezcla de sus cuentas bancarias del negocio con sus personales y eso ya no puede seguir así, porque puede generar ajustes”, declaró Chile Monroy.

Añadió que una operación personal, que no esté documentado y que sea detectada podría interpretarse como un giro que la SAT pueda procesarla.

Estrada dijo que anteriormente y finalizada la auditoria se solicitaban la información bancaria de los contribuyentes, pero ahora el movimiento es distinto y cuando se empieza la auditoria también se hace el requerimiento de información al juez.

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Además, dijo Estrada, la SAT también podría detectar posibles casos de lavado de dinero y denunciarlos a la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

“Los contribuyentes deben transparentar todos sus procesos, ser disciplinados y ordenados para evitar inconvenientes si llegan ser sujetos a auditorias”, agregó Paredes.

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¿A quiénes puede investigar la SAT?

Sin embargo, esto no quiere decir que la SAT podrá tener el acceso bancario de “todos” los contribuyentes, al contrario, deberá basarse en un plan anual y justificar ante un juez competente la razón por la que solicita el acceso a ese tipo de información, explicó Juan Francisco Solórzano, exsuperintendente de la entidad recaudadora.

Por lo tanto, la GIF debe publicar los planes de fiscalización, porque la gerencia por sí misma no puede decidir a quién investigará, sino que actuará por solicitud de otras gerencias o intendencias donde se elaboran planes específicos para un sector.

Por ejemplo, en años anteriores se realizaron fiscalizaciones a colegios privados, personas que trabajan o trabajaron en organismos internacionales, también por el pago del Impuesto de Circulación de Vehículos, son planes específicos donde la SAT determina a qué sector de la economía o industria estará fiscalizando, en base a ellos, se llevan a cabo las solicitudes correspondientes, refirió Solórzano.

Una vez obtenida la información no se puede divulgar y la institución bancaria debe entregarla bajo la reserva de confidencialidad.

También, existe una oportunidad para las personas que se encuentran en el sector informal y encuentren la asesoría para poder pasar hacia la formalidad de la economía y formar parte de las personas que tributan.

“Si una persona está al día, cumple con el pago de sus impuestos, no tiene por qué temer, no es una fiscalización aleatoria, solo cuando hay una duda razonable con estrictos controles“, reiteró el exfuncionario.

Solórzano afirmó que la SAT viene trabajando en resguardar la información bancaria de una manera adecuada. También, ha fortalecido sus procesos de controles internos, se creó en el mismo acuerdo de la GIF la Gerencia de Asuntos Internos que permite hacer investigaciones de malos funcionarios.

Por ejemplo, este 7 de agosto capturaron a un trabajador de la institución por una denuncia que un ciudadano presentó ante el Ministerio Público desde hace dos años. “En ese sentido la denuncia ciudadana ayuda a depurar a los malos funcionarios”, enfatizó el profesional.

¿Qué hace la gerencia?

El sitio web de la SAT describe a la Gerencia de Investigación Fiscal (GIF) como la dependencia encargada de coadyuvar a la reducción de la evasión fiscal, defraudación tributaria y aduanera, contrabando y delitos relacionados, proporcionando direccionamiento integral en acciones de la Administración Tributaria, para fortalecer y transparentar los procesos de fiscalización.

Con fecha 27 de julio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial el Acuerdo de Directorio No. 007-2007 y sus reformas. Estos son algunos puntos:

El artículo 8 inciso 8) establece que corresponde la Función de Control Interno y Externo a las dependencias responsables de evaluar, vigilar y verificar los sistemas financieros, administrativo y de control interno; investigar y controlar la gestión administrativa y operativa de los funcionarios y empleados de la SAT, así como recopilar, analizar y procesar la información relativa a los procesos de investigación fiscal de los contribuyentes, responsables y terceros.  Las dependencias que realizan estas funciones son:

• Solicitud de información
• Auditoría Interna
• Gerencia de Asuntos Internos y
• Gerencia de Investigación Fiscal (verificación de la existencia física de negocios, domicilios fiscales, actividades comerciales).

Existe un área que solicita información a nivel internacional a través del convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que también podrán solicitar información a la SAT.

En el artículo 30 ter Establece que la Gerencia de Investigación Fiscal es la dependencia encargada de coadyudar a la reducción de la evasión fiscal, defraudación tributaria y aduanera, contrabando y delitos relacionados, proporcionando el direccionamiento integral en acciones de la Administración Tributaria, para fortalecer y transparentar los procesos de fiscalización.

Entre sus funciones relevantes están:

• Recolectar información de bases de datos relacionadas con los contribuyentes, de los órganos y dependencias que integran la estructura organizacional de la SAT, así como datos financieros oficiales de entidades nacionales e internacionales.
• Analizar las actividades económicas por sectores orientadas al combate de la evasión y defraudación.
• Analizar las tendencias en los distintos impuestos.
• Promover convenios, enlaces interinstitucionales e intercambio de información que permitan una gestión oportuna eficiente y eficaz.
• Realizar investigaciones de campo.
• Coordinar de forma interinstitucional la implementación de operativos conjuntos derivados de las investigaciones efectuadas.

El Acuerdo entró en vigencia a los dos meses después de la publicación en el Diario Oficial.

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Esto significa que queda firme y vigente la revelación de información bancaria que las diferentes entidades fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos (SIB), como los bancos, cooperativas, entidades de microfinanzas, deben proveer la información de las transacciones de los contribuyentes, mediante orden de juez.

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Se reactivarán procesos

Analistas consultados afirmaron que se podrían reactivar los procesos que ya se venían trabajando y se podrán investigar casos de ejercicios fiscales de años anteriores, derivado de la brecha fiscal que mantiene el administrado tributario por Q1 mil 457 millones a julio último.

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Es decir, que, por tratarse de una revocatoria, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) puede reactivar y acceder a la información de los tributantes cuando cobre vigencia la sentencia y se publique en el Diario de Centro América.

Manuel Mejicanos, intendente jurídico de la SAT, afirmó que se encuentran “complacidos” por el fallo de la CC y la acción de inconstitucionalidad general parcial del artículo 30 “C” del Código Tributario, que en pocas palabras permitirá retomar los casos de investigación fiscal por parte de la unidad encargada.

En ese sentido, explicó que la resolución indica que de 12 numerales del artículo 30 “ter” de reglamento de la SAT, se suspenden tres y dejan en vigencia nueve, entre ellos, el actuar de la gerencia de investigación fiscal, que, según Mejicanos, seguirá funcionando.

“Los artículos vigentes continuarán operando con la gerencia de investigación fiscal”, aseveró el intendente.

Explicó que la gerencia continuará operando bajo el control de la SAT, y las instrucciones del superintendente para coadyuvar con las intendencias para generar alguna información.

Duda razonable

El superintendente Abel Cruz Calderón, afirmó que entrarán a analizar aquellos casos donde existe la duda razonable en los contribuyentes y “se va a ir a juez competente” para poder tener la información de las cuentas bancarias.

Precisó que la herramienta permite recuperar los espacios de fiscalización y que van a actuar conforme a derecho y a lo que estable la CC.

“El plan a trabajar se desarrollará una vez sea publicada la sentencia y que cobre plena vigencia”, advirtió el funcionario.

Agregó que se van a seguir los procedimientos y a lo interno se cambiarán las normativas y ajustarlas

Aplicación

Para el consultor fiscal Óscar Chile Monroy, la SAT no solo podrá adquirir información bancaria, si no del tipo de operaciones que tengan los contribuyentes como préstamos bancarios, cajillas de seguridad o hasta que una persona sea fiadora para un crédito, ya que la ley es amplia para brindarle las facultades a la SAT.

Aunque en este caso aclaró que lo que más resalta son las cuentas bancarias.

Para Juan Carlos Paredes, analista fiscal, ahora se corrige la plana, se determina que no existe violación a la Constitución y la SAT podría empezar una ofensiva para recuperar parte de la cobranza que no ha podido captar.

“La SAT podría reactivar una mejor obligación para los contribuyentes y tener más tributos con este instrumento”, aseveró.

Al respecto, Chile Monroy recomienda que los contribuyentes deben estar preparados para demostrar sus transacciones, si en algún momento son sujetos a investigación.

Connie Beneitez de Paiz, presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), refirió que esperan que la medida se aplique de acuerdo con los criterios establecidos por parte de la SAT.

Víctor Manuel Martínez, ministro de Finanzas, resaltó que se mantendrá mucha prudencia para la solicitud de información bancaria, hasta cuando se tengan los resultados de auditoria y se gestionarán para tener información complementaria.

Explicó que esto se combina con otros instrumentos que tenga la SAT, como la Factura Electrónica (FEL) que tendrá un desarrollo integral.

Cruces de información

Mejicanos subrayó que los casos que se retomarán dependerán de las decisiones que adopte el superintendente o de las diferentes intendencias, para que sea por medio de la gerencia que se solicite ante el juez el acceso a la información.

“La información no la procesa la gerencia si no que la remite a las intendencias que la requieren”, afirmó.

De momento, se desconoce el número de expedientes que podrían solicitarse.

La mayoría de la información que se requerirá a los jueces será para aquellos procesos que están en fiscalización y a veces se solicitan ciertos cruces que requieren los auditores.

Recordó que los cruces de información se solicitan para tener cierta certeza, en el entendido de que son datos privilegiados, y que es información que solo se puede entregar bajo orden de juez.

Una vez obtenida la información no se puede divulgar y la institución bancaria debe entregarla bajo la reserva de confidencialidad.

Reforma

Los analistas afirmaron que se deben promover cambios para que las contribuyentes sepan que están siendo investigados por parte de la gerencia de investigación fiscal y preparar los mecanismos de defensa ya que se encuentran en desventaja.

Chile Monroy recordó que la acción de amparo se promovió porque el contribuyente nunca era informado de que era objeto de investigación.

Para ello, se debe reformar en el artículo que si el contribuyente es sujeto de investigación también que se informe en paralelo.

Sobre los ganadores y perdedores, en este caso el administrador es el ganador, y los perdedores los contribuyentes, sobre todo por lo complejo de establecer una cuantificación de las diferencias entre los movimientos bancarios y facturación.

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“El contribuyente queda expuesto, pero para evitar esos problemas debe contar con un respaldo de operaciones”, agregó.

Acciones ante OCDE

Martínez destacó que con esta resolución en firme notificarán para mejorar el cumplimiento de Guatemala en la reciente evaluación en los estándares de transparencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

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Martínez comentó que, como primera acción, Guatemala notificará al respecto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) para ser considerado “un país cumplidor en transparencia fiscal”.

A causa de la resolución de agosto de 2018, el ente recaudador no pudo acceder a la información bancaria, sino a través de la Fiscalía para que esta hiciera el requerimiento a un juzgado, lo cual queda anulado con esta nueva resolución.

La acción de inconstitucionalidad contra las acciones de la SAT fue promovida por Escalas Mercantiles Innovadoras.

La CC se integró con los cinco magistrados titulares y dos suplentes, Bonerge Mejía, Gloria Porras, José Francisco de Mata Vela, Neftaly Aldana, Dina Ochoa, María de los Ángeles Araujo y Henry Philip Comte.

Funcionarios, analistas y representantes de organismos internacionales consideraron en 2018 que aquella suspensión acarrearía problemas a Guatemala porque podría ser catalogada como un paraíso fiscal.

En la resolución la Corte observa que el “requerimiento de información financiera en poder de terceros, tiene por objeto específico determinar en aquellos casos en que exista por parte de la Administración Tributaria duda razonable en relación a actividades u operaciones que ameriten un proceso de investigación y siempre que dicha información sea solicitada con propósitos tributarios, incluyendo acciones de control y fiscalización, bajo la garantía de confidencialidad establecida en el texto constitucional”.

También critica a los interponentes ya que vio “deficiencia técnica en el planteamiento, en atención a que sustenta su planteamiento en una tesis con términos repetitivos, según su propia dicción sobre la supuesta inconstitucionalidad, basando su tesis sobre alusiones eminentemente doctrinarias, jurisprudenciales y fácticas, omitiendo realizar el razonamiento jurídico necesario y suficiente, mediante el cual se efectúe el análisis comparativo entre la norma cuestionada y los artículos fundamentales que cita, así como proponer, en forma separada y clara, la correspondiente tesis que explique y justifique en qué consiste las transgresiones constitucionales que aduce”.

Qué dice norma

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Analistas y autoridades coincidieron en que en esta evaluación se debe a la suspensión temporal del artículo 30 “C” del decreto 6-91 del Código Tributario, que este 3 de agosto cumple el primer año de la suspensión por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC).

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Juan Sebastián Blas, director de Análisis y Política Fiscal del Ministerio de Finanzas (Minfin), dijo que se bajaron dos escalones en la calificación (de inversión) por no cumplimiento y “hasta el momento se está esperando el documento el documento final”.

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La calificación es de “no cumplidores”. Explicó que las acciones de la CC sobre el artículo 30 “C” del Código Tributario tuvo una incidencia directa sobre el acceso a la información bancaria.

Pero también hay otros estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), así como los registros de los beneficiarios finales. Además, que la OCDE cambio la metodología en 2018 y el acceso a la información lo están midiendo (ahora) de forma automática.

“Habíamos cumplido con el estándar internacional en el 2016, y ahora la calificación es que no se cumple con el estándar internacional en el intercambio de información”, reconoció el técnico.

De momento, dijo Blas, se están observando cuáles son los factores que se evaluaron por parte de la OCDE, pero en una buena medida fue la acción de amparo de la CC sobre el artículo 30 “C” del Código Tributario.

Eso se impide el acceso a la información bancaria, subrayó.

Desde el 3 de agosto del 2018, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), no tiene acceso a la información de los contribuyentes y el único mecanismo es por medio de una orden de juez competente.

“Era de esperarse”

En el tema de acceso de información bancaria para fines de fiscalización, Abelardo Medina Bermejo, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), detalló que el incumplimiento ya se esperaba y era “una muerte anunciada”, por parte del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Tributarios.

Ahora se espera que la CC resuelva en materia legal y tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben de correr para corregirlo.

Si no hay ningún problema, dijo, la CC debe desentrampar en definitiva y que la SAT pueda cumplir con los acuerdos de intercambio de información.

Añadió que se debe resolver el tratamiento a las acciones al portador, en la cual se emitió una legislación que estaba prohibida estas acciones, no se definió el plazo para transformar a nominativas estas acciones al portador, las sanciones, procedimientos y eso está en el limbo.

Por el lado lavado de dinero, la Superintendencia de Bancos (SIB) ha logrado perseguir la apertura de cuentas, pero se carece de análisis de apertura, lavado de dinero en grandes estructuras financieras.

“El paso urgente que se tiene que dar es que la SAT recupere la capacidad para lograr acceso a la información bancaria, que dará la posibilidad de fiscalizar y perseguir la información que ellos necesitan”, afirmó Médina Bermejo.

Lo ideal es que el país pase de no cumplidores a parcialmente cumplidores, resaltó.

Apoyo a la OCDE

Blas confirmó que Guatemala solicitará cooperación y asistencia técnica a la OCDE en breve y de cara a la evaluación de los próximos dos años. El funcionario afirmó que la asistencia técnica será para a la SIB, Registro Mercantil, SAT para volver a alcanzar las acciones.

Tanto Blas como Fernando Suriano Buezo, intendente de Recaudación de la SAT, confirmaron que no existe un monto para cuantificar cuanto representó en términos de cobranza la suspensión del artículo a un año de la suspensión temporal.

“Es un instrumento de apoyo y de análisis, pero es muy difícil hacer una proyección de lo que ha representado al fisco no contar con esa herramienta”, manifestó el intendente.

El director afirmó que es difícil evaluar los efectos, “porque en parte, la resolución de la CC, como esta en función de los riesgos de los contribuyentes de pagar o no pagar, es muy impreciso calcular los impactos recaudatorios y es un proceso muy complejo”.

Posibles impactos

Para Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), es una percepción de paraíso fiscal y eso hay que revertirlo.

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Mencionó que aún no está la definición final del informe y que hasta este miércoles, el grado de calificación de inversión para Guatemala era cuatro en los exim bank (bancos de comercio exterior) y no había variado.

En todo caso, si baja dos escalones a seis, las consecuencias serían en un posible incremento para las tasas de interés en créditos o préstamos que se adquieran en las actividades de comercio exterior.

Blas dijo que para la próxima semana se espera la versión final.

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“Lo que necesita es un debido proceso para acceder a las cuentas bancarias el cual se tiene que cumplir. Si hay una investigación y se necesita acceder a cuentas bancarias de alguna persona, con una orden de juez se puede lograr” dijo Tefel.

Añadió que “No entendemos a qué se refiere el Fondo Monetario diciendo que en Guatemala existe el secreto bancario, solo en dos países del mundo existe el secreto bancario que es Liechtenstein y Suiza. Aquí las cuentas son unipersonales, con nombres y apellidos lo cual talvez hay un error de procedimiento o un mal entendido del procedimiento”.

En su informe el FMI indicó la semana pasada que es necesario reforzar los ingresos del Estado para disminuir las brechas en infraestructura y brechas sociales que requieren de financiamiento adicional.

Una de las acciones recomendadas es reforzar a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para revertir la disminución de los ingresos tributarios, para lo cual, indica, es necesario “reconsiderar el levantamiento del secreto bancario para efectos de auditoría tributarias”.

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Sin embargo, ese organismo hizo ver esa disposición se suspendió en el país, lo que “además de debilitar la recaudación, podría menoscabar el cumplimiento de Guatemala con respecto a tratados internacionales de transparencia”.

El artículo que da facultades a la SAT para agilizar los mecanismos para requerir información bancaria y la resolución judicial fue suspendido en agosto del 2018 en forma provisional por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Derecho de defensa

Miler Estrada, abogado y consultor tributario, dijo que el secreto bancario ha sido uno de los aspectos que más han cuestionado a Guatemala los organismos internacionales indicando que no es transparente en sus cuentas. Incluso en algunas oportunidades ha estado en la lista de países no cooperantes o listas grises, por la existencia de esa figura.

A consideración de Estrada como el secreto bancario se encuentra establecido dentro de las garantías que la Constitución brinda a los ciudadanos, no se puede eliminar con leyes ordinarias, sino que sería necesaria una reforma a dicha Constitución.

Estrada dijo que el acceso a información bancaria es importante para efectos de información impositiva.

Sin embargo, explicó que el problema que presenta la disposición que fue reformada en el artículo 30 “C” del Decreto 6-91 (Código Tributario), es que violenta el derecho de defensa de personas y empresas porque el mecanismo que se implementó para acceder a la información es hasta cierto punto secreto, ya que el contribuyente o propietario de las cuentas o bancarias no se entera, ni es notificado de que la SAT está requiriendo su información.

“La administración tributaria a espaldas del contribuyente pedía la información lo que viola el derecho de defensa y del debido proceso”, dijo el consultor tributario.

Lo que podría hacer el país para responder a los requerimientos internacionales es a través de la de agilizar un poco los procesos judiciales, sin embargo debido a la mora judicial los procesos no son tan ágiles.

Si no se toman las medias pertinentes Guatemala siempre va a estar mal calificada por estos organismos porque no se cumplen con algunos compromisos que estos requieren.

Entonces, agregó Estrada, se tendría que rediseñar el mecanismo que establecía el artículo que está suspendido, pero garantizándole a los ciudadanos y a los contribuyentes su derecho defensa y su debido proceso.

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Sin embargo la percepción internacional es igual respecto a los riesgos que corre el país ya que ejecutivos de varios organismos coincidieron en que puede impactar negativamente la evaluación que hacen diferentes entidades y ser considerado de nuevo en la lista gris de la Ocde o como un paraíso fiscal.

Alberto Barreix, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Armando Lara Yaffar del Banco Mundial (BM) y María Concepción Carrera del Fondo Monetario Internacional (FMI) explicaron durante el foro “consecuencias de retroceder en el cumplimiento del estándar internacional de transparencia tributaria para regular el secreto bancario” sus argumentos, riesgos que se enfrentan y acciones necesarias a implementar.

Luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió suspender provisionalmente la vigencia del artículo “C” del Código Tributario, el cual regula la facultad de la Superintendencia de Administración Tributaria para acceder a la información bancaria para fines de control tributario y fiscalización.

En su presentación, Estrada expuso los argumentos que el Gobierno presentó a la CC a favor de la vigencia de la norma impugnada, en tanto que el Superintendente de Bancos explicó las consecuencias negativas para Guatemala en caso la CC resolviera en definitiva la inconstitucionalidad, especialmente ante las instancias internacionales que evalúan al país en materia de transparencia financiera y control del sector bancario.

“Puede ser muy grave”

Estrada aseguró que las consecuencias pueden ser muy graves, tomando en cuenta que el país ya está atrasado en el cumplimiento de compromisos internacionales en materia fiscal.
 
“A la hora de quitar esa herramienta para la SAT, no solo se pierde recaudación local, se pierde capacidad de cobrarles más a los que no pagan y con eso no tener que subirle impuestos a todos los demás”, aseveró el funcionario, añadiendo que Guatemala con esto entra en un grupo de países que no tiene este tipo de acceso.
 https://twitter.com/rbolanos_pl/status/1035195769941356544

Este tipo de acciones pueden traer sanciones para el país, dijo Estrada. Además, y recordó que Guatemala es firmante en el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria. 

¿De nuevo un paraíso fiscal?

Estrada indicó que en dado caso la Corte de Constitucionalidad resuelva en definitiva y se mantenga la actual disposición, Guatemala podría ser catalogado como un paraíso fiscal, ya que no habría una base para negarlo, tomando en cuenta que se tomaron 10 años para aprobar el Decreto 37-2016, sobre la Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia y la Gobernanza de la SAT, que había impedido al país estar en ese listado.
 
“Nos salvamos por años porque dijimos que íbamos a hacer una reforma, la hacemos y después cuando llegamos decimos que la Constitución nuestra no lo permite y que nunca hubo realmente una voluntad”, explicó, lo cual podría darse en una próxima revisión al país.
 
Por su parte Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de Asies, expresó que a Guatemala le tomó 10 años salir de la lista gris de paraísos fiscales, gracias a la posibilidad del intercambio de información. Sin embargo, mencionó que debido al fallo de la CC hay un grave riesgo de que el país se catalogue de nuevo como tal.
 
“El asunto es que Guatemala, y aquí es donde se vuelve más relevante, tiene una obligación firmada en convenio internacional de colaborar entre administraciones tributarias y administraciones que velan por la transparencia financiera”, aseveró.

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Retroceso fiscal

A decir de Abelardo Medina, economista del Icefi, una suspensión definitiva del artículo 30 “C” al Decreto 6-91, del Código Tributario, sería un retroceso de al menos una década en materia fiscal y financiera, lo que llevaría al país a no ser considerado como un cooperante internacional y por ende acarrear sanciones.
 
En ese sentido, Medina aseguró que si Guatemala sigue en ese camino de no ser un país cooperante, esto podría convertirlo en un paraíso fiscal a futuro, esto debido a las condiciones que en el país se puedan dar.

Con esto, el Icefi reiteró su preocupación por las consecuencias de retroceder lo avanzado, y volvió a instar a la CC a resolver en definitiva con independencia y criterio técnico. 

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Entre los tributantes investigados administrativamente se cuenta una amplia gama de grandes, medianos y pequeños, entre jurídicos —empresas— e individuales. 

La Gerencia ya no puede solicitar información financiera de contribuyentes a los juzgados especializados en materia tributaria, por la suspensión provisional del artículo 30 “C” del decreto 6-91 del Código Tributario, que resolvió la Corte de Constitucionalidad (CC) el pasado 3 de agosto.

Esa gerencia era la encargada de hacer los requerimientos y los respectivos análisis. Además, tiene a su cargo mantener en resguardo la información de los expedientes.

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Los juzgados tramitaron 140 solicitudes de información bancaria para fines de investigación tributaria.

La Gerencia fue creada con las reformas a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que aprobó el Congreso, para coadyuvar a la reducción de la evasión fiscal, defraudación tributaria y aduanera, contrabando y delitos relacionados.

Base de datos

En el 11 piso del edificio Dubái Center, unos 53 técnicos procesan la información de los contribuyentes, divididos en cinco unidades.

El gerente de investigación fiscal, Jorge Raúl Van Der Henst Diéguez, explicó que cerca del 75% de los casos son declaraciones en los impuestos sobre la renta (ISR) y sobre el valor agregado —doméstico e importación—, así como  aduaneras para la internación de las mercancías.

Los análisis empiezan desde el registro tributario unificado (RTU), las bases de datos internas, solicitudes a los juzgados  hasta el intercambio de información financiera con otros países.

Van Der Henst Diéguez añadió que operan de acuerdo con las solicitudes presentadas por las intendencias de Aduanas, Fiscalización y Asuntos Jurídicos, en particular con algún contribuyente.

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“Hacemos análisis transversales de los contribuyentes, con toda la información disponible, y se entregan a las intendencias datos desde lo macro hasta lo micro”, explicó.

Las intendencias son las que les dan el respectivo uso a los hallazgos, ya sea para practicar alguna auditoría, hacer ajustes tributarios o bien cursar las denuncias a los órganos competentes, añadió el  gerente de Investigación Fiscal.

En el equipo de análisis de la Gerencia participan tres exfuncionarios del Ministerio Público, auditores y contadores, así como administradores e ingenieros.

El funcionario  negó que existan diferencias con otros auditores, sobre todo de la Intendencia de Fiscalización, por la posible filtración de información a las contribuyentes que puedan ser objeto de investigación.

Accesos

Luis Fernando Samayoa, directivo de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), explicó que   a pesar de que la CC resolvió suspender de manera provisional el artículo que permitía a la SAT solicitar información de los contribuyentes a través de los juzgados, el sector financiero está colaborando con las peticiones que eleve el Ministerio Público.

“Siempre hay acceso a las cuentas bancarias, y lo que la CC dejó en suspenso fue un procedimiento más ágil para ellos”, afirmó.

Recordó que lo que en Guatemala ha existido es un acceso restringido a la información bancaria, y los requerimientos del MP siempre han sido atendidos con las órdenes de juez competente.

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En todo caso, explicó,  la SAT tenía una vía expedita para solicitar   información de los contribuyentes.

El gerente añadió que se tienen varias solicitudes de información bancaria que están en gestión y que los jueces aprobaron, por lo que esa información no será utilizada cuando se reciba.

El funcionario garantizó que los datos de los tributantes quedarán en resguardo de la Unidad de Gestión de Información.

Gerencia cuestionada 

El diputado Orlando Blanco dijo que la Gerencia de Investigación Fiscal ha generado dudas  en las últimas semanas sobre su funcionamiento, y lo que debe existir es una reglamentación de  su quehacer.

“Si bien es una gerencia de apoyo para combatir la evasión y defraudación,  se deben transparentar sus procesos. Lo que se quiere evitar es que exista persecución a determinados contribuyentes”, afirmó.

Mientras, el diputado Juan Ramón Lau  presentó una denuncia el pasado 1 de agosto al MP, por considerar que la Gerencia es ilegal y que fue creada en base a un reglamento del 2016 que no fue publicado en el diario oficial.

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El litigante explicó que fueron notificados por la resolución de la CC y significa que el ente recaudador ya no podrá requerir información de un contribuyente del secreto bancario a un juez competente. Ahora la SAT deberá requerir esa información al Ministerio Público (MP).

“Lo que se planteó es que había una oficina creada con base en un reglamento interno de la SAT, que no tenía un respaldo, y que se publicó la semana pasada el nuevo reglamento interno y con base en eso gira todo”, expuso Taylor Santos.

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La semana pasada la SAT publicó el reglamento que da vida a la Gerencia de Investigación Fiscal, la cual fue creada en el 2016, pero el reglamento no había sido publicado.

Al declarar esa acción, dijo Taylor Santos, la SAT ya no podrá investigar a los contribuyentes, y deberá demostrar con fundamentos al MP los requerimientos de información bancaria de los contribuyentes jurídicos (empresas) o individuales.

“Es una suspensión temporal y los magistrados de la CC deberán entrar a conocer de fondo y en definitiva. Pero se plasma que el secreto bancario se ve vulnerado a través de una norma ordinaria del artículo 30 “C” y se suspende de manera temporal la vigencia. Es decir, ahora la SAT ya no podrá investigar a un contribuyente porque quiere”, resaltó.

En todo caso, explicó, la vigencia para la liberación del secreto bancario continuará, y la SAT deberá pedir la información al Ministerio Público.  Lo que se suspende es el referido artículo.

En la resolución de la CC se señala que se evacuará audiencia a las partes en los siguientes 15 días.

La inconstitucionalidad fue promovida por la entidad Escalas Mercantiles Innovadoras.

Advertencia

El experto en temas tributarios, Miler Estrada, dijo que ahora la SAT ya no tendrá la facultad de pedir información bancaria de los contribuyentes a un juez con esta suspensión temporal.

“No es algo ni bueno ni malo, si no que la CC estima que el artículo violenta la Constitución y eso ya se había manifestado a la SAT”, dijo Estrada.

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En el 2016, cuando se discutió esa reforma, siempre se explicó al ente recaudador sobre esa inconstitucionalidad y la CC considera que existe riesgo que se violente la carta magna.

Abel Cruz Calderón jefe de la SAT dijo que no emitirá posición ya que no han sido notificados.

Impacto negativo

El ministro de Finanzas y presidente del Directorio de la SAT, Julio Héctor Estrada, lamentó la decisión que adoptaron los magistrados de la CC y aseguró que es otra medida que recorta “brazos y piernas” para mejorar la recaudación tributaria.

El funcionario afirmó que los impactos a corto plazo serán en la cobranza de impuestos y en el financiamiento del Presupuesto Nacional de Ingresos y Egresos 2018. Por otro lado, señaló, es un retroceso en los avances que Guatemala había logrado con la salida de la lista de los países considerados paraísos fiscales.

Estrada agregó que el próximo lunes está convocado el Directorio de la SAT para conocer qué acciones se pueden llevar a cabo para evitar el impacto negativo y mantener la recaudación. Además de las herramientas de defensa que se presentarán ante la CC.

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La nueva estructura para conocer procesos tributarios y aduaneros se conforma con el juzgado de Primera Instancia Penal, con sede en el municipio de Guatemala. Según funcionarios de la SAT este funcionará en el edificio del Ministerio de Finanzas Públicas.

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Estará integrado con un juez o jueza, un secretario (a) de instancia, tres oficiales, tres notificadores, un comisario y un auxiliar de mantenimiento, en total 10 persona.

También se crea el Tribunal de Sentencia Penal (12 personas) y la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal especializados en esas materias (12 personas).

En los tres casos se podrá incorporar más personal de lo dispuesto en este acuerdo según las necesidades según se establece en el documento.

Casos en trámite

Los órganos jurisdiccionales penales que conozcan los casos que se refieran a hechos delictivos de la materia tributaria y aduanera deberán conocer los casos que ya se encuentren en trámite y los que les hayan sido asignados hasta el día inmediato anterior a la entrada en vigencia de este nuevo acuerdo y debe concluir la diligencia o fase procesal que le corresponda.

A finales de febrero Juan Francisco Solórzano Foppa, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT),    dijo que se encontraban preparando los casos, según el plan de fiscalización para el 2017 establecido por esa entidad, que incluirá solicitudes para apertura de información financiera de contribuyentes según el decreto 37-2016 conocido como apertura al secreto bancario con orden de juez.

El plan se basará al menos en 10 tipos se actividades.

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A Luis López,  pequeño comerciante, la eliminación del secreto bancario le causa dudas y por ello asistió a varios seminarios sobre el tema. “El consejo que dieron los especialistas tributarios es que debemos respaldar con documentos todos los ingresos que tengamos  en el banco, y mejor si separamos la cuenta personal con la de la empresa”, refirió López.

Óscar Chile Monroy, experto en temas tributarios, y Félix Gutiérrez, de la firma Archila & Asociados, resolvieron las   preguntas más frecuentes por las que han sido consultados.

Los profesionales coincidieron en que tanto personas individuales como empresarios tienen dudas en torno a la aplicación de la Ley.

¿Se debe separar la cuenta personal de la del negocio?

Lo mejor es separar las cuentas y tener una con la cual se registren gastos individuales, y aparte  la cuenta del local o negocio.

¿Cómo debo registrar la cuenta bancaria en la contabilidad?

Deben quedar reflejadas en el libro de Inventario, con el número de la cuenta y la institución bancaria a la que pertenece.

Si es una inversión, ¿cómo debe registrarse en la contabilidad?

Con las  inversiones debe detallarse el monto de la inversión, la clase de inversión, la institución en la que se encuentra, bajo la especificación, si es nacional o extranjera. Si es extranjera  se  indicará el país donde se encuentra.

¿Cómo debo respaldar mis cuentas bancarias?

Todo movimiento bancario   debe  contar con su respectivo documento. Por ejemplo, con boleta de depósito, comprobante de transferencia entre cuentas, pagarés, facturas, integración de depósitos y conciliaciones bancarias.

¿Cómo puedo respaldar las ventas de un pequeño negocio?

Puede  solicitar a la SAT autorización para habilitar una máquina registradora para emitir un comprobante de compra y respaldar así las ventas del negocio, sin caer en el error de colocar nombres supuestos.

Contribuyentes que No llevan contabilidad también deben contar con respaldo.

¿Para quienes no aplica el registro de cuentas bancarias?

No Aplica para aquellas personas que no llevan contabilidad como un artesano, universitario, profesionales libertarios y trabajadores.

¿Una persona individual debe respaldar sus cuentas bancarias?

Los  movimientos bancarios deben ser  respaldados  por servicios profesionales, préstamo, donación, anticipo de servicios, lotería o transferencias.

¿Cómo debe respaldar una persona el alquiler de una vivienda?

El propietario debe emitir y entregar la factura correspondiente al arrendatario en la fecha y día pactado entre ambos.

¿Si una persona vende un carro podrá ser  sujeto a fiscalización?

Cuando  una persona vende su carro, no existe inconveniente, siempre y cuando cuente con un documento donde conste que vendió el vehículo.

¿Para quienes  venden y compran vehículos también aplica?

En este caso, si el fin es comercial y no cuentan con comprobantes de la compra y venta de vehículos, podrían ser susceptibles a una fiscalización. Deben contar con respaldo y el pago de los impuestos correspondientes.

¿Qué pasa con las transferencias bancarias entre familiares?

Cuando un padre de familia transfiere cierta cantidad de dinero a sus familiares, ya sea esposa o hijos, para gastos personales, no deberán ser sujetos de fiscalización. En caso sucediera, es el proveedor quien debe comprobar los ingresos.

¿Cómo deben respaldar sus movimientos los profesionales?

En el caso de los  profesionales, cuando atienden de manera individual a sus clientes, siempre deberán extender factura por el servicio prestado, con el fin de que sus ingresos coincidan con sus depósitos bancarios.

Días atrás, el presidente del Congreso, Mario Taracena, advirtió de que sectores empresariales y algunos diputados buscaban una amnistía.

“No quieren que sea retroactivo, no puedo llamarlo de otra forma que amnistía”, justificó Taracena en su momento. Pero ayer, cuando fue consultado,  dijo molesto: “Soy constituyente y solo se está protegiendo la Constitución; dejen de estar inventando cosas”.

Orlando Blanco, jefe de bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), afirmó que varios diputados condicionaron su voto a que se agregara el artículo; sin embargo, se negó a revelar nombres o partidos.

La normativa establece que la SAT podrá requerir a la Superintendencia de Bancos y entidades financieras información sobre las operaciones bancarias de los contribuyentes, siempre que lo autorice un juez.

El Código Tributario le da la facultad al ente recaudador para revisar los ejercicios fiscales de hasta cuatro años atrás, pero en la nueva ley se estableció que todos los artículos deberán regirse bajo el numeral 15 de la Constitución, que permite  la retroactividad solo si favorece al reo.

Señalan contubernio

“Dejarlo explícito era algo innecesario, porque todas las leyes están supeditadas a la Constitución”, dijo Oliverio García Rodas, del Movimiento Reformador.

Nineth Montenegro, jefa de Encuentro por Guatemala, aseguró: “Es ignorancia de la gente que cree que repetir dos veces algo se vuelve seguro. Deja una mala impresión, es como decir que estaban urgidos por proteger sus cuentas”.

Carlos Barreda, primer secretario del Congreso, explicó que esta enmienda y otras dos enmiendas se trabajaron  con expertos del Ministerio de Finanzas, para “la tranquilidad de muchos diputados”.

El legislador Leonel Lira considera que ahora la discusión se trasladará a la Corte de Constitucionalidad, que deberá definir lo que corresponde.

Finalmente 116 congresistas votaron a favor de la enmienda, que también establece plazos  para la vigencia de varios artículos, incluido el 49, que regula los requisitos para el funcionamiento de las off shore en el país y les levanta también el secreto bancario. A estas les da un año para adaptarse.

Otros cambios

La nueva norma modifica las leyes Orgánica de la SAT, la de Bancos y Grupos Financieros, la del Registro Nacional de Personas y los códigos Tributario y de Comercio.

Además del secreto bancario, la ley para el fortalecimiento de la SAT retira al presidente de la República la facultad de elegir al superintendente de Administración Tributaria y obliga que sea nombrado por medio de un mecanismo de oposición,   con el propósito de darle independencia a la institución.

La normativa también establece nuevos mecanismos para la elección del directorio de la SAT  y crea un tribunal tributario y aduanero.

Nueva normativa

Con la ley en vigor, las autoridades del Ministerio de Finanzas esperan ampliar la recaudación fiscal en unos Q4 mil millones.

Tribunal administrativo

• Crea un tribunal administrativo tributario y aduanero como el órgano colegiado que en calidad de autoridad superior le corresponde con exclusividad conocer y resolver  los recursos en materia tributaria y aduanera.

Con 10 profesionales

• El tribunal será integrado por 10 profesionales, para conocer y resolver los recursos en materia tributaria. El tribunal administrativo tributario y aduanero se integrará con cinco miembros especialistas en materia tributaria.

Nombramiento de superintendente

• El presidente ya no elegirá al jefe de la SAT. Será el directorio integrado por el ministro de Finanzas —preside—, y dos delegados nombrados por el mandatario de una lista que envíe la Comisión de Postulación.

Solicitud de información

• La SAT podrá requerir a  entidades sujetas a la vigilancia de la SIB, cooperativas de ahorro y crédito, entidades de microfinanzas y off-shore, información sobre movimientos bancarios, transacciones, inversiones, activos disponibles u otras operaciones.

Orden de juez

• La información de las cuentas bancarias se podrá solicitar únicamente con orden de juez y se deberá informar a los contribuyentes que están siendo investigados.

Con obligación

• Se establece la obligación para los funcionarios y empleados de la SAT de presentar  declaración patrimonial complementaria a la establecida en la Ley de Probidad y una declaración jurada de intereses. Ambas serán públicas en el caso de los funcionarios superiores de la SAT

* Con información de Byron Dardón 

Diputados de varias bancadas hablan que tienen presiones externas: “Dicen que hay un mandato y viene en inglés”, indica uno de los congresistas. El presidente del Congreso, Mario Taracena, señala a empresarios, quienes están llamando a los parlamentarios para que se opongan a la ley o que busquen que la normativa no sea retroactiva.

El jefe del bloque Movimiento Reformador,  Boris España, reconoció que existe una enmienda que buscaría que las cuentas a revisar puedan ser únicamente las que se abran a partir de aprobada la normativa y no podría verse para atrás. Sin embargo, indicó que la misma no tendría consensos.

“Yo no conozco, ni he visto la enmienda, no sé quién va a ser el valiente de presentarla”, aseguró España.

La aprobación de la iniciativa se continuará hoy, luego de haber quedadoo suspendida la semana pasada.

Sin acuerdos

“Hasta el momento no hay acuerdos”, detalló Raúl Romero, jefe del bloque Fuerza. “La propuesta está generando mucha discusión y polémica, hay que verlo desde diferentes puntos de vista, si bien es cierto constituye un instrumento que puede permitir agilizar los procesos de investigación, también hay que analizar el impacto económico que puede generar en el sistema económico”, explico.

Para Romero hay bancos en Panamá con presencia en el país, que al entrar en vigencia la Ley tendrían que retirarse del país porque una parte de los estatutos de los bancos es que no puede levantarse el secreto bancario. “Eso significaría fuga de capitales, sería un debilitamiento al sistema económico y financiero del país”.

Alsider Arias, diputado del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), señaló que sí apoyarían la ley porque es para buscar la transparencia, pero más tarde aseguró que se debe de analizar económicamente cómo puede afectar.

“Sí, cualquier cosa que premie la transparencia lo vamos a apoyar… Hay varios artículos que tenemos que analizar, se comenta que podría tener repercusiones en el país como fuga de capital, pero eso estamos viendo con los asesores. Sí queremos apoyar la transparencia, pero tampoco queremos hacer nada que vaya en perjuicio de los guatemaltecos, lo vamos a analizar y si afecta no iríamos a favor de eso”, manifestó Arias.

Manuel Conde, diputado del Partido de Avanzada Nacional, habló que habrá una discusión en el pleno sobre esa temática. “Hay acercamientos, hay un análisis muy serio”, dijo.

El congresista aseguró que se han tenido algunas reuniones para analizar el tema, porque se está buscando la mayor objetividad y las mejores decisiones de carácter político porque éstas van a tener implicaciones sociales, económicas, nacionales e internacionales.