¿Cómo denunciar a empresas y guardias de seguridad privada ?  

En Guatemala, el sector de la seguridad privada ha crecido exponencialmente al punto que hay más guardias privados que agentes de la Policía Nacional Civil, pero acá le informamos cómo denunciar empresas o agentes que incumplen con la ley.

Rubén Lacán

20 de mayo de 2025 | 09:02h

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El 28 de abril de 2025 fue capturado un guardia de seguridad privado por portar un revólver en estado de ebriedad. El guardia no esta registrado ante la Digessp. (Foto Prensa Libre: PNC)

La operación ilegal de los guardias de seguridad privada es un problema que ya han identificado las autoridades y organizaciones dedicadas a prestar ese servicio.

Datos hasta abril de 2025, de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp) del Ministerio de Gobernación, señalan que hay registradas y autorizadas 273 empresas de seguridad privada en el país y que hay 23 mil 872 guardias bajo registro. En el 2024 había 259 entidades prestadoras de servicio.

Sin embargo, se cree que al menos 90 mil agentes privados trabajan de forma ilegal y eso pone en riesgo a los usuarios de este servicio.

En el país hay unos 110 mil guardias privado, entre registrados y no registrados, y ese monto casi triplican a los 42 mil agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

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Los datos agregan que por cada agente, se registra un promedio de tres armas de fuego de diferentes calibres. De acuerdo con la Digessp, las empresas de seguridad privada reportan 109 mil 173 armas de fuego. Aproximadamente, el 30% son revólveres, 49% escopetas y 21% pistolas.

César Mérida, de la Asociación de Profesionales para la Prevención de Riesgos y Protección Integral (Apripri), comentó han identificado el servicio irregular entre 60 mil y 90 mil guardias. Agrega que algunas empresas no registran a los guardias privados para evadir el pago de las licencias de operaciones, prestaciones salariales para los trabajadores, impuestos a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el registro del personal en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Jorge Santizo, encargado de la Digessp, comentó que identificar a las empresas que operan de forma ilegal es una tarea que involucra a la dirección, compañías, guardias y ciudadanos.

Cómo denunciar

El funcionario dijo que los guatemaltecos pueden denunciar a los agentes de condominios, centros comerciales, colegios y otros negocios al teléfono 1578, enviando una carta a la sede de la institución en la zona 8 capitalina o un correo electrónico a infodigessp@2mingob.gob.gt

Agregó que las quejas de los ciudadanos contra de los guardias es para llevar a cabo verificaciones y determinar si operan de forma regular.

Además, los guardias también pueden denunciar a los empresarios de forma anónima, por no cumplir con las prestaciones de ley, un contrato o anomalías de la compañía.

Comentó que las empresas que desean contratar seguridad privada pueden consultar la página de la Digessp, donde hay un listado de quienes sí cumplen con los permisos. El portal web donde se encuentra el listado es https://digessp.gob.gt/empresas-de-seguridad-privada-registradas-ante-digessp/

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La Dirección General de Servicios de Seguridad Privada dice que pretende habilitar sedes para supervisar empresas de seguridad en el occidente y oriente del país.

Rubén Lacán

20 de mayo de 2025 | 07:00h

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La Digessp busca contratar más personal para fiscalizar a las 273 empresas registradas en todo el país. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La demanda ha empujado el crecimiento del sector de la seguridad privada al punto que alrededor de los 110 mil guardias registrados y no registrados. Hasta abril de 2025, la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp) tenía registradas a 273 empresas de seguridad privada autorizadas y 23 mil 872 guardias. En el 2023 habían 259 entidades prestadoras de servicio.

Los agremiados a las asociaciones que de empresas de seguridad privada comentaron que podrían haber entre 60 mil y 90 mil guardias que laboran de forma irregular.

Jorge Santizo, encargado la Digessp, dijo no tienen conocimiento de los comercios donde podrían estar operando esas compañías ilegales, porque sus facultades no les permiten llevar a cabo investigaciones, aunque sí han procedido a sancionar y emitir denuncias por esos hechos.

Indicó que actualmente tienen 50 personas, en diferentes grupos de trabajo, que llevan a cabo las supervisiones. Durante los últimos dos años no han podido supervisar el 100% de esas empresas registradas, según las estadísticas.

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“Nosotros actuamos cuando las personas emiten una queja ante la institución. Realizamos la supervisión y emitimos las sanciones”, reconoció.

Estadísticas de la Digessp demuestran que en 2023 llevaron a cabo 114 supervisiones de oficio y 85 por quejas. El siguiente año fueron 139 de oficio y 113 por quejas de los ciudadanos.

Durante esas visitas a las empresas y áreas donde se encontraban los guardias de seguridad privada, emitieron 60 sanciones en 2023, 65 en 2024 y hasta abril de este año han sido 15.

“Las multas pueden ir desde 10 hasta 20 salarios mínimos, según el tipo de falta cometida”, expuso.

Aunque las empresas que operen de forma ilegal pueden ser sancionadas con Q100 mil de multa y una condena de seis a 12 años de prisión, detalló.

Según el artículo 66 de la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, toda persona que preste o adquiera el servicio sin autorización o licencia emitida por la Digessp comete el delito de prestación ilegal de servicio de seguridad privada.

Cómo operan de forma ilegal las empresas de seguridad

César Mérida, de la Asociación de Profesionales para la Prevención de Riesgos y Protección Integral (Apripri), dijo que uno de los grandes desafíos que enfrentan las empresas de seguridad privada es la competencia desleal, y que esto podría estar relacionado con el proceso de autorización de licencias por parte de la Digessp.

Agregó que esto ha llevado a que empresas ya autorizadas cedan la licencia de operaciones a personas sin experiencia ni capacitación en seguridad.

“Hay una falencia desde el proceso de creación de las mismas empresas de seguridad o la falta de auditoría que se tiene que llevar a cabo. A diario van surgiendo nuevas empresas de seguridad, pero el alcance operativo que tiene la Digessp, quien regula a las empresas de seguridad, le limita a tomar ciertas acciones como la cancelación de la compañía”, reconoció Mérida.

La Gremial de Compañías de Seguridad Privada expresó que se debe fortalecer a laDigessp para que se conforme una unidad especial que dé seguimiento a las denuncias y lleve a cabo operativos interinstitucionales con el apoyo de la PNC y MP.

“Esto permitiría atacar de raíz los servicios ilegales, ya que se llevarían a cabo capturas por acciones flagrantes, y ello crearía conciencia en los usuarios sobre el riesgo que conlleva contratar este tipo de servicios, ya que el Decreto-Ley 52-2010, en su artículo 66, estipula sanciones”, dijo la gremial.

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Santizo afirmó que entre agosto de 2024 y marzo de 2025, se hizo un ejercicio con instituciones de gobierno, empresas y quienes contratan seguridad privada para elaborar una política para fortalecer a la Digessp.

Detalló que en la actividad participó la Dirección General de Control de Armas y Municiones, el Ministerio de Trabajo, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil y la sociedad civil.

Se trata de un plan estratégico a 10 años para abordar las problemáticas a través de ejes de acción.

El plan de la Digessp es implementar oficinas de supervisión en el oriente y occidente del país para lo que contratarán a 20 personas para que fiscalicen a las empresas de seguridad privada.

“Eso nos va a permitir tener un acceso, una reacción y una atención más inmediata. Queremos alcanzar a las 273 empresas en un año, hacer una supervisión de oficio durante ese periodo y avanzar en los procesos de verificación, que se han incrementado en relación con las quejas, y eso es positivo”, explicó.

“Yo siempre le digo a la gente de la dirección: tienen que estar sabidos y conscientes de que un mal trabajo, una mala supervisión puede terminar vulnerando la seguridad de alguna persona”, destacó.

Seguridad privada: gremiales alertan por operación ilegal de hasta 90 mil guardias

En el país hay 23 mil guardias de seguridad privada registrados ante las autoridades y una asociación afirma que la cifra de los ilegales podría ser de hasta 90 mil.

Rubén Lacán

20 de mayo de 2025 | 05:00h

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Dos guardias de seguridad privada capturados por no contar con licencia de portación de arma. (Foto Prensa Libre: PNC)

La demanda de seguridad ha impulsado el crecimiento del sector de la seguridad privada en Guatemala, a tal punto que la cifra de guardias privados en el país es de unos 110 mil, entre registrados y no registrados, y ese monto casi triplican a los 42 mil agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

La operación ilegal de los guardias de seguridad privada salta a la vista y es un problema ya identificado entre las autoridades y agrupaciones de prestadores de ese servicio.

Hasta abril de 2025, la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp), del Ministerio de Gobernación, tenía registradas a 273 empresas de seguridad privada autorizadas y 23 mil 872 guardias. En el 2023 había 259 entidades prestadoras de servicio.

Además, por cada agente, se registra un promedio de tres armas de fuego de diferentes calibres. De acuerdo con la Digessp, las empresas de seguridad privada reportan 109 mil 173 armas de fuego registrada. Aproximadamente, el 30% son revólveres, 49% escopetas y 21% pistolas.

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Hasta diciembre de 2023 las empresas habían reportado ante la Digessp que les habían robado 17 mil 378 armas y 390 más las habían perdido.  

Un riesgo

La operación ilegal de los servicios de seguridad privada pone en riesgo la vida y seguridad de las personas, asegura el titular de la Digessp, Jorge Santizo y señala que el reto como sector es que todos los guardias y empresas estén regulados, para evitar que los usuarios contraten a personas sin experiencia o con antecedentes penales y policíacos.

La contratación de guardias no registrados es un peligro, ejemplifica Santizo, porque conocen a los inquilinos de los condominios y comercios, y podrían usar ese conocimiento para cometer hechos delictivos.

César Mérida, de la Asociación de Profesionales para la Prevención de Riesgos y Protección Integral (Apripri), comentó han identificado el servicio irregular de al menos 90 mil guardias. Agrega que algunas empresas no registran a los guardias privados para evadir el pago de las licencias de operaciones, prestaciones salariales para los trabajadores, impuestos a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el registro del personal en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

De acuerdo con los cálculos que ha hecho la Digessp, junto con las cámaras empresariales, la contratación de un guardia privado tiene un costo mensual aproximado de entre Q7 mil y Q8 mil, y a los agentes se les paga el salario mínimo. La institución advierte que las empresas que cobren menos de ese precio probablemente estén operando de forma irregular.

“El poder operar sin ningún tipo de registro, sin ningún tipo de control, viene a ofrecer servicios que probablemente son más baratos, pero que incumplen la normativa y probablemente están en la ilegalidad”, reconoció el funcionario.

Cómo operan de forma ilegal las empresas de seguridad

Mérida dijo que uno de los grandes desafíos que enfrentan las empresas de seguridad privada es la competencia desleal, y que esto podría estar relacionado con el proceso de autorización de licencias por parte de la Digessp.

Agregó que esto ha llevado a que empresas ya autorizadas cedan la licencia de operaciones a personas sin experiencia ni capacitación en seguridad.

“Hay una falencia desde el proceso de creación de las mismas empresas de seguridad o la falta de auditoría que se tiene que llevar a cabo. A diario van surgiendo nuevas empresas de seguridad, pero el alcance operativo que tiene la Digessp, quien regula a las empresas de seguridad, le limita a tomar ciertas acciones como la cancelación de la compañía”, reconoció Mérida.

La Gremial de Compañías de Seguridad Privada expresó que se debe fortalecer a la Digessp para que se conforme una unidad especial que dé seguimiento a las denuncias y lleve a cabo operativos interinstitucionales con el apoyo de la PNC y MP.

“Esto permitiría atacar de raíz los servicios ilegales, ya que se llevarían a cabo capturas por acciones flagrantes, y ello crearía conciencia en los usuarios sobre el riesgo que conlleva contratar este tipo de servicios, ya que el decreto 52-2010, en su artículo 66, estipula sanciones”, dijo la gremial.

La asociación comentó que se ha identificado que algunas compañías legalmente inscritas en la Digessp subcontratan de forma irregular a otras para brindar seguridad en colegios, abarroterías, centros comerciales y otros tipos de comercios.

“El riesgo para las empresas que subcontratan va en doble vía. Primero, la improvisación de la seguridad en las empresas que contratan los servicios, y eso pone en riesgo la vida de los guatemaltecos, porque carecen de un plan de contingencia ante un incidente”, comentó.

Apripri expresó que se debería hacer un análisis del reglamento y de los costos de las licencias de operación, para que los empresarios no lo vean como un impedimento para registrarse.

La Digessp comentó que están trabajando para crear mecanismos que mejorar el funcionamiento de la institución

Santizo dijo que la meta a corto plazo es que todos los trámites de la dirección sean en línea, y que hasta la fecha han avanzado en un 50% con la implementación de ese proyecto.

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En Guatemala operan de 60 mil a 90 mil guardias ilegales, según cálculos de las gremiales de prestadores del servicio.

Rubén Lacán

19 de mayo de 2025 | 00:08h

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Autoridades y empresarios señalan la proliferación de la prestación del servicio de seguridad privada de forma ilegal, lo que representa un peligro para los ciudadanos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La demanda ha empujado el crecimiento del sector de la seguridad privada al punto que alrededor de los 110 mil guardias registrados y no registrados casi triplican a los 42 mil agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

La operación ilegal de los guardias de seguridad privada que salta a la vista es una problemática identificada tanto entre las autoridades y agrupaciones de prestadores del servicio.

Hasta abril de 2025, la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp) tenía registradas a 273 empresas de seguridad privada autorizadas y 23 mil 872 guardias. En 2023 había 259 entidades prestadoras de servicio.

Además, por cada agente se registra un promedio de tres armas de fuego de diferentes calibres. De acuerdo con la Digessp, las empresas de seguridad privada reportan 109 mil 173 armas de fuego. Aproximadamente, el 30% son revólveres, 49% escopetas y 21% pistolas.

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La operación ilegal de los servicios de seguridad privada pone en riesgo la vida y seguridad de las personas, asegura el titular de la Digessp, Jorge Santizo y señala que el reto como sector es que todos los guardias y empresas estén regulados, para evitar que los usuarios contraten a personas sin experiencia o con antecedentes penales y policíacos.

La contratación de guardias no registrados es un peligro, ejemplifica Santizo, porque conocen a los inquilinos de los condominios y comercios, y podrían usar ese conocimiento para cometer hechos delictivos.

César Mérida, de la Asociación de Profesionales para la Prevención de Riesgos y Protección Integral (Apripri), comentó han identificado el servicio irregular de al menos 90 mil guardias. Agrega que algunas empresas no registran a los guardias privados para evadir el pago de las licencias de operaciones, prestaciones salariales para los trabajadores, impuestos a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el registro del personal en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

De acuerdo con los cálculos que ha hecho la Digessp junto con las cámaras empresariales, la contratación de un guardia tiene un  costo mensual aproximado de entre Q7 y Q8 mil, pagando el salario mínimo y advierte que quienes cobren menos de ese precio probablemente estén operando de forma irregular.

“El poder operar sin ningún tipo de registro, sin ningún tipo de control, viene a ofrecer servicios que probablemente son más baratos, pero que incumplen la normativa y probablemente están en la ilegalidad”, reconoció el funcionario.

Capacidad de supervisión

El director dijo que no tienen conocimiento de los comercios donde podrían estar operando esas compañías ilegales, porque sus facultades no les permiten llevar a cabo investigaciones, aunque sí han procedido a sancionar y emitir denuncias por esos hechos.

La Dirección General de Servicios de Seguridad Privada indicó que actualmente tienen 50 personas, en diferentes grupos de trabajo, que llevan a cabo las supervisiones. Durante los últimos dos años no han podido supervisar el 100% de esas empresas registradas, según las estadísticas.

“Nosotros actuamos cuando las personas emiten una queja ante la institución. Realizamos la supervisión y emitimos las sanciones”, reconoció.

Estadísticas de la Digessp demuestran que en 2023 llevaron a cabo 114 supervisiones de oficio y 85 por quejas. El siguiente año fueron 139 de oficio y 113 por quejas de los ciudadanos.

Durante esas visitas a las empresas y áreas donde se encontraban los guardias de seguridad privada, emitieron 60 sanciones en 2023, 65 en 2024 y hasta abril de este año han sido 15.

“Las multas pueden ir desde 10 hasta 20 salarios mínimos, según el tipo de falta cometida”, expuso.

Las empresas que operen de forma ilegal pueden ser sancionadas con Q100 mil de multa y una condena de seis a 12 años de prisión, detalló.

Según el artículo 66 de la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, toda persona que preste o adquiera el servicio sin autorización o licencia emitida por la Digessp comete el delito de prestación ilegal de servicio de seguridad privada.

Cómo operan de forma ilegal las empresas de seguridad

Mérida dijo que uno de los grandes desafíos que enfrentan las empresas de seguridad privada es la competencia desleal, y que esto podría estar relacionado con el proceso de autorización de licencias por parte de la Digessp.

Agregó que esto ha llevado a que empresas ya autorizadas cedan la licencia de operaciones a personas sin experiencia ni capacitación en seguridad.

“Hay una falencia desde el proceso de creación de las mismas empresas de seguridad o la falta de auditoría que se tiene que llevar a cabo. A diario van surgiendo nuevas empresas de seguridad, pero el alcance operativo que tiene la Digessp, quien regula a las empresas de seguridad, le limita a tomar ciertas acciones como la cancelación de la compañía”, reconoció Mérida.

El pasado 28 de abril la PNC capturó al guardia de seguridad privada Edgar Estuardo Méndez, de 52 años, por portar un revólver en estado de ebriedad. El detenido iba vestido con el uniforme de la empresa de seguridad privada Servivigilancia Integral, Empresarial, Corporativa, Privada, S.A. (SIECOP).

La Digessp informó que la empresa SIECOP no figura en los registros de empresas de seguridad privada. “Es importante indicar que la empresa SIECOP actualmente no cuenta con licencia de operación vigente”, detalló Santizo.

La Gremial de Compañías de Seguridad Privada expresó que se debe fortalecer a la Digessp para que se conforme una unidad especial que dé seguimiento a las denuncias y lleve a cabo operativos interinstitucionales con el apoyo de la PNC y MP.

“Esto permitiría atacar de raíz los servicios ilegales, ya que se llevarían a cabo capturas por acciones flagrantes, y ello crearía conciencia en los usuarios sobre el riesgo que conlleva contratar este tipo de servicios, ya que el Decreto-Ley 52-2010, en su artículo 66, estipula sanciones”, dijo la gremial.

La asociación comentó que se ha identificado que algunas compañías legalmente inscritas en la Digessp subcontratan de forma irregular a otras para brindar seguridad en colegios, abarroterías, centros comerciales y otros tipos de comercios.

“El riesgo para las empresas que subcontratan va en doble vía. Primero, la improvisación de la seguridad en las empresas que contratan los servicios, y eso pone en riesgo la vida de los guatemaltecos, porque carecen de un plan de contingencia ante un incidente”, comentó.

Además, Mérida dijo que la competencia desleal sucede porque los empresarios no han entendido la responsabilidad de los servicios de seguridad privada que se contratan.

“Siempre andan sorteándose la suerte de cómo reducir sus costos y pagar menos en cuanto a servicios. Hay empresas que cobran Q4 mil por un guardia de seguridad y es porque no les pagan las prestaciones a los agentes”, indicó.

Agregó que es un riesgo latente que al menos 90 mil guardias no estén registrados, porque no hay un control por parte de las autoridades.

Comentó que, al no pagar prestaciones a los guardias, como IGSS, vacaciones y horas extras, se genera una rotación constante de personal.

“La subcontratación de estos servicios se ha vuelto cada mes más común, y la forma en que se podría regular es darle las herramientas necesarias a la entidad —Digessp— para que actúe”, informó.

Apripri expresó que se debería hacer un análisis del reglamento y de los costos de las licencias de operación, para que los empresarios no lo vean como un impedimento para registrarse.

Investigaciones contra empresas de seguridad privada

En marzo de 2019, la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público informó que llevaron a cabo el operativo “más grande de la historia contra el tráfico de armas”. Durante 387 allanamientos, incautaron 138 armas de fuego y desmantelaron una empresa de seguridad privada.

Los fiscales explicaron que esa empresa registró ante el Departamento de Armas y Municiones al menos 900 armas, y utilizó documentos falsos para conseguir contratos y beneficios lucrativos.

En noviembre de ese mismo año la PNC incautó 410 armas de fuego a una empresa de seguridad privada que operaba de forma ilegal en Santa Catarina Pinula y zona 17 capitalina.

Denuncias de ciudadanos y guardias

Santizo comentó que identificar a las empresas que operan de forma ilegal es una tarea que involucra a la dirección, compañías, guardias y ciudadanos.

El funcionario dijo que los guatemaltecos pueden denunciar a los agentes de condominios, centros comerciales, colegios y otros negocios al 1578, enviando una carta a la sede de la institución en la zona 8 capitalina o un correo electrónico.

Además, los guardias también pueden denunciar a los empresarios de forma anónima.

Comentó que las empresas que desean contratar seguridad privada pueden consultar la página de la Digessp, donde hay un listado de quienes sí cumplen con los permisos.

Más supervisores en el interior del país

Santizo afirmó que entre agosto de 2024 y marzo de 2025, se hizo un ejercicio con instituciones de gobierno, empresas y quienes contratan seguridad privada para elaborar una política para fortalecer a la Digessp.

Detalló que en la actividad participó la Dirección General de Control de Armas y Municiones, el Ministerio de Trabajo, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil y la sociedad civil.

Se trata de un plan estratégico a 10 años para abordar las problemáticas a través de ejes de acción.

El plan de la Digessp es implementar oficinas de supervisión en el oriente y occidente del país para lo que se espera contratar a 20 personas.

“Eso nos va a permitir tener un acceso, una reacción y una atención más inmediata. Queremos alcanzar a las 273 empresas en un año, hacer una supervisión de oficio durante ese periodo y avanzar en los procesos de verificación, que se han incrementado en relación con las quejas, y eso es positivo”, explicó.

Santizo dijo que la meta a corto plazo es que todos los trámites de la dirección sean en línea, y que hasta la fecha han avanzado en un 50% con la implementación de ese proyecto.

“Yo siempre le digo a la gente de la dirección: tienen que estar sabidos y conscientes de que un mal trabajo, una mala supervisión puede terminar vulnerando la seguridad de alguna persona”, destacó.

Dos guardias de seguridad privada son capturados por portación ilegal de armas

Las autoridades informaron de dos capturas por portación ilegal de armas que se efectuaron durante operativos de seguridad.

Hedy Quino

21 de enero de 2025 | 10:13h

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Dos guardias de seguridad privada son capturados por portación ilegal de armas. (Foto Prensa Libre: PNC)

Dos guardias de seguridad privada fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) por portación ilegal de armas.

Las capturas se efectuaron durante operativos de seguridad de la PNC en distintas zonas de la ciudad capital.

En la 7a avenida y 12 calle de la zona 9, agentes capturaron a Manuel “N”, de 44 años, por llevar de manera ilegal una pistola calibre 9 milímetros.

Mientras que, en la 8a avenida y 15 calle de la zona 1 capitalina fue detenido Óscar “N”, 28.

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En estado de ebriedad

En el caso de Óscar “N”, se encontraba en estado de ebriedad y tenía consigo un revólver sin permiso de portación, según indicó la PNC.

Hecho relacionado con guardias de seguridad

El pasado 26 de diciembre los guardias de seguridad privada Santos “N”, 55, y Julio “N”, 35, fueron capturados por disparar al aire y atacar a agentes de la PNC en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Según el informe policial, vecinos denunciaron que los guardias estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, mientras disparaban al aire. Ambos se encontraban en el kilómetro 40, entrada a la Antigua Guatemala.

La PNC atendió la denuncia, y al momento de llegar al lugar los detenidos los atacaron a balazos con una escopeta y una pistola, luego huyeron a un área montañosa.

Guardias de seguridad privada en estado de ebriedad disparan contra agentes de la PNC

Dos guardias de seguridad privada bajo efectos de licor realizan disparos al aire y atacan a agentes de la PNC en Antigua Guatemala.

Hedy Quino

26 de diciembre de 2024 | 11:00h

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Dos guardias de seguridad fueron capturados por disparos al aire. (Foto Prensa Libre: PNC)

Los guardias de seguridad privada Santos “N”, de 55 años, y Julio “N”, 35, fueron capturados por disparar al aire y atacar a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la Antigua Guatemala.

Según el informe policial, vecinos denunciaron que los guardias estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, mientras disparaban al aire. Ambos se encontraban en el kilómetro 40, entrada a la Antigua Guatemala.

La PNC atendió la denuncia, y al momento de llegar al lugar los detenidos los atacaron a balazos con una escopeta y una pistola, luego huyeron a un área montañosa.

Sin embargo, tras una persecución, los policías aprehenden a los sospechosos.

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Tienen antecedentes

A Santos “N” se le decomisó una pistola 9 milímetros. mientras que a Julio “N” una escopeta de calibre 12, sin los documentos correspondientes.

La PNC indicó que Julio “N” cuenta con tres antecedentes por faltas contra las personas, desobediencia y allanamiento de morada.

Tus disparos al aire pueden acabar con la felicidad de una familia, evítate de hacerlo, puedes ir a prisión.

¡No hay mañana, #LaSeguridadEsHoy! pic.twitter.com/pWGV5ZFOx6

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 26, 2024

Por otro lado, Marta García vive en una colonia cerrada de la Zona 21 en la ciudad de Guatemala y paga Q125 mensuales, de los que Q60 se destinan al pago del servicio de seguridad; el resto, al igual que en el primer caso, se dirige a otros rubros como limpieza en áreas comunes, servicios de jardinería, agua y extracción de basura.

En el caso de las empresas pequeñas y medianas que operan en Guatemala, confirman que este servicio ya es necesario, en la mayoría de los casos, por lo que destinan entre 10% y 30% de su presupuesto mensual para la contratación de empresas de seguridad privada, debido a la inseguridad generalizada que se vive en el país.

La Gremial de Compañías de Seguridad Privada coincidió con ese crecimiento y señaló a Prensa Libre que la demanda de este tipo de servicios se debe, principalmente, al resurgimiento en la economía, después del Covid-19, revitalizando la necesidad de proteger los activos y operaciones de las empresas. “Por lo tanto, es razonable afirmar que la demanda está en aumento nuevamente”.

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Según la gremial, los sectores que más demandan protección especializada son: Empresas medianas y grandes 30%; residenciales 35%; empresas pequeñas 28%; e individuales 7%.

Inseguridad y demanda de protección

De acuerdo con la Encuesta de Percepción Empresarial presentada en agosto pasado, por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), entre los principales obstáculos para la actividad empresarial en Guatemala se encuentran: la corrupción (46%), la conflictividad social (12%), así como el crimen y la violencia (4%).

De igual forma, el Índice de Denuncias de Delitos (IDD) a junio de 2023, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), evidenció un aumento de 1.6% respecto a mayo. Lo anterior, significa que, en conjunto, las tasas interanuales de los delitos denunciados aumentaron. Por su parte, el Subíndice de Delitos contra las Personas disminuyó 1.8%, pero el Subíndice de Delitos contra la Propiedad aumentó en 5.1%.

Solo la Policía Nacional Civil reportó que hubo 229 homicidios en los 30 días de junio; esto significa un promedio de 7.6 homicidios diarios, cifra levemente inferior a la registrada en mayo 2023 (8.2 diarios). La tasa interanual de homicidios en junio de 2023 es de 16.3 por cada 100 mil habitantes, y se ha mantenido en esa cifra desde marzo del presente año, refirió el IDD.

Esa situación se ha visto reflejada en el aumento de la demanda de seguridad privada en Guatemala, que viene desde hace unos tres años: según la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP) hay 254 entidades de seguridad privada registradas y en lo que va del 2023 hay 62 que están en renovación de licencias. En el 2022 se autorizaron 115, en el 2021 fueron 90 en el 2020, se registraron 30.

La dirección que forma parte del Ministerio de Gobernación confirmó a Prensa Libre que observan un evidente crecimiento, tanto en las solicitudes como en la emisión de credenciales para guardias de seguridad privada: en el 2021 emitieron 6 mil 257 y el año pasado entregaron 9 mil 248, una diferencia de 2 mil 991 credenciales, equivalente a un aumento de 32.34%.

Algunas operan de forma clandestina

En relación con recomendaciones para quienes desean contratar este tipo de servicios, la DIGESSP indica que lo más importante es verificar que las entidades que prestan servicios de seguridad privada cumplan con lo establecido en la ley respectiva, decreto Número 52-2010, “pues hay varias empresas que operan de manera irregular”, afirmó la Gremial de Compañías de Seguridad Privada.

Por ejemplo, en el caso de la gremial está conformada por el 40% de las empresas registradas y autorizadas por la DIGESSP. Sin embargo, hay un 10% que forman parte de otras asociaciones y el 50% no está afiliada a ninguna organización, refiere la entidad.

“En la realidad empresarial, como en cualquier sector, es posible que surjan casos de empresas no registradas o falsas, a veces conocidas como empresas fantasmas. Además, puede ocurrir que negocios de otros sectores contraten personal para realizar tareas de seguridad, lo que va en contra de la regulación establecida”, aseguraron los directivos de la gremial indicada.

El decreto 52-2010, establece en su artículo 66 que la prestación de servicios de seguridad sin la debida autorización o licencia de operación es considerada ilegal, infracción sujeta a sanciones que incluyen penas de prisión de seis a doce años, así como multas de Q100 mil. Las personas o empresas que contraten compañías no autorizadas, también están sujetas a esas sanciones.

“La regulación y el registro en la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada son esenciales para garantizar la legalidad y la calidad de los servicios de seguridad prestados en Guatemala”, enfatizó la gremial.

También considera que, al contar el respaldo de la dirección, las empresas pueden asumir las responsabilidades cuando existen problemas dentro del área de vigilancia y poder así solventarlos de manera legal, es decir, “que ante la falta de registro en la dirección expone a todas las partes involucradas a una mayor incertidumbre y riesgo legal”.

Mejorar condiciones, aumentar controles y capacitaciones

Entre los desafíos actuales está garantizar condiciones justas para los guardias de seguridad, su capacitación y certificación, así como la regularización de servicios no autorizados.

En el tema de garantizar las condiciones justas de los guardias de seguridad, las empresas de seguridad privada se encuentran entre las más denunciadas ante el Ministerio de Trabajo por incumplimiento de prestaciones y solo en agosto del año pasado, se detectaron que 90 incumplieron con el 80% de las prestaciones laborales como es el salario mínimo y Bono 14.

En ese sentido, las empresas de seguridad privada legalmente constituidas tienen la responsabilidad de mejorar las condiciones de sus agentes en varios aspectos, como salarios, capacitación, seguros y otros beneficios, reconoció la gremial.

Pedro Morales, trabaja como guardia de seguridad privado desde hace más de cinco años e informó que de su “propio bolsillo” debió pagar por varios trámites que son “responsabilidad de la empresa”. Al consultar a la gremial, afirmaron que desde que está vigente el decreto 52-2010 buscan reformarlo, con el objetivo de evitar que el guardia pague por los permisos para desempeñar su labor. “Esta iniciativa busca asegurar que los guardias no enfrenten gastos innecesarios y puedan realizar su trabajo en condiciones más favorables”.

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Para la gremial la solución sería que el Estado proporcione las condiciones adecuadas para que las agencias gubernamentales, que utilizan servicios de seguridad, paguen conforme a las regulaciones vigentes. “Esto, a su vez, permitiría a las empresas cumplir con sus obligaciones fiscales y proporcionar un salario digno a los guardias que prestan sus servicios”, afirmaron.

Con relación a la acreditación de los agentes, el proceso se realiza de manera individual. De acuerdo con el Acuerdo Gubernativo 220-2012, se exige un pago equivalente al 15% de un salario mínimo para la acreditación de cada agente y sumado a ello, estas acreditaciones deben renovarse cada tres años para mantener su validez.

En el tema de los servicios no autorizados, la gremial consideró que esta situación representa un reto significativo para las empresas de seguridad privada. “Para hacer frente a esta problemática, es necesario que el Ministerio de Gobernación lleve a cabo investigaciones y tome medidas que permitan identificar y detener a aquellos que operan sin cumplir con la regulación establecida”.

Por último, el ente organizado reconoce la importancia de contar con guardias de seguridad capacitados y certificados, por lo tanto, la gremial recomendó que se utilice el presupuesto asignado a través de la DIGESSP para proporcionar capacitación y certificación de manera gratuita. “Esto permitiría a los guardias acceder a oportunidades de desarrollo profesional sin incurrir en gastos adicionales”, puntualizaron.

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Modernizar el sector

Otro de los desafíos es el tema de la modernización y en ese sentido, los directivos de la gremial consideran que, a medida que la tecnología continúa avanzando, es posible que se desarrollen opciones complementarias que refuercen aún más la seguridad y la respuesta a incidentes.

En el caso de la evolución del servicio de videovigilancia, destacaron que su relevancia se ha mantenido constante en el tiempo, pero consideraron que no reemplazan la presencia de guardias uniformados, porque desempeñan una función esencial en el control y la observación de áreas de interés.

Por otro lado, reconocieron que la tecnología de videovigilancia sigue siendo una opción popular, debido a su capacidad para proporcionar un monitoreo visual continuo e incluso, por medio de dispositivos como teléfonos inteligentes. “Sin embargo, es crucial tener en cuenta que, a pesar de su utilidad en el control, las cámaras por sí solas no son adecuadas para responder a eventos vandálicos u otras situaciones de emergencia”, resaltaron.

Todos son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario, pareciera ser el lema que mueve a los agentes de seguridad privada, quienes, en medio de la pandemia, además de ser la primera línea de seguridad en comercios, también son los encargados de vigilar que se use correctamente la mascarilla y de dosificar el gel antibacterial.

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En muchos comercios, los agentes reconfiguraron su función para brindar seguridad con medidas sanitarias. En una abarrotería de la zona 18, por ejemplo, un guardia ataviado con mascarilla, guantes y su arma en el cinturón coloca alcohol en gel en las manos de cada cliente que desea ingresar.

El negocio de la seguridad privada tiene diversos matices y la pandemia significó otra mutación para los más de 30 mil agentes que 220 empresas de seguridad privada han registrado en el Ministerio de Gobernación.

El trabajo de la fuerza privada de seguridad es, por naturaleza, arriesgado y con la pandemia aumentó el peligro.

Carmen Rosa de León, directora ejecutiva del Instituto de Enseñanza para Desarrollo Sostenible (Iepades), advirtió durante un seminario web que la pandemia ha afectado la seguridad privada y los agentes tienen un alto grado de exposición al virus porque ahora también miden la temperatura y aplican gel a las personas antes de que ingresen a los lugares que ellos resguardan.

Los agentes de seguridad privada, que en su mayoría tienen bajo nivel académico, no están capacitados para coordinar un control epidemiológico o por lo menos en primeros auxilios. A esta condición se suma que estos trabajadores afrontan problemas más graves, ya que debido a las restricciones de movilidad no pueden viajar a sus hogares, muchos de estos en la provincia.

La directora de Iepades insiste en que las condiciones laborales de los agentes de seguridad privada no son las mejores para su salud y muchos temen ser despedidos si informan que tienen algún síntoma de covid-19, lo que no solo incrementa el riesgo de que se propague el virus, sino también es irónico que quien controla el protocolo sanitario pueda estar contagiado del virus que debe controlar.

Precarias condiciones

El pasado 22 de abril, la Defensoría de Personas Trabajadoras, de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), hizo público un informe de inspección laboral y de seguridad ocupacional efectuada junto a la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de Trabajo (Mintrab) a una empresa de seguridad privada. Durante la diligencia se constataron las condiciones en que los agentes permanecen: camas en mal estado, sin acceso a agua entubada, los extintores bajo llave y, por si fuera poco, los agentes ignoraban cuáles son sus derechos como trabajadores y ninguno estaba cubierto por el Seguro Social.

La Defensoría desarrolló un trabajo de orientación sobre derechos laboralesdirigido a un grupo de agentes que no conocían que tenían derecho a vacaciones pagadas. La Inspectoría General de Trabajo intervino ante tal flagrancia de delitos y emplazó a la empresa para subsanar los hallazgos.

Rudy Guzmán, vicepresidente de la gremial que agrupa a 45 compañías de seguridad privada, explicó que se han dado recomendaciones a las empresas para que cumplan con las disposiciones presidenciales en prevención de la propagación del virus entre su personal y que se les debe facilitar el equipo de bioseguridad.

Indicó que algunas empresas de seguridad han reportado que la pandemia los ha afectado de forma considerable porque están cerrados comercios, almacenes, centros comerciales y otros locales que requerían sus servicios, así que absorber el costo de equipos de protección sanitaria es difícil para algunas.

“El servicio nos ha salido bastante caro porque hemos contribuido a mantener las especificaciones del Ministerio de Salud en cuanto a la prevención y combatir esta pandemia, dándoles a los guardias tapabocas, guantes, overoles, las sombrillas visuales, para que no se contaminen en la cara. Ha sido bastante complicado el trabajo que realiza el empresario de seguridad hoy por hoy”, enfatizó Guzmán.

El representante de la gremial reconoció que saben que algunos agentes se han contaminado porque han sido reportados, pero no han tenido ningún repunte y tampoco saben con exactitud cuántos son porque comunicarlo queda a discreción de cada empresa.

“Hemos tenido algunos comentarios, pero estamos tratando la manera de que nuestros amigos, compatriotas, empresarios, hagan lo posible para que esta situación no se dé (…) Aunque yo le digo que no estamos obligados a darle un servicio de dormitorio a los guardias, lo hacemos por humanidad, con todo cariño, porque somos parte de este núcleo laboral”, indicó.

Inspecciones

Víctor Orellana, jefe de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp), una dependencia de la Policía Nacional Civil, explicó que ha sostenido tres reuniones durante mayo con los representantes de la Cámara, la Gremial y la Asociación de Empresas de Seguridad Privada, en busca de acordar las medidas de prevención necesarias y así evitar la propagación del covid-19 entre sus guardias.

Puntualizó que en una reunión, por solicitud de la institución, acudió el jefe de la Unidad de la Salud y Seguridad Ocupacional del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), para explicarles a los empresarios las medidas sanitarias que deben seguir los guardias para no infectarse del virus. Además han distribuido entre el personal material didáctico sobre el uso adecuado de la mascarilla, gel antibacterial y cómo limpiar sus armas, llaves y otras herramientas de trabajo.

Durante los últimos tres meses, durante la crisis por el covid-19, Digessp ha hecho 14 supervisiones para verificar que se cumpla con los protocolos sanitarios y también aspectos legales, contables, como el estado de los inmuebles y el uso legal de armas.

Una de las últimas inspecciones, la semana pasada, se hizo en una empresa de seguridad de la zona 17, en la cual 45 agentes se encontraban en cuarentena porque un grupo de ellos había dado positivo a la prueba de covid-19. Una inspección más se efectuó el martes último en la zona 12, y se encontró que 65 guardias estaban aislados, cinco de los cuales habían dado positivo, por lo que el Seguro Social intervino para vigilar la cuarentena de los otros 60.

Orellana señaló que la Digessp no tiene como función conocer o registrar los casos de covid-19 entre las empresas de seguridad, solo es un enlace con el Ministerio de Salud.

En la Digessp están registradas 220 empresas de seguridad privada y 32 mil agentes acreditados desde 2010, lo que significa un reto para supervisar todas las empresas y sumado el subregistro de guardias que prestan servicio sin estar inscritos en la institución.

Por ahora, explicó Orellana, no existe ningún protocolo para las empresas de seguridad privada ante la pandemia, cada una sigue los lineamientos según las recomendaciones de las autoridades de Salud y las disposiciones presidenciales.

La gremial de empresas de seguridad sí reconoce que tiene un protocolo interno para evitar la propagación del virus entre sus trabajadores. Asegura que también han incluido entre los requisitos de reclutamiento las pruebas de salud.

RENOVACIÓN

La Policía Nacional Civil salió a las calles en 1997

Control y descontrol

El presidente de Compañías de Seguridad, Saúl Hernández, informó que cuentan con 106 empresas agremiadas, pero que existen algunas “fantasma” que carecen de control, y cuyo número de elementos no puede ser cuantificado.

Hernández aseguró que las empresas del gremio han evolucionado bajo control del Ministerio de Gobernación, y que el personal está completamente identificado ante la PNC, lo cual garantiza que deben estar solventes de antecedentes penales y policíacos.

Sin embargo, grupos pro Derechos Humanos ven con preocupación el incremento de firmas vigilancia particular, pues las consideran un riesgo para la ciudadanía.

Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo, señala que éstas “son fuente de delincuencia organizada, pues tienen la posibilidad legal de portar armas”.

Bruce Harris, de Casa Alianza, denunció que la mayor parte de abusos contra los niños de la calle son ahora cometidos por agentes particulares.

Por su parte, el director de la PNC, Angel Conte, dio a conocer que en octubre de 1998 hubo depuración de las compañías de vigilancia; 18 que no estaban apegadas a la ley fueron remitidas al Ministerio Público, por lo que se estima que sólo unas 10 quedan en proceso de investigación.

Sólo 13 consignados

De acuerdo con datos registrados en la PNC, en 1998 fueron consignados 13 policías particulares acusados de delitos contra la propiedad, asalto, robo y robo de vehículos y ebriedad; además, cuando portaban uniforme, vendieron el arma de su equipo y lesionaron a particulares.

Al respecto, Juan Murúa, asesor en sistemas de seguridad, indicó que no es suficiente la carencia de antecedentes para reclutar al personal policial. Es necesario, además, efectuar, periódicamente, pruebas sicológicas y de estabilidad emocional a los agentes, para garantizar verdadera seguridad ciudadana.

Sin embargo, el presidente de la gremial aseguró que los agentes no portan armas en la calle en horas que no son de trabajo, y que hay un departamento de supervisión interna que vela por la honestidad de los empleados.

Cambio de uniformes

El director de la PNC, Angel Conte Cojulún, reconoció ayer que algunos agentes de seguridad privada han sido confundidos con miembros de esa institución policíaca, por la similitud de los uniformes.

Sin embargo, señaló que a través de reuniones con autoridades de la Gremial de Empresas de Seguridad se acordó que a partir del 1 de marzo, los miembros de policías privadas dejarán de vestir uniformes similares a los de la PNC.

“Ahora bien, si hay empresas no autorizadas que aún funcionan, vamos a capturar a esos agentes, y serán consignados a los tribunales de justicia”, puntualizó el funcionario.

Conte añadió que otro elemento positivo será la elaboración conjunta de un manual, para que lo hagan del conocimiento de cada agente privado, concerniente a las funciones que le competen.

“Será un documento que describa el conocimiento de las leyes, portación de armas, y Derechos Humanos”, destacó Conte.
Empresas de seguridad privada que cuentan con autorización, como Scorpio, Segusa, Segurisa y Metropol, brindan protección de todo tipo, a bancos, fábricas, colonias, camiones de distintas empresas y hasta casas particulares, en la capital y el interior.

Requisitos mínimos

• Norma: para optar a una plaza de policía particular se solicita únicamente haber cursado, por lo menos, sexto grado de primaria, y haber cumplido con el servicio militar.
• Armas: los agentes particulares sólo están autorizados para portar revólver calibre .38 mm, o escopeta calibre .12.
• Salario: perciben salario mensual de Q1,300 a Q1,500, mientras que los policías nacionales civiles devengan Q2,900, y los agentes de la Policía Municipal de Tránsito, Q2,500.

Tendencia continuó

La Dirección de Servicio de Seguridad Privada (DGSSP) reportó en noviembre de 2017 que 17 mil 647 personas tenían acreditación para ser guardias privados, aunque el número podría aumentar hasta 150 mil personas que prestan sus servicios entre guardaespaldas y agentes de seguridad.

La cifra contrasta con los 35 mil agentes de la Policía Nacional Civil según informes del Ministerio de Gobernación. 

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La Gremial de Empresas de Seguridad Privada evidencia como estas firmas se ha convertido en una alternativa en seguridad para particulares, pequeñas, medianas y grandes empresas.

Adolfo Paredes, presidente de esa gremial, señala que la demanda de resguardo particular y en muchos casos, personalizado, aumenta en noviembre y diciembre, debido a la actividad comercial de la época.

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Justifica seguridad

Paredes explicó que el aumento de las contrataciones de agentes privados se debe, en primer lugar, a la cantidad de negocios, pero también a las extorsiones.

Ahora, dijo, hasta en las tiendas de barrio hay agentes de policía privada porque no hay seguridad.

“Nosotros nos debemos a eso, pero no aprobamos que Guatemala esté sufriendo esa clase de flagelos”, aclaró Paredes.

Según cifras del Ministerio de Gobernación, la PNC cuenta con unos 35 mil agentes en servicio en todo el país.

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La DGSSP reporta 17 mil 647 personas acreditadas para ser guardias privados, aunque, según esa entidad, podrían contabilizar hasta 45 mil 258.

Sin embargo, la gremial reporta, incluso, hasta 150 mil personas que prestan sus servicios, entre guardaespaldas y agentes de seguridad.

Pedido temporal

Paredes afirmó que las empresas de seguridad privada reciben más contratos de comercios durante esta época del año, ante la creciente cantidad de compradores, así como de intimidaciones por parte de grupos delictivos.

Sin embargo, no son contratos de trabajo permanentes, sino empleo temporal para los agentes por al menos dos meses.

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Lucero coincidió con Paredes al referir que por esa razón, en lo que va del año han ocurrido 141 incidentes donde están involucrados agentes privados, de los cuales solo siete están acreditados.

En el 2016, la DGSSP reportó 108 incidentes con los guardias, esa vez solo seis estaban certificados por la Dirección.

Lorena Escobar, experta en seguridad de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), afirmó que el crecimiento de las empresas de seguridad privada va relacionado con la percepción de inseguridad, pues aunque la tasa de homicidios, según Gobernación ha bajado, la percepción es subjetiva y para las personas sigue siendo un riesgo.

“Si la persona se siente insegura va a optar por cualquier medio para resguardar su vida, la de sus familiares y su patrimonio”, enfatizó.

Para Escobar, el negocio de la seguridad privada es un mercado, y aclaró que los que prestan servicios sin autorización cometen un delito. La experta añadió que en esta época de mayor flujo de efectivo hay crecimiento en delitos como como robo, hurto y extorsiones.

Datos del Ministerio Público (MP) revelan que desde cinco cárceles se coordinan ocho de cada 10 extorsiones y que desde el 2005 el flagelo no se ha podido controlar.

Según la información preliminar, cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar, constataron que se trataba de un agente de seguridad privada, a quien le robaron una escopeta.

La víctima del asalto cuidaba la gasolinera, la cual se encuentra en remodelación; sin embargo, los delincuentes robaron unos Q30 mil en herramientas que eran resguardadas por el agente de seguridad.

Autoridades recaban evidencias en el lugar para dar con el paradero de los sujetos, de quienes aún no se tiene mayor información.

#PNC llega a gasolinera remodelación ubicada en la 4ta. C. 4ta. Ave. Z. 6 de #VillaNueva donde delincuentes dejaron a custodio amarrado. pic.twitter.com/mtFP2ZVkHx

— Dalia Santos (@SantosDalia) July 27, 2017

La Dirección General de Empresas de Seguridad Privada (Digessp), del Ministerio de Gobernación, en el 2015 registraba 49 mil 599 guardias, de los cuales 13 mil 687 se encuentran acreditados. Para marzo próximo se espera tener el dato exacto, el cual podría variar un poco.

Fernando Lucero, vocero de la Digessp, comentó que los guardias que no están acreditados se considera que operan de forma ilegal, ya que no han cumplido los requisitos.

Lucero explicó que el procedimiento de acreditación consiste en que los guardias sean capacitados en alguno de los 35 centros autorizados, donde les entregan una constancia para que se dirijan a la Digessp para examinarlos. Esa capacitación puede durar entre 15 y 20 días.

Comentó que la acreditación cuesta Q391; es decir, el 15 por ciento de un salario mínimo.

Quejas por cobros

Para Asturias, los custodios que no están acreditados no son ilegales, ya que trabajan con empresas legales que fueron autorizadas mediante acuerdo gubernativo o ministerial. Sin embargo, los agentes no se acreditan por el alto costo que eso implica.

Asturias refirió que “la Digessp no ha sido el ente facilitador que debería ser para los guardias”.

Perfiles para PNC y guardias

“Con los costos, ellos van a sacar Q32 millones 400 mil del costo de los carnés de los guardias”, ya que “no hay 49 mil guardias, hay 90 mil aproximadamente, sin contar los que existen en el anonimato que prestan el servicio personalizado, que los contrata directamente alguien para que lo cuide”, aseveró.

Asturias manifestó que “la Digessp no ha perseguido a las empresas que prestan ilegalmente el servicio en seguridad privada”.

Según Asturias, aparte de los más de Q360 o más que se paga por el carné, los custodios deben sacar antecedentes penales y policíacos, certificado de nacimiento y pagar la capacitación a los centros que ellos autorizaron, lo cual implica un gran gasto para el guardia, quien no cuenta con los recursos para hacerlo.

Lucero refirió que registran 174 empresas de seguridad privada, de las cuales solo 110 han completado los trámites que estipula el decreto 52-2010 de la normativa que regula esos negocios.

Rodolfo Muñoz Piloña, presidente de la Gremial de Empresas de Seguridad Privada, adscrita a la Cámara de Seguridad, señaló que dicho decreto en el artículo 67 establece que las empresas que tenían autorización mediante acuerdo gubernativo o ministerial debían hacer una adecuación legal. Sin embargo, no hubo nuevos requisitos para obtener la resolución de adecuación, sino prácticamente debieron hacer nuevas empresas por la forma como se les aplicó la ley.

“La Dirección se supone que fue creada para controlar y supervisar que no haya empresas ilegales”, pero esto no se ha visto, refirió.

Recordó que quien busca trabajo de seguridad, en su mayoría, es un ciudadano que ha sido marginado, que no ha terminado su educación primaria y que incluso viene de la provincia solo con el dinero para la comida del día, con la esperanza de conseguir sustento para su familia. “Pero se encuentra con una serie de requisitos que debe cumplir, los cuales tienen costos que no puede pagar”, precisó.

“Me parece injusto que el Estado no ayude al ciudadano a conseguir empleo y todavía lo afecte. La Dirección quería que despidiera a la gente que no tiene sexto grado y mucho menos tercero básico, pero no lo puedo hacer porque el Ministerio de Trabajo me sancionaría; pero le dije que lo podíamos hacer si nos daban una orden que lo sustentara, y ellos reconocieron que hay un desfase entre lo que ellos exigen y lo que podemos dar”, aseveró.

Comentó que en su empresa buscan que los guardias estudien a distancia para terminar la educación primaria y se les da capacitación.

Señaló que cada empresa daba la capacitación a los custodios para poder certificarlos. “Pero hace tres directores, uno dispuso que tenían que ser capacitados en una empresa y que el carné vale más de Q300 y pagar el curso que cuesta como Q400. ¿De dónde va a sacar la gente ese dinero?”, refirió.

“A través de nuestra visita a países de Latinoamérica para ver cómo funcionan las empresas de seguridad privada, vimos que se persigue el control de las armas y las personas armadas, pero aquí le cambiaron el espíritu de la ley que era control y supervisión, a fondos privativos”, refirió.

Agregó que en los reglamentos que se crearon luego del decreto incluyeron aspectos que no menciona la ley.

“La Dirección no combate a las empresas fantasmas sino que hostiga y combate a las legales. A los empresarios que tratamos de cumplir con la ley, nos va peor”, aseveró.

Debilidades

Wálter Menchú, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), refirió que las empresas de seguridad en Guatemala no se han tomado en serio el trabajo que hacen y “realmente existen solo por negocio, no por una real preocupación de la seguridad del país”.

Maribel Carrera, subdirectora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), señaló que la creación de la ley y sus reglamentos son duros en varios aspectos, y que cuando la Digessp comenzó a solicitarle a las empresas ciertos requisitos, como licencias para prestar el servicio y capacitar a los guardias, no les gustó a muchos.

Afirmó que otro problema que existe es que la Dirección desde su creación ha sido muy débil y ha habido mucha inestabilidad en los directores, ya que son cambiados de forma constante. “Incluso al propio personal había que capacitarlo sobre la ley, lo cual se ha hecho con cada cambio de persona”, indicó, y añadió que es necesario fortalecer la Dirección porque su debilidad permite que haya tantas empresas que operan ilegalmente.

Casos

Un jefe de proyecto de seguridad de una firma privada, quien pidió no revelar su identidad, comentó que la empresa para la que trabaja tiene alrededor de 200 efectivos, de los cuales el 15 por ciento se encuentra acreditado.

Refirió que lo bueno de esa empresa es que a todos los tiene en planilla y les paga el salario mínimo, que una vez al año los llevaban al polígono y que cada mes o dos meses reciben capacitación. Hace la comparación con un trabajo anterior, donde muchos laboraban por contrato y les pagaban Q900 a la quincena.

Un custodio, quien también solicitó preservar su nombre, refirió que cuando laboraba para una compañía que prestaba seguridad en un banco, la capacitación era constante por el tipo de servicio que brinda. Sin embargo, cuando se cambió, se dio cuenta de que había compañeros que no sabían desmontar o montar el arma que usaban y que la capacitación era mínima. Además, eran obligados a hacer turnos de apoyo dentro de su descanso, y no les pagaban ni el salario mínimo.

De esos 108 guardias, 42 murieron mientras laboraban y en horarios de descanso; algunos, por el robo del arma —la causa más frecuente, según la Digessp—; otros, cuando repelían asaltos y 20 fueron lesionados por diferentes hechos  violentos.

Durante el 2016 también fueron consignados varios agentes privados, por haber incurrido en delitos; muchos de ellos   involucrados en estructuras delincuenciales.

Multadas

De acuerdo con el informe de la Digessp, el año recién  pasado fueron multadas 13 empresas de seguridad al detectarse irregularidades en la inscripción de personal, entre otras faltas administrativas, mientras que 39 expedientes todavía están en proceso.

Las multas para las  empresas consisten en el  pago de entre 10 y 20 salarios mínimos de un guardia de seguridad. La cantidad depende de la ilegalidad que hallan cometido.

El año pasado también fueron denunciadas en el Ministerio Público 23 empresas que tenían documentos falsos de  personal, así como municiones y armas que no estaban registradas.

La mayoría de guardias privados son originarios de la provincia y están comprendidos entre los 19 y 35 años, y muchos no tienen experiencia en el manejo de armas ni en seguridad. El mismo rango de edad tienen los guardias no registrados que han sido descubiertos durante las inspecciones y cuando mueren en hechos de violencia.

Buscan control

Fernando Lucero, vocero de la Digessp, indicó  que a raíz de estos casos  la entidad inspecciona de manera constante  condominios, centros comerciales y otros lugares, para verificar que no sean resguardados por empresas  de seguridad ilegales, y en lo que va del 2017 no han detectado ninguna.

“Sigue la contratación ilegal de guardias. Debería existir mayor conciencia y responsabilidad de los empresarios para que su personal llene los requisitos y esté mejor preparado”, señaló Lucero.

Agregó que cada empresa debe presentar mensualmente el número de personal que tiene a su cargo, pero esto no se cumple a cabalidad.

En la actualidad existen 174 empresas de seguridad privada, de las cuales solo 110 han completado  los trámites que estipula el decreto 52-2010  de la ley que regula esos negocios, en la cual se establecen más requisitos para que puedan operar. El resto de entidades se encuentra en proceso de actualización.

Durante los primeros ocho días hábiles de enero, esas firmas deben presentar su informe anual sobre datos de personal y de la empresa; de lo contrario es les imponen las multas establecidas en la normativa.

Poca capacitación

Lucero precisó que, según la ley, las empresas de seguridad solo deben dar 15 días de capacitación al nuevo personal. En ese periodo los guardias reciben conocimientos teóricos sobre seguridad y una práctica sobre uso de armas de fuego.

El salario mínimo para un guardia de seguridad privado es de Q2 mil 497 mensuales, que incluye una bonificación y las prestaciones de ley. Actualmente existen 13 mil custodios en el país.

Ilegales

Lucero explicó que en los mercados El Guarda, en la zona 11, y La Terminal, zona 9, operan grupos de seguridad  supuestamente   pagados por los inquilinos, aunque en este último no han logrado comprobar si los agentes pertenecen a alguna empresa, debido a que se esconden durante las inspecciones.

En La Terminal opera un grupo denominado Los ángeles Justicieros, a quienes se les vincula con varios asesinatos cometidos en el área. La mayoría de víctimas han sido señaladas por locatarios de haber sido delincuentes.

El otro hecho sucedió en la 23 avenida 12-89 zona 6, Barrio San Antonio, en el lugar murió  Emilio Si Cu de 30 años.

Ambos guardias trabajaban para la empresa Gremial Compañía de Seguridad, y eran custodios de locales comerciales en dicha zona, donde los comerciantes son extorsionados.

https://twitter.com/bomberosmuni/status/758132507241963520

Otro ataque

En la 25 avenida final lote 75, zona 6, sector 6 anexo la Reinita fueron atacadas dos personas por sujetos desconocidos.

El hecho armado dejó a un  hombre muerto identificada como Andy David López Méndez de 17 años y que fue reconocido por su madre Angélica Méndez.

Pedro Noj Ascuc de 26 años resulto herido en el ataque armado, fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios.  Se desconoce el móvil del ataque.

#Actualización
Menor de 17 años muere baleado en 25 Av. Final frente al lote 75, sector 3, anexo La Reinita, zona 6. pic.twitter.com/Ba0RPXQzaM

— Bomberos Municipales (@bomberosmuni) July 27, 2016

En una publicación del 16 de julio del 2006 se indicó que existían 128 empresas autorizadas y en ellas trabajan 28 mil agentes. Así, los efectivos sobrepasan los 88 mil, entre legales e ilegales.

La cifra contrastaba con los 18 mil 200 agentes que formaban la Policía Nacional Civil (PNC), en ese momento. Mientras, había 103 empresas en trámite sin que existiera un registro o control de su personal. Gobernación tenía en su registro 23 empresas fantasmas.

Agentes delinquen

Un ejemplo de hasta dónde puede llegar la falta de control, es el caso de Joaquín Soc, quien trabajaba para la empresa Multiservicios.

Era el agente de seguridad de un residencial de Mixco y en sus días de descanso vigilaba a víctimas secuestradas por una banda que operaba en Villa Nueva. Soc fue detenido por la Policía

Piden combatir agentes ilegales

El subcomisario César Ventura, jefe de la División de Supervisión y Control de Empresas Privadas (Dscep), informó que era difícil establecer dónde operaban estos agentes, pues las supuestas empresas cambiaban sus oficinas de lugar constantemente. “Contratan a sus agentes por medio de celulares. Siempre se cambian de domicilio. Hemos capturado a policías ilegales en Quetzaltenango, Retalhuleu, Coatepeque, Mixco, Villa Nueva y la ciudad capital”, indicó Ventura.

El registro de operativos da cuenta de que estos agentes fueron detenidos en el área de Montserrat, Villa Nueva, y las zonas 1, 6, 7, especialmente en centros comerciales.

En el 2005 comentó que esa unidad detuvo a 286 policías privados por portación ilegal de arma de fuego porque su documentación era de empresas no autorizadas.

Pese a las capturas, los detenidos salieron libres por falta de mérito. De los 286 supuestos policías capturados solo uno fue detenido, pues tenía una condena pendiente por robo agravado.

Álvaro Salguero, gerente de una empresa legalizada, comentó que no exigen carencia antecedentes penales ni policíacos. “Lo único que piden es que los aspirantes sean mayores de edad”, dijo.

Comentó que esa situación era delicada , porque en las garitas de residencias encontraron que trabajaba personal sin respaldo y que ellos eran los responsables de asaltos a bancos y cómplices de altos índices delictivos pues fugan información en los mismos lugares de trabajo.

Defienden a guardias privados

El presidente de la Gremial de Empresas Privadas de Seguridad, Rodolfo Muñoz Piloña, comentó que estas empresas son un auxiliar para la fuerza pública. “Somos el complemento que llega a donde no puede llegar la seguridad del Estado”.

La gente ha desarrollado un poco más de confianza en agentes privados de seguridad que en la propia Policía Nacional Civil. En su casa y negocio prefieren tener seguridad privada, sostuvo.

Según Héctor Trujillo, directivo de Servicios Técnicos en Seguridad, el crecimiento de este servicio obedece a que la PNC no tiene personal para destinar a los comercios, negocios y bancos.

Observó que las fuerzas de seguridad se quedan con unos tres mil policías para cubrir todo el país. “Entonces, la ciudadanía prefiere contratarnos ante el crecimiento de la ola de violencia y la delincuencia”, dijo el empresario.

Clasificación de agentes

En ese entonces existían estos sueldos y clasificaciones para los agentes:

• Para un negocio calificado como poco peligroso cuesta a los dueños entre Q2 mil 300 y Q2 mil 500 mensuales. Para agencias bancarias, Q3 mil 200 y Q3 mil 500, y para rutas o vendedores ruteros, Q3 mil.

Estas empresas generan un movimiento de Q66 millones en la economía nacional y sobre todo dan empleo a la población.

Luego de la firma de la paz la demanda creció, ya que se incrementó la violencia. En los años 1990 habían entre 70 y 80 empresas se seguridad privada y 128 estaban registradas. En el 2006 preocupaba el crecimiento incontrolado de policías privadas, ya que era difícil controlarlas.

Registros

• 128 empresas de seguridad privada funcionaban legamente.
• 31 empresas de seguridad clandestinas detectó la Policía Nacional Civil en ese entonces.
• 28 mil agentes estaban registrados legalmente ante la PNC.
• 60 mil agentes privados actuaban al margen de la ley.
• 103 sociedades estaban en trámite.

La seguridad privada llegaba entre 90 mil y cien mil efectivos, aproximadamente, en esa época.

Estas empresas son catalogadas por el Estado como un ejército sin control, y la mayoría de veces detienen a los agentes y no a los empresarios que los contratan sin cumplir con las normas.

Requisitos para ser agente de seguridad privada

• Ser mayor de edad.
• Carencia de antecedentes penales y policíacos
• Sexto grado de primaria, como mínimo.
• Haber prestado servicio militar.

Requisitos para Policía Nacional Civil

• Ser guatemalteco, y estar comprendido entre 18 y 25 años.
• Haber cursado como mínimo tercero básico.
• Haber aprobado el curso en la Academia de la Policía Nacional Civil.
• Carencia de antecedentes penales y policíacos.
• No tener tatuajes.

Vecinos del sector alertaron a Bomberos Municipales a las 5:30 de la mañana de este lunes; al llegar los socorristas confirmaron la muerte del trabajador. 

El segundo suceso se registró en el sector Joya de Mora, aldea El Pajón, Santa Catarina PInula, a las 8:45 de la mañana. 

El guardia fue identificado como Romeo Vásquez, de 40 años. Junto al cuerpo quedó la escopeta asignada como equipo para brindar seguridad a los vendedores ruteros que son extorsionados.

Los atacantes también dispararon contra el conductor del vehículo, Luis Galicia, 24, que logró refugiarse en una vivienda y no fue alcanzado por los proyectiles.

Las autoridades suponen que los atacantes son pandilleros, operan en el sector y se dedican a cobrar extorsiones. 

El pasado 27 de abril, el custodio y conductor de un camión de embutidos murieron baleados en la calle principal de la aldea El Pajón. 

Las víctimas fueron Eleodoro Choc Yat, 23, y el vendedor Cristopher José Rubén Castillo Ochoa, 23.

En el área de Santa Catarina Pinula se supone que los pandilleros cobran hasta Q300 de extorsión a los vendedores.

Los hombres dijeron que trabajan para una empresa de seguridad privada, se les incautó tres pistolas calibre nueve milímetros, tres cargadores, 34 municiones calibre nueve milímetros, municiones calibre 12 milímetros, además tres cinturones y dos pares de grilletes.

Según la policía, los guardias privados escandalizaban y dispararon sus armas en la zona 1 de Escuintla, luego huyeron a bordo de un picop Toyota color plateado por lo que tuvieron que perseguirlos hasta el kilómetro 61 de la ruta al Puerto Quetzal.

En la Ley de Armas y Municiones se establece el castigo de entre seis y 12 años de cárcel a las personas que sean responsables de hacer disparos sin causa justificada, la pena se impone según las circunstancias que rodean el hecho.