Alida Boer, ex Miss Guatemala 2007, el gobierno de Guatemala y una empresa se vieron involucrados en una serie de señalamientos después de que la exreina de belleza hizo una denuncia en sus cuentas de las redes sociales.

De acuerdo con Boer, el Ministerio de Economía utilizó sin su consentimiento una de sus fotografías para promover un “evento de financiamiento”.

“Me parece una abusivez que el gobierno use una foto mía sin mi autorización y para publicidad de un evento de financiamiento”, dice en un mensaje la ex Miss Guatemala.

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Boer agrega que nunca ha recibido apoyo del gobierno ni tiene una relación con él, por lo que rechaza tal acción.

En la imagen que publicó el gobierno se le ve junto a una tejedora, en un afiche que anuncia la 1ra Feria de Financiamiento 2022.

Culpa a empresa

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Economía dijo que no había autorizado dicha publicación, que exponía “una falta grave al no contar con la autorización para socialización en redes sociales de la propietaria de la fotografía”.

Agrega que “el único responsable de dicha falta es la empresa de comunicación Comunica & CO” con quien esa dependencia “no tiene ninguna relación laboral”.

Hizo un llamado a dicha compañía para que actué en “forma responsable” para no afectar a “proyectos con sentido social”.

Lo que dice la firma

En tanto, la agencia Comunica & CO se disculpó públicamente por haber utilizado la imagen de Boer.

Dijo que su intención no fue usar la imagen en forma publicitaria, sino hacer “un llamado a las mujeres a ser beneficiarias de ese programa”,  según consigna una publicación del diario La Hora.

El evento busca apoyar el emprendimiento y está auspiciado por el gobierno de Taiwán.

Me parece una abusivez que @guatemalagob use una foto mía sin mi autorización y para publicidad de un evento de financiamiento cuando NUNCA el gobierno me ha apoyado en nada y yo no tengo relación alguna con este Gobierno @DrGiammattei @MINECOGT pic.twitter.com/0xboMZpR9I

— Alida Boer (@alidaboer) July 8, 2022

#Comunicado pic.twitter.com/PKAcNFLdoh

— Ministerio Economía (@MINECOGT) July 8, 2022

A pesar de que no existe una guía de los elementos esenciales que deben contener las tachas en contra de los 15 aspirantes a fiscal general, la Comisión de Postulación para elegir al jefe del Ministerio Público (MP) invita a presentar las mismas a partir de este viernes y el próximo lunes 14 y martes 15 de marzo por parte de organizaciones sociales, entidades y personas.

De acuerdo con el secretario de la Comisión, Luis Aragón Solé la publicación de los 15 candidatos que continúan en el proceso de elección de fiscal general se realiza con el fin de que “cualquier persona que conozca sobre algún impedimento lo haga saber por escrito a está comisión” de conformidad a lo preceptuado en el reglamento interno de la Comisión de Postulación para integrar la nómina de candidatos 2022-2026.

Según las normas internas de la Postuladora las tachas deberán plantearse de forma escrita dirigida a dicha sala de trabajo, deberán identificarse con nombre completo y adjuntar copia del Documento Personal de Identificación (DPI); además deberá acompañar al original 15 copias integras de los documentos entregados, foliados y otra copia adicional en formato digital PDF.

Además, la Comisión de Postulación advierte que “no se admitirán señalamientos anónimos” extremo que se encuentra resaltado en la normativa interna. También deben exponer en qué consisten el o los señalamientos de forma clara y concisa, fundamentando las aseveraciones y estás no deben basarse en señalamientos políticos, así como en denuncias, demandas o procedimientos en trámite, si sobre los mismos “aún no existe una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada o resolución definitiva no pendiente de recurso o notificación alguna” se lee en el documento.

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Luego de la presentación de tachas o señalamientos, la Postuladora y revisará los mismos a partir del próximo 17 de marzo a fin de analizar y determinar si amerita la expulsión de los aspirantes señalados. Es importante destacar que quienes sean señalados tendrán tres días hábiles para intentar defenderse, con argumentos y pruebas de descargo.

Los requerimientos de los señalamientos

1)            No admitirán señalamientos anónimos

2)            No aceptarán denuncias por demandas pendientes de condena firme, resolución definitiva y con recurso pendiente

3)            Exponer los señalamientos en forma clara y concisa, fundamentando las aseveraciones

4)            Se deben adjuntar los documentos y medios de comprobación que demuestran la veracidad de los señalamientos

5)            Acompañar copia digital en formato PDF que puede en CD, DVD o USB

6)            Cada señalamiento debe contener 15 copias integras

Verificarán antecedentes

La Postuladora avaló que 10 instituciones en las que verificarán los antecedentes de los 15 aspirantes a dirigir el Ministerio Público siendo estás: La Junta de Disciplina Judicial, el Consejo de la Carrera Judicial, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Contraloría General de Cuentas, la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Tribunal Supremo Electoral, las Universidades en Guatemala y el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Sin embargo, la solicitud de datos no se limitará a las instituciones anteriormente mencionadas, si es necesario se consultarán a las entidades que sean necesarias.

Otros acontecimientos

Además, la Postuladora informó que el próximo 29 de marzo se realizará la prueba psicométrica la cual estará a cargo de la Universidad del Valle de Guatemala, los candidatos deben responder cuestionarios de personalidad y otro de competencias, para ello tendrán 3 horas aproximadamente y deben acudir a las instalaciones de la Escuela de Estudios Judiciales ubicada en la zona 16 de la ciudad, desde las 9:00 horas.

Mientras que el 1, 4 y 5 de abril se desarrollarán las entrevistas públicas con los aspirantes a fiscal general en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia.

Los excluidos

El pasado lunes 7 de marzo los integrantes de la Comisión de Postulación excluyeron de forma definitiva a nueve de los 10 aspirantes que presentaron sus pruebas de descargo, debido a que no cumplieron con algunos de los requisitos establecidos por dicha sala de trabajo. Es importante mencionar que la Postuladora hasta el momento solamente ha revisado si el aspirante cumple con los requerimientos mínimos.

Los aspirantes que fueron excluidos son:

1. Francisco Javier Puac Choz
2. Eduviges Manuel Cortéz
3. Franc Armando Martínez Ruí
4. Silvia Lucrecia Villalta Martínez
5. Fernando Linares Beltranena
6. Brenda Dery Muñoz Sánchez
7. Sandra Elizabeth Acán Guerrero
8. Edward Rosalío Gómez García
9. Nydia Lissette Arévalo Flores

La única candidata que obtuvo la mayoría de votos para su reincorporación al proceso de elección a fiscal general fue Darleene Apolonia Monge Pinelo, tras avalar que presentó una constancia en la cual comprueba que no ha recibido sanciones del Ministerio Público; sin embargo reconoció que si recibió una amonestación verbal pero cuando no era profesional, sino auxiliar fiscal y esta le fue retirada con el procedimiento de rehabilitación.

Peticiones

Los Comisionados escucharon las peticiones de algunas organizaciones y le cedieron el espacio al representante de la Plataforma Nacional de Organizaciones de Victimas del Conflicto Armado Interno e instaron a los integrantes de la postuladora a integrar la nómina apegándose a los requisitos de ley y elegir a candidatos que no tengan relación directa con el Presidente.

Por su lado el representante de LAMBDA, asociación que lucha por la igualdad, dignidad y participación de las personas de diversidad sexual, desde el ejercicio de los derechos humanos, solicitaron elegir  a los aspirantes idóneos, derivado a que han identificado a algunos de los postulantes que se han pronunciado en contra de los grupos que dicha entidad representa.

Trump respondió furioso en Twitter, llamando a Corker “incompetente”, alguien “totalmente desubicado” y que “ni siquiera podría ser elegido jefe de una perrera”.

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Trump llegó al Congreso y fue recibido por el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. Ambos sonrieron ante las cámaras e ignoraron preguntas de los periodistas.

Súbitamente, un manifestante saltó del área de prensa gritando “¡Trump es un traidor!” y lanzando un puñado de banderas rusas con el nombre de Trump inscrito en ellas. Trump y McConnell siguieron caminando mientras agentes de seguridad detenían al descontento, quien se identificó como Ryan Clayton, integrante de un grupo llamado Americans Take Action.

“Cuando Trump deje la presidencia, me temo que será recordado principalmente por la manera como ha arruinado la imagen de nuestro país, por sus insultos, por sus falsedades, y creo que eso es lamentable”, dijo Corker a reporteros en el Capitolio. “Su estilo de gobierno es de dividir a la gente, de insultarla, de decir falsedades”.

Añadió: “Desafortunadamente, creo que los líderes mundiales saben muy bien que mucho de lo que él dice es falso”.

No llegó a tildar de embustero al presidente y no respondió cuando se le preguntó si pensaba que Trump debía ser destituido.

El intercambio de este martes intensificó una batalla verbal que ya estaban librando los dos políticos. Corker ha criticado fuertemente a Trump en semanas recientes, y en cierto momento denunció que la retórica belicista del presidente podría causar una Tercera Guerra Mundial.

El intercambio reciente comenzó cuando Corker, la mañana del martes, le dijo al programa Today de la NBC que Trump debería dejar que el Congreso se encargue del plan de reforma fiscal, en vez de interceder constantemente como lo hizo el lunes al prometer vía Twitter que el plan no cambiaría las cuentas de ahorros de jubilación 401(k).

Ello llevó a Trump a reaccionar furiosamente por Twitter, escribiendo “Bob Corker, quien ayudó a Obama a elaborar ese terrible acuerdo con Irán y ni siquiera sería elegido como jefe de una perrera en Tennessee, se opone a hora a la reforma fiscal….”

Brenda Anabella Quiñónez Donis, abogada señalada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) de haber sustraído información de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), fue contratada desde hace más de ocho meses como asesora del diputado Óscar Stuardo Chinchilla Guzmán, ahora presidente electo del Congreso.
El 24 de agosto pasado, las autoridades de la PGN informaron que en la revisión del usufructo y ampliación otorgada a los canales de televisión abierta se encontraron obstáculos porque hacía falta información documental, la cual había desaparecido en 2008.
En su momento, la entonces procuradora General, Anabella Morfín, aseguró que denunciaron en 2009 a la también exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y extrabajadora de la Sección Jurídica de la SIT.
En 2009 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentó una tacha en contra de la ahora asesora de Chinchilla Guzmán, cuando esta aspiraba a integrar la CSJ.
Según registros del Ministerio Público (MP), sí existe una denuncia acerca de la desaparición de los documentos, en la cual no figura el nombre de Quiñónez Donis. No obstante, fuentes del órgano investigador aseguraron a Prensa Libre que entre las pruebas documentales se presentó un video en el cual se observa a Quiñónez Donis salir del lugar con varias carpetas.

Asesora

Quiñónez Donis comenzó el año como asesora jurídica en el despacho del Ministerio de Comunicaciones, con un sueldo de Q20 mil mensuales, según consta en los registros publicados por esa dependencia.
De acuerdo con actas de la Junta Directiva del Congreso, la abogada fue contratada por ese organismo a mediados de este año como asesora de Chinchilla Guzmán, actual cuarto secretario legislativo.
En los informes del Congreso, Quiñónez Donis aparece con un salario de Q15 mil mensuales y está contratada en el renglón 029. Es decir  que no está obligada a presentarse al palacio legislativo a marcar y  puede trabajar en otros lugares, porque su servicio es temporal y no goza de prestaciones.
Chinchilla Guzmán admitió la contratación de la abogada y explicó que ya había trabajado con él en el Congreso. “Tengo dos personas que me ayudan. Ella revisa las actas y otros aspectos jurídicos”, aseguró.
El parlamentario afirmó: “La gente que estuvo después de mi período en la SIT se inventó robos, hasta presentaron denuncias en el MP, pero yo nunca supe, ni vi nada de eso. Nosotros fuimos a encontrar todo tirado, era un desorden y lo que hicimos fue implementar un sistema de registro”.
En cuanto a la denuncia contra su asesora, Chinchilla indicó: “La gente que se quedó en mi lugar fue la que señaló el robo de los documentos, fue algo mal intencionado”.
Esta no es la primera vez que la exmagistrada trabaja con el presidente electo del Congreso, pues cuando Chinchilla fungió como superintendente de Telecomunicaciones, del 2004 al 2008, también fue su asesora jurídica. Además laboró para el Departamento Jurídico del Congreso durante la presidencia de Gudy Rivera, del Partido Patriota, quien cumple una condena de prisión por un proceso de tráfico de influencias.

Cuestionada

A Quiñónez Donis no se le achaca solo la pérdida de los documentos de los usufructos de la televisión abierta; también ha sido cuestionada por haber trabajado como asesora con el expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Juan de Dios Rodríguez, quien enfrenta un proceso penal por irregularidades en esa institución.
Además, cuando participó en la elección de magistrados de la CSJ, se le vinculó con Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis.
En 2009, el entonces jefe de la Cicig, Carlos Castresana, la consideró   no idónea para el cargo, por lo que ella interpuso un amparo contra él. Esa impugnación de la candidatura de Quiñónez Donis no tuvo desenlace negativo para ella.

Niega señalamientos

En marzo del 2014, Brenda Anabella Quiñónez Donis fue electa por el Congreso para  sustituir al magistrado César Barrientos en la CSJ, luego de que este se suicidó, en enero, para finalizar el período de esa magistratura —2009-2014—.
Prensa Libre la llamó en varias ocasiones  para obtener su versión sobre los señalamientos actuales, pero su celular sonaba apagado. 
Quiñónez Donis no se ha quedado callada ante los señalamientos que le han hecho en los últimos años.
En 2009 accionó contra Carlos Castresana, entonces jefe de la Cicig, quien la calificó como  no idónea para ocupar una magistratura de la CSJ. También fue candidata a una magistratura de la Corte de Apelaciones.
Luego de ser señalada por la PGN por la pérdida de documentos en la SIT, presentó un memorial en el que consta que no existe denuncia en su contra en el MP y negó los señalamientos.
Quiñónez Donis es abogada, graduada de la Universidad Mariano Gálvez, y tiene tres posgrados en universidades extranjeras, uno de ellos  en seguridad y policía comunitaria.
Fue asistente del procurador General de la Nación y del jefe del Ministerio Público  en 1991.
También fue subdirectora de Formación y Capacitación de la Unidad de Planificación y Transformación del Departamento de Capacitación para funcionarios judiciales.
Dirige su propio bufete y ha sido consultora para entidades estatales.

Critican contratación

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento pro Justicia, se mostró preocupada por la asesoría que presta Quiñónez Donis a Chinchilla Guzmán. “Ella formó parte de la estrategia de Juan de Dios Rodríguez para manipular desde las comisiones de Postulación el proceso de candidatos a las Cortes”, dijo.
Agregó: “Son profesionales que asesoran a personas con cierto poder de incidencia en la toma de decisiones  y que han servido a favor de la impunidad. Es lamentable la ligazón que se hace evidente”.

Analistas consultados por Prensa Libre consideraron que la mayoría de mandatarios buscan colocar en puestos clave a personas que respondan a intereses personales o políticos.

Carme Aída Ibarra, del Movimiento pro Justicia, aseveró que la mayoría de procuradores generales ha sido señalado por la Contraloría. “Tengo presente un contrato millonario de la Superintendencia de Telecomunicaciones que consistía en atender denuncias de robos de celulares, se le llegó a pedir a Vladimir Aguilar que analizara las irregularidades, sin embargo en esa ocasión dio vía libre al contrato y fue la Contraloría la que frenó esa negociación”, aseveró.

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, denunció a los exprocuradores Larry Robles y Aguilar por dudosas acciones en el contrato oneroso entre la Empresa Portuaria Quetzal y Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

“Aunque no se menciona, se hace referencia que también se debe actuar contra el titular que estaba en febrero 2015. Hay muchas dudas contra Villagrán, mañana —hoy— se enviará una nota al Ministerio Público”, refirió.

Lizandro Acuña, del Instituto de Problemas Nacionales, aseguró que el problema de poner a personas allegadas al presidente de la República es institucional y no solode la PGN.

Mario Gordillo, nombrado en la administración de Óscar Berger, fue criticado porque en su gestión crecieron las adopciones irregulares y porque su esposa, Patricia Cervantes, era magistrada del Tribunal Supremo Electoral.

Los inconformes señalan que el expresidente de la Junta Directiva, Juan de Dios Rodríguez y Carlos Contreras, pertenecen al PP, por lo que la llegada de este último a la institución “constituye un respaldo a los funcionarios que todavía están dentro del Seguro Social y están involucrados en casos de corrupción”.

Los trabajadores del IGSS también critican que, como ministro de Trabajo, Contreras impulsó el salario diferenciado para favorecer al sector empresarial, por lo que existe riesgo de que, como presidente de la Junta Directiva, impulse políticas y programas que solo favorezcan a la clase empresarial.

Fraude de ley

Además, los sindicalistas dicen que Contreras tiene impedimento legal para ser miembro de la Junta Directiva del IGSS, pues según el artículo 9 de la Ley Orgánica de ese instituto, no pueden optar a ese puesto “los que sean dirigentes de cualquier partido político como miembros de su comité ejecutivo general, de su consejo consultivo o de sus comités directivos filiales”.

Carlos Tay, uno de los dirigentes sindicales, afirmó que la renuncia reciente de Contreras al Comité Ejecutivo del PP constituye fraude de ley, pues lo hizo para evadir ese impedimento legal.

La renuncia constituiría, además, una simulación, según los denunciantes, pues creen que “el vínculo con la cúpula del partido del Gobierno persiste”.

Los trabajadores pidieron la destitución inmediata del nuevo presidente del IGSS y solicitaron una audiencia con el presidente Otto Pérez Molina y acompañamiento de la sociedad civil.

“Tememos que Contreras va a llegar a apañar actos irregulares que deben ser investigados, en especial las contrataciones. Creemos que van a continuar los actos de corrupción y el despilfarro de dinero de los afiliados. Si el presidente Pérez hace oídos sordos, tomaremos otras medidas”, aseguró Tay en conferencia de prensa.

Entre los inconformes con el nombramiento de Pérez Molina hay médicos, trabajadores sociales, enfermeros e inspectores patronales.

El idóneo

Para evitar la corrupción, los trabajadores del IGSS proponen que se hagan públicos los nombres de los candidatos a la presidencia de la Junta Directiva y que se trate de personas con conocimientos técnicos en la seguridad social y de reconocida honorabilidad.

Además, piden que se haga una depuración del personal administrativo, en especial en el área de Recursos Humanos, a cuya encargada acusan de organizar los nombramientos de las juntas de licitación de modo que los contratos sean otorgados a empresas afines debido al desconocimiento de los integrantes.

Hombre de confianza

Contreras también ofreció ayer una conferencia de prensa en la que reconoció que es hombre de confianza de Pérez Molina, pero que también lo quiere ser de todos los guatemaltecos.

Según el exministro, hay compromiso de denunciar a quien haya cometido alguna ilegalidad en el Seguro Social, lo que incluye a sus antecesores y proveedores.

Aseguró que empezará con auditorías a través de la Contraloría, y también contratará a empresas extranjeras para ello. Dijo que evaluará el tema de asesorías, y reconoció que en el Seguro Social hay 970 asesores, pero no hubo compromiso para disminuir esa cantidad.

Contreras manifestó que optimizará los recursos financieros de la institución para brindar un mejor servicio a los guatemaltecos, y prometió hacer reformas en el Instituto para beneficiar a más personas.

Sobre las quejas de los sindicalistas, el funcionario aseguró que está abierto al diálogo y que no tienen ningún impedimento legal para fungir en el cargo, y que la estabilidad volverá al IGSS en un plazo no mayor a tres meses.

Lu Cía M como firma en el comunicado, agradece profundamente el apoyo de los amigos que confiaron y apoyaron la iniciativa y trabajaron duro para sacar adelante los eventos del 25A y el 16M, así como la participación de todos los guatemaltecos que pacíficamente expresaron el repudio a la corrupción en el país.

“En nombre de los siete, agradezco a todas las personas, organizaciones, instituciones, universidades y medios de comunicación que han apoyado la iniciativa”, dice el comunicado.

“Para evitar confusiones futuras, estamos en el proceso de cierre de ambas convocatorias pues consideramos es lo honesto hacer. Cualquier información que sea difundida con la imagen de #RenunciaYa, luego de este último comunicado, no será de nuestra autoría”, señala el comunicado.

La autora del comunicado recomienda que se siga velando para que el logro del último mes, no sea utilizado para el beneficio personal y político de unos pocos.

“Creo importante mantener la transparencia en las intenciones de los grupos convocantes para que los ciudadanos puedan unirse a las que crean convenientes. Particularmente deseo desligarnos del grupo autodenominado “Cambiemos Guatemala”, quienes en sus comunicados iniciales buscaron dar la impresión de que ellos eran nosotros, lo cual negamos”, dice el comunicado.

Surge movimiento

“La idea fue de una amiga, que estaba tan enojada por lo que estaba pasando, como el resto de guatemaltecos”, dice una de las seis primeras personas en invitar, mediante un evento de Facebook que protestarían para pedir la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti.

“Ella compartió el evento con otras cinco personas y conmigo. Yo indiqué que asistiría, pero pensaba no hacerlo. Luego, lo compartimos con nuestros amigos, y estos a sus amigos, y así fue como al final confirmaron 38 mil personas”.

“Esto es algo que nadie planea, no es un movimiento político. Cada quien tiene su ideología, pero nadie en esta protesta la defiende. La corrupción no es cuestión de ideologías, es cuestión de valores” dijo una de las que comenzaron este movimiento.