Durante una visita a la zona 18 como parte de la campaña electoral, la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres habló de apoyar la posibilidad de que esa zona se convierta en municipio del departamento de Guatemala. Pero, esa propuesta no es nueva.

El Congreso conoce varias propuestas en el sentido de que determinados territorios puedan convertirse en municipio, pero es la primera ocasión en que se habla de que los vecinos de una zona urbana puedan elevarse de categoría. Según los expertos sería el mismo procedimiento que establece el Código Municipal, y que por una iniciativa deberá de ser conocida por el Legislativo.

Entre los antecedentes más recientes, está que el 8 de julio del 2019, el Ejecutivo, luego de haber concluido con los distintos análisis, propuso la creación del municipio 18 del departamento de Guatemala, denominado la Nueva Ciudad Peronia, que actualmente es la zona 8 de Villa Nueva.

Luego, en junio del 2022 en el Congreso algunos diputados ya socializan la iniciativa 5558 para elevar la aldea El Cerinal, de Barberena a municipio en Santa Rosa. En ambos casos hay una ruta legal que se siguió y que el marco regulatorio lo establece en el Código Municipal.

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San Rafael Las Tapias

Desde el 2019 surgió una propuesta por el Cocode de la colonia Maya de impulsar la idea de convertir a la zona 18 de la capital en el municipio de San Rafael Las Tapias.

Los datos indican que en la zona 18 que el acceso y la salida a la ruta al Atlántico, hay más 300 colonias, residenciales y asentamientos, en un espacio de unos 42 kilómetros cuadrados, con una población urbana estimada de más 190 mil habitantes, lo que lo hace la zona más poblada.

En el área predominan las actividades productivas como el comercio al por mayor y menor, industria manufacturera, transporte, almacenamiento, construcción, y todas las que se miden en el PIB. A pesar de que existe una fuerte actividad, también es considerada zona roja por los altos índices de violencia y la dominación de ciertos espacios por parte de grupos organizados.

Parte de la propuesta de convertirse en un municipio es para que los aportes y pagos de impuestos que hacen los vecinos regresen a la comunidad, ya que es un área que tiene una carencia de varios servicios públicos.

Cómo es el proceso

Prensa Libre consultó al exconcejal y analista político, Douglas González, sobre cuál es el proceso para elevar a una zona de la capital a municipio, y respondió: “Es una iniciativa de ley que aprueba el Congreso. El procedimiento está regido en el Código Municipal”.

El mismo procedimiento con el que se realizó la propuesta de Peronia y de El Cerinal, sería también es el mismo proceso para la zona 18.“De hecho, hay varias iniciativas similares ya en el congreso: Peronia quiere ser municipio”, apuntó el experto.

Sobre el alcance e implicaciones de una configuración territorial en el municipio de Guatemala, González ahí plantea una observación: “Lleva, a la fragmentación y atomización de territorios. En un concepto de urbanismo es contraproducente el surgimiento de feudos porque complican las soluciones integrales ante el fenómeno de crecimiento urbano o ciudades ampliadas. La Ciudad de Guatemala, por ejemplo, es más que el municipio y el abordaje de los problemas metropolitanos requieren de una visión más integral”.

Enfatizó que si bien es cierto que los vecinos de la zona 18 tienen legítimos reclamos sobre los servicios municipales. Pero, ante una eventual administración propia no hay garantía de resolverlos; a primera vista, podría pensarse que se agravarían.

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Aunque la propuesta de los vecinos puede ser viable desde el punto de vista político y existe un camino legal para hacerlo, expresó que antes de llegar a ese extremo, podrían plantearse otros mecanismos, como:

1. Planes de ordenamiento específicos para la zona 18.
2. Una administración conjunta con un alcalde auxiliar electo por los vecinos.
3. Un régimen administrativo conjunto que administre las contribuciones de los vecinos de la zona, IUSI y asignación de Gobierno Central en función de su población principalmente.
4. Desde el punto de vista legal reúne las condiciones, ya que es la zona más poblada de la ciudad y tiene un territorio grande.

Por otro lado, resaltó que también es comprensible que los vecinos se sientan, en algún caso aislado del desarrollo urbano de la Ciudad y de algunos servicios como agua, transporte y, sobre todo, de seguridad.

“No estoy seguro de si, en el corto o mediano plazo, lograrían resolver sus problemas o si se agravarían”, reflexionó.

Nueva configuración

En una suposición, que si la zona 18, Ciudad Peronia o El Cerinal puedan convertirse en un municipio y que el Congreso lo apruebe con los dictámenes que indica la ley:

• El Ministerio de Gobernación, deberá nombrar a las autoridades municipales que provisionalmente tendrán las funciones y atribuciones legales de administración del territorio.
• El Organismo Ejecutivo deberá informar el contenido del decreto al Tribunal Supremo Electoral, Registro de Ciudadanos, Gobernación del departamento de Guatemala, Instituto Geográfico Nacional, Instituto Nacional de Estadística, Instituto de Fomento Municipal y municipalidades involucradas.
• El Ministerio de Finanzas Públicas debe prever las asignaciones constitucionales presupuestarias para dotar de los recursos financieros a los Ministerios de Gobernación y de Agricultura, para llevar a cabo los procesos para la constitución del municipio.
• La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, además de entidades autónomas y descentralizadas, deberán colaborar con su infraestructura para garantizar el desarrollo social, cultural y económico del recién creado municipio.

Varios proyectos deben concretarse en los próximos cuatro años, según las promesas de campaña de los alcaldes electos en la Ciudad de Guatemala, Santa Catarina Pinula, Mixco y Villa Nueva. Algunas de las obras se encuentran en construcción y deben ser terminadas.

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Ricardo Quiñónez, actual alcalde de la Ciudad de Guatemala y quién continuará en el cargo por otros cuatro años, prometió mejorar la circulación vial a través de varios proyectos como el viaducto que se construye en la 13 avenida y calle Martí, zona 6, el cual estaría finalizado a finales de julio.

También se construye un viaducto en el lugar conocido como Cuatro Caminos, zona 16. Otros dos viaductos, según el jefe edil, serán construidos en las 35 calles de la calzada Atanasio Tzul y avenida Petapa, ambos en la zona 12, este segundo proyecto se encuentra en la primera fase de construcción y serviría para desfogar el tránsito de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y vías aledañas.

Quiñónez ha reiterado que perforarán 13 pozos para la extracción el agua y se implementarán métodos para captar la de lluvia. También ha mencionado que concluirá el cierre técnico del vertedero en la zona 3 y mejorará el tratamiento de los desechos que llegan a ese lugar.

Para el 2020, el jefe edil electo estipula ampliar el servicio de Transmetro a las zonas 3 y 5. La primera de estas rutas recorrerá las avenidas Elena y del Cementerio. Recientemente se anunció la construcción de un viaducto en la 20 avenida y 4a. calle de la calzada José Milla y Vidaurre, zona 6, el costo del proyecto será de Q40 millones.

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Mixco

Neto Bran, actual alcalde de Mixco y quien logró su reelección, prometió que se ampliará la ciclovía para que conecte con la Ciudad de Guatemala y aseveró que es un hecho la construcción de aerometro, (lo cual también promete Quiñónez). Este servicio de transporte iría desde el Molino de Las Flores, en Mixco, hacia la zona 9 de la ciudad.

Bran también prometió la creación de una central de transferencias, donde se una todo el transporte que proviene de las diferentes zonas de Mixco y en el que se incluyan las paradas del aerometro, aunque no mencionó el sector específico.

Para resolver la escasez de agua dijo que se perforarán de cinco a 10 pozos en cuatro años, que se sumarán a los 92 existentes en el municipio y se implementarán mejores técnicas de distribución y se logrará que se capten cinco mil galones de agua por minuto.

El jefe edil indicó que se instalarán mecanismos para que el agua llegue con presión a las viviendas. También asevera que construirá más plantas de tratamiento para reciclar el agua.

En cuanto a la seguridad, Bran prometió que incorporará más agentes municipales que serán capacitados; además, adquirirá más armas, vehículos y cámaras de última tecnología para reconocimiento facial e identificar más rápido a personas involucradas en delitos. En educación mencionó que construirá 11 institutos básicos para igual número de zonas y continuará la ampliación del anexo de la Usac en la localidad.

Durante la campaña electoral de Bran se comenzó la ampliación de carriles en el bulevar que conecta hacia Tierra Nueva, Chinautla, la obra está cargo de la municipalidad de Mixco; sin embargo, a pesar de que los trabajos no han tenido avance desde hace semanas, en la comuna se dijo lo contrario y se asegura que por ahora se hace un cambio de postes del tendido eléctrico.

Villa Nueva

Javier Gramajo, quien ganó la alcaldía con el partido Fuerza, mencionó en su campaña que implementará el tranvía, ya que es un sistema de transporte que “va sobre el asfalto y con el cual no se abre la tierra”.

Según Gramajo, con este tipo de transporte no habrá exceso de estaciones de abordaje ni de buses; además, dijo que no se enfocarán solo en Villa Nueva, ya que la ruta iría desde la Central de Mayoreo, en la zona 12, hacia otra estación en Palín, Escuintla, y viceversa, otra vía estaría entre Villa Nueva y San Lucas Sacatepéquez.

El alcalde electo ha referido que el 51 por ciento de los dueños del tranvía serían las municipalidades y el resto empresas privadas y que se buscaría apoyo internacional. También ha recalcado que este sistema funciona en Barcelona, España, San Francisco, California, EE. UU; y Guadalajara, México.

Gramajo explicó que perforarán 30 pozos en el municipio para la extracción de agua para el consumo y solucionarán la falta de servicio que hay en colonias como Santa Isabel, donde en ocasiones los vecinos han bloqueado el paso por la ruta al Pacífico en protesta por la falta del líquido.

También dijo que resolverán el problema de la falta de drenajes, ya que en el 70 por ciento del municipio no existen.

Durante una entrevista en La Red, Gramajo refirió que tratará de acercarse con los patrulleros que operan en Bárcenas para incluirlos en temas de seguridad, aunque de forma preventiva y en coordinación con la PNC; además, se crearán 12 alcaldías auxiliares para conocer de cerca los problemas de los vecinos.

Gramajo prometió evaluar la forma en que funciona el servicio de transporte público Transmío, ya que asegura que está mal ejecutado y los buses se descomponen constantemente; además, “no cubre todas las áreas de la localidad”.

Agregó que continuará el remozamiento de parques, arreglará las calles y eliminará los basureros clandestinos, para lograr esto último dijo que buscará alianzas con los recicladores. Gramajo aseguró que si en dos años no cumple lo prometido renunciará al cargo.

Santa Catarina Pinula

Sebastian Siero, alcalde electo en Santa Catarina Pinula con el partido Todos, mantiene sus promesas de campaña y asegura que a corto plazo trabajará en dos aspectos, la seguridad y la movilidad vehicular.

En seguridad dijo que distribuirá por grupos de 20 a 200 policías municipales para que resguarden determinados sectores con el apoyo de la Policía Nacional Civil.

“Se implementará la Policía Municipal de Seguridad, se dividirán en grupos de 20 y se asignarán a sectores específicos para que realicen patrullajes, porque ahora solo custodian edificios municipales”, precisó.

Siero recalcó que los agentes ya cuentan con armas de fuego y patrullas, aunque recuerda que solo efectuarán capturas preventivas a espera de que llegue la PNC para que consigne a los sospechosos.

En movilidad dijo que uno de los proyectos a corto plazo será la construcción de un viaducto en la 20 calle de la zona 10 para desfogar el tránsito, dicho proyecto ha sido mencionado por la actual administración y aseguran que no se puede concretar, debido a que no tienen autorización por supuestamente existir vestigios arqueológicos del Montículo de la Serpiente.

Siero asegura que dicho viaducto, que tendría un costo de Q20 millones o Q21 millones se ha postergado desde hace varios años por falta de voluntad, por lo que hará la solicitud al Instituto de Antropología e Historia (Idaeh) para edificar el puente.

“Es falso, es una excusa política (no construir el puente) lo que pasa es que no existe un diseño y solo hay bosquejos, no se ha hecho el trámite ante el Idaeh, lo único que ha pedido la entidad es que al momento de la construcción que estén presentes arqueólogos, por si se encuentra algo que sean ellos quienes retiren las piezas arqueológicas, pero no se ha hecho la solicitud”, comentó.

El Montículo de la Culebra es una estructura prehispánica donde durante la época de la colonia se construyó un acueducto.

También asegura que a corto plazo se implementará el transpinula, un transporte público similar al Transmetro que funciona en la Ciudad de Guatemala.

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A Fersa, subsidiaria de la firma española Eldu, se le adjudicaron tres de los cinco bloques de la segunda licitación para ampliar la red de transmisión.

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Adjudican obras para construcción de 400 kilómetros de red

El total de la licitación fue de 400 kilómetros, de los cuales tres de los cinco bloques se le adjudicaron a Fersa. El primero cubrirá a comunidades de Quiché y se interconectará con San Marcos.

El segundo bloque, que incluye el noroccidente, interconectará Quiché con Quetzaltenango, San Marcos y Suchitepéquez.

El tercer bloque será el de las líneas de transmisión desde La Ruidosa, Mayuelas y conexión con Los Amates, Izabal.

El costo de todo lo adjudicado es de US$24.1 millones por canon anual, según lo licitado en el 2015 que establece la segunda fase de la ampliación de la red.

La autorización de uso se publicó ayer en el Diario de Centroamérica, contenida en el acuerdo ministerial 109-2017.

El acuerdo refiere que de haber incumplimiento de obras, la empresa será sancionada.

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) propuso hace algunas semanas que las empresas distribuidoras de energía podrían realizar cobros básicos de las comúnas, como servicio de extracción de basura y suministro de agua.

Además la Anam supone que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) debería de ser la entidad que cobre el pago del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), que en la actualidad cada comuna recibe directamente.

El presidente de la Anam, Edwin Escobar defiende la propuesta y también fue consultado el comisionado presidencial de Desarrollo Urbano, Enrique Godoy, quien también tiene experiencia en gestiones municipales.

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• “Les da miedo cobrar”

Enrique Godoy, comisionado presidencial de Desarrollo Urbano, refirió que ninguna municipalidad en el país es sostenible, porque temen cobrar el costo real de los servicios.

¿Por qué los ingresos de las municipalidades no se han logrado  fortalecer?

Se debe trabajar en fortalecer la capacidad de estas. Pero el otro punto es que  también dejan de cobrar  por  varias razones, y   una es por temor. Les da miedo cobrar los servicios al precio que debiera de ser, como un local en el mercado, agua, alumbrado público o iluminación.

En algunos casos es porque  los pueden hasta linchar, y además les da temor político y que no los reelijan. Eso  deriva en que  después no  hay transparencia en el costo real de los servicios.

Pero por  alumbrado público hay cobros altos…

En el caso de la  municipalidad de Quetzaltenango,  sí  cobra en  forma directa el servicio —porque  posee la empresa eléctrica municipal—, pero cobra   Q0.94 al mes por alumbrado público y  Q5 al mes de agua,  montos que no cubren siquiera el costo de la factura.

¿Qué otros ingresos tienen las comunas?

Dependen en  70% a 80% de   aportes constitucionales y transferencias; estas últimas son  los fondos provenientes  de los
ingresos por impuesto al valor agregado (IVA) y otros.

¿Son sostenibles las municipalidades?

No hay ni una sola municipalidad en Guatemala que sea sostenible. Ninguna cobra los servicios como  debiera. Por ejemplo, la  municipalidad de Guatemala complementa la baja tasa de agua con  una tasa de alumbrado público más alta de lo que debiera.

Hay falta de responsabilidad de las municipalidades de no cobrar las tasas reales, y cuando alguna se atreve, como lo hizo la de  Villa Nueva y le subió  al agua, se  levantó la gente. Pero como población tenemos que entender que debemos  pagar tasas adecuadas.

¿Qué se debe hacer para cambiar esa situación? 

Tiene que haber una política pública clara: si las municipalidades no empiezan a cobrar los servicios al costo que deben, tampoco se les debieran asignar más recursos de los que se debe.

El  aporte establecido en la Constitución  tiene una fórmula para incentivar que  se les debe dar más a las que recauden más, pero también que  se les debe aportar más a las   que cobran menos, para apoyarlas. Sumado a eso, ahora  quieren que se les trasladen más ingresos por  impuestos   —IVA, IDP o ISCV—  a las  que menos recaudan. 

En el caso de la energía,  hay un problema:  la CNEE  autoriza las tarifas que deben aplicar  las distribuidoras, pero a las empresas municipales se las fijan las comunas. El Inde y la CNEE deben asumir un rol  más importante en ese tema.

• “Hay que tener valor”

Edwin Escobar, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), afirma que las municipalidades
deben fortalecer sus ingresos propios, pero  que les da temor cobrar el costo real de los servicios al usuario.

¿Qué opina?

Hay que fomentar el fortalecimiento municipal generando fondos propios  desde el impuesto único sobre inmuebles (IUSI), boleto de ornato, prestación de servicios públicos y  atracción de inversión.

Aparte, se se propuso trasladar más recursos del IVA-Paz.

¿A las comunas  les da temor cobrar  los precios reales de  los  servicios básicos?

Claro, porque es populista regalar los servicios públicos, pero es insostenible financieramente, en cualquier lugar del mundo debemos pagar por los  servicios; por lo menos, al costo.

El Estado puede subsidiar infraestructura, por ejemplo, un  pozo, pero la operación,  mantenimiento, energía que usa y otros gastos  debe  cubrirlos el usuario.

En  la actualidad, pagamos los costos de la telefonía y  otros servicios,  lo que  le genera millones de dólares en utilidades a los propietarios, y los usuarios

¿Y la tasa de alumbrado público?

Hay una dicotomía: por un lado, hay comunas  con  tasas muy bajas, entre 10% y 13%; en otras  es ridículo que la tasa  sea  más alta que el consumo de una vivienda popular. Eso  abrió  espacios  para que instancias ilegales  ofrezcan  a la gente no pagar por eso y  surge el robo de energía.

¿Qué medidas se pueden implementar para que las comunas tengan  recursos?

Hay que tener el valor de hacer las cosas; la  autoridad pública tiene  poder coercitivo a favor del bien común, bajo lo que la
ley  permite.

Subió recientemente el precio del agua como alcalde de Villa Nueva. ¿Cómo le fue? Se subió  la tarifa, gané los recursos de inconstitucionalidad presentados por  los  manifestantes y la Corte  resolvió que yo tenía razón. Me mantuve firme, tuve  desgaste político, porque  tomé una decisión que no es popular, pero se deben tomar decisiones de beneficio general. 

Villa Nueva  llegó a Q55 millones de pérdidas anuales en la prestación del servicio de agua porque se  cubre a 25 mil hogares que no querían pagar, eso es injusto para el resto de familias.

¿Sería bueno dejar que la SAT cobre el IUSI a  nombre de las municipalidades?

Sí, porque el impuesto sigue siendo municipal, pero si la SAT lo cobra, aunque haya que pagarle una comisión, se ganan  dos cosas:  una, que la municipalidad ya no es el malo de la película, y dos, que sería más efectivo el cobro  porque la SAT puede bloquear el NIT a quien no paga  y lo pueden denunciar.

Energuate ve inviable la unificación del cobro de servicios en una misma factura, como propone la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), debido a los montos millonarios de la deuda eléctrica municipal, mientras que Eegsa aseguró que se puede adaptar al sistema, pero con condiciones.

La Anam busca que se incluyan en la misma factura los cobros de agua, alcantarillado, recolección de basura, alumbrado público y otros de índole municipal.

En Energuate aseguraron no tener conocimiento de la propuesta; sin embargo, creen que es un tema inviable, ya que podría incrementar en forma significativa la deuda municipal y el impago por servicios de electricidad, respondió la vocera, Lorena Flores.

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Hasta el 19 de octubre recién pasado, el adeudo de las municipalidades a Deocsa y Deorsa, por energía para alumbrado público, era de Q178 millones, agregó.

Coincidió con el gerente de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (Eegsa), Jorge Alonso, en que, en la actualidad, la Ley General de Electricidad solo les permite incluir en las facturas el cobro por tasa de alumbrado público por medio de una autorización de la Comisión Nacional de Energía Electrica (CNEE), pero no establece cobro de otros servicios.

Por ello, refirió Alonso, se deberá analizar esa legislación. Eegsa ve viable la propuesta preliminar, porque puede ser una medida para optimizar los costos de entrega de facturas, añadió.

De no poderse agregar el cobro de otros servicios se podría hacer en una factura adjunta y trasladarla al usuario por el sistema de entrega de Eegsa, firma que visita cada día 30 mil clientes. “Para qué va a llegar un mensajero con el cobro de la basura, otro con el del agua y otro con el de energía”, explicó Alonso.

Con esto se copiaría en cierta medida el sistema de Empresas Públicas de Medellín en Colombia —propietaria de Eegsa—, que incluye todos los cobros, dijo Alonso.

El ejecutivo señaló que la medida deberá quedar clara, porque Eegsa no podría cortar el servicio de energía a quien no pague el agua, por ejemplo, pues la empresa no presta este servicio sino que haría el cobro en nombre de las comunas.

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Propuesta de la Anam

La Anam trabaja en una ley de servicios públicos, la que incluiría esa modalidad de cobro, indicó Edwin Escobar, presidente de esa organización. En esta se le daría la competencia a las distribuidoras de electricidad para el cobro de otros servicios municipales, agregó.

Aunque dijo estar conciente que podría incluirse un cobro de 1% de parte de la empresa sobre el valor de los servicios cobrados, indicó que ese mecanismo mejoraría el cobro que se hace en la actualidad.

La propuesta aún se trabaja y debido a la agenda legislativa se presentaría hasta en el 2017, añadió.

Escobar opina, además, que las empresas municipales deben ser autosostenibles y cobrar los servicios por su valor real, para no tener que acudir a otros ingresos ni endeudarse.