Del 2017 a septiembre último se ha desembolsado Q1 mil 360 millones en el renglón de gasto 93 que registra las operaciones de sentencias que han dictado los diferentes juzgados en casos en los cuales se demanda a la Administración Central.

Los registros indican que hay por lo menos nueve entidades públicas que son recurrentes en estos seis años, y en otros solo registran una operación.

Por ejemplo, por un monto de Q204 millones es el Ministerio de Gobernación (Mingob) y cada año sale en los primeros cinco lugares; segundo, el Secretarías y Otras dependencias por Q159 millones; tercer lugar, Ministerio de Salud por Q145 millones y cuarto lugar por Q102 millones el CIV.

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Seguidamente, con Q90.9 millones el Ministerio de Agricultura, le siguen Ministerio de Desarrollo (Mides) Q58 millones, Ministerio de Cultura Q25 millones y Ministerio de Educación Q19 millones.

Solo en lo que va del 2022, el Mingob lleva Q26 millones, Agricultura Q19 millones, Mides Q15 millones, Cultura Q14 millones y Secretarías y Otras dependencias Q11 millones.

Se trata de una millonaria cantidad en la cual el Estado ha realizado compensaciones que ordenan los diferentes juzgados y las resoluciones que se emiten al concluir los juicios, y en las cuales destaca las reinstalaciones del personal que ha sido cesado en sus puestos de trabajo, pero apelan la reinstalación utilizando la vía legal.

Aunque en el renglón del gasto en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Ministerio de Finanzas (Minfin) no registra un desglose por las sentencias, las autoridades, han expuesto que alrededor de ocho de cada 10 pagos que se realizan se refieren a sentencias judiciales por reinstalaciones, salarios caídos y otras prestaciones.

El pasado 7 de septiembre en la presentación del proyecto del presupuesto 2023 de Q112 mil 294.8 millones por parte de las autoridades de la cartera del Tesoro a un grupo de analistas en la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), esta fue una de las preocupaciones que expusieron, en la cual los juzgados competentes emiten las sentencias, y que el tema sería abordado en una mesa de alto nivel con el Organismo Judicial.

Pero además de las sentencias laborales, ese rubro de gasto también registra otros juicios en los cuales el Estado pierde los casos, y en los cuales destaca el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y el Ministerio de Economía (Mineco).

Recuento

Al hacer un balance en promedio cada año el pago de sentencias es de Q226.6 millones en estos últimos seis años, dinero que proviene de los contribuyentes.

Las cifras de Sicoin, indican que en 2017 fueron Q126 millones, 2018 Q173 millones y 2019 Q316 millones, que son periodos antes de la pandemia.

En 2020, ya en pandemia, el monto subió a Q437 millones y en 2021, el monto por sentencias por Q188 millones, y de enero para septiembre van Q118 millones.

Es decir que en lo que va de la administración del presidente Alejandro Giammattei Falla, se han destinado Q743 millones para cumplir el pago de sentencias, según las cifras de Sicoin.

Interpretación

Para Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), aunque son sentencias judiciales, al hablar sobre las reinstalaciones en los juicios laborales, hay una tendencia que viene creciendo en la importancia de los pagos que incluyen sueldos caídos, indemnizaciones y el cálculo de otras prestaciones, que al final del día todo es parte en una discusión más amplia de la masa salarial en el sector público y el costo del recurso humano estatal.

Al igual que en la discusión de los pactos colectivos en los cuales se negocian ciertos bonos adicionales a la de ley, en los cuales hay incrementos, tiene un costo económico que va al rubro de la masa salarial.

“Desde el punto de vista presupuestario presiona más el gasto de funcionamiento y la rigidez presupuestaria que son recursos ineludibles, que hay que enfrentar”, apuntó.

De hecho, recordó que hay una sección en la formulación del proyecto del presupuesto, en la cual hay un tratamiento de riesgos fiscales en los cuales se habla de las demandas y juicios, pero que llama la atención en los juicios laborales que no hay un estimado en comparación de otras.

En todo caso, el investigador comentó que las cifras que se presentan en este período de análisis y el pago de las reinstalaciones en el sector público, es la necesidad de modernizar de la Ley del Servicio Civil para ordenarlo tanto de ingresar como salir en la Administración Central, hacer una carrera profesional, y que exista una estabilidad basada en mérito, que son principios para una mejor gestión en el Estado, así como mejorar los servicios que reciben los ciudadanos.

Hay relación contractual

El sindicalista Rigoberto Dueñas expresó que las demandas de reinstalación que promueven los trabajadores del sector público, y otras entidades fuera de la Administración Central, se plantean porque las autoridades nominadoras que puede ser un ministro de Estado, un alcalde, o el jefe inmediato superior del trabajador público lo hace bajo la contratación del renglón presupuestario 029, y los encuentran en la Ley de Contrataciones del Estado.

Sin embargo, al estar contratado bajo este renglón (029), presta sus servicios como si fuera cualquier otro trabajador del renglón 011 o 022 que tiene horario de trabajo, jornada diurna o nocturna, que trabaja con el equipo del Estado (patrono) y tiene un espacio físico, y “ahí se configura una relación contractual de trabajo”, y los funcionarios públicos proceden a simular la relación laboral, y la Corte de Constitucionalidad (CC) ha emitido innumerables fallos en el sentido que es una relación laboral, y que los funcionarios pretenden evadir las obligaciones, como el aguinaldo, bono 14, otorgar vacaciones y contribuir al régimen del IGSS, por lo que los únicos responsables, son los funcionarios, y menos los jueces que entran a conocer los procesos.

“El Derecho laboral es realista y objetivo y por más que se busque la tergiversación la relación el art. 106 constitucional no se puede menoscabar, ni disminuir los derechos de los trabajadores y otras leyes específicos”, precisó Dueñas.

Nomina en Administración Central

• Actualmente laboran en el Organismo Ejecutivo 234 mil 730 personas, lo que equivale a 116% más que en el 2001 y para pagar sus salarios se requieren más de Q30 mil millones anuales (presupuestado).
• De enero del 2001 a mediados del 2022, la contratación de personal en la administración central aumentó 116% y pasó de 122 mil 898 servidores públicos a los 234 mil 730.
• Ocho de cada 10 trabajadores públicos, fueron contratados bajo el renglón presupuestario 011 (personal permanente) y ascienden a 190 mil 935.
• El 12.96% está bajo el renglón 021 personal supernumerario, o sea, el que derecho a prestaciones por el tiempo de labores, pero puede ser desvinculado en cualquier momento con 30 mil 435 empleados.
• En el renglón 031 por jornal hay 11 mil 895 o el 5.06% y finalmente, en el renglón 022 (por contrato) están mil 465 empleados con una participación del 0.62%.
• La mayoría está concentrada en los ministerios de Educación, Salud y Gobernación, que son las carteras más grandes por el número de personal a su cargo y, por consiguiente, las que más asignación presupuestaria tienen anualmente por concepto de sueldos y prestaciones.
• La masa salarial en 21 años ha representado la erogación de Q344 mil 293.40 millones como pago de nómina de la administración Central, y en el recuento hay un crecimiento del 395% incluyendo lo presupuestado para este año.

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Nota del editor: Esta nota fue actualizada seleccionando solo los ministerios que han tenido demandas laborales. 

Si se quiere conocer el nivel de burocracia en la administración pública, el indicador ideal para ilustrarlo es la evolución de la contratación de servidores públicos, así como del monto de la masa salarial anual, lo que a su vez contrasta con la cobertura y calidad de los servicios que se prestan a la población. Esta es la deuda de arrastre durante muchos años.

Para que funcione el Estado como tal, se necesita de servidores públicos, cuya cantidad se ha convertido en un elefante blanco por la falta de controles, a pesar de que consumen una buena parte del presupuesto estatal.

Muchas de las personas contratadas o que llegan al sector público ya sea como personal permanente o por contrato, lo hacen por una afinidad política o por haber construido relaciones personales en los tiempos de campaña proselitista; aunque no es necesariamente la regla.

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Incremento de 116%

De enero del 2001 al mes junio último, o sea 21 años, la contratación de personal en la administración central aumentó 116% (126 mil 409 puestos), pues en enero de ese año, se contabilizaban 108 mil 321 empleados (en administración central), pero a junio del 2022, la cantidad llega a 234 mil 730, según la información proporcionada a Prensa Libre.

En la fecha inicial indicada, se contabilizaban 108 mil 321 empleados públicos (en administración central), pero a junio del 2022, el número llega a 234 mil 730, lo que arroja la tendencia de crecimiento a tres dígitos en estas dos décadas.

Las estadísticas brindadas por la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas (Minfin), dan cuenta de que ocho de cada 10 trabajadores públicos, fueron contratados bajo el renglón presupuestario 011 (personal permanente) y ascienden a 190 mil 935.

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El 12.96% está bajo el renglón 021 (personal supernumerario o sea, el que derecho a prestaciones por el tiempo de labores, pero puede ser desvinculado en cualquier momento) con 30 mil 435 empleados.

En el renglón 031 (por jornal) hay 11 mil 895 o el 5.06% y finalmente, en el renglón 022 (por contrato) están mil 465 empleados con una participación del 0.62%.

Es decir, lo fuerte de la burocracia de la administración central está en el renglón 011, y al hacer un promedio, unos nueve mil trabajadores pasan a formar parte de este segmento cada año.

La mayoría está concentrada en los ministerios de Educación, Salud y Gobernación, que son las carteras más grandes por el número de personal a su cargo y, por consiguiente, las que más asignación presupuestaria tienen anualmente por concepto de sueldos y prestaciones.

Asignaciones para salarios

Desde el salario de un conserje, una secretaria o ministro está registrado en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin) y en el mismo se observa un historial abrumador:  La masa salarial en 21 años ha representado la erogación de Q344 mil 293.40 millones como pago de nómina de la administración Central, y en el recuento hay un crecimiento del 395% incluyendo lo presupuestado para este año.

Por ejemplo, en 2001 el pago de la nómina de la administración Central era de Q6 mil 60.80 millones, y para 2022 se presupuestaron Q30 mil 55 millones; o sea que se ha quintuplicado. En porcentajes, la asignación para salarios ha pasado del 21% del total, hasta alcanzar en 2021 el 30%. O sea que, de cada Q100 de gasto del año pasado, Q30 se destinan para sueldos, cuando antes eran Q21.

Eso quiere decir que cada año, se destina una mayor proporción del presupuesto anual en salarios, y quedan menos recursos para cubrir otras necesidades como inversión, medicamentos, infraestructura o material educativo.

No obstante, el mayor gasto en salarios no se refleja en una mejor calidad de servicios públicos, ya que falta un control estricto en cuanto a los salarios que se devengan y los resultados de esas labores. Además, se habla mucho de las plazas fantasmas, ya que no hay certeza de que las personas prestan el servicio que se paga, no solo en la administración central, sino en el Congreso, donde hay procesos abiertos contra exdiputados, problema que los políticos no han atendido.

Los tres rubros que sobresalen

Para el personal en cargos fijos, en dos décadas se han destinado Q223 mil 777 millones o el 65% de la masa salarial total. Para bonos (muchos de los cuales han sido negociados en pactos colectivos) del personal público se han erogado Q53 mil 910.50 millones con una participación del 15.6% y para el pago del personal temporal, Q53 mil 965 millones, que también representa 15.6%.

Estos tres rubros o sea personal en cargos fijos, bonos y temporal, según el Sicoin, son los que en su conjunto, representan el 96% de la nómina publica con Q331 mil 653 millones en el período analizado.

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El año pasado, el mayor porcentaje de bonos se destinó a los ministerios de Gobernación (Q2 mil 345 millones), Salud (Q1 mil 385 millones) y Educación (Q797 millones).

Un trabajador estatal, dependiendo el renglón, recibe 14 salarios, -que incluye aguinaldo en diciembre y bono 14 en julio-, pero también puede percibir otros ingresos negociados por la vía de bonos y otros incentivos acordados con los sindicatos y que son autorizados por el Ministerio de Trabajo.

Por administración

En cada uno de los gobiernos desde la administración de Alfonso Portillo (2001-2004) hasta la presente de Alejandro Giammattei Falla, hay un crecimiento sostenido en la contratación de personal público en los diferentes renglones. Y llaman la atención tres momentos claves en los que hubo un crecimiento fuerte de la burocracia estatal:

Durante la administración del expresidente Álvaro Colom Caballeros (2008-2012) hay dos episodios interesantes: en 2008 había 116 mil 622 empleados públicos, cantidad que subió en el 2009 a 151 mil 756 con una tasa de crecimiento del 30% o sea 35 mil 134 personas. Cabe recordar que en esos años se presentó la crisis financiera mundial que impactó a Guatemala.

El otro corresponde al 2010, cuando había 164 mil 624 trabajadores, total que saltó a 195 mil 245 empleados un 18.6% o 30 mil 621. Solo en esa gestión presidencial se sumaron 65 mil 755 empleados públicos.

Parte de la explicación de ese crecimiento es que se acordó entre la autoridad de ese entonces y la dirigencia magisterial, que los maestros que formaban parte del Programa de Autogestión para el Desarrollo Educativo (Pronade) pasaran a la figura de personal permanente.

El otro momento que eleva la burocracia fue durante la gestión de Jimmy Morales (2016-2020), pues en 2018 la nómina estatal era de 209 mil 899 personas y pasó a 229 mil 27 creciendo en 19 mil 128 o 9.1%.

En la administración de Giammattei, hay un aumento de la burocracia del 2.4%. En 2020 cerró con 225 mil 732 (año en la cual surgió la pandemia) y en 2021 alcanzó 231 mil 219, lo que se incrementó en 5 mil 487, según el recuento.

Hasta junio, el total de empleados era de 234 mil 730, pero se tendría que esperar al cierre del ejercicio para conocer la evolución comparativa.

Bonos y más bonos

Solo para ejemplificar lo que ocurrió este año, cuando se hizo efectivo el primer bono anual por Q2 mil 500 que recibieron los maestros el pasado 25 de junio y fue parte de la negociación del nuevo pacto colectivo entre el Sindicato de Trabajadores de Educación de Guatemala (Steg) que dirige Joviel Acevedo y la ministra de Educación, Claudia Ruiz, la erogación estimada fue de Q311 millones.

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Los mismos maestros y trabajadores de esa institución se beneficiaron después con otro incentivo de Ley: el pago del bono 14 en julio, y por lo cual se erogaron Q896.2 millones; es decir que en menos de 20 días los maestros recibieron dos prestaciones que representaron unos Q1 mil 207 millones con cargo al presupuesto público.

Los resultados de la Encuesta de Empleo e Ingresos (Enei) de octubre del 2021, determinaron que el ingreso mensual por categoría para un empleado de gobierno es de Q4 mil 675.60; mientras que  el del empleado privado es de Q2 mil 663.30; un jornalero o peón gana Q1 mil 157.90; el empleado de casa particular, Q993; un trabajador por cuenta propia no agrícola, Q1 mil 622.30; un patrón, empleador o socio no agrícola, Q4 mil 325.90; el trabajador por cuenta propia agrícola, Q1 mil 578.90 y el trabajador, empleador y socio agrícola, Q5 mil 708.80.

Otra práctica recurrente

Hay una carencia en el sistema de gestión en administración de recursos humanos que está a cargo de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), y es que muchas entidades han adoptado la contratación de personal temporal, que tiene una desventaja para el trabajador, pues no cuenta con las prestaciones laborales de Ley, pero también una desventaja para la administración central porque es ahí donde hay menos control en la calidad de servicios que se recibe, sobre todo en los contratos bajo el renglón 029, que es donde están las personas que reciben los mayores salarios.

En este renglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de dependencia, asignados al servicio de una unidad ejecutora del Estado, y que podrán ser dotados de los enseres y/o equipos para la realización de sus actividades, en periodos que no excedan un ejercicio fiscal.

Algunos de los casos de corrupción relacionados a plazas fantasmas, tienen que ver con el crecimiento acelerado de este renglón en el personal de contrato, pero no hay un sistema que garantice que se está prestando el servicio por el que se recibe el pago, a excepción de informes aprobados por la misma unidad ejecutora. Curiosamente, en el Sicoin no aparece el desglose de estas contrataciones. Al menos, en la información que está disponible para consulta de la población.

Finanzas: “El gobierno aún es pequeño”

Al preguntar a las actuales autoridades del Ministerio de Finanzas, sobre el aumento de los trabajadores públicos y las erogaciones realizadas en este periodo, fijaron su postura:

El ministro Álvaro González Ricci explicó que la percepción del “engorde burocrático” puede ser válida, pero la administración central todavía es pequeña y el costo del Gobierno representa entre 12% y 13% del PIB, cuando en otros países está en alrededor del 20% hasta 40% del PIB.

“Guatemala es un gobierno pequeño; eso no quiere decir que nosotros no tengamos que destinar más recursos a inversión a obra física que es lo que la gente pueda percibir. Me refiero a escuelas, carreteras y hospitales. Pero el país ha crecido, por ejemplo, con el apoyo que se ha brindado al sector agrícola y para eso se necesitan extensionistas que contrata el Maga o los maestros que hacen falta en el Mineduc”.

Reiteró que el Estado (burocracia) crece en relación con el PIB y “como gobierno, no se puede ver a un lado sin ver el otro” y el tamaño del presupuesto en relación con la producción nacional, se ha mantenido.

A su juicio, la verdadera pregunta es ¿cómo debemos ser más eficientes en el gasto y como esas personas que están trabajando en el Gobierno son más eficientes aparte de fiscalizar de alguna mejor manera?

“El problema no es la cantidad, sino la calidad del gasto y cómo se puede focalizar para que llegue a las personas que realmente lo necesitan”, puntualizó.

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Sobre el aumento de la nómina en el gobierno, el ministro aseguró que no hay un crecimiento exponencial y además, se está tratando de congelar muchas de las plazas, pero hay ministerios como el Maga o el de Desarrollo que son intensivos en la contratación de personal, que necesitan más nómina y por ende, mayor presupuesto.

Y recordó que, en cuanto a la modernización del Estado, está pendiente de aprobación la iniciativa de ley de la Onsec, la que ya quedó desactualizada, pero no hay voluntad en el Congreso para agendarla y discutirla, aunque es necesario crear carrera dentro de la administración central (no hay planes al respecto) y hay inconsistencias en los salarios, sobre todo para los profesionales.

Máquina de burocracia

En los últimos siete gobiernos se ha creado una “obesa burocracia” que ha permitido la contratación anual de miles de trabajadores públicos en la administración central; y por aparte, el Congreso sigue legalizando iniciativas de nuevas entidades públicas, a pesar de que, en algunos casos, ya existían otras similares.

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Para citar un ejemplo, en la legislatura pasada, se aprobó un presupuesto anual de Q50 millones para la creación del Instituto de la Víctima, que supuestamente se ha convertido en una agencia de empleos de familiares de exdiputados y exfuncionarios, mientras se desconocen los resultados o beneficios reales para la población.

Para el 2022, el rubro de remuneraciones subió por las modificaciones y ampliaciones que han realizado los diputados de la bancada oficial con los legisladores aliados en el primer semestre del año.  Y si el Congreso decide no conocer el presupuesto 2023 que se presentará el próximo 2 de septiembre, los Q30 mil 55 millones asignados quedarán vigentes para salarios.

Es así como el presupuesto crece cada año para la atención de la demanda de los servicios públicos que presta el Estado a la población, pero muchas veces no se refleja en una mayor cobertura o en una mejor calidad de atención, sobre todo en áreas como educación, salud y seguridad, que es lo que necesita la ciudadanía.

Fuentes consultadas:

• Número de empleos públicos de administración central en todos los renglones de contratación 2001-2021. Dirección de Contabilidad del Estado.
• Sistema Integrado de Contabilidad Gubernamental (Sicoin), rubros de remuneraciones y bonos de la administración central.
• ENEI, octubre 2021.
• Entrevista a Jorge Lavarreda, Cien.
• Entrevista a Erick Coyoy, exviceministro de Finanza.
• Entrevista al ministro Álvaro Gonzalez Ricci.

“Este proyecto responde al firme propósito de construir juntos el país donde queremos vivir, en alianza con todas las personas e instituciones que nos rodean. De esa cuenta, se busca trabajar por medio de alianzas, en un modelo participativo, que permita el desarrollo conjunto desde lo local y mejore la calidad de vida de las personas”, expresó Guillermo Monroy, gerente de ciudadanía corporativa y reputación de Cementos Progreso.

Por medio de este convenio, se fomentará el proceso de formación ciudadana, así como la formación de capacidades de los servidores públicos que trabajan en corporaciones municipales, consejos comunitarios de desarrollo, consejos departamentales entre otras instituciones.

“Este convenio también se enmarca en la estrategia de sostenibilidad de la empresa y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, que se refiere a las alianzas estratégicas para el logro de los objetivos. Como parte de nuestra estrategia de sostenibilidad, se incluye el fortalecimiento institucional para que el país pueda crecer económicamente”, indicó Juan Carlos Suchite, gerente de relaciones públicas de Cementos Progreso.

Para el período 2020-2024 en Guatemala se eligieron 340 alcaldes, de los que el 80 por ciento son nuevos en la administración pública. Por eso, este acuerdo impulsará una maestría en gestión municipal, y un diagnóstico de necesidades, donde Cementos Progreso aportará su capacidad de asistencia técnica.

Gabriela Rafael, psicóloga clínica, con experiencia en Gerencia de Recursos Humanos, hace un análisis sobre las personas que destacan por su entrega y dedicación en sus trabajos. Afirma que en ello influye desde la educación en casa hasta el apoyo que jefes y superiores puedan brindar para los proyectos y objetivos.

La experta también señala las razones por las cuales algunas personas reniegan de sus puestos de trabajo y da algunas recomendaciones para evitar esas actitudes.

¿Qué caracteriza a quienes dan un valor agregado a su trabajo?

Son personas comprometidas y responsables, que dan una milla extra. Regularmente, estas personas han sido bien educadas en su hogar y se les han inculcado valores bien cimentados; entonces su nivel de responsabilidad es bastante alto. No tienen problema con trabajar más. Si deben quedarse hasta tarde, lo harán, y lo hacen no por la remuneración económica, sino porque forman un vínculo con su trabajo.

¿Hay otros factores que influyan para tener ese compromiso?

Claro que sí. Hay que tomar en cuenta que la pasión impulsa el compromiso en las labores de las personas. Obviamente, si se tiene pasión las personas se sienten comprometidas y todas las actividades y objetivos serán amplificados por la pasión y dirigidos por el compromiso, y esto es muy importante.

¿Cómo influyen estas personas en los compañeros de trabajo?

Definitivamente lo hacen de forma positiva, son inspiradoras, un ejemplo a seguir en el entorno laboral. Regularmente tienen una capacidad de influencia alta y con ello logran proyectarse de forma positiva y hacen un entorno ameno.

¿Qué influye para que se desmotiven?

Influye la falta total de apoyo de los jefes o autoridades. También cuando realizan actividades de proyección social, que van fuera de las atribuciones laborales, y son mal vistas por los jefes, porque no están alineados con sus objetivos, crea cierto nivel de frustración y limitación a estas personas de gran proyección social.

En el otro extremo ¿Qué perfil tienen las personas que reniegan de su trabajo?

Regularmente son personas poco comprometidas, muy inestables, con actitud negativa y que hasta cierto punto no valoran lo que tienen.

¿Qué pueden hacer estas personas?

Podrían involucrarse en actividades laborales, como fuera de ellas, donde sientan pertenencia, y evaluar si el trabajo que realizan está acorde a sus prioridades en la vida.

La labor de los servidores públicos es vital para el funcionamiento del Estado, pero su trabajo muchas veces es demeritado por la población, debido a que se tiene un concepto arraigado y generalizado de que estos abusan de sus puestos, hacen el mínimo esfuerzo y perjudican a las personas que buscan los servicios estatales.

Sin embargo, muchos de ellos se sienten comprometidos con la labor que realizan e incluso dedican más tiempo  del que están obligados, y aceptan o se atribuyen trabajo adicional, con el afán de ayudar a las personas.

Estos empleados   se enfrentan a dificultades como instituciones débiles, falta de equipo y recursos, aprietos que fácilmente desmotivan a la mayoría, pero su ímpetu y empeño para trabajar termina contagiando a sus compañeros y, como resultado, muchas veces las metas que parecen lejanas son superadas.

Prensa Libre buscó hasta encontrar a estos trabajadores, que están en todas partes —regulan el tránsito, vigilan las calles o laboran en oficinas— para contar sus historias inspiradoras, pues sirven con afán  a la mayoría de la población.
 
Los trabajadores que destacan por su entrega son:
 

• Vanessa Ramos, de 38 años, es socióloga y encargada de promover el voluntariado en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

• Mario Herrera, de 41 años, es médico y  encargado de la Unidad de Quemados del Hospital de Amatitlán. Desde hace ocho años comenzó a trabajar en ese centro asistencial y los dos años anteriores estudió y colaboró voluntariamente para   crear esa instancia hospitalaria.

• Carmen Quiej, de 45 años, es licenciada en Administración de Empresas y coordinadora del Componente para la Eliminación del Racismo Económico de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos (Codisra).

• Adelso Hernández es agente de la Policía Nacional Civil (PNC) desde hace 17 años. Su compromiso es la seguridad ciudadana. Al quitarse el uniforme, el don de servir permanece encendido. Su misión consiste en evangelizar a sus compañeros y vecinos.

• José Xiquín Caal tiene 24 años de ser bombero Municipal. Durante su trayectoria de servicio es reconocido por su persistencia en búsqueda de personas y rescate de cuerpos tras   fenómenos naturales.

• El sol nace para todos, no hay frontera que limite ayudar al prójimo”, expresa Lubin Restrepo, fraile colombiano de la Fraternidad Divina Providencia,  quien reside en Guatemala desde hace 15 años y  en la actualidad dirige el hogar Nuestra Señora de  Guadalupe ubicado en la zona 1 capitalina.

• “El servir al ciudadano va más allá del deber, porque aparte de ser policía, soy ser humano”, dice Francisco Espinoza, agente de tránsito de la Municipalidad de Guatemala desde hace seis años.

• Lea el perfil completo de los servidores públicos en la edición impresa de Prensa Libre.