Nuevos nombramientos en Banguat y SIB en el 2026 serán clave para estabilidad financiera

El 30 de septiembre de 2026 concluye el nombramiento de las actuales autoridades monetarias y de la Superintendencia de Bancos (SIB), al finalizar su mandato de cuatro años.

Urias Gamarro

1 de octubre de 2025 | 05:00h

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El mandato de Álvaro González Ricci y Saulo de León Durán concluye el 30 de septiembre del 2026 en Banguat y SIB. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Una de las elecciones de segundo grado programadas para el próximo año en el área económica será la designación del nuevo presidente del Banco de Guatemala (Banguat), quien a la vez preside la Junta Monetaria (JM) así como la elección del titular de la Superintendencia de Bancos (SIB).

El actual presidente del Banguat, Álvaro González Ricci, y el de la SIB, Saulo De León Durán, concluirán su mandato el 30 de septiembre de 2026 a las 24 horas, por lo que comenzará un proceso de relevo a cargo del presidente Bernardo Arévalo.

La elección de la autoridad monetaria es considerada el cargo más importante del área económica en Guatemala, tanto por el manejo interno de la inflación como por su relevancia ante el sistema financiero nacional e internacional, según escribió el columnista José Molina Calderón.

Por ley, el mandatario deberá realizar en septiembre de 2026 la designación para el Banguat y la SIB. En el caso de la Superintendencia, la elección se hará a partir de una terna de profesionales.

Analistas advierten riesgo de designaciones políticas

La importancia de los futuros nombramientos que realice el gobernante ya comienza a llamar la atención de analistas de centros de investigación, quienes coinciden en que deben ser personas conocedoras las que ocupen los cargos de dirección en esas instituciones, alejadas de la política partidista.

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Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), consideró que se trata de un asunto fundamental: contar con instituciones fuertes, regidas por normas y de carácter impersonal, que actúen de manera predecible. En ese sentido, señaló al banco central como una de las instituciones clave.

“La persona que llegue debe tener conocimientos técnicos, pero sobre todo credibilidad y confianza, de manera que pueda transmitir certeza a los agentes económicos y a los mercados”, afirmó Maul.

Agregó que debe tratarse de alguien que comprenda cómo funciona el Banguat y sus estructuras. Lo mismo ocurre con la Superintendencia de Bancos (SIB), que desempeña un papel igualmente importante dentro de la institucionalidad económica.

“Apostamos a entidades independientes y autónomas, que tengan capacidad técnica y que se mantengan lejos del apetito político que pueda existir para utilizarlas con propósitos distintos a los que fueron creadas”, aseguró.

En términos similares opinó Érick Coyoy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), quien recordó que la Ley Orgánica del Banguat no establece muchos criterios específicos para el perfil, más allá de que se trate de un profesional de las ciencias económicas o afines.

Añadió que no existe un proceso de postulación, sino que la designación corresponde al gobernante de turno.

“Toda la experiencia nos demuestra que han sido designadas personas afines a los presidentes de turno en el Banguat”, remarcó Coyoy, al adelantar que es muy probable que ocurra lo mismo el próximo año.

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El analista subrayó que existe discrecionalidad en la decisión presidencial, por lo que se debe definir un perfil ideal. “Ojalá que así sea en esta ocasión. En los años anteriores siempre ha sido una persona de confianza de los presidentes. Lamentablemente, el perfil profesional no necesariamente se ha tomado en cuenta, aunque podría haber una excepción en este caso”, reiteró el investigador de Asíes.

SIB y Banguat requieren técnicos, no compromisos políticos

Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, enfatizó que desde ahora es necesario poner atención a estos procesos.

“Tradicionalmente se han tenido perfiles técnicos y expertos en temas macroeconómicos y de supervisión financiera. En la SIB hay mucho desarrollo de carrera profesional, y es un tema que la sociedad civil debería comenzar a discutir; no quisiera que se convierta en un entorno político”, declaró.

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Sobre la SIB, indicó que se espera un regulador del sistema financiero, en especial en la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que ejerce los controles contra el lavado de dinero, y advirtió que no debe ser utilizada como herramienta de investigación o persecución.

Agregó que también se requiere de una banca central que mantenga la estabilidad macroeconómica, independientemente de las demandas del Gobierno.

“Son puestos técnicos y ojalá se mantenga la tradición de colocar a personas capacitadas y no a amigos o compromisos políticos”, concluyó.

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Lavado de dinero en Guatemala promedia Q62 millones al día y la IVE detecta cuatro modalidades con el uso de tecnología

La IVE detectó un alza de 43.4% en los montos denunciados entre enero y julio del 2025 en comparación con el año pasado, impulsada por redes criminales que operan con empresas fachada, estafas y extorsiones.

Urias Gamarro

18 de agosto de 2025 | 00:10h

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Lavado de dinero en Guatemala promedia Q62 millones diario, según la IVE. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El lavado de dinero en Guatemala promedió Q62 millones diarios entre el 1 de enero y el 31 de julio del 2025, según la Intendencia de Verificación Especial (IVE), unidad de inteligencia financiera adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB).

En ese período, la IVE denunció ante el Ministerio Público transacciones sospechosas por Q13 mil 101.6 millones, lo que representa un aumento de Q3 mil 968.3 millones (43.4%) con relación al cierre del 2024, cuando se reportaron Q9 mil 133.3 millones.

Con la tendencia observada y las nuevas herramientas de detección, las autoridades prevén que este año podría cerrarse con una cifra histórica.

Tipologías detectadas

Consultada por Prensa Libre, la IVE señaló que en el primer semestre identificó cuatro tipologías de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo:

1. Uso de sociedades anónimas para ocultar el origen de fondos en distintas jurisdicciones.
2. Red de sociedades vinculadas para enviar fondos hacia Asia, simulando operaciones de comercio internacional.
3. Patrones relacionados con estafas, con retiro de fondos en efectivo y envío al extranjero.
4. Cuentas utilizadas para captar fondos producto de extorsiones en lugares cercanos a reclusorios.

La IVE indicó que cuenta con un mapeo de transacciones y que, como referente internacional, emplea tecnología e innovación para optimizar procesos y generar información relevante y oportuna.

El “caso delfines”

En el 2024, Guatemala presentó ante el Grupo Egmont y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) el denominado “caso delfines”, destacado por su complejidad transaccional, lo que le valió un reconocimiento.

El caso consistió en que un conglomerado de empresas registró ingresos en dólares en distintos bancos del sistema nacional, principalmente por giros bancarios y transferencias internacionales desde Europa, América del Norte y Asia.

La supuesta estructura criminal utilizó los servicios de un notario para constituir y administrar el conglomerado empresarial. A través de empresas fachada, testaferros guatemaltecos y extranjeros, el uso del sistema bancario tradicional y proveedores de servicios de activos virtuales, se ejecutó el lavado de dinero.

El caso evidenció que las estructuras criminales mutan hacia nuevas tendencias y patrones, incluyendo tecnologías emergentes.

Flujos hacia China

Otra tipología de alta transaccionalidad involucra operaciones de comercio internacional entre Guatemala y la República Popular China.

Los fondos —principalmente depósitos en efectivo inferiores a US$10 mil (unos Q77 mil)— eran captados en diversas zonas del país, estratificados y enviados a China mediante sociedades anónimas de reciente constitución, sin respaldo de importaciones que justificaran las operaciones.

Avances en detección

La IVE atribuye el aumento de los montos denunciados a la implementación de herramientas de analítica de datos, aprendizaje automático (machine learning) y minería de datos (data mining). Estas han optimizado los procesos de Análisis Operativo y Estratégico (AOP) y permitido identificar un mayor número de reportes de transacción sospechosa (RTS).

Hasta el 31 de julio del 2025, se han presentado 178 denuncias, que incluyen más RTS que en el 2024, aunque se prevé un número similar de casos al cierre del año.

“Este año, a diferencia de los anteriores, la normalidad es el uso de estas herramientas, lo cual permite realizar el análisis con la perspicacia de un analista experimentado, pero con las técnicas y herramientas de un data analyst”, se expone.

La entidad indicó que la cantidad de denuncias podría ser similar a la del 2024, con la diferencia de una mayor eficiencia operativa reflejada en un número superior de RTS analizados.

Redes de estafas

Se identificaron redes de estafas —conocidas como Scamnet— consistentes en operaciones vinculadas con fraudes mediante diversas técnicas: phishing, esquemas piramidales, falsas inversiones, fraudes en transferencias bancarias, fraudes laborales, entre otras. En estos casos, los fondos eran enviados en corto tiempo, de forma estructurada y depositados en los 22 departamentos del país.

Parte de ese dinero fue transferido a otras jurisdicciones y, en otros casos, cobrado de inmediato en efectivo.

Extorsión

La UIF de Guatemala informó que se observan transacciones en productos financieros a nombre de personas en situación económica vulnerable, de entre 19 y 30 años, quienes utilizan las cuentas para recibir y retirar efectivo en pequeñas cantidades, de forma casi inmediata, con el fin de ocultar el rastro de los fondos.

Al mismo tiempo, evitan las agencias bancarias tradicionales y utilizan canales con mayor cobertura, como agentes bancarios y cajeros automáticos.

El perfil de estas operaciones muestra una fuerte relación con los departamentos que albergan centros carcelarios.

Alertan por alza en denuncias ante nueva ley

Guillermo Díaz Castellanos, del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas de la Universidad Rafael Landívar, explicó que es probable que aumenten los montos denunciados debido a la presentación de la iniciativa de Ley Antilavado, que buscaría legalizar esas operaciones en el futuro.

A su juicio, los Q13 mil 101 millones reportados son un indicador del tamaño mínimo o medido de la economía criminal, equivalente al 2% del PIB, lo cual es significativo.

En palabras comunes: “el crimen maneja billete”, expresó.

¿Qué significa el aumento de dinero denunciado por lavado?

El monto denunciado refleja la expansión del posible lavado de dinero, debido a que las personas o empresas no tienen el perfil para justificar, o no pueden comprobar legalmente, los fondos depositados en sus cuentas. Esa cifra equivale a casi el 2% del PIB.

¿Cómo se entiende la cantidad detectada al día?

El promedio diario evidencia la magnitud de las operaciones en el sistema bancario para legalizar dinero que podría provenir de actividades ilícitas, como el crimen organizado o la corrupción.

¿Cómo entender las modalidades de blanqueo?

Las empresas o personas utilizan mecanismos complejos para dar apariencia legal a dinero ilícito y evitar el rastreo del origen y destino, especialmente cuando se trata de montos altos —de cientos de miles o millones de quetzales—.

Es posible que el reciente anuncio sobre la modificación a la Ley contra el Lavado de Dinero incremente este tipo de operaciones, con el objetivo de evadir controles futuros y lograr la bancarización previa del dinero.

Prevención es responsabilidad de todos, afirma la IVE

La unidad de inteligencia financiera emite las siguientes recomendaciones:

• La IVE ha realizado —y continuará realizando— grandes esfuerzos, pero la prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo es responsabilidad de todos.
• Es fundamental que las personas protejan sus operaciones: no deben prestar sus cuentas, deben verificar el origen de los fondos y optar por canales formales y regulados.
• En el contexto actual, es clave aprobar la iniciativa de ley 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Un marco normativo actualizado permitirá al país cumplir con los estándares internacionales y evitar regresar a la lista gris de países no cooperantes.

¿A quiénes afectará y qué se deberá reportar para prevenir el lavado de dinero en Guatemala?

El lavado de dinero es un delito que consiste en dar apariencia de legalidad a fondos o bienes obtenidos de forma ilícita, y sigue siendo un desafío creciente para economías como la guatemalteca.

Urias Gamarro

3 de agosto de 2025 | 09:00h

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Guatemala se encamina a regular nuevas actividades relacionadas con la prevención del blanqueo de dinero. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Guatemala se encamina a regular nuevas actividades relacionadas con la prevención del blanqueo de dinero, mediante una iniciativa que actualiza y moderniza la legislación sobre Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LDFT).

Las autoridades proponen unificar, en un solo cuerpo normativo, la actual Ley contra el Lavado de Dinero y la Ley de Financiamiento contra el Terrorismo, a través de una ley integral de LDFT.

La Superintendencia de Bancos (SIB) ha dado detalles sobre la iniciativa de ley 6593, que se encuentra en el Congreso de la República para su análisis y posible aprobación.

¿Quiénes serán las nuevas personas obligadas a registrarse ante la Intendencia de Verificación Especial (IVE), según la iniciativa de ley 6593?
La propuesta incorpora como nuevos sujetos obligados a:

• Proveedores de servicios de activos virtuales
• Notarios
• Profesionales universitarios que presten servicios jurídicos o económicos
• Empresas de bingos, quinielas, concursos o sistemas de vaticinios deportivos y similares

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En el caso de los contratistas y proveedores del Estado, ¿qué operaciones deberán reportar?
La iniciativa no los contempla como personas obligadas. No obstante, los considera sujetos a medidas especiales de debida diligencia del cliente, conforme al artículo 25 de la ley. Esto significa que deberán someterse a ciertos controles cuando las circunstancias lo exijan, pero no tienen el deber general de reportar transacciones.

¿Por qué los prestadores de servicios de activos virtuales serán sujetos obligados y cómo deben reportar sus transacciones?
Los proveedores de servicios de activos virtuales se consideran personas obligadas porque así lo establece el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), en su recomendación 15.
Como tales, deben adherirse al régimen preventivo antilavado de dinero, lo que incluye:

• Obtener información precisa del originador y beneficiario de las transacciones
• Aplicar medidas de debida diligencia del cliente
• Reportar operaciones que, según su análisis, puedan ser consideradas sospechosas

¿Qué mecanismos de control deberán implementar las empresas de loterías, quinielas o vaticinios deportivos?
Estas entidades, al ser clasificadas como personas obligadas, deberán cumplir con el régimen preventivo antilavado de dinero. Entre las medidas a aplicar figuran:

• Enfoque basado en riesgos
• Medidas de debida diligencia del cliente
• Reporte de transacciones sospechosas

¿Cómo quedan las entidades que ya estaban incluidas como sujetos obligados?
Bancos, casas de cambio, notarios, casas de empeño, empresas de blindaje y otras entidades similares seguirán siendo consideradas personas obligadas bajo la iniciativa de ley 6593.

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Saulo De León, de la SIB: “La IVE no supervisará a las actividades, sino que se implementen mecanismos que impidan su uso para lavar dinero”

La presión apremia a Guatemala ante la próxima evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y la necesidad de contar con un nuevo marco jurídico para la prevención del blanqueo de dinero.

Urias Gamarro

30 de julio de 2025 | 00:10h

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El Gafilat realizará una evaluación mutua a Guatemala en enero del 2027 sobre el cumplimiento de recomendaciones para el lavado de dinero. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Saulo De León, jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), dio a conocer los alcances de la propuesta de ley para la prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo (LDFT), presentada el lunes 28 de julio al Congreso de la República, y su relevancia frente a dicha evaluación.

El funcionario brindó detalles sobre la aplicación de la norma, especialmente en relación con las nuevas personas sujetas que estarán bajo supervisión de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), unidad de inteligencia financiera de Guatemala en materia de prevención.

La iniciativa de ley 6593, denominada “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, agrupa en un solo cuerpo legal las leyes vigentes sobre lavado de dinero (de 2001) y financiamiento al terrorismo (de 2005), e incorpora a nuevos actores.

De León brindó a Prensa Libre el siguiente panorama.

¿Cuál es el alcance de esta propuesta sobre las nuevas personas obligadas?

La iniciativa de ley busca adecuar la estructura reglamentaria y legislativa para la prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo (LDFT), en relación con las personas obligadas.

Es importante comprender que la ley y los reglamentos actuales responden a una realidad de hace 25 años, cuando no existían las transferencias electrónicas ni los activos virtuales, como las criptomonedas. Las condiciones eran otras.

Esta propuesta pretende modernizar el enfoque de prevención y represión.

¿Cómo se aplicará a los prestadores de servicios de activos virtuales en Guatemala?

La iniciativa no busca regular los activos virtuales ni las criptomonedas, pero sí establece un régimen de personas obligadas para los proveedores de servicios virtuales.

¿Quiénes son estos proveedores? Aquellos que ofrecen a los usuarios billeteras digitales para almacenar criptomonedas; es decir, cuentas para gestionar activos virtuales.

También se incluyen quienes prestan servicios de transferencias, por ejemplo, envíos en quetzales que se reciben en dólares, así como los que realizan cambios de monedas, como de bitcoin a ethereum. Todos ellos serán considerados personas obligadas.

¿Qué interpretación se da a la inclusión de loterías, quinielas o vaticinios deportivos?

Las actividades comerciales como casinos, loterías y juegos de azar deben incluirse en el ámbito de la prevención. Así se establece en la práctica internacional, ya que estas actividades, al ofrecerse al público, deben contar con medidas preventivas contra el lavado de dinero.

La ley no busca regular ni supervisar el funcionamiento de casinos o juegos de azar, sino que las personas jurídicas involucradas implementen mecanismos que impidan su uso para lavar dinero. Es prevención, no regulación.

¿Qué otros actores se incluyen?

La propuesta establece una distinción clara entre el ámbito de la prevención y el de la represión. Define cuáles son las obligaciones y consecuencias jurídicas de quienes deben aplicar medidas preventivas.

¿Cuáles son esas medidas?

Incluyen políticas como conocer al cliente, monitoreo de transacciones, detección de operaciones inusuales y reporte de transacciones sospechosas.

Estas medidas se separan del ámbito represivo, que comprende la tipificación del delito, la investigación a cargo del Ministerio Público y el enjuiciamiento por parte del Organismo Judicial.

¿Por qué se habla de una clasificación de estas personas sujetas?

La propuesta busca crear una ley integral. Actualmente existen dos normas: una sobre el lavado de dinero y otra sobre el financiamiento del terrorismo.

La iniciativa unifica ambas en un solo cuerpo normativo, con el objetivo de brindar claridad y certeza jurídica.

¿Qué relación tiene esta iniciativa con la próxima evaluación a Guatemala?

En enero del 2027, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realizará una evaluación para verificar las condiciones técnicas del país, es decir, el marco jurídico y los resultados obtenidos con la nueva legislación.

Por ello, Guatemala debe promulgar esta ley en 2025, a fin de contar con al menos un año de implementación antes de la visita evaluadora.

Si el país falla, tanto instituciones públicas como privadas podrían ser incluidas en la lista gris de naciones que no cooperan contra el lavado de dinero.

¿Qué implica estar en esa lista?

Un retroceso. Las calificadoras de riesgo, los socios del comercio exterior y el sistema bancario aplicarían más burocracia por considerar al país de alto riesgo.

¿A qué se debe el aumento en el monto detectado de lavado de dinero?

Se relaciona con el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, que ha mejorado su eficiencia en los casos que remite al Ministerio Público.

Este aumento no significa que haya más blanqueo, sino que ahora hay mayor capacidad para identificar redes criminales con la información disponible.

Todo indica que en 2025 se alcanzará una cifra histórica en cuanto al monto denunciado.

Ley antilavado amplía listado de personas obligadas a reportar transacciones como contratistas y operadores virtuales

Empresas de loterías, sistemas de vaticinios deportivos, proveedores de servicios de activos virtuales, contratistas y proveedores del Estado son las nuevas personas obligadas que estarán bajo vigilancia de la unidad de inteligencia financiera.

Urias Gamarro

29 de julio de 2025 | 05:00h

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Empresas de loterías, sistemas de vaticinios deportivos, proveedores de servicios de activos virtuales se incluyen como personas obligadas en nueva ley. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Contratistas, proveedores del Estado, empresas de loterías, sistemas de vaticinios deportivos, quinielas y bingos legalmente autorizados forman parte del grupo de personas individuales y jurídicas que serán supervisadas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), según la iniciativa que actualiza y moderniza la normativa para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LDFT).

Por otro lado, se reestructura y aclara el listado de personas ya vigiladas, como emisores u operadores de tarjetas de crédito, casas de cambio, corredores e intermediarios de valores, entidades de leasing o factoraje, cooperativas de ahorro y crédito, y promotores o intermediarios de compraventa de inmuebles, ya contemplados en las leyes del 2001 y 2005.

Cumplimiento de estándares

Guatemala debe cumplir con recomendaciones internacionales para combatir y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las autoridades ya han advertido sobre las posibles consecuencias de no avanzar con esta reforma, en especial para la estabilidad macroeconómica y las evaluaciones de riesgo país.

La advertencia cobra sentido cuando Guatemala será evaluada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que enviará una misión para revisar el cumplimiento de las recomendaciones internacionales en esta materia. La evaluación está prevista para dentro de 20 meses.

Ingresar a la lista gris afecta la reputación financiera de los bancos nacionales, la relación con organismos financieros internacionales y mercados globales, y también podría repercutir en las transacciones personales, como el envío de remesas o la solicitud de créditos.

Por ello, el Ejecutivo presentó al Congreso de la República la iniciativa 6593, titulada Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

El proyecto se presenta pocos días antes del inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias del Legislativo, con el objetivo de iniciar su discusión y aprobación. Busca actualizar y modernizar la normativa vigente, que data del 2001 y 2005.

La unidad de inteligencia financiera de Guatemala reportó un aumento del 38% en el monto denunciado por lavado de dinero ante el Ministerio Público durante el primer semestre del 2025, en comparación con el cierre del 2024.

Guatemala en evaluación

El titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), Saulo De León Durán, confirmó que a inicios del 2027 “Guatemala enfrentará una rigurosa evaluación internacional a cargo del Gafilat”.

Esto implica un examen país cuyos resultados podrían derivar en la inclusión de Guatemala en la lista de naciones con deficiencias o poca cooperación en los sistemas de prevención de LDFT.

El superintendente explicó que la evaluación abordará dos componentes: primero, el cumplimiento técnico, que exige un marco jurídico e institucional adecuado; y segundo, la efectividad de dicho marco, es decir, los resultados tangibles en la lucha contra estos delitos.

“El resultado no se reduce a un informe. Contendrá un análisis integrado sobre la solidez y efectividad del sistema de prevención y represión. Además, Gafilat verificará si se corrigieron las brechas detectadas en 2016”, afirmó De León.

¿Lista gris?

En 2016 se emitieron varias recomendaciones que Guatemala debía cumplir. En respuesta, se trabajó una iniciativa de ley que ahora ha sido actualizada.

Durante la conferencia, el superintendente señaló que cerrar estas brechas es esencial, e incluye adecuar los tipos penales relacionados con lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, ampliar el listado de personas obligadas —como los proveedores de servicios de activos virtuales—, fortalecer la supervisión y robustecer los mecanismos de coordinación nacional.

“La magnitud de este desafío no debe subestimarse. De no contar con una ley actualizada conforme a los estándares internacionales, Guatemala corre el riesgo de ser incluida en la lista gris de países que no cooperan en materia de prevención del lavado de dinero”, remarcó.

Advirtió que ingresar a dicho listado traería consecuencias económicas graves: transacciones financieras más lentas, costosas y complicadas tanto para la población como para empresas, exportadores y familias que reciben remesas.

La inversión extranjera directa (IED) se vería “seriamente comprometida”, lo que podría frenar el crecimiento económico. Por ello, instó a actuar con responsabilidad y decisión.

Guatemala debe demostrar ante la comunidad internacional su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de los estándares globales y la protección del sistema financiero.

Ley técnica

El presidente Bernardo Arévalo declaró que el Ejecutivo envió al Congreso la iniciativa 6593 y ya ha sostenido conversaciones con varios diputados para explicar su importancia económica. También buscarán aclarar dudas ante los distintos bloques legislativos.

“Estamos presentando otra iniciativa de importancia trascendental. Es la nueva ley antilavado, fundamental para identificar los flujos del crimen organizado y combatir el narcotráfico y otras formas del crimen organizado. Esta iniciativa ya fue presentada esta mañana”, dijo el mandatario.

Arévalo subrayó que el lavado de dinero es “el motor” de cualquier organización criminal, ya que todos los delincuentes necesitan “blanquear” sus fondos para ingresarlos a la economía formal y evitar que sean rastreados.

Con esta ley, se busca atacar la actividad criminal desde todos los frentes. El mandatario explicó que se aclara el listado de personas obligadas a enviar reportes de transacciones sospechosas (RTS), como notarios y proveedores de activos virtuales. También se incluyen proveedores y contratistas del Estado, para reforzar los controles contra la corrupción.

Además, se reformarán las siguientes leyes y normativas:

• Código Penal
• Código de Comercio
• Código de Notariado
• Ley contra la Delincuencia Organizada
• Ley que regula los servicios de seguridad privada

El presidente agradeció el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la elaboración de la propuesta.

“Se ataca el corazón de la economía criminal”, afirmó Arévalo, al advertir que no aprobar esta ley aumentaría la incertidumbre económica del país.

¿Qué cambia en la lucha contra el lavado de dinero en Guatemala con la nueva iniciativa 6593?

Guatemala actualizará las leyes para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LDFT), vigentes desde el 2001 y el 2005. Por ello, el Organismo Ejecutivo presentó este lunes 28 de julio una nueva versión al Congreso de la República, para iniciar su discusión y eventual aprobación.

Urias Gamarro

28 de julio de 2025 | 13:09h

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El Ejecutivo presentó una iniciativa de ley para modernizar las leyes relacionadas al lavado de dinero u otros activos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Se trata de la iniciativa 6593, denominada Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la cual fue explicada durante una conferencia de prensa por autoridades del Ejecutivo.

Ahora corresponderá a los diputados de las distintas bancadas analizar, discutir y aprobar la normativa, previo a la evaluación que Guatemala enfrentará en el 2027 por parte de organismos internacionales, en relación con el cumplimiento de estándares LDFT.

El presidente Bernardo Arévalo señaló, durante su conferencia semanal, que ha dialogado con varios diputados sobre la importancia de esta normativa para la economía nacional. Además, indicó que el Ejecutivo buscará acercamientos con todos los bloques legislativos para resolver dudas sobre el contenido de la iniciativa.

La propuesta consta de seis capítulos y 125 artículos.

“Hoy estamos presentando otra iniciativa de importancia trascendental. Es la nueva ley antilavado, que es fundamental para poder identificar los flujos del crimen organizado, para poder combatir de esta manera el narcotráfico y otras formas del crimen organizado. Esta iniciativa de ley ya ha sido presentada esta mañana”, declaró el mandatario.

El lavado de dinero como “motor económico”

Respecto de los alcances del proyecto, el gobernante enfatizó que el lavado de dinero constituye “el motor” de cualquier organización criminal. Afirmó que los delincuentes necesitan “blanquear” sus recursos para inyectarlos en la economía formal sin ser rastreados.

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Según Arévalo, esta iniciativa busca atacar la actividad criminal desde todos los frentes. Mencionó, por ejemplo, la actualización del listado de sujetos obligados, como notarios y proveedores de activos virtuales, quienes deberán enviar reportes de transacciones sospechosas (RTS).

También se reforzarán controles en la contratación pública, al incluir a proveedores y contratistas del Estado dentro del sistema de prevención, como una medida para combatir la corrupción.

Además, se reformarán otras normativas vinculadas al combate del LDFT:

• Código Penal
• Código de Comercio
• Código de Notariado
• Ley contra la Delincuencia Organizada
• Ley que regula los servicios de seguridad privada

Arévalo reconoció que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) brindaron cooperación técnica para la elaboración del proyecto.

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“Se ataca el corazón de la economía criminal”, remarcó el mandatario, al advertir que la no aprobación de estas reformas podría incrementar la incertidumbre económica del país.

“De no aprobarse esta ley, estaremos enfrentando la posibilidad de ser incluidos en la lista gris del sistema financiero internacional”, advirtió.

Durante la presentación, también se pronunciaron el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos; el titular de la Superintendencia de Bancos, Saulo De León; y Julio Flores Reyes, director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, quienes respaldaron la propuesta.

Inclusión financiera en Guatemala: 65% de la población adulta posee al menos una cuenta bancaria

Guatemala actualizó los indicadores de inclusión financiera y, aunque la meta es llegar al 90%, el índice se ubicó en 65% en marzo del 2025, gracias a la simplificación de trámites y la digitalización. El sector financiero ve potencial de crecimiento en la provincia.

Urias Gamarro

23 de julio de 2025 | 16:38h

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De izquierda a derecha: la ministra de Economía, Gabriela García; el presidente del país, Bernardo Arévalo; el presidente del Banguat, Álvaro González Ricci; y Saulo De León, jefe de la SIB, presentan los avances de la inclusión. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Los principales indicadores de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (Enif) confirman que el 65 % de la población adulta guatemalteca posee una cuenta bancaria. Uno de los objetivos es alcanzar el 90% en el corto y mediano plazo.

Las autoridades del Banco de Guatemala (Banguat), la Superintendencia de Bancos (SIB) y el Ministerio de Economía (Mineco) actualizaron las cifras hasta marzo del 2025. Destacan un crecimiento sostenido, asociado principalmente al uso de tecnología móvil.

Por su parte, la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) considera viable alcanzar el 90% de inclusión financiera en poco tiempo, impulsado por la demanda de nuevas generaciones y un potencial identificado en la provincia, que podría robustecer los indicadores de la Enif.

Principales hallazgos

Saulo de León, titular de la SIB, declaró que el 65% de la población adulta posee al menos una cuenta bancaria activa. Este dato fue determinado mediante una metodología que depuró registros duplicados, consolidó información y empleó un código único de cliente. Este porcentaje corresponde a la población bancarizada.

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INE anuncia cuatro encuestas nacionales sobre temas de empleo, salud e inclusión financiera

El indicador pasó del 58.8 % en diciembre del 2020 al 65% en marzo último. “Consolidar este dato constituye un insumo clave para orientar políticas públicas efectivas”, expuso el regulador del sistema financiero.

La mejora de este indicador también puede tener un impacto positivo para alcanzar el grado de inversión, según las agencias calificadoras de riesgo país que evalúan a Guatemala en los próximos ejercicios, apuntó Álvaro González Ricci, presidente del Banguat.

“A nosotros nos estaban viendo como un país con 37% de inclusión financiera; ese era un dato que manejaba el Banco Mundial hace cuatro años. Lo que los inversionistas percibían era que, de cada cien personas, 63 no tenían acceso a productos financieros. Eso nos perjudicaba desde hace muchos años, porque no había información.

Ahora ya contamos con datos duros, y esta cifra será valorada por inversionistas, calificadoras y organismos financieros internacionales, ya que nos coloca en el promedio de América Latina”, justificó el presidente del banco central.

Arévalo: Cerrar brechas

El presidente Bernardo Arévalo participó en la actividad y destacó que la Enif está transformando el país. Aunque la economía ha crecido de forma sostenida, dijo que “no es suficiente”.

Señaló que muchas personas aún no tienen acceso a una cuenta bancaria para hacer pagos o recibir transferencias, lo que impide planificar el futuro o acceder a servicios de previsión social y ahorro.

“La tecnología potencia la eficiencia y la seguridad financiera. Nuestro gobierno está decidido a revertir esta exclusión, y la Enif ya está cerrando brechas”, afirmó.

Otros resultados recientes de la Enif

Morosidad crediticia:

• Mujeres: 2.1 %
• Hombres: 2.8%

De cada diez créditos otorgados por las instituciones bancarias, cuatro se destinan a mujeres:

• Mujeres: 41 %
• Hombres: 59%

Cobertura de servicios financieros:

Entre el 2019 y marzo del 2025, el número de puntos de acceso —agentes bancarios, cajeros automáticos y agencias— se incrementó en más del 280 %:

• Total, de puntos de acceso del sistema bancario: 57 mil 822

Agentes bancarios:

El volumen de transacciones procesadas por agentes bancarios mostró un crecimiento sostenido:

• Q169 mil 555 millones en transacciones durante el 2024

Servicios financieros digitales:

En el 2024, la cantidad de productos y servicios financieros móviles por cada diez mil adultos creció un 22.3% respecto del 2023. A marzo del 2025, la composición del uso de soluciones digitales fue la siguiente:

• 95% transferencias electrónicas
• 5% cheques
• 87 % transferencias instantáneas
• 13 % transferencias diferidas de fondos

Crecimiento en Micoope:

El número de asociados al sistema Micoope pasó de 1.5 millones a 2.9 millones entre el 2015 y el 2024, lo que representa un crecimiento del 93%.

Agencias bancarias cerrarán el 27 y 30 de junio por el Día del Ejército y el Día del Empleado Bancario

La Junta Monetaria de la Superintendencia de Bancos autorizó que las agencias bancarias puedan cerrar el próximo 27 y 30 de junio.

Pavel Arellano

26 de junio de 2025 | 16:49h

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La SIB informó que varias agencias bancarias de Guatemala podrán cerrar el próximo 27 y 30 de junio. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Este 26 de junio, la Superintendencia de Bancos (SIB) informó que varias agencias bancarias cerrarán el próximo 27 y 30 de junio.

Mediante una publicación en sus diferentes redes sociales, la SIB indicó que la autorización de los asuetos es por parte de la Junta Monetaria, y que las entidades puede cerrar el próximo 27 de junio por el asueto del Día del Empleado Bancario (que corresponde al 1 de julio) y el 30 de junio por el Aniversario de la Revolución de 1871.

Según el SIB, este asueto es para bancos, sucursales, agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros, compañías almacenadoras, casas de cambio y microfinancieras.

“Se hace de conocimiento que, queda a discreción de cada entidad prestar sus servicios por medio de agencia, ventanilla especial o similar“, detalla el SIB.

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Agregan que, aunque se autorizó el asueto de dos días, habrán agencias bancarias que prestarán un “servicio especial” durante el asueto, las cuales iniciarán a partir de hoy, jueves 26 de junio.

Este es el lista de agencias bancarias que prestarán servicio especial:

Finalmente, el SIB indicó que sus oficinas estarán cerradas el 27 y 30 de junio.

Lea también: Controversia por acuerdo de tercer país seguro entre Guatemala y EE. UU. durante visita de Kristi Noem

Flagelo

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Lavado de dinero en Guatemala: En el 2024 se rompió el récord de montos y en cuatro años aumentó 48 %

Al hacer un desglose de los montos detectados, el 2024 marca una cifra histórica con Q9 mil 133 millones detectados y denunciados en la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

Urias Gamarro

7 de enero de 2025 | 05:00h

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En cuatro años la IVE a detectado un monto por lavado de dinero por Q27 mil millones. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Con el cierre de las estadísticas del 2024, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha detectado un monto acumulado de lavado de dinero por Q27 mil 377.5 millones, que ha sido denunciado a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.

El recuento oficial, indica solo en 2024 el monto denunciado fue de Q9 mil 133.3 millones lo que significó un promedio mensual de Q761 millones durante el ejercicio.

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Al comparar con 2023, las cifras evidencian un incremento del 11 %, ya que en esa ocasión el monto denunciado fue de Q8 mil 203 millones o sea unos Q683 millones mensuales en promedio. Los datos anuales, indican que el monto denunciado aumentó en unos Q930.3 millones el año pasado con relación al 2023.

La detección y denuncia por lavado de dinero, viene hacia el alza en Guatemala ya que en el periodo 2021-2024 hay un crecimiento lineal del 48.8 %, según las estadísticas de la IVE que es una entidad adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB) y que es la Unidad de Inteligencia Financiera conocidas como UIF en la región que proporciona información a la Fiscalía sobre los delitos relacionados al narcotráfico, extorsiones, trata de personas, corrupción, contrabando entre otras tipologías.

Al detalle

Al hacer un desglose de los montos detectados, 2024 marca una cifra histórica con los Q9 mil 133 millones; 2023, Q8 mil 203 millones; 2022, Q3 mil 906 millones y 2021 con Q6 mil 134 millones que fue un año después de los efectos de la pandemia, que suman los Q27 mil 377 millones.

Los registros apuntan en que las transacciones financieras por lavado de dinero han registrado un sostenido incremento en los montos, en las denuncias presentadas y las ampliaciones (que puede ser de un mismo caso o expediente), reportes de transacciones sospechosas (RTS) y de las personas involucradas, que conoce la Fiscalía para su investigación y persecución penal.

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Por ejemplo, por RTS en 2024 fueron seis mil 473 muy similar al 2023 con seis mil 385; por denuncias y ampliaciones fueron 298 (-5 %); personas involucradas (que incluyen denuncias y ampliaciones) mil 596 (-47 %); informes de extinción de dominio 50 (163 %) y monto por extinción de domino Q785 millones (154 %), según las estadísticas.

Sobre la estructura de las tipologías, que se le denomina así al patrón del comportamiento del delincuente, se relacionan actividades de narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, tráfico de armas y tráfico de personas y extorsiones.

Los datos al 3 de enero del 2025, indican que hay 25 RTS; un informe por extinción de dominio y un valor de Q1.1 millón.

El monto, solo es un reflejo de la actividad

Para Guillermo Díaz, coordinador del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas de la Universidad Rafael Landívar (URL), las denuncias que ha presentado la IVE de alguna medida brindan una idea de la magnitud de la cantidad de dinero que representa las actividades ilícitas en el país.

Aclaró que una denuncia de lavado de dinero es cuando hay alguna actividad que está fuera de los parámetros normales o promedios de los cuentahabientes por lo que se tiene que justificar cuáles son las razones. Una entidad, reporta a la IVE, acumula la denuncia y traslada a la Fiscalía para que realice la investigación con el perfil económico, la cantidad de ingresos mensuales, que justifiquen el manejo de la gran cantidad de dinero.

“No me extrañaría esa cifra; es bastante aproximada de lo que podría ser una magnitud de lavado de dinero en Guatemala. Es una cantidad que puede reflejar de alguna medida lo que este flagelo en Guatemala, pero ya será la instancia del MP que a través de sus investigaciones que compruebe si se trata o no el blanqueo de dinero”, apuntó Díaz, y recordó que a la IVE lo que le compete es denunciar esa sospecha.

Las grandes fuentes

Sobre el origen de las actividades ilícitas o economía subterránea, el académico remarcó que en general en Guatemala hay dos grandes frentes con una participación del 50 % cada una: crimen organizado como el narcotráfico y otros delitos conexos y la corrupción.

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Recordó que, aunque existe un formulario o declaración de las personas expuesta políticamente (Pep), es probable que hay personas que puedan estar siendo testaferros de algunos políticos, que se van a encender las alarmas por este tipo de transacciones, al referirse a los casos de corrupción, sobre todo en las denuncias relacionadas a la construcción de obra pública, que ya han sido denunciadas por los contratos o compras con el estado.

“Grosso modo hay un 50 % para corrupción y otro 50 % para otro tipo de actividades ilícitas”, concluyó el académico.

Antecedentes

Guatemala documentó tres casos en el informe Tipologías regionales 2021-2022 en un flujo de diagrama el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y determinó que pudieron haberse blanqueado unos Q2 mil millones en esos años.

Los casos que se presentaron fueron:

• Petróleo para el lavado de dinero:  por un monto involucrado de US$230 millones 169 mil 401, que al hacer la operación a quetzales de Q7.80 por US$1 es de unos Q1 mil 795 millones.
• Lavado de dinero relacionado a empresas comercializadoras de productos forestales: por un monto estimado de US$5 millones 950 mil 625 que equivale a unos Q46 millones 414 mil.
• Colocación y estratificación de fondos provenientes del narcotráfico: por un monto estimado de US$29 millones 370 mil que representa unos Q229 millones 86 mil.  

Bancos cerrarán el lunes 16 por asueto de Independencia

Agencias bancarias podrán habilitar ventanillas especiales por el cierre autorizado por la SIB.

Miguel Barrientos

13 de septiembre de 2024 | 08:35h

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Servicios bancarios serán afectados el lunes 16 de septiembre por el asueto de Independencia de Guatemala. (Foto de referencia. Prensa Libre: Unsplash)

La Superintendencia de Bancos informó este viernes 13 de septiembre que por el asueto de Independencia se autorizó el cierre de agencias para el lunes 16.

Según detalló la entidad, bancos, sucursales, agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros, almacenadoras, casas de cambio y microfinancieras podrán cerrar el lunes 16.

La SIB también establece que queda a discreción de cada entidad prestar servicios por medio de agencias, ventanillas especiales o similares.

También indica que se podrá consultar las agencias que prestarán el servicio especial en la página web sib.gob.gt.

Además, indica que las oficinas de la Superintendencia de Bancos permanecerán cerradas el lunes 16.

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Medios de pago

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Ley de Tarjetas de Crédito entra en vigor con nuevos derechos y obligaciones para emisores y usuarios

Este 1 de septiembre entró en vigor la Ley de Tarjetas de Crédito, decreto 2-2024, la cual ya cuenta con su reglamento, contempla temas de contratos, convenios de pago, intereses, infracciones y delitos.

Rosa María Bolaños y Glenda Burrión

2 de septiembre de 2024 | 05:00h

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La nueva Ley de Tarjetas de Crédito y el reglamento regulan lo referente a contratos, intereses, convenios de pago, infracciones y delitos, entre otros. (Foto, Prensa Libre: Freepik).

En esta se regulan las operaciones de tarjetas de crédito, las relaciones entre emisor, afiliado y tarjetahabiente, temas de intereses y convenios y capacidad de pago.

También impone derechos y obligaciones para estos tres grupos, mecanismos de protección para el usuario de estas herramientas de pago, y crea un régimen sancionatorio que incluye infracciones y delitos.

Crea la Unidad de Protección de Servicios Financieros (UPSF) como parte de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) y en la cual, se indicó, a partir del lunes 2 de septiembre los usuarios podrán presentar quejas, aunque este debe cumplir algunos procedimientos y entrega de documentos, como haber presentado antes la queja ante el emisor.

Además de entidades bancarias y emisores de tarjetas de crédito, las cooperativas ya emiten en Guatemala esos medios de pago, sin embargo, ahora con la ley en vigor, se deja establecido en esta ley que las cooperativas de ahorro y crédito de primer y segundo grado pueden actuar como emisores y co-emisores de tarjetas de crédito.

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En marzo pasado la Inspección General de Cooperativas (Ingecop), informó que fiscaliza a 2 mil 571 entidades, de las cuales 902 son de ahorro y crédito, pero que de estas 705 estaban prestando servicio para el cual fueron creadas.

En cifras, deuda con tarjetas

Según datos de la Superintendencia de Bancos (SIB), en su página electrónica, el saldo de los créditos con tarjeta de crédito de las entidades supervisadas a julio pasado se situaba en Q43 mil 029 millones -un crecimiento de 23.1% respecto de julio de 2023-. De este, a las entidades bancarias corresponde Q34 mil 535.4 millones con un crecimiento de 30.7% con respecto al mismo plazo en mención.

Sanciones y delitos

En el régimen sancionatorio la ley establece 13 infracciones catalogadas como leves y graves, y que se refieren principalmente a incumplimientos de emisores, según el artículo 45, que impone multas desde 15 hasta 55 salarios mínimos.

También se crean cuatro delitos relacionados con las tarjetas de crédito, en los artículos 47 al 54, que incluyen clonación de tarjetas de crédito o débito, el uso de esas herramientas de pago de forma ilegal, la distribución y comercialización de tarjeta de crédito ilegal y su uso fraudulento, así como aumento de la pena dependiendo del cargo que ocupe la persona en el ente emisor, operador o afiliado.

Intereses y pagos mínimos

Aunque no establece un límite máximo para las tasas de interés, sí se incluyen en el decreto disposiciones respecto a estos, así como lo referente a los pagos mínimos.

Los intereses no se podrán capitalizar y entre otras medidas establecidas, no podrán calcularse intereses sobre comisiones o recargos.

En el caso de convenio de pago, los intereses podrán ser considerados como parte del capital de la nueva deuda, según el artículo 12.

El emisor debe notificar con 45 días de anticipación al tarjetahabiente que la tasa de interés ha sido modificada. Respecto al interés por mora, se calculará sobre el saldo de capital de la o las cuotas de capital en mora, de acuerdo con los días en mora, y se aplicará como máximo la tasa de interés por financiamiento pactada, pero estos intereses no podrán ser capitalizados.

Hay otros detalles que son desarrollados en el Reglamento de Tarjetas de Crédito (resolución de la Junta Monetaria 56-2024), que entró en vigor en mayo de este año.

Los emisores deben evaluar a las personas, individuales o jurídicas que solicitan tarjetas de crédito, ampliaciones o extrafinanciamientos, considerando su capacidad de pago, experiencia de cumplimiento y escala de endeudamiento total.

Respecto al pago mínimo, señala que los emisores lo calcularán de forma mensual mediante la suma del 2 por ciento del saldo pendiente a la fecha de corte, intereses a la tasa pactada, intereses moratorios, comisiones y otros cargos y montos vencidos de los pagos mínimos de los meses anteriores.

Respecto a los intereses en convenios de pago, el artículo 10 del reglamento establece que solo se calcularán sobre el saldo de capital crediticio que motivó el convenio de pago, sin considerar los intereses, recargos, intereses por mora, comisiones u otros servicios que pudieran formar parte del monto del referido convenio.

A partir del 1 de marzo del 2025, los emisores deberán calcular el pago mínimo de las tarjetas que fueron emitidas antes de la vigencia de la ley indicada, con fines de la amortización del capital, la gradualidad siguiente:

• Del 1 de marzo de 2025 al 31 de agosto de 2025 se aplicará el 1% del saldo pendiente de pago a la fecha de corte.
• Del 1 de septiembre del 2025 al 28 de febrero del 2026, el 1.5%.
• Y a partir del 1 de marzo del 2026, el 2%.

En el documento se explica que el reglamento se basa en la Ley de Tarjeta de Crédito y la Ley de Bancos y Grupos Financieros, respecto a las empresas especializadas en emitir y administrar tarjetas de crédito y las operaciones activas-bancos respecto a emitir y operar tarjetas de crédito.

Consultado al respecto de su implementación, según explica Herbert Ordóñez, de la Diaco, el reglamento es aplicable a todos los emisores incluyendo cooperativas.

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Convenios de pago

El emisor deberá celebrar convenios de pago si se presentan diversas causas, según lo establecido en el artículo 11: que el usuario no tenga la capacidad de atender dos o más pagos de forma oportuna. O, que la deuda contraída haya llegado al representar 150% del límite de crédito que se le tiene autorizado.

Otra razón es si el tarjetahabiente no está de acuerdo con la tasa de interés, o las condiciones del contrato original varíen en detrimento suyo y  se ve imposibilitado de pagar la totalidad de la deuda que tiene contraída.

La entidad emisora deberá resolver si accede o no a dicha solicitud dentro de los 30 días siguientes a su recepción.

Entre otros puntos que se establecen en la ley que también fueron mencionados por la Asociación de Emisores de Medios de Pago de Guatemala, están que la tasa de interés para la celebración de convenios de pago será calculada al monto inicial del saldo crediticio y en ningún caso podrá calcularse o fijarse proporcionalmente sobre intereses, mora, recargos u otros servicios o sobre la cantidad adeudada sujeta al convenio de pago.

Este convenio de pago se deberá formalizar mediante documento legal, sin costo alguno, y tendrá carácter de título ejecutivo, quedando sin efecto el contrato que originó la deuda del tarjetahabiente. Debe ser firmado por ambas partes y el emisor debe poner a disposición del deudor la copia dentro de los cinco días posteriores a la suscripción de éste.

Es importante mencionar que el convenio podrá ser cancelado en forma anticipada sin que aplique ningún recargo por tal concepto.

Por aparte, esta ley establece que antes de emitir una tarjeta de crédito los emisores deben comprobar que el solicitante tenga la capacidad de pagar la deuda que podrían adquirir antes de aprobar una tarjeta de crédito o incrementar la línea de crédito.

Diaco recibirá quejas

Otra de las novedades que pone en vigencia esta ley es que para la supervisión y de protección del tarjetahabiente se crea la Unidad de Protección de Servicios Financiero, la cual es parte del Departamento de Verificación y Vigilancia de la Diaco.

Esta Unidad ya fue instalada, porque los artículos que emiten esa obligación habían entrado en vigor desde marzo.

Herbert Ordoñez, jefe de Departamento de Verificación y Vigilancia en mención explicó a que a partir del lunes 2 de septiembre las personas se podrán abocar al Centro de Atención de Quejas de la entidad para colocar quejas por problemática con emisores de tarjetas de crédito y por medio de la cual pueden buscar un convenio de pago.

Sin embargo, antes de acudir a la Unidad de la Diaco, el usuario debió haberse acercarse o haber presentado su solicitud o queja ante la entidad emisora, agregó.

Inicialmente las personas pueden acudir a la sede de la Diaco en la ciudad de Guatemala y en las sedes en las cabeceras departamentales.

La atención a los usuarios de tarjetas de crédito tendrá un procedimiento especial que se habilitará posterior a que el tarjetahabiente y el emisor hayan realizado como primera instancia un arreglo conciliatorio, para lo cual el emisor tendrá un plazo de 15 días para responder al tarjetahabiente por escrito lo resuelto. Pero de no llegar a un arreglo mutuo el tarjetahabiente podrá ingresar su reclamo a la unidad mencionada

El usuario debe presentar su queja, adjuntar la documentación requerida como copia de su documento personal de identidad (DPI), información acerca de la tarjeta copia de su contrato anterior, y si ya tiene algún convenio de pago, además informar o llevar comprobante del trámite o solicitud que ya hizo en la entidad emisoras para resolver su situación. Cuando el caso se deriva de robo de la tarjeta también deberá llevar la denuncia colocada en el Ministerio Público.

Aparte de acudir presencialmente a la sede central de la zona 4 capitalina, los usuarios también pueden abocarse por medio del centro de llamadas 1544 o al sitio www.diaco.gob.gt donde habrá un apartado para ese tipo de casos y se le requerirá adjuntar sus documentos al momento de colocar su queja por internet, añadió. Sin embargo, Ordóñez explica que por el momento será más expedito en forma presencial porque de una vez se le asigna un número de reclamo y puede complementar la información requerida.

Para la operación de la Unidad la Diaco solicitó Q9 millones al Minfin para el resto del año, y para el próximo año necesitaría entre Q25 millones a Q27 millones para funcionar.

Acerca de si existe personal capacitado para atender este tipo de quejas, el funcionario dijo que desde 2022 se inició la capacitación con la Superintendencia de Bancos por medio de un convenio de cooperación que poseen.

La entidad cuenta con 167 personas en total y de ellas 20 son parte del centro de quejas, y se prevé contar con otro número similar.

Emisores: hay procesos que se llevarán entre 6 meses y hasta un año

Edgar Bran, Presidente de la Asociación de Emisores de Medios de Pago de Guatemala (AEMPG), consultado acerca de los cambios más drásticos que tendrán los emisores de Tarjetas de Crédito a partir de la vigencia de esta ley, expresó que desde antes de esa legislación, el sector rige su  actividad bajo una serie de principios que buscan en términos generales, la protección al consumidor e incentivar el crecimiento económico, así como la autorregulación, pero agregó que todos los emisores están trabajando en la parte operativa y de sistemas para cumplir con lo establecido en la ley.

En los sistemas operativos hay procesos que se llevarán entre 6 meses y hasta un año de acuerdo con los reguladores para ir atendiendo a toda la base de los tarjetahabientes, añadió.

Una de las medidas que se tendrán es la modificación de los contratos para cumplir con lo que establece dicha ley.

Respecto a los intereses dijo que serán pactados de acuerdo con su producto y contrato que se haya establecido y acordado entre ambas partes, ya que la ley no contempla nada diferente a la práctica actual, por lo que “los intereses se seguirán calculando de la misma forma como los emisores lo vienen realizando. Con la excepción que la ley indica que no se pueden capitalizar intereses para no cobrar interés sobre interés”, expresó Bran.

El directivo menciona entre las ventajas para los emisores que es una ley técnica y ordenada, porque define muy bien las responsabilidades y obligaciones de todas las partes como emisor, tarjetahabiente, comercio afiliado, entidades regulatorias.

Además, que la tipificación de los delitos cometidos con estos instrumentos protegerá aún más a los tarjetahabientes y emisores. Para los usuarios la principal ventaja es la protección al tarjetahabiente, creando los mecanismos necesarios para que todas las relaciones sean transparentes y beneficiosas para ellos, la divulgación de forma constante información accesible y transparente al tarjetahabiente sobre tasa de interés, comisiones y otros cargos aplicados a las tarjetas de crédito, para que puedan tomar una mejor decisión.

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El decreto dispone que los emisores deben comprobar la capacidad de pago del solicitante de la tarjeta pero Bran explica que previo a la vigencia del decreto 2-2024 ya contaban con el Reglamento para la Administración del Riesgo de Crédito donde se establecen los requisitos para otorgar líneas de crédito o extrafinanciamiento, y ahora deben también seguir los lineamientos establecidos en el Reglamento de Tarjetas de Crédito emitido por la Junta Monetaria que también refuerza los requisitos para otorgar tarjetas.

Rol de la SIB

La Superintendencia de Bancos indicó que se ajustará a todas las disposiciones que le competen y que exige la nueva ley.

Una de estas es la contenida en el artículo 34, que refiere que las entidades emisoras de tarjetas de crédito constituidas en el país y que forman parte de un grupo financiero estarán sujetas a la supervisión de la SIB, conforme a lo que establecen la Ley de Bancos y Grupos Financieros y la Ley de Supervisión Financiera.

La SIB también señala que las entidades emisoras deben cumplir con los estándares internacionales de seguridad exigidos por las marcas de tarjetas de crédito internacionales.

Las medidas incluyen las normativas del Consejo de Normas de Seguridad PCI (PCI Security Standards Council), que establecen estándares de seguridad como la protección de redes, el cifrado de datos, la gestión de vulnerabilidades, el control de acceso, el monitoreo de sistemas y la seguridad del PIN.

Estas normativas buscan prevenir el fraude y proteger los datos de los titulares de tarjetas, requiriendo auditorías regulares y el cumplimiento de mejores prácticas de seguridad.

Otra de las tareas de la SIB es participar en convenios de colaboración interinstitucional para apoyar en la organización de cursos de capacitación financiera.

Asimismo, la SIB explica que un aspecto clave de la nueva Ley de Tarjetas de Crédito en Guatemala es que, aunque ofrece una mayor protección a los tarjetahabientes, también refuerza sus obligaciones.

Ahora, los contratos de tarjetas de crédito se consideran títulos ejecutivos.  Según la SIB, esta nueva categoría otorga a estos contratos la capacidad de exigir el cumplimiento forzado de las obligaciones especificadas en ellos. Tradicionalmente, solo la ley puede crear títulos ejecutivos, y esta nueva denominación se suma a los establecidos en el Libro Tercero del Código Procesal Civil y Mercantil.

En marzo último la SIB explicó los alcances de las diferentes supervisiones relacionados a tarjetas de crédito, pero que no solo se derivan de esa ley:

• Refirió en esa ocasión que entre las instituciones legalmente autorizadas para operar en el país y que se encuentran bajo la vigilancia e inspección de esa entidad están los bancos y grupos financieros, cuyo listado es divulgado y actualizado en la página electrónica de la entidad en el cual se incluye nueve tipos de entidades.
• En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, explicó que en materia financiera seguirán bajo la vigilancia y fiscalización de Ingecop, que les permite la captación y colocación de recursos.
• Sin embargo, hay otros alcances de las supervisiones, aunque no dependen de la nueva legislación, por ejemplo, en materia de lavado de dinero, siempre le corresponderá a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) requerir información relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con ese delito, por ser personas obligadas. Además, que los emisores que no se incluyan en las categorías mencionadas anteriormente, tendrán la obligación de entregar información a la Central de Riesgos de la SIB, reportes para determinar el nivel de endeudamiento de cada persona; así como la obligación de informar sobre las tasas de interés.

Transparencia y certeza jurídica

Según Oscar Herrera, director de Economía Empresarial de la Universidad Rafael Landívar (URL), la nueva Ley sobre Tarjetas de Crédito juega un papel crucial en la certeza jurídica dentro del ámbito del financiamiento. Esta normativa busca establecer una relación más justa entre los tarjetahabientes y los emisores de tarjetas.

Anteriormente, los tarjetahabientes tomaban decisiones con poca certeza debido a la falta de transparencia financiera. Las tasas de interés, los cargos ocultos y las cláusulas contractuales no siempre eran claras. La nueva ley aborda estos problemas al exigir mayor transparencia en la información proporcionada a los consumidores.

El académico destaca tres puntos esenciales sobre la nueva normativa:

1. Reducción de intereses compuestos. Ahora, los intereses no se capitalizarán, lo que significa que la deuda inicial no aumentará de manera exponencial.
2. Mayor transparencia. La ley facilitará una comprensión más clara de los costos asociados con el uso de tarjetas de crédito, permitiendo a los tarjetahabientes tomar decisiones más informadas.
3. Prevención del sobreendeudamiento. La normativa está diseñada para evitar el sobreendeudamiento, lo que permite a los consumidores manejar su deuda de manera más efectiva y evitar limitaciones en su capacidad de consumo.

La implementación de esta ley fomentará un sistema financiero más justo y equitativo, promoviendo un entorno de mayor competencia entre bancos y una mejor supervisión por parte de la Superintendencia de Bancos (SIB). Aunque esto podría reducir los ingresos de los bancos por cobros de intereses, pero aumentará los consumos.

Consejos para tarjetahabientes

Herrera, ofrece cuatro consejos clave para optimizar la gestión de las finanzas personales cuando se utilizan tarjetas de crédito:

• Informarse sobre los términos y condiciones, leer detenidamente la información sobre tasas de interés y cargos por mora en los contratos de tarjeta de crédito.
• Aprovechar la mayor transparencia al utiliza esta información para elegir la institución bancaria que ofrezca las mejores ventajas.
• Usar el crédito de manera responsable, utilizando la tarjeta de crédito como medio de pago y así evitar el sobreendeudamiento.
• Pagar el saldo total cada mes para mantener una buena salud financiera.

Horario de bancos será afectado por feriado del 15 de agosto

Debido al feriado en la capital, por la celebración de la Virgen de la Asunción, los bancos tendrán horarios especiales.

Miguel Barrientos

14 de agosto de 2024 | 07:53h

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Los bancos del sistema tendrán horario especial por el asueto de la Virgen de la Asunción en la capital. (Foto de referencia. Prensa Libre: Unsplash)

La Superintendencia de Bancos de Guatemala informó este 14 de agosto cuáles serán los horarios debido al feriado por la Virgen de la Asunción.

Según la entidad, la Junta Monetaria autorizó que los bancos, sucursales y agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros, almacenadoras, casas de cambio y microfinancieras puedan cerrar el jueves 15 de agosto.

“El feriado correspondiente a la Asunción de Nuestra Señora aplica únicamente para la ciudad capital”, detalló la SIB.

Además, se indicó que cada entidad bancaria puede prestar sus servicios por medio de agencias, ventanillas especiales o similares.

También se indica que en el sitio web de la entidad, www.sib.com.gt se encuentra el listado de agencias que prestarán servicios especiales.

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Caso Melisa Palacios: las cuatro claves del nuevo intento de Fernanda Bonilla para apartar a la jueza Carol Berganza

La SIB también indica que las oficinas de la entidad permanecerán cerradas el jueves 15.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 | La Superintendencia de Bancos informa:⁣⁣#SIBGuatemala #feriado pic.twitter.com/dDnfOzZNj5

— SIB Guatemala (@sib_guatemala) August 14, 2024

Resuelven fallas en transferencias que fueron reportadas por sistema bancario

Actualización de un software provocó inconvenientes en el sistema de transferencias bancarias, pero estos fueron resueltos.

César Pérez Marroquín y Urias Gamarro

20 de julio de 2024 | 21:55h

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Durante varias horas, los guatemaltecos tuvieron dificultades para efectuar transferencias bancarias. (Foto Prensa Libre: Imagen de Salvatore en Pixabay)

Durante varias horas de este sábado 20 de julio, el sistema bancario del país reportó inconvenientes en el sistema de transferencias inmediatas, los cuales fueron provocados por la actualización de un software, según fuentes oficiales que confirmaron que las operaciones ya se normalizaron.

“Informamos que el Sistema de la Cámara de Compensación (ACH) se encuentra en proceso de actualización, por lo cual las transferencias inmediatas y diferidas se encuentran temporalmente fuera de servicio”, escribió una de las agencias bancaria a sus usuarios.

Fernando Samayoa Delgado, presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), confirmó que los inconvenientes se debieron a la instalación de un nuevo software de Montran y reiteró que no hay relación con las fallas de Microsoft.

“Lamentablemente el día de hoy el sistema de ACH, tanto inmediato como el que se opera 24 horas después, tuvo unos rechazos y unos inconvenientes que se detectaron cuando se instaló un nuevo programa del proveedor Montran que opera con el sistema bancario las transacciones entre bancos de la CAH”, comentó Samayoa.

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Agregó que cuando se detectó el problema que duplicaba algunas transacciones el sistema por seguridad detuvo el ofrecimiento del servicio; además, reiteró que el proveedor envió en dos oportunidades acciones correctivas, pero no funcionaron y fue hasta las 17 horas que “ya tuvimos la corrección final instalada y funcionando”.

A eso de las 17 horas se solucionó el inconveniente.

Dijo que el inconveniente de este sábado no tiene relación con el problema que se suscitó el viernes pasado a causa de la caída de los servidores de Microsoft. “Solo fue mala coincidencia, todos estos programas tienen actualizaciones y por alguna razón este también traía una actualización con algún problema interno de programación”, detalló.

Por lo anterior, señaló que la falla ya está solucionada y “le pedimos disculpas a los clientes y esperamos que ya puedan haber normalizado sus transacciones, porque ya todo el sistema bancario está caminando con las transacciones”.

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“Lamentablemente tal vez se magnificó este hecho dado la situación que pues los usuarios en otras actividades sufrieron el día de ayer -viernes- con este problema que sufrió Microsoft, pero en esta situación no tiene absolutamente nada que ver con eso y todo está normalizado, al día de hoy ya los bancos están operando de una forma correcta, ya el sistema está levantado y se lo fue cosa de horas”.

Oficializan renuncia de tres de los seis intendentes de la SIB

La Junta Monetaria (JM) conoció esta noche la dimisión de tres intendentes de la Superintendencia de Bancos (SIB).  

Urias Gamarro

24 de abril de 2024 | 19:37h

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La Junta Monetaria conoció la renuncia de tres intendentes de la SIB está noche. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

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Esta noche, los miembros de la Junta Monetaria oficializaron la renuncia de tres intendentes de la Superintendencia de Bancos, (SIB), lo que fue comunicado al ente colegiado por el superintendente Saulo de León Durán.

El gerente general del Banco de Guatemala, Vinicio Cáceres, informó que el superintendente de León informó a la JM sobre las renuncias, por motivos personales, presentadas por Hugo Daniel Figueroa Estrada, intendente de Supervisión y Normativa; Jorge Francisco Marroquín Cáceres, intendente de Verificación Especial; y Byron Vinicio Méndez Castillo, intendente de Estudios, Normativa y Resolución de Entidades Financieras.

El gerente dio a conocer que el jefe de la SIB informó sobre el nombramiento para el cargo de la IVE a Juan Carlos Monroy Véliz, propuesta que fue avalada por la JM, por lo que al momento, quedan vacantes dos intendencias.

La SIB cuenta con seis intendencias, siendo las otras tres las de Supervisión Bancaria; Supervisión de Seguros; y de Administración Estratégica.

El día de hoy se ha dado un paso significativo hacia el fortalecimiento del mercado de capitales de Guatemala con la autorización por parte de la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria a BAC de la emisión de bonos estandarizados de deuda en el mercado de valores nacional.  De esta forma, dicha entidad se convierte en el primer banco en el país en contar con el visto bueno de las autoridades financieras para realizar una emisión bancaria estandarizada, con un prospecto bursátil que le permite colocar bonos en dólares hasta US$250 millones y, en quetzales, hasta Q2 mil millones.

“Esta autorización suma a nuestro compromiso continuo con reimaginar la forma de hacer banca en el país. Nos llena de mucho orgullo y responsabilidad en BAC liderar este importante avance, que refleja nuestra sólida posición financiera y, sin duda, contribuirá a brindar acceso a soluciones financieras que potencien el crecimiento económico y social de todos los guatemaltecos”, afirmó Eric Campos, Presidente Ejecutivo de BAC Guatemala.

La primera emisión de bonos estandarizados por parte de BAC representa un punto de inflexión en la evolución financiera del país, ya que estos instrumentos bursátiles son una fuente crucial de financiamiento para proyectos que requieren inversiones de mediano y largo plazos, tales como los relacionados con infraestructura, educación y salud.  Adicionalmente, brindan una oportunidad sin precedentes para democratizar el acceso a inversiones con retornos de capital competitivos, fortaleciendo la participación ciudadana en el desarrollo económico. De hecho, al ser una emisión de bonos estandarizada, se garantiza instrumentos de mayor liquidez para sus tenedores.

Por su parte, el Gerente General de la Bolsa de Valores de Guatemala, Rolando San Román, destacó la importancia de la emisión de bonos por parte de los bancos como una estrategia vital para diversificar las fuentes de financiamiento y reducir el riesgo financiero. “La emisión de bonos bancarios contribuirá significativamente a fortalecer la estabilidad del sistema financiero guatemalteco y promoverá un mayor desarrollo del mercado de capitales en el país. Por lo que la autorización para emisión de bonos otorgada a BAC representa un paso muy importante en el desarrollo de mercado de capitales”, agregó San Román.

BAC cuenta con la calificación crediticia AAA de Fitch, la más alta disponible en la escala para Guatemala, lo que asegura el más alto estándar de confianza y solidez en el mercado financiero guatemalteco. Esta calificación, respaldada por una trayectoria probada de integridad y excelencia, brinda a los inversionistas una garantía de seguridad y estabilidad en sus inversiones.

“Esta autorización representa un nuevo hito en la historia financiera del país, que se suma a otros logros por generar prosperidad a Guatemala, reimaginando cómo hacemos banca. Tenemos una gran responsabilidad en liderar hacia un futuro más próspero y equitativo para todos los guatemaltecos”, Eric Campos, Presidente Ejecutivo de BAC Guatemala.

En el recuento y con las cifras públicas disponibles al 26 de diciembre último, hay una evolución, en cuanto a los expedientes que analizaron los técnicos de la IVE reportados por las instituciones bancarias y financieras.  Entre el 2018 y 2023 (pre y post pandemia), las denuncias crecieron este año que está por finalizar.

¿Qué dicen las estadísticas?

Los análisis de transacciones financieras dan cuenta que, en 2023, el monto denunciado por lavado de dinero alcanzó Q7 mil 802.5 millones -al 26 de diciembre-, mientras que en 2022 la cantidad fue de Q3 mil 906.8 millones, lo que significa 99.7% más al hacer la comparación.

Es decir, se habría duplicado el movimiento de recursos monetarios provenientes de fuentes ilícitas en Q3 mil 895 millones en este periodo.

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En los años anteriores, los montos denunciados fueron en 2018, Q2 mil 356 millones; en 2019, Q3 mil 119 millones; en 2020, Q2 mil 538 millones y en 2021 Q6 mil 134 millones.

Otros indicadores, muestran que los reportes de transacciones sospechosas (RTS) -que son alertas de movimientos sospechosos e inusuales que puedan emitir ciertas señales- tuvo un incremento del 12.4%, con 6 mil 269 expedientes, mientras en 2022 fueron 5 mil 576; en la parte de denuncias y ampliaciones -de las ya existentes- se computaron 281 casos es decir 11.5%, al comparar con 252 procesos del año pasado.

Sobre las personas involucradas, que incluye las denuncias y ampliaciones -por un caso puede haber otros individuos- fueron 2 mil 680, que representa 11.9% más versus los 2 mil 393 del 2022.

Además, los informes de Extinción de Dominio, fueron 19, menor a los 21 del año anterior, pero en dinero la extinción de domino es de Q309.5 millones mientras que en 2022 fue de Q89.9 millones.

En cuanto a las posibles tipologías –que es el estudio del patrón de comportamiento del delincuente– de lavado de dinero en el país estarían, según las autoridades, estarían agrupadas en actividades de narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, tráfico de personas y extorsiones.

Falta de información

Para el economista Maynor Cabrera, investigador de la Fundación Economía para el Desarrollo, el sistema del control de lavado de dinero está basado en lo que reportan el sistema bancario, y la IVE cuenta con mecanismos de detección, pero básicamente es lo que reportan las instituciones sobre posibles casos sospechosos que los denuncian.

Por otra parte, opina que el tema es muy reactivo.  Citó por ejemplo que se captura a alguien y luego se denuncian esos casos, “y es algo que va detrás de muchas otras cosas”, y los números que se presentan “hay que verlos con mucha cautela, ya que en realidad dicen muy poco de lo que está pasando y no son números comparables”.

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Por otro, opina que a nivel internacional hay una tendencia al alza de lavado de dinero por lo que no es exclusivo de los bancos porque existen otras figuras en las cuales se puede operar como los criptoactivos, que es un sistema que escapa a la regulación y que hay un vacío en poder controlar este tema, ya que Guatemala sigue siendo zona de paso para el narcotráfico.

Otro tema que pudo haber influido este año en las cifras, afirma Cabrera, es la realización de las elecciones generales y su financiamiento, pero en general cualquier delito está “metido el lavado de dinero” y se conocieron varios casos sobre corrupción, pero dependen de varios factores y no se pueden extrapolar tendencias de un año hacia otro.  Es “básicamente lo que los bancos han percibido que tienen que reportar”.

En cuanto a las tipologías que pueden estar asociada, el investigador consideró que en Guatemala hay tres que son más utilizadas: la primera es todo lo vinculado a temas al narcotráfico, ya que utiliza y emplea cualquier mecanismo para el blanqueo.  El siguiente es todo lo relacionado a la corrupción, que son casos que se denuncian con mucha frecuencia, que no solo involucra al gobierno central, sino que a municipalidades.

Y finalmente hay un esquema relacionado a “la economía negra”, en donde hay un grupo grande de personas que concentra pequeñas cantidades de dinero, que se le conoce como “pitufeo” que utilizan dinero, para dividir grandes cantidades en muchas personas, y luego se vuelven a concentrar.  Agrega que hay también un esquema vinculado al comercio exterior para poder fingir algunas operaciones, utilizar precios de transferencias para simular, pero hay muchos otros.

“Hay narcotraficantes corruptos, otros que hacen simulaciones de exportación, y otros que tienen redes, y la corrupción también concentra mucho”, apuntó el analista.

Controles

David Casasola, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), hace énfasis en que hay un aprendizaje y controles que están ejerciendo las instituciones sujetas, y de alguna manera la responsabilidad que se tiene de hacer el cumplimiento de determinados movimientos y reportarlos o pedir documentación, que al pasar con el tiempo ha habido permeando en las entidades, por lo que es un “tema de cumplimiento, aprendizaje, y la incorporación de los protocolos para poder lanzar las alertas”.

Sobre los números, apuntó que también es un reflejo de lo que podría estar pasando, que puede brindar indicios de que se fortalece de alguna manera a actividades que tienen origen ilícito de efectivo, que se intenta pasar por el sistema para poder blanquearse, y se conectaría, por ejemplo, con las estadísticas de extorsiones, que pueden estar vinculadas con el hecho que efectivamente ocurren estas transacciones que pueden llegar al sistema financiero legal.

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“Puede ser que este año sea extraordinario en cuanto a mayor actividad ilícita y por otro lado, puede ser el reflejo de una mayor observancia de la ley, un mayor cuidado de aplicar las banderas rojas, lo que hace necesario y pone presión para que las investigaciones puedan llegar al meollo del asunto”, anotó el consultor del Cien.

Los cripto activos 

Ambos entrevistados coincidieron en que hay una tendencia mundial sobre el lavado de dinero que está utilizando cripto activos.   Esto viene escalando por lo que varios gobiernos han anunciado que quieren imponer controles, explicaron.

Opinan que cuando existan mayores transacciones en este tipo de instrumentos, será necesario en Guatemala actualizar la legislación, pero por ahora hay poca caracterización de perfiles en el área financiera.

Se investiga, según el MP 

Prensa Libre consultó al MP sobre el reporte de la unidad de inteligencia financiera, y estas fueron las respuestas:

¿Cuál es la postura como Fiscalía sobre el incremento del monto denunciado por IVE de lavado de dinero por Q7 mil 802 millones en 2023?

En el año 2023 ingresaron 313 denuncias, un incremento de 14% en comparación al año 2022, la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos continúa con el compromiso de diligenciamiento oportuno de casos con el modelo de Gestión Integral de Casos implementado por la señora Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Doctora María Consuelo Porras Argueta cumpliendo con plazos razonables en la investigación.

Con relación al incremento de dinero denunciado por la IVE la Fiscalía comunica de forma inmediata a la Fiscalía de Extinción de Dominio, que detectan si existe la posibilidad de solicitar medidas cautelares para recuperación de activos; sin embargo, los períodos denunciados en la mayoría de denuncias remitidas por la Intendencia de Verificación Especial corresponden a períodos de años anteriores, lo que dificulta la oportuna recuperación del dinero de forma inmediata; sin embargo, la Fiscalía continúa con su labor investigativa penal con el objetivo de determinar la existencia del delito y solicitar las sanciones que correspondan, dentro de estas el delito de lavado de dinero u otros activos contempla además de la pena de prisión,  la pena de  multa igual al valor de los bienes , instrumentos o productos del delito; el comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito, lo que permite la recuperación del dinero objeto del delito y que se refleja en cada sentencia emitida.

¿Qué explicaría esta tendencia en comparación con el 2022?

Esta circunstancia se sugiere que sea consultada a la Superintendencia de Bancos, quiénes podrán explicar a qué se debe el incremento del monto denunciado.

¿Cuáles son las cinco tipologías identificadas por la Fiscalía en 2023 y que sustentan el reporte de cierre?

Dentro de las investigaciones que tramita la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos hemos detectado como delitos precedentes más recurrentes el delito de extorsión y estafas, se ha identificado el incremento de phishing. En cuanto a tipologías identificadas se sugiere que realizar la consulta a la SIB, ya que a través de la unidad de análisis de la IVE realizar el estudio específico de tipologías como parte de su función preventiva.

En términos generales, ¿cuáles fueron los principales logros obtenidos por la Fiscalía contra Lavado de dinero en este ejercicio fiscal?

• 183 personas condenadas
• 334 actos conclusivos
• 708 solicitudes de citación a primera declaración
• 351 órdenes de aprehensión solicitadas
• 176 sentencias
• Dinero incautado: Q5 millones 189 mil 630.25 , US$19 mil 990.82, MXN 8 mil 060, COL 22 mil.
• Bienes incautados: 4 vehículos 10 armas de fuego 1 teléfono celular, 5 laptops.

El cierre también aplica para sociedades financieras, compañías de seguros, compañías almacenadoras, casas de cambio y las micro financieras.

Adicional, se informó que en las mismas fechas las oficinas de la SIB también permanecerán cerradas.

Según la entidad, el 29 de diciembre con motivo del cierre bancario de operaciones, no se abre al público, de conformidad a una resolución emitida por la Junta Monetaria en diciembre de 1968.

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La SIB también hizo de conocimiento que quedará a discreción de cada entidad bancaria si presta sus servicios por medio de agencia, ventanilla especial o similar.

Ante los cierres previstos, la institución anunció la publicación de un listado de las agendas bancarias que prestarán servicio especial durante el asueto.

La información podrá consultarse a partir del 29 de diciembre en el sitio web: www.sib.gob.gt.

Los cajeros automáticos de las distintas entidades trabajarán con normalidad.

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La resolución indicada, que se publicó el pasado 20 de julio, modifica a varios artículos del reglamento vigente (resolución JM-47-2022) en cuanto al cálculo de las pérdidas esperadas por posibles incumplimientos de los deudores y en términos generales, se adapta a los estándares internacionales “y se continuará con ese esquema”, se indicó.

Esta es una de las modificaciones más profundas que se realizan a un reglamento de esta naturaleza, ya que la cartera de crédito representa el 56% del total de los activos del sistema bancario nacional, el saldo total al 30 de junio de este año fue de Q285 mil 481 millones, en moneda nacional y extranjera, lo que muestra un crecimiento de 5.7% con respecto al 31 de diciembre del 2022 cuando se sitúo en Q270 mil 481 millones.

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Cinco cambios principales

Consultada al respecto, la SIB detalló que los principales cambios en el reglamento indicado son los siguientes:

1.             Provisiones específicas conforme el cálculo de pérdidas esperadas

• Permitir en el futuro a las instituciones la utilización de metodologías internas para el cálculo de provisiones específicas por riesgo de crédito, previa autorización de la Superintendencia de Bancos.
• Adecuar los requerimientos de provisiones específicas para cédulas hipotecarias.

2.             Ajuste en provisiones dinámicas para créditos de financiamiento a vivienda

• En cédulas hipotecarias garantizadas.
• En créditos hipotecarios para vivienda.

3.             Alineación de activos crediticios

• Viabilizar el proceso de alineación.

4.             Tratamiento diferenciado sobre reestructuraciones y refinanciaciones

• En financiamientos temporales.
• En créditos que cuenten con garantía hipotecaria o mobiliaria.

5.             Disposiciones transitorias

• Adecuación de plazos para la implementación del reglamento.

Byron Méndez Castillo, Intendente de Estudios y Normativa de la SIB, explicó a Prensa Libre que este reglamento entrará en vigor el 1 de enero del 2024 y uno de los cambios al Reglamento para la Administración del Riesgo de Crédito, trata sobre la incorporación de modelos internos que no se encuentran en el reglamento que vigente.

El caso específico de las pérdidas esperadas

Uno de los aspectos más relevantes es que se plantean en el anexo las fórmulas para calcular las pérdidas esperadas por las instituciones bancarias, considerando lo siguiente:

1. Probabilidad de Incumplimiento (PI): Mide la posibilidad que un deudor se encuentre en situación de mora de 90 o más días calendario o que la institución considere probable que el deudor no abone la totalidad de sus obligaciones crediticias durante un período de un año.
2. Pérdida Dado el Incumplimiento (PDI): Es la proporción de la exposición que no se espera recuperar después de haber ocurrido el incumplimiento.
3. Exposición al Momento del Incumplimiento (EMI): es la estimación de la exposición cuando ocurra el evento de incumplimiento, considerando tanto a las posiciones directas como a las contingencias y compromisos.

Al respecto, técnicos de la SIB expusieron que el concepto de “pérdida esperada” se vincula con un concepto estadístico para un valor esperado, el que se vincula con la probabilidad de que ocurra un evento: una pérdida o una ganancia.

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Por ejemplo, a consecuencia de cualquier eventualidad (en este caso, morosidad) puede registrarse una pérdida parcial porque existe una garantía; o puede haber atraso del pago o un incumplimiento completo, lo que puede representar una pérdida.

Por lo tanto, lo que está buscando en el reglamento (y las modificaciones) es que los bancos puedan establecer probabilidades de incumplimiento de los deudores, en los distintos segmentos en los cuales operan los bancos por la vía créditos de diverso tipo o subsegmentos: empresariales, comercial, industrial, construcción, entre otros, pero también los créditos personales, como de vivienda, de consumo, de tarjeta de crédito, porque cada una tiene sus propias características.

Entonces, con los estándares internacionales, se estableció esta metodología de cálculo, que, en los anexos del reglamento, contiene una serie de tablas, con los porcentajes asociados al incumplimiento, y las pérdidas, si se llegan a materializar.

Mas controles sobre la mora

A la pregunta, ¿Qué es lo que tienen que hacer las entidades bancarias?, se detalló que lo que se busca, es que sigan clasificando los criterios de mora (incumplimiento), pero a la vez, que sean más exigentes y que puedan actuar más rápido cuando en un deudor tenga dificultades. Por eso, cada uno de los segmentos tendrá sus parámetros de cómputo, para que puedan ajustar sus sistemas y nuevos módulos de cálculo.

Se aclaró que los bancos tienen sus políticas de cobro y sus procedimientos, pero el reglamento va hacia adelante, de manera que se anticipa a lo que pueda suceder. Por ejemplo, mide el desempeño de las empresas grandes, porque un deudor puede estar al día, pero los indicadores de la empresa se pueden estar deteriorando.

Ahora el reglamento considera eso, para que los bancos tomen decisiones oportunas, antes de que el deudor llegue a un deterioro financiero. Si se llega a ese punto, se deben buscar las acciones adecuadas para resolver la situación.

También incluye la información contable para operaciones mayores, por lo que si bien, los bancos ya exigen información financiera periódica a sus deudores y específicamente cuando se trata de préstamos empresariales (mayores o menores) se exigen estados financieros auditados. Ahora se incorporan estándares internacionales de auditoría.

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Méndez, al hablar sobre la mora de la cartera de crédito, dio a conocer que en diciembre del 2022 esta se ubicaba en 1.25%, y al 30 de junio pasado alcanzó 1.53%. No obstante, se aclaró que la cobertura es suficiente para poder atender cualquier eventualidad en la cartera de crédito.

Fortalecer la administración del riesgo

Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat9 y de la JM, brindó una perspectiva sobre las modificaciones al Reglamento para la Administración del Riesgo de Crédito:

¿Cuál es la esencia de estas modificaciones?

Se incorporan las reservas o provisiones especificas conforme el cálculo de pérdidas esperadas. Esto hace más eficientes las provisiones, dado que son prospectivas.

¿Cuáles son las 5 ideas clave de esas modificaciones? 

1. Se incorporan las reservas o provisiones especificas conforme el cálculo de pérdidas esperadas.
2. Se incorporan reservas o provisiones dinámicas (enfoque contracíclico), que ayudan a mitigar el riesgo crediticio ante cambios en condiciones económicas que afecten al deudor
3. La alineación de activos crediticios (información más amplia del deudor), para evitar un sobre-endeudamiento del sujeto de crédito y aminorar el riesgo de crédito a los bancos.
4. Disposiciones sobre reestructuraciones y refinanciaciones de créditos.
5. Gradualidad de la implementación de las modificaciones al reglamento.

A su juicio, ¿estas modificaciones flexibilizan o son más rígidas para las entidades financieras/bancarias respecto al reglamento vigente?

Las modificaciones efectuadas al reglamento vigente están orientadas a seguir fortaleciendo la administración de riesgo crediticio por parte de las instituciones bancarias, lo cual redunda en una intermediación financiera más eficiente.

En términos generales, ¿cómo se encuentra el sistema financiero nacional y cuál es la proyección de cierre 2023 y 2024?

El sistema financiero guatemalteco, en su conjunto, se encuentra estable, líquido y solvente, lo cual se ve reflejado tanto en su estructura de balance, como en sus indicadores financieros. Se espera que al cierre de 2023 y 2024, las entidades de crédito mantengan el dinamismo y otorgamiento de crédito que se ha registrado durante el primer semestre de 2023, con tasas de crecimiento de dos dígitos.

Al momento ¿se han conocido solicitudes de fusiones, adquisiciones o compras de entidades bancarias en Guatemala?

La Junta Monetaria no ha recibido ninguna solicitud de este tipo.

Así también, el lunes 2 de enero de 2023 podrán cerrar por el  asueto por Año Nuevo, que corresponde al 1 de enero que será domingo.

Todos los años, el 30 de diciembre, por motivo del cierre bancario de operaciones, no se atiende al público, pero queda a discreción de cada entidad prestar sus servicios por medio de agencias, ventanillas especiales o similares, señala el comunicado.

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Por ello es que el lunes 2 de enero algunas entidades no atenderán al público, pero algunas entidades sí prestarán el servicio de manera especial.

Los cajeros automáticos de las distintas entidades trabajarán con normalidad.

Los allanamientos se efectuaron en los departamentos de Jutiapa, Santa Rosa y Jalapa, donde se ubicó a los sindicados, aunque se sospecha sobre la participación de otras cinco personas más.

La investigación surgió por una alerta que emitió la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos.

La denuncia establecía que hubo diversas transacciones por un valor de más de Q2.7 millones, a través de depósitos en efectivo y cheques.

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Según la fiscalía, estas transacciones se hicieron “de forma estructurada posiblemente para ocultar el verdadero origen de los fondos”.

De acuerdo con la investigación, las personas detenidas habrían prestado su identificación para que se facturaran los vehículos de alta gama a su nombre, pero sin contar con el perfil económico para su adquisición.

Las transacciones se dieron en el periodo comprendido del 8 de enero al 14 de octubre de 2020, según la fiscalía.

El operativo continúa en desarrollo indicaron ambas instituciones. Además de las capturas se incautaron tres armas de fuego con su documentación.

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Capturas

Al momento se reportan 9 personas aprehendidas, las cuales han sido identificadas como:

• Rosibel Aguilar Salguero
• Julio Cesar Pozuelos
• Ada Josabeth España Regalado
• Ondina Beatriz Sosa Garcia
• Cenderito Eugenio Ramírez Cruz
• Luis Eduardo Ortega y Ortega
• Glenda Lisset Rivas Tellez
• Ana Victoria Gonzalez Lima
• Cender Randolfo Ramirez Lima