“En estos lugares, solo el sector público genera empleo. No hay otras oportunidades, así que la gente hace lo que sea a cambio de una plaza o un contrato en el Estado. Es pura necesidad. Ya dentro, la mayoría está más pendiente de lo que diga o quiera el diputado (o quien les facilitó el contrato), que de sus atribuciones; no le hacen caso a uno. Se saben protegidos”.

Esta lapidaria reflexión emergió durante una entrevista que realicé la semana pasada como parte de una investigación que estoy haciendo. Cinco oraciones que sintetizan una de las repercusiones más negativas y con efectos de más largo alcance que tiene el clientelismo político sobre el funcionamiento de los servicios públicos. Apunta también a la génesis multicausal del problema, que no siempre es visible cuando se discute cómo enfrentar esta plaga.

El daño que hace el clientelismo va mucho más allá de lo que un funcionario defrauda al Estado en términos pecuniarios. La gente contratada de esta manera no le es leal a la entidad que le paga su salario u honorario, sino a la persona que abusó de su poder delegado para facilitarle el ingreso al sistema. Por esa vía mantiene y acrecienta el poder de la figura política y le permite tener a disposición gente fiel que usa a conveniencia para lograr propósitos particulares, realimentando así el ciclo de la corrupción. Como la gente tiene necesidad de un ingreso, muchos terminan cediendo, con tal de que el “patrón” que “le da empleo” lo conserve en el puesto.

Ni es necesario que el político se encuentre en la misma entidad contratante. Ejerce su presión para que otra autoridad nominadora formalice la contratación. De esa cuenta, agentes externos terminan controlando lo que ocurre dentro de otra entidad: es decir, su radio de alcance y daño es mucho mayor de lo que deja entrever el escándalo de las Plazas Fantasma en el Congreso. Afecta la efectividad de la entrega de servicios y de la inversión pública en su sentido más amplio.

En ocasiones también la misma autoridad nominadora es la que opera de esta manera, colocando a personas poco idóneas —pero fieles a su persona— en puesto clave de las entidades, en detrimento de su operatividad. De hecho, muchos de los problemas gerenciales y de abandono profundo que viven actualmente las direcciones de salud, las departamentales de educación o las delegaciones del Maga y otros entes del Ejecutivo, obedecen a esta práctica; no son solamente producto de la restricción de financiamiento. Súmele a eso las connivencias con sindicatos que también han perdido su sentido de misión para explicarse la baja capacidad y calidad de los servicios.

Este asunto debería alertarnos sobre la enorme complejidad que significará atajar dicho fenómeno y erradicarlo; va mucho más allá de aprobar una nueva ley de servicio civil, asunto que de por sí no ha sido fácil tampoco. De hecho, no es una, sino un conjunto de leyes, reglamentos y normas las que “regulan” distintos aspectos que conciernen al Recurso Humano del Estado. Ese enjambre disfuncional de leyes se aprovecha más bien para alojar las prácticas clientelares y legalizarlas.

Por otro lado, si la economía real no tiene capacidad para absorber más gente, ofrecer empleos dignos y oportunidades reales de emprendimiento, el sector público seguirá siendo el único otro espacio atractivo para insertarse laboralmente.

Volvemos al tema básico: hay una fuerte interconexión entre un sistema económico excluyente y una política carente de ética, pero que ha sido útil al sistema. No podemos perder la oportunidad de meditar lo profundamente entrelazados que están ambos aspectos.

karin.slowing@gmail.com

Hace unas semanas el gobierno anunció que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) recibiría su cuota presupuestaria completa para el segundo trimestre del año (abril-junio), equivalente a Q1,272 millones. A quienes nos preocupa genuinamente la desatención que vive la población nos alegró mucho esa noticia. Aun sabiendo que ese monto no es suficiente para resolver la crisis coyuntural, bien administrado, sí representa una buena oportunidad para que el MSPAS comience a salir del fondo del pozo.

Hubiera sido fantástico que el anuncio sobre la plata se hubiera acompañado aunque sea de una breve descripción de parte del MSPAS acerca de cuáles serían los criterios para asignar esos fondos. Este no es un tema menor, tampoco una exquisitez tecnocrática: el MSPAS tiene 84 unidades ejecutoras en todo el país. ¿Cómo deciden cuánto dar a cada una, especialmente cuando la crisis de desabastecimiento es generalizada?

Si bien las carencias de los dos grandes hospitales de referencia nacional —San Juan de Dios y Roosevelt— fueron el centro de atención de los medios de comunicación, el desabastecimiento se vive intensamente en todo el sistema público de salud del país. ¿A quién se da prioridad en el gasto y por qué? Una nota periodística del 22 de mayo, publicada en un medio impreso, dio algunas pinceladas al respecto. Como quedé espeluznada, me puse a investigar.

El 43% de los fondos es para salarios y gastos administrativos. No está tan mal, considerando que la prestación de servicios de salud es intensiva en recurso humano (solo esperemos que la mayoría no sea, nuevamente, personal administrativo).

El 57% restante (Q725 millones) se distribuyó entre las 84 unidades ejecutoras del MSPAS y servirá para comprar la gama de insumos médicos, tecnología y suministros que se requiere para brindar atención a la población. Q200 millones quedaron para los hospitales de referencia nacional. No obstante, apabullan las disparidades entre unidades ejecutoras de la misma categoría y nivel de necesidad: San Juan de Dios, Q112 millones; Roosevelt, Q84 millones. ¿Sería acaso el criterio de prioridad detener primero la crisis política y mediática?

Quedaron Q525 millones para cubrir el resto del país: otros 42 hospitales y más de 1,200 puestos y centros de Salud, más las direcciones de área, laboratorios, etc. Solo me referiré a las asignaciones a hospitales, por razones de espacio. ¡El hospital centro de referencia por excelencia para todo el altiplano occidental tiene asignados cuatro veces menos fondos que el San Juan de Dios! Pero a otro “hospital nacional”, en Huehuetenango, solo le dieron Q185 mil para el trimestre. Hasta el Cementerio General tiene una mayor asignación de fondos.

¿Y el oriente? ¡No vaya a pensar que está privilegiado! ¿Hospital de Zacapa, Q283,000.00; pero a Chiquimula le dan Q1,018,000?; mientras tanto, en Jutiapa, le dan al hospital Q17,983 millones, pero a Jalapa solo Q1,169,000. Ciertamente, cada territorio y entidad tiene necesidades diferentes, pero los contrastes de asignación son demasiado fuertes y no guardan un patrón coherente a simple vista.

La manera en que las autoridades toman decisiones sobre el destino de los recursos es una de las áreas más opacas que tiene toda la gestión pública. No es corrupción, pero, como vemos en esta somera descripción, a veces las decisiones van en contra del discurso de abatir la pobreza y la exclusión en salud, no digamos si pensamos en la desnutrición. Por supuesto, no es solo un problema del MSPAS; es un mal de Estado que hay que corregir.

karin.slowing@gmail.com

Esta extensa cita, escrita allá por los años 2003-2004, proviene de un estudio que solicitara la Municipalidad de Guatemala a un consorcio de empresas colombo-españolas financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además de un minucioso diagnóstico, las más de 400 páginas contienen una propuesta muy comprehensiva y detallada de qué habría que hacer para modernizar el manejo del vertedero de la ciudad; formula además, escenarios alternativos para su traslado, sin perder de vista que el basurero es también el lugar donde muchísimos guatemaltecos se ganan el sustento para sus familias.

La propuesta no solo abordó los aspectos técnicos de todo el proceso, sino hizo estimaciones de costos de inversión, gastos funcionamiento y otros, sugiriendo además esquemas para financiar ese proceso, incluyendo la explotación del biogás que allí se genera. A decir de los muchos lectores que se comunicaron conmigo la semana pasada, pareciera que de todas las recomendaciones que se hicieron en dicho estudio, la única que se tomó fue la de explotar el gas metano para producir energía eléctrica. La idea era que la Municipalidad contara con recursos para financiar el cierre y traslado del basurero. Se estima que la energía que ya se genera allí ronda el megavatio, lo cual, traducido en quetzales, seguramente representa varios millones adicionales para el erario municipal, que deberían reflejarse en un mejor manejo de este basurero. Pero nada de esto ha pasado.

Entre las muchas recomendaciones que aportó ese estudio, y que no han sido implementadas, estaba la construcción de canales perimetrales para el agua de lluvia. Parece ser que no solo no se hicieron los canales, sino que, a raíz de los hundimientos ocurridos en la zona 6 y la zona 2, se desviaron parte de los flujos de los colectores primarios para desfogar las aguas negras en el riachuelo que atraviesa el basurero municipal. Estamos a la espera del informe del Ministerio Público sobre el desastre ocurrido.

Han transcurridos 12 años desde que se hizo este estudio. Una década desde que se superó el tiempo que se había estimado que el basurero de la zona 3 podía tener vida útil. Obviamente, la Muni ha tomado algunas medidas todo este tiempo, que han permitido prolongar un poco más allá su vida útil. Pero nunca aquellas que pudieron haber transformado de fondo este problema.

Es hora de que la Municipalidad de Guatemala nos rinda cuentas públicas al respecto, así como sobre los recursos generados por la venta de energía producida a partir de la basura y el destino que se le ha dado a ese dinero. ¡Tiene usted la palabra, alcalde Arzú!

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