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Comienza disputa por cambio de representantes no gubernamentales en Consejos de Desarrollo

La elección depende de cada organización , pero en ocasiones una persona permanece en el puesto por varios años.

Fátima Najarro

25 de julio de 2024 | 05:00h

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Este año se deben realizar as elecciones para cambio de representantes no gubernamentales en los Consejos de Desarrollo. (Foto Prensa Libre: Gobernación Santa Rosa).

Para octubre de este año las organizaciones de la sociedad civil que integran los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codede), deben realizar sus elecciones para elegir nuevos representantes. Exalcaldes reconocen que esos puestos son de interés por la cuota de poder y presupuesto que manejan, además de que suele ser utilizada como plataforma política para darse a conocer y llegar apuestos políticos.

El máximo tiempo que pueden permanecer en esa representación frente a los Codedes son dos años, como lo establece la ley, pero se puede optar a la reelección. No son nuevos los casos en los que una misma persona representa a la misma organización por varios años.

Dentro de las atribuciones de estos representantes se encuentran la programación de proyectos y ejecución del presupuesto que se les asigna. Solo este año en total tienen más de Q3 mil 392 millones para obras. Además del rol que juegan en la desiginación de gobernadores, pues son quienes integran las ternas y depuran los listados que son enviados al presidente para los nombramientos.

Según los datos del portal Control de desembolsos y finanzas a los Codedes (Codet), hasta el momento se han desembolsado solo Q349 millones y se ha ejecutado solo Q205 millones, que representa el seis por ciento del monto total.

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La elección debe de realizarse en los primeros 10 días de octubre, tal como informó la Secretaría de Coordinación Ejecutiva (SCEP). Un mes después se realizan las de los representantes del Consejo Regional y en diciembre las del Consejo Nacional. Este proceso se desarrollará mientras en el Congreso se discute el presupuesto general para el 2025.

Para los Codedes, la cifra del año entrante podría aumentar a Q4 mil 299 millones, según se aprobó en el último Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur).

Cuota de poder

El expresidente de la  Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Selvin García, expuso que las organizaciones civiles son necesarias a nivel local porque es la representación directa de la ciudadanía del lugar que trabaja en cooperación con las autoridades.

“Es importante porque primero en el poder local están representadas todas las instituciones del Estado y aquellas que son parte fundamental de las acciones y actividades en el municipio, que conocen la realidad y pueden coadyuvar al ejercicio del alcalde”, profundizó.

Considera que los representantes deben de ser electos con el objetivo que en realidad representen los intereses de la parte de la población a la que representan.

En esa misma línea comentó el diputado distrital y exalcalde, Miguel Ovalle, quien coincidió con García en que la meta es que todos los miembros puedan participar y haya alternancia, pero este extremo no siempre ocurre, pues hay casos en los que una misma persona se perpetúa en el puesto hasta por 10 años.

“Algunas personas se apoderan de las instituciones y nunca cambian en el hecho de su participación dentro del Codede, y ya no le dan oportunidad a otros y eso de alguna manera lejos de convertirse en una participación ciudadana se van poniendo tipo monopolios en donde cada quien busca su propia agenda y ya no la agenda que le interesa directamente a la sociedad civil”, profundizó.

Ovalle agregó que los intereses de esas personas por permanecer en los Codedes puede variar, pues buscan el beneficio propio, pero podrían recaer en la cuota de poder que poseen con el voto que tienen dentro de los Consejos y los fondos que manejan.

“Van aprendiendo de que un voto dentro del Codede tiene que ver, formar una terna dentro del Codede tiene algo que ver y porque, tristemente, han sido manipulados todos los organismos de gobierno y todo se ha trabajado de forma de ver cómo hay intereses que nacen de favores financieros o de otra índole”, indicó.

Por otra parte, esa representación frente a la población ha sido con anterioridad como plataforma política para llegar a puestos dentro de las jefaturas ediles o el Congreso.

“Es una forma de demostrar o exponerse a nivel de la comunidad para demostrar que tienen liderazgo y que tienen interés, y como es una plataforma, es un lugar donde se conocen los intereses del municipio”, explicó García.

Otro extremo común es que algunos diputados distritales colocan a los personas de su confianza en esos puestos. Prueba de tal extremo es que en la reciente elección de gobernadores, en algunos departamentos por medio de la sociedad civil diputados o alcaldes trataron de posicionar a sus candidatos.

Convocatoria

Por el momento, la SCEP se encuentra en la etapa de reuniones de coordinación con la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), para posteriormente reunirse con las entidades del Ejecutivo para que convoquen a las distintas organizaciones.

• Ministerio de Economía convocará a las asociaciones productivas integradas sectorialmente y a los pequeños y medianos empresarios
• Ministerio de Gobernación a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo
• Ministerio de Cultura y Deportes a los pueblos Maya, Xinca y Garífuna
• Ministerio de Trabajo y Previsión Social a las organizaciones de trabajadores y a las organizaciones campesinas
• Secretaria Presidencial de la Mujer a las organizaciones de mujeres
• Instituto Nacional de Cooperativas a las organizaciones cooperativas

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Varios de los participantes coinciden en los puntos discutidos durante una cita en la Universidad del Valle de Guatemala (UVG).

Después de anunciar nueva cooperación para Guatemala en distintas áreas, Harris prácticamente moderó la reunión. Estuvo acompañada del embajador de EE. UU. en Guatemala, William Popp.

Acerca de la corrupción, es un tema que se debe hablar “con la verdad”, refirió la vicemandataria al comenzar la reunión.

Respaldo a la Feci

Harris explicó a los asistentes que durante su reunión con el presidente Alejandro Giammattei, ella le manifestó la importancia de respaldar a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), y al jefe de esta, el fiscal Juan Francisco Sandoval.

“Dejó muy clara la importancia de la Feci, y que la había abordado con el propio presidente, y ella mencionó al fiscal Juan Francisco Sandoval”, expuso Elvyn Díaz, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.

Peter Lamport, del Frente Ciudadano contra la Corrupción, comentó que Harris y los presentes se declararon preocupados por la protección a los actores principales que tienen la responsabilidad los procesos de investigación y los jueces que llevan adelante los casos contra la corrupción.

“Sienten que se encuentran amenazados por las diferentes acciones que han sucedido en contra de ellos”, dijo de esos jueces y fiscales.

“La vicepresidenta Harris fue bastante clara en su apoyo en la lucha contra la corrupción, al fiscal Juan Francisco Sandoval y a la Feci”, agregó por su parte Álvaro Montenegro, de la organización Justicia Ya, quien también participó en la cita.

En tanto, Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, aseguró que la vicemandataria estadounidense le indicó a Giammattei que la independencia judicial era tan importante, así como el respaldo a la Feci y Sandoval, que podría “estar amarrado” a negocios de guatemaltecos en EE. UU.

“Entendí que ella dijo que todo eso era importante para abrir la cartera comercial de empresas guatemaltecas”, agregó De León.

Cortes independientes

José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional, resaltó que Harris estaba interesada en cómo se puede trabajar para erradicar la corrupción y fortalecer el estado de Derecho.

“Ella recalcó bastante sobre la importancia de la independencia judicial. No dio valoración específica sobre la última elección, pero mencionó que es para un estado de Derecho fuerte y que Estados Unidos tenía intención de apoyar ese tema”, precisó Echeverría.

El exvicepresidente Eduardo Stein, también participante de la reunión, expuso: “Algunos de nosotros insistimos en que las rutas por medio de las cuales se han designado a magistrados y magistrados a los cargos superiores estando todavía procedimientos legales pendientes hace que ante la población el aparato de justicia, incluida la Corte de Constitucionalidad, carezca de legitimidad”.

“Un sistema de justicia por definición ilegítimo porque no se han seguido los caminos que están definidos en la constitución, enfrenta por lo tanto una prueba decisiva cuya respuesta está en manos del Congreso en nombrar la Corte Suprema de Justicia, ya que la actual tiene año y ocho meses de pasarse del período legal constitucional”, agregó Stein.

El exvicemandatario hizo ver que al parecer a las alianzas políticas en el Congreso les conviene que la magistratura actual de la CSJ siga y no se cambie.

Apoyo a fiscales

Varios de los participantes también dijeron que Harris ofreció que los departamentos del Tesoro, de Estado y de Justicia podrían cooperar con fiscales de los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica.

“Reiteró el anuncio de una fuerza de tarea especial integrada por funcionarios del departamento de Justicia, del departamento del Tesoro y del departamento de Estado, que son tres ministerios en el gobierno norteamericano que han tenido que ver con Guatemala, mandando gente experta que colabore en la lucha contra la corrupción, ayudando a fiscales de los tres países a preparar casos sólidos para presentar ante las cortes”, explicó Stein.

Cómo combatir la corrupción

Varias veces Kamala Harris preguntó, según los presentes, cómo mejorar la lucha contra la corrupción, por lo que se establecerá una especie de mecanismo de comunicación entre la sociedad civil de Guatemala y el gobierno de EE. UU.

“Sociedad civl planteó estrategia para tener un espacio bilateral entre la sociedad civil y EE. UU., y habrá seguimiento”, comentó Montenegro.

Carmen Rosa de León agregó: “Habrá una comisión binacional en el que este grupo de sociedad civil pudiera seguir avanzando en el tema de qué hacer contra la corrupción. -Harris- estuvo de acuerdo en poder avanzar en esa idea. Ellos preguntan mucho el cómo, necesitan herramientas y quieren ideas”.

“Necesito que nos den idea de cómo avanzar”, dijo Harris, de acuerdo con algunos de los presentes.

Montenegro y de León dijeron que la vicepresidenta de EE. UU. también dijo estar preocupada por el avance de la Ley de Oenegés y de que pudiera entrar en vigencia.

En la cita también participaron Leticia Teleguario, exministra de Trabajo; Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992; Marco Tulio Martínez, sacerdote y exrector de la Universidad Rafael Landívar; Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, y Daphne Posadas, de la Fundación Libertad y Desarrollo.

También Otilia Lux, exministra de Cultura, Manfredo Marroquín, exdirector de Acción Ciudadana; Daniel Villatoro, director de Visibles; Carlos Mendoza, analista de Diálogos, y el empresario Salvador Biguria.

Corrupción, la prioridad

Entre los temas que en menor o mayor medida la sociedad civil discutió con Harris están:

• Lucha contra la corrupción
• Independencia judicial
• Respaldo a la Feci y al fiscal Juan Francisco Sandoval
• Migración
• Ley de Oenegés

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Los empresarios, agrupados a través del Cacif, presentaron este miércoles una hoja de ruta con seis pasos como planteamiento para luchar contra la corrupción.

Los temas de coyuntura siempre marcan la agenda y estos no escapan a la realidad, ya que en la actualidad está en proceso la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las Cortes de Apelaciones, en la cual salió a luz pública los vicios detectados por el Ministerio Público y en proceso la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que deberá de elegir la actual legislatura.

Además, la discusión de las reformas a Ley Electoral y de Partidos Políticos en la Comisión de Actualización y Modernización Electoral.

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En el planteamiento, se identifican las premisas básicas, los pilares y se traza una hoja de ruta y en cada una se describe un marco conceptual.

Integralidad

Juan Carlos Tefel, presidente del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), expresó que la propuesta y la hoja de ruta no necesariamente tienen un paso primero o un paso después para materializarse al preguntarse sobre los tiempos de implementación.

Explicó que hay tiempos que se dictan en las propias dinámicas de las instituciones y citó como ejemplo la aprobación de una iniciativa de ley por parte del Congreso.

Lo que confirmó es que en la hoja de ruta se definió un plazo de 90 días para contar con los equipos integrados de diferentes representantes de la sociedad, para poder implementar los acuerdos que se establecen en la propuesta.

Recordó que el documento fue presentado al presidente Alejandro Giammattei y en los próximos días a la presidenta de la CSJ, Silvia Patricia Valdés y al presidente del Congreso, Allan Rodríguez, al Foro Guatemala, al Consejo Económico y Social (CES), a la academia y la idea, según Tefel, es empezar a generar una discusión de los temas.

“Vamos a los tres poderes del Estado, ya que mucho de esto se necesita hacer ahí y ya se aprendió de los errores del pasado cuando se presentan las iniciativas, pero ahora se está involucrando al Ejecutivo, a los diputados y a la CSJ para que sumen al barco”, enfatizó el presidente del Cacif.

Reiteró que, a corto plazo, será la divulgación y la integración de los equipos, pero a largo plazo la discusión podría tardar entre dos a tres años.

Al respecto indicó que no se parte “de cero”, si no que ya hay propuestas que se han trabajado con anterioridad y la idea es llevarlos a la discusión y no duplicar los esfuerzos.

Citó como ejemplo el flujograma en el sector justicia o el sistema de adquisiciones en el Ministerio de Salud, que llevó a cabo la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

“Hay propuestas que se tienen y se pueden hacer, lo que se necesita es voluntad política y eso se va a conseguir con los compromisos políticos, no solo de la sociedad, si no de los poderes del Estado y sí hay una luz al final del túnel”, afirmó Tefel.

Añadió que el presidente Giammattei tiene la disposición de aprovechar la discusión, al igual que el Congreso con el apoyo de iniciativas.

Karin Slowing, exjefa de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, aseguró que es necesario llevar a cabo un proceso de modernización del Estado, que incluya además una reforma fiscal.

Según Slowing, hay por lo menos tres grandes reformas que se deben discutir al corto plazo: la reforma a las comisiones de postulación en el sector justicia para cortes transparentes e independientes, reformas a la ley Electoral y Partidos Políticos y las reformas al Organismo Ejecutivo.

Ejercer más controles

Edie Cux, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana (AC), mencionó que las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado constituyen uno de los elementos que han quedado pendientes dentro de la agenda legislativa.

Como Estado, se tienen algunos convenios firmados con otros Estados para la transparencia y desde ese marco se podrían impulsar acercamientos, definir acciones y beneficios.

Dentro de varios ejes de transparencia necesarios está el de licitaciones públicas, con el fin de mejorar los filtros para identificar a los proveedores, además de la posibilidad la subasta inversa, pero estos deberán ser acompañados de una reforma integral del tema de contrataciones y crear la Ley de Competitividad.

En el caso del tema de proveeduría para el Estado bajo los principios de Derechos Humanos y empresa y la Convención de Naciones Unidas en contra de la corrupción, Cux mencionó que la necesidad de estas regulaciones están dentro del marco de Objetivos de Desarrollo Sostenible donde algunas de las metas son facilitar programas y políticas para poder mejorar esa competitividad y facilitar los criterios para las contrataciones del Estado como: regulaciones antisoborno y también que se dé cumplimiento desde el sector privado.

Explicó que hay criterios mínimos de la Convención de Naciones Unidas. Por el lado del Estado se han aprobado reformas a la Ley anticorrupción, temas de sobornos mientras que para la iniciativa privada hay estándares respecto a tener debida diligencia de sus proveedores, mecanismos de prevención y control interno con códigos de conduta en la forma en que hace negocios, añadió.

Cux considera que si todas esas medidas se integran podría crearse un mecanismo de debida diligencia que integren la responsabilidad de las empresas. Con eso se tocaría el tema de la responsabilidad de personas jurídicas que ya está estipulado en el Código Penal. También puede existir controles por entes estatales como el Ministerio Economía u otras entidades.

Contenido

Tefel subrayó que se tiene que trabajar en las cinco premisas, más los cuatro ejes de la propuesta y luego la hoja de ruta y es muy probable que haya pendientes.

“Si en los cuatro ejes en la discusión dice que falta un quinto eje se trabaja en ese contenido. Esto no es una propuesta con ideas concretas y lo que pedimos es un acompañamiento de la sociedad para luego definir una propuesta técnica”, precisó el presidente del Cacif.

Recordó que, si en una de las propuestas se habla de las reformas a la ley del Servicio Civil, la discusión se puede enfocar en ello, si hay aspectos que no hay en la propuesta en las reformas a la ley electoral, también se puede abordar.

Explicó que este es un buen momento para llevar a cabo las discusiones, por el cambio de gobierno y afirmó que se cuenta con un caudal político.

Para el sector privado del país, el principal reto es la transparencia y la integridad en la gestión pública. Los detalles: https://t.co/yT8pmPKVv7

— Prensa Libre (@prensa_libre) February 27, 2020

Servicio civil y sanciones

Cux explicó que se ha discutido sobre la necesidad de una reforma al sistema de servicio civil, pero es difícil porque sus regulaciones están distribuidas en distintas leyes.

A su criterio se puede promover que se reforme desde el Organismo Ejecutivo la mejora en los controles administrativos, definir un derecho sancionatorio administrativo el cual en Guatemala no se ha desarrollado bien.

Respecto a la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos el directivo de AC dijo que de alguna manera algunos servidores públicos no llegan a cometer delitos, pero sí vulneran el sistema, por lo que opina que se debe definir bien el régimen disciplinario y la carrera de servicio civil.

Algunos delitos relacionados a la corrupción ya establecen alguna inhabilitación por resolución de juez.

La otra medida que se debe trabajar en la facilitación de trámites para disminuir el riesgo de corrupción, discrecionalidad o sobornos, por lo que considera la necesidad de que existan controles para funcionarios públicos y, pero también para los privados. Sería integral con la medida mencionada de sanciones o penas.

Sistema de compras como Unops

Con relación a estudiar la generalización de esquemas de contratación como los desarrollados por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) Cux dijo que el sistema ha dado resultado en algunos países y en Guatemala ya se aplica para algunos sectores.

A su criterio podría tener beneficios en otros sectores y no solo en medicina, sino en contratos abiertos de suministros, útiles escolares y otros.

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Al respecto Andrea Calvaruso, representante de Unops en Guatemala mencionó el sistema trabaja en el país desde 1997 y han trabajado con muchas entidades estatales.

El sistema es transversal y se especializa en infraestructura, en adquisiciones públicas y en gestión de proyectos, agregó.

Considera que sí es posible generalizar su uso. Explicó que existen en la Ley del Presupuesto un candado que no brinda mucha claridad acerca de cómo se puede establecer una relación entre el gobierno y el sistema de Naciones Unidades, pero expuso que Unops cuenta con un acuerdo marco con el país y que cualquier tratado internacional es superior a las leyes nacionales por lo que opina que no habría problema en aplicarlo.

Normalmente se hace un convenio para apoyar las políticas de los ministerios.

¿En qué consiste el sistema de compras de Unops?

El sistema consiste en un mecanismo de compra, el cual se actualiza cada año y que trata de seguir la tendencia de los mercados y eso permite estar al día con las tendencias. Además, el sistema tiene medidas para aumentar la transparencia de los procesos, la eficiencia y la eficacia.

Eso se hace transparentando los requisitos de participación, para la evaluación de los productos que se licitan y se evalúa bajo precios de referencia si las ofertas son consecuentes con el valor de mercado.

Esas medidas se hacen bajo el mecanismo llamado segregación de funciones con las la cual se generan una serie de controles a nivel interno de la oficina de Unops en Guatemala, regional con la oficina de Panamá y la global ubicada en Dinamarca y lo que se logra es garantizar que el proceso no sea afectado por influencias, ni internas ni externas.

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“Lo que hacemos es blindarlo en terminas de transparencia. Las bases de licitación son muy claras respecto de lo que andamos buscando, cómo lo vamos a evacuar y como lo vamos a adjudicar y eso genera confianza en el mercado de que estos procesos no han sido condicionados”, explicó el representante.

Además, comentó que “garantizamos que el contrato que se firma para proveer algún servicio o trabajo de infraestructura se cumple al cien por ciento. Si se cumple con lo que dice el contrato el pago es seguro, si no cumple hay multas. Entonces garantizamos transparencia en el proceso, pero también garantizamos transparencia en la gestión de los contratos”.

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El mandatario explicó este 12 de febrero que el Ejecutivo no ha nombrado gobernadores y que a partir de marzo comenzará con destituciones; además, cuestionó la transparencia con la que se conformaron los listados que fueron presentados a la Secretaría General.

“No queremos comisión contra la corrupción ¿Verdad? Pero pregunten en los departamentos cuánto pisto corrió para que muchas personas llegaran a estar en los listados”, dijo el mandatario en relación con la integración de ternas para gobernadores departamentales.

Según Giammattei, se les ha hecho llegar información sobre posibles pagos a integrantes de organizaciones de sociedad civil departamentales, algo que se denunciará al Ministerio Público, pero también se investigará de parte de la Presidencia.

“Tenemos conversaciones que nos han enviado, tenemos denuncias por escrito de gente que se vendió. Vamos a agarrar todo eso en un paquete de denuncias y lo trasladaremos al Ministerio Público”, afirmó el gobernante.

El presidente indicó que hasta la fecha establecida para recibir las ternas fueron 19 las que se presentaron, las otras tres se analizan para determinar si se pueden tomar en cuenta por estar fuera del tiempo establecido en el acuerdo gubernativo.

Además, la Presidencia sabe de tres o cuatro amparos interpuestos por personas que no fueron integradas en las ternas en el mismo número de departamentos.

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Debido a esto, el Ejecutivo debe esperar a que se les notifique para verificar si el amparo fue declarado con lugar o no.

“Yo no he tomado una decisión y no podemos nosotros decir si se justifica que el proceso fue viciado o limpio, eso se hará después de hacer un análisis de cada una de las ternas”, explicó Giammattei.

El presidente agregó que la sociedad civil puede proponer la terna de candidatos a gobernador, pero la Constitución dice que este cargo lo debe ocupar una persona de la confianza del Presidente y que, pese a que la Constitución le da la facultad para hacer el nombramiento, respeta el proceso de la sociedad civil.

El gobernante adelantó que en un plazo de 15 días se finalizará con el análisis que el departamento jurídico hace de los expedientes, pues se revisa caso por caso, por lo que puede ocurrir que al finalizar el proceso se nombre a alguien o se rechace la terna.

Giammattei dejó claro que hasta ahora no ha nombrado a ningún gobernador “y en los próximos días no vamos a nombrar a ninguno. Es probable que comencemos a destituir”, agregó.

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Las quejas

En Suchitepéquez se presentó un amparo de parte de Carlos Estuardo Villagrán López por haber quedado fuera de la terna de candidatos a gobernadores.

El proceso de elección se hizo a puerta cerrada y bajo secreto, lo cual desaprobó la población pues no se tiene información sobre los criterios que se utilizaron para integrar la lista.

También en Quetzaltenango se presentó un amparo en contra del Consejo Departamental de Desarrollo por la elección de la lista -se presentaron seis nombres y no tres-. Este fue admitido para su trámite por la Sala Cuarta de Apelaciones del ramo Civil.

El afectado es Juan Estuardo Castillo Ríos, uno de los 25 aspirantes a gobernador y que no fue incluido en el listado enviado al Ejecutivo.

En Huehuetenango se admitió para trámite un amparo interpuesto contra la terna presentada al Ejecutivo, pero quienes conformaron los expedientes mantuvieron los nombres y enviaron nueve candidatos al Ejecutivo.

Por otro lado, en Quiché se presentaron dos amparos, por quejas de cuatro candidatos, en el primero y otros dos, en el segundo. Se espera que la Sala Regional Mixta de ese departamento resuelva ambas acciones en los próximos días.

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San Marcos es otro departamento en el que se presentó un amparo para evitar la elección de la terna propuesta por sociedad civil, pero también se mantuvo la decisión.

Además, según las ternas enviadas al Ejecutivo, siete de los 22 gobernadores actuales buscan continuar en el cargo, se trata de quienes representan a Suchitepéquez, Retalhuleu, Quetzaltenango, Huehuetenango, Chiquimula, Izabal y Petén.

Elección cuestionada

La elección de los Gobernadores se ha “degenerado al extremo” departe de diputados y ahora por la sociedad civil, asegura el consultor y especialista en poder local Eddy Cifuentes.

Primero fueron los diputados quienes se aprovechaban de las obras financiadas a través del sistema de Consejos de Desarrollo que “ejercían chantaje directo al Presidente para que sus recomendados fueran nombrados gobernadores”, explica Cifuentes.

Ahora la protagonista es la sociedad civil, representada en los Codedes, “que se han dedicado a priorizar sus intereses personales en lugar de priorizar las obras que beneficien a la población”, señala el especialista.

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La situación se complicó, según Cifuentes, a partir del 2012, cuando el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, presidido entonces por Otto Perez Molina, resolvió asignar el 5 por ciento del presupuesto de inversión de cada departamento para proyectos propuestos por la Sociedad Civil.

“A partir de ahí la historia es otra y se han posicionado actores externos que tratan de controlar, a toda costa, ese rubro de inversión y se pervirtió el rol de la sociedad civil, por lo que cada terna -de candidatos a gobernador- propuesta tendrá al menos dos que llevarán esa corriente”, señala Cifuentes.

Antecedente

A pesar de que Giammattei aseguró que se respetará la terna de candidatos, pese a que puede designar por mandato constitucional, existe un antecedente en el que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó respetar la propuesta de la sociedad civil.

En el 2017, la CC anuló los nombramientos de 16 gobernadores electos por el entonces presidente Jimmy Morales y le ordenó nombrar nuevos funcionarios.

La decisión fue en respuesta a un amparo interpuesto por la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, en el que se alegaba que el mandatario no tomó en cuenta la terna propuesta por los Codedes, como lo ordena la ley.

Antejuicios

Durante la conferencia de prensa ofrecida este miércoles, el mandatario también aseguró que se han interpuesto siete solicitudes de antejuicio en su contra, tres de ellas un día antes de la toma de posesión.

Además, dijo, este 12 de febrero, que “la Fundación por el Terrorismo” (sic) presentó uno más debido a la creación de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.

“Me parece increíble, no puede ser que si cumplo con mi deber me digan que no se puede, si cumplo con mi deber me ponen antejuicio y si no cumplo con lo que quedó estipulado por un gobierno distinto voy a ser sujeto también de un antejuicio”, lamentó Giammattei.

Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, dijo a La Red, que interpuso la denuncia contra Giammattei y la secretaria general, Leyla Lemus, “debido que de manera ilegal crearon la comisión presidencial contra la corrupción, y que cayeron en tres delitos porque solo el Ministerio Público puede investigar”.

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Según el Presidente, uno de los antejuicios se presentó el 13 de enero en su contra y en contra del ministro designado de Gobernación, el cual fue rechazado in limine.

Otro antejuicio fue promovido por Patricia de Chea, que también fue rechazado in limine, según el mandatario.

También se refirió a uno interpuesto por Mynor Berganza, que fue asesor del expresidente Jimmy Morales y que según Giammattei fue rechazado in limine.

“Nos han acusado de muchas cosas, gracias a Dios todas espurias, y así van a seguir. El día que cometa un error enfrentaré a la justicia” agregó.

Sin embargo, una revisión a la información en el Organismo Judicial revela que el mandatario tiene en su contra tres solicitudes de retiro de inmunidad.

Una presentada el 25 de octubre del 2019 por De Chea, la cual fue rechazada in limine. Otra, la interpuesta por Berganza con fecha 27 de diciembre del 2019 y que según el sistema está en trámite.

La tercera acción, que deviene por un amparo ante la CC, se presentó el 20 de diciembre del 2019, y también está en trámite, según la información.

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Auditorías

Giammattei dijo que además de la auditoría que se efectúa en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) también se pidieron revisiones al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, a la Empresa Portuaria Quetzal, a la Empresa Santo Tomás de Castilla y en el ministerio de Gobernación.

Estas son auditorias especiales que permitieron encontrar indicios de vicios, por lo que la Contraloría es la que revisará esos gastos.

Dijo también que son menos de Q6 mil millones lo que contempla la readecuación presupuestaria que se presentará al Congreso y que deben contemplar las fuentes de financiamiento e incluir los préstamos que se utilizarán.

En otro tema, Giammattei dijo que no tienen el presupuesto para el Instituto de Protección a la Víctima, cuya directora es la exdiputada Alejandra Carrillo, debido a que no se aprobó la propuesta para el 2020.

El mandatario también confirmó una reunión con el líder magisterial Joviel Acevedo, con quien se conversó sobre la viabilidad presupuestaria para pagar a los docentes un aumento salarial pactado con el gobierno anterior.

Giammattei dijo que se trató de una visita de cortesía, cordial y amena, donde también se habló de priorizar el diálogo entre el gobierno y el sindicato.

El mandatario aseguró que no se destituirán funcionarios del gobierno anterior a menos que haya una causa justificada.

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Los elegidos por sociedad civil son: Julio César Queme Macario, César Pérez Méndez, Carlos Alberto Barreno Villagrán, Jairo López Ramírez, Baltasar Pez Puac y Erick Tzun de León.

Ahora, la tarea del presidente Giammattei será elegir al próximo gobernador departamental de Quetzaltenango basándose en esa nomina, actualmente el cargo lo ocupa Quemé, uno de los aspirantes.

Luis David Méndez, vocero de sociedad civil, indicó que el próximo jueves 6 de febrero viajará una un grupo de cuatro representantes, quienes le entregarán el listado al presidente.

La semana pasada llegó a gobernación un oficio de la Secretaria General de la Presidencia por medio del cual se explicaba que sociedad civil debía presentar una terna, es decir tres candidatos.

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De acuerdo con Méndez, se analizó la situación y se consultó con la secretaria de la presidencia, Leila Susana Lemus Arreaga, quien según afirmó, les indicó que podían enviar la nomina de seis elegidos.

“Al hacer un análisis del oficio son recomendaciones que se nos estaban dando por el presidente,  el mismo quedaba a criterio de la sociedad civil de cada departamento, se hizo una consulta privada con la secretaria de la presidencia quien nos dijo que, si ya se había agotado el proceso no era necesario repetirlo. Le pedimos que nos enviará esta respuesta por escrito”, afirmó el vocero.

En cuanto a los señalamientos que la población ha hecho en contra de sociedad civil y cuestionamientos por la transparencia en la elección, el vocero recordó que en la etapa de la selección, la última votación fue secreta por “seguridad”.

“Eso se hizo por seguridad e integridad de cada representante, porque obviamente cada aspirante tiene sus intereses, todos quisieran llegar, seamos realistas, si yo voy a presentar mí papelería es porque quiero ser gobernador, y obviamente quiero quedar en la terna, si en determinado momento no quedó y me enteró que tal representante no votó por mí o me puso una calificación baja, se pone en riesgo la integridad de cada quien, por eso es, no porque se hayan tenido amenazas o presión de algún candidato, nada que ver”, aseguró.

Además, informó que en relación el amparo interpuesto por Estuardo Castillo, candidato que no fue seleccionado, este se recibió en el Juzgado de Primera Instancia Penal, órgano que se inhibió de conocerlo y fue trasladado a la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Penal.

“Entonces al emitir esta resolución del juzgado, pues no se suspende el proceso, y se debe continuar con él trámite que en derecho corresponde”, relató Méndez.

Quiénes conforman sociedad civil

Los representantes de los 11 sectores que tienen derecho a  voto son:

Daniel Sacor, representante de las Mipymes.

Luis David Méndez, representante del pueblo Mam.

Allan Cabrera, representante del pueblo K’iche.

Julio Díaz, representante del sector de trabajadores.

Oxaiel Méndez, representante del sector campesino

Julio Barrios, representante del sector campesino.

Yrma Tuc, representante del sector de mujeres.

Elida García, representante de Cooperativas

Víctor Carol Hernández, representante del Centro Universitario de Occidente

Jaasón Ochoa, representante de la Cámara de Comercio.

Hori Salanic, representante de las ONG´S.

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Integrantes de la Plataforma Política para el Desarrollo del Occidente quienes la conforman 14 excandidatos a alcaldes de Quetzaltenango, organizaron dicho evento a donde solo asistió Julio César Quemé, candidato y actual gobernador departamental.

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Frank Ríos, organizador, informó que el foro tenía como objetivo dar a conocer a la sociedad los planes de trabajo de los candidatos así como conocer su hoja de vida. Ríos lamentó la ausencia de los otros cinco aspirantes que según dijo habían confirmado y no presentaron excusa.

#NuevoGobiernoGT | Solo uno de los seis candidatos a gobernador departamental asiste a foro organizado esta tarde en Quetzaltenango. pic.twitter.com/Z2CWIOcwt4

— elQuetzalteco (@elQuetzalteco) February 1, 2020

“Este espacio fue propuesto para que ellos expusieran sus proyectos, todos habían dicho que harían un espacio para estar acá y lamentamos que no hayan asistido. Queremos agradecer a Julio Quemé por haber tomado un espacio para estar con nosotros. Desconocemos porque los demás no vinieron”, expresó Ríos.

El foro se desarrolló donde Julio César Quemé expuso su plan de trabajo así como fue cuestionado por su labor al frente de la gobernación en el último año y medio.

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“Lamento mucho que los otros candidatos puestos por Sociedad Civil no estuvieran presente, debemos respeto a la población, ignoro las causas, En lo personal contento de dar a conocer los proyectos que se quieren seguir realizando, en temas de desarrollo urbano rural, seguridad, salud y combate a la desnutrición”,  explicó Quemé.

Según informaron el pasado viernes 31 de enero, se suspendió otro evento similar debido a la ausencia de los candidatos que fueron invitados por otra entidad.

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De los 25 aspirantes que presentaron su papelería, los integrantes de sociedad civil seleccionaron a seis. De acuerdo con el solicitante del amparo, en la elección hubo una violación al derecho a la seguridad jurídica y al derecho al proceso democrático.

En el documento se señala al Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) como el ente impugnado y se manifiesta que incumplió con la norma legal en cuanto a su integración, por medio del memorial se afirma que no estuvo presente ni participó el representante de las universidades privadas que “operan” en el departamento.

Castillo Ríos cuestiona que la selección de los seis candidatos se llevó a cabo en un restaurante y no en la sede permanente del Codede, “permitiendo la presencia de la población, sin restricción alguna, más que la de orden y espacio”, señala en el documento.

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De acuerdo con el solicitante, el actuar de los integrantes del Codede complicó la auditoria social y la presencia ciudadana en el proceso de selección.

La decisión de Sociedad Civil se tomó en un restaurante ubicado en el kilómetro 225 de la ruta entre Quetzaltenango y Cantel, al dar a conocer a los seis seleccionados no se informó sobre las virtudes para ser los elegidos y según informaron, la última etapa de selección fue por “votación secreta”.

El amparo fue presentado en el edificio penal del Centro Regional de Justicia, zona 6 de Xela. Castillo solicita que se declare con lugar y “dejar sin valor, ni efecto legal el acto reclamado”.

Solicita una terna para gobernador

La Secretaria General de la Presidencia envió un oficio al Codede para recordarle a la sociedad civil  que la “nomina” debe estar conformada por “tres” candidatos, el colectivo seleccionó a seis hombres que serían la propuesta para que el presidente Alejandro Giammattei designe al gobernador.

El colectivo debe resolver sobre la disposición que les fue notificada.

Los seleccionados:

• Baltasar Pez,
• Carlos Barreno
• César Pérez
• César Quemé
• Érick Tzun
• Jairo López.

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En una elección con cuestionamientos por parte de la ciudadanía y de algunos alcaldes, los integrantes de la sociedad civil, conformada por 11 sectores, aseguraron que trabajaron con “transparencia” para llegar a una resolución final.

De acuerdo con lo establecido por las leyes de Guatemala,  se esperaba que los integrantes de sociedad civil presentaran las ternas para gobernador titular y suplente, cargos que serán nombrados por el presidente Alejandro Giammattei, de acuerdo a las sugerencias de sociedad civil.

A la convocatoria respondieron 25 aspirantes, de los cuales, en substitución a una terna, la sociedad civil escogió seis personas, sin precisar a quienes sugería para titular, y a quienes para suplente.

Julio Cesar Queme Macario, Cesar Pérez Méndez, Carlos Alberto Barreno Villagrán, Jairo López Ramírez, Baltasar Pez Puac y Erick Tzun de León, son los seis elegidos por sociedad civil para presentar al presidente como las alternativas a gobernador departamental de Quetzaltenango.

Quemé Macario es el actual gobernador y fue nombrado en el cargo hace 17 meses durante el gobierno de Jimmy Morales, anteriormente fue el director técnico del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) de Jutiapa.

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Pérez Méndez, es un periodista quetzalteco y dueño de un medio de comunicación digital, actual vocal VI de la junta directiva de la Cámara de Comercio Filial Quetzaltenango, sector que es parte de la sociedad civil.

El nombre de Pérez también figura en uno de los expedientes de investigación de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en noviembre de 2018 fue mencionado por Jorge Palomo Lepe, el colaborador eficaz en el caso de corrupción de la Municipalidad de Quetzaltenango. Los señalamientos eran porque habría recibido dinero y un vehículo de Carlos Illescas, exsindico de Xela y uno de los implicados en el proceso.

El colaborador eficaz relató que Illescas le habría entregado a Pérez Q50 mil y un automóvil valorado en Q125 mil.

Pese al testimonio del colaborador, el Ministerio Público no realizó o no tiene pesquisas en su contra, mientras  el caso contra Jorge Barrientos, exalcalde de Xela, así como otros funcionarios implicados en el proceso, sigue su curso en el Juzgado de Mayor Riesgo.

• ACTUALIZACIÓN: El 29 de enero de 2020, el juez de Mayor Riesgo Hugo Escalante resolvió el sobreseimiento del caso de Barrientos y otros exfuncionarios. 

López Ramírez, expolicía, y  fue alcalde de Cabricán en el periodo del 2012 al 2016, tuvo varios antejuicios en su contra por incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y amenazas, entre otros, además fue denunciado por el actual alcalde de Cabricán, Eleazar López, quien lo señala de amenazas.

Baltazar Pez Puac, constructor, quien fue contratista del Estado durante el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina y del alcalde Jorge Barrientos, estuvo a cargo de obras como la rehabilitación de rampas de acceso a banquetas para minusválidos, en la zona 3 de Xela, proyecto que tuvo un costo de Q88 mil 900, según detalla el portal Guatecompras.

A cargo de Pez, por medio de su empresa DEPSA, también estuvo la restauración de planchas de concreto de la 4a. calle, entre la 21 y 23 avenida, zona 1 de Xela, por Q84 mil 400, así como la remoción de baños del hogar temporal de Quetzaltenango a cargo de la Secretaria de Bienestar Social, por Q65 mil, entre otras obras y servicios.

De acuerdo con el NOG 2626675 de Guatecompras, Pez Puac también tuvo un contrato por el mejoramiento del camino rural del caserío Los Ángeles, aldea La Unión, Sibilia, Quetzaltenango, por Q1 millón 138 mil 140.

En el 2013, la municipalidad de La Esperanza, Quetzaltenango, le adjudicó a la empresa de Pez Puac la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales por más de Q3.3 millones.

Tzun de León fue supervisor de la Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de Quetzaltenango. Mientras que Barreno ha intentado en otras ocasiones ser gobernador.

Los resultados se dieron a conocer en el edificio de la Gobernación de Quetzaltenango, durante una reunión del Consejo Departamental de Desarrollo.

A pesar que los integrantes de sociedad civil fueron estrictos con la información y con brindarla de manera oficial ante los integrantes del Codede, previo a hacerlo, se divulgó en las redes sociales el nombre de las seis personas que fueron seleccionadas, acción que se dio por una persona ajena a la sociedad civil.

“De alguna forma los compañeros por ansiedad o por alguna razón comienzan a filtrar una información”, dijo Hori Salanic, secretario de Sociedad Civil.

Alcaldes cuestionaron el hecho que la sociedad civil no presentara ternas específicas para gobernador suplente y titular, pues consideran que la forma en que presentan las opciones implica lagunas legales que pueden dejar sin efecto el trabajo realizado por este grupo.

“Si bien es cierto que el articulo 10 inciso K de la Ley de Consejos de Desarrollo  establece que son terna, como dijeron ustedes hay una laguna legal, pero con la propuesta que hicieron ustedes tampoco se ayuda a salir de esa laguna, quisiera proponer que se coloque el punteo de esas personas para ayudar al presidente, porque se están dando los seis nombres, como que la comisión no hubiera hecho mayor cosa”, dijo Eleazar López, alcalde de Cabricán.

Los representantes de sociedad civil aseguraron que será el presidente el encargado de seleccionar al gobernador titular y suplente.

“En relación a la observación no hay ningún inconveniente, llevamos un proceso riguroso con varios criterios, no se consignó la calificación por un consenso, se incluirá el expediente de cada uno de los electos para que el presidente analice y tengan un juicio amplio al designar”, afirmó David Méndez, vocero de sociedad civil.

Agregó que esperarán hasta el viernes 31 de enero de 2020 para conocer inconformidades, las cuales tendrían que presentarse de forma escrita al secretario Aguilar.

Otro de los cuestionamientos hacía los integrantes de sociedad civil fue el plazo para recibir la terna, mismo que el presidente Giammattei amplío, pero el grupo aseguró que trabajaron de acuerdo a lo que se había establecido al inicio.

De las tres mujeres aspirantes, Ericka Huitz, Leticia López, y Zoila Méndez, ninguna fue electa, algunos integrantes de la sociedad civil lamentaron la situación y aseguraron que habría sido idóneo que una mujer fuera parte de los seleccionados.

La elección de los seis privilegiados se dio por medio de una votación secreta, los integrantes de Sociedad Civil no justificaron la selección de los seis hombres y tampoco dieron a conocer las virtudes que incluían sus hojas de vida.

Conozca el rostro de los elegidos

Baltazar Pez Puac

Carlos Barreno

César Quemé

César Pérez

Erick Tzun

Jairo López

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Para el cargo se presentaron 25 aspirantes, quienes entregaron su papelería en una mesa de recepción que la agrupación instaló afuera de la Municipalidad de Quetzaltenango.

Para la elección participaron los representantes de 11 sectores, quienes informaron que en la primera etapa quedaron fuera  11 de los 25 candidatos y 14 pasaron al segundo periodo.

“Quedaron descalificados 11 por varias omisiones como no contar con la constancia de inexistencia de cargos, conocida como finiquito, así como por no tener las declaraciones juradas que se pidieron y la constancia de residencia, entre otros”, afirmó Luis David Méndez, vocero de Sociedad Civil.

El evento se llevó a cabo en el restaurante Alpujarra  ubicado en el kilómetro 225 de la carretera entre Quetzaltenango y Cantel.

Integrantes de Sociedad Civil no habían brindado detalles del lugar donde se reunirían y habrían informado que la selección sería  a puerta cerrada, “por seguridad”, lo que fue criticado por la población.

Esta mañana, al percatarse del ingreso de la prensa al lugar, los integrantes de sociedad civil aceptaron brindar detalles del proceso.

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“Por seguridad personal, de la integridad de cada uno de los representantes pues decidimos hacerlo en este lugar, no quiere decir que estemos haciendo las cosas aisladamente o que estemos ocultando información a la población, prueba de ello es que tuvieron acceso. No es que tengamos presión o que tengamos compromisos con alguien, nadie está condicionado, tenemos una autonomía y nadie ha sido presionado, será un proceso transparente como desde su inicio”, dijo Méndez.

#GobiernoXela l Integrantes de la sociedad civil se reúnen esta mañana en el restaurante Alpujarra, kilómetro 225 entre Quetzaltenango y Cantel, lugar donde realizan la evaluación de expedientes de los aspirantes a la terna para gobernador de Quetzaltenango. pic.twitter.com/b7Q6GbeJgV

— elQuetzalteco (@elQuetzalteco) January 27, 2020

De los 14 que pasaron a la segunda fase, tres serán seleccionados para la terna de gobernador titular y otros tres para la terna de gobernador suplente, según informaron los integrantes de sociedad civil, quienes no quisieron revelar los nombres de los postulantes que quedaron fuera.

La elección de las ternas será por medio de un “voto secreto” y se dará a conocer la resolución final mañana 28 de enero de 2020 en una reunión extraordinaria del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede).

Amplían fecha para gobernador

Aunque esta mañana se informó que el presidente Alejandro Giammattei ampliaría la fecha para que los Codedes entreguen las propuestas para conformar las ternas de candidatos a gobernador, los integrantes de Xela aseguraron que continuarán con el proceso establecido.

“No se amplía el plazo porque nosotros hemos cumplido con el establecido y se mantendrían los expedientes que ya se recibieron a la fecha”, dijo el vocero.

Quiénes tienen la decisión de la terna para gobernador

Los representantes de los 11 sectores que tendrán voto para la elección de las ternas son:

Daniel Sacor, representante de las Mipymes.

Luis David Méndez, representante del pueblo Mam.

Allan Cabrera, representante del pueblo K’iche.

Julio Díaz, representante del sector de trabajadores.

Oxaiel Méndez, representante del sector campesino

Julio Barrios, representante del sector campesino.

Yrma Tuc, representante del sector de mujeres.

Elida García, representante de Cooperativas

Víctor Carol Hernández, representante del Centro Universitario de Occidente

Jaasón Ochoa, representante de la Cámara de Comercio.

Hori Salanic, representante de las ONG´S.

Invitan a conocer plan de trabajo de los candidatos a gobernador

Los integrantes de la plataforma cívica Foro Regional  de Occidente convocaron a los candidatos a gobernador a exponer su plan de trabajo y pidieron “transparencia” en el proceso.

#GobiernoXela l Integrantes de la plataforma ciudadana Foro Regional de Occidente invitan a los 25 candidatos de la terna para gobernador que presenten su plan de trabajo en el restaurante Baeza de la zona 1 de Xela, hoy a las 14 horas. pic.twitter.com/CaSA707oe4

— elQuetzalteco (@elQuetzalteco) January 27, 2020

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Jason Ochoa, integrante de las instituciones no estatales quienes tienen a su cargo el proceso, explicó que se pidieron algunos requisitos que están en marcados en la ley como ser guatemalteco, mayor de 30 y presentar un finiquito. Sin embargo como institución establecieron otros puntos que servirán para tomar las decisiones de los expedientes que se aprobarán.

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“Después de diversos conversatorios y reuniones que se tuvo con varias instituciones se decidió tomar algunos puntos importantes que se tomarán en cuenta a la hora de evaluar los expedientes. El perfil ideal tendrá puntos interesantes para que nosotros sepamos que el nuevo gobernador conozca el entorno del departamento”, señaló.

Puntos establecidos

• Persona que tenga liderazgo
• Ser originario o avecindado de Quetzaltenango,
• Conocer la problemática social, económica, política de Quetzaltenango
• Contar con experiencia comprobable de gestión y administración pública
• Tener conocimiento del marco legal del funcionamiento del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural
• Plan de seguridad y estrategia de buena gobernación
• Conocimiento sobre la planificación monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo
• Conocimiento de los idiomas mayas del departamento (Man y Quiché)
• Buenas relaciones humanas

“Estaremos durante cuatro días recibiendo expedientes frente a la Municipalidad de Quetzaltenango en horario de oficina. Los interesados pueden completar papelería con otros requerimiento como Curriculum vitae, una carta de solicitud, fotocopia de DPI y Certificado de nacimiento, además de antecedentes penales y policiacos”, señaló Allan Cabrera, de sociedad civil.

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Se informó que el 25 de enero al mediodía se finalizará con el proceso de recepción de expedientes. Para el martes 28 de enero se planificó entregar el informe al Consejo de Desarrollo de las ternas y el 30 de este mismo mes se hará la entrega oficial al Organismo Ejecutivo que será el encargado de tener la decisión final.

#NuevoGobiernoGT | El gobernador de Quetzaltenango habla que podría no participar para optar de nuevo al cargo ante la convocatoria que se comenzará. pic.twitter.com/z7ZmdCX8Hb

— elQuetzalteco (@elQuetzalteco) January 21, 2020

“Creo que es un proceso interesante para que sea democrático. Esperamos que se respeten las decisiones y no se tomen como anteriormente se hacía que a pesar que se presentaban propuestas, estos puestos ya estaban ofrecidos por favores de la contienda política”, explicó Luis Estuardo López, vecino quetzalteco.

#NuevoGobiernoGT | Continúa la reunión de miembros de Sociedad Civil para definir el perfil que buscan en el nuevo gobernador departamental. pic.twitter.com/qIITx5n07M

— elQuetzalteco (@elQuetzalteco) January 21, 2020

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A causa de esta situación, los integrantes de la sociedad civil organizaron una conferencia de prensa donde enfatizaron que basados en las leyes de Guatemala, son ellos quienes deben presentar al presidente una terna de los aspirantes a gobernador, para que el mandatario  designe a alguien de acuerdo a las propuestas.

“Es función de los Consejos Departamentales de Desarrollo proponer al presidente las ternas respectivas a los cargos de gobernador titular y suplente, en esta situación solo tendrán voz y voto en el proceso los diferentes integrantes  del colectivo de sociedad civil, en Quetzaltenango somos 10 sectores”, aseguró David Méndez, representante del pueblo Mam.

Méndez detalló que los diez sectores con representantes en la sociedad civil de Quetzaltenango son: la Cámara de Comercio, sindicatos de trabajadores, sindicatos de campesinos, representantes de la mujer y de los pueblos mayas que convergen en Quetzaltenango, Mam y Kiche, así como un representante de las organizaciones no gubernamentales, de las Cooperativas y de las Mipymes,  además de los delegados de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de las universidades privadas.

“La ley es clara, ya no pueden intervenir los alcaldes y el gobernador. Todo esto tiene base legal en la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, articulo 10, inciso K”, aseguró Méndez.

Integrantes de la sociedad civil informaron que desde el próximo viernes 13 de diciembre  tendrán reuniones con  diferentes sectores sociales para establecer el perfil del nuevo gobernador de Quetzaltenango.

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Los promotores denominaron a esta fase como una “preselección” y  aseguraron que el propósito de las reuniones será establecer un perfil con las características idóneas del nuevo representante del presidente en Quetzaltenango.

“Lo que estamos haciendo es abrir un espacio de diálogo para que las personas puedan tener voz y manifestar sus inquietudes, así como recomendaciones al proceso de selección, básicamente para establecer un perfil y los términos de referencia o el proceso de selección para la terna que se entregará al presidente electo”, explicó Allan Cabrera, representante del pueblo K´iche´.

Los integrantes de sociedad civil que participaron en la conferencia aseguraron que “ninguno” de sus integrantes o “personas afines” participarán en la convocatoria para optar a la terna que se propondrá al presidente, además aseguraron que mantendrán la transparencia y que promoverán espacios para denunciar a los que se postulen para candidatos a gobernador y tengan señalamientos.

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Consejos de Desarrollo, entre las funciones de los Consejos Departamentales de Desarrollo está proponer al Presidente de la República las ternas respectivas de candidatos a los cargos de Gobernador Titular y Gobernador Suplente departamental.

Durante el gobierno de Jimmy Morales en Quetzaltenango se tuvo a tres gobernadores, Claudia Ávila, Clímaco Rosales y el actual Cesar Queme.

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Reuniones

Estos serán los horarios y las fechas de las reuniones planificadas con distintos sectores, los eventos se llevarán a cabo  en la sede la gobernación departamental. Los organizadores invitaron a los representantes de estos grupos sociales a participar y fiscalizar el proceso de elección de gobernador.

Viernes 13 de diciembre

A partir de las 9 horas la reunión será con representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode) y alcaldes comunitarios.

Lunes 16 de diciembre

A las 9 horas la reunión será con “todos los sectores sociales” del departamento de Quetzaltenango y a las 14 horas con empresarios.

Martes 17 de diciembre

A las 9 horas con medios de comunicación y a las 14 horas con alcaldes y diputados electos.

7 de enero

Se entregará un informe sobre los resultados y propuestas de perfiles que entreguen los diferentes sectores a la sociedad civil de Quetzaltenango.

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El bloque de diputados por Huehuetenango que asumirán una curul en el Congreso de la República en enero del 2020 son, Carla Cardona, Aroldo Ríos, Martín Nicolás Segundo y Lucrecia Samayoa por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Julio César Escobar, Sofía Hernández y Érick Martínez, Unión del Cambio Nacional (UCN); Cornelio García, del Partido Todos; Walter Rolando Félix, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y Joel Rubén Martínez del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Rolando Gómez, director regional de la Fundación para la Conservación y el Ecodesarrollo (Fundaeco), expresó que los diez parlamentarios electos en las pasadas elecciones generales de junio, participaron el 23 de mayo de este año en un foro donde se comprometieron a darle seguimiento a la agenda ambiental de Huehuetenango, sin embargo, ahora no atienden las invitaciones.

Agregó que la ausencia de los nuevos políticos a la actividad demostró que no tienen interés para atender la problemática del país. “Es complicado entender porqué cuando eran candidatos participaron y ahora que son diputados no, teníamos la idea de darle seguimiento a los compromisos pactados”, comentó.

De los diez congresistas solo dos justificaron su ausencia, los actuales diputados Sofía Hernández y su hijo, Érick Martínez Hernández, informaron que están fuera del país.

“Su incomparecencia nos indica como sector que hay poco interés por el tema ambiental a pesar que este es uno de los sectores más vulnerables por el cambio climático y se necesita de apoyo para aprobar leyes que fortalezcan las acciones a favor del planeta”, señaló Gómez.

Lamentó no haber compartido las necesidades de llevar al pleno del Congreso la propuesta de ley para la creación del área protegida del Cerro Cruz Maltín, acuerdo que prohíbe el uso de plástico.

Raúl López, integrante de la Mesa Forestal, expuso que el seguimiento a la carta de compromiso que los entonces candidatos firmaron es motivo de frustración porque los nuevos parlamentarios no se presentaron.

López indicó que su organización mantendrá las líneas de trabajo en el tema ambiental. “Hay otros temas que interesan a los diputados prueba de ello es que ninguno vino, los temas ambientales los ponen en un segundo plano”, concluyó.

Mynor Palacios, presidente de la Mesa Forestal, se mostró preocupado porque la postura de los diputados. “Votamos por ellos y no nos atiendan, es preocupante”, dijo.

Palacios argumentó que atender las prioridades ambientales es urgente para salvar la vida de todos pues el cambio climático llegó y sus efectos se viven a diario.

“El cambio climático es prácticamente de donde depende la situación de la sobrevivencia del hombre y las sociedades”, enfatizó.

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“Encontramos una situación más compleja de la que imaginábamos”, coincidió el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao.
En conferencia de prensa en Washington tras finalizar el lunes último una misión para investigar la violencia desatada desde el 18 de abril en Nicaragua, ambos destacaron la “crisis instalada” por las manifestaciones en todo ese país contra el gobierno de Daniel Ortega.
Urrejola, que participó vía Skype desde Chile, señaló “un ambiente generalizado de inseguridad y falta de confianza en las instituciones”.

Abrao, en tanto, dijo que la CIDH constató “un padrón de violencia y represión” de las protestas y subrayó un “ambiente de intimidación, de amenazas”.
“Hay personas que se sienten aterrorizadas. Había mucho miedo de prestar testimonio a la comisión y las consecuencias y represalias que eso podía representar en sus vidas”, dijo, aunque la delegación regresó con “maletas llenas” de documentación recabada.
“Es fundamental ahora que tengamos la capacidad de visibilizar lo que encontramos”, consideró Abrao.
En su informe preliminar, la CIDH reveló “graves violaciones a los derechos humanos” caracterizadas por “un uso excesivo” de la fuerza pública y de terceros armados para reprimir las protestas.
Además, incluye “varios testimonios (que) hablan del uso de francotiradores” en Managua y Matagalpa (norte), lo que indica “la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales”.

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La CIDH documentó 76 muertos en el contexto de las manifestaciones, incluidos agentes policiales. Además, constató 868 heridos, de los cuales cinco están hospitalizados graves, y 438 detenidos, entre estudiantes, población civil, defensores de derechos humanos y periodistas.
“Este informe ayuda a sistematizar informaciones que no estaban integralmente disponibles para la opinión publica de la comunidad internacional”, dijo Abrao.

CIDH considera prioritaria una investigación internacional

La CIDH considera “prioritaria” la creación de un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia acontecidos en Nicaragua en medio de protestas contra el Gobierno de Ortega que han dejado al menos 76 muertos.
Esa “es una de las recomendaciones prioritarias y requiere ser implementada a la mayor brevedad”, afirmó la relatora para Nicaragua de la CIDH, Antonia Urrejola

“A nuestro juicio los temas de la justicia y la identificación de los responsables de los actos de violencia son un tema prioritario y fundamental para restablecer cierta confianza y avanzar en el resto de las recomendaciones”, añadió la chilena Urrejola, que encabezó una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó el país entre el viernes y el lunes recién pasados.
La comisionada pidió la participación de la sociedad civil y las víctimas en esa investigación internacional.
Urrejola sostuvo que durante la visita de trabajo de la CIDH “encontramos graves violaciones a los derechos humanos, un clima muy polarizado y a las víctimas y sus familiares muy atemorizados, además de un ambiente de desconfianza”.

Una de las cosas que más le llamó la atención a nivel personal fue “la sensación de miedo de las víctimas por recibir hostigamiento de agentes estatales y de terceros no identificados, y la falta de confianza en la institucionalidad porque no saben a dónde acudir”.
“Me sorprendió su estado anímico de miedo y su inseguridad al sentir que no hay instituciones donde pueden ir y sentirse seguros”, agregó.

La experta consideró “muy importante” el acuerdo de la mesa de diálogo, instalada por el Gobierno y representantes de la sociedad civil y que cuenta con la mediación de la Iglesia, “de hacer suyas las recomendaciones”, un total de 15, “del informe preliminar de la CIDH”
“Esperamos que a partir de eso podamos concordar con el Estado un plan de seguimiento que implique una nueva visita para la implementación, y ver cómo vamos cumpliendo en el mediano plazo las recomendaciones”, indicó.

Recomendaciones de la Comisión

Entre las recomendaciones de la Comisión están el cese inmediato de la represión, el respeto a la protesta, la creación de un mecanismo de investigación internacional y desmantelamiento de los grupos parapoliciales.

La abogada chilena anunció que si reciben la anuencia del Gobierno para hacer una nueva visita, realizarán “un seguimiento de las recomendaciones para ver cómo se materializan a través de un acompañamiento junto con el Estado, la sociedad civil y las víctimas y sus familiares para que sean una realidad concreta”.
La representante de la CIDH afirmó que los 76 muertos “fue una cifra que nos dio el propio Estado en el contexto de las protestas”, por lo que incluye tanto a las víctimas que murieron por impacto de bala como a las personas que perdieron la vida por otras circunstancias durante la crisis

Respecto al posible incremento de víctimas, la comisionada recordó que al tratarse de un informe preliminar “tenemos que cotejar las información que recibimos de la sociedad civil con la del Estado, por lo que la cifra exacta se plasmará en el informe final”.
Urrejola comentó que “no corresponde hablar de genocidio” por los hechos recientes en Nicaragua, y reiteró que “de lo que sí podemos hablar es de una grave violación a los derechos humanos por el uso desmesurado de la fuerza por parte de policía y grupos parapoliciales con resultado de muerte y lesiones (…) entre otras violaciones consignadas en el informe preliminar”.
La relatora mostró su esperanza en que se cumpla las recomendaciones ya que “es parte de una obligación contraída por el propio Estado de forma voluntaria de un conjunto de tratados internacionales suscritos y del Sistema Interamericano, por lo que hay un principio de buena fe que dice que esas obligaciones tienen que cumplirlas”.

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En caso contrario, recordó que el informe se daría a conocer a la opinión pública y se le entregaría a los órganos políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA) “que también eventualmente puede hacerlo suyo si así lo deciden”.
“Por otro lado tenemos un mecanismo permanente de monitoreo, el sistema de petición de casos y nuestro informe anual en que determinamos cuando se da una violación de los derechos humanos”, concluyó.
Nicaragua cumple este miércoles 36 días de una crisis que se ha cobrado al menos 76 muertos y 868 heridos, según cifras de la CIDH.

Obispos urgen a crear un mecanismo de investigación internacional

El Episcopado nicaragüense, mediador y testigo de un diálogo nacional, urgió al presidente del país, Daniel Ortega, a crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia acontecidos en Nicaragua en medio de las protestas contra el Gobierno que han dejado al menos 76 muertos.
“Nosotros le urgimos el cumplimiento del numeral 3 de las recomendaciones de las observaciones preliminares de la visita de trabajo de la CIDH a Nicaragua”, instó la Conferencia Episcopal de Nicaragua en una carta enviada al mandatario y leída en la mesa del diálogo.

Gobierno denuncia intento de golpe de Estado

El Gobierno de Nicaragua denunció un intento de “golpe de Estado” en la reanudación de la mesa de diálogo nacional, en la que se planteó este miércoles una reforma constitucional y el adelanto de las elecciones para el primer trimestre de 2019.
Esta agenda es “el diseño de una ruta para un golpe de Estado, es el diseño de una ruta para cambiar el Gobierno”, afirmó el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, tras comentar una propuesta presentada en ese foro, de 40 puntos.

Dicha propuesta, que recoge los planteamientos recibidos por los diferentes sectores representados en el diálogo, incluye una reforma constitucional que sea aprobada este año y ratificada el 10 de enero del 2019, y que un nuevo Consejo Supremo Electoral convoque a elecciones generales en el primer trimestre de ese año, lo que supondría un adelanto de las presidenciales previstas en el 2021.
La iniciativa fue incluida en una agenda de discusión presentada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en su calidad de mediadora del diálogo nacional, que celebra este miércoles su tercera sesión.

“Esto no es una agenda consensuada, es una agenda impuesta unilateralmente porque nosotros no la aceptamos”, clamó Moncada.
La posición del Gobierno es que su contraparte, en este caso los dialogantes del sector privado, sociedad civil, campesinos y estudiantes, desconocen no solo al Ejecutivo, sino también a la actual Asamblea Nacional.
En la propuesta también se exige como salida a la actual crisis política que se elijan nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral “por magistrados honestos de reconocida experiencia, credibilidad, idoneidad y honestidad que aseguren que el voto de la ciudadanía va a ser debidamente contado y respetado”.

El obispo Jorge Solórzano declaró este miércoles que “no estamos haciendo agenda, estamos recibiendo los diversos puntos, las diversas opiniones, y los presentamos en la mesa, es la población la que nos hace la agenda”.

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En el ejecutivo el conflicto es n que las autoridades tienen dificultad para desarrollar acciones concretas. Mientras que en el Congreso ven bloqueo entre los legisladores y señalamientos en contra de la mayoría.

En lo judicial, los religiosos evalúan que hay rezagos que impiden emitir justicia pronta, imparcial y ajena a las injerencias de poderes externos e internos.

La Conferencia Episcopal también considera que las demandas de la sociedad civil no han sido priorizadas en espacios públicos.

“Creemos fundamental hacer viable lo justo y anhelado para una sociedad mejor. El bien común, que los hombres buscan y consiguen formando la comunidad social es garantía del bien personal, familiar y asociativo”, expresó Rodolfo Valenzuela, presidente de la Conferencia.

Los religiosos resaltaron que para dirigir al país es necesario que se apliquen valores éticos y morales. “Existe una situación sociopolítica preocupante”, expuso Valenzuela.

Los religiosos instaron a la población a que “no se duerma en lo que se ha logrado”, al referirse a las protestas pacíficas del año pasado en contra de la corrupción.

Conferencia Episcopal resalta que la crisis política del 2015 despertó la consciencia popular y eso es un logro. pic.twitter.com/E55u5HbiY1

— Andrea Orozco (@AOrozco_PL) November 7, 2016

Los entrevistados refirieron que están de acuerdo con que ahora sigue un segundo proceso, en el cual se debe efectuar una serie de reformas, en especial del sector de justicia para lograr un cambio en el país, donde se castigue a la corrupción.

¿Consideran que  aquella manifestación ha cambiado algo?

Milián: Totalmente. Algo que caracterizó a todas las manifestaciones del año pasado fue que eran diversas, y si algo demostró el #27A es que si encontramos un punto de articulación  somos capaces de movernos por muy distintos que seamos, y eso por lo menos a toda nuestra generación no nos había pasado antes. Yo no puedo decir que es lo mismo del año pasado para acá.

Pascual: Lo comparto totalmente…  De igual manera aseveramos en la Asamblea Social y Popular que la corrupción tiene un problema y es estructural, al cual hay que ir entrando poco a poco, y por supuesto esa crisis no ha pasado. Eso que  pensemos que lo que pasó el año pasado, ahora estamos en otro escenario político, no; seguimos estando en el mismo escenario, porque vemos que brotan nuevos casos de corrupción. Entonces, lo que estamos viendo es que seguimos estando en esa crisis que nos puede llevar a otros momentos.

Lo que sí es importantísimo decir es que la ciudadanía no puede dejar de tener y ponerle atención a estos procesos sociales, porque de lo contrario no vamos a terminar esos procesos. En otras palabras, es que no permitamos que haya un punto de retorno a la corrupción, a la vieja política y a que se sigan robando el dinero que le sirve a nuestro país para el desarrollo.

¿Comparten esa visión de que es el inicio de  algo por lo que todavía  tenemos que velar mucho todos los guatemaltecos?

Milián: Fue un banderazo de salida. Sí creemos que es un punto de partida y  lo que hay que cambiar acá es un montón, son cuestiones estructurales, y lo estamos intentando hacer a través de reformas, apoyando en el diálogo de justicia y en otros, pero sí nos falta un montón. Apenas empieza.

Zepeda: Erradicar un problema de 20 años no se hace en seis, ocho meses o en un año; esto es tema de largo plazo, en donde todos los sectores de la población, de alguna u otra manera, somos responsables de haber llegado hasta donde estamos. También tenemos que hacernos responsables de ser parte de la solución, creo que llegar a estas alturas y seguir con la actitud de criticarlo todo, echarle la culpa a los demás y esperar a que alguien resuelva los problemas no es el camino.

¿Es posible que el país siga en proceso de cambio y lo logre en un determinado plazo?

Milián: Creo que si no creyéramos que podemos cambiar cosas y que todos estos procesos están sirviendo para acumulación y hacer una transformación no estaríamos trabajando, y sí estamos trabajando y sí vamos a seguir allí.

Zepeda: Creemos que todo esto es algo que nos va a llevar a una nueva Guatemala, insistimos en que a pesar de nuestras diferencias debemos buscar nuestras convergencias; pero que todo esto sí nos va a ayudar  a tener mayores niveles de tolerancia, mayor nivel de diálogo. Definitivamente del sector empresarial, en especial el industrial, seguiremos apostando a la reactivación económica, a la generación de empleo… Dejemos a un lado nuestros egoísmos, enfrentémonos hacia  una nueva Guatemala con mucha más armonía, con mucho más respecto entre nosotros y sobre todo respeto a la ley.

Pascual: Esta es la tierra en donde nos dejaron nuestros abuelos, este es el país que tenemos que construir. No hay otra Guatemala, esta es la Guatemala que queremos, que soñamos y queremos verla libre con plena democracia, sin hambre y sin desempleo y que realmente tengamos una vida digna en nuestro país.

Todos esos esfuerzos creemos que deben  hacer esa reforma profunda de este país y de este sistema que nos excluye a millones, pero  vamos a seguir luchando. Aunque se crea que hay rencor no es así, es la carga de más de 500 años de exclusión.

Por su parte, Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, espera que las acciones que realizan permitan generar los cambios necesarios para lograr solamente la inscripción de candidatos probos para las elecciones generales del 2015.

Las organizaciones aseguraron que parte del retraso en la resolución del amparo interpuesto se debe a la lucha de intereses que actualmente se da en la CSJ.

La no resolución del amparo planteado es calificada de una obstrucción a la justicia pronta y cumplida por parte de los interponentes.

A decir de Mack, actualmente la Corte solo resuelve los amparos por conveniencia de sus intereses. “Esto quiere decir que aquí hay diferencias; no se nos garantiza la imparcialidad en el acceso a la justicia, vemos que los jueces y magistrados escogen mediante su interés cuáles —amparos— son conocidos”, puntualizó Mack.

Según la Ley

La petición presentada por las organizaciones pretende que no sean inscritos candidatos que estén señalados de actos de corrupción y que se dé marcha atrás para quienes ya se estén inscritos y tengan algún reparo.

Esta solicitud está basada en el artículo 113 de la Constitución, que indica que toda persona que desee optar a un cargo público debe contar con idoneidad.

Ejemplos actuales

A propósito de aspirantes que pudieran no ser idóneos, se le preguntó al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Rudy Pineda, sobre si serían revocadas las candidaturas de los diputados contra quienes la CSJ dio trámite a solicitudes de antejuicio.

Pineda respondió que no podía expresar criterio y que son respetuosos de cada poder del Estado. “En lo que nos competa como TSE en esa materia”, dijo, se estarían, en algún momento, pronunciando.

Siguen inscripciones

José Raúl Maldonado, candidato a alcalde por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca en San Pablo, San Marcos, tiene procesos judiciales en contra e incluso orden de captura, por acusaciones sobre plagio o secuestro en el grado de cómplice o encubridor, asociación ilícita e instigación a delinquir, pero el 25 de junio recién pasado se ordenó que fuera inscrito.

En el eje de Dinamizar el sector productivo participaron la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG), Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP), Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), Red Nacional de Grupo Gestores (RNGG), Confederación de Cooperativas de Guatemala (CONFECOOP), Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), Ministerio de Economía (Mineco) y Foro Maya.

Para aportar al eje de Desarrollar el capital humano se reunieron representantes del Plan Internacional, Ministerio de Educación (Mineduc), Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), Universidad del Valle de Guatemala (UVG), Population Council y Asociación de Colegios Privados (ACP).

La mesa de trabajo del eje de Mejorar la seguridad ciudadana y acceso a la justicia estuvo integrada por personal del Organismo Judicial, Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), Fundación Myrna Mack (FMM), Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) y Sistema Penitenciario.

Por otra parte, el eje de Fortalecer las instituciones contó con representación de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (Copret), Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), Flacso y Minex.

“La participación de la sociedad civil guatemalteca es importante para el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte, ya que los aportes que dé cada mesa de trabajo hacen inclusivo, en mejor medida el plan, y, por ende, los resultados del mismo para los territorios definidos como prioritarios”, subrayó Paiz.

Las observaciones de cada mesa temática servirán para pulir el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte. Se planea realizar estas reuniones una vez al mes, para integrar un Plan final consensuado en los próximos meses.

El Plan para la Prosperidad para el Triángulo del Norte incluye a Guatemala, El Salvador y Honduras y espera generar 600 mil nuevos empleos, alrededor de 200 mil para Guatemala. Estados Unidos gestiona actualmente una donación de US$5 mil millones para apoyar a los países integrantes y detener así la migración complementando una inversión inicial local de los países de cerca de 19 mil millones de dólares.

“Si bien en el plan se reconocen los desafíos sociales y de desarrollo para Guatemala, El Salvador y Honduras, se preparó en consultas cerradas con los gobiernos y las organizaciones sociales y asociaciones empresariales de estos tres países”, asegura el Icefi.

Los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica y representantes de Estados Unidos y México se reunieron ayer en Guatemala para definir este día el primer borrador del denominado plan Alianza para la Prosperidad, un ambicioso proyecto para impulsar el desarrollo en la región.

Es el momento

“Es el momento de tomar decisiones para el Triángulo Norte de Centroamérica. Este es un momento en el que se pueden concretar las oportunidades o perderlas”, aseguró después de la cita con los mandatarios el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden.

El objetivo final de la Alianza para la Prosperidad es frenar la inmigración ilegal de centroamericanos a Estados Unidos, un fenómeno que llegó a generar una crisis humanitaria el año pasado y que provocó el proyecto en conjunto por parte de los cinco países, según las autoridades.