Leidy vive en la zona 18, cada día gasta Q12 en el pago de transporte colectivo público para trasladarse al Instituto Normal Central para Señoritas Belén, en la zona 1 capitalina, donde estudia un bachillerato. Mientras que su compañera Karina paga a diario Q16 para movilizarse desde Villa Canales.

Mencionan que el desembolso que sus padres hacen para que puedan llegar al centro educativo implica desajustar el presupuesto familiar.

Su caso se replica en otros establecimientos. En el Instituto Nacional Central para Varones, también en la zona 1, Carlos estudia el primer año del nivel Básico. Dos de sus hermanos asisten al mismo centro educativo. Los tres gastan en el día Q30 en pasajes desde la zona 18.

“A mi papá ya no le alcanza el dinero, y tiene que ver de dónde saca y darnos para la camioneta”, dice el adolescente.

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El acuerdo ministerial 1311-2013 establece un bono para el pago del transporte público escolar para los estudiantes de primaria y del nivel medio de centros educativos públicos de la ciudad capital y de municipios del departamento de Guatemala. Ellos deben recibir Q2.20 diarios, y quienes cursan la jornada nocturna Q4.40.

Desde el 2019, cada año el Ministerio de Educación (Mineduc) tiene en su presupuesto Q14.6 millones destinados para este programa de apoyo.

Consultados los estudiantes respecto a si han recibido este beneficio, las jóvenes del Instituto Normal Central para Señoritas Belén indicaron que solo les han dado una cuota. En tanto que los alumnos del Instituto Nacional Central para Varones no han recibido ninguna.

El reglamento de bono del transporte escolar señala que el desembolso debe entregarse de manera bimensual durante el ciclo escolar a los estudiantes que estén legalmente inscritos y registrados en el Sistema de Código Personal del Mineduc. También deben cumplir con el 80% de asistencia escolar.

En discusión

De recibir el bono este se convierte en un aporte mínimo para el pago de transporte que hacen los estudiantes a diario, pues en el 2013 -año en que se publicó el acuerdo ministerial que da vida al programa de apoyo- el pasaje costaba Q1.10, ahora es de Q5 o más según el trayecto.

Edgar Guerra, defensor de las Personas Usuarias del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), considera que debe replantearse el monto del bono para que se cumpla con el objetivo de este, que es apoyar en la movilización de los niños y los adolescentes hacia los lugares de estudio.

El precio de un viaje en el Transmetro es de Q1, pero hay recorridos de Q2. En el Transurbano el pasaje cuesta Q5, unidades que son escasas. Con la pandemia del covid-19 desaparecieron los llamados “buses rojos” y surgieron distintas alternativas de transporte, como los taxis colectivos, que cobran Q5 por trayectos cortos. De esa cuenta es que a diario una persona gasta como mínimo Q10 para movilizarse en la ciudad capital, la cifra aumenta si es desde municipios aledaños.

Guerra refiere que debe haber un mayor control de parte del Mineduc para entregar este beneficio, el cual debe llegar a quién realmente utilice el transporte colectivo público para movilizarse hacia su centro de estudios, pues hay estudiantes a los que sus padres los trasladan en vehículos particulares y ellos deben ser conscientes de que no necesita el bono.

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Agrega que urge hacer un estudio de cuál es la necesidad de movilidad, y las municipalidades pueden contribuir en ello a fin de incrementar la cobertura del transporte público para no afectar el presupuesto de los hogares.

“Una persona de los municipios conurbados -San Miguel Petapa, Villanueva y Chinautla y Mixco- hacia el de Guatemala gastan entre Q20 y Q40 diarios en pasaje”, dice Guerra.

Pero más allá de solucionar el problema del transporte, ve la necesidad de tener en cada zona y municipios centros educativos que garanticen calidad educativa para evitar que haya una movilidad fuerte de estudiantes a áreas lejanas de su lugar de residencia, porque esto incrementa el tráfico en las calles.

Ampliar la cobertura del bono

El bono del transporte escolar está establecido únicamente para estudiantes de la ciudad capital y municipios del departamento de Guatemala, a criterio de Guerra sería positivo extenderlo el beneficio al resto del país para apoyar a quienes no pueden movilizarse porque su condición económica no se los permite.

Pero, agrega, “lo más racional sería crear las condiciones dentro de los municipios donde viven los estudiantes teniendo institutos o centros escolares de primera calidad, y el impacto en la movilidad urbana sería positivo, lo que se percibe cuando hay vacaciones escolares, hay una reducción entre 30% al 40% de tránsito en el municipio de Guatemala y en los municipios conurbados”.

A criterio de Edwin Xol, coordinador del Instituto Puente y miembro de la Mesa interinstitucional de Innovación Educativa, más que incrementar la cantidad del bono se debe discutir una política relacionada con el transporte escolar.

El beneficio está centrado en cubrir a estudiantes urbanos, que, si bien necesitan utilizar el transporte público colectivo, no hay que invisibilizar la necesidad de movilidad que tienen los niños y adolescentes de las áreas rurales, pues Xol señala que esta es una barrera de acceso para que los estudiantes asistan a los centros educativos públicos que están en las cabeceras municipales, principalmente en a nivel medio (básicos y diversificado).

“Cuando hablamos de centros educativos de nivel medio hay pocos centros educativos, entonces, los estudiantes tienen que caminar grandes distancias o transportarse un trecho largo y en un contexto de pobreza es difícil para los padres de familia solventar o cubrir este gasto. Esto se vuelve una barrera para continuar con sus estudios”, agrega.

Hay soluciones a esta problemática, y según Xol estas pueden surgir dependiendo del contexto en que se encuentren los estudiantes. En áreas urbanas una solución puede ser la de continuar el subsidio e incrementarlo ajustándolo a las nuevas realidades del costo del pasaje y a la escasez del transporte colectivo público.

Mientras que en las áreas rurales se puede contar con la participación de las municipalidades para financiar el servicio de transporte escolar, con buses que trasladen a los estudiantes desde sus comunidades a los centros educativos, de esa manera se logrará la inclusión educativa.

• Sobre el bono

Información proporcionad por el Mineduc, para el pago del subsidio y bono del transporte público escolar las Direcciones Departamentales de Educación Guatemala Sur, Norte, Oriente y Occidente tienen un presupuesto de Q14.6 millones, cantidad que no ha cambiado desde 2019.

Son estas direcciones las responsables de la planificación, la programación y de la ejecución de dichos fondos.

El acuerdo ministerial 1311-2013 establece que para recibir el bono los estudiantes de la primaria deben tener entre 11 y 12 años. También lo reciben quienes cursan nivel básico y diversificado, será para los estudiantes de los centros educativos públicos de la ciudad capital y de los municipios del departamento de Guatemala que se consideren pertinentes.

La normativa indica que el pago del bono dependerá de la asignación presupuestaria que el Mineduc tenga para el mismo.

El programa de apoyo alcanzó a 89 mil 299 estudiantes en el 2019, al año siguiente las clases presenciales fueron suspendidas por la pandemia del covid-19 y la cobertura del bono se redujo a 29 mil 453 estudiantes. En el 2021 no se entregó, pues la modalidad educativa fue a distancia. Ya para el 2022 se aplicó la semipresencialidad y se benefició a 52 mil 381 niños y adolescentes. Para este año son 41 mil 243 los que deben recibirlo.

El Ejecutivo analiza un cambio en el subsidio del transporte público para que esté en manos de los usuarios y ya no de las empresas.

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El ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, dijo en una citación en el Congreso este 20 de agosto que la reapertura económica en la pandemia requiere de transporte público, pero es insostenible el monto autorizado de Q1.10 si el semáforo de alertas permite en determinadas localidades solo un 30 o 40 por ciento de ocupación de las unidades.

La base de datos del Bono Familia podría emplearse para este fin y el Ejecutivo está en pláticas con la municipalidad capitalina para destinar Q300 millones de subsidio a los servicios Transmetro, Transurbano y algunos autobuses rojos.

Según González, el subsidio dejaría de depositarse desde las arcas del Tesoro a las empresas sino directamente a los pasajeros para que en cada pasaje paguen la tarifa autorizada -Q1.10 en los buses urbanos- y el subsidio haga lo propio. Para eso podría implementarse tecnología de código QR para hacer los desembolsos.

El gremio de autobuseros ha demandado un aumento de tarifa o más subsidio para poder dar el servicio cubriendo los protocolos sanitarios.

Un total de 2 mil 929 buses urbanos están registrados, de los cuales 350 buses son de Transurbano. Según los transportistas, solo el 5 por ciento de los pilotos registrados de un total de 3 mil reciben la ayuda estatal durante la pandemia y antes de ella movilizaban a 1.6 millones de personas en la capital.

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El documento emitido por la empresa Rutas Metropolitanas de Transporte S. A., detalla que el día del paro efectuaron una inspección en el predio de las unidades de transporte ubicado en el eje sur.

Héctor Franco, uno de los pilotos afectados, dijo que tenía siete años de trabajar en la empresa y que desde hace unos tres años los pagos empezaron a ser irregulares.

“A algunos cheques les hacían firmas y pagaban tarde”, dijo Franco, quien lamenta la situación en la que está ahora, pues tiene en casa a su esposa enferma y dos hijos que dependen de él.

Usuarios afectados

Cientos de usuarios del servicio de Transurbano en el eje sur, que cubre la ruta de Villa Hermosa, zona 7 de San Miguel Petapa, y zona 21 de la capital, resultaron afectados por la falta de autobuses, por lo que tuvieron que movilizarse en medios alternativos, como taxis y picop.

Falta de subsidio

Ese día, Sergio Vásquez, vocero del Transurbano, señaló que el problema gira en torno a la falta de subsidio por parte del Estado.

Agregó que a pesar de que no tienen la capacidad de pago, siempre han cumplido con los pilotos, por lo que le extraña la media.

Además, dijo que no todos los conductores están inconformes, pero que debido a la presión de un pequeño grupo también se van a paro.

De lo contrario, amenazan con un paro inminente, según expresó el vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU), Víctor Hugo Figueroa, en el programa Diálogo Libre.

Édgar Guerra, defensor del Usuario del Transporte Público, también estaba invitado al programa, pero no asistió.

Como asociación, ¿cuál es su opinión respecto del subsidio y la posibilidad de un alza al pasaje?

El transporte urbano ha venido con problemas de toda la vida; primero porque no se toman las medidas correctivas apegadas a la realidad, dos porque se politiza el servicio, y tres porque el Estado no ha cumplido con ciertas cuestiones que debe cumplir.

El país económicamente no está bien… nosotros prestamos un servicio de orden público y necesitamos la atención que merecemos como prestadoras de este servicio, tal como lo garantiza la Constitución.

Pero este último año ha sido el de mayor crisis en el transporte, porque a la fecha el Gobierno solo ha erogado el subsidio correspondiente a enero.

Hemos estado en diálogo con la Municipalidad de Guatemala desde hace muchos meses viendo la posibilidad de que haya un reajuste tarifario.

¿Hicieron ustedes una solicitud al Congreso de ampliar el subsidio de Q35 millones?

De todos es conocida la problemática del país de mayo a la fecha. Entonces se dieron los problemas con el Ejecutivo y entró el nuevo gobierno. Nosotros le hemos pedido varias audiencias al señor presidente —Alejandro Maldonado—, pero hasta la fecha no hemos podido hablar con él.

En el Transurbano se trabaja a través de una tarjeta electrónica; pero en el caso de los buses que no usan este sistema, ¿es por falta de coordinación?

Si quisiéramos controlar esta situación y pusiéramos los equipos de prepago a estas unidades, lo podemos hacer, pero el servicio de rojas con sistema de prepago a Q1.10 duraría tres días, porque allí estaríamos cobrando el Q1.10 que dice la ley, pero los ingresos no rebasarían los Q600 —de la operación diaria—. Son Q400 de diésel y Q200 de pago a pilotos, sin poner las prestaciones laborales.

La Municipalidad afirmó que no habrá un incremento a la tarifa…

Nosotros lamentamos mucho esa actitud de la Municipalidad de no querer afrontar la verdadera situación del transporte. Ellos probablemente no tienen necesidad de ajustar sus tarifas, pero si vamos a hacerles cuentas, ellos están operando con números rojos, a pesar de que en estos dos últimos años el Gobierno les ha otorgado Q150 millones al año. Eso les permite operar sin necesidad de tener un reajuste.

¿Van a dejar de operar si no tienen eco sus peticiones?

Derivado de esta situación se pusieron las mantas para que el pueblo se entere, para que el alcalde Álvaro Arzú reaccione y nos permita dialogar. Nosotros no estamos diciendo que quiten el subsidio, que lo den, pero directamente al usuario o que lo maneje cualquier otra instancia.

No podemos operar con Q35 millones, el Transurbano es muestra de un esfuerzo que se ha hecho por parte de los transportistas. Estos buses son negocios netamente privados; el Gobierno no ha invertido ni un solo centavo en estos buses.

¿Por qué seguir en un negocio que les ha representado pérdidas?

Nosotros, de hecho, desde junio para esta fecha tenemos más de mil unidades fuera; nuestra flota era de tres mil 150 unidades, hoy no hay más de dos mil circulando en las calles, o sea la gente se está retirando porque ya no tiene medios como seguir.