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EPQ renegocia tarifas y plazos para permanencia de APM Terminals

Proceso de negociación entre Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y APM Terminals avanza ante la nulidad del contrato de usufructo oneroso.

Urias Gamarro

4 de septiembre de 2024 | 05:00h

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La Empresa Portuaria Quetzal presentó una propuesta para APM Terminals ante la nulidad del contrato de usufructo oneroso. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

José Antonio Lemus Guzmán, presidente de la junta directiva de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) en Escuintla, informó cómo se encuentra actualmente el proceso de negociación con APM Terminals Quetzal sobre el futuro de la operación, luego de la nulidad del contrato que le dio vida.

El directivo confirmó que están a la espera oficial de la respuesta de APM Terminals, y espera que, en un periodo no mayor a 15 días, ya podía tener una claridad sobre el futuro de las operaciones, que brindaría certeza a los usuarios de esa terminal.

Actualmente, APM Terminals paga US$11.50 por unidad movilizada de contenedores a EPQ. También paga US$0.20 por metro cuadrado por el área de terreno, según el tarifario vigente; y que las autoridades buscan que se mejoren esas condiciones.

El pasado 13 de agosto, los usuarios se habían manifestado sobre lo silencioso del futuro de las operaciones logísticas a dos meses de haberse notificado la nulidad del contrato. Lemus Guzmán conversó con Prensa Libre, luego de haber participado en una citación en el Congreso de la República.

¿Como avanza el proceso con APM Terminals en el marco de la nulidad del contrato?

Estamos en pláticas con ellos; atendiendo un amparo que está alrededor de ellos, que nos obliga a continuar la operatividad sin interrumpir el servicio, y en lo conversado hasta ahora están en unas consultas fuera del país para armonizar los intereses del estado.

Principalmente, en obtener la mejora de los ingresos de ese servicio -canon-, pero lo más primario es que no pare la operación, por qué se vendrá a sumar a los problemas ya existentes; lo segundo, es que en este proceso temporal queremos tener un mejor beneficio para el estado.

En esa mesa, ¿cuál fue la propuesta de EPQ?

Es qué necesitamos una temporalidad -del contrato- de tres años, en lo que se levanta un proceso de licitación internacional para la prestación de servicios de una terminal especializada. 

Para el levantamiento de este evento -próximo-, por orden presidencial buscamos la mayor transparencia tenemos la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en plantear unas bases claras, transparentes, y orientadas a compañías de envergadura internacional de gran capacidad de manejo de carga en contenedores para que puedan participar, porque necesitamos crecer, y no buscamos quedarnos con un operador intermedio que no garantice el crecimiento de la carga.

El evento internacional que pensamos hacer sería con la idea de adjudicarlo en tres años, en este periodo de gobierno, para no comprometerse más allá de lo que corresponde; tenerlo hecho para dejarlo con claridad el funcionamiento de esta terminal portuaria especializada. Pero paralelamente, estamos buscando la opción de contar con otras facilidades portuarias para poder generar.

¿Es decir, que sería un acuerdo temporal de operación con APM Terminals?

Si, un contrato temporal de 36 meses, mientras se levanta el proceso de licitación.

¿Qué respuesta ha brindado APM Terminals?

Aún no ha dado la respuesta, pero esperamos que sea cerca y tenemos que asegurarlo rápido porque el amparo provisional puede cambiar en cualquier momento, y se tiene que actuar dentro del marco de la ley que está orientado de asegurar la continuidad.

En EPQ no tenemos capacidad interna ahora para evitar que se paren las operaciones de la terminal especializada. Si ellos nos dijeran que se van, que están en todo su derecho, sería catastrófico para nosotros, porque no tenemos capacidad: no tenemos grúas, y las pocas que deberíamos tener no están al cien por ciento. Entonces, queremos garantizar la no interrupción del comercio exterior, y lo segundo buscar los mejores beneficios para el estado que es lo importante.

Al futuro corto de tres años, tener los mejores prestadores de servicios de escala internacional para el beneficio del comercio nacional, y lo que buscamos es abrir la competencia, y reitero que se mejoren los ingresos para el estado.

Usuarios han señalado varios inconvenientes en las operaciones portuarias, ¿Cómo lo interpretan?

Hay usuarios navieros, dueños de la carga, y hay muchos involucrados en el tratamiento de la carga que viene; obviamente el propietario de las cargas son los primeros, y segundo en los medios que contratan o emplean para traer sus mercancías que serían los agentes navieros y de otras compañías que participan en esta cadena.

Estamos tratando de comprender el problema de cada uno; por eso abrimos recientemente canales de comunicación, nos hemos reunido con distintas cámaras, con navieros, exportadores, importadores, trasportistas de carga pesada, quienes nos han explicado para entender el problema de cada uno, y que a su vez entiendan el problema nuestro.

Estamos tratando de identificar los problemas de ellos, explicando la problemática interna, y qué es lo que se está haciendo para la parte que nos compete, y que necesitamos de la parte de ellos.

¿Cuál es la fuente de los diversos problemas?

Incluso el problema es del mar, por ejemplo: yo puedo decir que solo vengan barcos de nueve metros de calado de profundidad y de 180 metros de eslora, pero resulta que el dueño de las cargas no encontrará esos buques, y lo único que le ofertan en el mercado disponible para traer su carga, sea un barco de 210 metros de eslora y de 11 de calado.

Entonces, cuando viene el buque se tiene que atender, por lo que es multi causal y hay varias formas del origen, por lo que la solución está en todos, sino de los usuarios, navieros, dueños de la carga, y no solo de EPQ.

¿Cómo esta las operaciones en el muelle comercial?

La problemática, es que no nos damos abasto: los cuatro atracaderos que se plantearon de origen en 1980 era para poder atender a lo mucho un millón 200 mil toneladas métricas de carga, y ahora estamos manejan 13 millones de toneladas, por lo que es un crecimiento que supera la capacidad del cual fue diseñado ese atracadero.

Esta crisis no se va a quitar hasta que tengamos nuevos atracaderos, que es la respuesta de fondo. Debe haber más atracaderos porque solo tenemos cuatro.

Usted explicó que hay programa emergente de nuevos atracaderos. ¿En qué consiste?

Por ejemplo, la terminal de turismo o pasajeros -Duque de Alba- tiene la facilidad que los barcos se puedan pegue al atracadero, porque tienen menos calado en los muelles que por un pasillo se conecta a tierra, y ahí no se puede introducir una grúa para poder hacer las descargas. Lo que se está analizando ahora es una posibilidad, haciendo una modificación cercana de poder descargar graneleros con unas bandas aéreas, pero eso se lleva al menos 12 meses en poder armar esa facilidad.

La idea es aprovechar los espacios de tiempo cuando no hay temporada de cruceros, no es bloquear el turismo, sino cuando no se utilice, utilizarlo para graneleros, y esperamos concretarlo, que es de las pocas posibilidades en el corto plazo de poder aumentar un atracadero más y ya se podría atender un buque.

También hay otra terminal donde se trae carbón -que se utiliza para la generación eléctrica- hacer lo mismo, pero el problema, es que el dueño de la carga decidirá si descarga ahí, porque a veces se descarga fertilizantes, pero si se traen productos alimenticios, pueda haber riesgos de contaminación, pero es decisión del dueño de la carga, pero se darían las facilidades de poder hacer los despachos, pero tiene sus implicaciones cohabitar con el mineral.

En el corto plazo, ¿qué acciones reales de mejora se podrían implementar?

Ahora en lo que se tiene, es el incremento de grúas y por eso realizamos la invitación a otros participantes, pero eso lleva entre tres a cuatro meses, para poder facilitar el proceso de carga y descarga.

Mejorar los equipamientos que se tienen en el personal que trabaja en el puerto, por lo que estamos en distintos procesos de adquisición de maquinaria para poder atender bien la carga, como nuestra competencia.

Incrementar la posibilidad de más atracaderos, con dos lugares para atender a más embarcaciones, que son las fundamentales. Hay otras, como el dragado en la dársena, para asegurar el ingreso en barcos con diseño original puedan llegar sin problema alguno, y los acercamientos institucionales, porque podemos ser agiles en la carga, pero dependemos de otras instituciones como aduanas (SAT), Ministerio de Gobernación o Ministerio de Agricultura, para que la carga pueda salir expedita.

Para reducir los barcos en fondeo, ¿qué van a hacer?

Brindar las facilidades en el puerto para reducir los barcos que están en espera, pero es de hace años que hay barcos afuera, ahora hay más ojos encima, no puedo culpar a las autoridades anteriores, porque ahora es mi problema, y vamos a buscar la solución lo más rápido posible como las medidas en agilizar el levantamiento de la carga, buscar nuevos atracaderos y a futuro, ver la posibilidad de construir otro muelle.

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La SAT prepara un plan de contingencia a aplicar tras el cierre de APM Terminals

El servicio aduanero prepara un proceso de transición para minimizar el impacto en la operación de las mercancías contenerizadas, cuando quede anulado el contrato de APM Terminals.

Urias Gamarro

15 de junio de 2024 | 05:00h

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Las operaciones marítimas y portuarias en EPQ y APM Terminals se desarrollan con normalidad este viernes 14 de junio. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

La semana concluye sin que se conozca una posición oficial sobre las soluciones legales y operativas de APM Terminals, desde que el lunes 10 de junio en horas de la noche, la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo notificara la nulidad absoluta de los contratos de usufructo oneroso, su modificación y el contrato de operaciones suscrito con la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), lo que ha generado expectativas en los agentes económicos, por las posibles implicaciones en el comercio exterior.

La única versión gubernamental hasta el momento es de la Intendencia de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que tiene a su cargo el control del servicio aduanero, la que confirmó ayer que una vez sea notificada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) la anulación del referido contrato, de manera automática APM Terminals dejará de ser Depósito Aduanero Temporal (DAT), lo que significa que ya no podrá realizar maniobras de resguardo de las mercancías desde y hacia los buques, así como las que se encuentren en los recintos.

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Esa situación preocupa a los agentes económicos, usuarios y representantes de las diferentes cámaras empresariales ya que, según la experiencia, se prevén más demoras o retrasos en la carga y descargar de los contenedores.

Ayer también se informó que las operaciones de la terminal de contenedores como DAT, fluían con normalidad en cuanto a salidas y entradas, funcionamiento de escáneres y cámaras de televisión de circuito cerrado, transmisión de declaraciones a la importación y sus registros, códigos sistematizados y sistema de conexión, estrictamente del ámbito aduanero.

Según los registros, APM Terminals maneja mercancías en contenedores que consiste principalmente en carga refrigerada, frutas, carnes, electrodomésticos, artículos variados como vestuario, calzado, juguetes, insumos y materias primas, entre otros.    

Plan de contingencias

Prensa Libre consultó al intendente de Aduanas, Edwin Curtidor, los detalles del plan de contingencia, quien hizo la salvedad de que la SAT aún no ha recibido ninguna notificación sobre la anulación del contrato, pero una vez eso suceda, APM Terminals dejaría de ser un DAT y esa figura debería ampliarse para la EPQ, que también cuenta con esa figura.

Además, tendría que acompañarse de una serie de acciones propias del control aduanero, por ejemplo, determinar quién va a recibir los contenedores, pues tal como indica el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (Cauca) y su reglamento, se debe tener un control sobre las mercancías que están pendientes de levante o salida.

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“Desde el punto de vista aduanero nos corresponde velar por las mercancías que están; que se haga el debido registro y las coordinaciones operativas con el puerto, para que todas aquellas mercancías que se encuentren ahí puedan seguir circulando y saliendo con el pago de los impuestos, pero sobre todo que se retiren bajo el control aduanero”, apuntó Curtidor.

En tal sentido, la EPQ tendrá que solicitar a la Intendencia de Aduanas la ampliación del DAT correspondiente a la parte de APM Terminals para que pueda abarcar toda el área y pueda funcionar como depósito aduanero.  

Transición, a la brevedad

El intendente reiteró que todo este proceso se tendría que realizar en un tiempo muy corto, con  una buena coordinación con EPQ, pues debe cumplirse con la entrega los contenedores, que implicaría un inventario, como parte de la recepción; ingresar esos contenedores a su registro informático y comenzar a operar el despacho -salida o entrada- lo que también conlleva una  serie de controles.

Añadió que se ha pensado darles prioridad a las mercancías refrigeradas y tratar específicamente los casos especiales. “Operativamente, como aduanas estamos preparados, y si hay necesidad de incrementar el personal, se hará, aparte de que los empleados de APM Terminals pasarían a EPQ de manera automática, ya que sería el mejor modelo operativo para atender la operación lo más rápido posible”, subrayó.

Sugiere intervención

Para el consultor en infraestructura crítica, Enrique Godoy, la parte legal ya está consumada y solo se debe ejecutar la orden judicial de la nulidad del contrato de usufructo y del DAT.

A su entender, se ha entrado a dos dilemas: si no se logra a un acuerdo de contrato de alquiler o administración temporal del terreno con APM Terminals, el puerto va a sufrir, ya que del lado del muelle de EPQ, el calado -de profundidad- es de 10 metros y en el otro muelle es de 14 metros, por lo que los buques grandes no podrán descargar sus contenedores en la EPQ.

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En cuanto a un posible arbitraje internacional que interponga APM, la PGN tendrá que hacer una buena negociación, para que exista el menor daño posible para el Estado y que no suceda lo mismo que con Ferrovías, que ganó con una sentencia -laudo- millonaria.

“Si se logra llegar a un acuerdo con ellos, EPQ debe tener listo un plan de contingencia para no suspender las operaciones; incluso, tomar medidas de prevención e incluso, hacer una intervención, si conviene, para actuar de manera más ágil, rápida y transparente en la transición”, subrayó.

Una parte que favorece es que junio y julio es la temporada más baja de operaciones de buques portacontenedores, pero de agosto en adelante se incrementa sustancialmente.

Atención inmediata

Carmen María Torrebiarte, presidenta del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), afirmó que el tema marítimo preocupa a todo el empresariado, por lo que se están abordando posibles soluciones que sean funcionales para el Gobierno Central, para que la terminal pueda seguir operando.

Aseguró que se trabajan en varios escenarios, pero el otro tema es resolver la situación de los puertos a largo plazo, para atraer mayor inversión extrajera, de acuerdo con el plan del Gobierno.

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En tanto que, por medio de un comunicado de prensa, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham) hizo “un llamado urgente a la inversión en infraestructura estratégica en el territorio nacional. Reconocemos que es vital e imprescindible para la generación de un entorno propicio para la inversión, la prosperidad y fortalecimiento del clima de negocios”.

Reiteraron la necesidad de atender de forma urgente la operación portuaria en el país y en especial, encontrar soluciones para los problemas y la poca certeza que existe actualmente con la operación de Puerto Quetzal.  

Además, el   8 de septiembre último, APM Terminals Barcelona, una de las empresas socias de Maersk, propietaria de APM Terminals Quetzal, activó en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) un mecanismo de conciliación contra el Estado de Guatemala.

Ambas acciones se derivan del complejo proceso legal que existe por el contrato que permitió las operaciones de APM Terminals Quetzal —antes TCQ—, el cual se conoce   en la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y cuya sentencia podría ordenar la nulidad del contrato original y, por ende, el inmediato desalojo.  Dicha resolución    está pendiente de ser notificada.

Transición ordenada

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), afirmó que ven positivas las acciones que permitirían una transición ordenada y   la continuidad de las operaciones, aunque dijo desconocer detalles sobre la conciliación entre las partes.

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Reconoció que el proceso muestra una hoja de ruta que habían solicitado. “Asumiendo, con la información disponible, lo vemos con buenos ojos, además de que se envía un mensaje de orden, de una transición con certeza jurídica”, indicó.

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americano (AmCham) expuso que lo ideal sería que, desde la vía legal, APM Terminals pudiera seguir operando la infraestructura portuaria, porque es de conocimiento que “existe equipo técnico y físico difícil de sustituir de manera inmediata, como, por ejemplo, los escáneres”.

Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), comentó que durante el actual    gobierno se tuvieron cuatro años para buscarle una salida a la eventual nulidad del contrato, a pesar de que no hubo un daño,  en el sentido de que no se paralizaron las operaciones de atención a la carga del comercio exterior.

“Hemos manejado, desde que empezó este gobierno para acá, una situación en la que la condición legal ya era clara y ya se sabía; por lo tanto, las posibilidades de llegar a un acuerdo en el que APM Terminals tuviera que cambiar las condiciones en la concesión eran factibles. Entendemos que en este período hubo propuestas para renegociar las condiciones, pero el Gobierno se manejó durante cuatro años sin cerrar el tema. Al final se estuvo operando y no se dio un daño, porque nunca se detuvo la operación, pero la pregunta para el que invierte es: ¿cuál es la certeza?”, explicó.

A su juicio, fue demasiado tiempo de inseguridad, tanto para los usuarios como para los que invirtieron en esas instalaciones e incluso para la misma EPQ.

Luis Pedro Cazali, abogado especialista en comercio exterior y atención a inversionistas, explicó que una conciliación es cuando las partes acuerdan someter sus diferencias en una comisión o puede ser directamente.

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“En la conciliación se asume que hay un conflicto entre las partes, hay acercamientos entre ambas y, si llegan a acuerdos, las partes renuncian a sus derechos de seguir el proceso, y se da una compensación económica para uno u otro lado”, dijo.

En este caso, desde 2018 APM Terminals había anunciado su intención de acudir a un arbitraje,  y con esta conciliación lo que se estaría buscando son puntos de acuerdo para finalizar el proceso y llegar a una etapa en la cual ambas partes se sientan satisfechas con lo acordado.

El objetivo de la convocatoria fue darle seguimiento a la situación del Proceso Contencioso Administrativo que se ventila en la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo entre la EPQ y APM, tras cuya notificación final de la sentencia, podría interrumpir de manera abrupta las operaciones de la operadora de contenedores, lo que es un tema que empieza a generar una alta preocupación entre exportadores e importadores.

Una hoja de ruta crítica fue la principal exigencia de los empresarios a la EPQ, para evitar efectos negativos en la economía nacional y pérdidas en estos sectores, expuso Fanny de Estrada, directora de Relaciones Interinstitucionales de la Agexport, lo que fue secundado por Zamora, quien indicó que podría haber repercusiones en la cadena de abastecimiento, en el sentido de que se paralicen todas operaciones portuarias y no se despachen las mercancías a sus destinatarios.

EPQ es el puerto más importante del sistema y las cifras a junio indican que se han transportado 6.6 millones de toneladas lo que significa el 45% de la carga total que es de 14.5 millones de toneladas, según las cifras oficiales.  En carga contenedorizada ha movilizado 2.1 millones de toneladas.

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Además, se ha atendido 639 buques, que equivale el 38% del total y 181 mil 181 contenedores, que representan el 39%, indican las estadísticas de la Comisión Portuaria Nacional.

Hoja de ruta

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), remarcó en la reunión que se no se han  dimensionado los efectos graves que podrían generarse de este asunto legal, aclarando que la preocupación no obedece a la defensa de una empresa en particular, sino a la amenaza de un posible retroceso en el modelo de operación de una terminal de contenedores, que si bien es cierto no es la más eficiente de mundo, ha permitido, mejorar sustancialmente los niveles de eficiencia de la portuaria.

“El no tener certeza ni transparencia por parte de las autoridades de EPQ en relación con lo que va a suceder en el momento en que se notifique una posible nulidad del contrato de la empresa que hoy opera la terminal de contenedores, genera mucha preocupación e incertidumbre porque las autoridades no han sido claras en anunciar el proceso ni la ruta exacta a implementar a partir de ello”, resaltó la ejecutiva.

Caballeros recordó que en la única reunión en la cual participó Anleu en el Congreso, explicó que EPQ ya había generado notas de interés a tres compañías a presentar ofertas y competir para prestar los servicios de la administración de la operación, y “nos parece que esto denota que se están haciendo designaciones discrecionales por parte de las autoridades, y con esto no se estaría cumpliendo con el principio de transparencia en la contratación de servicios públicos”. Las cartas de interés habrían sido dirigidas a Yildirim Holding (Yilport) de Turquía; Ictsi de Filipinas y Piosas de España.

Riesgos al comercio

Al igual que D. Estrada, Caballeros remarcó que la solución a este problema está en manos de la EPQ, ya que no solo puede afectar al servicio que presta APM, sino a todos.

Ejemplificó que cuando una persona consume huevos revueltos y un pan en el desayuno, no sabe que para tener huevos en la mesa, se necesitó una gallina ponedora que se alimentó con granos o concentrado que ingresa a través de las terminales de graneles en EPQ, pero cuyo flujo se puede ver interrumpido o afectado, en el momento en que toda la carga que hoy opera APM Terminals, tendría que ser atendida por EPQ, ocasionando serios retrasos.

Entonces, según la ejecutiva, se elevarán los costos y cargos financieros a las empresas, aparte de que muchas empresas navieras internacionales se abstendrían de despachar carga hacia Guatemala, debido a las ineficiencias que ya se conocen por el lado de EPQ, “lo que puede ocasionar incluso la falta de abastecimiento de ciertos productos que no se producen en el país”.

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Sobre alguna alternativa o algún plan emergente, la directora de Camagro, fue enfática en exponer que “las autoridades de EPQ deben dar la cara de manera pública y transparente, indicando la ruta que van a seguir para garantizar que no se interrumpan las operaciones en APM Terminals Quetzal y garantizar el manejo de carga de manera eficiente, en los tiempos necesarios y la capacidad portuaria para ingresar los buques que hoy están arribando”.

Estatus de la operación y legal

Gabriel Corrales, director general de APM Terminals, informó que por ahora las operaciones son normales, y se atiende en promedio unos 700 camiones al día, así como a los barcos en su línea de atraque para carga de importación y exportación en contenedores para carga refrigerada y seca.

Por otro lado, explicó que el proceso legal del contrato de usufructo, sigue su curso en la Corte de Constitucionalidad (CC), y está en proceso una acción de aclaración por resolver para cerrar el proceso y que pueda seguir su curso en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en el tribunal administrativo correspondiente.

Comentó que no está en sus manos, ni es su decisión, una interrupción de las operaciones, pero los efectos de la decisión de la CC deben acatarse y si esta es que se declara nulo el contrato de usufructo que permite las operaciones, las consecuencias inmediatas serían la suspensión de las autorizaciones aduaneras para poder operar la carga que está sujeta a comercio exterior y no se podría responder por la carga que está bajo el cuidado aduanero.

También se suspendería el contrato administrativo, que permite operar el amparo del usufructo, por lo que ninguno de los equipos o personal puede operar o decidir sobre la carga dentro de la terminal. En promedio se movilizan y transportan 3 mil 500 contenedores, lo que se podrían acumularse.

También aclaró que, por ahora, están en la búsqueda de participar en una solución que evite la interrupción de las operaciones de la terminal.

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Al preguntarle sobre que ideas claves están en la mesa para poder brindar una solución, afirmó que “de nuestra mano, lo único que tenemos es la voluntad y la capacidad de operación e inversión para las ampliaciones, pero corresponde a las autoridades del país, proponer las soluciones legales que permitan la continuidad de la operación”.

Corrales, afirmó que, si se llegará a una suspensión de manera abrupta de APM Terminal, la cadena de abastecimiento por Puerto Quetzal perjudicaría la industria, el comercio a los consumidores y los trabajadores y otros que gravitan en la actividad portuaria.

Al preguntarle sobre las expectativas de los usuarios y en la industria logística, el director explicó que en la citación se evidenció que los dueños de las cargas están haciendo uso intensivo de las instalaciones y aprovechan las ventajas operativas para poder llegar a los volúmenes de importación y exportación que se están gestionando en la terminal.

Confirmó que se han incrementado en alrededor de 4% los volúmenes de carga en este semestre, respecto al mismo periodo del año anterior, lo que puede significar la muestra de la fortaleza de la economía, aparte de que se han intensificado los tráficos de Asia, Japón y Corea del Sur hacia Centroamérica y América del Sur.

De esa terminal, todos los días para exportación sale carga como banano, productos perecederos, azúcar y café, mientras que ingresan bienes de consumo y de capital, como equipos, maquinaria para la construcción e instalación de plantas.

Corrales explicó que en la industria marítima hay un modelo portuario que APM Terminals Quetzal ha desarrollado en Guatemala, mediante el cual se realiza la inversión en infraestructura, en maquinaria, se aporta tecnología y se gestionan directa y completamente todas las actividades del puerto para que exista solo una responsabilidad, y se garanticen los procesos interconectados, que generen eficiencia y seguridad para la carga en el terminal.

Cronología del proceso:

• La Empresa Portuaria Quetzal estuvo intervenida en 2012 por medio de un acuerdo que emitió el presidente Otto Pérez Molina y nombra como interventor a Allan Marroquín Castillo. El acuerdo de intervención es el 144-2023.
• Con el acuerdo, se suscribió el contrato para “diseñar, construir, mantener y operar una terminal de contenedores”, a Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) que es subsidiaria de la Terminal de Contenedores de Barcelona, que forman parte del conglomerado Grupo Marítim.
• En diciembre del 2012 un grupo de usuarios de EPQ que habían interpuesto acciones legales por el aumento de la renta por el uso de la tierra, fueron notificados de que es nulo de nacimiento el acuerdo 144-2023, que es la base legal que da cabida al contrato.
• En 2015 inicia el proceso legal de nulidad y consultas a la PGN. El tema quedó pendiente para la siguiente administración de Gobierno. En ese año APM Terminal adquiere la compañía Grupo Marítim.
• En 2016 las autoridades de turno confirman el proceso de nulidad del contrato de TCQ. Una de las sugerencias dadas a conocer en ese entones consistía en hacer una reparación civil a Guatemala y un nuevo contrato de concesión por 21 años.
• El 19 de febrero del 2017 se inician las operaciones en TCQ que luego cambia a APM Terminals.
• El expediente inicia un largo camino legal; en la Sala Quinta de Apelaciones se emite un fallo sobre el contrato, luego pasa a la CC, que emite una sentencia en noviembre del 2019.
• En 2020, las nuevas autoridades de gobierno ofrecen un arreglo para suscribir un contrato temporal y hacer las correcciones necesarias.
• Septiembre del 2022, el presidente Alejandro Giammattei Falla, hizo el anuncio en el Investors Summit en Nueva York sobre la negociación de EPQ para la compra de APM Terminals.

El directivo explicó que aunque el juez levantó la intervención, el proceso de extinción de dominio, la nulidad del contrato y las acciones penales en contra de exdirectivos que suscribieron el contrato se mantienen.

Esas acciones las ejecutaba el ahora exinterventor Alexander Aizenstatd.

El comisionado reiteró que la Fiscalía Especial contra la Impunidad continuará con las investigaciones.

A partir de ayer, la administración queda a cargo de Gabriel Corrales, director general de TCQ.

Camino libre

Javier Reyes Navarrete, secretario del Sindicato de Trabajadores Organizados de EPQ, afirmó que el motivo de la intervención fue haber dejado libre el camino a los inversionistas de la terminal.

“Es un contrato que nació bajo la sombra de la corrupción y lo que debió proceder es declarar nulo”, aseguró.

El sindicalista dijo que, a su criterio, era necesario mantener la intervención o que el juez de Extinción ordenara otro interventor, para mantener el control.

La medida, enfatizó, se debe a que aún no han finalizado los juicios.

TCQ estuvo intervenida durante 12 meses.

El Ministerio Publicó solicitó a la jueza Isabel Guerra retirar la intervención, con el objetivo de evitar la pérdida de la maquinaria y para poner a operar la terminal.

TCQ fue intervenida luego de un proceso judicial originado en la supuesta entrega irregular del terreno donde opera la firma, y que derivó en la entrega de Q30 millones en sobornos a exfuncionarios.

En el 2015, el sistema movilizó 26.1 millones de tm, lo que significó un incremento inusal de 9.2% con respecto al 2014, atribuido a un alza en el movimiento de carga de solidos —minerales—.

Las autoridades son más optimistas para el 2017, y pronostican una recuperación del sector en 2.3%, con el flujo de 25.7 millones de toneladas.

La cifra estaría equiparada con la proyección del crecimiento de la economía que se ubica en los rangos del 3%, según el Banco de Guatemala (Banguat).

• Lea además: ¡Pagaron el aguinaldo! ¿Cómo impacta en la economía?

Causas

Los análisis de la CPN confirman que se prevé una disminución en el manejo de granel sólido en la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Enpornac), en Izabal.

Las autoridades portuarias explicaron que la baja ocurre por una menor producción y transporte de níquel que se extrae de El Estor, Izabal, por una compañía de origen Ruso.

El mineral que se extrae de Guatemala se exporta hacia otros países donde se procesa para la fabricación de acero inoxidable.

• El comportamiento estaría asociado a la caída en la actividad de minas y canteras.

Las autoridades del Banguat prevén que este sector será el único que tendrá un desempeño negativo.

También se explica por la disminución en el desempeño de las exportaciones e importaciones —comercio exterior— como producto de la tendencia a escala mundial que se ha contraido.

Datos al 30 de septiembre señalan que las exportaciones reportan una caída de 4% y las importaciones de 5.2%, según el Banguat.

La CPN informó —que a esa fecha— la carga general reportaba una caída de 4% y los sólidos de 5%, mientras el granel liquido un alza de 4%.

Además el movimiento de TEUs —unidad de medida de capacidad del transporte marítimo en contenedores— registró un incremento de 6% en contenedores.

El total que el sistema portuario transportó para la importación y exportación es de 21.9 millones de toneladas, al 30 de octubre.

Eso significa que en promedio los puertos del país han movilizado 2.2 millones de tm cada mes.

Por puertos

Al 31 de octubre, la Empresa Portuaria Quetzal, transportó mercancías por 10.1 millones de toneladas; la Empornac, 6.5 millones; Puerto Barrios, 2.8 millones y las Boyas de San José —terminal especializada en liquidos— 2.3 millones.

Las estadísticas refieren que por desembarque se han movilizado 12.8 millones de toneladas, mientras que por embarque 9.1 millones.

Pomposa boda

Marroquín Castillo, apareció en el año 2015, en su boda que llevó a cabo en Playa del Carmen, Quintana Roo, México, la unión con fue Andrea por la religión judía.
 
El video deja al decubierto que Allan Marroquín en México llevó a cabo la boda de sus sueños, alejado de las miradas de sus detractores en Guatemala, el audiovisual muetra que el exinterventor de la EPQ no dejó escapar ningún detalle para esa actividad.

La ampliación se hace a la denuncia presentada por los diputados de Encuentro por Guatemala, quienes señalan a Aguilar de incumplimiento de deberes, por no haber actuado en favor de los intereses del Estado e informado que el proceso se había llevado conforme lo establecieron los dictámenes de sus antecesores.

La consultora legal de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Vilma Martínez, relató a los fiscales que ella elaboró un dictamen en el que señaló las inconsistencias del contrato y cómo quedó al final el dictamen en el que Aguilar afirmó que la postura institucional era la que se ha plasmado en dictámenes anteriores y que no estaba dentro de su competencia declarar lesivo ningún contrato.

La abogada, aparte de su declaración testimonial, entregó al MP el dictamen de cinco páginas que redactó, en el que se describen 13 inconsistencias en el contrato.

La ampliación ya fue elevada a la CSJ, luego de que Silvia Morales, jueza novena de Instancia Penal, se inhibió de conocer el caso porque no tiene competencia para hacerlo.

El Congreso deberá conocer el expediente y determinar si es pertinente retirarle el antejuicio a Aguilar. Una pesquisidora de ese organismo conoce el antejuicio contra Douglas Charchal, magistrado de la CSJ, por tráfico de influencias en el caso.

Prensa Libre intentó localizar a Aguilar, pero este cambió de número telefónico y fue imposible localizarlo.

(1/2) para su información está es la ampliación de la denuncia contra Vladimir Aguilar pic.twitter.com/RU202q2fSi

— Nineth Montenegro (@NineMontenegro) May 6, 2016

Sin elegir bufete

La procuradora general de la Nación, María Eugenia Villagrán, manifestó que a pesar de que se ha conversado con dos bufetes de abogados, que darían acompañamiento para presentar la demanda de nulidad del contrato entre Puerto Quetzal y Terminal de Contenedores Quetzal, aún no han recibido propuestas de los profesionales.

Omar Barrios, consultor externo de la Procuraduría General de la Nación, manifestó que este proceso podría costar unos Q80 millones o más, ya que se necesita un grupo fuerte de abogados con experiencia.

Este viernes se pudo constatar que operarios de las grúas realizaban maniobras de pruebas en el movimiento de contenedores vacíos, lo cual sirve para comprobar el funcionamiento de los equipos y el adiestramiento de los operadores.

Un trabajador de dicha empresa señaló que les indicaron que la terminal tiene previsto el ingreso del primer barco a finales del mes en curso.

El empleado mencionó que un buque que contiene contenedores atracará y allí se pondrán a prueba las grúas, así como el personal encargado de movilizar la carga.

“Con lo sucedido este día –viernes- no sabemos qué va a pasar. Sin embargo, seguimos trabajando pues no han dicho nada al respecto. Aquí todo transcurre con normalidad”, indicó.

La fiscal general del MP, Thelma Aldana, explicó que a las personas se les señala de cometer los delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho activo.

La fiscal reveló que por este mismo caso se pidió que se le retire el antejuicio al magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Douglas René Charchal Ramos, debido a que podría estar involucrado por supuestos favores judiciales.

Charchal Ramos, indicó a periodistas en el edificio de la CSJ que no era inocente y que en Guatemala existe el debido proceso el cual se tiene que respetar. Los capturados son:

• Gustavo Martínez
• Julio Rolando Sandoval Cano
• Lázaro Noé Reyes Mata
• Julio Cesar Zamora Álvarez
• Julio Roberto Escobar Orellana
• Juan José Juárez
• Jonathan Chevez
• Mario Ruano José
• José Daniel Luna Argueta

Además se giró una orden de captura internacional en contra de:

• Allan Marroquín
• William Schwank
• Ángel Pérez Maura
• Mauricio Galin
• Guillermo Lozano

Exmandatarios

La fiscal junto al jefe de la Cicig, Iván Velásquez, revelaron que en este caso también estarían implicados el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidente, Roxana Baldetti, quienes habrían recibido sobornos por el contrato de usufructo de TCQ.

Contexto

El español Juan José Suárez es director general de TCQ, Gustavo Martínez, exsecretario general de la Presidencia y han sido capturados por la suscripción de un usufructo en la Empresa Portuaria Quetzal.

La Terminal de Contenedores Quetzal, empresa a la que se adjudicó en usufructo parte de la administración del Puerto Quetzal, en medio de señalamientos por irregularidades en el proceso que se firmó el 11 de julio de 2012, cediendo 384 mil 171 metros cuadrados en la Portuaria Quetzal.

Las capturas fueron autorizadas por el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez, que fijó la audiencia de primera declaración para el 19 de abril, diligencia a la que fueron citados Pérez y Baldetti.

El exinterventor de la Portuaria Allan Marroquín también tiene orden de captura pero no se concretó este viernes porque esta fuera del país, pero mediante redes sociales afirmó que vendrá al país “a dar la cara”.

Las diligencias también permitieron la captura de otras personas, entre ellas sindicalistas de la Portuaria Quetzal y el exsecretario general de la Presidencia Gustavo Martínez, que gozaba de arresto domiciliario, concedido por el Juzgado Quinto Penal, que lo ligó a proceso por el caso Redes, donde supuestamente facilitó gestiones a representantes de la hidroeléctrica Jaguar Energy.

“Venía de mi casa a visitar a una persona en la zona 15. Creo que es la situación política que está viviendo el país, hay que efrentarla y dar la cara de nuevo”, dijo Martínez, al llegar a la Torre de Tribunales.

La fiscalía informó esta mañana que la investigación se desprende de indicios que fueron encontrados durante las diligencias y pesquisas del caso La Línea.

El Juzgado de Mayor Riesgo B fijó el 19 de abril la audiencia de primera declaración y envió a los capturados a prisión provisional a la cárcel Mariscal Zavala.

Usufructo a TCQ

La Terminal de Contenedores Quetzal es una subsidiaria de Terminal de Contenedores Barcelona, que opera en España, México y Colombia, y fue beneficiada con la administración del Puerto, durante la gestión de Allan Marroquín, a cambio de un pago de unos Q6.5 millones por 25 años por el usufructo.

La adjudicación desde 2012 fue cuestionada por la opacidad en el proceso, incluso la misma Procuraduría General de la Nación (PGN) recomendó la nulidad del contrato al detectar varias anomalías, sin embargo hasta febrero de este año el expediente se encuentra en la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia.

La Contraloría General de Cuentas (CGC) y el diputado Amilcar Pop, de Winaq, también intentaron frenar el proyecto en Puerto Quetzal, con el argumento que la empresa española se benefició con un contrato lesivo para el Estado y establecería una competencia desleal con las operaciones del Puerto Quetzal.

Contrato

El contrato fue negociado en 2012 por el interventor de la Portuaria Quetzal Allan Marroquín y el entonces presidente Otto Pérez Molina.

La TCQ contemplaba la construcción de una terminal marítima de más 348 mil metros cuadrados en un usufructo prorrogable por 25 años, pagando a la Portuaria Quetzal 0.20 centavos de dólar por cada metro cuadrado.

Pérez Molina defendió el proyecto en su momento, resaltando que se iba a obtener hasta Q200 millones en beneficios a la EPQ sin que el Estado invirtiera nada. El usufructo se regía por el artículo 705 al 744 del Código Mercantil.

*Con información de Carlos Álvarez, Claudia Palma y Jerson Ramos.

Añadieron que actualmente el movimiento de  carga es lento, y que esto podría ser una estrategia para habilitar la nueva área de carga y  descarga de mercadería.

Resaltaron que esperan que su demanda sea escuchada de parte de las autoridades correspondientes, de lo contrario no levantarán la protesta.

Afirman que en el contrato de la construcción de la TCQ habría anomalías, por lo que piden que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala investigue la situación.