Un grupo de exfiscales del Ministerio Público, incluida la exjefa Thelma Aldana, negaron y rechazaron este miércoles las acusaciones en su contra hechas por la fiscalía dentro del caso Odebrecht.

Mediante un comunicado, Aldana calificó las acusaciones como “estrategias de criminalización” por parte de la Fiscalía de Consuelo Porras.

Dicho comunicado fue firmado de igual manera, además de Aldana, por los exfiscales Siomara Sosa y Juan Francisco Sandoval.

La acusación sobre los exfiscales, donde son señalados de abuso de autoridad y otros delitos es la misma que también hay sobre los Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, ex comisionado y exfuncionaria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

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Los exfiscales dijeron en la nota de prensa este miércoles que las “maniobras ilegítimas” que lleva a cabo la Fiscalía pretenden “perpetuar la impunidad de individuos como Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón y Arturo Batres, quienes, como ha sido demostrado, recibieron más de US$20 millones en sobornos por parte de Odebrecht“.

Sinibaldi fue ministro de Comunicaciones durante el Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015) y Baldizón fue candidato presidencial antes de ser detenido en Estados Unidos por lavado de dinero.

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Iván Velásquez y Luz Camargo, de defensores de la justicia a señalados: El giro que el MP da al caso Odebrecht

Iván Velásquez Gómez y Luz Adriana Camargo Garzón enfrentan órdenes de arresto en Guatemala por el caso Odebrecht, debido a presuntos delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión.

Glenda Burrión

3 de junio de 2025 | 20:12h

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Iván Velásquez y Luz Camargo, exintegrantes de la CICIG, fueron señalados por Rafael Curruchice, jefe de la Feci, de liderar una presunta red criminal en el caso Odebrecht, marcando un giro inesperado en uno de los mayores escándalos de corrupción en la región. (Foto Prensa Libre: AFP)

El escándalo de la constructora brasileña Odebrecht marcó un antes y un después en la lucha contra la corrupción en Guatemala, al revelarse en diciembre del 2016 el supuesto pago de sobornos millonarios a funcionarios para asegurar contratos de infraestructura.  

En ese entonces, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) implicó a altos exfuncionarios del gobierno en funciones entre el 2012 y 2015. 

A continuación, se describe el origen del caso, cómo se desarrolló la investigación y por qué el Ministerio Público (MP) solicitó estas órdenes de captura.

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Origen del caso Odebrecht 

El 21 de diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público que la constructora brasileña Odebrecht había pagado un total de US$788 millones en sobornos a funcionarios de 12 países de Latinoamérica para asegurar contratos de obras públicas. 

En Guatemala, la investigación estableció que entre el 2013 y 2015 la empresa presuntamente entregó alrededor de US$18 millones en sobornos a altos funcionarios, a cambio de la adjudicación y ejecución de proyectos viales. 

Según la Contraloría General de Cuentas, un examen especial de auditoría detectó indicios de posibles ilícitos en el contrato otorgado a Constructora Norberto Odebrecht, S. A. para la ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-2 Occidente (tramo Cocales–Coatepeque). Dicha auditoría derivó en una denuncia formalizada ante la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), inscrita bajo el expediente No. M001/2016/64326. 

Desarrollo de la investigación en Guatemala 

En el 2012, Alejandro Sinibaldi asumió como ministro de Comunicaciones. A finales de ese año, adjudicó y firmó el contrato con Odebrecht para la ampliación de la CA-2 Occidente (tramo Cocales–Coatepeque). De acuerdo con la Cicig, en diciembre de 2013 Sinibaldi sostuvo la primera reunión con representantes de Odebrecht en Guatemala para acordar los términos de los sobornos. 

Desembolsos ilícitos (2013–2015) 
Durante el 2013 y 2015, la investigación reveló que Odebrecht habría hecho los pagos ilícitos a través de cuentas bancarias, beneficiando a Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón y Carlos Arturo Batres Gil. 

• Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, habría recibido alrededor de US$19.7 millones en sobornos. 
• Manuel Baldizón, expresidenciable, habría recibido cerca de US$3 millones, aunque la CICIG señala que solo obtuvo el 50% de esa cifra. 
• Carlos Arturo Batres Gil, empresario e intermediario, recibió aproximadamente Q4.9 millones. 

Acuerdo de colaboración eficaz 
En el 2017, Odebrecht acordó con el MP y la Cicig el pago de US$17.9 millones como reparación a favor del Estado guatemalteco, el mismo monto utilizado en sobornos. 

Además, la empresa se comprometió a devolver los materiales adquiridos para la obra y a ofrecer una disculpa pública. 

Este acuerdo fue firmado en Brasil por Juan Francisco Sandoval sin contar con la intervención de la Procuraduría General de la Nación. 

Primeros acusados y órdenes de captura (2018–2022) 

Desde el 2018, bajo la dirección de la exfiscal general Telma Aldana y el exjefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, el Ministerio Público emitió varias órdenes de aprehensión contra los principales implicados en la red de sobornos: 

• Alejandro Sinibaldi 
  Exministro de Comunicaciones, acusado de recibir más de US$19.7 millones en sobornos.  Permaneció prófugo entre 2016 y 2020, año en que se entregó voluntariamente. En el 2023, la investigación en su contra fue cerrada sin llegar a juicio, y en el 2024 la jueza Abelina Cruz lo aceptó como querellante contra el exfiscal Juan Francisco Sandoval. 
• Manuel Baldizón 
  Expresidenciable acusado de recibir US$3 millones en sobornos. Fue capturado y deportado a Guatemala en el 2022. En el 2024, la jueza Abelina Cruz lo eximió de responsabilidad y lo aceptó como querellante contra Sandoval. 
• Carlos Arturo Batres Gil. Empresario presunto intermediario en la red de sobornos. La Feci determinó que Batres Gil recibió Q 4.9 millones.  En el 2022, la exjueza Erika Aifán lo envió a juicio; sin embargo, en el 2024 la jueza Abelina Cruz anuló el proceso, devolviendo el caso a etapa intermedia y reduciendo la fianza de Q 5 millones a Q 1 millón, lo que permitió su liberación. 

Órdenes de captura emitidas en el 2023 

Con la administración del MP a cargo de Consuelo Porras y el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, se giraron nuevas órdenes en el 2023 contra exfuncionarios que autorizaron acuerdos de colaboración para que exdirectivos de Odebrecht dieran declaraciones desde Brasil en septiembre del 2017. 

Los delitos imputados fueron obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad. Entre los señalados destacan: 

• Juan Pablo Carrasco de Groote 
  Abogado, expresidente de AmCham, exasesor legal de Odebrecht y cónsul honorario de un país de la Unión Europea. 

• Thelma Esperanza Aldana Hernández 
  Exfiscal general del Ministerio Público. 

• Mayra Johana Véliz López 
  Exsecretaria general del MP. 

• Luis David Gaitán Arana 
  Exmandatario de la Cicig. 

Órdenes de captura y citaciones de mayo del 2025 

El 2 de junio del 2025, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones hizo efectiva la orden de captura para: 

• Iván Velásquez Gómez 
  Excomisionado de la CICIG y actualmente embajador de Colombia ante el Vaticano, señalado como presunto líder de la estructura criminal que autorizó acuerdos ilegales. 

• Luz Adriana Camargo Garzón 
  Fiscal general de Colombia, acusada de participar en la misma estructura criminal. 

El jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, informó que la Corte también decretó la rebeldía judicial y ordenó la captura contra: 

• Telma Esperanza Aldana Hernández, exfiscal general del MP. 

• Mayra Johana Véliz López, exsecretaria general del MP. 

• Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Feci, acusado de abuso de autoridad, usurpación de funciones y encubrimiento. 

Adicionalmente, se giraron citaciones para un grupo de exfuncionarios, implicados por asociación ilícita y conspiración para el lavado de dinero, entre ellos: 

• Eva Xiomara Sosa Pérez, citada por los mismos delitos relacionados con la red de la Cicig. 

• Florencio Damacio Reyes 

• Enrique Cuc 

• Arturo Abimael Herrera 

• Antonio Caal 

• Haroldo Uriel Martínez y  

• Gustavo Enrique Hernández Gil. 

El MP también comunicó la captura de Roberto “N”, procesado por asociación ilícita y falsedad ideológica. 

Su audiencia de control de detención se llevó a cabo en el Juzgado correspondiente, donde la jueza determinó enviarlo a prisión provisional en la cárcel de Mariscal Zavala, a la espera de su audiencia de primera declaración programada para el 16 de mayo del 2025. 

Razones para las órdenes de arresto contra Ivan Velázques y Luz Camargo 

En un video publicado, el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, explicó que tanto Iván Velásquez Gómez como Luz Adriana Camargo Garzón habrían participado en una estructura criminal dentro del Ministerio Público. 

Según Curruchiche, ambos funcionarios conocían y permitieron la firma de acuerdos ilegales con ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht, lo cual motivó la solicitud de las órdenes de arresto. 

“El señor Iván Velásquez Gómez interviene de forma directa”, aseguró Curruchiche durante una entrevista con BluRadio Colombia, señalando que Velásquez podría haber incurrido en los delitos de asociación ilícita, obstrucción de la justicia y conspiración. 

El fiscal guatemalteco agregó que, a partir de correos electrónicos y declaraciones de testigos colaboradores, se comprobó la existencia de una estructura criminal en la Feci. De acuerdo con la investigación, Velásquez y Camargo estaban al tanto de los pactos con Odebrecht y facilitaron su ejecución sin apego a la normativa nacional. 

“Tenemos indicios sólidos y contundentes que nos permiten establecer la responsabilidad de Iván Velásquez Gómez en los hechos penales que estamos investigando en Guatemala”, concluyó Curruchiche. 

Implicaciones y reacción institucional 

Frente a las recientes órdenes de captura, las reacciones institucionales fueron inmediatas y variadas, destacándose entre ellas: 

Sobre la Sala Tercera de Apelaciones 
La sala que autorizó las órdenes de captura está conformada por los magistrados Alejandro Prado Estrada (presidente), Ingrid Vanessa García Vásquez (Vocal I) y Mario Federico Hernández (Vocal II).  

Esta misma instancia ha cuestionado decisiones previas, como la anulación del arresto domiciliario del periodista José Rubén Zamora en marzo del 2025. 

Y la que revocó una resolución que permitía a magistrados del Tribunal Supremo Electoral ejercer funciones pese a estar inhabilitados por investigaciones (enero del 2025). 

Repercusiones políticas y diplomáticas 

El Gobierno de Guatemala rechazó, mediante un comunicado, las capturas giradas en contra de Iván Velásquez y Luz Camargo, indica que estas medidas carecen de sustento legal.   

El presidente colombiano, Gustavo Petro, consideró la medida como una persecución política contra funcionarios que, en su opinión, cumplían funciones de combate a la corrupción. 

Posición de la Cicig y organismos internacionales 
Diversos organismos de derechos humanos han expresado preocupación, señalando que estas acciones podrían representar una retaliación contra quienes participaron en la lucha anticorrupción en Guatemala.

Se estima que la credibilidad de la cooperación internacional en materia de investigación de corrupción se verá afectada si no se garantiza el debido proceso. 

Ordenan la captura del exjefe de la Cicig, Iván Velásquez, y de la fiscal general de Colombia por el caso Odebrecht

La Sala Tercera de Apelaciones ordenó la captura del exjefe de la Cicig, Iván Velásquez Gómez, y de la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, por supuestos delitos en el caso Odebrecht.

César Pérez Marroquín y Elmer Vargas

2 de junio de 2025 | 15:55h

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 El exministro de Defensa de Colombia y exjefe de la Cicig, Iván Velásquez, es señalado por la Feci en el caso Odebrecht. (Foto Prensa Libre: EFE)

La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), ordenó la captura del exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y actual embajador de Colombia en el Vaticano, Iván Velásquez Gómez, y de Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de Colombia, a quienes se les señala de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión en el caso Odebrecht, informó este lunes 2 de junio la Fiscalía.

El jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, informó que la Corte decretó la rebeldía y orden de captura contra Telma Esperanza Aldana Hernández, exfiscal general de Guatemala, y Mayra Johana Véliz López, exsecretaria general del MP.

Además, detalló que la orden también incluye a Juan Francisco Sandoval Alfaro, exjefe de la Feci, y a Eva Xiomara Sosa Pérez, exfiscal de sección adjunta de la misma fiscalía.

La lista de personas buscadas se extiende a Juan Pablo Carrasco de Groot, expresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Estadounidense (AmCham); Luis David Gaitán Arana, exmandatario de la Cicig; y a los exfiscales de la Feci, Rudy Manolo Herrera Lemus y Ami Mayra Lissed Girón Rodas.

Curruchiche informó en un video difundido en las redes sociales del MP que se ha solicitado judicialmente la emisión de una alerta a Interpol para que estas personas puedan ser detenidas en cualquier país donde se encuentren.

En el video, Curruchiche que Iván Velásquez Gómez dirigía una “estructura criminal” que habría favorecido a empresarios de la constructora Odebrecht, causando pérdidas al Estado de Guatemala por más de Q3 mil millones.

“La estructura criminal encabezada por el excomisionado de la Cicig, Iván Velásquez Gómez, favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de Q3 mil millones”, dice Curruchiche en el video publicado en la cuenta de X del MP.

Según el MP: “Dentro del presente proceso se encuentra pendiente de resolver una recusación planteada por una de las partes procesales en contra de la Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, es por ello que es la Sala Tercera de Apelaciones quien gira las órdenes de aprehensión referidas”.

Respecto a las investigaciones, Curruchiche dijo que analizaron las convenciones sobre relaciones diplomáticas, debido a que Velásquez tenía categoría de diplomático cuando dirigió la Cicig; además,  añadió que a los trabajadores de ese organismo los protegía una misión de la ONU, pero determinaron que al concluir su mandato podían ser investigados.

Detalló que determinaron, por medio de correos electrónicos, que tanto Velásquez como la fiscal colombiana actuaron de manera irregular en Brasil en el caso Odebrecht.

2025: 153 días de trabajo fuerte y firme

El licenciado Rafael Curruchiche, Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, se refiere a nuevas acciones judiciales solicitadas por la fiscalía, en el #CasoOdebrecht.#MPfuerteYfirme #FECI pic.twitter.com/vk4ikOTj6Q

— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 2, 2025

Sala bajo la lupa

La Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal que autorizó la orden de captura en contra de los exfuncionarios de Cicig está integrada por Alejandro Prado Estrada, magistrado presidente de la judicatura; así como los Vocales I y II, Ingrid Vanessa García Vásquez y Mario Federico Hernández, respectivamente.

Esta misma sala de apelaciones fue la el 4 de marzo de 2025 anuló la resolución del juez Érick García, quien en octubre de 2024 había otorgado el arresto domiciliario a favor del periodista Jose Rubén Zamora, luego de que el comunicador estuviera preso más de 800 días bajo la figura de prisión preventiva.

En enero de 2025, la misma sala fue la que anuló una resolución emitida también por el juez García, la cual permitía que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) pudiera ejercer funciones, luego de que fueran inhabilitados por ser investigados por el caso TREP, con el cual la fiscalía busca probar que habrían ocurrido anomalías en las elecciones generales de 2023, ganadas por Bernardo Arévalo.

Posturas

Según el diario El Tiempo, de Colombia, frente a los señalamientos, el ahora embajador de ese país en el Vaticano dijo lo siguiente: “Tengo la tranquilidad de que el trabajo adelantado en el país centroamericano se realizó con total transparencia y dentro del marco legal que amparaba el funcionamiento de la Cicig”.

Y añadió: “Mi compromiso con la transparencia, la justicia y la lucha contra la impunidad ha sido y seguirá siendo la impronta de mis labores como servidor público y ahora como ministro de Defensa Nacional (cargo que ocupaba en ese momento)”.

Y ahora, la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche -designados como corruptos y sancionados por EEUU y la UniónEuropea- extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a… https://t.co/dTJm0ZKnPD

— Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) June 2, 2025

Por aparte, la fiscal general María Consuelo Porras se pronunció en sus redes sociales respecto a las órdenes de captura contra exintegrantes de la Cicig.

“Señor prófugo Velásquez: La investigación del caso Odebrecht demuestra que usted traicionó la confianza del @StateDept, de la @ONU_es y del pueblo de Guatemala. Resultó ser más corrupto que aquellos a quienes supuestamente vino a investigar. Ahora, responda por sus delitos ante la justicia”, dice un mensaje de Porras publicado en la red social X.

Señor prófugo Velásquez: La investigación del caso Odebrecht demuestra que usted traicionó la confianza del @StateDept
, de la @ONU_es
y del pueblo de Guatemala. Resultó ser más corrupto que aquellos a quienes supuestamente vino a investigar. Ahora, responda por sus delitos ante… https://t.co/KojVo6pLxs

— María Consuelo Porras (@Mconsueloporras) June 3, 2025

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se pronunció al respecto y en un comunicado rechazó las acciones de la Fiscalía de Guatemala.

“Esta acción, que carece de sustento jurídico, constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional”, dice el documento.

Agrega: “Esta medida no solo representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional, sino que también vulnera derechos humanos fundamentales. La utilización de mecanismos de cooperación judicial internacional exige una base probatoria sólida y procedimientos transparentes, condiciones que claramente no se cumplen en este caso”.

“El Gobierno de Colombia reafirma su compromiso con el respeto al derecho internacional, la independencia judicial y la cooperación entre Estados. Sin embargo, advierte que dichos principios no pueden ser tergiversados ni utilizados como instrumentos de persecución política o personal, ni para justificar decisiones carentes de legitimidad. Ante esta situación, hemos activado los canales diplomáticos correspondientes para manifestar formalmente nuestro rechazo ante las autoridades guatemaltecas”, dice la nota de la Cancillería colombiana.

Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazamos enérgicamente la orden de captura emitida por la Fiscalía de Guatemala contra el embajador designado Iván Velásquez y la fiscal general Luz Adriana Camargo.

Esta acción, sin sustento jurídico, vulnera los principios… pic.twitter.com/E115EuENGZ

— Laura Sarabia (@laurisarabia) June 3, 2025

Por su parte el Gobierno de Guatemala fijó su postura ante las acciones de la Feci, y asegura que se mantiene en comunicación diplomática con las autoridades de Colombia.

El comunicado del Ejecutivo dice: “Que rechaza enfáticamente las órdenes de captura giradas contra el embajador colombiano Iván Velásquez Gómez, ex Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la fiscal general de la República de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón”.

Añade: “Estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como los propósitos y principios de la justicia y Derecho Internacional, contenidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos”.

Además, el comunicado indica: “Estas acciones se realizan con un evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional y se suman a la seguidilla de actuaciones por parte del Ministerio Público, la Fiscal General de la República y jueces asociados a la corrupción que han tergiversado el sentido de la justicia en Guatemala, poniendo de manifiesto la criminalización y abuso del derecho penal, tantas veces señalado y sancionado en el ámbito nacional e internacional”.

“El Gobierno de Guatemala ya está en contacto con las autoridades del país hermano de Colombia para hacer ver las objeciones y aclaraciones diplomáticas que correspondan, en el ánimo de no afectar la honra de la nación como producto de este irresponsable y espurio acto del Ministerio Público”, concluye la misiva.

#Comunicado | El Gobierno de Guatemala informa: pic.twitter.com/AtearNqEZw

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) June 3, 2025

Detalles

Entre 2014 y 2017, Luz Adriana Camargo Garzón, ahora fiscal general de Colombia, fue jefa del Departamento de Investigación y Litigio de la Cicig, donde presentó ante jueces casos que involucran a más de un centenar de funcionarios y particulares, supuestos integrantes de redes criminales político-económicas, así como a los integrantes de estructuras paralelas de lavado de activos.

Caso Transurbano: Rafael Curruchiche dice que investigación podría alcanzar al exjefe de la Cicig

El fiscal Rafael Curruchiche advierte con abrir causa contra exjefe de la Cicig , Iván Velásquez, ahora ministro de Defensa de Colombia.

AGENCIA AFP

27 de diciembre de 2024 | 17:20h

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Rafael Curruchiche, jefe de la FECI. (Foto Prensa Libre: AFP)

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, amenazó este viernes con abrir una causa contra el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por supuesta manipulación de la justicia mientras dirigía la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) entre 2013 y 2019.

Curruchiche indicó que una causa abierta en el caso Transurbano contra un fiscal guatemalteco por supuestas deficiencias en una investigación podría ampliarse a Velásquez, a pesar de que éste gozaba de inmunidad como jefe de la Cicig, un ente creado por la ONU en 2007 para combatir la corrupción en Guatemala.

“En virtud de las ilegalidades advertidas, la investigación también podría extenderse al excomisionado de la Cicig, Iván Velásquez Gómez, quien evidentemente manipuló la justicia”, afirmó el fiscal en un video publicado en las redes sociales.

Esta es la segunda vez que la Fiscalía guatemalteca amenaza con un proceso a Velásquez. La vez anterior, a inicios de 2023, generó roces con Bogotá, pues el presidente colombiano, Gustavo Petro, salió en defensa de su ministro.

Agregó que las pesquisan también alcanzarían a “la exfiscal general, Thelma, quien aprovechándose de su puesto se postuló a candidata a presidente, y al exfiscal de la FECI, Juan Francisco Sandoval Alfaro, quien según archivos, fue el fiscal que imputó los hechos y dirigió la investigación”.

Curruchiche y la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, han sido sancionados Estados Unidos y la Unión Europea, que los consideran “corruptos” y “antidemocráticos”.

En 2023, ambos fiscales abrieron causas en un aparente intento de impedir la llegada al poder de Bernardo Arévalo.

Además, Porras y Curruchiche emprendieron en 2021 una cruzada contra exfiscales y exfuncionarios de la Cicig, lo que indujo a muchos a exiliarse. También abrieron causas contra periodistas.

Curruchiche hizo el anuncio sobre Velásquez luego de que un juez cerrara hace unos días un proceso por supuesto fraude contra el fallecido expresidente Álvaro Colom (2008-2012) y algunos de sus exministros.

El juez Mario Hichos afirmó en su resolución que la investigación abierta en 2018 del presunto fraude en el servicio de transporte público, llevada adelante por algunos exfiscales y la Cicig, tenía “errores garrafales”.

La Cicig ayudó a develar sonados escándalos de corrupción en Guatemala, pero fue cerrada en 2019 por el entonces presidente Jimmy Morales, quien la acusó de injerencia.

MP investiga a decanos de Derecho en el marco de las nuevas comisiones de postulación

Fiscalía hace investigación luego de denuncia anónima del 10 de julio que afirma que algunos profesionales que integran las postuladoras se habrían reunido con Thelma Aldana, exfiscal general.

Douglas Cuevas

23 de julio de 2024 | 09:52h

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El MP recibió la denuncia contra un grupo de decanos de facultades de Derecho el pasado 10 de julio. Fotografía: Prensa Libre.

Las comisiones de postulación para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones ya están en la mira del Ministerio Público (MP). Una fiscalía indaga en un nuevo caso por aparente tráfico de influencias para la nueva renovación del poder judicial.

Así lo confirmó el MP a Prensa Libre, quien indicó que recibió una denuncia el pasado 10 de julio contra algunos integrantes de las nuevas comisiones de postulación, mesas de trabajo que tendrán que proponer a los candidatos para ocupar las magistraturas del Organismo Judicial (OJ).

Las postuladoras todavía no están integradas, todavía resta que el Congreso juramente a dos decanos que estaban pendientes.

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Según confirmó una fuente del MP, un ciudadano del que no quisieron revelar su identidad, presentó la denuncia contra “algunos” decanos de las facultades de Derecho. La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía Contra la Corrupción.

En el proceso de renovación de Cortes del año 2019 también se abrió una investigación que fue conocida como el Caso Comisiones Paralelas 2020, en donde aparentemente operadores políticos, que vuelven a sonar en el 2024, habrían estado detrás del trabajo de algunos comisionados y de la nómina final que llegó al Congreso.

Este año el Organismo Legislativo convocó a las comisiones de postulación en abril, proceso que fue objetado mediante una serie de amparos que la mayoría han sido suspendidos por la Corte de Constitucionalidad (CC), quien ha reafirmado que el periodo constitucional de la actual magistratura, tanto de CSJ como de Apelaciones, concluye el próximo 12 de octubre.

Los supuestos hechos

La denuncia anónima que ingresó al MP el pasado 10 de julio asegura que un grupo de decanos de las facultades de Derecho que integrarán las dos comisiones de postulación, tuvieron una reunión en El Salvador.

Según el denunciante, el objeto de la reunión era negociar el apoyo para determinados aspirantes que buscan llegar a las Cortes del Organismo Judicial.

Según el MP la denuncia afirma que la reunión habría sido disfrazada como un taller, supuestamente celebrado en aquel país del 5 al 7 de julio, un día después de la juramentación de los comisionados ante el Congreso.

En ese encuentro, según la denuncia que tiene el MP, habría estado presente la exfiscal Thelma Aldana, junto a personas de nacionalidades colombianas y estadounidenses.

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El MP asegura que la denuncia indica que los decanos que habrían participado en la reunión son los representantes de cuatro universidades: Universidad Rafael Landívar (URL), Universidad Mesoamericana, UMG y UFM.

Los últimos dos pendientes de ser juramentados, ya que el primero (UMG) dijo que estaba fuera del país cuando el pleno del Congreso convocó a la sesión, mientras que el segundo decano recién fue nombrado por la UFM, luego de la renuncia de su antecesor, quien sería uno de los denunciados.

Denuncia “espuria”

Se ha intentado obtener una opinión al respecto de la exfiscal Thelma Aldana, quien se encuentra en el exilio, pero hasta ahora no se conseguido establecer comunicación con ella.

Thelma Aldana, exfiscal general, lideró el MP cuando la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), encabezada por el colombiano Iván Velásquez, presentaban casos por aparente corrupción contra políticos y empresarios.

Aldana fue reemplazada por la actual jefa del MP, María Consuelo Porras, quien durante su mandato ha recibido denuncias contra Aldana. Lo anterior ha ocasionado que la extitular del ente investigador figure en cuatro causas penales donde tiene vigentes órdenes de aprehensión.

Los casos donde figura Aldana son por la aparente sobrevaloración en la compra de un edificio del MP en zona 5; Caso Odebrecht, por aparentes acuerdos fraudulentos; un caso más, por aparente lavado de dinero; y el último, por supuestas plazas fantasmas, según los datos proporcionados por el MP.

La comisión de postulación para CSJ es presidida por Miquel Cortés, rector de la URL. El profesional dijo desconocer detalles de la denuncia, pero respalda a los académicos, al dudar que puedan estar implicados en un caso por tráfico de influencias.

La postuladora para Corte de Apelaciones es liderada por Raúl Horacio Arévalo, rector de Universidad Internaciones, quien dijo “es fundamental conocerla” – la denuncia- antes de emitir una opinión. Reitero la importancia de hacer todo lo que esté en nuestras manos para que podamos llevar adelante la responsabilidad que tenemos”.

Los ataques contra las comisiones de postulación, en particular contra los comisionados, serán mediante acciones legales, pero los grupos de observación tampoco descartan otro tipo de intimidación.

Mediante dos comunicados, uno encabezado por Alianza por las Reformas y Movimiento Pro Justicia y el segundo por el panel de Personas Expertas Independientes para observar la elección de altas Cortes en Guatemala (PEI – GT), pidieron a las instancias de gobierno, seguridad.

Destacan que además de resguardar la integridad de los actores clave para el proceso de renovación de Cortes, es vital que se protejan las sedes de las postuladoras. Para evitar cualquier incidente que pudiera afectar las expedientes que conocerán las comisiones.

En un sentido similar las organizaciones que integran Foro Guatemala pidieron respetar los plazos constitucionales para la renovación de las Cortes. Debido a que el plazo constitucional de la actual magistratura vence el 12 de octubre y a la fecha ninguna de las postuladoras ha comenzado con sus sesiones de trabajo.

La denuncia contra los decanos fue calificada como “espuria” por Carmen Aida Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, quien considera que tan solo se busca intimidar a los comisionados de cara al proceso de renovación de magistrados del OJ.

“Nosotros estamos sorprendidos por esa denuncia espuria que ahora está afectando a los decanos. Ya hemos visto denuncias antes, en el 2022, cuando se opusieron a la reelección de María Consuelo Porras al frente del MP”.

Los comisionados señalados ante el MP, a consideración de Ibarra, son aquellos comisionados que han demostrado independencia en otros procesos de elección.

Para Marielos Fuentes, directora ejecutiva de Guatemala Visible, es necesario que los comisionados tengan libertad para trabajar y que se rechace cualquier tipo de presión e injerencia sobre los profesionales.

“Consideramos que los miembros de las comisiones de postulación deberían estar libres de cualquier injerencia, presión, manipulación, amenaza o cualquier otra situación que los lleve a sentirse inclinados, de una forma o de otra”.

Quiénes son los 11 jefes del MP desde 1993 y cuál ha sido la relación con los presidentes

De 1993 a 2024, 11 personas han estado al frente del Ministerio Público como jefe y fiscal general de la República. Consuelo Porras es una de las cuatro mujeres que han ocupado el puesto.

Raúl Barreno Castillo

8 de mayo de 2024 | 11:48h

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Sede del Ministerio Público en el Barrio Gerona de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. (Foto: Hemeroteca PL)

El 2016 es un parteaguas para el Ministerio Público (MP). Ese año el Congreso reformó su Ley Orgánica, cuyo cambio más discutido fue el artículo 14, que habla sobre la remoción del fiscal general y jefe del ente investigador.

La reforma que hicieron 140 legisladores fue esta: “El presidente de la República podrá remover al fiscal general por causa justa debidamente establecida”.

“Se entenderá por causa justa la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, por el cual se le haya condenado en juicio y el mal desempeño de las obligaciones del cargo que esta ley establece”, le agregaron.

“Siempre se garantizará el derecho de defensa. En el caso de la comisión de un delito el fiscal general será suspendido, previa declaratoria que ha lugar el antejuicio en su contra, para que se proceda conforme la ley”, reza la modificación.

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Concluye con esto: “Si la sentencia fuere absolutoria, el fiscal general será reinstalado en su cargo; si fuere condenatoria, será destituido del mismo, sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes”.

La iniciativa

La reforma nació el 12 de agosto de 2015 por medio de la iniciativa 4982 que disponía aprobar las reformas al Decreto 40-94 del Congreso de la República, “Ley Orgánica del Ministerio Público. Reforma art. 9 integración del Ministerio Público, art. 10 fiscal general, art. 11 funciones”.

Fueron ponentes los diputados Álvaro González Ricci, Amílcar De Jesús Pop Ac, Carlos Enrique López Girón, Carlos Valentín Gramajo Maldonado, Juan José Porras Castillo, Mario Rolando Torres Marroquín y Oliverio García Rodas.

Antes de la modificación era competencia del presidente remover al encargado de la Fiscalía. Era, como un puesto de confianza, sin embargo, las presiones que existieron, según le dijo el exdiputado Mario Taracena a Prensa Libre en octubre de 2023, propiciaron la reforma.

Adscrito

Antes de 1993 el MP estaba adscrito a la Procuraduría General de la Nación (PGN). Los primeros jefes de ambas instituciones fueron Ramsés Cuestas Gómez y Acisclo Valladares Molina.

El MP surgió como un ente con autonomía por la reforma Constitucional de 1992.

La Fiscalía, por esa reforma, se constituyó en el “órgano autónomo encargado de ejercer la persecución y la acción penal pública”.

Los fiscales

Desde su creación, en medio de un Conflicto Armado Interno que languidecía, fue creado el MP bajo la sombra de la inteligencia militar.

De 1993 a 2024 lo han dirigido, Ramsés Cuestas Gómez, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Adolfo González Rodas y Carlos David De León Argueta.

Además, Juan Luis Florido, José Amílcar Velásquez Zárate, María Encarnación Mejía García (interina en dos ocasiones), Conrado Arnulfo Reyes Sagastume, Claudia Paz y Paz, Thelma Esperanza Aldana y María Consuelo Porras Argueta.

Dimisiones y despidos

Ramsés Cuestas Gómez fue el primer fiscal general de la República. Estuvo 22 meses al frente de una institución señalada de estar comprometida por la inteligencia militar.

Cuestas, tras un enfrentamiento con el presidente Álvaro Arzú, se vio obligado a renunciar a inicios de mayo de 1996.

Cuando presentó su dimisión anunció que interpondría acciones de inconstitucionalidad en contra la reforma a la Ley Orgánica del MP, efectuada días antes por el Organismo Legislativo.

Según Cuestas, en una nota publicada en Prensa Libre, el Decreto 19-96, que reformó el artículo 14 de la Ley Orgánica del MP en lo referente a los motivos para destituir al fiscal general, adolecía de vicios de inconstitucionalidad, porque afectaba el derecho de defensa de todo ciudadano y de quien fuera el nuevo jefe del MP, y buscaba concentrar el poder total y absoluto en quienes están al frente del actual Gobierno.

Cuestas consideró que el MP perdería su total autonomía, independencia y fuerza, y el resultado sería una justicia lenta y amarrada.

El fiscal creyó que con esa reforma se violaba “los artículos 2, 14 y 251 de la Constitución.

La abogada Marta Altolaguirre, miembro del Consejo del MP en esos años, criticó a Cuestas porque había “erosionado la confianza en la institución y provocado daño extenso y a largo plazo”, según la misma nota de este rotativo.

El fiscal se fue en medio de investigaciones por contratos dudosos y compras sobrevaloradas.

Carlos David De León Argueta fue un fiscal polémico que estuvo al frente del MP entre 2002 y 2004. Fue destituido por el presidente Óscar Berger.

Se resistió a dejar el puesto hasta que Juan Luis Florido ocupó su lugar. De León Argueta, siempre atento a mostrar sus actividades a los medios, llevó a la fiscalía a un plano más mediático que eficiente en la labor investigativa, se le criticó.  

Estuvo involucrado en un caso de lavado de dinero desde que fungía como fiscal. En 2005 se giró una orden de aprehensión en su contra hasta que finalmente fue capturado años más tarde.

En 2012 una jueza lo libró de todo cargo porque el MP no pudo sostener la tesis de la acusación que le hacían respecto de que el Fondo Nacional para la Paz le había entregado Q50 millones a la Asociación para el Desarrollo Integral de Guatemala (Asodegua) en 2001 – que él representaba -, antes de que fuera fiscal general.

Estos fondos servirían para la construcción de proyectos habitacionales en Escuintla, pero después de las pesquisas se determinó que Q1.2 millones terminaron en las cuenta de De León, según el MP.

Ese caso se unió a los más de cinco procesos en su contra, en los que se le acusó de malversación, abuso de autoridad, lavado de dinero y ejecución extrajudicial.

Juan Luis Florido Solís era uno de los hombres de confianza del presidente Berger. Lo nombró fiscal general en dos ocasiones. La primera en 2004, cuando sustituyó a De León Argueta y la segunda en el 2006.

Esta última no la terminó porque había serios señalamientos en la lentitud para trabajar importantes casos de investigación como el crimen de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano.

Florido entregó la renuncia al cargo al presidente Álvaro Colom el 29 de julio de 2008. El mandatario la aceptó y en su lugar ocupó el puesto José Amílcar Velásquez Zárate, fiscal distrital del MP.

Desde las primeras horas de ese día se rumoraba la destitución de Florido. Colom se reunió en privado con él en la antigua casa de campaña de la Unidad Nacional de la Esperanza, ubicada en la zona 14. Ahí se consumó todo. A la fecha todavía no ha quedado claro si fue renuncia o remoción.

Conrado Arnulfo Reyes Sagastume se mantuvo en el puesto 17 días. Reyes fue designado como fiscal general el 25 de mayo de 2010 por Álvaro Colom.

Reyes, a sus 45 años, llegó al MP en momentos en que la institución afrontaba fuertes críticas por su inoperancia.

La Memoria de Labores del MP del 2009 reflejó que, de los más de 392 mil 126 denuncias recibidas, solo lograron tres mil 706 sentencias, lo que establece 99.6 por ciento de impunidad.

Reyes Sagastume llegó en medio de una disputa pública con el exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), Carlos Castresana, que lo acusó de tener un “historial de corrupción y vínculos con organizaciones ilícitas”.

Reyes siempre retó a Castresana a mostrar las pruebas. El 7 de junio de 2010 Castresana renunció a la Cicig y denunció la existencia de campañas de desprestigio en su contra.

A partir de ese momento se desató una tormenta contra el presidente Colom, quien fue presionado por diversos sectores para que destituya al fiscal general, Reyes.

Esa tensión llevó al mandatario a decir, el mismo día de la renuncia, “que podría remover al jefe del MP, para no perder la buena relación que tiene con la comunidad internacional”.

Castresana acusó que la designación de Reyes “fue producto de pactos entre despachos de abogados dedicados a adopciones ilegales y defensa de narcotraficantes”. Reyes negó las acusaciones.

El 9 de junio de 2010 la Corte de Constitucionalidad anuló la elección de Reyes como fiscal general y ordenaron repetir el proceso desde la convocatoria que hizo el Congreso para integrar la Comisión Postuladora. En forma interina designaron jefa a María Encarnación Mejía García.

Los cuatro años

Las fiscales Claudia Paz y Paz, Thelma Aldana y Consuelo Porras han cumplido con su gestión de cuatro años por el cual fueron electas.

Porras está a dos años de terminar su segunda gestión, cuya designación estuvo enmarcada por una orden de la CC, para incluirla en la lista final de aspirantes, donde el expresidente Alejandro Giammattei la escogió.

Antes, el presidente Jimmy Morales la había nombrado fiscal general de la República.

Samayoa comentó que algunos guatemaltecos que se encuentran fuera del país se han puesto en contacto con la comisión y han expresado el interés de volver a Guatemala. Como respuesta, el comisionado les ha garantizado que no habrá ningún tipo de intimidación.

Sin embargo, Samayoa hizo la aclaración que se refiere al actuar exclusivamente del Ejecutivo, pues por la independencia de poderes no puede asegurar el mismo extremo por el MP y el Organismo Judicial.

“Es el sistema de justicia quien toma las decisiones sobre la persecución penal, el Ejecutivo no puede intervenir, es un poder independiente y el presidente Bernardo Arévalo es respetuoso a la independencia de poderes”, dijo Samayoa.

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Explicó que desde la Copadeh se promoverá el respeto, los derechos humanos y los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) respecto de algunos casos.

“Lo que sí podemos hacer es promover lo que han mencionado los organismos internacionales, eliminar la preocupación de una posible persecución a la libertad de expresión”, indicó Samayoa.

Autoexilio

Al menos 46 exoperadores de justicia y 26 periodistas guatemaltecos viajaron a Estados Unidos para evadir investigaciones o intimidaciones por su trabajo. Jueces, fiscales, activistas y periodistas se autoexiliaron en los últimos cinco años.

Desde que el expresidente Jimmy Morales no renovó la estadía de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (Cicig), y declaró no grato al jefe de la extinta instancia, Iván Velásquez, los actores claves en el actuar del Ministerio Público en esos años decidieron dejar el país por miedo a represalias.

La primera que buscó refugio en Washington fue la exfiscal general, Thelma Aldana. Luego salieron del país Francisco Sandoval, Miguel Ángel Gálvez, Érika Aifán, Claudia Paz y Paz, entre otros. Algunas personas, incluso, no hicieron público que salían del país.

De los 72, algunos tienen denuncias o son objeto de investigación en alguna fiscalía, pero otros salieron de Guatemala al sentirse intimidados por el actuar de algún funcionario.

Casos judicializados

Una acción que podría tomar el gobierno central, a criterio de Carmen Aída Ibarra del Movimiento ProJusticia es retirarse de los casos en los que figuran como partes procesales requiriendo sanciones.

“Vale la pena que la Copadeh y el presidente analicen ese cúmulo de acusaciones en las cuales está el estado de Guatemala con representación de la Procuraduría General de la Nación, para que proceda a retirarse como como parte interesada en ese tipo de casos”, recomendó Ibarra.

A su juicio, no pueden hacer mucho más desde el gobierno central porque con los casos judicializados o investigaciones del MP ya no tiene potestad el presidente.

En esos casos, la decisión de regresar va de la mano con la idea de que sean conducidos a la Torre de Tribunales al ingresar al país, si cuentan con orden de captura.

“En ese sentido, el Estado tiene que garantizar que, si deciden regresar y someterse a la justicia, sus derechos serán respetados, aún dentro de los centros carcelarios, para que no sean ahí objeto de ningún brejamen”, apuntó.

En esa misma línea, se pronunció Sergio Morales, exprocurador de los Derechos Humanos. El exfuncionario recomendó que basandose en las resoluciones de la Cidh se evaluén las acciones a las cuales hace referencia la instancia internacional para tomar decisiones al respecto.

“Una disposición presidencial para evaluar la validez de las capturas con amparo en las resoluciones de la Corte Interamericana puede ser un camino. Lo que no creo que pueda ser un camino es que en forma arbitraria se pueda descalificar una investigación”, advirtió Morales.

Además, añadió que es una línea delgada en la qe estaría actuando el Ejecutivo para no sobrepasarse de sus funciones. “El gobierno tiene una tarea muy delicada”, comentó.

La información que proporcionó el MP señala que el expediente del caso es del 2019 y que esa institución comenzó la investigación de oficio luego de una noticia que fue publicada en un medio de comunicación -el desaparecido elPeriódico-.

Explican que en la publicación periodística se mencionaba sobre supuestos beneficios que el juez Cruz habría obtenido luego de girar la orden de aprehensión en contra de la exjefa del MP, Thelma Aldana.

La información añade que la solicitud de captura fue efectuada y debidamente sustentada por la Fiscalía de Delitos Administrativos, puesto que se advirtió la posible comisión de hechos ilícitos. Se agrega que a la fecha dicha petición continúa vigente.

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“En ese sentido la Fiscalía contra la Corrupción, inició las gestiones que permitieran constatar la comisión de un acto o hecho constitutivo de delito, y que tal y como lo indica la Ley en Materia de Antejuicio, no se tratara de una denuncia pública por razones espurias, políticas o ilegítimas”, señala el MP en cuanto a la investigación del caso.

Señalan que “se realizaron las diligencias que permitieran sustentar la solicitud que en derecho correspondía, entre ellas, se efectuaron solicitudes de información a la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos de Guatemala”.

El MP además expone que del análisis efectuado a la información recabada, se detectó la inexistencia de transacciones inusuales sin fundamento económico o legal evidente que pudieran constituir un ilícito penal y por eso el juez contralor accedió a la desestimación del expediente, con base a lo que establece el artículo 310 del Código Procesal Penal.

El MP expresó también que la desestimación no impide reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan.

En la lista Engel

En los últimos tres años el Departamento de Estado de Estados Unidos ha incluido a varios guatemaltecos, entre funcionarios, exfuncionarios, empresarios, políticos, jueces y exjueces, en la Lista Engel, que nombra a personas públicas vinculadas a actos de corrupción.

La publicación anual de una lista de personas de Guatemala, El Salvador y Honduras, “que están involucradas en corrupción significativa y el socavamiento de las instituciones democráticas”, es parte de la Ley de Compromiso Mejorada del Triángulo Norte de Estados Unidos (HR 2615), aprobada el 21 de diciembre de 2020 y está enfocada en el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción en estos tres países.

Víctor Cruz fue incluido en la lista del 2022 porque según Estados Unidos, entorpeció las investigaciones por hechos de corrupción al demorar indebidamente los procesos judiciales.

Las órdenes de detención se autorizaron por el Juzgado Séptimo Penal, a petición de la fiscalía que los señala por sus acciones en torno al caso Fénix, una antigua investigación de un desfalco en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que se reabrió en abril de 2019 por tema de lavado de dinero.

Los tres exfiscales, que abandonaron Guatemala y se exiliaron en los Estados Unidos, previo a su salida denunciaron que estaban siendo señalados y procesados judicialmente sin garantías de una legítima defensa.

La última en dejar el país, es la exjueza Erika Aifán, galardonada en 2021 por Estados Unidos por su lucha contra la corrupción y la impunidad; además, de haber sido condecorada por las embajadas de Alemania y  Francia con la entrega del premio Derechos Humanos y del Estado de Derecho ese mismo año.

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No obstante, pese al respaldo internacional, Aifán, quien estuvo a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo “D” durante seis años, suma diversos procesos judiciales y, ahora, una orden de captura que reclama la fiscalía guatemalteca.

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El papel que tuvo la exjueza Erika Aifán

Entre los casos que pasaron por el Juzgado de Mayor Riesgo D, existían carpetas que contenían serias acusaciones contra jueces y magistrados para la supuesta manipulación de la elección de las cortes, que finalmente suma años sin renovarse.

Aifán también procesó a diversos empresarios señalados en el caso Construcción y Corrupción, acusados de pagar sobornos al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. La lista se extiende a casos como Asalto al Ministerio de Salud, Odebrecht, Red de Poder, Lavado y Política, entre otros.

El último que resaltó y tenía en sus manos, fue la declaración de un testigo que acusó al presidente Alejandro Giammattei de haber financiado su campaña con fondos obtenidos por sobornos.

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Un mes después, Aifán anunciaría su renuncia y exilio, el 21 de marzo de 2022. Aifán aseguró que estaba siendo objeto de “presiones y amenazas” contra su desempeño al impartir justicia en casos de crimen organizado y estructuras de corrupción que conocía.

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Postura del Ministerio Público

El MP rechazó la postura de la exjueza y otros exfuncionarios y sostiene que los tres, Aldana, Aifán y Sandoval, han sido objeto de múltiples denuncias por delitos graves.

Además, la fiscalía a cargo de Consuelo Porras sostiene que hay indicios probatorios e incluso ha señalado que “no descartan la existencia de un macro caso” que vincule distintos hechos.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos  mostró entonces su preocupación y alertó sobre amenazas, hostigamientos y riesgo de detenciones arbitrarias tanto en el caso de Aifán, así como otros jueces y fiscales que también se vieron forzados a exiliarse.

En el caso de la exjueza Aifán se detalló que desde 2018 hasta su salida a principios de 2022, había sido criminalizada en más de 100 procesos penales, tenía 75 denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial y acumulaba 30 antejuicios promovidos por el MP con el fin de retirarle la inmunidad.

Denuncian persecución

Su caso es similar al del exfiscal Juan Francisco Sandoval, también premiado entre los Campeones Internacionales Anticorrupción por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Sandoval, también acusado por el MP por su actuaciones como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala, estima que los señalamientos “confirma el patrón de criminalización para estigmatizar”.

El exfiscal tiene cuatro órdenes de captura y una solicitud de extradición aprobadas por un juez de Guatemala. Además de ser señalado de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes, se le señaló de tráfico de influencias cuando ejercía como fiscal.

El blanqueo de Q350 millones saqueados a afiliados del IGSS queda en impunidad, mientras el MP persigue a quienes descubrimos esos actos corruptos. pic.twitter.com/enWW1CoodK

— Juan Francisco Sandoval (@JSandoval1982) May 3, 2023

Desde la salida de Sandoval se activaron las alertas entre la comunidad internacional sobre lo que aseguran representa un “retroceso” en el estado de derecho en Guatemala.

El caso para las exempleadas del MP se encuentra en etapa intermedia, es decir, la fase del proceso en la que el juez decidirá si van o no a juicio.

Ante la próxima convocatoria a una audiencia, los abogados de las tres sindicadas empezado a efectuar las consultas para someterse a la figura especial de aceptación de cargos; sin embargo, el Juzgado Segundo Penal aún no reporta que haya recibido una solicitud formal para que las señaladas acepten la culpa.

En esta fase del caso hay tres exempleadas del MP que son sindicadas de fraude y fueron ligadas a proceso penal el 8 de octubre de 2019 por el Juzgado Undécimo; además, la representante de una fundación también aceptaría los hechos.

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Patricia Beatriz Guzmán Rivera, exdirectora administrativa, es señalada de fraude y abuso de autoridad; Diana Odette Benavides Lázaro, exjefa del Departamento Jurídico del MP, fue sindicada de fraude e incumplimiento de deberes; mientras que Lourdes Leyton, de la Fundación Gradiosa es Fusión, es señalada de apropiación indebida de tributos. Las tres aceptarían los cargos.

En este caso también está procesada Miriam Salazar Duarte de Lossi, exjefa administrativa del MP, pero ella no aceptaría los hechos.

En la compra del edificio, ubicado en la zona 5 de la capital, está implicada la exfiscal general Thelma Alda y el empresario William Balz Gallardo.

Aldana está exiliado en Estados Unidos desde 2018, pero la Fiscalía gestiona su extradición, de hecho, el pasado jueves un juzgado autorizó que se haga una segunda solicitud formal ante EE. UU.

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La adquisición del inmueble ocurrió en 2017 y, según la pesquisa, el propietario, Balz Gallardo, usó empresas de cartón para concretar la venta.

El 25 de enero último, Mynor Lobos, ante una jueza aceptó haber actuado como testaferro del empresario Balz Gallardo en la venta del edificio.

Aldana está exiliada en EE. UU. desde 2018 y ya suma tres órdenes de aprehensión por tres distintos casos.

La primera es por la contratación de una supuesta plaza fantasma, la segunda por la compra del edificio para el MP y por supuestamente haber colocado datos falsos en su declaración patrimonial jurada.

Se informó que la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales del MP este jueves hizo la solicitud de extradición de Aldana por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y fraude.

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Dicha solicitud forma parte del proceso que se sigue contra Aldana por el caso Edificio de la zona 5, el cual está a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

Rafel Curruchiche, jefe de la Feci, explicó que el procedimiento debe seguir su curso en Guatemala, para luego llegar a las instancias legales de EE. UU., donde Aldana se encuentra en condición de exiliada.

Curruchiche dijo que el trámite debe pasar a la secretaría de la Corte Suprema de Justicia, luego al Ministerio de Relaciones Exteriores y posteriormente a Estados Unidos.

Con esta resolución, Aldana, exiliada en EE. UU. desde 2018, suma dos órdenes de extradición autorizadas por la justicia guatemalteca. La primera fue el 24 de noviembre de 2022, en seguimiento a un caso que investiga la Fiscalía de Delitos Administrativos y que está relacionada con la contratación, supuestamente irregular, de Gustavo Bonilla, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), como capacitador en el MP, sin que, según la Fiscalía, se presentara a trabajar.

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Por el caso sobre la compra del Edificio Gerencial Asunción, valorado en Q35 millones, Aldana fue señala por fraude.

El caso surgió luego de una denuncia que presentó Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación Contra el Terrorismo, y una comisión específica del Congreso que se integró para fiscalizar la adquisición.

elma Aldana está exiliada en Estados Unidos desde 2018 y suma tres órdenes de aprehensión. Tanto organizaciones nacionales e internacionales, como la misma exfiscal, aseguran que su persecución penal es política, derivada de su trabajo anticorrupción cuando lideró el MP como jefa.

El juez suplente de Segunda Instancia Penal, Rudy Bautista, no entró a conocer la petición de anular la orden de captura contra Aldana en el caso de la supuesta compra anómala de un edificio del Ministerio Público (MP), debido a que hay cuatro recursos pendientes de ser resueltos.

Los recursos se presentaron años atrás, durante 2019 y 2020, tanto por el MP así como la defensa de la exfiscal, pero siguen sin tener un dictamen.

“El juez se tomará un tiempo prudencial para resolver los mismos y posteriormente vamos a ser notificadas todas las partes”, declaró el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche.

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Ante la decisión del juez, la audiencia quedó sin efectos y con ello la orden seguirá en firme, sostuvo el fiscal.

Incriminación contra Thelma Aldana

Aldana, quien abandonó Guatemala hace más de tres años y recibió asilo en los Estados Unidos, tiene una orden de captura señalada por los delitos de abuso de autoridad y fraude por la compra por Q35 millones del edificio, que según la fiscalía está sobrevalorado.

Además de Aldana, también hay otros seis acusados, incluyendo extrabajadores del MP, que se enfrentan al proceso penal.

Un año después de la acusación contra Aldana, el MP declaró lesivo el contrato de adjudicación del inmueble ubicado en la zona 5 de la capital.

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Aldana, quien rechaza los señalamientos por este y otros casos por los que acumula cuatro órdenes de captura, asegura que son “fabricados” en revancha las investigaciones que se realizaron durante su gestión por hechos de corrupción.

Durante el proceso judicial, la fiscalía determinó declararlo bajo reserva y justificó que por ello no se podría ampliar detalles del mismo.

Jueces se excusan de conocer el caso

Anteriormente, el caso judicial sufrió un retraso debido a que dos jueces se excusaron para seguir conociéndolo. Una Sala de Apelaciones conoció su solicitud y ordenó su traslado a otro juzgado.

Lobos adoptó la figura de aceptación de cargos y fue sentenciado el pasado 25 de enero de 2023.

Previo a la resolución, el acusado admitió ante el Tribunal el haber actuado como testaferro del empresario Willian Balz Gallardo, a quien señaló como principal operador en la venta del inmueble valorado en Q35 millones.

La jueza Ingrid Vanessa Cifuentes, a cargo del Tribunal Séptimo Penal, sentenció a Lobos a tres años y cuatro meses de prisión conmutable a Q5 diarios, por debajo de los ocho años de cárcel que el MP había requerido.

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Lobos Agustín también logró evadir parte de la multa de Q50 mil que la fiscalía solicitó, la cual el Tribunal redujo a Q33 mil.

La fiscalía acusó en este caso a Lobos Agustín por haber prestado su nombre como representante legal de la entidad Beltram, S.A., según la investigación, utilizada como un medio anómalo para la negociación del edificio adquirido durante la gestión de la exfiscal general Thelma Aldana.

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Antecedentes del caso

En septiembre de 2019, el Ministerio Público a cargo de Consuelo Porras, presentó el caso y anunció una orden de captura contra Aldana y otros seis acusados.

De acuerdo a la investigación que elaboró la Fiscalía de Asuntos Internos, la compra del edificio se concretó pese a supuestas irregularidades en cumplimiento a la Ley de Compras y Contrataciones, así como una supuesta sobrevaloración por Q3.5 millones.

La fiscalía señaló que no se justificó la compra del edificio ni se presupuestó en el Plan Anual de Compras de la institución.

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Aldana salió del país y recibió asilo en los Estados Unidos, desde donde denunció que no afrontaría los señalamientos en su contra por la falta de garantías de un proceso judicial transparente.

Ante los múltiples señalamientos y órdenes de captura, Aldana denunció ser objeto de persecución junto a otros exoperadores anticorrupción por sus actuaciones durante su gestión al frente del MP, entre 2014 y 2018.

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— Edwin Pitán (@Epitan_PL) January 30, 2023

Iván Velásquez, quien fue jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) en Guatemala entre 2013 y 2017, y actual ministro de Defensa Nacional de Colombia emitió su postura en un comunicado.

“Tengo la tranquilidad de que el trabajo adelantado en el país centroamericano se realizó con total transparencia y dentro del marco legal que amparaba el funcionamiento de la Cicig”, aseguró Velásquez.

“Mi compromiso con la transparencia, la justicia y la lucha contra la impunidad ha sido y seguirá siendo la impronta de mis labores como servidor público y ahora como Ministro de Defensa Nacional”, puntualizó.

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David Gaitán, exmandatario de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), calificó de “espurios y absurdos” los señalamientos en su contra.

“Los argumentos presentados por el Fiscal -Rafael- Curruchiche son espurios y absurdos. Mi participación en el caso corresponde exclusivamente a la intervención en las audiencias judiciales y jamás fui parte de la negociación de los acuerdos de colaboración suscritos”, expresó a través de un comunicado.

Gaitán, quien formó parte del organismo de la ONU de los años 2015 al 2019, hizo referencia a parte de las pruebas que el MP presentó en su contra.

“Me persiguen penalmente por estar copiado en correos electrónicos de lo que, por otra parte, son conversaciones transparentes, legítimas y en ley. El acuerdo de colaboración, además, fue ratificado en una audiencia convocada por la jueza contralora del caso y avalada por la Corte Suprema de Justicia”, añadió.

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El abogado aseguró que el MP “pretende privilegiar a actores que recibieron más de 20 millones de dólares en sobornos y detener las investigaciones”, dijo tener pruebas y que hará uso de su defensa legal siempre que su proceso “se lleve a cabo con jueces imparciales”.

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Órdenes de captura

El jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, confirmó el pasado 16 de enero las órdenes de captura contra el abogado Juan Pablo Carrasco; el exmandatario de la Cicig, David Gaitán; así como de la exfiscal general, Thelma Aldana; y su exsecretaria, Mayra Véliz.

Curruchiche acusó a Iván Velásquez, exjefe de la Cicig, de permitir la “aprobación de acuerdos de cooperación anómalos” con dos directivos brasileños de Odebrecht en 2017, mientras fue jefe de la Cicig.

Presidente colombiano sale en defensa de Velásquez

La acusación del MP contra Velásquez provocó reacciones del Gobierno de Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió a Velásquez, quien ahora es su ministro de Defensa. Desde Zúrich, en Suiza, Petro se refirió al caso y dijo “Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, bueno nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala”.

Por su parte el presidente Alejandro Giammattei, desde Madrid, España, llamó a la cordura a su homólogo y dijo que no se trata de una “persecución penal”.

Igualmente afirmó que “sería bueno que alguien ilustre al señor Petro sobre la diferencia” entre una investigación y una “persecución penal”, pues no hay “una orden de captura” ni siquiera contra Velásquez.

“Yo llamaría a la cordura, esto es un problema que puede ser visto desde las cancillerías y cualquier explicación que requieran con mucho gusto se puede dar”, dijo el mandatario.

Los gobiernos de Guatemala y Colombia llamaron a consulta a sus embajadores. 

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El Gobierno de Estados Unidos arremetió contra las autoridades guatemaltecas ante las acusaciones del MP, que aseguró debilitan “el Estado de derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala”.

“Nos preocupan las órdenes de captura del Ministerio Público de Guatemala contra personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala”, dijo el funcionario.

Nos preocupan las órdenes de captura del @MPguatemala contra personas que trabajaron para garantizar la #RendiciónDeCuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala. Tales acciones debilitan el #EstadoDeDerecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala.

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) January 17, 2023

Dentro de este caso, el Ministerio Público de Guatemala ha anunciado acciones legales contra el actual ministro de Defensa colombiano, Iván Velázquez, quien estuvo al frente de la Cicig, lo que ha abierto un conflicto diplomático entre ambos países.

La Fiscalía del país centroamericano solicitó el lunes la captura de David Gaitán, exabogado de la Cicig por supuestas irregularidades en el caso de investigación que implica a la constructora brasileña Odebrecht.

Lo acusa del delito de abuso de poder por haber participado en la suscripción de varios convenios de cooperación, supuestamente anómalos, con directivos de Odebrecht.

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Por dicho caso también se lanzó una orden de captura contra el abogado Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara guatemalteco-americana (Amcham), la exsecretaria general del MP Mayra Véliz y la exfiscal general Thelma Aldana.

También aseguró que emprenderá acciones legales contra Velázquez, quien fuera jefe de la Cicig entre 2013 y 2017, período durante el cual fueron desmanteladas decenas de estructuras de corrupción que operaban dentro de instituciones gubernamentales.

En respuesta, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió en defensa de su ministro y advirtió de que las relaciones con Guatemala se verán afectadas si la Fiscalía guatemalteca sigue adelante.

Ambos Gobiernos llamaron a consultas a sus embajadores en modo de protesta.

Otras reacciones

Juan Pappier, subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch, publicó el 16 de enero un tuit en el que señaló: “Qué disparate. Guatemala cada vez más cerca de Nicaragua. Mi solidaridad con @Ivan_Velasquez_ , @ThelmaAldana y David Gaitan”. El mensaje iba acompañado del video en donde el fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Feci de Guatemala, dio a conocer órdenes de captura en el caso Odebrecht.

En ese video, el fiscal guatemalteco dice que iniciarán acciones legales contra Iván Velásquez.

Qué disparate. Guatemala cada vez más cerca de Nicaragua. Mi solidaridad con @Ivan_Velasquez_ @ThelmaAldana y David Gaitan. https://t.co/kfZfK3km8G

— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) January 16, 2023

En otro mensaje en Twitter, Pappier señaló como correcto el análisis del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien dijo que jamás aceptaría la orden de captura de su ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien demostró luchar contra la corrupción.

Según Pappier, “la justicia guatemalteca está cooptada por actores corruptos que buscan venganza por la valiente labor de la Cicig. La única respuesta que merece esta reciente investigación penal es la condena de la comunidad internacional”.

Correcto análisis del Pdte. @petrogustavo. La justicia guatemalteca está cooptada por actores corruptos que buscan venganza por la valiente labor de la CICIG. La única respuesta que merece esta reciente investigación penal es la condena de la comunidad internacional. https://t.co/OPxbq2LELy

— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) January 17, 2023

En otro mensaje pidió al presidente Petro que promueva que los gobiernos democráticos de la región (de todo el espectro político) “condenen la destrucción del Estado de derecho en Guatemala.

“Esto no es sobre @Ivan_Velasquez_ . Es sobre Guatemala, donde la corrupción está arrasando con los DDHH.”, publicó en Twitter.

El Pdte. @petrogustavo debería promover que los gobiernos democráticos de la región (de todo el espectro político) condenen la destrucción del Estado de derecho en Guatemala.

Esto no es sobre @Ivan_Velasquez_. Es sobre Guatemala, donde la corrupción está arrasando con los DDHH.

— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) January 17, 2023

Además, compartió entrevistas que dio a varios medios de comunicación colombianos en los que dice que no tiene mayor sentido tomar en serio la investigación de la Fiscalía de Guatemala en contra del ministro de defensa de Colombia, Iván Velásquez.

Qué dice el MP

Referente al tema, la Fiscalía señaló que “al Ministerio Público, según su mandato legal y constitucional, le corresponde la investigación y velar por el estricto cumplimiento de la ley, en ese sentido es una institución independiente que no está sujeta a ningún sector nacional o internacional por lo que realiza todas sus investigaciones de conformidad con el principio de objetividad, imparcialidad y legalidad.

Agrega que “tal y como informamos ayer en el video en el que dio declaraciones el Lic. Curruchiche, la Fiscalía solicitó la orden de aprehensión de Juan Pablo Carrasco de Groote, Thelma Aldana, Mayra Yohana Veliz López y Luis David Gaitán Arana”.

Curruchiche informó, mediante un video difundido por el MP en redes sociales, que las órdenes de captura fueron solicitadas por la Feci y son contra el abogado Juan Pablo Carrasco de Groote, a quien identifica como cónsul honorario de un país de la Unión Europea y además, como presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) y  exasesor de la empresa Odebrecht.

Además, también se autorizó la aprehensión de la exfiscal general de la República y jefe del MP Thelma Esperanza Aldana Hernández; la exsecretaria general del MP, Mayra Johana Véliz López y contra el exmandatario de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Luis David Gaitán Arana.

Curruchiche detalló que las órdenes de captura para estas personas son por los delitos de obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad.

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Las órdenes de aprehensión fueron giradas por la jueza de turno penal, Carol Patricia Flores Polanco, quien perdió la inmunidad en 2015. En abril de ese año, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Pubñico  presentaron la  solicitud de retiro de antejuicio contra  Flores Polanco, a fin de que se le invesigara por los posibles delitos de lavado de dinero u otros activos; enriquecimiento ilícito, e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.

Además, en mayo de 2011, la jueza también fue quien cerró el proceso en el que se vinculó Alejandro Giammattei y se le señaló en un caso de ejecuciones extrajudiciales cuando dirigió el Sistema Penitenciario entre 2005 y 2007.

Van contra Iván Velásquez

En el video el actual jefe de la Feci mencionó: “Quiero manifestar que la Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez Gómez y la exfuncionaria de Cicig, Luz Adriana Camargo Garzón.

También mostró en pantalla algunos correos electrónicos en los que supuestamente se comprueban las negociaciones entre las autoridades de ese entonces y Odebrecht.

Explicó que “en un correo electrónico enviado el 15 de junio de 2017 por la funcionaria de Cicig, Luz Adriana Camargo Garzón a Juan Pablo Carrasco de Groote le indica que la exfiscal Thelma Aldana y el excomisionado de la Cicig, Iván Velásquez Gómez solicitan que se realicen cambios a los acuerdos de colaboración eficaz”.

Agrega que el 3 de agosto de 2017, “Juan Pablo Carrasco de Groote envía correo electrónico al abogado brasileño Guillermo Solis y le informa sobre una reunión sostenida en la Cicig, y en la que participaron la exfiscal general Thelma Aldana y el excomisionado de la Cicig, Iván Velásquez Gómez,  quienes otorgan el visto bueno para que se suscriban los acuerdos de colaboración eficaz en Brasil, lo cual denota que tenían pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando con la empresa Odebrecht”.

Curruchiche señala que el 11 de agosto de 2017, Adriana Camargo Garzón envía un correo electrónico a Juan Pablo Carrasco, con copia al correo Iván Velásquez Gómez con el siguiente mensaje: “Luego de la revisión final de los últimos ajustes a los acuerdos de colaboración eficaz, se ha recibido visto bueno para seguir adelante con el trámite, en tal virtud, la semana siguiente se harán las coordinaciones con el juzgado contralor del caso para concretar su firma y las declaraciones en anticipo en Brasil”.

#CasoAcuerdosFraudulentosCorrupciónEImpunidad
La Fiscalía Especial contra la Impunidad informa: pic.twitter.com/mO7gEJqlqC

— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 16, 2023

El jefe de la Feci mencionó también, este hecho se concretó el 8 de septiembre de 2017, cuando la jueza Marta Claudeth Domínguez Guerrero aprobó los acuerdos de colaboración eficaz de los brasileños Luiz Antonio Mameri, Marcos de Cerqueira Lima Machado y Eduardo Oliveira Gedeón.

Los ciudadanos brasileños Marcos de Cerqueira Lima Machado y Luiz Antonio Mameri, exdirectivos de la constructora brasileña Norberto Odebrecht, tendrán que rendir su primera declaración por un caso de corrupción que salpica a Guatemala el 1 de febrero de 2023, según informó la Feci recientemente.

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El 28 de noviembre de 2022, Feci informó que, a requerimiento de ellos, el Juzgado de Mayor Riesgo D dejó sin efecto, y por consiguiente sin valor jurídico alguno, la audiencia de primera declaración de Mameri y Lima Machado, la cual fue celebrada el 8 de septiembre de 2017 en el caso Odebrecht.

“Ante los hechos evidentes, en los cuales quedan de manifiesto actos ilegales y corruptos que causaron un grave detrimento al estado de Guatemala, la Fiscalía Especial contra la Impunidad categóricamente manifiesta que no escatimará esfuerzo alguno para que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia y paguen por sus actos con todo el peso de la ley”.

Iván Velásquez, quien dirigió la Cicig en Guatemala y quien fue declarado persona no grata por el entonces presidentes Jimmy Morales, actualmente es Ministro de Defensa Nacional de Colombia.

Caso Odebrecht y Guatemala

El caso Odebrecht es uno de los casos de corrupción más grande de las últimas décadas al alcanzar a presidentes, vicepresidentes y demás funcionarios de gobierno de al menos 12 países, entre ellos Guatemala.

Odebrecht es una empresa constructora de Brasil que se dedicó a emitir sobornos en toda Latinoamérica a cambio de ser beneficiada con contratos gubernamentales.

Los hechos quedaron expuestos por una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que, además, participaron agencias fiscales de al menos 10 países.

Para el caso de Guatemala, durante el Gobierno del extinto Partido Patriota (PP) el Congreso autorizó la construcción de una carretera de cuatro carriles entre Suchitepéquez y San Marcos.

En ese caso, el Gobierno destinó el pago de US$384 millones para el ambicioso proyecto de más de 100 kilómetros, pero las pesquisas por corrupción ocasionaron que se incumpliera con la obra que Guatemala ya había pagado.

Los hechos por enlistar actos de corrupción entre funcionarios y empresarios del más alto perfil se le designó a la Feci, cuya investigación permitió la captura de algunos abogados en enero de 2018.

Lima Machado expone en la videoconferencia que estaban interesados en invertir en Guatemala, por lo que hicieron una exploración en el 2010, pero antes de ello investigaron si el Estado de Brasil podía financiar algunos proyectos en este país. Cuando les dijeron que sí, viajaron   a Guatemala durante el cuarto trimestre de ese año.

El colaborador eficaz señaló que empezó a tener cercanías con el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pero fue con la gestión del Partido Patriota con la que se concretó el proyecto de la construcción de la Carretera CA2 Occidente.

Según el relato, durante el gobierno de la UNE el representante de Odebrecht se reunió con dos técnicos de la Dirección General de Caminos, quienes le entregaron el plan vial 2007-2017. Luego de estudiarlo se reunió con el entonces ministro de Comunicaciones, Guillermo Castillo, y el presidente Álvaro Colom, quien le ofreció el tramo carretero.

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Lima Machado expone que, en una fiesta de un amigo, en diciembre del 2011, conoció a Alejandro Sinibaldi, con quien platicó brevemente y le expuso que estaban interesados en invertir en Guatemala.

Después de un tiempo se concretó una reunión con Sinibaldi en el Ministerio de Comunicaciones.

Debido a que el proceso no avanzaba, Lima Machado cuenta que tuvo que reunirse con la vicepresidenta Roxana Baldetti, “quien me presentó a Arturo Batres Gil. Luego de varias semanas, Batres Gil me llama para decirme que ya no debería tratar más con Alejandro Sinibaldi, sino hacerlo por medio de la vicepresidenta de la República, por lo que le indiqué que no podía porque era tema del Ministerio de Comunicaciones”.

En septiembre del 2012, Sinibaldi  le dijo al colaborador eficaz que era necesario agendar un dinero para él, ya que, de lo contrario, no podría avanzar el proyecto, pero Lima Machado respondió que tenía que hablarlo con su líder, Luiz Antonio Mameri.

En enero del 2013, Sinibaldi le solicitó a Mameri el pago de la comisión del 7.5 por ciento del total del contrato —unos US$9.9 millones— para gestionar los procesos y concretar el proyecto de la construcción de la Carretera CA2 Occidente; luego de un tiempo aceptó, según el relato grabado.

Otra de las referencias de Lima Machado señala que el fallecido exministro de Finanzas Públicas Pavel Centeno fue el encargado de elaborar los términos de referencia del préstamo para ejecutar el proyecto.

Para que el banco brasileño aprobara el crédito fue necesario que se presentara un contrato.

El colaborador eficaz contó que hicieron un borrador y, para su sorpresa, de un día a otro el Congreso aprobó el borrador que ellos propusieron al momento de hacer la negociación, sin hacerle modificaciones.

“En abril del 2013 se pagó la mitad del anticipo de la obra, US$38 millones 223 mil 490.17, y de ahí salieron los siete primeros desembolsos para funcionarios públicos”, afirma Lima Machado.

Según la investigación y lo confirmado por Lima Machado, Manuel Baldizón habría recibido US$1.2 millones de los US$3 que habían pactado.

Debido a que  en la casa de Sinibaldi hubo una reunión con Baldizón y el ahora colaborador eficaz, ese día aquel le dijo que había que entregarle una cuota a este último.

Batres era secretario privado de Baldetti y es uno de los prófugos del caso por haber recibido US$4.9 millones en sobornos, según la pesquisa.

La acción legal fue interpuesta por la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, en la que se hace referencia a la solicitud de extradición ante el Gobierno de los Estados Unidos, país donde se exilió Aldana.

La Fiscalía señala a Aldana por su posible participación en la comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica y peculado por sustracción en forma continuada, en seguimiento a un caso asignado a la Fiscalía de Delitos Administrativos.

Thelma Aldana está exiliada en Estados Unidos desde 2018 y suma tres órdenes de aprehensión.

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MP insiste en acusaciones contra Aldana

La primera es por la contratación de una supuesta plaza fantasma; la segunda por la compra de un edificio para el MP por un monto de Q35 millones.

En mayo de 2022 se confirmó una tercera orden de captura en contra de la exjefa del MP, quien a su vez denunció ser objeto de una persecución política.

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Por el caso sobre la compra del Edificio Gerencial Asunción, valorado en Q35 millones, Aldana fue señala por fraude.

El caso surgió a raíz de una denuncia que presentó Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación Contra el Terrorismo, y una comisión específica del Congreso que se integró para fiscalizar la adquisición.

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Además, se le implicó en una supuesta contratación irregular de Gustavo Bonilla, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), como capacitador en el MP, sin que, según la Fiscalía, se presentara a trabajar.

Según el MP, el detenido tiene orden de aprehensión vigente por los delitos de fraude y defraudación tributaria, en el primer caso, y por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y defraudación tributaria, en el segundo.

William Balz Gallardo es señalado por la Fiscalía de Asuntos Internos del MP por su presunta vinculación en el caso Gerencial Asunción “por la compra anómala del edificio Gerencial Asunción en la zona 5 y en el caso Red de Poder Lavado y Corrupción a cargo de la Feci”.

Juan Luis Pantaleón, jefe de Información y Prensa del MP, confirmó que el detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente.

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En el caso Gerencial Asunción, está señalada también la exfiscal del MP, Thelma Aldana, a quien se le tramitó una petición para que se gire una orden de aprehensión internacional.

Según ha informado el MP, este caso es una trama sobre la presunta compra sobrevalorada por Q35 millones de un edificio para esa institución, en la zona 5, evento que fue declarado lesivo el 25 de septiembre del 2020.

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El caso surgió por una denuncia que presentó Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo, y una comisión específica del Congreso que se integró para fiscalizar la adquisición.

La Fiscalía de Asuntos Internos señaló en su oportunidad que para la compra del inmueble hubo una serie de anomalías y no se cumplió con lo señalado en la Ley de Contrataciones del Estado, ya que no se contaba con un Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones para hacer la compra.

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El 13 de septiembre del 2019, el Juzgado Undécimo Penal firmó, a solicitud del MP, la orden de captura contra Thelma Aldana, exfiscal general de 2014 a 2018, por supuestas irregularidades en la compra del edificio de la zona 5 por Q35 millones. Los delitos son abuso de autoridad y fraude.

La orden contra Aldana se justifica, porque ella, siendo la máxima autoridad del MP, debía velar por el cumplimiento de la ley, lo cual no ocurrió, dijo el fiscal Marlon Pacheco en conferencia de prensa ese 13 de septiembre.

Red de Poder Lavado y Corrupción

El otro caso en el que está involucrado William Balz Gallardo es Red de Poder Lavado y Corrupción en donde exfuncionarios, así como constructores y abogados, habrían integrado una red para beneficiarse con recursos producto de comisiones ilícitas para quedarse con contratos millonarios u obtener el pago de la deuda, según informó el 5 de agosto de 2019 el MP y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

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Esa red tenía por objetivo “apoderarse del Estado y sus distintas instituciones con el fin de obtener y controlar el poder, extraer recursos a través de los particulares que mantenían contratos o vínculos con el Estado y enriquecerse ilícitamente, asegurando su impunidad y la de los demás partícipes”, citaron las dos entidades.

“Los grandes contratistas del Estado, particularmente en el ramo de la construcción, concertaron con funcionarios el pago de coimas para acceder a cuantiosos contratos u obtener el pago de deudas”, agregaron.

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En esta red participaron supuestamente, según el MP y la Cicig, Gustavo Alejos Cámbara, exsecretario privado de la Presidencia de 2008 a 2012; el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), Juan de Dios Rodríguez, exsecretario Privado de la Presidencia de Pérez y expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía, así como el empresario José Maynor Palacios Guerra.

William Balz Gallardo sería uno de los desarrolladores inmobiliarios que estaba vinculado al caso.

Según la información proporcionada por el MP, el caso está bajo reserva total, pero se sabe que el Juzgado Noveno de Primea Instancia Penal fue el que giró la orden de captura contra la exjefa del MP.

El MP añadió que este es un caso que lleva la Fiscalía de Asuntos Internos y es por el posible delito de falsedad en la declaración jurada patrimonial. Aldana está señalada de defraudación tributaria.

Thelma Aldana está exiliada en Estados Unidos desde 2018 y ya suma tres órdenes de aprehensión, por tres distintos casos. La primera es por la contratación de una supuesta plaza fantasma; la segunda, es por la compra de un edificio para el MP por un monto de Q35 millones y ahora esta nueva orden.

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MP da trámite a una orden de captura internacional contra exfiscal Thelma Aldana

La exfiscal Aldana tiene la primera orden de captura por fraude, porque supuestamente firmó una resolución donde aprobaba la compra del Edificio Gerencial Asunción valorado en Q35 millones y delegó a la jefa administrativa para el trámite, procedimiento considerado ilegal por la fiscalía.

El 8 de octubre de 2019 el Juzgado Undécimo del Ramo Penal resolvió ligar a proceso por el delito de fraude a tres exempleadas del MP por las supuestas irregularidades en la compra del inmueble, ubicado en la zona 5.

Han transcurrido 8 meses desde que Aldana abandonó Guatemala y se encuentra asilada en Washington D. C., Estados Unidos, y el pasado 10 de mayo, el portavoz del MP, dijo que se hacen los trámites para poder reclamarla y presentarla ante la justicia del país, por supuestamente haber incurrido en el delito de fraude, en el caso de la compra de dicho edificio.

El caso surgió por una denuncia que presentó Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo, y una comisión específica del Congreso que se integró para fiscalizar la adquisición, presidida por Juan Ramón Lau, junto a Delia Back, Fernando Linares Beltranena, Edna Soto y Estuardo Galdámez.

Esta es la segunda vez que el MP tramita una orden de aprehensión internacional contra Thelma Aldana. La primera fue el 2 de junio del 2019, cuando el juez Décimo de Primera Instancia Penal, Víctor Manuel Cruz Rivera, giró la solicitud a la Policía Nacional Civil y al jefe de la Interpol para elevar la alerta roja internacional y agilizar la localización, captura y extradición de la ex fiscal general.

Se le implica en la contratación supuestamente irregular de Gustavo Bonilla, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en noviembre del 2014, como capacitador en el MP, sin que llegara a trabajar.

El MP señala a Aldana por la contratación de Bonilla bajo el renglón 029, desde el 6 de enero al 31 de diciembre del 2015, con un pago de Q16 mil 774.19 en enero y otros 11 salarios de Q20 mil entre febrero y diciembre, para un total de Q236 mil 774.19.

Dicha solicitud de captura internacional fue rechazada el 4 de septiembre del 2020 por la Interpol, fecha en que notificó a Aldana.

“Lo bueno es que yo resisto”

Luego de conocerse la nueva orden de captura contra la exfiscal Thelma Aldana, ella publicó en su cuenta de Twitter, varios mensaje relacionados al tema.

“Mi casa de Guatemala fue construida hace aproximadamente 20 años, la adquirí con una parte de prestaciones laborales del OJ y a plazos. La matrícula fiscal es pública. Hasta cuando Consuelo Porras me va a criminalizar? Lo bueno es que yo resisto.”, dice textualmente el primer mensaje.

Mi casa de Guatemala fue construida hace aproximadamente 20 años, la adquirí con una parte de prestaciones laborales del OJ y a plazos. La matrícula fiscal es pública. Hasta cuando Consuelo Porras me va a criminalizar? Lo bueno es que yo resisto.

— Thelma Aldana (@ThelmaAldana) May 23, 2022

Luego publicó otro mensaje que decía: “Les dolió el artículo de Univisión. Ojalá todos lo hayan leído. Cada vez que hablo consiguen una orden de captura. Todas se les caerán una a una. Pueden seguir que tiempo tenemos. Callarme jamás!!”.

Les dolió el artículo de Univisión. Ojalá todos lo hayan leído. Cada vez que hablo consiguen una orden de captura. Todas se les caerán una a una. Pueden seguir que tiempo tenemos. Callarme jamás!!

— Thelma Aldana (@ThelmaAldana) May 23, 2022

Fue la Sala Primera de Apelaciones del ramo penal la que aceptó la excusa de dichos jueces y ordenó que el expediente del Caso Edificio Zona 5 sea conocido por la juez A del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Virginia de León.

De acuerdo con una investigación de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP), hay varias irregularidades en la compra del edificio, entre estas una sobrevaloración de Q3.5 millones y el incumplimiento de una modalidad en la Ley de Contrataciones del Estado.

Por dicho caso Aldana tiene una orden de captura vigente y varios extrabajadores del MP también enfrentan un proceso penal.

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El MP confirmó el pasado 9 de mayo que desde hace varias semanas inició el trámite para emitir la orden de aprehensión internacional en contra de la exfiscal general Thelma Aldana.

Han transcurrido 38 meses desde que Aldana abandonó Guatemala y se encuentra asilada en Washington D. C., Estados Unidos, por lo cual, según el portavoz del MP, se hacen los trámites para reclamarla y presentarla ante la justicia del país, por supuestamente haber incurrido en el delito de fraude.

El vocero dio a conocer que el trámite de solicitud internacional es por el caso denominado Gerencial Asunción, una trama sobre la presunta compra sobrevalorada por Q35 millones de un edificio para esa institución, en la zona 5, evento que fue declarado lesivo el 25 de septiembre del 2020.

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La Fiscalía de Asuntos Internos señaló que para la compra del inmueble hubo una serie de anomalías y no se cumplió con lo señalado en la Ley de Contrataciones del Estado, ya que no se contaba con un Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones para hacer la compra.

El requerimiento internacional también podría involucrar a tres exfiscales y una exjueza que se encuentran en la misma situación y acumulan varias denuncias, de las cuales se sigue recabando indicios y evidencias. Por tal razón, explicó Pantaleón, todavía no se ha solicitado la orden de aprehensión en contra de estas personas.

Entre el grupo destaca la exjueza Erika Aifán, que abandonó Guatemala el 21 de marzo de este año y sobre quien pesan 29 denuncias. Además, el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, quien también salió del país el 25 de julio de 2021 y tiene 58 denuncias en su contra.

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Por su parte, el exfiscal Rudy Herrera Lemus, quien dejó de laborar en el MP el 3 de febrero del 2022 y días después abandonó el país, tiene seis denuncias en su contra. Otra exfiscal en similar situación es Andreí González Arteaga, quien dejó Guatemala el 15 de octubre del 2019. Contra esta última se presentaron nueve denuncias relacionadas con su trabajo en el MP.