GUATEMALA ES UN PAÍS de tragedias. Nadie ignora esto. No lo ignora tampoco el Estado.

El 14 de julio de 1960, doscientos veinticuatro enfermos mentales perecieron por el incendio del Hospital Neuropsiquiátrico que, por esos días, funcionaba en la 12 calle, entre primera avenida y la avenida Elena, de esta capital.

El 16 de octubre de 1996, cerca de cien aficionados al fútbol, entre ellos varios niños, perecieron en el estadio Mateo Flores, cuando una avalancha de fanáticos los apretó contra la malla protectora que circundaba la cancha.

El hecho fue atribuido a dirigentes deportivos, señalados de haber organizado o tolerado una ilícita forma de vender más boletos de entrada que los que corresponden a la capacidad autorizada del estadio. Unos pocos sospechosos de ser culpables fueron procesados y poco tiempo después absueltos. Y las investigaciones oficiales terminaron en ese punto. Al fin y al cabo ¿qué importa la muerte de todos esos aficionados, en una país donde la costumbre de matar es aplicada diariamente en todo el territorio nacional?

Seis mil asesinatos por año ilustran cómo es la vida en este país de la muerte.

El 8 de marzo, recién pasado, en un centro estatal denominado, véase la ironía, Hogar Seguro Virgen de la Asunción, 37 niñas perecieron quemadas y otras más sufrieron quemaduras graves, como consecuencia de un voraz incendio causado por la situación torturante que las niñas padecían en ese establecimiento destinado a darles protección y abrigo.

Debo reiterar el hecho de que las niñas internadas en ese lugar —manejado con criterios casi carcelarios— no eran menores en conflicto con la ley penal, sino víctimas de abandono, maltrato infantil y de otras circunstancias provenientes de malas condiciones familiares o sociales. Eran llevadas a ese lugar para darles la paz y la ternura que su situación social les había arrebatado. Y mírese cómo 37 de ellas han terminado.

Ahora, después del incendio que podría ser considerado un crimen especial de Estado, por la naturaleza del sistema administrativo, se ha sabido que esas niñas en lugar de ser protegidas, bien alimentadas, educadas, curadas y tratadas con todo el respeto a su condición de personas, eran víctimas de una deficiente administración y de ataques constantes a sus derechos humanos, como violaciones sexuales, agresiones físicas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Revelaciones que deben ser investigadas a fondo, con el fin de descubrir la verdad, más que con el de salvar a los sospechosos de culpabilidad, o acentuar contra ellos el rigor de las sanciones que puedan corresponderles.

Lo que sucedía en esa cámara de torturas, es algo parecido a lo que sucede a millones de otros menores de edad que sufren por el abandono, la miseria y la desnutrición crónica. Solo que perecen a fuego lento. No todos en una misma noche.

La niñez de Guatemala es una de las más desnutridas y enfermizas del mundo. Entre los 192 países estudiados por especialistas mundiales, solo cuatro están en peor situación.

La desnutrición crónica de la niñez guatemalteca es, además, el doble de la que padecen las de los otros países centroamericanos. Y con esto está dicho todo.

La culpa tradicional es, entonces, de nuestro Gobierno —no aludo a funcionarios en particular— que desde hace cincuenta años funciona como un tramitador, a veces corrupto, de negocios en beneficio de particulares, nacionales y extranjeros.

Sin olvidar que el Estado ni siquiera se interesa en investigar cuál es el destino de esos 1.800 niños y niñas anualmente exportados bajo la apariencia de adopciones internacionales. ¿Dónde están y qué hacen con ellos los “padres adoptivos”?

Y todos aquellos que rezan por las almas de los muertos, deben guardar energías espirituales porque durante siglos tragedias como las mencionadas volverán a repetirse, y nuevamente habrá llanto, lágrimas y rezos.

Y abundarán los comentarios de que todo pudo ser evitado.

EL VIERNES PASADO la cadena de noticias CNN entrevistó al abogado penalista William Rodríguez Abadía, hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los más poderosos y temidos jefes de los narcotraficantes de Colombia, y reveló la fórmula mágica para obtener colaboración de determinados diputados colombianos en la aprobación, modificación o rechazo de proyectos de leyes: ponerles precio en razón de su talento, de su preparación y de su capacidad para influir en el trabajo legislativo.

“Si el congresista se limitaba a votar recibía 5 mil dólares; si conseguía bloquear una ley, 15.000, y si era destacado orador, 50.000”, según publica la revista Semana.

Rodríguez ha dado anteriormente declaraciones a otros medios de comunicación social, sin cambiar la versión que aparece en su libro Yo soy el hijo del cartel de Cali, publicado recientemente y que está causando tremendo alboroto en su país.

El autor purgó cinco años de cárcel en Estados Unidos. La sentencia inicial era de 21 años, pero le fue rebajada a cambio de cooperar con las autoridades y revelar secretos del cartel y de las vidas de su padre, de un tío (sentenciados a 30 años de prisión).

Añade que en una ocasión ingresó a la sede del Congreso de Colombia llevando una maleta llena de dólares para repartirlos entre diputados que estaban al servicio del cartel.

Entre los proyectos de ley por los que se interesó y pagó, figuran los relativos al lavado de dinero y la extinción de dominio de bienes adquiridos con dinero sucio.

Pero, lo que causa revuelo estos días en Colombia es la acusación que hace contra el político liberal Ernesto Samper Pizano. El expresidiario dice que el cartel de Cali contribuyó con dinero a la campaña electoral que llevó a Samper a ocupar la Presidencia de Colombia, en 1994. Le dio cuatro millones de dólares para la primera vuelta y seis para la segunda.

Samper ha respondido que si los organizadores de su campaña, él no tuvo conocimiento de eso. Sin embargo, en el libro se desmiente a Samper y el autor afirma que le consta que el candidato estaba al tanto de los aportes en dinero para su campaña.

Otro dato interesante que la prensa publica es que el cartel de Cali era dueño de negocios abiertos al público, entre los cuales figuran 500 farmacias y laboratorios.

Rodríguez añade que el cartel estuvo a punto de poner a uno de los suyos como presidente de Colombia, tal era su dominio sobre los grupos políticos colombianos.

El diario El Tiempo, de Bogotá, reproduce un comentario atribuido a Pablo Escobar, jefe supremo del cartel de Medellín, según el cual su rival Gilberto Rodríguez Orejuela dominó la Asamblea Nacional Constituyente (no dice la fecha) “modificó la Constitución, compró todos los políticos que le fue posible, que fue la mayoría, y con eso manejó todo”.

Sin embargo, hay un hecho cierto: siempre habrá políticos dignos que no hacen de su conciencia un objeto de mercadeo; que no venden su voto, que no participan en el crimen y son estos, aunque estén en minoría, los que salvan la historia de las instituciones y de las organizaciones partidarias.

En Colombia sin duda los hay. No puede existir un pueblo tan infeliz que no tenga por lo menos un puñado de políticos honorables.

Por otra parte, la corrupción no debe ser medida solo porque unos políticos reciben dinero de la delincuencia. Hay una gran variedad de actos que, sin mediar dinero, lanzan al ambiente nacional un inconfundible hedor a podredumbre. Podredumbre de conciencia.

Guatemala ha sido víctima de esta clase de políticos en más de una ocasión y por ello es que la población no ha alcanzado los niveles de bienestar a los que tiene derecho.

Estos días, por ejemplo, los escritorios de los jueces están llenos de expedientes de procesos contra políticos que han dejado fetidez en la silla de los cargos desempeñados por elección popular o por nombramiento, Pero, al igual que en Colombia, la población guatemalteca los está poniendo en su lugar.

Entrañable Pepe de Lima:

Queridos amigos y compañeros:

Permítaseme comenzar con una confesión recóndita. A concurrencia tan dueña de mis afectos no podría decir, hoy que la gran magnificencia de nuestro gran Pepe de Lima nos reúne para celebrar los veinticinco años de Prensa Libre, frases pomposas de circunstancia y, menos de auto-encomio. Yo sé que en aras de la amistad me sería perdonado pero me sentiría culpable. Pienso que no son necesarios, ante el amigo, el alarde ni el festón. Es mejor credencial el gesto sincero, pues en la franqueza anida la fuerza cohesiva cuando la amistad es excelsa y genuinos los sentimientos fraternos.

Con esos títulos yo quiero admitir ante ustedes que este aniversario de Prensa Libre ha desanudado en mi interior un efluvio nostálgico; es una suerte de tenue velo sentimental que me induce a recordar con especial emoción los afanes de los primeros días, la lucha de los años iniciales, la ilusiones, los rostros y las manos de aquellos que nos acompañaron en las jornadas del principio. La evocación es el sahumerio de la gratitud. Pero, también, de la nostalgia. Lo confieso con tristeza. Siento que algo se ha perdido en el camino, que han quedado atrás jirones preciosos, como ofrenda ineluctable, quizá, a la prosperidad y al crecimiento. La alegría del trabajo, por ejemplo; también, el compañerismo trascendente, sin etiquetas y sin resentimiento de clase, que nos hermanaba en la faena cotidiana, el corazón abierto, las manos cordiales, en apretado nudo solidario; y, luego, aquella sensación deleitosa de trabajar entre amigos que se estiman y se respetan, inclinados siempre a la tolerancia, a la condescendencia, dispuestos todos a mirarse a los ojos sin agravio y sin despecho … ¿Pequeñas cosas, talvez, si se comparan con los logros de otro género que ahora tenemos a la vista? Yo no lo creo así. Aún más; a los amigos puedo confiar mi secreto más íntimo. Puesto a elegir, preferiría sin vacilaciones la prescindencia de éstos a cambio de la vigencia permanente de lo otro.

Advierto que no se me escapa que hay en marcha un proceso universal de trastrocamiento de valores, de nuevas actitudes frente a la vida que se nutren en la agresividad y el odio, como corresponde, innecesario es señalarlo, a una sociedad ululante por virtud del desbordamiento demográfico. Además, el hombre ha sido siempre el resultado de sus pasiones y de sus apetitos; aquellas son fáciles de alborotar –he ahí la razón del apogeo de la demagogia- y estos casi imposibles de dominar; he ahí el porqué del canibalismo aciago que se acentúa conforme sube la tasa de natalidad en todo el mundo; pero hoy no me interesan las causas sino las consecuencias, que son las que me duelen y me incitan a evocar, nostálgicamente, otros días menos fastuosos, aunque para mi más placenteros y, si se quiere por simple sentimentalismo, más apetecibles. Eran los días de miel y rosas, en un marco de sencillez e indulgencia.

No se me olvida la estrecha casita de la tercera avenida que vio nacer a Prensa Libre y cobijó sus primeros anhelos. La sala familiar convertida en oficinas de la Dirección, las pequeñas habitaciones —tan oscuras— en donde cupieron, por milagro, casi, la Redacción, su Jefatura, la Administración y la Gerencia. Al fondo, formando escuadra, lo que fueran el comedor y el traspatio, en donde poco después se instalaron las primeras máquinas propias del periódico. ¡Nuestro flamante taller! Un estropeado linotipo, la caprichosa “huracán” Lee, unas cuantas cajas y unos pocos amigos leales; era aquel un escenario diminuto para unos sueños desmesurados; un albergue tibio para una obra de amor.

___________________________________

(*) Agosto de 1976, hotel Guatemala Biltmore. Homenaje a Prensa Libre ofrecido por el empresario

José A. de Lima, con motivo del XXV aniversario de fundación de este medio de comunicación social.

A reserva de posteriores comentarios, reproduzco hoy, casi textualmente, una carta enviada al Gobierno de Guatemala por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) la cual se explica por sí misma. Dice así:

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, sus siglas en inglés), organización independiente que promueve la libertad de prensa en todo el mundo, apoya la creación en Guatemala de un mecanismo de protección para los periodistas de ese país.

El CPJ está convencido de que la propuesta de crear ese mecanismo presentada por el Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua), la Asociación de Periodistas de Guatemala y otras organizaciones de defensa y promoción de la libertad de expresión puede ayudar a resguardar a los periodistas locales que enfrentan represalias, amenazas y hostigamiento por su labor informativa.

Una serie de agresiones y amenazas crecientes en los últimos años ha generado alarma en la prensa guatemalteca y ha reforzado la necesidad de llevar a la práctica un mecanismo de protección. Los asesinatos de periodistas, como los de Danilo López y Federico Salazar en 2015, generan un efecto amedrentador y un clima en el cual los reporteros temen por su seguridad cuando informan sobre temas sensibles. Antes de su asesinato el 10 de marzo de 2015, López, un periodista investigativo, quien informaba sobre temas de supuesto lavado de dinero, denunció amenazas de muerte y señaló a las autoridades que temía por su vida. Sin embargo, aunque era consciente de que su vida corría peligro, López tenía pocos recursos para su propia protección. La seguridad de los periodistas y la posibilidad de informar con libertad son pilares de las democracias modernas y en todo mundo es reconocida la importancia de establecer mecanismos formales para proteger a quienes corren riesgos por mantener informado al público. Colombia tiene un mecanismo para proteger a los periodistas desde el año 2000. Aunque existen elementos de este mecanismo que requieren mejoras, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia, el CPJ y la comunidad internacional de libertad de prensa han reconocido que el mecanismo de protección en este país ha contribuido a reducir el número de periodistas asesinados, prevenir ataques graves y mejorar el sentimiento de seguridad entre los reporteros. “El programa de protección ha dejado clara la responsabilidad del Estado para proteger a los periodistas”, señaló FLIP en su análisis a los 15 años de haberse puesto en marcha.

Un mecanismo de protección de periodistas también es necesario para cumplir con las recomendaciones y los compromisos asumidos por el Estado durante el Examen Periódico Universal de Guatemala en las Naciones Unidas.

Durante este proceso, en el cual varios Estados expresaron preocupación por la situación de libertad de expresión en Guatemala, Antonio Arenales Forno, entonces Secretario de la Paz, aseguró a países miembros de la ONU que Guatemala establecería un programa para proteger a los periodistas. Y la investigación del CPJ muestra que el apoyo por parte de la comunidad internacional periodística es clave para el establecimiento de un mecanismo de protección funcional y efectivo. La propuesta de la APG y de Cerigua ha recibido un amplio apoyo por parte de distintos grupos de libertad de prensa a nivel nacional e internacional. Como tal, el CPJ cree que es el mejor camino futuro para cumplir con el compromiso por Guatemala de brindar protección efectiva a sus reporteros. (f) Carlos Lauría, director de Programa.-

En el caso de Danilo López, corresponsal de Prensa Libre, y Federico Salazar, fueron procesados cinco sospechosos, entre ellos un policía nacional civil. Este ha señalado a un alcalde como autor intelectual del doble asesinato. Y sería útil conocer un informe global del trabajo hecho hasta hoy por la Fiscalía de delitos contra periodistas, del Ministerio Público, porque sin duda hay muchos motivos para no restar importancia a este tema.

LA SOCIEDAD GUATEMALTECA, con capacidad de opinar, aplaude el destape del siglo, consistente en el descubrimiento, por medios legales, de que la República de Guatemala ha estado durante mucho tiempo gobernada —salvo pocas excepciones— por políticos de partido o sin partido que, al final de cuentas, terminan o deberían terminar sometidos a procesos penales como, en efecto, está sucediendo estos días.

Las prisiones están a reventar con exfuncionarios, diputados, jueces, magistrados y alcaldes acusados oficialmente de haber incurrido en hechos graves, tipificados en la legislación penal, según las investigaciones desarrolladas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público.

La revelación de un masivo comportamiento impropio de esas personas causa estupor en la opinión pública nacional, porque pone de manifiesto que el Estado guatemalteco ha estado cautivo en manos del crimen organizado.

Los descubrimientos de redes delictivas en las que participan funcionarios de alto rango, no cesan. Casi todas las mañanas, cuando el país despierta se encuentra con noticias frescas en torno a la captura de personas inmersas en actos de corrupción. Y al problema principal de las violaciones a la ley penal se suma la dificultad de iniciar procesos directos contra quienes están en el ejercicio de cargos públicos, porque disfrutan de una garantía procesal contemplada en la Constitución Política de la República: el antejuicio, consistente en un procedimiento previo a la incoación de toda causa que tenga por objeto exigir responsabilidad criminal a determinados funcionarios del Ejecutivo, diputados, jueces, magistrados, alcaldes, y otros más, por actos violatorios de la ley penal.

Se trata de un privilegio constitucional violatorio del principio de igualdad ante la ley, porque si un particular hurta o roba diez quetzales es capturado por orden de juez competente, o sin esa orden si es sorprendido en el momento de cometer el delito, en tanto que si un ministro de Estado se “roba” cien millones de quetzales no puede ser aprehendido sin que previamente se desarrolle un proceso, a veces lento, para que la autoridad competente decida si ha lugar a formación de causa contra el funcionario corrupto.

El antejuicio —dice la ley de la materia— es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable. Termina cuando el dignatario o funcionario público cesa en el ejercicio del cargo, y no podrá invocarlo en su favor aun cuando se promueva por acciones sucedidas durante el desempeño de sus funciones. Su finalidad es preservar la estabilidad del desempeño del cargo y garantizar el ejercicio de la función pública.

Se entiende, entonces, que eso vale para que no sean molestados, injustificadamente, los dignatarios y funcionarios que se comportan honorablemente, que no se apartan ni un ápice del cumplimiento de la ley y que son moralmente ejemplares. Pero, la historia de los antejuicios en Guatemala revela que en muchos casos ese privilegio ha sido usado como tapadera para proteger actos de corrupción que perjudican los intereses de la población y, ante tales circunstancias se justifica plenamente el clamor por la supresión total del antejuicio. El funcionario que en beneficio personal se apropia de cien millones de quetzales provenientes del erario nacional merece ir a juicio en forma directa, como sucede con el ciudadano común que roba diez quetzales en una tienda.

El diputado, el presidente, el vicepresidente, el ministro, el juez y el magistrado que obra correctamente no tendrá problema en demostrar su honradez en los tribunales de justicia. Y la denuncia falsa sin duda acarreará consecuencias para el denunciante mal intencionado, con lo que el deseo nacional por una justicia pronta y cumplida estará mejor servido.

Digo esto, a sabiendas de que la eliminación total del antejuicio es solo un sueño, a menos de que el despertar iniciado en abril del año pasado, se fortalezca y conmueva hasta sus cimientos el actual sistema político y administrativo de Guatemala.