El gobierno de Ecuador presiona este jueves 11 de enero con una dura ofensiva militar a las más de 20 bandas criminales y narcotraficantes que desde hace cuatro días imponen el terror en ese país, en una ola de violencia que ha dejado 16 muertos.

Más de 22 mil 400 militares desplegados, patrullajes por tierra, aire y mar, requisas en las calles, operaciones en cárceles y toques de queda  demuestran que el gobierno del nuevo presidente, Daniel Noboa, no cede ante los ataques del narco en una “guerra” que tiene a la población sumida en el miedo.

“Quisieron infundir temor, pero despertaron nuestra ira. Creyeron que someterían a todo un país y se olvidaron que las fuerzas armadas están entrenadas para la guerra”, advirtió el ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo, en un mensaje en redes sociales.

Aunque la actividad se reanudó levemente en las principales ciudades, muchos comercios se mantienen cerrados, el transporte público circula con menor frecuencia de la habitual, universidades y escuelas atienden clases de manera virtual y prima el teletrabajo.

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“Ceder ante el mal, ¡jamás!, luchar incansablemente ¡siempre!”, dijo en alocución Noboa, de 36 años y en el poder desde noviembre.

El martes, la ofensiva del narco mostró su peor cara con un ataque a la prensa registrado en vivo y en directo que dio la vuelta al mundo.

Hombres encapuchados con fusiles y granadas tomaron un canal de televisión pública durante el noticiero del mediodía, sometieron a los periodistas e hirieron a dos trabajadores. No hubo muertos y 13 responsables fueron detenidos, pero la transmisión se detuvo y no ha retomado su programación. Se espera que este jueves el canal regrese al aire.

El gobierno explica la reciente ofensiva como una represalia de las organizaciones ilegales, integradas por unos 20 mil miembros, en rechazo a sus políticas de mano firme para enderezar el rumbo de un país que hasta hace poco era tranquilo.

En los últimos cinco años, la tasa de homicidios por cada 100 mil  habitantes pasó de 6 a 46 en 2023.

“Si se meten con la población, se meten con las Fuerzas Armadas”, insistió el ministro de Defensa.

Desinformación y confusión

La actual crisis empezó el domingo, cuando uno de los capos más temidos desapareció de su prisión en Guayaquil (suroeste). A la fuga de Adolfo Macías, alias “Fito”, jefe de la principal banda criminal del país conocida como Los Choneros, le siguió una arremetida violenta como motines en las cárceles, 139 funcionarios de prisiones retenidos por presos, siete policías secuestrados de los cuales seis ya fueron liberados, ataques con explosivos y vehículos incendiados.

La policía no ha actualizado cifras y el organismo que administra las prisiones no da información sobre retenidos.

En la noche del miércoles el balance de muertos aumentó a 16 tras un incendio provocado en una discoteca en la Amazonía que dejó dos fallecidos, nueve heridos y 11 locales afectados, en un ataque que la policía calificó de “terrorista”.

A diario circulan videos en redes sociales sobre crueles asesinatos de miembros de la fuerza pública, supuestos saqueos y ataques.

La desinformación y el pánico de la población ha provocado confusión.

En entrevista con Radio Sucesos, Pabel Muñoz, alcalde de Quito, señaló que en la capital “hubo 53 alertas de emergencia de las cuales 18 han sido ciertas”.

La policía ha desmentido la veracidad de imágenes viralizadas.

“Están advertidos”

La ciudad portuaria de Guayaquil, la más peligrosa del país, retoma paulatinamente su actividad. La principal avenida de la ciudad se veía esta mañana sin sus habituales embotellamientos, aunque el confinamiento casi total del día anterior cedió.

Algunos comercios prevén abrir media jornada y algunos ciudadanos transitaban las calles camino a sus trabajos, al igual que en Quito.

“Estamos con miedo, con temor que el (momento) menos pensado vuelvan a hacer lo mismo”, dijo a la AFP Inés Macas, un ama de casa de 69 años que denunció saqueos en Quito.

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Cientos de soldados y policías buscan a Fito, mientras rige un estado de excepción en todo el país, incluidas las penitenciarias, y un toque de queda de seis horas.

“El tiempo de los delincuentes se acabó, están advertidos. cualquier acto terrorista desde ahora se convertirá inmediatamente en objetivo militar”, dijo el ministro de Defensa.

Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína, Ecuador se ha transformado en un nuevo bastión del tráfico de droga con bandas enfrentadas por el control del territorio y unidas en su guerra contra el Estado.

Mensaje del presidente Daniel Noboa ejecutando el Plan Fénix en el país, también presenta los diseños para las nuevas cárceles del Ecuador, con los más altos sistemas de seguridad pic.twitter.com/cCuCXqKasl

— Emergencias Ec (@EmergenciasEc) January 11, 2024

El toque de queda, que entró en vigor a partir de la medianoche del domingo 19 de marzo y hasta las 6.00 hora local (11.00 GMT) del lunes 20, se impuso “en respuesta a los dos tiroteos y a las multitudes excesivamente grandes e ingobernables, y para mitigar conductas peligrosas e ilegales”, según explicó en un comunicado esta ciudad del sur de Florida (EE. UU.).

La administradora de Miami Beach, Alina Hudak, prevé imponer de nuevo un toque de queda, que estará delimitado al turístico barrio de South Beach, entre el jueves 23 y el lunes 26 de marzo, tal como lo propondrá al consejo de la ciudad en una sesión especial el lunes, según adelantó el comunicado.

La medida se ha impuesto tras el intercambio de disparos que se produjo la noche del viernes 17 en una concurrida intersección de South Beach que dejó a una persona muerta y a otra gravemente herida.

A su llegada al lugar de los hechos, los oficiales de la Policía encontraron a dos hombres con heridas de bala, quienes fueron transportados a un hospital local, donde poco después uno de ellos finalmente pereció.

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A cuatro calles de donde ocurrió ese hecho, una área repleta de bares y discotecas, la madrugada del domingo 19 se produjo un nuevo tiroteo que se saldó con un hombre muerto y otro herido, según informó la Policía local, que agregó que un hombre fue arrestado como sospechoso y el arma homicida fue hallada en las inmediaciones.

Las autoridades señalaron que se trató de “un incidente aislado” y no han dado a conocer las identidades de las víctimas y sospechosos en ambos hechos por haber investigaciones en curso.

Las autoridades de Miami Beach mantienen una fuerte presencia policial en el turístico barrio de South Beach, en especial esta semana, la tercera de marzo, identificada como el pico en cuanto a afluencia de jóvenes visitantes desde otros estados con motivo del “spring break”.

El año pasado, las autoridades de esta ciudad del sur de Florida también decretaron el estado de emergencia e impusieron un toque de queda en la zona turística tras los desórdenes que se produjeron y que dejaron al menos a cinco personas heridas por arma de fuego.

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Los desórdenes y desmanes que se produjeron en 2021, durante los cuales murió una persona, más de un millar fueron detenidas y se decomisó hasta un centenar de armas de fuego, obligó igualmente a la imposición del toque de queda.

Cada mes, el Banco de Guatemala (Banguat) realiza una encuesta a un grupo de analistas privados, con el objetivo de conocer su percepción respecto de la trayectoria futura de algunas variables macroeconómicas relevantes.

El mes pasado, la percepción de los agentes económicos se mantuvo estable respecto a agosto último y el indicador se mantiene anclado en 69 puntos: Siete de cada 10 consultados expresó que la evolución económica mejorará en los siguientes seis meses. Tres respondieron que no será así.

En septiembre del 2020, la medición del Icae fue de 53.38 puntos, y ahora en medio de un proceso de vacunación, el indicador se situó en 69 puntos.

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A inicio del mes pasado, el Ejecutivo intentó imponer nuevas restricciones a la movilidad con un toque de queda para reducir los contagios; y aunque no fue aprobado por el Congreso, generó un clima de incertidumbre en los agentes económicos y el rechazo de algunos sectores de la población.

En consecuencia, el Legislativo aprobó la Ley de Emergencia Nacional para la Atención de la Pandemia Covid-19, que ordena una ampliación presupuestaria de Q1 mil 878 millones para el Ministerio de Salud, para enfrentar la crisis sanitaria.

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Además, se presentó el proyecto de presupuesto de Ingresos y Gastos de la Nación para el 2022, por un monto de Q103 mil 992 millones.

Cierre de la inflación

Por otro lado, los analistas consideran que el ritmo inflacionario cerrará el 2021 en 4.48% y para diciembre del 2022, en 4.42%, indicador que estaría dentro del rango establecido en la política monetaria, cambiaria y crediticia del país.

Los factores considerados son el comportamiento de los precios de los combustibles, la trayectoria del precio internacional del petróleo y de las materias primas, así como desempeño de la política fiscal, las condiciones climáticas y la estacionalidad de los productos agrícolas.

El presidente Alejandro Giammattei dijo este viernes 1 de octubre en cadena nacional que en los últimos días ha habido un leve descenso en el número de contagios de coronavirus; sin embargo, advirtió que hay posibilidades de que el país sea afectado por una cuarta ola de la enfermedad, por lo que instó a los guatemaltecos a vacunarse.

“Hemos identificado que el mayor número de contagios se ha dado en el grupo etario de personas comprendidas entre los 20 y los 39 años, con una mínima variación de 51 por ciento en hombres, esto como consecuencia de la presencia de la variante delta”, dijo el mandatario.

Agregó que el pico más alto desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, “lo tuvimos en agosto cuando se registraron 5 mil 826 contagios en un solo día” y que gracias a “una estrategia combinada entre toque de queda, operativos multisectoriales y la implementación de nuevas estrategias de vacunación, nos han permitido ver hoy un notable descenso en el número de contagios que se han registrado y estamos cerca de los 3 mil casos, es decir cerca de 45 por ciento de disminución”.

Añadió que eso no significa que se deba bajar la guardia, pues “nos estamos preparando para una alta posibilidad del alza de casos que podría darse en noviembre, una cuarta ola que podemos detener a tiempo si trabajamos juntos, de manera disciplinada, si acuden a vacunarse y se mantiene el distanciamiento físico, entre otras acciones que dependen en lo individual del compromiso de cada persona, podemos vencer la pandemia con el uso de mascarillas y lavado constante de manos”.El mandatario dijo que le llama la atención el número de personas fallecidas durante agosto en el hospital de Villa Nueva y el Hospital Temporal del Parque de la Industria, donde se hizo un estudio.

“Sus estadísticas revelan que, del total de fallecidos que suman 524 perdidas lamentables de vidas humanas, 369 de ellas, es decir el 70 por ciento, no se habían aplicado ninguna dosis de vacuna. 145 de los decesos, que equivale al 27 por ciento, tenían ya una dosis aplicada”, afirmó Giammattei.

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Además, dijo que solo el 2 por ciento de los fallecidos tenía el esquema completo de vacunación y “tenían una edad promedio de 70 años, es decir es altamente probable que hayan tenido otras enfermedades preexistentes que aumentaron su vulnerabilidad”.

También dijo que hasta este viernes a las 14 horas se habían administrado 7 millones 49 mil 889 dosis de vacunas, de las cuales 4 millones 520 mil 452 son primeras dosis y equivalen al 66 por ciento de la población meta mayor de 18 años. También 2 millones 500 mil 157 personas, es decir el 24 por ciento de la población meta, cuentan ya con su esquema completo.

“Ahora que hemos logrado vacunar a un importante número de población en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez,  El Progreso, Chimaltenango y Escuintla,  nos estamos enfrentando a retos grandes durante el proceso de vacunación, especialmente en las zonas más alejadas del país”, dijo.

Agregó que aún persisten mitos infundados y rumores negativos sobre la vacuna contra el covid- 19: “las personas piensan que la vacuna los podría matar, que la vacuna representa la marca del diablo, que la vacuna trae un chip para controlarme o que produce infertilidad, no señores, deben saber que:

“La vacuna es segura y no hace daño. En el peor de los casos se podría esperar que tenga algunos síntomas leves posteriores, pero es normal como con cualquier otra vacuna y en un porcentaje muy bajo de las personas inoculadas.  La vacuna es efectiva, la vacuna evita la muerte por covid-19”, agregó.

“Tenemos garantizado el suministro de vacunas para lo que resta del año, pueden ingresar al sitio web yomevacuno.gob.gt y conocer las ubicaciones y horarios de atención de puestos de vacunación.

Por último, el presidente dijo que luego de haberse habilitado el registro de menores “estamos por recibir un número importante de vacunas Pfizer mediante el mecanismo Covax y las destinaremos para este segmento poblacional”.

Datos

Las autoridades sanitarias de Guatemala reportaron este viernes otros 61 muertos a causa del covid-19, por lo que el país acumula 13 mil 625 decesos debido a la enfermedad, la cifra más alta de Centroamérica.

De acuerdo con el Ministerio de Salud guatemalteco, en las últimas 24 horas se realizaron 17 mil 199 pruebas para detectar el coronavirus, tanto en el ámbito público como privado, y 2 mil 942 de ellas resultaron positivas.

Las estadísticas oficiales aseguran que desde marzo de 2020 hasta la fecha en el territorio guatemalteco se han confirmado 563 mil 257 casos positivos de covid-19, incluidos 13 mil 625 fallecidos debido a la enfermedad.

La cartera sanitaria aseveró también este viernes que 522 mil 451 pacientes se han recuperado del coronavirus, aunque la cifra es un estimado.

La incidencia del covid-19 en Guatemala es de 3 mil 341.1 casos por cada 100 mil habitantes, la tasa de mortalidad está en 77.7 decesos por cada 100 ml personas y la tasa de letalidad se mantiene en 2.4 %.

Según el Ministerio de Salud, la vacunación contra el virus ha aumentado en los últimos días en Guatemala y suman 6 millones 977 mil 782 las dosis aplicadas.

De ese total, 4 millones 522 mil 494 guatemaltecos han recibido la primera dosis contra el coronavirus y 2 millones 455 mil 288 el esquema completo (dos dosis).

Las autoridades sanitarias mantienen las jornadas de inmunización contra el covid-19 en 726 puestos, respaldos en muchos lugares por miembros del Ejército de Guatemala.

Sin embargo, con una población de más de 16.3 millones de habitantes, Guatemala se mantiene como uno de los países de Latinoamérica con peores índices de vacunación, de acuerdo con recuentos de organismos internacionales.

Las autoridades ya autorizaron la inscripción de niños de 12 a 17 años para que próximamente puedan recibir la vacuna contra el coronavirus, pero aún no han decidido a partir de cuándo habilitarán su aplicación ni el tipo de inmunizador que inyectarán a los menores.

Guatemala se encuentra en la tercera ola de la enfermedad desde junio pasado, aunque la cifra de contagiados y fallecidos ha descendido levemente en las últimas dos semanas.

Representantes de la Gremial de Restaurantes de Guatemala Apoya mostraron este viernes 10 de septiembre su inconformidad a la ley seca, establecida por las autoridades para prevenir contagios de coronavirus, pues aseguran que no hay evidencia de que con esa medida se contenga la pandemia.

El presidente de la Gremial, Abraham Az, confirmó que, en la actualidad los más de 7 mil colaboradores de restaurantes a escala nacional ya cuentan con el esquema completo de vacunación y que solo el 0.05 por cierto de ellos se ha contagiado de covid-19, por lo que considera que ese tipo de comercio no es un foco de contagios y hace un llamado a las autoridades para que reconsideren la medida.

Agregó que la vacunación del personal se logró gracias a las gestiones de los empresarios junto al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

De acuerdo con Nidia Campos, también integrante de la Gremial, refirió que, debido a las restricciones más de 25 mil empleos debieron ser suprimidos en 18 meses de pandemia.

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Agregó que no hay evidencia científica que demuestre que la ley seca reduce el índice de contagios y que las medidas les ha representado 35 % de pérdidas para la industria.

“La ley seca es inconstitucional, ya que no hay estadísticas de que a través de esta se den contagios masivos. Los empresarios han perdido más del 35 % en más de 18 meses y eso no ha evitado que los contagios continúen, entonces no es la solución más idónea”, dijo Campos.

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Además, dijo que la ley seca debería ser enfocada en todos aquellos establecimientos que no cumplen con las medidas de seguridad, principalmente los que operan de manera ilegal.

Medidas

Se supo que algunos restaurantes de Mazatenango optaron por exigir el esquema completo de vacunación a sus clientes, a lo que la Gremial dijo que no tenía información clara al respecto, pero que son respetuosos de las medidas que sus agremiados tomen.

Además, señaló que algunos comercios incentivan la vacunación de sus clientes con algún tipo de reconocimiento, pero que eso también es una decisión que toma cada empresa.

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Actualmente en Guatemala hay ley seca de las 21 horas a las 4.00 horas del siguiente día.

Casos

Guatemala reportó 62 muertes y 4 mil 800 contagios de covid-19 en las últimas 24 horas, informó este viernes el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

La cartera sanitaria indicó en su informe diario de situación de la pandemia que esos decesos reportados son de fechas anteriores y que se realizaron 17 mil 973 hisopados.

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Desde que comenzó la pandemia en Guatemala, el 13 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud ha contabilizado 505 mil 640 contagios; además, han sido registrados en el sistema sanitario 12 mil 606 fallecimientos.

Con información de La Red

Pese a que la intención era alcanzar consensos antes del viernes para aprobar de Urgencia Nacional una ley que permita hacer compra de insumos y contratación de personal, tras el segundo día de discusión de las propuestas solo se ha logrado acuerdos sobre 5 artículos.

Durante más de cuatro horas, los jefes de bloque lograron consensuar los artículos 2, 3 y 5 de la propuesta de iniciativa; sin embargo, suprimieron el 4.

Según el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, podrían sesionar el fin de semana para discutir la propuesta.

“Aquí no vale el cansancio, tenemos que continuar, tenemos que avanzar, espero el fin de semana estar convocando a los diputados y que podamos dar resultados y respuestas inmediatas”, expuso Rodríguez tras finalizar la reunión.

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El pasado miércoles los parlamentarios llegaron a acuerdos sobre el artículo 1 que contiene el objeto de las propuestas.

Este jueves, los parlamentarios acordaron eliminar al Centro Médico Militar y al Hospital General de la Policía Nacional Civil como parte de las entidades que recibirían los beneficios de la propuesta de ley, establecidos en el artículo 2, ya que, según se explicó, es el Ministerio de Salud quien los abastece y ya figura en la iniciativa.

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Algunos bloques se mostraron en contra de que se incluyera a ambos hospitales y expusieron que solo apoyarían si eran “abiertos al público”, mientras tanto otros parlamentarios argumentaron que en estos sitios se atiende a los agentes policiales y a los militares que “apoyan” durante la pandemia.

Del artículo 3, referente a la obligación del uso de Guatecompras para la dotación de insumos, únicamente se suprimió la parte donde se hacía referencia a un reglamento de la ley para establecer las condiciones. Los parlamentarios expusieron que al final de la propuesta se podría reglamentar el tema.

Mientras tanto, el artículo 4 fue suprimido en su totalidad, ya que se estableció que no era necesario, debido a que en el artículo 1 de la iniciativa se determinaron las especificaciones y fines de la propuesta.

En el mismo se regulaban las excepciones de negociaciones para el arrendamiento o compra de bienes inmuebles, así como la construcción de infraestructura sanitaria.

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“Si se quita todo el artículo queda más claro, en lugar de ajustarlo (…) se puede eliminar perfectamente el artículo 4”, mencionó la viceministra de Transparencia Fiscal, Violeta Mazariegos, durante la discusión donde nuevamente acudieron autoridades de los ministerios de Salud y Finanzas.

Préstamos

Durante la reunión surgió cuestionamiento en torno a los préstamos y donaciones, principalmente regulados en los últimos párrafos del artículo 2.

“En los procesos de adquisiciones que se realicen con recursos de préstamos externos provenientes de operaciones de crédito público, aprobados por el Congreso de la República, o donaciones a favor de dichas entidades del Estado, se aplican las políticas y los procedimientos establecidos por los entes financieros o donantes considerándose estas disposiciones como norma especial”, establece la propuesta inicial.

Sin embargo, algunos diputados señalaron que este tema ya está regulado, por lo cual consideraban innecesario ser incluido, pese a ello, las autoridades de Finanzas Públicas acordaron que harán una nueva redacción para adecuar el tema.

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“Los préstamos se rigen con normas propias, quedaron fuera, de hecho, no se puede, aunque se quisiera. Esas cláusulas están en cada préstamo incluidas y aprobadas por el Congreso”, expuso a Prensa Libre y Guatevisión, la viceministra de Transparencia Fiscal, Violeta Mazariegos.

Otros parlamentarios propusieron que se integre a la iniciativa que el Ministerio de Salud priorice convenios con agencias de las Naciones Unidas para los objetos establecidos en la iniciativa.

La propuesta final podría tener entre 25 y 30 artículos, según el presidente del Congreso.

Los jefes de bloque se volverán a reunir este viernes a partir de las 11.00 horas para tratar de alcanzar consensos.

La necesidad de imponer restricciones a la movilidad para controlar los contagios del coronavirus se ha convertido en una discusión un tanto polémica con las cuales algunos están a favor y otros en contra.

Prensa Libre recogió las opiniones de un analista de datos y un columnista de prensa quienes ofrecieron sus puntos de vista, en un momento en que la pandemia está a poco de llegar al medio millón de contagios y registra poco menos de 12 mil 400 muertos, según cifras oficiales.

“Restringir la movilidad disminuye los contagios”

El analista del Laboratorio de Datos de Guatemala, Óscar Chávez, afirma que hay un consenso científico internacional en que restringir la movilidad reduce el contacto entre las personas y por lo tanto los contagios por covid-19.

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Por tal razón considera que implementar un toque de queda es una de las alternativas que se deben de seguir considerando para reducir el número de casos positivos de la enfermedad que mantiene saturados los hospitales públicos y privados.

Luego de que el Congreso improbara el estado de Calamidad que había decretado el presidente Alejandro Giammattei que restringía la movilidad desde las 20 horas hasta las 4 de la madrugada, Chávez señala que debe hacerse un esfuerzo por volver a analizar restricciones, probablemente mediante un estado de prevención, y sopesar si se debe ampliar el horario o implementarlo también los fines de semana.

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“Mientras más se amplíe el toque de queda, más efecto se va a tener en detener la transmisión del virus y van a bajar más los casos”, expuso el analista del Laboratorio de Datos de Guatemala, quien dijo que la propuesta original de los médicos también sugería restricciones en centros comerciales, restaurante y supermercados, pero esto no fue incluido en la propuesta que llegó al Legislativo.

La curva de contagios se mantiene en el país desde hace varias semanas en una extensa meseta donde los casos positivos diarios sobrepasan los cinco mil y los decesos rondan los 50 al día.

La comunidad médica clama por restricciones a la movilidad ante la saturación de los hospitales, pero estas conllevarían un inevitable impacto en la economía “pero si no se toman las acciones necesarias para contener la pandemia el resultado puede ser peor”, asegura Chávez.

Dijo que el Gobierno debe proponer medidas económicas y sociales para ayudar a los sectores más vulnerables durante el tiempo que duren las medidas.

“Si hubieran tomado medidas, tal vez menos restrictivas, en el momento en que se empezó a identificar el aumento de casos, por abril y mayo, no estaríamos en esta situación, pero esperamos hasta lo peor de la crisis”, lamentó el analista.

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Reducción de casos

Al ejemplificar la utilidad de los toques de cierre, Chávez dijo que en Inglaterra estos acompañados de otras medidas de contención aplanaron la curva en cuestión de semanas, la diferencia es que en ese país se tomaron con base a criterios a tiempo.

“Aquí en Guatemala se creó la falsa idea de que las medidas no sirven porque se tomaron muy prematuramente, fueron muy estrictos cuando apenas había casos o no habían”, señaló.

Añadió: “La gente cree que empezamos a bajar casos, pero lo que pasó es que el sistema de testeo se saturó, es decir, puede que no haya más casos, pero los fallecidos siguen aumentando”.

“Para algunas personas las restricciones pueden ser el acabose de su vida”

Jorge Jacobs, columnista de prensa y director del medio de comunicación Libertópolis, se opone a la implementación de los toques de queda puesto que las restricciones violan los derechos humanos primarios y deben ser voluntarias puesto que es una responsabilidad individual.

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Al mismo tiempo, Jacobs refiere que los toques de queda son medidas muy generales “del mismo tamaño para todos, cuando las circunstancias de todos son diferentes” y en las cuales resultan afectadas personas que han sido muy responsables en su protección y han seguido todos los protocolos de bioseguridad.

Señaló que en otros países como Dinamarca y EE. UU. la gente puede pasar meses sin trabajar porque tienen asegurada que la ayuda estatal les llegará y no se verán tan afectados.

Pero no es el caso de Guatemala donde la asistencia que se aprobó el año pasado probablemente pudo parar en las manos de quien no la necesitaba tanto y muchos que se vieron en problemas económicos por los cierres no recibieron un centavo.

Según Jacobs, en vez de asistir a la gente es más práctico dejar que ellos resuelvan su situación en vez de complicarles la vida con restricciones que lo que hace es causarles más problemas.

“Aquí, la mayor parte de las personas viven al día y si se les impide ir a trabajar tendrán serias consecuencias y no podrán comer ni estar saludables”, señaló Jacobs. “Cuando se hacen estas restricciones generales a algunos no les afecta, pero para otros puede representar el acabose de su vida”, añadió.

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Para el columnista “ni el Gobierno ni nadie tiene el derecho de imponer restricciones sobre los demás”, menos aun cuando hay muchas personas y empresas que están luchando por sacar adelante tanto la salud como la economía del país al implementar medidas de seguridad que les permiten trabajar sin ponerse en riesgo.

“Si yo me protejo, y ese es el caso en la mayoría de las empresas, por qué los obligan a cerrar. La gente dirá, ‘pero es que hay irresponsables’, entonces el problema son los irresponsables. ¿Por qué cargarle la culpa todos?”, cuestionó.

Vacunación

Al hablar de soluciones, Jacobs considera que lo más apropiado es la vacunación ya que “es la mejor forma en que se pueden reducir las consecuencias graves de la enfermedad y la posibilidad de necesitar hospitalización”. Así, mientras más gente esté vacunada habrá menos las posibilidades de que fallezcan y de que los hospitales se saturen.

“Desde hace meses que se debió haber liberado la vacunación para mayores de 18 años”, dijo Jacobs, quien también se inclina porque el proceso sea abierto para quien quiera vacunar. Por ejemplo, dijo, en otros países las empresas han vacunado a sus empleados, “pero aquí todo está centralizado en el Gobierno y eso no es conveniente”.

Mientras Sacapulas se ubica como el tercer municipio de Quiché con mayor número de contagios de coronavirus, pobladores de Parraxtut continúan de fiesta y obviaron durante cuatro días las recomendaciones de las autoridades de Salud y de la municipalidad para que no organizaran bailes multitudinarios. Incluso, incumplieron el toque de quedad que estuvo vigente durante el fin de semana pasado.

Este martes 7 de septiembre, los pobladores de esa comunidad participaron en varias actividades sociales, incluido un baile amenizado por dos grupos musicales, evento en el que los asistentes bailaron sin guardar el distanciamiento social y algunos no portaban mascarilla. Lo hicieron sin preocupación, porque, según el alcalde local, Alberto Lux, a esa comunidad solo pueden llegar los vecinos y sus familiares, porque el paso está restringido.

Lux agregó que en varias oportunidades buscaron dialogar con los organizadores para que los eventos, que concluyen este martes, no se llevaran a cabo, pero no fue posible llegar a un entendido. “Esa gente no entiende”, agregó el jefe edil, quien dijo que ya formalizó una denuncia en contra de los responsables de las actividades.

Actualmente Sacapulas tiene 427 casos de coronavirus acumulados -11 mil 792  en todo el departamento- y a lo largo de la pandemia suma 10 fallecimientos. Esos datos causan preocupación a las autoridades de Salud, quienes lamentaron que ese tipo de eventos sean organizados en momentos en que el país atraviesa por una de las peores etapas de la pandemia.

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Francisco Rosal, director de área de Salud de Quiché, señaló que también colocaron una denuncia contra los organizadores del evento, puesto que se puso en riesgo la salud de la población.

Añadió que Sacapulas es uno de los tres municipios con más contagios, junto a Santa Cruz del Quiché y Joyabaj, en este último también ha habido celebraciones.

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De acuerdo con la última actualización de semáforo de alertas covid de 4 de septiembre, Sacapulas está en rojo por el nivel de contagios.

Luego de la improbación del estado de Calamidad enviado por el Ejecutivo, los jefes de bloque del Congreso de la República acordaron instalar a partir del miércoles 8 de septiembre una mesa técnica para consensuar una propuesta de iniciativa de ley para compra de insumos y contratación de personal médico por la pandemia.

La intención es que, de lograrse los acuerdos se convoque al pleno el viernes y se apruebe la iniciativa con 107 votos, según el presidente del Legislativo Allan Rodríguez.

A diferencia de los estados de Calamidad que han llegado en las últimas semanas al Congreso, esta vez la mayoría de jefes de bloque se mostró a favor de trabajar en la mesa técnica y plantear sus propuestas y consensuar la iniciativa.

La base del planteamiento surgió a partir de una iniciativa de ley presentada por la bancada Viva, así como por propuestas de asesores de los bloques Vamos, PAN y Unionista.

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“El día de ayer -lunes- fue improbado el estado de Calamidad, hoy como Organismo Legislativo nos corresponde darle la vuelta a la página. Aquí no se trata de batallas políticas, de que haya ganadores y perdedores, es momento de que hagan propuestas”, expuso Rodríguez al iniciar la reunión.

“Nos sentimos molestos por cómo se condujo el pleno de ayer, pero volteemos la página, ya habrá momento para eso, hoy pongámonos a trabajar (…), hemos tenido acceso a la propuesta y pensamos que tiene un buen esfuerzo de síntesis de tratar de integrar los borradores y estamos de acuerdo con que esta sea la base para discutir y busquemos acuerdos”, dijo Carlos Barreda, jefe del bloque de la UNE.

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“Nos sumamos a la idea que podamos discutirlo de manera abierta, públicamente como ya se ha hecho con otras iniciativas con relación al covid-19 y estaríamos dispuestos a dar los aportes que consideremos necesarios para que se busque una iniciativa de consenso”, manifestó Walter Félix, jefe del bloque URNG.

Ligia Hernández, subjefa del bloque Semilla, dijo que su bancada está de acuerdo con la propuesta de trabajar miércoles y jueves para llegar al pleno con un consenso articulado de todas las bancadas. “Trasladaremos nuestras propuestas a partir de la instalación de la mesa”, agregó la parlamentaria.

En tanto el diputado Manuel Conde, del PAN, dijo que es la hora de actuar y que “estamos en el momento de generar una sola iniciativa para que no haya banderas partidarias y podamos unificar el criterio político de la mayoría de los diputados”.

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Los parlamentarios acordaron reunirse el miércoles a las 11.00 horas para comenzar con la discusión sobre la propuesta.

Mientras tanto, el jueves, debido a la interpelación al ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, y para conocer el veto presidencial a las reformas a la Ley de Contrataciones se sesionará a las 10.00 horas y al finalizar se reunirán nuevamente con los Jefes de Bloque para continuar con el análisis de la propuesta.

¿Qué incluye la propuesta actual?

Contempla las disposiciones para la adquisición de medicamentos, bienes, suministros, servicios, material médico quirúrgico y la contratación de servicios médicos o profesionales temporales para la atención de los pacientes afectados por el covid-19, de entidades como el Ministerio de Salud, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Centro Médico Militar y el Hospital General de la Policía Nacional Civil.

También regula que las compras y contrataciones de insumos deben estar destinados “exclusivamente” para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la emergencia sanitaria e incluye medicamentos, equipo hospitalario, insumos de laboratorio, oxígeno, equipo médico quirúrgico, fórmulas, equipo de protección personal y publicidad en medios de comunicación para la prevención, vacunación e información de la pandemia.

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Todas las adquisiciones se deben hacerse dentro de la vigencia de la ley (hasta el 31 de diciembre del 2021) y deben publicarse en el Sistema de Guatecompras bajo el criterio de brindar un plazo no menor a dos días entre la publicación del concurso y la recepción de ofertas, con opción a ampliarse. De no haber ofertas se otorgará un día más y si persiste la inexistencia de ofertas se hará compra directa.

La iniciativa excluye las compras y arrendamiento de bienes inmuebles, así como la construcción de infraestructura sanitaria. Además, se faculta a las entidades sujetas a la ley que pueden importar bienes en forma directa, cuando estos no se produzcan en el país.

Contratación de personal

La propuesta contempla que, debido a la urgencia se pueden contratar al personal temporal como: médicos generales, médicos especialistas, enfermeros, auxiliares graduados de escuelas privadas, técnicos laboratoristas, técnicos en hemodiálisis, técnicos en terapias respiratorias y estudiantes de medicina con pensum cerrado de estudios cuyo trámite de graduación esté pendiente, así como médicos extranjeros que estén haciendo su especialidad en hospitales nacionales.

Las personas jubiladas o gozando de pensión y aún pueden colaborar serán contratados para la atención de la pandemia, según la propuesta que se contempla hasta el momento.

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La propuesta actual también estima que por un año la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) entregue al Ministerio de Salud y al IGSS en uso temporal, previa solicitud, bienes inmuebles que faciliten la atención de la pandemia.

También se declaran exentas de los impuestos de importación y del Impuesto de Valor Agregado (IVA) y derechos arancelarios las donaciones vinculadas a la atención de la pandemia en el país.

Con respecto a los contratos abiertos de Salud, la propuesta contempla que se deben reducir y normar los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones; además, entre la presentación y la recepción de ofertas debe haber un intervalo de 15 días.

Asimismo, regula como compra de baja cuantía las adquisiciones por un monto de hasta Q25 mil.

En hospitales privados

Esta tarde se reunió la Comisión de Salud del Congreso para abordar el tema del techo de presupuesto para el Ministerio de Salud para el próximo año, así como la propuesta de iniciativa para la compra de insumos.

Según el presidente de la sala legislativa, Herbert Figueroa, analizarán la misma y agregó que recibieron una propuesta de la diputada Evelyn Morataya relacionada al tema.

Morataya publicó en su cuenta de Twitter que la propuesta consiste en que los pacientes con covid-19 que no encuentren espacio en hospitales públicos reciban atención médica en hospitales privados y el Ministerio de Salud asuma los costos; además, que el IGSS admita a los afiliados que dejaron de contribuir en el año de pandemia.

La noche del pasado lunes, el Congreso improbó el estado de Calamidad enviado por el Ejecutivo para su aprobación.

El Gobierno de Guatemala solicitó el jueves 2 de septiembre a los diputados la implementación de un estado de Calamidad, que incluía medidas de restricción de movilidad encaminadas a la contención de la pandemia de coronavirus.

Entre las restricciones propuestas se encontraba implementar medidas que evitaran aglomeración de personas. Además, que las actividades deportivas, artísticas, educativas, religiosas, entre otras, deberían efectuarse cien por ciento en modalidad virtual.

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También contemplaba la restricción de la movilidad desde las 20 horas de un día a las 4 horas del día siguiente, y una ley seca de las 19 a 5 horas, por un período de cuatro semanas.

Sin embargo, ante la improbación de dicho decreto que daba vida al estado de Calamidad surgen una serie de dudas entre la población, como si sigue vigente el toque de queda o si continúa la ley seca en el país.

No hay decreto, pero sí ley seca

La secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Patricia Letona, dijo a Prensa Libre y Guatevisión, que tras la improbación del estado de Calamidad, este queda sin efecto. Sin embargo, “la ley seca quedaría como estaba antes del decreto”.

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Específicamente, el toque de queda pierde vigencia con la improbación del Organismo Legislativo, pero la Ley Seca sigue vigente desde las 21 horas.

Pablo Castillo, vocero de Gobernación, confirmó que la ley seca regiría “de 21 horas del día anterior a las 6 del día siguiente”. 

Las restricciones contempladas en el Semáforo Epidemiológico de acuerdo con los tipos de alerta en cada municipio continúan vigentes.

Acción Ciudadana (AC) interpuso este martes 7 de septiembre una denuncia en contra del presidente del Congreso, Allan Rodríguez, por la presunta compra de votos en la sesión plenaria del lunes último, que fue convocada para aprobar el estado de Calamidad propuesto por el presidente Alejandro Giammattei.

Edie Cux, director de AC, señaló que la actitud de Rodríguez durante la sesión del lunes pasado evidenció la forma cómo se negocian las decisiones en el Organismo Legislativo, pues en oportunidades el funcionario hablaba en dos teléfonos celulares al mismo tiempo.

Agregó que los delitos por los cuales se interpuso la denuncia son cohecho activo y abuso de autoridad.

“Ante la situación de ayer en el Congreso de la República, donde vimos una sesión muy accidentada en la que el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, de alguna forma manipuló la sesión por momentos, la forma tan burda en que mantuvo abierta la votación para aprobar el estado de Calamidad y cuando se tenía que votar por la improbación cierra la votación haciendo falta un voto, interpusimos una denuncia”, señaló Cux.

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Añadió que debido a las llamadas que Rodríguez hacia durante la votación varios diputados señalaron posibles negociaciones y compras de votos, por lo que este martes optaron por interponer por la denuncia

“El Congreso ya no es una entidad democrática, sino una institución en la que se negocia y comercializa con los votos y por eso estamos presentando una denuncia contra Allan Rodriguez, por la forma cómo manipuló la votación”, reiteró Cux.

Se intentó conocer la opinión de Rodríguez acerca de los señalamientos en su contra, pero no respondió las llamadas hechas a su teléfono celular.

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El Congreso bloqueó nuevamente las medidas del presidente Alejandro Giammattei para contener la expansión del covid-19, al derogar un decreto de estado de Calamidad que restringía la libre circulación y que según la oposición carece de transparencia en la compra de insumos.

“Con 81 votos a favor, 69 en contra y 10 ausentes quedó improbado [derogado] el estado de Calamidad”, dijo el secretario del Legislativo al leer el resultado del tablero electrónico la noche del lunes.

Es el segundo revés en 22 días para las políticas de Giammattei en la lucha contra el virus. Un estado de calamidad decretado el 13 de agosto fue derogado por el Parlamento 11 días después, citando razones similares.

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En el nuevo decreto, del 2 de septiembre, el mandatario había ordenado por un mes el estado de Calamidad con el objetivo de frenar el incremento de casos y muertos por la pandemia que se registraban en las últimas semanas.

La medida restringía varios derechos constitucionales como la libre circulación. Además, prohibía todas las actividades deportivas con presencia de público y reuniones sociales realizadas con fines de celebración o conmemoración como bodas, fiestas, discotecas y conciertos.

Las actividades deportivas, artísticas, educativas, religiosas, entre otras, deberían realizarse 100% en modalidad virtual.

También incluía un toque de queda desde las 20.00 horas a las 4.00 horas que había entrado en vigencia el pasado sábado.

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Las bancadas de oposición rechazaron la medida del gobernante al considerar que era opaca e carecía de transparencia para la compra de insumos contra el civid-19.

El diputado opositor Álvaro Arzú Escobar afirmó que trabajan en un decreto donde se establecen reglas claras para la adquisición de insumos, contratación de personal médico y enfermeras, entre otros, así como equipamiento de hospitales anti-covid-19.

“Con el estado de Calamidad lo único que buscaban era hacer negocios y el saqueo” de la arcas del Estado, dijo a su vez la parlamentaria opositora Ligia Hernández.

Por segunda vez en menos de un mes, la alianza oficialista en el Congreso perdió el pulso contra la oposición que logró improbar este lunes 6 de septiembres el estado de Calamidad propuesto por el presidente Alejandro Giammattei el jueves recién pasado.

Con tres horas de retraso y en medio de señalamientos, el Congreso abrió sesión para conocer en tercer debate el estado de Calamidad propuesto por el Ejecutivo para aplanar la curva de contagios de covid-19, una discusión que se extendió a lo largo de la noche sin que la alianza oficialista lograra los apoyos necesarios para ratificar la medida presidencial.

A eso de las 20.40 horas, la Junta Directiva, encabezada por Allan Rodríguez, abrió votación para aprobar en su tercer debate el estado de Calamidad en busca de pasar a la aprobación por artículos; sin embargo, de 156 diputados presentes, 86 se abstuvieron de votar, con lo que se estancó el proceso.

Los diputados le gritaban a la Junta Directiva que cerrara la votación y le incriminaban que Rodríguez hiciera llamadas telefónicas, pues aseguraban que se hacían negociaciones para conseguir los votos necesarios. La transmisión de los medios sociales del Congreso fue interrumpida durante la votación y por varios minutos y fue el diputado Aldo Dávila quien informaba de lo que ocurría en el hemiciclo.

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A eso de las 22.40 horas, con 81 votos a favor y 69 en contra, el Congreso improbó el estado de Calamidad propuesto por el presidente Alejandro Giammattei.

Diputados de varias bancadas se pronunciaron luego de la improbación de estado de Calamidad y señalaron a la alianza oficialista de alargar la sesión en busca de negociaciones y compra de votos.

Además, criticaron a la Junta Directiva del Congreso porque, según ellos, responden a los intereses del presidente Alejandro Giammattei, quien en menos de un mes ha propuesto dos estados de Calamidad en busca de contrarrestar los efectos de la pandemia.

De acuerdo con la oposición, el oficialismo pretendía acumular 81 votos, por lo que la votación se extendió por varios minutos, generando suspicacias en el hemiciclo, donde los parlamentarios exigían el cierre de esta para proceder a la improbación del estado de Calamidad, como lo establece la ley y para evitar que, como ocurrió con el anterior, la Corte de Constitucionalidad le corrigiera la plana al Legislativo ordenándole que aprobaran, modificaran o improbaran el estado de Calamidad.

El diputado Hugo Rodríguez, de Creo, señaló: “esto no es campaña, no es proselitismo. Está en juego la vida de muchos guatemaltecos.  Lo que tenemos que hacer es dar soluciones. Veo muchos que critican al Gobierno, pero no dan soluciones. Si procede o no (el estado de Calamidad) va a ser decisión de nosotros”.

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En tanto, Orlando Blanco, de la bancada UNE, dijo que el estado de Calamidad es una acción política del Ejecutivo “para lavar cara ante la población ante la ineptitud mostrada en el manejo de la pandemia y nos tiran la pelota a nosotros”.

Agregó que “son 8 millones de vacunas las que han ingresado al país, pero es una vergüenza que 5 millones sean por donaciones. ¿No aprobamos Q1 mil 500 millones?”

En tanto la parlamentaria Sonia Gutiérrez, de Winaq, comentó que so se equivocarán en la votación porque “quienes van a votar a favor no están pensando en la población, piensan en sus intereses. Ojalá no hayan corrido recursos para esos votos”.

“Puede ser que perdamos, pero no siempre la mayoría tiene la razón”, dijo, por su lado el diputado Reyes Lee.

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“Lo que estamos haciendo al no aprobarlo es una injusticia en contra del pueblo de Guatemala”, dice Víctor Guerra de la UNE.

Además, Aníbal Rojas, de Viva, comentó que “si tuviéramos buena voluntad por qué no modificarlo, por qué no incluir todas esas preocupaciones que muchos de ustedes han manifestado. La simple oposición, esa no se vale, la realidad en el país es dura, es seria”.

“No voy a dejar que le digan a mi bancada que es condenada por votar por el estado de calamidad”, expuso Napoleón Rojas, de UCN.

“La situación de la pandemia en este momento es extremadamente grave (…) sí es necesario restringir la movilidad, estas medidas son necesarias para reducir los contagios, no es cierto que solo con vacunación vamos a aplanar la curva (…) es una necedad pensar que las compras por excepción van a abastecer los hospitales (…) este estado de Calamidad no va funcionar, porque la mayoría de enmiendas es para quitar las pocas medidas que podrían aplanar la curva, se convertiría en un cascarón, pero solo será para las compras por corrupción”, enfatizó Lucrecia Hernández Mack, de Semilla.

“El día de hoy es trascendental porque vamos a ser los responsables de los 13 mil muertos que habrá entre noviembre y diciembre, ya hice la cuenta de los 155 diputados, nos toca 85 a cada uno para que nos los echemos encima”, dice Herbert Figueroa, presidente de la Comisión de Salud del Congreso.

La Corte de Constitucionalidad (CC) denegó este lunes 6 de septiembre un amparo provisional interpuesto por la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) en contra del estado de Calamidad decretado por el Ejecutivo, y cuya vigencia está en manos del Congreso, donde el tiempo para aprobarlo, modificarlo o improbarlo se agota.

“La Corte de Constitucionalidad por unanimidad con voto concurrente del Magistrado Presidente Roberto Molina Barreto, en vista de lo informado por el Congreso de la República, en cuanto a que ese Organismo optó por conocer por la vía de las tres lecturas el Decreto Gubernativo 8-2021 del Presidente de la República en Consejo de Ministros, que declaró el estado de Calamidad pública, emitió resolución por la que, denegó el amparo provisional solicitado por la Cámara de Industria de Guatemala, exhortando a la Junta Directiva del Congreso de la República, así como al Pleno del Congreso de la República para que los actos de ratificación, modificación o improbación del Decreto Gubernativo 8-2021 referido, se resuelvan con prioridad a cualquier otro asunto”, señala un comunicado de la CC.

El comunicado de la CC agrega que, al haber optado por la vía de las tres lecturas, los diputados deberán actuar “conforme al artículo 77 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, relativo a que, en la sesión correspondiente a la tercera lectura, se declare en sesión permanente hasta que se asuma cualquiera de las decisiones relacionadas, respetando siempre el plazo que la Constitución prevé para el efecto”.

El presidente Alejandro Giammattei impuso el jueves pasado un nuevo estado de Calamidad por las próximas cuatro semanas debido a la expansión del covid-19, aunque su decisión aún no ha sido ratificada por el Congreso.

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Giammattei ya había ordenado un estado de calamidad el 13 de agosto pasado, pero no fue avalado en el Congreso, por lo que nuevamente el mandatario intenta poner en vigor la medida.

El gobernante informó sobre su decisión en una cadena nacional, donde también indicó que se implantará un toque de queda de 8 de la noche a 4 de la mañana.

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Giammattei también prohibió las actividades educativas, deportivas y religiosas con público, con el objetivo de evitar aglomeraciones y por tanto la expansión de la enfermedad.

El presidente guatemalteco dijo además que “entiende” al personal médico que está en primera línea atendiendo la emergencia, con los hospitales al 97 por ciento de su capacidad en pacientes graves del SARS-CoV-2, según datos oficiales.

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El estado de calamidad anterior, solicitado por Giammattei el 13 de agosto, quedó sin efecto al no contar con los votos necesarios en el Congreso, pese a que, desde el inicio de su Gobierno en 2020, el partido Vamos de Giammattei siempre había conseguido mayoría con ayuda de partidos aliados.

De acuerdo con la Constitución, el estado de Calamidad establece la posibilidad de limitar la libre locomoción de la población, impedir concentraciones de personas y suspender reuniones, entre otras medidas.

El presidente Alejandro Giammattei envió un nuevo decreto de un estado de emergencia que está en manos del Congreso de la República.

El fin de semana los diputados debatieron la medida en dos sesiones, durante largas horas, y ayer intentaron, por segunda ocasión, votar de urgencia nacional, pero no lo consiguieron. Al final de la tarde, el congresista Antonio Arenales, de la bancada Valor, interpuso un amparo en la Corte de Constitucionalidad en contra del pleno del Congreso para que se suspenda el proceso de tres lecturas del estado de Calamidad y se apruebe o impruebe en una sesión.

Si bien muchos legisladores están de acuerdo en que el estado de Calamidad permite hacer restricciones en la movilización de la población, el tema de compras sigue siendo el motivo de discordia y que podría entrampar la aprobación del decreto 8-2021.

La semana recién pasada, un grupo de facultativos encabezado por el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, Jorge Ranero; el epidemiólogo Edwin Calgua y la infectóloga Iris Cazali presentó una serie de propuestas a Giammattei y los jefes de bloque del Congreso que priorizaba la necesidad de un toque de queda que estuviera vigente a partir de las siete de la noche, con el llamado a que los fines de semana fuera más restrictivo.

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Los directores de los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt también se reunieron con la comisión de Previsión Social del Congreso y explicaron que un estado de excepción para comprar medicamentos no sería la solución ya que hay un desabastecimiento a nivel mundial.

Por esto, al recibir el decreto del Ejecutivo, los legisladores no parecieron sastisfechos aunque, a diferencia del decreto anterior, que improbaron en agosto pasado, en esta ocasión se agregó un apartado que aseguraría la transparencia en la adquisición de compras.

“Sabemos que hay una urgente necesidad porque hemos hablado con los directores de los hospitales y con los médicos que llegaron al Congreso”, dijo la diputada del partido Valor, Lucrecia Palomo quien vio con buenos ojos que este decreto incluya en el artículo 15 a la Contraloría General de Cuentas (CGC) para generar verificaciones y fiscalizaciones en los procesos de compra.

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Artículo ocho

Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), fue tajante al decir que no apoyan al estado de Calamidad, aunque se hagan modificaciones. “Ya es una medida tardía, no incluye muchas de las recomendaciones que los médicos plantearon, se limita a compras sin control y restringe garantías”, dijo.

En el artículo 8 del decreto 08-2021 se autoriza al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) la compra o contratación de bienes, obras de ampliación y acondicionamiento de hospitales en funcionamiento, servicios y suministros exclusivamente para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la emergencia sanitaria motivada en el país por la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 y sus variantes.

Según detalla, las compras y contrataciones se realizarán de forma competitiva, solicitando ofertas electrónicas por medio del sistema de Guatecompras. Si en el plazo de 24 horas no se reciben ofertas, puede realizarse una adquisición directa.

El listado básico de bienes, servicios y suministros que permiten comprar bajo esta modalidad va de medicamentos como Tocilizumab y Remdisivir, que se usan para el tratamiento del covid-19, hasta servicios de publicidad en medios de comunicación.

Además, se plantean brigadas de detección y vacunación masiva -que comenzaron el viernes pasado-, entrega de kits a la población y masificación de las pruebas de diagnóstico.

“No necesitan un estado de calamidad para hacer eso”, respondió la diputada por el partido Bien, Evelyn Morataya,

La parlamentaria agregó que este decreto no incluye medidas económicas para proteger al sector turismo, a la micro y mediana empresa ni a la economía informal.

“El confinamiento que pidieron los médicos no están reflejados en el estado de Calamidad, ellos no pidieron estado de excepción para compras. Tampoco se habla de restricciones de fiestas patrias, no se mencionó nada respecto a antorchas”, agregó.

Óscar Chinchilla, congresista de la bancada Compromiso Renovación y Orden (Creo), agregó que discutirán modificaciones para asegurar que lo aprobado no sea modificado por el Ministerio de Finanzas Públicas.

“Hay que poner mucho énfasis en el reglamento, porque después se va al ministerio de Finanzas y ahí modifican muchas de las cosas que van en el decreto. Además es importante tener un tope de precios”, precisó.

Lucrecia Hernández Mack, parlamentaria de la bancada Semilla, coincidió en que el fortalecimiento del plan de vacunación a través de las brigadas anunciadas que también estarán testeando a quienes presenten síntomas de covid son “medidas de relleno” que pueden implementarse sin necesidad de implementar un estado de emergencia.

“Coincidimos en que estamos dispuestos a apoyar las medidas de restricción, aunque creemos que son insuficientes, porque quedó todavía muy tarde. En lo que no estamos de acuerdo es en el artículo 8 porque es un desorden, es un planteamiento confuso y que abre la puerta para el saqueo” explicó.

Para Sonia Gutiérrez, de la bancada Winaq, el artículo en mención sigue siendo ambiguo. “El tema de compras es un tema bastante complejo en los estados de calamidad porque es ahí el factor que produce dudas, son focos de corrupción, no nos genera confianza dada la poca credibilidad que tiene la propia institución a cargo que en este caso es el ministerio de Salud”, indicó.

El detenido fue identificado como Juan Antonio Escalón Yumán, de 20 años. Fue sindicado por robo y escándalo en la vía pública bajo efectos de licor.

La captura ocurrió en el municipio de Amatitlán el sábado 4 de septiembre a las 23.30 horas, cuando la movilidad para los guatemaltecos estaba restringida.

De acuerdo con Edwin Monroy, vocero de la PNC, durante la primera noche del toque de queda se detuvo a 31 personas.

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Señala que en ese momento fue la manera en que los agentes pudieron capturar y trasladar a Escalón Yumán, y que en otras ocasiones el Grupo de Reacción Inmediata Lobos ha tenido que realizar alguna acción similar.

((VIDEO))) Mejor cuídese de hacer todo en el marco de la ley, porque la PNC de #Amatitlan no se complica a la hora de conducir a los detenidos #COMPARTE #pampichinews_gt pic.twitter.com/DTcbcl4jVg

— PampichiNews (@PampichiNews) September 6, 2021

Los diputados del Congreso de la República se reunieron este domingo 5 de septiembre para discutir en segundo debate el estado de Calamidad decretado por el presidente Alejandro Giammattei, que busca contener la pandemia de coronavirus en el país. La sesión inició con dos horas de retraso.

Luego de aprobar el orden del día con 57 votos a favor, dos parlamentarios tomaron la palabra para explicar por qué no votarían en favor del estado de excepción.

El primero fue el congresista José Francisco Zamora, de la bancada Valor. “El gobierno debe comunicar y motivar a la población a vacunarse, así como habilitar más puestos de inmunización”, mencionó.

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Le siguió la diputada Petrona Mejía, del bloque UNE, quien opinó que “no se necesita estado de Calamidad para realizar una vacunación masiva”.

Luego de estas intervenciones, el legislador Álvaro Arzú, de la bancada Unionista, presentó una moción privilegiada para conocer el decreto 8-2021 de urgencia nacional, lo cual requería la presencia en el hemiciclo de dos tercios de los diputados, es decir, 107.

Ante la propuesta, el presidente del Organismo Legislativo, Allan Rodríguez, respondió que los congresistas seguían el procedimiento de tres lecturas, como se acordó en la plenaria del sábado 4 de septiembre. Sin embargo, aclaró que “por respeto” se sometería a discusión la moción privilegiada de Arzú.

“Hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad y es clara. Que se haya hecho de una forma hace muchos años, no cambia”, argumentó Arzú, quien agregó que conocer el decreto en tres lecturas limita la libertad de locomoción de los guatemaltecos y permite que no haya control de las compras por excepción.

El congresista Bernardo Arévalo, del bloque Semilla, también propuso conocer el estado de Calamidad por urgencia nacional la noche del 4 de septiembre, pero su planteamiento fue rechazado con 56 votos en contra.

La discusión de la moción de Arzú abarcó más de dos horas: 18 parlamentarios tomaron el micrófono para exponer sus posturas a favor o en contra.

Con una hora y 40 minutos de retraso inicia la sesión en el Congreso de la Republica para seguir con la discusión del estado de Calamidad por el covid-19. pic.twitter.com/Ig9DrDLF3e

— Guatevisión (@Guatevision_tv) September 5, 2021

El congresista Aníbal Rojas, de Viva, criticó la propuesta y opinó que el segundo debate debía continuar. “Otra cosa es tratar de buscar como bloquear o querer interpretarlo a su manera porque eso es lo que conviene políticamente en este momento”, le replicó a Arzú.

Una opinión similar ventiló Armando Castillo, también de Viva. Aseveró que cuando Arzú fue presidente del Congreso entre 2018 y 2020, dos estados de Calamidad fueron aprobados bajo el procedimiento de tres lecturas.

En contraste, Aníbal Samayoa, de la bancada Humanista, dijo que se debe votar para conocer las enmiendas en un único debate. “Nosotros igual votaremos en contra del decreto”, puntualizó.

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Antes de la votación, la diputada Samantha Figueroa, de la UNE, criticó que el debate tardó dos horas. “Esto tiene que pasar a un segundo plano. Ayer había gente corriendo en la acerca para llegar a su casa antes del toque de queda y nosotros no habíamos decidido nada”, dijo.

Al final de la jornada, la moción privilegiada de Arzú fue rechazada con 78 votos en contra, 47 a favor y 35 ausentes.

Al carecer del quórum necesario, el presidente Rodríguez levantó la sesión y anunció que el tercer debate del estado de Calamidad será este lunes 6 de septiembre. La reunión, en la que los diputados votarán para aprobar, improbar o modificar el decreto, fue convocada a las 12 horas.

El gobierno impuso estado de Calamidad en Guatemala con la intención de contener el avance del covid-19; entre las medidas se contempla el toque de queda de las 20 horas a las 4 de la mañana del día siguiente.

La restricción de movilidad comenzó la noche del sábado 5 de septiembre; sin embargo, no se cumplió en todo el territorio nacional, ya que en algunos lugares se registraron fiestas con gran afluencia de personas.

Mientras los diputados trataban de ponerse de acuerdo en el Congreso sobre cómo discutir el estado de Calamidad decretado por el Ejecutivo, en Sacapulas y Joyabaj, Quiché, no se respetaba el toque de queda, pues se llevaron a cabo bailes en los que decenas de personas se aglomeraban y algunos sin mascarilla.

Las redes sociales dejaron evidenciadas estas fiestas que fueron transmitidas en vivo, en las que se observa cuando las personas sin aparente preocupación se aglomeran para bailar.

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Una de estas se llevó a cabo en Parraxtut, Sacapulas, y Las Lomas, Joyabaj, Quiché.

Qué dicen las autoridades

Alberto Lux, alcalde de Sacapulas, afirmó que él les notificó a los vecinos que la fiesta no se podía realizar, pero no atendieron la orden.

Comunicación Social de la Policía Nacional Civil (PNC) dijo que las acciones se realizan a través de una denuncia ciudadana, pero si no la hay es difícil tener conocimiento de alguna situación.

Añadió que se observaron algunos videos en redes sociales y de oficio la unidad de la Comisaría de Quiché fue a verificar la situación a la aldea Parraxtut, Sacapulas.

Dijo que para llegar a esta aldea hay que recorrer seis kilómetros de terracería y además hay tres talanqueras instaladas por los pobladores.

Encapuchados en talanquera

Según la PNC, en la primer talanquera había candado y un grupo de encapuchados que les indicaron a los agentes que se desplazaban en autopatrulla que se retirarán del lugar y amenazaron con quemar la unidad policial.

Ante esto, la PNC efectuó un informe para que el Ministerio Público (MP) efectúe las investigaciones correspondientes.

Agregó que el caso de Joyabaj es la misma situación, y se hicieron las consultas con alcaldes auxiliares, personal de Salud y no hay autorización para este tipo de actividades.

Indicó que tienen conocimiento de que los conciertos continuarán, por lo que se les consultó si tienen alguna estrategia para evitarlo y la PNC respondió que por la situación conflictiva histórica de estas comunidades “el intentar una situación de control ahí es un conflicto”.

Ahora dependen de lo que el MP disponga ya con el informe que se les envió el sábado 4 de septiembre.

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Según la PNC, estas actividades serían las fiestas patronales de estas aldeas, donde los vehículos deben pasar con el permiso de los pobladores.

Se consultó al Ministerio de Salud respecto de la situación por estas fiestas en Quiché en pleno toque de queda, pero aún se está la espera de respuesta.

Ángel Escobar, oficial a cargo de la subestación de Sacapulas, dijo que el 2 de septiembre se enteraron de las actividades de Parraxtut y se apersonaron con el comité organizador para indicarles que no se podía hacer el baile, pero los pobladores les dijeron que “no les interesaba” porque ya habían pagado a los grupos y que “por favor” no llegarán a esa comunidad el día de la fiesta.

Salomón Delgado, director del Hospital Regional de Quiché, informó que el área de covid-19 está colapsada y según él, la mayor parte de pacientes son participantes de fiestas comunales, convites y actividades de ferias patronales

Marina Méndez, directora del Hospital Distrital de Joyabaj, expresó que han recibido enfermos de covid-19 desde Sacapulas, porque no hay espacio en el Hospital Regional de Quiché.

Añadió que prevé saturación de pacientes porque las personas que llegan al Distrital han participado en ferias y está preocupada, pues se ha observado le presencia de jóvenes y niño en las fiestas masivas en Joyabaj.

Florencio Carrascoza, alcalde de Joyabaj, dijo que hay un acuerdo municipal de suspender las ferias por un mes. Añadió que se ha comunicado con el gobernador de Quiché para solicitar  más agentes y suspender las fiestas, pero no hay contingente específico para eso, pues es imposible que siete u ocho agentes disuelvan una fiesta masiva.

El MP informó que la Fiscalía de Distrito de Quiché inició de oficio investigación en ambos casos.

Este domingo la fiesta continúa en Parraxtut, Sacapulas, y mientras el toque de queda está vigente, al evento acudieron decenas de personas, sin mascarilla y sin mantener el distanciamiento físico, necesarios para evitar el contagio del covid-19.

En una larga jornada en el Congreso de la República, la primera votación para aprobar el orden del día tuvo como resultado 140 diputados a favor, 3 en contra y 17 diputados ausentes.

Luego de haber aprobado el orden del día, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, pidió que todos los jefes de bloque se reunieran en el centro del hemiciclo. Hizo la misma petición el lunes 23 de agosto, cuando el Congreso improbó el primer estado de Calamidad.

Dos grupos de discusión se formaron en el hemiciclo. Uno es el que formó Rodríguez con los jefes de bloque. Otro estaba compuesto principalmente por diputados de la bancada UNE.

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Estado de Calamidad: cuáles son las nuevas restricciones en Guatemala publicadas en el Diario Oficial

Durante más de 15 minutos, los diputados discutieron si debían aprobar o improbar el estado de Calamidad en tres debates, como lo estipuló la Corte de Constitucionalidad en la ocasión anterior, con 81 votos. O si lo iban a aprobar o improbar por urgencia nacional con 107 votos.

Tras dos horas de discusión, los diputados Sonia Gutiérrez, de Winaq, y Bernardo Arévalo, de Semilla, presentaron una moción privilegiada para el conocimiento, ratificación, modificación o improbación del decreto 8-2021.

En contra y a favor de la moción

La moción propuso que se conociera y discutiera dicho decreto, y que se sometiera al pleno por medio de una iniciativa de ley conocida en tres debates en distintos días.

Esto provocó opiniones en contra y a favor:

El diputado de Winaq, Edgar Batres, solicitó que se diera en un solo debate de urgencia nacional, con 107 votos, o con el procedimiento de ratificación o no ratificación con 81 votos.

El diputado del partido Unionista, Álvaro Arzú Escobar, dijo que era una obligación constitucional conocerlo, pues si después de tres días no se tiene respuesta, se estaría incurriendo en ilegalidades.

El diputado Orlando Blanco, de la UNE, dijo: “Veníamos hoy con la idea de aprobar o improbar el estado de Calamidad, que la bancada no lo va a apoyar porque no tiene las restricciones que debe de tener y es solo para que el Ejecutivo se lave las manos y nos tire la pelota al Legislativo”.

Evelyn Morataya, del partido Bien, dijo estar en contra de la moción. Agregó que el presidente debe asumir sus malas decisiones y que no culpe a los legisladores ni al pueblo.

Contrario a los demás, Cristian Álvarez, del partido Creo, dijo que para él lo más conveniente es hacerlo en tres lecturas porque en tres días la población podría comunicarse con sus representantes.

“Necesitamos el estado de Calamidad para hacer las jornadas de vacunación. Ya escuchamos a los médicos y a nosotros nos toca hacer algo”, dijo la diputada Shirley Rivera, de Vamos, quien apoya el estado de Calamidad.

El diputado Herberth Figueroa, presidente de la Comisión de Salud y parlamentario de Viva, pidió al pleno que se modifique el estado de Calamidad para incluir otros horarios de toque de queda, pero solicitó que no se impruebe.

Votan a favor de la moción

Pasadas la 9 de la noche, los legisladores entraron a votación de la moción privilegiada con un quorum de 145 diputados: a favor, votaron 82; en contra, 63; y ausentes, 15, con la que quedó aprobada la moción privilegiada.

Así, se extiende en tres lecturas el Decreto 8-2021 enviado por el presidente Alejandro Giammattei para habilitar el estado de Calamidad, que incluye restricciones como el toque de queda de 20 a 4 horas que comenzó a regir este sábado 4 de septiembre.

A las 22 horas, el diputado de Semilla, Bernardo Arévalo, promovió una moción privilegiada verbal para que se conociera de urgencia nacional la discusión y aprobación del decreto. No fue aprobado.

A las 22 horas con 21 minutos se levantó la sesión, convocando para continuar el segundo debate mañana, domingo 5 de septiembre, a las 10 horas.

El ruido de los vehículos disminuyó, al igual que la movilidad de los guatemaltecos por las calles, pues durante un mes el horario de movilidad quedó restringido de las 20 horas a las 4 horas del día siguiente, según el Decreto Gubernativo 8-2021.

Sin embargo, a muchos guatemaltecos se les complicó llegar a sus hogares a tiempo debido a la escases de transporte público para trasladarse,  largas filas de vehículos en las calles, y accidentes de tránsito.

Algunos de los puntos donde el caos se hizo evidente fue el Anillo Periférico, las calzadas Roosevelt y San Juan, la calle Matí, el bulevar Austriaco en zona 16, entre otros.

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Estado de Calamidad: cuáles son las nuevas restricciones

El toque de queda fue impuesto con la intención de reducir la transmisión del virus del covid-19 en un momento donde se superan los 5 mil casos positivos diarios, y los hospitales están desbordados de pacientes, sin medicinas y personal suficiente para hacer frente a la emergencia sanitaria.

El Tablero de Alertas Sanitarias publicado este sábado indica que el 89.7 por ciento del territorio nacional está en alerta máxima por contagios del virus, son 305 municipios los que están en rojo, 21 en anaranjado y 14 en amarilla.

La comunidad médica ha señalado que para contener el incremento de casos es necesario restringir la movilidad.

El toque de queda comenzó este sábado y durante el horario establecido los habitantes del país deberán permanecer en su lugar de residencia (morada, hogar, vivienda, casa, apartamento o similar). La restricción incluye el tránsito y la circulación de personas, tripulación, pasajeros, vehículos de todo tipo de transporte terrestre particular y de pasajeros.

La medida finalizará, según el decreto, el 1 de octubre a las 24 horas.

Así luce el primer día de toque de queda impuesto por el gobierno a través del decreto 8-2021. La medida entró en rigor mientras en el Congreso aún se discute el estado de Calamidad.

Fotos: Juan Diego González pic.twitter.com/pxkpXL11IB

— Prensa Libre (@prensa_libre) September 5, 2021

En la Calzada Roosevelt agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a motoristas y conductores de vehículos, por ser el primer día del toque de queda les hicieron conciencia de que deben portar los permisos requeridos para poder circular después de las 20 horas.

El Ministerio de Economía, Mineco, ha informado que está implementando soluciones técnicas para agilizar la gestión de autorizaciones para circular, por lo que solicitan a los usuarios que han tenido alguna dificultad que intenten nuevamente en el transcurso del día.

La página para poder obtener los salvoconductos es https://autorizaciones.mineco.gob.gt/ y es necesario que lo haga si, por el trabajo, debe circular en horario de 8 de la noche a 4 de la mañana del día siguiente.

Mineco resalta que es importante tomar en cuenta que, si la actividad económica seleccionada en la plataforma no corresponde a la actividad registrada ante la SAT, el sistema notificará “Error”.

Sí su industria no está incluida en las opciones que muestra la plataforma, se debe a que no se encuentra dentro de las actividades que tienen autorización de circular durante el horario restringido (20:00 a 4:00 horas).

Permisos para extranjeros y vuelos

Si el empleador de las industrias autorizadas necesita gestionar una autorización de circulación para un trabajador extranjero, debe hacerlo a través del correo electrónico: extranjeros@mineco.gob.gt.

Es importante que sepa que no es posible utilizar las autorizaciones gestionadas durante el mes de agosto, debido a que fue improbado el estado de calamidad.

Si su vuelo entra o sale durante el horario de toque de queda, la página para solicitar el salvoconducto para el pasajero y su piloto es salvoconductoaeropuerto.com.