Secuestro de Hugo Alberto Wallace: las dudas y controversias que persisten 20 años después

En junio del 2025, el caso volvió al entorno mediático tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de México de liberar a Juana Hilda, una de las principales acusadas.

Mariana Torres Ruano

29 de septiembre de 2025 | 18:00h

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Imagen de referencia. A raíz del presunto secuestro de su hijo, Isabel Miranda se convirtió en una de las voces públicas en contra del secuestro en México. (Foto Prensa Libre: AFP).

El supuesto secuestro y asesinato del empresario Hugo Alberto Wallace sucedió en 2005. Su madre, Isabel Miranda, se convirtió en una de las voces públicas en contra de estos delitos, que azotaban a México durante esos años.

Además de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, recientemente han surgido investigaciones que cuestionan si el secuestro y posterior asesinato sucedió, o si fue un intento de Hugo Alberto de escapar “un peligroso narcotraficante al que le debía dinero”, según BBC Mundo.  

El periodista y escritor mexicano Ricardo Raphael se dedicó durante seis años a investigar este caso para su libro, “Fabricación”. En el texto de 500 páginas, el autor estudia los mecanismos que permitieron que Isabel Miranda asentara esta narrativa ante los medios mexicanos.

Ricardo Raphael, en una entrevista con BBC Mundo, comentó que hay evidencias que desmienten las afirmaciones, recopiladas en el expediente judicial de más de 130 mil páginas. Para la elaboración de su libro, el escritor también consultó más de 140 entrevistas y los miles de artículos periodísticos publicados. Por otro lado, la familia Wallace niega estas declaraciones. Isabel Miranda falleció el 8 de marzo, pero en una carta póstuma se lee: “la justicia acreditó el secuestro y asesinato de mi hijo”.

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La historia de la desaparición

De acuerdo con la información recopilada de BBC Mundo, Hugo Alberto Wallace desapareció la noche del 11 al 12 de julio de 2005, en la Ciudad de México. En ese momento, tenía 35 años y era divorciado con una hija. Contrario a otras desapariciones, las autoridades comenzaron a investigar 9 horas después de que Isabel Miranda presionó. Ella, en ese entonces, era una famosa empresaria de vallas publicitarias.

Después, la familia encontró el vehículo de Hugo en la colonia Insurgentes Mixcoac, cerca de un edificio de departamentos. Entonces, surgieron dos hipótesis alrededor del caso. La primera teoría, explica Ricardo Raphael, era que a Hugo lo bajaron de una camioneta y lo subieron al departamento 4. El escritor describe que supuestamente había un niño que escuchó balazos, aunque otros vecinos no escucharon nada.

De ahí, surgió la segunda teoría, que Isabel Mirando defendía como la realidad de los hechos. La madre declaró que Wallace fue al cine con una bailarina profesional, Juana Hilda, quien vivía en el departamento 4. Después de la película, lo invitó a su casa, donde supuestamente estaban los cinco secuestradores. Ahí, Hugo Alberto sufrió un ataque al corazón después de ser golpeado. Ya muerto, lo desmembraron en el baño con una sierra eléctrica, metieron los trozos del cuerpo en bolsas y los tiraron al canal de Cuemanco, narra BBC Mundo.

Por su parte, Raphael considera esta teoría como “pura ficción”. Esto se debe a que los peritos policiales no encontraron nada en el departamento, y los vecinos nunca escucharon nada, aun cuando las paredes de los departamentos eran delgadas y se podía oír todo. Tampoco encontraron los restos en el canal, a pesar de la insistencia de la madre con esta especulación.

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El caso de Juana Hilda

Inicialmente, la bailarina había negado las acusaciones, pero un mes después confesó estos hechos no comprobados. Hilda permaneció 20 años en prisión, hasta junio.  La Suprema Corte de Justicia dictaminó que la declaración de Juana Hilda había sido conseguida mediante tortura, lo que volvía inválidas las “pruebas” que presentaron en su contra.

Juana confesó que, mientras el caso se desarrollaba, agentes del Ministerio Público la torturaron y amenazaron que le harían daño a su madre, hija y hermano, según BBC Mundo. La corte decidió que Hilda no había confesado voluntariamente, sino que fue presionada e intimidada.

Esta confesión llevó a que criminalizaran a otras personas. Entre ellas, César Freyre, quien era novio de Hilda, a los hermanos Albert y Rony Castillo, Brenda Quevedo y Jacobo Tagle. El escritor Ricardo Raphael confirma que solo Hilda confesó. Los demás, se habían resistido a la tortura.

Las sentencias de Juana Hilda, César Freyre, Albert y Tony Castillo sumaban 300 años en conjunto, informó BBC Mundo. Por su parte, Brenda y Jacobo no fueron encarcelados por “la debilidad de las pruebas”.

La hipótesis de Raphael

Después de años de investigación, Raphael llegó a su propia conclusión, la cual escribió en su libro. El periodista explica que Hugo Alberto Wallace tenía amigos peligrosos, además de consumir cocaína y alcohol, con suficiente frecuencia para vincularlo con negocios de droga y contrabando.

Le terminó debiendo millones de dólares al narcotraficante Edgar Valdez Villareal, alias la Barbie, miembro del Cartel Beltrán Leyva, afirma BBC Mundo. La teoría de Raphael es que Hugo Alberto fabricó su secuestro y muerte para huir de las amenazas y presiones de la Barbie. A mano de esto, convenció a su madre “a convertir el secuestro en algo muy público para protegerse mejor”, opinó el periodista con el medio.

A raíz del supuesto secuestro y asesinato, Isabel Miranda fundó la organización Alto al Secuestro, llegándose a convertir en una de las principales asesoras del presidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012). Incluso, se postuló para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en las elecciones de 2012.

“Estaba inconsciente y la seguía golpeando”: Declaraciones de la madrastra de Génesis Ariah

La madrastra de Génesis Ariah Mata, la niña de 8 años que fue asesinada en un hotel, declaró que su esposo fue quien la mató luego de torturarla durante semanas.

Emilio Dávila

14 de agosto de 2025 | 07:51h

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Imagen de referencia. Una niña de 8 años sufrió abuso por parte de su padre y madrastra, quienes la torturaron por semanas. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Durante la noche del pasado lunes 4 de agosto, una niña de 8 años, identificada como Génesis Ariah Mata, fue hallada muerta por las autoridades de los Estados Unidos en el baño de un hotel ubicado en la ciudad de Bakersfield, California, luego de que presuntamente fue golpeada y torturada durante semanas por su padre y su madrastra.

Los reportes de la fiscalía en el condado de Kern señalan que, durante más de cuatro días, Génesis Ariah Mata fue atormentada en una habitación del hotel La Quinta Inn, donde su padre, Rey Mata, y su madrastra, Graciela Bustamante, “la golpeaban constantemente y le arrojaban agua hirviendo al cuerpo”, antes de causarle la muerte.

Según la cadena de televisión estadounidense Univisión, la Policía llegó al hotel luego de recibir la alerta sobre una menor de edad que presentaba “signos evidentes de traumas severos”, principalmente quemaduras graves que provocaron el desprendimiento de su piel. Sin embargo, tanto Mata como Bustamante se declararon no culpables.

Los acusados permanecerán detenidos en una cárcel local y se presentarán nuevamente ante la corte el próximo viernes 15 de agosto, debido a que ambos fueron identificados como los principales sospechosos de la muerte de Génesis Ariah Mata. No obstante, un oficial relató las primeras declaraciones de la madrastra de la víctima.

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Primeras declaraciones de la madrastra de Génesis Ariah Mata

Uno de los oficiales a cargo de la investigación le relató a Univisión las primeras declaraciones de Gabriela Bustamante, de 27 años, luego de que su hijastra fuera hallada muerta y con signos de tortura. “Ella declaró que estuvo presente durante el incidente, pero continuó minimizando su participación en la muerte de Génesis Ariah”, agregó.

Según el oficial de Kern, Graciela declaró que su esposo, Rey Mata, de 31 años y padre de la víctima, fue quien sofocó, golpeó y le arrojó agua hirviendo al cuerpo de Génesis Ariah: “Mencionó que su esposo le dijo que, si ella llamaba a la Policía, también iría a la cárcel junto con él”, añadió el agente, quien prefirió mantener el anonimato.

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“Graciela Bustamante afirmó que Rey Mata mató a Génesis Ariah. Al parecer, ella estaba presente en el lugar en el momento en que la asesinó. Le mencionó a las autoridades que la niña ya estaba inconsciente y su padre la seguía golpeando, por lo que solo quería escapar del hotel”, explicó el oficial durante la entrevista telefónica.

De acuerdo con el investigador, la madrastra de la víctima mencionó que, luego de que su padre le dio múltiples puñetazos en el estómago y el rostro, la menor perdió el conocimiento y no volvió a recobrarlo. Ante esta situación, Graciela huyó del hotel y fue entonces cuando contactó a los familiares de Génesis para alertar sobre lo ocurrido.

Antes de escapar de la habitación del hotel en California, Graciela Bustamante indicó que vio a Rey Mata intentar reanimar a la niña, pero, al ver que no reaccionaba, la siguió golpeando. “Ella asegura que su esposo la golpeó por años, pero nunca llamó a la Policía por miedo a ir a la cárcel”, afirmó el oficial encargado de la investigación.

Por último, la madrastra de la víctima declaró que, si se hubiera tratado de su hija biológica, seguramente habría intervenido. A pesar de ello, por el momento, tanto Bustamante como Rey Mata esperan su siguiente comparecencia desde la cárcel del condado de Kern, luego de haberse declarado no culpables ante un juez de esa región.

El caso de Génesis Ariah Mata: la niña de 8 años que no pudo sobrevivir al horror vivido en su casa

Las autoridades indicaron que la menor fue atormentada en la habitación de un hotel, donde su padre y madrastra la golpeaban y le arrojaban agua hirviendo, lo que ocasionó su muerte.

Emilio Dávila

8 de agosto de 2025 | 13:38h

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Una niña de 8 años sufrió abuso por parte de su padre, quien la torturó por varios días. (Imagen ilustrativa Prensa Libre: Shutterstock)

Durante la noche del pasado domingo 3 de agosto, una niña de 8 años identificada como Génesis Ariah Mata fue hallada muerta por las autoridades en el baño de un hotel ubicado en la ciudad de Bakersfield, California. Presuntamente, fue golpeada y torturada durante varios días por su padre, Rey Mata, y su madrastra, Graciela Bustamonte.

Los documentos de la corte superior y de la fiscalía en el condado de Kern señalan que, durante casi tres días, Génesis fue atormentada en una habitación del hotel La Quinta Inn, ubicado en la calle 3223 de Riverside, donde su padre y su madrastra la golpeaban constantemente y le arrojaban agua hirviendo, lo que ocasionó su muerte.

Según la cadena de televisión estadounidense Univisión, los agentes de la policía local fueron enviados al hotel luego de recibir el reporte de un menor de edad que presentaba “signos evidentes de traumas severos” y que podría estar fallecido, principalmente por las quemaduras graves que provocaron el desprendimiento de su piel.

Sin embargo, tras el análisis del cadáver, las autoridades se percataron de que la menor habría sido golpeada en el pecho y en el rostro reiteradamente, lo que provocó que perdiera el conocimiento en más de una ocasión, hasta que falleció. “Aplastaron el abdomen de la niña con los puños”, asegura un documento compartido por Univisión.

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Padre y madrastra acusados de matar a menor

Ante esta situación, el pasado miércoles 7 de agosto, Rey Mata y Graciela Bustamonte, ambos de 27 años, se presentaron ante la Corte Superior de California con el rostro cubierto, donde se declararon no culpables de los cargos de asesinato en primer grado, tortura por crueldad infantil, mutilación agravada y causar lesiones a una menor.

Los acusados permanecerán detenidos en la cárcel del condado de Kern y se presentarán nuevamente ante la corte el próximo viernes 15 de agosto, debido a que ambos fueron identificados como los principales sospechosos de la muerte de Génesis Ariah Mata, cuyo cadáver estuvo encerrado en el baño de un hotel durante varias horas.

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En su primera declaración ante las autoridades, Graciela sostuvo haber propuesto sumergir a Génesis en “agua caliente” como un método de castigo justificado, debido a que la niña no seguía instrucciones. Además, dijo que fue testigo de los golpes que Rey Mata le propinó a su hija en más de una ocasión, desde hace más de cuatro años.

De acuerdo con la revista estadounidense People, la investigación policial detalla que la menor fue víctima de múltiples formas de maltrato durante varias semanas antes de morir. Los registros compartidos por el medio señalan el aplastamiento reiterado de sus manos en el marco de una puerta, así como el desprendimiento de sus uñas.

Dadas las circunstancias, el caso de Génesis Ariah Mata puso en evidencia las fallas del sistema de protección a la infancia, tanto en California como en los Estados Unidos, debido a que múltiples familiares de la víctima aseguran haber alertado a los Servicios de Protección Infantil en el condado de Kern en más de diez ocasiones diferentes.

Las tías y primas de la fallecida recordaron ante los medios locales la personalidad alegre de la niña: “Su vida fue robada demasiado pronto. Se necesita una verdadera justicia en los casos como el de Génesis”, afirmó Sophia Hernández, familiar de Ariah, quien abrió una campaña en redes sociales para poder cubrir los gastos de su funeral.

El Salvador, que en los últimos meses saltó a los titulares de la prensa internacional por el internamiento en una megaprisión de inmigrantes deportados desde Estados Unidos, se encuentra junto a países como Bielorrusia, Etiopía Libia o Rusia en el grupo de países con el mayor riesgo de tortura, según un índice elaborado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

“Hay denuncias muy serias de tortura, de muertes en custodia. El Salvador está clasificado con el nivel más alto de riesgo de tortura y esta prisión es una de las razones, porque no hay garantías, (los prisioneros) no tienen acceso a abogados o al mundo exterior. Y en el caso de las muertes en custodia no hay investigaciones independientes”, dijo en una entrevista con EFE el secretario general de la OMCT, Gerald Staberock.

Estos comentarios han coincidido con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de dar luz verde al Gobierno de Estados Unidos de reanudar la deportación de inmigrantes a países distintos al del que son originarios.

En la actualidad la tortura es el resultado de una combinación de acciones, que pueden implicar abusos físicos al mismo tiempo que condiciones de detención insoportables, con el objetivo final de “destruir la personalidad” del individuo.

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“Es muy preocupante la tendencia global de utilizar este tipo de prisiones represivas de alta seguridad, en las que se crea un entorno torturador, como una caja negra en la que no hay transparencia ni acceso y generalmente no se sabe lo que pasa con la gente que está dentro”, comentó Staberock, entrevistado en la sede de su organización en Ginebra.

Altas autoridades en Ecuador y Perú han evocado la posibilidad de negociar con el Gobierno salvadoreño el envío a su megaprisión (conocida como CECOT) de reclusos extranjeros para descongestionar sus cárceles y alejar a presos de alta peligrosidad, una idea que para la OMCT implica hacerse “cómplices de tortura”.

“Esto sería inaceptable y es una violación de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura. Los Estados no solo tienen la obligación de no torturar, sino de no enviar a nadie a la tortura. Esto está claramente formulado en el derecho internacional, de modo que serían responsables de actos de tortura”, explicó.

Sobre la idea expresada por el presidente Donald Trump de transformar el Centro de Operaciones para Migrantes de Guantánamo para albergar a “los peores criminales migrantes ilegales”, Staberock dijo que la intención “es enviar un mensaje de temor a las comunidades porque Guantanamo es de por si una palabra que intimida” por el historial de torturas que allí ocurrieron durante el Gobierno de George Bush.

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Torturaba a su hijo en una jaula para perros: Condenan a 20 años de cárcel a mujer que quería “disciplinar” a menor

Un tribunal austríaco condenó a 20 años de prisión a una mujer que casi condujo a su hijo de 12 años a la muerte, encerrándolo en una jaula para transportar perros.

Redacción AFP

1 de marzo de 2024 | 10:58h

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Condenan a 20 años de cárcel a una madre austríaca por torturar a su hijo en una jaula para perros (Foto Prensa Libre: Pixabay)

En este caso, que conmocionó al país alpino, la acusada de 33 años fue declarada culpable de tentativa de asesinato, tortura de menores y secuestro, tras siete horas de deliberaciones el jueves 29 de febrero por la noche.

Una amiga suya, de 40 años, supuesta cómplice, fue condenada a 14 años de cárcel por haber incitado con mensajes de chat y llamadas telefónicas el “recurso continuo a la violencia” contra el niño.

El tribunal ordenó su internamiento en un centro de terapia forense, ya que el peritaje psiquiátrico demostraba “trastornos psíquicos graves y duraderos”, sin que se aboliera la “capacidad de discernimiento”.

El niño, ahora de 13 años, fue “completamente destruido”, estimó la presidenta del tribunal penal.

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Durante el juicio, la acusada afirmó que simplemente quería “disciplinar” a su hijo y dijo que “estaba terriblemente apenada por lo sucedido”, según informó la agencia APA.

El 22 de noviembre de 2022, fue hallado el niño en coma, con hipotermia, y trasladado al hospital. Al día siguiente, la madre, soltera y desempleada, fue detenida en Krems, al oeste de Viena.

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Durante varios meses, había rociado al niño con agua fría mientras abría las ventanas del apartamento a pesar de las temperaturas exteriores inferiores a cero. Su temperatura corporal descendió a 26.8 ºC.

El menor, salvado in extremis, pesaba 40 kilos.

También lo golpeó, lo privó de alimentos, lo ató y lo encerró en una jaula para transportar perros.

Durante la audiencia se mostraron videos de la acusada en los que se veía al niño incapaz de moverse y hablar.

La defensa señaló posibles fallas de las autoridades cuando la escuela había emitido informes insistentes.

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Unas semanas antes de su hospitalización, el niño había huido y pidió a una familia que lo alojara.

Según el diario austriaco Der Standard, la policía lo volvió a conducir a su casa.

La OPT se encarga de hacer visitas programadas a cárceles, centros de detención para menores de edad, hospitales y otras entidades estatales.

El motivo de las visitas es verificar las condiciones de las personas recluidas y evitar que se incurra en prácticas relacionadas con la tortura y no sean sometidos a tratos degradantes.

Intereses

Sonia Gutiérrez, de Winaq, dice que si bien el cargo es importante, puede ser mal utilizado por “grupos de poder”, en especial porque hubo señalamientos en contra de aspirantes como el exjuez Mynor Moto, contra quien se giraron dos órdenes de captura por el supuesto delito de obstrucción a la justicia por el caso denominado Comisiones Paralelas 2020, y por presunto cobro de sobornos en el caso conocido como Libramiento de Chimaltenango, aunque al fin fueron revocados.

A criterio de la diputada, “la OPT es una de las instancias en las que se juegan intereses. Las instituciones creadas para defender los derechos humanos son instrumentalizadas para otros fines”.

“Las colocan —este tipo de oficinas— en función de los grupos de poder y más bien se pierde el objetivo de la institucionalidad, pues crean inoperancia y no dejan que cumplan el mandato que corresponde”, agregó.

Un ejemplo de que la OPT no cumple su mandato es el mal trato que se dio en la cárcel a la exfiscal Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Quetzaltenango, expresó.

Laparra fue ligada a proceso por abuso de autoridad y usurpación de funciones, sindicada de haber filtrado información sobre un testigo protegido.

“Y no se hace nada, hay otros líderes que también son víctimas y no vemos el actuar de la OPT”, expuso, al considerar que dicha oficina es utilizada solo para justificar los presupuestos y utilizarlos con otros fines.

“Hay intenciones que ya se materializaron por parte de los diputados que están interesados en que llegue un actor como Mynor Moto, que ya sabemos qué perfil tiene y que se presta a los objetivos y fines perversos de los grupos de poder”, concluyó.

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Señalados

El 28 de agosto del 2019 el Congreso eligió como relator titular contra la Tortura a Carlos Solórzano, a quien se señaló de beneficiar a reclusos de alto perfil, extremo que negó. Antes de ocupar ese cargo fue diputado por el desaparecido Partido Patriota.

En marzo del 2022, con 111 votos a favor, el oficialismo nombró relator titular a Lesther Castellanos Rodas, quien denunció a Virginia Laparra y fue incluido en la lista Engel.

Se consultó a Castellanos y mediante mensaje de texto destacó la importancia del cargo que ocupa, aunque no respondió a otras preguntas por señalamientos en su contra.

Botín

“Por desgracia, casi desde sus inicios este mecanismo fue utilizado como botín político, como instrumento que genera impunidad o que protege a sindicados poderosos. Es un mecanismo contra la tortura en el que los relatores usan su cargo para defender a señalados y sindicar a fiscales y jueces que llevan casos de corrupción, alegando que estaban sufriendo tratos crueles”, opinó Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia.

“Quienes ocupan los cargos de relator se benefician al usar mal los recursos del Estado con las dietas y salarios para plazas creadas para favorecer a amigos y familiares de quienes los eligieron”, añadió.

Voluntad

Antonio Arenales Forno, parlamentario del partido Valor, la tortura es uno de los crímenes contra los derechos humanos que más atención ha recibido en la historia de Guatemala. Sin embargo, reconoce que en los últimos años no se le ha dado la importancia necesaria a los mecanismos contra esa práctica.

“Todos los días hay privados en libertad en todo tipo de centros hospitalarios y menores de edad detenidos sujetos a malos tratos”, refirió.
“Los mecanismos contra la tortura han perdido protagonismo. Espero que ahora retomen el protagonismo y sirvan para evitar que cualquier privado de libertad sufra tratos degradantes”, hizo ver.

Para que esos fines se cumplan, según Arenales Forno, debe existir voluntad por parte de los relatores y que se designe a los mejores candidatos, pues hay exfuncionarios del Organismo Judicial con experiencia.

En torno a Mynor Moto, subrayó que “primero hay que ver los méritos de las personas y tener claro que todo mundo es inocente mientras no se pruebe lo contrario”.

“Uno no puede descalificar a la gente por rumores, chismes o historias. Hicimos nuestro mejor esfuerzo para elegir a los candidatos y esperamos que todos tengan compromiso con el cargo”, puntualizó.

Para este año la OPT tiene un presupuesto inicial de Q33 millones, casi el doble de los Q 17.1 millones con que finalizó el 2022, de acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada. El incremento del presupuesto 2023 se destinó al desarrollo de capacidades institucionales, se indicó.

La OPT fue creada en el 2014 como un ente ejecutor de la Ley del mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, decreto 40-2010, en cumplimiento de los convenios del Derecho internacional y de la Constitución. Surgió de la conflictividad política y social del país, que se reflejó en la práctica de la tortura durante el conflicto armado interno.

Salarios

La OPT dio a conocer en el 2022 los salarios de los cinco relatores. El del presidente, Carlos Solórzano, superaba al de algunos ministros, con Q60 mil, que incluye dos bonos, uno de Q10 mil y otro de Q15 mil, menos descuentos.

Los otros cuatro relatores, Lesther Castellanos Rodas, Ever Pérez Arriaza, Alfredo Sánchez Chinchilla y Gloria López Rodas reciben salarios mensuales de Q50 mil 625, menos descuentos, que incluye un bono de responsabilidad preventiva por Q15 mil. En total, casi Q380 mil mensuales se destinan a los cinco relatores, de acuerdo con los datos de información pública de la institución.

En la nómina del personal de dicha oficina, correspondiente a noviembre del 2022, aparece un total de 54 plazas —32 puestos en los renglones 011 y 022, y 22 por contrato—, pagos que ascienden a Q795 mil 604 mensuales.

Esto equivale a un presupuesto anual estimado de más de Q10.7 millones, el 63 por ciento del presupuesto de la OPT el año pasado.
El alquiler de cinco sedes también representa un gasto oneroso. Una se ubica en la capital y el resto en la provincia —Quetzaltenango, Jutiapa, Mazatenango y Puerto Barrios—.

El monto por las cinco suma Q407 mil 328. La renta más elevada es por la sede capitalina, de Q10 mil 555 mensuales, según el portal Guatecompras.

Pero el episodio de tortura a gran escala y sin precedentes en contra de militares de Azerbaiyán por supuestamente espiar a favor de Armenia fue saliendo a la luz poco a poco.

Obligar a los azerbaiyanos a creer en este caso que ocurrió entre 2016 y 2018, y a las autoridades de esta antigua república soviética a reconocerlo, fue posible en gran parte gracias a la persistencia de un padre que perdió a su hijo.

Aquí te contamos su historia.

La acusación

“Papá, no entiendo por qué estoy aquí”.

El ex mecánico del pueblo Nasir Aliyev recordó estas palabras cuando recobró el sentido después del arresto de su hijo Emil.

Según él, durante 4 días estuvo prácticamente inconsciente: no podía comer ni hablar, estaba de rodillas y pensaba qué iba a hacer a continuación.

En la mañana del 15 de enero de 2018, en lugar de celebrar el cumpleaños de su hija, Nasir y su hijo fueron a la capital.

Unos días antes, Emil había recibido una llamada de la Fiscalía General y fue convocado a declarar sobre las circunstancias de su servicio militar en 2011.

A las una de la tarde de ese 15 de enero ya estaba detenido. Lo esposaron en frente de su padre.

“No sabía cómo mirar a la gente a la cara”, dice Nasir. “Fue considerado un enemigo del pueblo”.

Emil fue acusado de espiar para Armenia, país con el que Azerbaiyán ha estado en guerra durante más de 30 años.

Para un país donde ya creció toda una generación que no conoció cómo era el mundo antes de este conflicto, esta es una acusación pesada y una vergüenza para toda la familia.

Al recordar las últimas palabras de Emil y su mirada confundida, Nasir le creyó a su hijo y decidió pelear.

“Me dije a mí mismo que no me iría hasta que investigara el caso”, afirma.

Ahora este episodio es conocido en Azerbaiyán por todos como “Terter”.

Caso sin precedentes

Nueve meses antes del arresto de Emil, en mayo de 2017, la fiscalía anunció el hallazgo de una red de espías armenios en el ejército de Azerbaiyán.

Años después, se supo que cientos de dramas humanos se escondían detrás de una declaración lacónica: durante mayo y junio de 2017, los soldados fueron arrestados y torturados masivamente.

Los llevaron a un antiguo edificio administrativo en la región de Terter, en el oeste de Azerbaiyán, y los torturaron para que confesaran que espiaban para el enemigo.

Las víctimas de tortura y sus familiares contaron más tarde a la BBC y a otros medios cómo desnudaban a las personas, las arrojaban por las ventanas, las golpeaban con palos, les arrancaban las uñas y les insertaban contactos eléctricos en las heridas.

Ahora, la tortura masiva en el ejército de Azerbaiyán está siendo investigada por la propia fiscalía de ese país, pero en 2017 y 2018 pocas personas se enteraron de lo que había ocurrido.

La tortura y el maltrato de prisioneros no son nuevos en Azerbaiyán, pero este caso ha alcanzado una escala sin precedentes.

Hasta la fecha, más de 400 personas han sido reconocidas oficialmente como víctimas de tortura masiva, no solo en Terter, sino también en otras regiones del país.

Según activistas de derechos humanos, al menos 11 personas murieron a causa de la tortura. La fiscalía había dicho previamente que solo una. El departamento no respondió a las preguntas de la BBC.

Nasir no sabía del “asunto Terter” cuando decidió quedarse en Bakú, la capital de Azerbaiyán, y luchar por su hijo.

Vendió la tierra que tenía en su pueblo natal de Bostanchi, región de Khachmaz, abandonó la granja y se mudó con su esposa e hija a la capital.

Alquilaron un departamento en los suburbios, comenzaron a buscar trabajo, y le llevaron paquetes a su hijo a la prisión.

Durante muchos meses, mientras se desarrollaba la investigación, Nasir buscó pruebas de la inocencia de Emil.

Pero ni siquiera pudo obtener los antecedentes del caso porque el tribunal estaba cerrado.

En junio de 2018, Emil Aliyev recibió una condena de 12 años por alta traición.

Los primeros cuatro los tuvo que cumplir en una prisión cerrada de alta seguridad.

Luego, Nasir finalmente recibió una decisión judicial y descubrió cosas extrañas en el caso.

Los archivos decían que en mayo de 2011, en la línea de contacto entre los ejércitos azerbaiyano y armenio, su hijo se había pasado al lado del enemigo, pero Nasir sabía que Emil se había retirado del servicio en abril.

Tras el veredicto, Nasir logró ver a su hijo -por primera vez desde su detención- quien le dijo que lo habían golpeado, obligándolo a incriminarse.

“Quería encontrar más evidencia y comencé a buscar a otros padres cuyos hijos fueron acusados ​​de hacer trampa”, dice Nasir.

En otoño de 2018, cerca del edificio de la administración presidencial, donde acuden muchos azerbaiyanos a exigir justicia, conoció a varias personas en una situación similar, intercambiaron números de teléfono y comenzaron a mantenerse en contacto.

Según Nasir, muchos de ellos no estaban familiarizados con los materiales de los casos de sus hijos; solo sabían que estaban encarcelados en virtud del artículo 274 (“alta traición”).

Pero todas las historias eran similares entre sí: las personas afirmaban que sus hijos fueron torturados y bajo tortura asumieron la culpa.

Nasir tenía la esperanza de que, dado que su hijo no estaba solo, podría salvarse.

En busca de pruebas

A principios de 2019, el activista de derechos humanos Oktay Gyulalyev se acercó a Nasir.

Juntos crearon el Comité contra la Represión y la Tortura, y asumieron la investigación del “caso Terter”, comprendiendo paulatinamente su escala.

“Esos primeros meses fueron los más difíciles”, recuerda Nasir.

“Fuimos literalmente de casa en casa, buscando a las víctimas, convenciéndolas de que nos acompañaran en las acciones, buscando documentos”.

Y es que una historia sin pruebas ni documentos era difícil de creer.

La mayoría de los activistas de derechos humanos y periodistas, con la excepción de los canales de televisión independientes Turan y MeydanTV, intentaron mantenerse al margen de este caso.

Algunos tenían miedo de correr riesgos, otros simplemente no creían que en el ejército -orgullo del país- cientos de personas pudieran pasar por el “transportador de la tortura”.

En la primavera de 2019, Nasir y Oktay Gyulalyev fueron citados a la Fiscalía General debido a las transmisiones de televisión en las que hablaban de tortura.

“Estábamos muy preocupados, porque ya habíamos dicho mucho: que las personas fueron torturadas, pero no teníamos documentos en nuestras manos que lo confirmaran”, dice Nasir.

Ambos tenían algo que temer: en ese momento, la represión en Azerbaiyán se había intensificado.

Desde 2014, las autoridades comenzaron a irse en contra de los activistas de derechos humanos. Muchos de ellos terminaron en la cárcel, se fueron del país o dejaron de trabajar porque tenían miedo de tocar casos peligrosos.

Nasir admite que a veces se desesperaba.

“Cuando escuchábamos lo que decía la gente, incluso dudábamos un poco al principio si podría haber tal crueldad, hasta el punto de que allí estaba ocurriendo una pesadilla”.

Según Nasir, en la oficina del fiscal, a Oktay Gyulalyev se le dijo directamente que abandonara el caso.

Pero esa misma mañana tuvieron la primera evidencia física.

Primeros documentos

“Cuando Valida Khanum apareció esa mañana y trajo la decisión del tribunal, puedo decir que nuestra vida cambió”, recuerda Nasir.

El hijo de Valida Akhmedova, Elchin Guliyev, murió en prisión bajo tortura en 2017.

Ella le entregó los documentos a Nasir y Oktay, tanto la decisión judicial sobre el caso de la muerte de Elchin, como el testimonio de los testigos y las conclusiones del examen médico forense.

Los archivos enumeraban los nombres de 101 víctimas, 16 personas fueron declaradas culpables de tortura y abuso de poder.

Los resultados de los exámenes describieron en detalle los crueles métodos de tortura, pero no se aplicó el artículo sobre la tortura en sí, que prevé un castigo más severo.

Valida era bien conocida por los familiares de otras víctimas de tortura: se reunieron en su casa, donde discutieron los planes para la lucha judicial.

La mujer escribió cartas a la fiscalía y dirigidas al presidente exigiendo que se encontrara y sancionara a los responsables de la muerte de su hijo.

Ella dice que no está segura de si sus cartas ayudaron a iniciar ese primer caso penal en 2017, pero se presentó un caso de tortura y ella fue la víctima.

“Fui a todos los juzgados, no me perdí ni uno solo, recogí todos los documentos que pude conseguir”, afirma.

“Valida era muy activa. Puedo decir que luchamos hombro con hombro”, dice Nasir.

Gracias a su expediente, Nasir tuvo más confianza: “Empecé a hablar con más dureza, porque ya tenía pruebas a mano. Me di cuenta de que todo esto era verdad”.

Comenzó a llamar a los familiares de las víctimas para que lo contactaran, y gradualmente comenzaron a unirse.

Cuanta más gente estaba dispuesta a colaborar, más dispuestos estaban los medios a hablar del caso.

En 2019, se publicó el primer material sobre él en la BBC; después de eso, un diputado mencionó casualmente el caso en una reunión en el parlamento.

Esta fue la primera vez que se discutió a nivel oficial la tortura masiva en el ejército.

Comenzar de nuevo

Nasir dice que hubo dos personas clave en la investigación del “caso Terter”: Valida Akhmedova, que presentó las primeras pruebas, y Oktay Gyulalyev, quien se puso en contacto con Nasir y se hizo cargo de un caso que nadie más asumió.

Pero a fines de octubre de 2019, Oktay fue atropellado por un taxista en un paso de peatones. El activista de derechos humanos recibió heridas en la cabeza que le provocaron consecuencias irreversibles en el cerebro y quedó postrado en una cama.

“Éramos amigos y, por supuesto, lo que sucedió fue un gran golpe”, dice Nasir.

“Después de eso, el comité dejó de trabajar, porque Oktay estaba a cargo de todo: conocía las leyes y las direcciones de las organizaciones extranjeras”.

Después de lo que le sucedió a Oktay, Nasir nuevamente comenzó a buscar organizaciones de derechos humanos y a enviar cartas.

“Básicamente tuvimos que empezar de nuevo”, dice.

Nasir tuvo que trabajar solo durante casi un año.

Durante este período, encontró casos similares en los distritos de Aghjabedi y Gazakh. Viajó a las regiones para reunirse con las víctimas y sus familiares. Fue ayudado por los padres de otros convictos.

“Hay canales que ahora están hablando de este caso, pero antes estaban en silencio”, recuerda Nasir.

Resultó difícil encontrar otros activistas de derechos humanos, y el “caso Terter” se estancó durante un año.

“No había nadie excepto Oktay: todos huyeron, sin importar a quién recurriera”, afirma Nasir.

Todo ese tiempo su hijo estuvo en prisión.

“Sabía que Emil no era culpable y, por lo tanto, no tenía derecho a rendirme“, dice.

Primeros resultados

A fines de 2020, Nasir se reunió con el activista de derechos humanos Fikret Jafarli y el caso avanzó: otros activistas de derechos humanos comenzaron a unirse a él, incluido el conocido abogado en Azerbaiyán, Rasul Jafarov.

Comenzó a compilar listas de militares que sufrieron torturas en el período de 2016 a 2018 y se comunicó activamente con los medios.

Se rompió el hielo: cada vez más periodistas se comprometieron a hablar sobre este caso.

Según Nasir, fue entonces cuando la opinión pública comenzó a cambiar gracias a la prensa: la gente comenzó a creer que en lugar de espías, el Estado atrapaba a los inocentes.

“Las víctimas comenzaron a salir al aire en varios medios, mostrando allí sus heridas de tortura. Hay quienes todavía están sufriendo”, dice Nasir.

En noviembre de 2021, el tema del “caso Terter” fue discutido en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE).

Khanlar Veliyev, subjefe de la Fiscalía General, afirmó entonces que todos los culpables de llevar adelante las torturas habían sido castigados durante mucho tiempo, y que el caso estaba siendo inflado en la prensa por los enemigos de Azerbaiyán, gente “con esencia armenia”.

Y un mes después, en enero de 2022, los organismos encargados de hacer cumplir la ley -la Fiscalía General, el Ministerio del Interior y el Servicio de Seguridad del Estado- emitieron inesperadamente un comunicado conjunto sobre el inicio de una investigación preliminar sobre tortura masiva.

Por primera vez, los casos individuales se combinaron en uno.

Las víctimas y sus familiares habían estado tratando de lograr esto durante cinco años.

“Hoy veo que ellos (los organismos) están interesados ​​en la investigación. Veo que los interrogatorios de las víctimas a veces continúan hasta la medianoche”, dice Nasir.

“Yo mismo me encuentro con estas personas que vienen de las regiones, a veces se quedan conmigo, los acompaño a la oficina del fiscal y regreso. Me mantengo en contacto con ellos para que el caso avance, trato de ayudar en la investigación”.

Durante 2022, el caso adquirió nuevos detalles: el número de víctimas oficiales comenzó a crecer, los condenados por tortura comenzaron a regresar a los tribunales (muchos habían salido luego de penas cortas) y, lo más importante, salieron a la luz los casos de quienes, según activistas de derechos humanos, confesaron bajo tortura el espionaje.

Así, las primeras personas involucradas en el “caso Terter” comenzaron a salir libres.

El reencuentro

En septiembre de 2022, la Fiscalía General inició una revisión de los casos de 19 personas condenadas por traición a la patria. Entre ellos estaba Emil Aliyev.

El 6 de diciembre, a las 10 de la mañana, Nasir acudió a la fiscalía para saber cómo avanzaba la investigación.

“Estuve allí en una reunión con el jefe de la investigación y le pregunté cuándo liberarían a nuestros muchachos, y él se ríe, dice, bueno, ‘por qué tienes prisa’, y sonríe”, recuerda Nasir.

“Y luego dice que mi hijo saldrá por las puertas de la prisión en cualquier momento”.

El 6 de diciembre, por decisión de la Corte Suprema, 10 de las 19 personas fueron absueltas, las causas contra las nueve restantes fueron sobreseídas. Fueron puestos en libertad ese mismo día.

“De alguna manera, ni siquiera pensé que mi hijo iba a ser liberado… Lo olvidé por completo”, recuerda Nasir con vergüenza.

Su hermano fue más rápido y sacó a Emil de la prisión él mismo.

Nasir, quien llegó a su casa una hora después, fue el último de la familia en ver a su hijo.

“Lo abracé, le dije: todo pasará, todo se olvidará, todo terminará, será difícil, pero se acabo”.

En mayo de este año, cuatro personas más condenadas por traición a la patria fueron indultadas por decreto presidencial.

11 personas permanecen en prisión que, según activistas de derechos humanos, fueron torturadas entre 2016 y 2018 en los distritos de Shamkir, Gazakh, Tovuz y Aghjabadi.

Pero su liberación no se convertirá en el punto final del “caso Terter”.

Los activistas de derechos humanos están tratando de obtener compensación para los condenados injustamente y dinero para el tratamiento y asistencia en la rehabilitación.

Además, queda por ver quién dio exactamente las órdenes de torturar a los militares.

En septiembre de 2022, el general Bekir Orudzhev y otros cuatro oficiales fueron arrestados por este caso y su juicio comenzó en abril.

Están acusados ​​de organizar la tortura. Enfrentan hasta 11 años de prisión.

Como señalan los activistas de derechos humanos, este artículo rara vez se usa en Azerbaiyán: en cambio, generalmente se juzga bajo el artículo duplicado y más suave “tortura”.

Fue por “tortura” y “abuso de poder” que anteriormente fueron condenados 16 militares, la pena máxima fue de solo 10 años.

Según Nasir, hasta 2018, año en que arrestaron a su hijo, él no sabía cómo usar Internet. Cinco años después, es el subdirector del Centro de Investigación de la Tortura.

De acuerdo con el activista de derechos humanos Rasul Jafarov, Nasir desempeñó uno de los papeles clave en la investigación del “caso Terter”.

“En primer lugar, recopiló información general sobre el caso, ya que antes solo había entrevistas con ex militares. Descubrió cómo estaban interconectados estos casos, ayudó a recopilar pruebas”, dice Jafarov.

“En segundo lugar, planteó el tema no solo de su hijo, sino que era uno de los padres que estaban a favor de la solidaridad común”.

Nasir dice que no va a regresar a su pueblo natal hasta que finalmente se resuelva el “caso Terter”, hasta que se castigue a todos los responsables.

“Todos deben exigir sus derechos. Pasé cinco años en esto, mi casa se quedó en el pueblo, mis jardines se pudrieron, vendí la tierra”, dice.

“No me pregunté si me metería en problemas, y pensé que mi hijo no era culpable y debía salir libre. Es mi deber como padre“.

Un juez de Los Ángeles declaró culpables a la madre y padrastro del niño.

La madre, Heather Barron, y su expareja Kareem Ernesto Leiva fueron delitos por tortura y asesinato, entre otros delitos, así como por abuso de otros dos menores. Ambos siguen detenidos sin derecho a fianza desde hace cinco años.

Barron y Leiva enfrentan una condena máxima de cadena perpetua, mientras que los fiscales solicitaron la pena de muerte, pero después resolvieron que “no es una resolución apropiada en ningún caso”, publicó la cadena Univisión.

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“Nadie se merece esto”, expuso el fiscal Jon Hatami en los argumentos finales hace unos días, según el canal ABC7, y agregó que el asesinato fue “intencional mediante tortura”.

Según se comprobó, la pareja obligó al niño a que se arrodillara sobre arroz crudo hasta sangrar, le pegaban con un cable, frotaron su cara sobre alfombra orinada, le negaron comida y agua por períodos largos hasta quedarse deshidratado y sus riñones ya no funcionaban.

La Fiscalía hizo ver que Anthony era sometido a abusos cada día, y que uno de los últimos fue que Leiva lo sujetó del cuello, lo puso contra la pared y lo dejó caer ya inconsciente.

El niño se quedó así, inmóvil, durante dos días, hasta que su madre llamó al 911 para reportar “mi hijo no respira”.

“Tenía los ojos hundidos, podías contar sus costillas, sus rodillas tenían llagas, parecía muerto”, narró con lágrimas el bombero Ronald Watts, que acudió a la residencia tras el llamado de emergencia.

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Univisión publicó que los dos medios hermanos de Anthony, ahora adolescentes, también describieron el infierno en que vivían, pero nada comparado con las golpizas y torturas que Leiva daba a su hermano.

Sus familiares creen que el niño prefería que le pegaran a él para que sus hermanos no sufrieran.

Vínculo con la M-13

Leiva es un indocumentado nacido en El Salvador y fue identificado como miembro de la MS-13, lo que explicaría la brutalidad con la que Anthony fue asesinado.

De hecho, Mauricio Eugenio Leiva, hermano de Kareem Ernesto Leiva, es uno de los cabecillas de la banda en Los Ángeles y fueron capturados hace casi seis años.

“Una acusación que en mayo de 2017 fue interpuesta en una corte federal de Los Ángeles señala que este pandillero participó en asesinatos, ataques violentos, robos y extorsiones contra personas de la comunidad y rivales de la Mara en esa metrópoli”, indicó Univisión.

Los socorristas utilizaron palas y piochas para destruir el suelo de una vivienda del que emanaban olores fétidos.

El hallazgo se hizo en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala. La Policía Nacional Civil (PNC) tiene indicios de que se trata de la guarida de una pandilla.

Este no es el único caso en Guatemala en el que se encuentran cadáveres en circunstancias similares, pues hay varios que se han registrado en distintos puntos de la zona céntrica y en la provincia del país.

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• Hallazgo de siete cadáveres en zona 18

El pasado jueves 15 de diciembre, se confirmó el hallazgo de siete cadáveres enterrados en una vivienda con domicilio en Lomas de Santa Faz, zona 18 de la capital.

De acuerdo con los testimonios, se observó a sujetos que se reunieron en la vivienda y luego se escucharon gritos. Después, una vez se alertó del caso, los bomberos llegaron al lugar y empezaron las excavaciones.

Al principio fueron localizados tres cadáveres y con al pasar de las horas la cifra aumentó a siete.

Más detalles: Olores fétidos los alertaron: MP da más detalles de hallazgo de siete cadáveres (posiblemente de mujeres) en Santa Faz, zona 18

• En un pozo y enterrados

En octubre recién pasado, las autoridades confirmaron cinco personas capturadas presuntamente vinculadas a un crimen en Canalitos, zona 24.

El Ministerio Público (MP) confirmó que la línea de investigación era por la muertes violentas de mujeres y fue resultado del hallazgo de cinco cadáveres. Tres de ellos en un pozo y otros dos enterrados.

Más detalles: Qué se sabe del hallazgo de cinco cadáveres (tres en un pozo y dos enterrados) y la captura de cinco personas en Canalitos

• Familia localizada en Petén

Los cuerpos de cuatro integrantes de una familia fueron localizados enterrados en una vivienda en Melchor de Mencos, Petén, en mayo de 2022. Los dos padres y sus dos hijos, uno de 11 y el otro de 1 año con 8 meses, presentaban señales de violencia.

El hallazgo tuvo lugar después de la denuncia sobre la desaparición del papá. También se activó una alerta Isabel-Claudina por la mamá y dos alertas Alba-Keneth por los niños.

Esto se documentó sobre el caso: Hallan cadáveres de cuatro integrantes de una familia enterrados en una casa en Melchor de Mencos, Petén

• Esposos enterrados en un patio en zona 14

A inicio de 2022, se dio a conocer el caso de Marila Laorni y Álvaro Tejada, una pareja de esposos cuyos cuerpos fueron localizados enterrados en el patio de su casa en la zona 14 de la capital.

Las dos víctimas fueron localizadas después de seis días de haber sido reportados como desaparecidos. Un hombre, que en su momento trabajó para ellos, fue señalado como el principal sospechoso.

Más detalles del caso: Trabajador de esposos asesinados y enterrados en su casa en la zona 14 estaría detrás del crimen y es capturado

• Hombre ocultó crimen contra su nuera

Un hombre de 56 años fue detenido, luego de constatarse que en el patio de su vivienda se encontraba el cadáver de su nuera. El caso se registró en San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

Según la investigación, Ricardo Mucú Pop se vio implicado en el caso al ocultar el cuerpo de la víctima, quien habría muerto a manos de su conviviente, el hijo del detenido.

Lea más: Hombre tenía enterrado el cadáver de su nuera en el patio de casa; autoridades siguen la pista del responsable

Ambos acusados, Andree Ibrahim Pinto Lima y César Augusto Monzón Miranda, deberán permanecer en prisión preventiva, según resolvió el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, el pasado 18 de octubre.

El crimen contra Yajaira Aju, de 31 años, ocurrió el pasado 13 de agosto del año en curso, cuando se encontraba en un restaurante y sus agresores la captaron al salir.

De acuerdo con la investigación, los dos implicados del caso habrían llevado a la víctima hasta un hotel y allí fue sometida a golpes y sufrió de abuso sexual.

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Luego de darle muerte, los agresores dispusieron dejar el cuerpo de Aju Hernández en una casa abandonada ubicada en el kilómetro 14, en la ruta hacia San Pedro Ayampuc, en el departamento de Guatemala.

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Fiscalía presentó acusación

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio expuso el caso ante el Juzgado y señaló que tanto Pinto Lima como Monzón Miranda, son acusados de tres delitos: plagio y secuestro asesinato y violación con agravación de la pena.

El Juzgado resolvió que los presuntos responsables serán ligados a proceso, permanecerán en prisión preventiva. Además, se fijó un plazo de dos meses y medio para que la fiscalía de sección del Ministerio Público avance y concluya con la investigación del caso.

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Anteriormente, tras el hecho, la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó el pasado 25 de agosto la detención de los dos sospechosos. El reporte detalla que los acusados tienen 21 y 41 años, respectivamente y que su aprehensión se hizo efectiva tras efectuar tres allanamientos.

Dos de las diligencias fueron en Chinautla y otro operativo tuvo lugar en San Pedro Ayampuc, donde los agentes incautaron seis teléfonos celulares y un vehículo de reciente modelo, como parte de las evidencias.

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Misterioso asesinato de empresario: fiscalía halla vehículo calcinado y videos entre nuevos indicios

Ahora admite abiertamente que él fue el informante que entregó más de 1.000 videos al grupo ruso de derechos humanos Gulagu.net.

Los videos, que Savelyev obtuvo mientras trabajaba en una oficina de la prisión en la que cumplía su condena, causaron indignación en Rusia cuando aparecieron en internet a principios de este mes.

Tras la difusión del material, las autoridades rusas anunciaron el inicio de investigaciones penales sobre presuntas torturas y agresiones sexuales en las cárceles y han despedido a varios altos funcionarios penitenciarios.

Gulagu.net dijo que los videos no solo documentan golpizas, violaciones y humillaciones a las que han sido sometidos los reclusos, sino que también demuestran la naturaleza endémica del abuso dentro del sistema penitenciario.

Una elección entre la vida y la muerte

Savelyev comenzó a compartir los videos con activistas de derechos humanos después de su liberación en febrero de este año. A lo largo de varios meses, compartió cientos de archivos.

El mes pasado, lo detuvieron en el aeropuerto de San Petersburgo cuando viajaba a Novosibirsk. En el mostrador de facturación, hombres vestidos de civil comenzaron a interrogarlo.

Dijeron que sabían todo sobre su correspondencia con Vladimir Osechkin, director de Gulagu.net.

“Me dijeron que me habían estado vigilando durante seis meses. Me amenazaron con encarcelarme por traición durante 20 años”, dijo Savelyev.

Afirmó que los hombres le advirtieron que “moriría muy rápido” en la cárcel.

“Primero, confesarás todo y, luego, te encontrarán muerto en una celda“, dijo, citando a los hombres que se le acercaron.

La alternativa que tenía para evitar que esto le ocurriera era cooperar con la investigación y admitir que Gulagu.net era una organización “financiada con fondos extranjeros” que lo había puesto a reunir pruebas para “desacreditar al servicio penitenciario ruso”.

En ese caso, podría salir de la cárcel al cabo de cuatro años.

“La verdadera elección era entre la vida y la muerte. Yo elegí la vida”, dice Savelyev.

Asegura que firmó algunos papeles acordando cooperar con las autoridades y le dejaron irse.

“Probablemente pensaron que no me atrevería a escapar”. Pero sí lo hizo.

Tomó un minibús de Rusia a Bielorrusia y luego, haciendo escala en Túnez, viajó a Francia. Una vez en la zona de tránsito del aeropuerto Charles de Gaulle de París, buscó la ayuda de la policía.

“Solo necesitan doblegarte”

En 2013, Savelyev fue declarado culpable de un delito relacionado con drogas y fue condenado a nueve años de prisión. Sin ofrecer detalles, dice que el suyo fue un caso “triste y común”.

Fue enviado a la cárcel en la ciudad rusa de Saratov, conocida por las denuncias sobre abusos a prisioneros.

Savelyev alega que lo golpearon brutalmente nada más llegar. “Solo necesitan doblegarte, para demostrar quién manda”, dijo.

Tiempo después tuvo la suerte de que se dieran cuenta de que podía usar una computadora y fue llevado a la oficina de la cárcel para trabajar en un rol administrativo.

“Fue mucho mejor que pasarse el tiempo sin hacer nada entre comidas y tratar de mantener la cabeza gacha”, dijo.

Una de sus tareas era mirar grabaciones de video de las cámaras corporales de los guardias de la prisión.

Pronto se dio cuenta de que, si bien muchas de las grabaciones simplemente documentaban las rondas de los guardias, algunas parecían mostrar abusos violentos a los reclusos y eran profundamente perturbadoras.

“No te imaginas cómo es esto”

Savelyev afirma que las torturas solían ser realizadas por otros reclusos “especialmente entrenados” y eran filmadas con cámaras que les entregaban los guardias.

Indica que parte de su trabajo era eliminar algunos de los videos, mientras que otros “eran enviados a otro lugar, quizás hacia niveles más altos”.

Savelyev dice que nunca vio este tipo de abusos violentos en persona, pero los videos le causaron una conmoción profunda.

“Todos sabemos que dentro ocurren golpizas y violaciones, pero no puedes imaginar cómo es eso hasta que lo ves con tus propios ojos“, dijo.

Le tomó algún tiempo procesar lo que estaba pasando y decidir qué hacer a continuación.

“Vi un video, luego otro, luego un tercero y un cuarto, un quinto. Luego decidí que empezaría a copiarlos”, relata.

Inicialmente, no tenía una idea clara de qué hacer con los videos, pero sabía que tenía que guardarlos. En 2019, decidió recopilar los videos y luego entregárselos a una organización de derechos humanos.

Savelyev dice que mientras trabajaba en la oficina de la prisión también vio las numerosas quejas que surgieron sobre el maltrato a los presos, lo que -asegura- le hizo darse cuenta de lo generalizado que estaba el abuso.

La BBC envió las acusaciones de Savelyev al servicio penitenciario de Rusia, pero al momento de publicarse este artículo aún no habíamos recibido una respuesta.

A inicios de 2021, Savelyev se enteró de la existencia de Gulagu.net y escuchó a Vladimir Osechkin hablar en su canal de YouTube sobre la violencia carcelaria, incluyendo la prisión de Savelyev.

Eso hizo que se diera cuenta de que podía haber otros personasdentro de la cárcel filtrando información a la ONG. Sabía que su evidencia en video también serviría para algo.

Al reflexionar sobre el escándalo provocado por sus filtraciones y la investigación del servicio penitenciario ruso, Savelyev dijo que no era suficiente despedir a algunos guardias o trasladarlos a otras cárceles.

Quería que ellos “explicaran por qué hicieron lo que hicieron”.

“Sólo entonces me sentiré mejor”, dijo.

Gálvez tomó esa decisión debido a su condición de salud, ya que el señalado padece alzhéimer, una enfermedad mental degenerativa causada por el debilitamiento de las células nerviosas del cerebro.

A principios de julio, Gálvez resolvió que un equipo multidisciplinario evaluara a Castañeda, exespecialista de la Policía Militar Ambulante, ya que la defensa había expuesto que este padecía de alzhéimer desde el 2016, además de párkinson, por lo que no estaba en condiciones mentales de afrontar juicio.

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La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) acusa a Castañeda y a otros exmilitares de haber participado en acciones de secuestro, desaparición, tortura y ejecución de al menos 183 personas entre 1983 a 1985.

“La investigación del denominado “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte” relaciona la forma cronológica cómo fuerzas de seguridad del Estado habrían secuestrado, trasladado a centros clandestinos de detención, torturado, violentado sexualmente y ejecutado a personas consideradas enemigas internas con base en la concepción de los manuales y planes militares”, ha explicado esa fiscalía.

El MP investiga delitos contra deberes de humanidad, asesinato, asesinato en grado de tentativa y desaparición forzada. 

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Una mujer se acercó a la Comisaria 6° de Quilmes de la Policía Bonaerense en marzo pasado. Según su relato, ella fue convocada para una prueba de un día en el geriátrico San Miguel Arcángel de Ezpeleta y debido a lo que observó, al salir del asilo fue directamente a denunciarlo.

En uno de los videos que fueron difundidos se observa cómo una supuesta enfermera, con un trapo en sus manos, asfixia a una anciana para que tome un medicamento. El geriátrico San Miguel Arcángel nombrado como el “geriátrico del horror” fue denunciado por el maltrato a adultos mayores.

Asfixiados, golpeados y atados. Así trataban y mantenían a un grupo de abuelos alojados en ese recinto en el que también los ataban a sillas con varias sábanas.

Casi dos meses después, el martes 4 de mayo, la Justicia allanó el lugar y comprobó que las denuncias eran ciertas y que no se exageró al notificar que los tratos a ancianos fueron inhumanos.

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Las autoridades argentinas encontraron que el lugar funcionaba sin habilitaciones aptar para adultos mayores. Además, revelaron que varios de los abuelos tenían marcas en sus muñecas, señal que evidenció que fueron atados contantemente.

Según el reporte, se reveló que el “geriátrico del horror” operaba de forma clandestina debido a que un estacionamiento del recinto se “adaptó” a una habitación para seis personas.

Mariana Curra Zamaniego, fiscal de la UFI 6 de Quilmes, incluyó en su investigación que el propietario del establecimiento, identificado como Juan Carlos Parada, de 53 años, era dueño de otro geriátrico. Además, se reveló que tenía cuatro clausuras en sitios similares y debido a la aglomeración e incumplimiento de normas sanitarias básicas, decidió cerrar ese lugar a finales de 2020 y por esa razón envió a los adultos mayores a este nuevo hogar temporal.

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El martes 4 de mayo, después de 8 horas que duró el allanamiento en el “geriátrico del horror”, las autoridades argentinas encontraron alimentos en mal estado, remedios vencidos y comprobaron que ningún trabajador era enfermero o tenía algún tipo de experiencia en cuidado de ancianos.

Y quien, según admitió durante la audiencia, las supervisó y practicó a muchos de los detenidos, entre ellos el propio Mohammed.

“Fue muy chocante que la gente que él mismo torturó estuviera en esa sala y que (Mitchell) dijera delante de ellos que los volvería a torturar de nuevo”, le cuenta a BBC Mundo Julia Hall, experta de Amnistía Internacional que asiste a las audiencias en Guantánamo.

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Hubo un cambio de roles: esta vez fueron los acusados los que escuchaban mientras el psicólogo respondía.

Por primera vez desde que comenzaron las audiencias en Guantánamo en 2002 —y por dos semanas—, Mitchell y su colega Jessen son cuestionados por los abogados de los detenidos sobre las técnicas que idearon en los primeros años de la llamada “guerra contra el terror”.

Algunas organizaciones de derechos humanos esperan que los testimonios traigan luz sobre la escala del programa de tortura, así como sobre la culpabilidad de altos funcionarios o el papel del FBI, uno de los grandes secretos de estos años.

Pero otros dudan de la legitimidad de estas audiencias o de sus posibles impactos, dado que se realizan en una corte militar que ha sido profundamente cuestionada en los últimos años.

“Hay muchas dudas sobre esta corte, pero también por los motivos detrás de estos testimonios. Hay quienes dicen que los dos fueron obligados a hablar, pero lo que vimos en esta audiencia da pocas esperanzas de que los responsables vayan a rendir cuentas”, explica Hall.

“James Mitchell entró y fue claro: dijo que no se arrepentía del programa o de la forma en la que estuvo involucrado. No se disculpó, no mostró ninguna forma de arrepentimiento y reconoció en la corte que él mismo había practicado waterboarding (un método que hace sentir a la persona que se ahoga) y otras técnicas de abusos”, agrega.

La “guerra contra el terrorismo”

Los ataques de septiembre de 2001 llevaron a EE. UU. a la campaña más larga y costosa de su historia: la llamada “guerra contra el terrorismo”.

Las operaciones internacionales, apoyadas por países aliados y la OTAN, conllevaron no solo a abrir frentes de batalla en varias naciones de Medio Oriente, sino también a una cacería de los principales líderes y miembros de lo que EE. UU. consideraba “organizaciones terroristas”.

Desde inicios de la década del 2000, las cabezas de supuestos miembros de Al Qaeda, el Talibán y otros grupos extremistas comenzaron a figurar en la lista de los más buscados del mundo.

Y en ella, los presuntos responsables detrás del 11-S ocuparon los primeros escaños.

Desde enero de 2002, comenzaron a llegar a Guantánamo los primeros presos y poco a poco la cárcel improvisada en una base militar en el oriente de la isla de Cuba se llenó con algunos de los hombres más peligrosos del mundo.

Pero no fue la única: Estados Unidos comenzó a crear centros de detención secretos en numerosos países del mundo, donde los prisioneros eran interrogados para obtener información sobre Al Qaeda y potenciales “ataques terroristas”.

Según explicó con anterioridad a BBC Mundo Patricia Stottlemyer, abogada de Human Right First, una organización internacional de derechos humanos, Washington los consideró desde entonces “combatientes enemigos ilegales”.

“Esto implica que no son considerados prisioneros de guerra, por lo que entiende que no tiene que aplicarles las convenciones internacionales y, por tanto, puede retenerlos indefinidamente sin juicio y sin derecho a una representación legal”, indicó.

Psicología del terror

Según Hall, fue entonces cuando Mitchell y Jessen, los dos psicólogos que habían hecho carrera en las fuerzas armadas, comenzaron a colaborar con la CIA para diseñar “técnicas de interrogatorio severo”.

De acuerdo con la experta, ambos trabajaron como contratistas por meses para la agencia y establecieron una compañía privada en 2005 ( Mitchell Jessen y Asociados, con oficinas en el estado de Washington y Virginia) para proveer a la agencia con los métodos y los mecanismos para sacar información a los presos de la “guerra contra el terror”.

El programa se llamó, eufemísticamente, “interrogatorio mejorado”.

“Ese programa buscaba que los interrogados proveyeran información que la CIA consideraba valiosa de los detenidos a través de severas técnicas de tortura y fueron justificados con una serie de memos que aseguraban que los efectos serían mínimos o a corto plazo”, señala Hall.

Entre otras técnicas, además del ahogamiento simulado, los reos eran encerrarlos en pequeñas cajas, sometidos a condiciones de soledad extrema, privación del sueño, manipulación de la dieta, desnudez forzada o abuso rectal.

“Todas esas técnicas, desde un punto de vista legal, son consideradas sin lugar a duda formas de tortura y el propio presidente Obama lo reconocería”, afirma Hall.

Según datos de una investigación del Senado, la CIA pagaba a Mitchell y Jessen US$1 mil 800 por día y la compañía que crearon recibió US$80 millones por sus servicios hasta que se rescindió su contrato en 2009.

Esto ocurrió después de que la CIA ya había aceptado pagar un contrato de indemnización de US$5 millones que cubría, entre otras cosas, procesamientos criminales.

Según el contrato actual, la agencia está obligada a pagar gastos legales de la empresa hasta 2021.

Falta de capacidad

Según un informe del Senado, “ninguno de los dos psicólogos tenía experiencia dirigiendo interrogatorios, ni tampoco conocimiento específico sobre Al Qaeda, experiencia en la lucha contra el terrorismo o conocimientos culturales o lingüísticos relevantes”.

Aunque en un inicio sus nombres fueron mantenidos en secreto y aparecían en los informes con los pseudónimos de Dr. Grayson Swigert y Dr. Hammon Dunbar, desde que se conoció su identidad, muchas organizaciones han pedido que sean llamados a testificar sobre sus acciones.

La Asociación Estadounidense de Psicología los expulsó de sus filas y rechazó públicamente sus métodos por “violar la ética de la profesión y dejar una mancha en la disciplina”.

Sin embargo, ambos psicólogos aseguran que actuaron por el bien de su país y que las técnicas que implementaron estaban diseñadas para reducir al máximo el sufrimiento de los reos, a la que vez que ayudarían a obtener información valiosa.

Un informe posterior del Senado, no obstante, mostró que existían dudas de que las técnicas empleadas hubieran servido realmente para obtener alguna información valiosa que contribuyera a la seguridad nacional de Estados Unidos.

“Una de las cosas que volvió a confirmar este caso es que la tortura no es solo inmoral e ilegal, sino también inefectiva”, señala Hall.

Tras el juicio en Guantánamo

Según los expertos consultados por BBC Mundo, los testimonios de Mitchell y Jessen pueden ser vistos como una de las señales de que el juicio contra los acusados de los atentados del 11-S nunca se realizará.

Las vistas están programadas para enero del próximo año, pero muchos dudan que Guantánamo esté preparado para entonces a nivel de infraestructura para acoger un evento de ese tipo.

Pero hay una página más oscura que puede ser también un obstáculo para el juicio y es donde entran los testimonios de los psicólogos: los abusos a los que fueron sometidos los acusados en los centros de detención de la CIA.

Y es que, por ley, los fiscales no pueden utilizar en los juicios la evidencia o cualquier otra forma de declaración involuntaria obtenida a través de métodos de tortura, por lo que mucho del material incriminatorio contra estas personas no podría usarse en el juicio.

“Hay una batalla extensa sobre el acceso a la evidencia que sería necesaria en un juicio de este tipo, que es de pena de muerte”, le explicó a BBC Mundo Wells Dixon, abogado del Center for Constitutional Rights, una organización de defensa legal en la que se dedica a desafiar lo que considera detenciones ilegales en Guantánamo.

“Esto llevaría también a la desclasificación de documentos que revelen los métodos a través de los cuales se obtuvo esa confesión”, agrega.

Y esto, de acuerdo con Dixon, sería contraproducente a nivel político y estratégico para Washington.

“Es por eso que funcional para el statu quo de EE.UU. que ese juicio no se realice. Sirve a los intereses del gobierno y particularmente a los de la Agencia Central de Inteligencia, que es señalada por ser responsable de la tortura de estas personas”, comenta.

Es por eso que Hall, aunque duda que los testimonios de Mitchell y Jessen vayan a aportar algún elemento decisivo en Guantánamo, cree que el hecho de que hayan sido llamados a testificar puede servir para recordar lo que sucedió en las cárceles secretas de EE.UU.

“Lo que hicieron estos psicólogos significó una involución dramática en la lucha global contra la tortura, porque los métodos de interrogación que defendieron han tenido un efecto en todo el mundo”, señala.

“Y lo más chocante ha sido ver a Mitchell tan desafiante, diciendo que lo haría todo de nuevo”.

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La víctima, que tiene 16 años, fue rescatada por la policía mexicana que al percatarse que se encontraba en aquel país de forma indocumentada la trasladaron al Instituto Nacional de Migración.

En ese momento, la menor de edad contó la situación de explotación en la que vivía desde enero de este año por lo que el caso pasó a ser investigado por la unidad de Trata de Personas de la Fiscalía Regional Mexicana.

Según el testimonio de la víctima, ella fue contactada por la mujer identificada como Griselda, que bajo engaños la convenció de ir a su casa en la colonia Gran Santa Fe Norte en el municipio de Mérida, Yucatán.

Según la Fiscalía encargada de la investigación, la mujer trató de ganarse la confianza de la adolescente y en diciembre de 2018 le ofreció trabajar con ella en su casa haciendo labores de limpieza y cuidando a sus hijos.

A partir de enero, los tratos con la adolescente cambiaron y la mujer empezó a coaccionarla para que se tomara fotos con vestidos que ella le proporcionaba a cambio de no denunciarla con las autoridades por su situación migratoria.

La tortura no tardó en llegar y Griselda empezó a usar instrumentos de descarga eléctrica y agujas para lastimarla en las piernas sino accedía a lo que quería.

En mayo de este año, la mujer y la adolescente viajaron a la ciudad de Cuernavaca, lugar donde las sesiones fotográficas empezaron a tener contenido erótico con el objetivo de ofrecer sus servicios sexuales a distintos hombres.

La adolescente que actualmente está protegida por las autoridades mexicanas fue obligada a mantener relaciones sexuales por varios meses, pero fue el 9 de octubre cuando logró ser rescatada.

Según la Fiscalía, Griselda pretendía obligar a la adolescente a tener un trío sexual y la atacó con descargas eléctricas para doblegarla. Pero en esta ocasión la menor se defendió y tiró la máquina eléctrica por una ventana.

Esta acción le salvó la vida ya que personal del hotel donde permanecían se dieron cuenta de lo que sucedía por lo que llamaron a la policía.

La mujer fue ligada a proceso por el delito de trata de personas y permanece en prisión mientras que la menor de edad se encuentra en situación de protección.

Cuando era niña, Jeni fue violada y torturada repetidamente por su padre, Richard Haynes. La policía australiana afirma que es uno de los peores casos de abuso infantil de ese país.

Para hacer frente al horror, la mente de Jeni creó una táctica extraordinaria: se inventó nuevas identidades con el fin de escapar del dolor.

El abuso fue tan extremo y tan persistente, que la mujer dice que finalmente generó 2.500 personalidades distintas para sobrevivir.

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Y en el juicio histórico que inició en marzo, Jeni se enfrentó a su padre para presentar pruebas contra él a través de sus personalidades, incluida una niña de cuatro años llamada Symphony.

Se cree que es el primer caso en Australia, y tal vez en el mundo, donde una víctima con un trastorno de identidad disociativo ha testificado con sus otras personalidades, obteniendo una condena para el inculpado.

“No teníamos miedo. Habíamos esperado tanto tiempo para decirles a todos exactamente lo que nos hizo y ahora no podía callarnos”, dijo Jeni.

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El 6 de septiembre, Richard Haynes, ahora de 74 años, fue sentenciado a 45 años de prisión por un tribunal de Sydney.

Advertencia: este artículo contiene descripciones de violencia y abuso infantil

“No estaba segura en mi propia mente”

La familia Haynes se mudó de Bexleyheath, en las afueras de Londres, a Australia en 1974. Jeni tenía solo cuatro años, pero su padre ya abusaba de ella, pero en Sídney comenzaron las violaciones sádicas, casi diarias.

“El abuso de mi padre fue planeado, calculado y deliberado. Disfrutó de cada minuto“, le dijo Jeni a la corte en una impactante declaración en mayo de este año.

La mujer renunció al derecho al anonimato que le correspondía como víctima de abuso para que su padre pudiera ser identificado.

“Me escuchó rogarle que se detuviera, me escuchó llorar, vio el dolor y el terror que me estaba infligiendo, vio la sangre y el daño físico que me estaba causando. Y al día siguiente decidía hacerlo todo de nuevo”.

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Según Jeni, su padre le lavó el cerebro para que pensara que podía “leerle la mente”. La amenazó con matar a su madre, a su hermano y hermana si ella incluso pensaba en el abuso o si les decía algo.

“Mi vida interior fue invadida por mi papá. Ni siquiera podía sentirme segura en mi propia cabeza”, dijo Jeni.

“Ya no podía analizar lo que me estaba pasando y sacar mis propias conclusiones”.

Canciones para olvidar

Jeni Haynes plasmó sus pensamientos en letras de canciones para tratar de ocultarlos:

“No es pesado/es mi hermano”, cuando se preocupaba por sus hermanos.

“¿Realmente quieres lastimarme?/¿Realmente quieres hacerme llorar?”, cuando pensaba en su terrible experiencia.

Su padre restringió sus actividades sociales en la escuela para minimizar la supervisión de otros adultos.

Aprendió a pasar desapercibida, a ser silenciosa, porque si alguien se fijaba en ella —como cuando su entrenador de natación se acercó a su padre para alentar su talento natural—, era castigada.

A pesar de las graves lesiones causadas por palizas y abusos sexuales, Richard Haynes nunca llevó a Jeni al médico.

Y hoy, a sus 49 años, Jeni tiene por ello lesiones permanentes en la vista, mandíbula, intestino, ano y coxis. Estos han requerido cirugías extensas, incluida una operación de colostomía en 2011.

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El abuso continuó hasta que Jeni tuvo 11 años, cuando la familia se mudó de vuelta a Reino Unido.

Sus padres se divorciaron poco después, en 1984. Ella cree que nadie, ni siquiera su madre, sabía lo que estaba pasando.

“En realidad estaba abusando de Symphony”

Los expertos se refieren a la condición de Jeni como un trastorno de identidad disociativo, y dicen que está fuertemente relacionado con las experiencias de abuso extremo contra un niño en lo que se supone que es un entorno seguro.

“Realmente fue una estrategia de supervivencia”, le dijo a la BBC la doctora Pam Stavropoulos, especialista en trauma infantil.

“Este trastorno sirve como una estrategia de afrontamiento muy sofisticada que es ampliamente considerada como extrema. Pero hay que recordar que es la respuesta al abuso y al trauma extremo que ha sufrido el niño”, agregó Stavropoulos.

Cuanto antes es el trauma y más extremo es el abuso, es más probable que un niño tenga que depender de la disociación para sobrellevarlo, lo que lo lleva a crear estos “múltiples estados de uno mismo“.

La primera personalidad que Jeni dice que desarrolló fue la de Symphony, la niña de cuatro años que, según ella, aún existe en su propia realidad.

“Ella sufría cada minuto del abuso de papá y cuando él abusó de mí, su hija Jeni, en realidad estaba abusando de Symphony”, le dijo Jeni a la BBC.

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A medida que pasaron los años, Symphony creó otras personalidades para soportar el abuso, cientos y cientos en realidad.

Cada una de las tenía un papel particular en contener un elemento del abuso, ya fuera un ataque particularmente horrible o un dolor insufrible.

“Un alter ego salía de la cabeza de Symphony y se encargaba de la distracción”, le dijo Jeni a la BBC.

“Mis personalidades fueron mis defensas contra mi padre”, añadió

Aproximadamente media hora después de nuestra conversación, y mientras Jeni hablaba de sus personalidades, Symphony se presentó. Jeni me advirtió que esto podría suceder, y hay una señal cuando sucede: antes de hacer la transición, se esfuerza por articular una respuesta.

“Hola, soy Symphony. Jeni se ha metido en un aprieto, yo te contaré todo esto si no te importa”, dice rápidamente.

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La voz de Symphony es más alta y su tono es más femenino. Hablamos durante 15 minutos y su recuerdo microscópico de eventos de hace décadas en torno a la “maldad de papá” es asombroso.

“Lo que hice fue rescatar todo lo que creía que era valioso sobre mí, todo lo importante y encantador, y se lo escondí a papá para que cuando abusaba de mí no estuviera abusando de un ser humano pensante”, dijo Symphony.

Las “personas” que ayudaron a Jeni a sobrevivir

• Músculos: un adolescente con el estilo del músico británico Billy Idol. Es alto y usa ropa que muestra sus fuertes brazos. Es tranquilo y protector.
• Volcán: es muy alto y fuerte, y está vestido de cuero negro de arriba a abajo. Él lleva decolorado el cabello rubio.
• Ricky: solo tiene ocho años pero usa un viejo traje gris. Su cabello es corto y de color rojo brillante.
• Judas: es bajo con el pelo rojo. Lleva pantalones escolares grises lisos y un jersey verde brillante.
• Linda: es alta y delgada, usa una falda de los años 50. Lleva el pelo recogido en un elegante moño y tiene las cejas afiladas.
• Rick: usa lentes enormes, del mismo tipo que solía usar su padre, Richard Haynes.

En marzo, a Jeni se le permitió testificar en la corte como Symphony y otras cinco personalidades, cada una de las cuales habría sufrido diferentes aspectos del abuso.

Lo hizo frente a una única jueza, porque los abogados consideraron que el caso era demasiado traumático para un jurado completo.

Inicialmente, Haynes enfrentó 367 cargos, entre ellos múltiples cargos de violación, sexo anal, asalto indecente y relaciones sexuales con una niña menor de 10 años.

Jeni, a través de sus múltiples personalidades, pudo proporcionar evidencia detallada de cada delito en la corte.

Las identidades separadas la ayudaron a preservar recuerdos que de otro modo se habrían perdido debido al trauma.

Los fiscales llamaron a psicólogos y expertos en trastorno de identidad disociativo, para dar evidencia sobre la condición y la fiabilidad de lo que diría Jeni.

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“Hoy, mis recuerdos como persona con este trastorno son tan inmaculados como lo fueron el día en que se formaron”, dijo Jeni a la BBC, antes de cambiar al plural.

“Nuestros recuerdos están congelados en el tiempo; si los necesito, voy y los busco”.

Symphony revivió “con intensos detalles” las particularidades de los crímenes de los que fue víctima durante los siete años en Australia.

“Muscles“, un fornido hombre de 18 años, presentó pruebas de abuso físico, mientras que “Linda“, una joven elegante, testificó sobre el impacto en la educación y en las relaciones de Jeni.

Durante el segundo día de juicio, y aproximadamente dos horas y media después del testimonio de Symphony, su padre cambió su declaración de culpabilidad por 25 cargos, “los peores”, dice Jeni.

Se agregaron docenas más para su sentencia.

“El trastorno salvó mi alma”

“Este es un caso histórico. Hasta donde sabemos, es la primera vez que los testimonios de diferentes personalidades de una persona con trastorno de identidad disociativo han sido tomados al pie de la letra en el sistema judicial y han llevado a una condena”.

Así lo asegura Cathy Kezelman, la presidenta de Blue Knot Foundation, una organización australiana que ayuda a los sobrevivientes de traumas infantiles.

Jeni denunció el abuso por primera vez en 2009. La investigación policial tardó 10 años en culminar con la condena y el encarcelamiento de Richard Hayne.

Fue extraditado de Darlington, en el noreste de Inglaterra, en 2017, donde había cumplido una condena de siete años por otro delito.

Había estado viviendo con la familia lejana de Jeni, a quien calificó como mentirosa y manipuladora.

Desde que se enteró del abuso, la madre de Jeni —que se divorció de Haynes en 1984—, se ha convertido en su mayor aliada en la búsqueda de justicia.

Pero durante décadas, Jeni estuvo luchando para recibir ayuda por su trauma.

Cuenta que los consejeros y terapeutas la rechazaron porque su historia provocó incredulidad o era tan traumática que no podía lidiar con eso.

Trastorno de identidad disociativo

• La disociación —desconectarse de uno mismo o del mundo—, se considera una respuesta normal al trauma.
• El trastorno puede desencadenarse si una persona, especialmente un niño, tiene que sobrevivir un trauma complejo durante mucho tiempo.
• No contar con el apoyo de un adulto, o un adulto que dice que el trauma no fue real, puede contribuir al desarrollo del trastorno.
• Una persona con este trastorno puede sentir que tiene múltiples seres que piensan, actúan o hablan de manera diferente, o incluso tienen recuerdos y experiencias conflictivas.
• No existe un tratamiento farmacológico específico. Los especialistas principalmente utilizan terapias de conversación para ayudar a los pacientes.

Fuente: Mind

A pesar de que hoy es un diagnóstico ampliamente aceptado y respaldado por la evidencia, el trastorno de identidad disociativo suele generar dudas en la población en general e incluso entre algunos círculos médicos.

“La naturaleza de la afección es tal que genera incredulidad e incomodidad por las causas de la misma, en parte porque a las personas les resulta difícil creer que los niños puedan ser sometidos a abusos tan extremos”, señaló la doctora Pam Stavropoulos.

“Es por eso que el caso de Jeni es tan importante, porque brinda una mayor conciencia de esta condición tan desafiante pero no infrecuente y que aún no se ha considerado lo suficiente”, agregó

Jeni asegura que su trastorno le salvó la vida y el alma. Pero la misma condición, y su trauma subyacente, también le han traído grandes dificultades.

Aunque ha pasado su vida estudiando, haya obtenido una maestría y un doctorado en estudios jurídicos y filosofía, Jeni ha tenido problemas para trabajar a tiempo completo.

Hoy vive con su madre y ambas dependen de sus pensiones para subsistir.

“Pasamos nuestras vidas siendo cautelosas, constantemente en guardia”, dijo Jeni de ella y sus personalidades durante juicio.

“Tenemos que ocultar nuestra multiplicidad y luchar por una consistencia en el comportamiento, actitud, conversación y creencias que a menudo es imposible”, añadió.

“Tener 2.500 diferentes voces, opiniones y actitudes es extremadamente difícil de manejar”.

“Pero yo no debería tener que vivir así. No se equivoquen, mi papá fue quien causó mi trastorno de personalidad múltiple”, agregó.

Crímenes “perturbadores” y “pervertidos”

Ese 6 de septiembre, Jeni se sentó a metros de su padre en la corte para verlo ser sentenciado a 45 años.

Haynes, quien sufre de mala salud, deberá cumplir al menos 33 años antes de ser elegible para la libertad condicional.

La jueza de sentencia, Sarah Huggett, dijo que probablemente moriría en la cárcel.

Sus crímenes fueron “profundamente perturbadores y pervertidos” y “completamente abominables y atroces”.

La jueza Huggett añadió, además, que era “imposible” que la sentencia reflejara la gravedad del daño.

“Quiero apasionadamente contar mi historia”, dijo Jeni a la BBC antes de la sentencia. “Quiero que mi lucha de 10 años porque se haga justicia sea como el fuego que arrasa con un campo, para que las personas que vienen detrás de mí tengan un camino mucho más fácil”.

“Si alguien tiene trastorno de identidad disociativo como resultado de un abuso, ahora es posible que se haga justicia. Puede ir a la policía y contarlo, y le van creer. Su diagnóstico ya no es una barrera para que se haga justicia”.

Si tú o alguien de tu entorno es víctima de abuso, contacta a las autoridades y organismos de ayuda locales.

En él, la paquistaní Asma Aziz aparece con la cabeza rapada, con múltiples moratones y asegura que su marido la había torturado por negarse a bailar para él y sus amigos.

Su marido, Mian Faisal, lo negó, pero él y un empleado doméstico están bajo custodia policial.

El caso generó preocupación en Pakistán y llevó a que algunos grupos urgieran a las autoridades a tomar medidas.

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En Twitter, la ONG Amnistía Internacional consideró necesario“un cambio sistémico”.

While we are glad that strong and swift action has been taken against the torturers of Asma Aziz, we note with dismay the alarming rise in reported cases of violence against women. Systemic change to protect women is necessary. Action can’t only be taken on a case-by-case basis. pic.twitter.com/IQSOEpMUd9

— Amnesty International South Asia (@amnestysasia) March 28, 2019

“Observamos con preocupación el alarmante aumento de casos de violencia contra mujeres. Se necesita un cambio sistémico para proteger a las mujeres. Las acciones no pueden ser tomadas caso por caso”, señaló el grupo.

La actuación de la policía, en cuestión

En el video publicado el pasado 26 de marzo, Aziz, visiblemente emocionada, aseguró que dos días antes fue torturada después de negarse a bailar frente a los amigos de su esposo que estaban en su casa.

“Me quitó la ropa frente a los empleados. Ellos me sujetaron mientras me rapó el pelo y lo quemó. Mi ropa tenía sangre. Me ataron a una tubería y me colgaron del ventilador”, manifestó.

La mujer dijo que acudió a la policía para presentar una denuncia pero aseguró que las autoridades retrasaron el procedimiento -un extremo que los agentes niegan-, explicando que tras su visita un equipo policial fue a su vivienda pero estaba cerrada y los trabajadores del edificio les impidieron entrar a las instalaciones.

La policía solo actuó después de que el video llamara la atención del viceministro del Interior, Sheheryar Afridi, que ordenó a los agentes registrar la denuncia.

Took notice and chkd – my office was informed by SHO PS Kahna Lahore: Police has registered FIR and arrested both accused & booked under sections 337-v and 506. Medical report of the woman is awaited. One of the arrested is Faisal her husband pic.twitter.com/M3yMN4wlUU

— Shireen Mazari (@ShireenMazari1) March 27, 2019

Faisal y uno de sus empleados, Rashid Ali, fueron arrestados al día siguiente.

Un informe médico preliminar concluyó que Aziz presentaba múltiples hematomas e inflamaciones, en los brazos, sus mejillas y alrededor de su ojo izquierdo.

Los abogados de Aziz pidieron que el caso fuera revisado bajo la ley antiterrorista, más estricta que el procedimiento criminal habitual.

En documentos presentados ante la policía, los letrados argumentaron que el caso causó “una gran preocupación e intranquilidad en la sociedad”.

Faisal dijo a la policía la semana pasada que su mujer comenzó a cortarse el pelo bajo la influencia de las drogas, y que él, que también consumió drogas, tan solo le ayudó a terminar el trabajo.

El caso provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos expresaron su indignación con los niveles de violencia de género en Pakistán.

La actriz pakistaní y cantante Sanam Saeed fue una de las personas que alzaron la voz en defensa de Aziz.

Denuncias y amenazas

La violencia contra mujeres y niñas en Pakistán, de sociedad conservadora, sigue siendo un grave problema y ha sido objeto de debate por años.

El Índice de Igualdad de Género de la ONU de 2016 situó a Pakistán en el puesto número 147 de una lista de 188 países, en base a su deficiente nivel de salud, educación, empoderamiento político y estatus económico de las mujeres en el país.

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Los grupos de activistas aseguran que los datos oficiales no muestran la dimensión real del problema, pues muchos casos no son denunciados.

Las marchas por el Día de la Mujer que se celebraron el mes pasado provocaron quejas por parte de algunos grupos conservadores en el país. Algunas de los organizadoras de las manifestaciones aseguraron que fueron amenazadas de muerte o de ser violadas en redes sociales.

Esta nota se realizó con información de Shahzad Malik, del servicio BBC Urdu en Lahore.

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Isaías Valdez Ríos, alias Memín o Memo, que empezó a trabajar como uno de los sicarios del Chapo en las sierras de Sinaloa en 2004, contó en la corte que vio a su patrón matar a un integrante del cartel rival de los Arellano Félix.

Enterrado vivo

La víctima llegó hasta el campamento del Chapo con abundantes señales de tortura en el avión de Ismael Mayo Zambada, colíder del cartel de Sinaloa, dijo Memín.

“Venía quemado con una plancha en toda la espalda, la playera que traía estaba pegada a la piel, traía marcas de encendedor de carro en todo el cuerpo, los pies también quemados”, contó el testigo, de 39 años.

El Chapo se enojó porque se lo enviaban en mal estado, y lo dejó durante días encerrado en una suerte de gallinero, amarrado de pies y manos y con los ojos vendados. Al final, “ya apestaba (….) Estaba podrido”, dijo el testigo.

Finalmente, tras dos interrogatorios, el Chapo le disparó con su pistola .25, despidiéndose con la frase: “¡A chi… a tu madre!”.

Aunque el hombre seguía respirando, “así lo echamos al hoyo y lo enterramos”, contó Memín.

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El estremecedor testimonio fue escuchado en silencio por los 12 miembros del jurado, que deberán decidir la suerte del Chapo. Si es hallado culpable, puede ser condenado a cadena perpetua.

Tras un tiempo como sicario, Memín empezó a trabajar para el Chapo como su secretario, y luego fue su hombre en Honduras, encargado de la compra de un terreno para construir allí una pista de aterrizaje clandestina.

Fue luego jefe de seguridad de sus hijos Iván y Alfredo y finalmente piloto del cartel, transportando cientos de kilos de cocaína y base de coca desde Colombia a México.

Zetas en Sinaloa

Memín contó también que vio al Chapo torturar y ejecutar a dos integrantes del cartel rival de los Zetas oriundos de Sinaloa.

Primero, contó, el Chapo pidió a sus sicarios que los llevaran a una enramada y los “calentaran”, golpéandolos para sacarles información. Luego llegó él, pidió un tronco grueso “y los empezó a torturar”.

“Las personas estaban completamente sueltas, los huesos todos quebrados, no se podían mover. Y el señor Joaquín les seguía golpeando con el tronco y con el arma también”, un rifle camuflado AR15 o un M16, relató.

El Chapo les decía ‘hijos de su pin… madre, ¿cómo es posible que (siendo de Sinaloa) trabajen con esa gente y nos estén traicionando’?”, agregó.

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Luego el capo y su jefe de sicarios, el Bravo, montaron a unas cuatrimotos y cargaron en las parrillas a los enemigos. Los condujeron hasta frente a una hoguera que habían ordenado encender.

“Tenían una cara de asustados esa gente…”, dijo Memín.

El Chapo “le puso el rifle en la cabeza a uno, le disparó y le dijo: ‘¡A ch… a su madre!’. Hizo lo mismo con el otro”, dijo Memín.

Los tiraron a la hoguera. “Que no queden ni los huesos”, dijo el Chapo, según su pistolero Memín, que antes de comenzar a trabajar para el capo fue miembro de las fuerzas especiales del ejército durante siete años.

Cerca del fin

Memín fue arrestado en 2014 y hace casi cinco años que está en una prisión estadounidense. Su sentencia puede ser de entre 10 años y cadena perpetua, pero espera reducirla a raíz de su colaboración con el gobierno.

Calcula que ganó unos US$300 mil transportando cocaína para el Chapo. Pero cuando era un simple pistolero, ganaba mucho menos, unos US$175 en esa época, 2004.

Trabajaba un mes y libraba otro, y debía dormir con otras decenas de sicarios en hoyos que cavaban en la tierra alrededor de las cabañas donde se refugiaba el Chapo en las montañas de Sinaloa.

El juez Brian Cogan estima que la presentación de la evidencia por parte de ambas partes puede culminar la semana próxima. El Chapo es un posible testigo en su propio juicio, que terminaría en febrero.

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Quizás te suene: un profesor universitario de psicología recluta a un grupo de estudiantes y les pide que imaginen que están en una cárcel. Nombra a algunos guardias y a otros prisioneros.

En pocos días, los “carceleros” se tornan tan sádicos y abusan de tal forma de sus “presos” que el experimento debe ser suspendido.

Pasó de verdad, en 1971, y no en cualquier lado: en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos: Stanford, en California.

¿Cómo comenzó todo? Las raíces del experimento se han trazado hasta otro controvertido estudio psicológico llevado a cabo una década antes en otra famosa universidad estadounidense, la de Yale.

Ese estudio se conoce como “el experimento de Milgram” porque fue dirigido por el psicólogo de Yale Stanley Milgram.

Milgram quería analizar la obediencia a la autoridad.

(Foto:Getty Images)

Su inspiración fueron los juicios de Nuremberg que juzgaron los crímenes del nazismo tras la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los acusados había basado su defensa en el hecho de que simplemente estaban “siguiendo órdenes” de sus superiores.

Milgram quiso averiguar hasta qué punto un ser humano “bueno” es capaz de dañar a otro por seguir órdenes.

Su experimento fue muy controvertido porque engañó a los participantes, diciéndoles que se trataba de un estudio sobre memoria y aprendizaje.

Dividió a los 40 voluntarios en dos grupos aleatorios: a unos les dijo que serían profesores y a los otros que serían estudiantes.

Luego se llevó a los “estudiantes” a otra habitación y les pidió a los “profesores” que pusieran a prueba la memoria de sus presuntos alumnos.

Les dijo que si se equivocaban debían castigarlos con una descarga eléctrica. La máquina que utilizaban para esto emitía descargas que iban desde los 50 hasta los 450 voltios. La potencia máxima tenía escrita abajo una advertencia que decía: “PELIGRO: choque severo”.

(Foto: BBC)

Resultó que la máquina no emitía voltaje y los gritos eran grabaciones. Pero lo cierto es que el controvertido experimento de Milgram comprobó que la mayoría de las personas estaban dispuestas a dañar físicamente a otro antes que enfrentarse a la persona que les había dado la orden.

La cárcel de Stanford

Una década más tarde, un profesor de psicología social de la Universidad de Stanford llamado Philip Zimbardo quiso llevar el experimento de Milgram un paso más allá y analizar cuán delgada es la línea que separa al bien del mal.

Zimbardo se preguntó si una persona “buena” podría cambiar su forma de ser según el entorno en el que estuviese.

Sacó un aviso ofreciendo 15 dólares diarios a los voluntarios que estuviesen dispuestos a pasar dos semanas en una prisión falsa.

El experimento fue financiado por el gobierno de EE.UU., que quería entender el origen de los conflictos en su sistema penitenciario.

Zimbardo seleccionó a 24 estudiantes, la mayoría blancos y de clase media, y los dividió en dos grupos, asignándoles aleatoriamente el rol de guardián de la cárcel o prisionero. Luego los dejó regresar a sus casas.

El experimento comenzó de forma brutal: policías verdaderos (que aceptaron participar en el proyecto) se presentaron en los hogares de los “prisioneros” y los arrestaron, acusándolos de haber robado.

Fueron esposados y llevados a la comisaría, donde se los fichó, y luego fueron trasladados -con los ojos vendados- hasta una supuesta prisión provincial (en realidad el sótano del Departamento de Psicología de Stanford, que había sido transformado en una cárcel de aspecto muy real).

(Foto: BBC)

Allí, los voluntarios fueron desnudados, inspeccionados, despiojados, desinfectados y recibieron un uniforme que consistía en una camiseta larga con un número (sin ropa interior), unas sandalias de goma y una gorra de nylon hecha con calcetines de mujer.

En los tobillos, los voluntarios que hacían de guardias les colocaron una pesada cadena.

Lo que pasó después terminaría causando tanto shock que eventualmente inspiraría no una ni dos, sino tres películas (una alemana en 2001 y dos de Hollywood en 2010 y 2015) además de innumerables libros y artículos.

Sádicos

Apenas comenzó el experimento, los guardias comenzaron a mostrar conductas abusivas que al poco tiempo se convirtieron en sádicas.

Si bien habían recibido instrucciones de no dañar físicamente a los presos, llevaron a cabo todo tipo de violencia psicológica.

Identificaban a los prisioneros con números, evitando llamarlos por su nombre, los enviaban constantemente a confinamiento solitario, los desnudaban, los obligaban a hacer flexiones, a dormir sobre el suelo, les ponían bolsas de papel sobre sus cabezas y los obligaban a hacer sus necesidades en baldes.

“El primer día que llegaron, era una pequeña prisión instalada en un sótano con celda falsas. El segundo día ya era una verdadera prisión creada en la mente de cada prisionero, cada guardia y también del personal”, contó Zimbardo a la BBC en 2011, cuando se cumplieron 40 años desde su famoso experimento.

Varios de los presos empezaron a mostrar desórdenes emocionales.

“Lo más efectivo que hicieron (los guardias) fue simplemente interrumpir (nuestro) sueño, que es una técnica conocida de tortura”, le contó a la BBC en 2011 Clay Ramsey, uno de los prisioneros.

Sin embargo solo unos pocos de los estudiantes abandonaron el estudio.

Dave Eshleman, uno de los jóvenes que hizo de guardia, recuerda que tomó el experimento como una especie de juego actoral.

“Después del primer día, noté que no pasaba nada. Fue un poco aburrido, así que tomé la decisión de interpretar el papel de un guardia de prisión muy cruel”, reveló.

El llamado “experimento de la cárcel de Stanford” llegó a niveles tan perversos que debió suspenderse menos de una semana después de comenzar. En total duró seis días.

(Foto: BBC)

La conclusión de Zimbardo fue clara: la situación influye en la conducta humana y poner a personas buenas en un lugar malo las hace actuar mal o resignarse a ser maltratadas.

Sin embargo, con el paso de los años empezaron a surgir muchos cuestionamientos a esta teoría de que todos somos potenciales sádicos o masoquistas.

El principal cuestionamiento tuvo que ver con el rol que jugó el propio Zimbardo, quien durante el experimento actuó como el “superintendente” de la cárcel y habría aconsejado y alentado la actuación de los “guardias”.

Pero a pesar de la controversia, Zimbardo, quien cobró gran notoriedad y hoy es considerado una eminencia en su campo, sigue manteniendo que su estudio fue una adición muy valiosa a la psicología y que sirve para entender fenómenos como los abusos cometidos en la cárcel iraquí de Abu Ghraib.

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“(El estudio) nos dice que la naturaleza humana no está totalmente bajo el control de lo que nos gusta pensar como libre albedrío, sino que la mayoría de nosotros podemos ser seducidos para comportarnos de una manera totalmente atípica con respecto a lo que creemos que somos”, le dijo a la BBC.

Estos son algunos de los testimonios que recogió entre 2012 y 2016 la justicia de la provincia de Córdoba, en Argentina, en la megacausa La Perla, que investigó los delitos que ocurrieron en el D2, uno de los centros de detención y tortura más grandes y crueles del régimen militar argentino en los años 70 y 80.

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Se contabilizaron 716 víctimas; se escuchó a 900 testigos. De 43 imputados, 38 fueron declarados culpables. 28 recibieron cadena perpetua.

Y uno de esos condenados tenía un rasgo único: no era hombre. Se llama Mirta Graciela Antón y también la conocen como la Cuca, por “cucaracha”. Es la única mujer en América Latina en recibir dicha condena por delitos de lesa humanidad.

Antón fue condenada por 12 homicidios, 16 privaciones ilegítimas de la libertad, 21 imposiciones de tormentos,  cinco desapariciones forzadas y seis abusos deshonestos.

Aunque hay otros casos por lesa humanidad —en Chile existe una alemana que reprimió en el régimen de Pinochet—, la Cuca es la única mujer en recibir la cadena perpetua.

Ella se declara “total y absolutamente inocente de todo”. Está aislada hace ocho años en la cárcel de Bouwer, en Córdoba.

Durante los últimos dos años, la expolicía se reunió cinco veces con la periodista Ana Mariani, que ahora publica un libro (editorial Aguilar) sobre una mujer que, según concluyó la escritora, “es capaz de hacer lo que se le culpa”.

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Córdoba, vaticinio de la represión

Se suele decir que Córdoba fue “el rostro anticipado del país”. En la segunda provincia más grande de Argentina, la feroz persecución militar a la disidencia empezó un par de años antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976, fecha que inauguró uno de los regímenes autoritarios más sangrientos de América Latina.

“La dictadura mostró una ferocidad especial en ese territorio”, escribe Mariani.

Y fue precisamente en el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, conocido como D2, donde se empezaron producir las torturas y desapariciones que luego se expandieron por todo el territorio.

Se habla de 30 mil desapariciones hasta 1983, año en que terminó el gobierno de facto. Los escépticos citan la cifra de nueve mil desaparecidos en un debate aún no saldado.

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“Hubo complicidades civiles, de la Iglesia, de la justicia, de los empresarios que tenían fábricas y pasaban listas de quienes estaban en las comisiones internas. No fue solo un golpe militar, fue algo mucho más complejo que eso”, dice Mariani cuando intenta explicar a BBC Mundo por qué pasó lo que pasó.

Y añade: “Son complicidades que, quizá con otras maneras, siguen existiendo hoy día”.

“Amoral”

Graciela Antón tiene hoy 64 años. Entró a la policía a los 21 años. Es hija de policía, esposa de policía, hermana, madre y tía de policías.

“Mi padre fue el que me dijo que si pretendía ir a la universidad tenía que trabajar para costearme los estudios”, le dijo a Mariani, quien recogió versiones de que el padre era un hombre violento con ella y el resto de sus hijos.

Además de retorcerles los pezones a las detenidas y aplastarles los testículos a los detenidos, se reporta que La Cuca reía mientras torturaba, bailaba sobre los detenidos y mataba a sangre fría.

“La Cuca no era una persona inmoral, sino amoral”, escribió Charlie Moore, un activista que estuvo detenido en el D2 y declaró en el juicio.

“No tenía sentimientos de ningún tipo. Podía despedazar a una persona y daba la impresión de que eso no la perturbaba en lo absoluto, sino que incluso la motivaba”, narra Moore en su libro La Búsqueda.

“Si uno quería contratar a una mujer para que se lo charle a un tipo y lo asesine, la Cuca Antón era la persona indicada”.

La Cuca, sin embargo, niega todos los cargos y asegura que le atribuyen delitos que cometieron personas cercanas a ella, como su hermano y su hoy fallecido esposo.

“Mi tarea era revisar cuidadosamente el material secuestrado en los distintos procedimientos para que fuese al legajo de los detenidos que eran en su mayoría delincuentes terroristas, no subversivos”, declaró ante la justicia.

Hoy la reclusa está aislada de las demás presas porque corre riesgo de ser atacada por haber sido policía. “Es estar en una cárcel dentro de otra cárcel”, le dijo a Mariani.

“Si hubiera otras policías, estaría con ellas, pero soy la única. Soy el único caso en el país —dice con cierto orgullo”, se lee en el libro.

¿Mujer empoderada?

Una de las preguntas que emergen del libro de Mariani es si la figura de esta mujer fuerte en un mundo de hombres refleja un caso de empoderamiento o de alguien que se adaptó al machismo y replicó sus conductas discriminatorias.

“Lo primero que hay que decir —relata Miriani a BBC Mundo— es que el mal y la perversión no tienen género ni son privilegio de un sexo”.

“Yo creo que ella se manejó muy bien en ese mundo de hombres que es la policía. Algunas de las víctimas dicen que ella incluso comandaba a otros policías varones. Tenía una actitud bastante empoderada, y también machista de alguna manera”, cuenta Miriani.

Más que una cuestión de género, la Cuca mostró una personalidad violenta desde niña, según testimonios de sus vecinos.

“A ella la influencian los mismos trastornos culturales, políticos y psicológicos que pudieron llevar a hombres a cometer estas atrocidades”, concluye Miriani.

“Creemos que una mujer no puede encarnar el mal, pero sí puede”.