La actitud del presidente de Estados Unidos Donald Trump de no reconocer su derrota ante Joe Biden, ¿es un golpe de estado en marcha o un mero espectáculo? En esta era de oro de las teorías de la conspiración, no hay consenso.

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Trump ejerce su derecho a quejarse de que el conteo de votos que muestra que su rival demócrata Joe Biden tuvo una victoria con márgenes estrecho contiene errores.

Los resultados de muchas elecciones en Estados Unidos han sido tan ajustados como los del 3 de noviembre pero ningún presidente que perdió denunció que la elección le fue robada o se negó a conceder la victoria a su adversario.

Más de una semana después de las elecciones cuyos resultados primarios se conocieron el sábado, el presidente no ha aportado evidencias del fraude que denuncia.

Para algunos, Trump está mostrándose como un líder autoritario.

Trump ha expresado abiertamente su admiración por mandatarios como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que cultivan un estilo confrontativo con las instituciones de su país.

Ahora, los críticos de Trump afirman que él está siguiendo estos pasos. Pero también está la posibilidad de que su estrategia sea más bien una técnica de comunicación de su arista de presentador de televisión.

Hasta ahora sus intentos en los tribunales se estrellaron sin prosperar y su abogado, Rudy Giuliani tampoco aportó datos más allá de decir que los demócratas “se comportaron de una manera que sugiere un fraude”.

La teoría de un golpe de Estado

En el proceso, el mandatario destituyó al jefe del Pentágono el lunes, una personalidad percibida como relativamente independiente, y luego siguió la purga con otros altos cargos, algo que indignó a sus críticos.

“En las últimas 24 horas, el Secretario de Defensa, el subsecretario de Defensa para la Política y el subsecretario de Defensa de Inteligencia fueron despedidos (…) ¿Por qué?”, dijo en Twitter Alexander Vindman, un oficial retirado que trabajó en la Casa Blanca hasta que fue depuesto después de testificar contra Trump en el juicio político en el Congreso.

Un punto clave fue cuando el jefe del Departamento de Justicia, Bill Barr, autorizó a los fiscales federales a abrir investigaciones sobre irregularidades en el voto.

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Entonces el jefe de la división de crímenes electorales del Departamento de Justicia renunció en protesta.

Algunos de los que plantean escenarios más extremos, advierten que incluso se podría producir un golpe dentro del Colegio Electoral.

Para que eso se materialice los legisladores estatales republicanos deberían amañar una estrategia para enviar electores que ignoren el voto de los ciudadanos y se vuelquen a Trump.

Una confabulación de circunstancias de este tipo son ventiladas en muchos medios, pero parecen una posibilidad lejana en la vida real.

“Para empezar, incluso hablar de hacer algo así, desataría una gran agitación y colocaría a los legisladores bajo una presión sin precedentes”, escribió Richard Hasen, profesor de derecho de la Universidad de California.

Pero, tras una campaña anormal y un resultado que se hizo esperar, los nervios están a flor de piel.

Los comentarios del jefe de la Diplomacia, Mike Pompeo, de que el gobierno se prepara para un “segundo mandato de Trump” no ayudaron a calmar los ánimos.

Un espectáculo para su futura carrera

Pero también existe la posibilidad de que Trump esté montando un espectáculo para estar en el centro de los focos.

Pese a que no ganó, obtuvo 72 millones de votos, mantuvo a su leal base consigo y según una encuesta de Politico/Morning Consult, un 70% de los republicanos creen que la elección no fue libre ni justa.

Trump también puede tener objetivos personales: sus finanzas y su futuro profesional.

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El energético político de 74 años tiene ahora una gigante base de datos de votantes y tiene opciones más allá de construir una biblioteca presidencial como sus antecesores.

Un pista de su camino es su apetito por los negocios.

Siga o no una carrera en la política, se especula que vuelva a la televisión, quizás con la misión de castigar a la cadena Fox News, que criticó por lo que consideró una falta de lealtad.

Fox “olvidó lo que los hizo exitosos, lo que los llevó donde están. Se olvidaron de la gallina de los huevos de oro”, dijo el jueves en una serie de tuits atacando al dueño de la cadena, Rupert Murdoch, y atizando una teoría de la conspiración gestada por las cadenas de extrema derecha Newsmax y OANN.

Entonces, ¿podría ser que el caos post-electoral articulado por Trump fuera el episodio piloto para su próximo programa de telerealidad?

Terminar el censo de población 2018, el censo de empleados públicos, efectuar la consulta comunitaria por el caso de la Mina San Rafael, poner en marcha el plan migratorio firmado con EE. UU. y concluir el Libramiento de Chimaltenango son actividades que aún no termina la actual administración.

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Pese a que solo restan 108 días a la gestión de Jimmy Morales, el mandatario aseguró a Prensa Libre que finalizará con los cuatro proyectos pendientes: “Todo se terminará al finalizar mi mandato”, indicó.

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, reiteró lo dicho por Morales y afirmó que “nada quedará pendiente de lo que me mencionó”, en relación con estos temas.

Sin embargo, el tiempo es un factor en contra para la actual administración debido a los aspectos técnicos que deben cumplirse, aseguró la exsecretaria de Planificación y Programación de la Presidencia Karin Slowing.

La exfuncionaria hace una comparación entre “dejar terminadas las cosas y hacerlas con calidad”.

Con relación a la consulta comunitaria, Slowing considera que podría efectuarse, pero sin las calidades que se requieren, es decir sin discusión y bien planteada.

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En el caso del censo de población, considera la exsecretaria, los tiempos técnicos pueden no permitirán que se concluya en tres meses.

“El mayor riesgo es que se hagan cosas a rajatabla y que el nuevo gobierno va a tener que enmendar la plana, eso va a crear desgaste político al presidente electo y su equipo, además de perder el tiempo”, resaltó la exfuncionaria.

Analiza los proyectos

El presidente electo, Alejandro Giammattei, afirmó que es necesario que los funcionarios de Morales “muestren decencia en los últimos meses y no traten de hacer en tres meses lo que en cuatro años fueron incapaces de hacer”.

En declaraciones de este 3 de octubre, el mandatario electo dijo que se han detectado gastos excesivos de parte del Ejecutivo, los cuales merecen su preocupación, por lo que en el proceso de transición también se incluirá a la Contraloría General de Cuentas.

Giammattei recordó que el censo de empleados públicos fue un ofrecimiento de Morales en su primer año de gobierno. “Ya vamos para el cuarto año y no ha terminado, tengo entendido que está detenido porque en el Ministerio de Gobernación no permitieron hacerlo”, señaló.

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El próximo Presidente dijo que será su administración la que finalice con este proyecto cuyo financiamiento, hasta donde se les ha explicado, es un donativo.

Respecto a la consulta comunitaria por la Mina San Rafael, Giammattei dijo que se trabaja sobre el reglamento al Convenio 169 debido a que no está definido quién lo debe hacer o cómo. “Lo estamos trabajando y esperaría contar con la valiosa colaboración de la Corte de Constitucionalidad que nos permita sacar un reglamento temporal en bien de la gobernabilidad del país”.

Del libramiento de Chimaltenango, Giammattei ha afirmado que la obra es urgente y necesaria, por lo que solicitó a la empresa que cumpla con sus obligaciones.

Además, el mandatario electo se volvió a quejar de que el Ejecutivo no informa sobre el plan de implementación del acuerdo migratorio con EE. UU. por lo que ya se le informó al embajador de ese país en Guatemala, Luis Arrega, “que mientras no sepamos del acuerdo seguimos en que la revocatoria es lo que más le conviene al país”.

Sobre el censo de población del 2018, Giammattei indicó que “lo tienen que dejar finalizado” pues considera antitécnico “que se tarden años” en dar los resultados de un censo. “Ya vamos a llegar al INE (Instituto Nacional de Estadística) y vamos a evaluar el porqué del retraso en la presentación de los resultados”, indicó.

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Los proyectos

• Censo de empleados públicos

Conocer cuántos trabajadores tiene el Estado fue una promesa de Jimmy Morales durante su primer año de gobierno; sin embargo, a pocos meses de finalizar su gestión aún no se han entregado los resultados, aunque la previsión oficial es que esto se haga en noviembre.

Al comienzo de su gestión, Morales dijo que ese censo serviría para suprimir puestos innecesarios y eliminar plazas fantasmas.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó en el 2018, durante el tercer año de gobierno, que todos los esfuerzos estaban concentrados en el censo de población, por lo que no se podía abordar el tema hasta después del 16 de agosto de ese año.

En entrevistas previas, el gerente del INE, Mauricio Guerra, informó que la primera fase de las entrevistas a los empleados del Ejecutivo se efectuó en el Oriente del país, en 70 instituciones gubernamentales, donde se recolectaron datos de 47 mil trabajadores.

La segunda etapa, informó Guerra, se efectuaría durante septiembre, para después hacer los análisis de información y presentar los resultados finales un mes antes del fin de año.

En agosto de este año, el ministro de Economía, Acisclo Valladares, negó que la cartera de Gobernación se haya negado a dar información de sus trabajadores, para esa fecha, se estaba en la tercera fase de ese censo, aseguró.

#NuevoGobiernoGT | El presidente electo, Alejandro Giammattei, hace un llamado a la contención del gasto y pidió a la @Contraloria_gt hacer revisión de un contrato en el Puerto Santo Tomás, por Q630 millones. pic.twitter.com/tcgmJ2yhg7

— Andrea Orozco (@AOrozco_PL) October 3, 2019

• Censo de población

Aunque hubo una presentación oficial en el Teatro Nacional, el censo de población del 2018 todavía no se ha finalizado pues es necesario hacer un proceso de conciliación para determinar la población en el país. La información oficial es que todos los datos finales se darán a conocer en diciembre de este año.

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Las entrevistas a la población se efectuaron en el 2018, pero los resultados de ese censo fueron hechos públicos el 17 de septiembre de este año y se determinó que se censó a 14.9 millones de guatemaltecos, de los cuales el 48.5 por ciento son hombres y 51.5 por ciento son mujeres

Después de la presentación de resultados hubo muchas críticas debido a que el Registro Nacional de las Personas (Renap) reportaba, a septiembre de este año, a 20 millones 247 mil 815 guatemaltecos, de los cuales el 50.10 por ciento son hombres y el 49.90 por ciento, mujeres.

Además, las proyecciones de población del INE, basadas en el censo del 2002, indicaban que en el país habría unos 17 millones de personas.

Los mapeos y solicitud de permisos se comenzaron a gestionar en octubre del 2016. Además, también se solicitó incluir una partida de Q249.7 millones en el presupuesto del 2017 para efectuar el conteo de la población.

• Consulta comunitaria

Una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) estableció que la Mina San Rafael puede efectuar operaciones en Guatemala una vez se realice la consulta comunitaria a los pueblos indígenas que habitan en el área donde se ubica. Según el dictamen, esta consulta no se hizo antes de otorgar las licencias de operación.

Sin embargo, aunque la sentencia se efectuó en el 2018, el proceso no se ha podido concretar debido a diferencias en la fase de la preconsulta.

Según el Ministerio de Energía y Minas no se efectúo la consulta comunitaria previo a otorgar las licencias debido a que el Renap y el INE no determinaron la presencia de personas xincas en el área del proyecto.

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La CC requirió, para esa consulta, la participación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, los ministerios de Cultura, Energía y Minas, Ambiente, la Comisión Presidencial de Diálogo, la empresa, la municipalidad de la localidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos, universidades y las comunidades que se señalan como afectadas.

Además, esta tendrá un costo aproximado de Q 2.3 millones, según informó en enero de este año el ministro de Energía y Minas, Luis Chang.

Las operaciones de la empresa quedaron suspendidas en julio del 2017, por una resolución de la Corte Suprema de Justicia que otorgó un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social. En octubre de ese año, la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana presentó un recurso ante la CC con el que buscaba revertir lo ordenado por la CSJ y en febrero del 2018 un grupo de trabajadores de la minera hizo lo mismo con la intención de resolver en definitiva la situación.

La resolución de la CC llegó finalmente en septiembre del 2018, cuando los magistrados confirmaron la suspensión de las licencias y ordenaron efectuar la consulta.

• Libramiento de Chimaltenango

A seis meses de que se habilitó el paso por el Libramiento de Chimaltenango varios derrumbes en el kilómetro 60.5 obligaron a cerrarlo.

El Ejecutivo asegura que la obra no está finalizada, que no se ha recibido y tampoco inaugurado, por lo que tampoco implica un gasto adicional para el Estado el hecho de que la empresa encargada, Constructora Nacional Sociedad Anónima (Conasa), haga los trabajos de limpieza en el sector.

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Esta obra fue reconocida por el ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, como “sin precedentes en Centroamérica” e incluso comparó al presidente Jimmy Morales con Jorge Ubico al indicar que durante en la gestión del militar se construyó el Palacio Nacional de la Cultura y durante la administración de Morales se está construyendo el libramiento de Chimaltenango.

La obra costó cerca de Q600 millones. La adjudicación original fue para Conasa por Q451 millones, pero el costo final se incrementó en Q139 millones por los retrasos que enfrentó el proyecto. El último tramo de 2.5 kilómetros fue adjudicado a la empresa Renova Ingenieros S.A.

El Ministerio Público informó que la Fiscalía Anticorrupción efectuó una inspección ocular y documentó con fotografías el proyecto para comenzar con una investigación de oficio por posibles irregularidades en el proceso de contratación y ejecución.

#NuevoGobiernoGT | El presidente electo también comentó con el embajador de #EEUU en #Guatemala que el nuevo gobierno sigue sin conocer el plan de implementación del acuerdo migratorio con ese país, por lo que existe la posibilidad de revocarlo. pic.twitter.com/vYNABPJpXx

— Andrea Orozco (@AOrozco_PL) October 3, 2019

• Acuerdo migratorio

El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, firmó el 26 de julio de este año un acuerdo migratorio con EE. UU. en el que el país se convierte en receptor de población migrante que solicita asilo en aquel país.

Dicho acuerdo, reconocido por EE. UU., como de “tercer país seguro”, obligaría a Guatemala a proveer a estos migrantes, hondureños y salvadoreños, de salud, educación, trabajo, vivienda y derecho a la reunificación familiar, situación que fue criticada por la población. A cambio, el país recibiría visas temporales de trabajo para el sector agrícola.

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El acuerdo todavía no se ha implementado, pese a que el secretario de Seguridad Interna de EE. UU., Kevin McAleenan, afirmó que era urgente que entrara en vigencia en agosto.

El Ejecutivo dijo que analizaba si este acuerdo debía ser conocido o no por el Congreso, luego de que la CC emitiera una resolución que indica que cualquier documento que modifique leyes en el país debe ser analizado por el Legislativo.

La presidencia también interpuso una revocatoria ante este dictamen y aseguró durante varias semanas que no se podía continuar con el proceso hasta que la Corte resolviera al respecto, pero, luego de que la CC revocara el amparo provisional, el 10 de septiembre, el Ejecutivo continúa sin avanzar.

Según el presidente Jimmy Morales, este acuerdo no requiere aprobación del Congreso y actualmente se espera que finalice un proceso de análisis de parte de EE. UU. para comenzar con la implementación.

El presidente electo, Alejandro Giammattei, continúa quejándose de que el Ejecutivo no informa sobre dicho acuerdo, por lo que podría ocurrir que al tomar posesión del poder lo revoque.

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Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos permitirán que por primera vez se tenga un período de transición largo, que debería comenzar el 11 de agosto, cuando se conozca al ganador entre Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y Alejandro Giammattei, del partido Vamos.

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Ese espacio debe ser aprovechado por el binomio ganador, que deberá tener agilidad y ser muy estratégico en ese período, señaló José Carlos Sanabria, politólogo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

Sin embargo, las dos opciones políticas tienen contextos distintos a lo interno, pero, además, se enfrentan a un momento complejo debido a la situación actual del país, en la que el gobierno saliente negocia acuerdos que tienen un impacto importante en la vida política del país, considera el analista.

Gestionar ese período no va a ser fácil, resaltó el experto, quien agregó que el desgaste y deterioro progresivo de la institucionalidad son factores que deben ser contemplados por los dos candidatos.

Además de organizarse en el Ejecutivo, cualquiera de los dos candidatos debe saber moverse en el Legislativo y, si aprovecha la transición, le permitirá, por ejemplo, establecer acuerdos con los bloques del Congreso para negociar el presupuesto del 2020, que será clave para cuando arranque su gestión.

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El escenario se presenta de manera distinta para los dos candidatos, pues aunque ninguno tendrá mayoría en el Congreso, la experiencia política de la UNE podría facilitar las cosas.

“La UNE es el segundo bloque ahora en el Congreso, y de alguna manera va a tener más capacidad de gestión, de incidencia, de influencia y de organización, a diferencia de Vamos, quien por ahora no tiene diputados”, indica el politólogo.

El proceso de transición será clave, y es el momento político donde se deben buscar acuerdos, no solo para generar condiciones para que las políticas institucionales se impulsen, sino principalmente para establecer las prioridades en el presupuesto, reiteró Sanabria.

El representante de Asíes considera que el principal problema de gestión de las próximas autoridades será el presupuesto, y asegura que muchos de los aspectos que están plasmados en los planes de gobierno requieren de este financiamiento.

Sus primeros 180 días

David Casasola, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), indicó que los primeros 180 días de gestión son importantes; sin embargo, en los planes de Gobierno de los partidos no se explica cómo se van a priorizar y qué acciones se ejecutarán en ese tiempo.

“Los primeros 180 días son clave para efectuar cambios trascendentales, mientras se tiene cierto capital político ganado en las elecciones”, manifestó el economista.

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“Es necesario que los políticos que compiten por la Presidencia analicen si utilizarán dicho capital político en sus primeros seis meses de gobierno o durante el período de transición”, añadió.

Además, resaltó que se debe considerar el equipo técnico de ambos partidos porque sobre ellos recae la responsabilidad de la implementación de las propuestas.

“Quien gane la segunda vuelta electoral se enfrentará a los problemas estructurales en el Estado, debido a que no se utilizan estrategias y herramientas de planificación, por lo que es necesario conocer quiénes estarán a cargo de las áreas prioritarias en el gobierno, pues se necesitan personas con experiencia, principalmente en administración pública”, agregó Casasola.

Llamado al diálogo

La situación política del país hace que varios sectores políticos y sociales hagan énfasis en la necesidad de diálogo para definir una ruta de país, y por ello es difícil esperar que los candidatos y sus planes solucionen todos los problemas actuales, explicó Sanabria.

“El próximo gobierno debe gestionar la gobernabilidad del país”, expuso.

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De esa cuenta, resaltó la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones, no solo de los sectores nacionales, sino también de los organismos internacionales.

“Estos espacios de diálogo deben orientarse a definir una ruta y la priorización de soluciones, pero en el contexto actual, cualquier gobierno carece de legitimidad para impulsar políticas de forma unilateral, por lo que necesita llamar a encuentros que permitan definir una agenda de país en materia ejecutiva, legislativa y establecer tiempos, actores responsables y resultados”, puntualizó Sanabria.

Por esa falta de legitimidad, una de las primeras acciones a seguir de parte de las próximas autoridades es convocar y generar un espacio de acuerdos y buscar salidas de forma democrática; sin embargo, en los planes de trabajo de los dos candidatos, no se contempla convocar al diálogo.

Agregó que el próximo presidente debe separarse “por completo” de la manera en que ha gobernado el actual.

 “Los planes de gobierno pueden ser instrumentos muy valiosos, no solo para promoción de los candidatos y propuestas del partido, sino porque el periodo de transición será largo y estos deben ser un instrumento orientador”. José Carlos Sanabria, analista de Asies.

“No hay atajos ni fórmulas mágicas que provoquen un cambio en el país sin asumir un costo, se debe tener sectores y grupos con más y menos prioridad. El cambio no se logra de la noche a la mañana, pero haber hecho el trabajo tiene sus repercusiones”. David Casasola, analista del Cien.

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De León Duque señaló que este miércoles tuvo un primer acercamiento con el procurador electo Jordán Rodas Andrade para informarle sobre la situación en que se encuentra la institución.
 
“Fue una mirada rápida a todo el tema de la institución, fue muy productiva, él con mucha apertura a recibir la información y yo con absoluta transparencia”, indicó de León Duque.
 
Resaltó que el puesto del procurador es ver temas complejos todos los días y a toda hora, ya que la conflictividad no respeta días ni horarios.

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Renuncia a indemnización

Según De León, le contó al procurador electo sobre la reducción del salario que hizo cuando llegó a ocupar este cargo, ya que de Q106 mil que estaba asignado lo redujo a Q52,700.

Añadió que su disposición ahora es que no lo indemnicen, porque es un pago que se le hace al personal que despiden y él fue electo para ocupar un cargo por cinco años.

Según indicó su equipo de transición el viernes, los tres aceptaron sus designaciones para ocupar puestos clave en el gobierno de Trump, que asumirá la Casa Blanca el 20 de enero.

“Recibo con entusiasmo la visión de Trump de 'un solo Estados Unidos' y su compromiso con la igualdad ante la ley. Aspiro a cumplir plenamente con mis deberes con una dedicación inquebrantable por la justicia y la imparcialidad”, dijo Sessions, de 69 años.

Trump describió a Flynn como “uno de los expertos más destacados del país en temas militares y de inteligencia, y será una pieza invalorable” en su administración.

La designación de Flynn no requiere la aprobación del Senado, pero los otros dos cargos sí.

Un importante integrante del equipo de transición del magnate confirmó el ofrecimiento al general, de 57 años y que fue el principal asesor de seguridad nacional de Trump durante su campaña, según “The New York Times”.

Flynn abandonó la DIA en el 2014, forzado por el Pentágono debido a las quejas recibidas por su caótica gestión y sus agresivos planes de reformar el organismo.

Como consejero, el general ya ha demostrado ser una poderosa influencia en Trump, al que ha convencido de que EE. UU. mantiene una “guerra mundial”  con militantes islamistas y debe trabajar con cualquier aliado dispuesto en la lucha, incluyendo al presidente ruso, Vladimir Putin, según el diario.

Sessions, senador desde 1996 y quien forma parte del comité judicial de la Cámara Alta del Congreso de EE.UU., es un opositor frontal a la reforma migratoria.

El legislador era uno de los asesores de la campaña presidencial de Donald Trump y trabajaba en el equipo de transición del magnate que está seleccionando los miembros de su gabinete.

Asimismo, se ha conocido que el representante por Kansas, Mike Pompeo, miembro del movimiento ultraconservador del Tea Party, ha aceptado la nominación para dirigir la Agencia Central de Inteligencia  (CIA).

Según estas fuentes, Pompeo habría aceptado la jefatura de la CIA.

Tras días de rumores, finalmente se comienzan a conocer los primeros nombres de las personas que estarán al frente de algunos de los principales cargos de la futura administración del presidente electo.

A través de este mecanismo de fiscalización, el Observatorio de Pueblos Indígenas, junto a otras organizaciones civiles, busca promover una reforma política para el combate a la corrupción en la administración pública y motivar a la denuncia ciudadana.

Según los integrantes del OT, el primer trabajo efectuado consistió en monitorear el proceso de transición municipal, de diciembre de 2015 a enero de 2016, en 18 municipios de ocho departamentos.

En su observación, el grupo encontró que los alcaldes electos no han recibido la documentación necesaria para su gestión municipal, como listado de proyectos de infraestructura pendientes y estados financieros municipales que incluyen ejecución y deuda de la comuna.

Sobre la transición en el Ejecutivo, los miembros del OT afirman que el hermetismo y “la forma secreta” en que se integra el equipo del presidente electo, Jimmy Morales, da lugar a especulaciones, en especial por la posible inclusión “de personas ligadas al pasado represivo del Estado”.

La organización también teme un panorama político poco favorable para los pueblos indígenas, pues no se menciona a ningún miembro de este sector en la integración del gabinete y en la próxima legislatura se cuenta un bajo número de diputados indígenas.

El OT hizo un llamado al próximo gobierno para que no siga con el “tradicional” nombramiento de un indígena en el Ministerio de Cultura y que incluya a representantes de estos pueblos en entidades públicas de mayor relevancia e impacto en el desarrollo del país.

El 13 de enero se conocerá quienes integran el gabinete de Gobierno de Morales, presidente electo de Guatemala para el periodo 2016-2020, pues hasta esa fecha se presentarán a las actuales autoridades, según el vicepresidente Juan Alfonso Fuentes Soria.

El vicemandatario aseguró, durante una conferencia de prensa efectuada este miércoles, que el 6 de enero y el 13 del mismo mes, ambos equipos se reunirán para finalizar con el proceso de transición y, aunque ambas sesiones son importantes, será en la segunda cuando se conozca a los futuros ministros y secretarios.

En las reuniones se espera finalizar con los detalles de transición, para los que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia se concentró en 68 “Prioridades selectivas de primer nivel” -las más importantes-, de las cuales 21 se concentran en la inversión social.

Los otros temas se dividieron en cuatro áreas más; económica, ambiental, democrática y urbana y rural.

Entregarán casas

Las declaraciones de Fuentes Soria se ofrecieron luego de participar en una mesa técnica con el Consejo Nacional de la Vivienda, donde se anunció que mañana jueves se entregarán las primeras 14 casas a igual número de familias damnificadas por el derrumbe en el caserío El Cambray 2, en Santa Catarina Pinula.

Según las proyecciones del Ejecutivo, en enero se concluirá con el proyecto de urbanización que contempla darles 181 viviendas a quienes perdieron su hogar en la tragedia.

Durante la reunión, los integrantes del Consejo acordaron que son necesarias varias acciones para mejorar la situación de vivienda en el país, entre ellas; legalizar con escrituras los terrenos otorgados a víctimas del huracán Stan, que se tenga un presupuesto anual para vivienda de Q800 millones e institucionalizar y crear políticas de vivienda.

En una reunión efectuada en el Palacio Nacional de la Cultura y encabezada por el vicepresidente Alfonso Fuentes Soria, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) expuso tres de las cinco dimensiones en que se dividió la información de transición.

Las cinco dimensiones son: económica, social, ambiental, democrática, y urbana y rural. Este día se presentaron las tres últimas con sus distintas prioridades.

En el portal de la Segeplan se explica que las prioridades se dividen en “selectivas”, que son aquellos procesos, proyectos, actividades o temas de alto impacto para el Estado y la población y que son más urgentes.

En tanto que las “exhaustivas” son las que pueden tener consecuencias jurídicas de alto impacto dentro de cada institución.

En la dimensión democrática se expusieron prioridades como la implementación de la Política Nacional de Reforma Penitenciaria, la modernización tecnológica de abordaje de la seguridad ciudadana, y elaborar un censo de población y vivienda.

Así también, la implementación del Plan K’atún 2032 y hasta la creación de un reglamento de Transporte de Material Nuclear y Radiactivo.

En la dimensión ambiental destaca la atención integral a la conflictividad relacionada con el manejo de los recursos naturales y el uso eficiente de leña y combustibles alternos en comunidades  indígenas.

En la parte rural, se expuso la regularización del cobro de alumbrado público en las municipalidades, y el mejoramiento de la red vial.

Algunas instituciones, como el Instituto Guatemalteco de Turismo, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, y el Ministerio de Comunicaciones, pidieron que algunas de sus acciones, ubicadas en el nivel 2 de prioridades selectivas, se trasladen para el nivel 1.

La jefa de la Segeplan, Ekaterina Parrilla, explicó que discutirá con ellos para revisar cuáles se pueden subir de nivel.

Fuentes Soria afirmó que el lunes, junto a los representantes del gobierno electo, decidirán una fecha para intercambiar impresiones del avance de la transición y que el presidente electo, Jimmy Morales, conozca el proceso.

Maldonado Aguirre aseguró que es difícil asumir la posición de que el proceso de transición se verá afectado  porque el presidente electo, Jimmy Morales, aún no designa a sus ministros y secretarios.

“Yo también tuve que improvisar ministros en cosa de ocho días, y a mi criterio, están haciendo un buen trabajo”, expresó el mandatario.

Maldonado asumió la Presidencia el 3 de septiembre último, y del 17 al 29 de septiembre, nombró a ocho ministros.

Los primeros en asumir fueron Rubén Alfonso Ramírez, en Educación; Ana María Rodas, en Cultura y Deportes; Andreas Lehnhoff, en Ambiente, y Oswaldo Enríquez, en Trabajo.

Después fueron juramentados Mariano Rayo, en Salud; Jorge Méndez Herbruger, en Economía; Juan Pablo Ligorría, en Energía y Minas, y Norma Quixtán, en Desarrollo Social.

La última fase de la transición de un gobierno a otro no comienza mientras no esté el Gabinete de Morales designado, debido a que es cuando cada funcionario saliente se reúne con el entrante para atender dudas y entregar información más especializada de cada área.

Seguirá en el cargo

Después de varios escándalos que involucran nepotismo y falta de autoridad ante la masacre de la Granja Penal Canadá, la ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, continuará en su cargo hasta el 14 de enero.

Así lo dieron a entender las máximas autoridades. Maldonado dijo que para destituir a alguien debe haber evidencias y, en este caso, indicó que no las hay.

“Esto es un cuento que vienen diciendo. Debe haber evidencias para actuar. Primero quiero evidencias”, afirmó el gobernante.

Horas antes, el vicepresidente Alfonso Fuentes Soria afirmó que se revisan los casos para analizar alguna medida administrativa pero que, “si el caso lo amerita”, es una posibilidad la destitución de Mendizábal.

En otro tema, Maldonado anunció un estudio para “reducir” la estructura de la Comisión Presidencial de Transparencia (Copret), de tal manera que solo quedará la parte de Gobierno Electrónico y de cooperación internacional.

El presidente brindó declaraciones en la escuela que lleva su nombre, en la colonia Justo Rufino Barrios, zona 21, donde recibió del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 560 equipos de cómputo para 23 laboratorios en igual número de centros educativos.

Este lunes se efectuó una reunión del gabinete específico para temas sociales, en donde la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia se enfocó en los 21 programas estratégicos que se trasladan en el proceso de transición.

Entre estos programas se encuentra la Política Nacional de Juventud, los programas sociales de reducción de la pobreza, la estrategia para la transformación de la educación media y la atención a mujeres indígenas.

Estas 21 estrategias son parte de las 68 prioridades en las que trabajan los equipos del gobierno saliente y del electo, las otras tienen que ver con el área económica y de seguridad.

Otra de las preocupaciones del gabinete es el abastecimiento de medicinas en los hospitales nacionales, por lo que el vicepresidente Juan Alfonso Fuentes Soria, explicó que el ministro de Salud, Mariano Rayo, hace el análisis para que se puedan obtener medicinas a través del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

Guatemala es el único país de la región que no participa en la compra regional de medicamentos, por lo que este año se comenzó la gestión para incluirse en el programa; sin embargo, el constante cambio de ministros habría retrasado ese proceso.

Según Fuentes Soria, al poder adquirir las medicinas con el SICA y la Organización Panamericana de la Salud, se podría dejar abastecido los hospitales para los primeros seis meses del 2016.

Preocupa presupuesto

Este lunes también se efectuó una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan), en donde se mostró la preocupación porque el presupuesto para 2016, aprobado por el Congreso el 30 de noviembre, tiene una reducción de nueve por ciento.

Este porcentaje es equivalente a Q320 millones, los cuales perjudicarán el trabajo de las instituciones que integran el Conasan, por lo que se acordó que harán los reajustes presupuestarios en cada una y estos serán presentados en la próxima reunión, el 7 de enero próximo.

Mientras el Ejecutivo busca reducir los costos de la sesión en la que se efectuará la transmisión de mando presidencial a menos de Q2 millones, los detalles de la agenda emergen, y serán días agitados alrededor de la asunción de Jimmy Morales al frente del Organismo Ejecutivo.

El programa comienza el 13 de enero por la noche, cuando el gobernante Alejandro Maldonado Aguirre brinde un “saludo de despedida”, en el Palacio Nacional de la Cultura, ante invitados de diversos sectores.

El 14 de enero por la mañana será la sesión del Congreso, en la cual asume la nueva Junta Directiva y son juramentados los integrantes de la octava legislatura.

El acto central, que tendrá una duración de una hora con 20 minutos, comenzará a las 16 horas en la Sala Efraín Recinos del del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, recinto que de nuevo albergará esa ceremonia después que en 2012, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti eligieran el Domo de la zona 13 para asumir funciones.

“Es una sesión del Congreso, organismo que tiene su propio protocolo, y será un acto no muy largo”, explicó el coordinador del proceso, Iván Espinoza, exvicecanciller que también es embajador de Guatemala en Colombia.

Explicó que la directriz del gobierno entrante es que la actividad tenga una perspectiva de inclusión social, es decir, con la participación de diversos sectores, como económico, académico y jóvenes.

Después, los nuevos gobernantes Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, participarán en un saludo, como mandatarios, en el Palacio Nacional de la Cultura, donde los ministros, secretarios y directores del Gabinete entrante serán juramentados.

Al día siguiente, viernes 15 de enero a las 9:30 horas, se llevará a cabo el tradicional Té Deum, en la Catedral Metropolitana.

Alrededor del mediodía, será la presentación de Morales como comandante general del Ejército, y el nuevo gobernante recibirá el saludo de las fuerzas armadas, aunque estaba pendiente definir el lugar. Anteriormente se ha realizado en la Brigada militar Mariscal Zavala.

Por la tarde, termina la agenda con un servicio religioso en la “Mega Frater”, ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco.

Trabajo interinstitucional

El coordinador Espinoza indicó que la Cancillería trabaja en coordinación con otras instituciones, como los ministerios de  Defensa y Cultura y Deportes, y la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS).

El equipo de cancillería y el del gobierno entrante, encabezado por Cabrera, mantienen reuniones periódicas en las que se explica el avance de las comisiones específicas, entre otras, la de acreditaciones y protocolo.

Hasta ahora van 22 invitaciones a jefes de Estado y jefes de delegación internacionales a la Toma de Posesión de Jimmy Morales. Enrique Peña Nieto, presidente de México y la mayoría de mandatarios del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) ya confirmaron su asistencia.

A diferencia de relevos anteriores, en esta ocasión no se emitirá un acuerdo gubernativo para hacer compras por excepción, por lo que el gobierno ya cotiza los insumos, como varios vehículos blindados para los jefes de Estado.

Los equipos de transición se reunieron hoy para revisar los avances y los pendientes, y la segunda de tres fases está por concluir, al entregar un informe administrativo de cada institución del Ejecutivo al equipo del gobierno entrante.

Ekaterina Parrilla, secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, y coordinadora de la transición de la administración saliente, explicó que se entregó la información de las finanzas y recurso humanos de los ministerios y secretarías.

El equipo de Morales también recibió informes de jurídica, de fiscalización y control, imagen institucional, planificación, ejecución presupuestaria, inventarios y deudas, entre otros aspectos.

“Solo estamos a la espera de que ellos –gobierno entrante– terminen de conformar el equipo y entrar a los detalles institución por institución”, informó la funcionaria.

Una vez designados  los próximos funcionarios, se desarrollarán reuniones más concretas con sus pares salientes, quienes les harán entrega de datos específicos de la institución a su cargo, y se podrán resolver dudas por cada área.

El informe entregado a la administración entrante incluye, además, los Planes Operativos Anuales y reportes de la Contraloría General de Cuentas, como parte de un capítulo de fiscalización y control.

Aparte de la situación institucional, a partir del lunes se expondrán las prioridades estratégicas, es decir, los programas, proyectos y políticas públicas a las que se debe dar continuidad, explicó Parrilla.

Morales ofreció que la segunda semana de diciembre revelará los nombres de su Gabinete, aunque se prevé que sea en una presentación pública con los futuros funcionarios presentes.

Durante una visita efectuada este miércoles a Casa Presidencial, Bran lamentó que no se esté desarrollando un proceso de transición en la comuna de Mixco y que se estén llevando hasta el equipo de cómputo.

“La transición desgraciadamente empieza hasta el 15 de enero. Así pasa en muchas municipalidades. En Mixco se están llevando las computadoras, camiones e impresoras, porque son todas arrendadas. No existe ninguna fiscalización del tema”, denunció Bran.

Agregó que platicó con Carlos Mencos, jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC). “Él dice que están haciendo una auditoría a la Municipalidad y que si yo quiero puedo pedir un auditor para la transición el 15 de enero, cuando yo reciba la comuna”, indicó.

Bran manifestó que el actual jefe edil de Mixco, Otto Pérez Leal, hijo del expresidente Otto Pérez Molina, no contesta las llamadas telefónicas lo cual ha impedido realizar un proceso de transición.

Según el alcalde electo, en esa ocasión Pérez Leal dijo que no cerraría los destacamentos militares, subestaciones de la Policía Nacional Civil y guarderías en el municipio. Sin embargo, no cumplió con esas promesas.

“Él me prometió que no lo iba a hacer y no lo cumplió. Veo una ausencia de parte de la administración actual. Es triste y lamentable que no haya una ley que permita una transición a los alcaldes”, indicó.

https://twitter.com/ottoperezl/status/662082467973599232

Preocupados

Vecinos de colonias residenciales aledañas al derrumbe que se registró en la zona 8 de Mixco informaron que  el pasado martes hubo más deslizamientos. Tal situación les preocupa, por lo que se  restringió el paso de vehículos sobre el bulevar, en el área dañada.

Un estudio efectuado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred)  establece que hay “un peligro latente” y se recomienda a la comuna de Mixco  reforzar el revestimiento de la inclinación afectada.

Además, se determina que se identificaron unas 63 viviendas en el área,  lo cual servirá  para estimar la afectación total. 

Bran llegó a Casa Presidencial para conversar con el Presidente Alejandro Maldonado Aguirre respecto al derrumbe ocurrido el pasado 20 de octubre en San Marino, Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco.

“Vecinos dijeron que ayer por la noche se escucharon retumbos y empezó a temblar. Me vi en la pena de venir a molestar al presidente porque es el único que nos puede ayudar. Allí se debe hacer una inversión de más de Q4 millones”, expresó.

Maldonado Aguirre no atendió a Bran, y el alcalde electo solo recibió de la Presidencia los informes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) con relación al tema.

Reaparece

Después de las denuncias hechas por Bran, el alcalde Pérez Leal reapareció este miércoles por la noche, publicando un comunicado en su cuenta de Twitter.

En el documento asegura que sigue desarrollando sus actividades normales al frente de la comuna y lo seguirá haciendo hasta el 15 de enero del próximo año.

“Estoy dedicado a realizar el trabajo administrativo que demanda mi cargo, supervisando la ejecución de los proyectos planificados para este año”, refiere el comunicado.

Agrega que ordenó la integración de una comisión que tendrá la tarea de efectuar un proceso de transición transparente y ordenado.

“Desde el primer día de mi administración, hasta el último, seguiré trabajando por ti”, dice el mensaje de Twitter publicado por Pérez Leal, quien no escribía desde el pasado 7 de septiembre, un día después de perder las elecciones municipales.

En el documento se expone que Lam Ortiz fue separado de sus funciones como analista económico del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac) el 15 de marzo del 2014, tras corroborar que había plagiado cuatro ensayos académicos, cuya preparación era parte de sus obligaciones laborales.

El ipnusac indica que Lam Ortiz fue contratado en agosto de 2013, considerando su amplia hoja de vida profesional, que incluía 23 años como experto del Banco de Guatemala y funciones destacadas en el Ministerio de Economía, una extensa labor de docente universitario, posgrados en Guatemala y Argentina, así como buenas referencias profesionales y personales. “Él gozó de plena confianza de nuestras autoridades y del equipo profesional, pero la defraudó”, añade.

Tramitan denuncia

El Ipnusac tramitó una denuncia por plagio de un ensayo firmado por Lam Ortiz, la cual fue presentada por los agraviados, y se comprobó su veracidad.

El @ipn_usac denuncia que José Ramón Lam integrante del grupo de transición del presidente electo @jimmymoralesgt 1/2

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) November 1, 2015

Al profesional se le dio oportunidad de defensa; negó el plagio, pero ante la evidencia se le pidió la renuncia, asegura el instituto. Según Lam Ortiz, él renunció por una mejor oportunidad en la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (Copret) en la gestión del Partido Patriota.

Fue separado de sus funciones como analista económico de dicho ente tras corroborar el plagio de cuatro ensayos académicos 2/2

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) November 1, 2015

Empero, Ipnusac asegura que tras la primera denuncia se contrastaron otros tres ensayos que con anterioridad había entregado como de su autoría, y en todos incurrió en plagio.

Rechaza señalamientos

El profesional vía telefónica rechazó los señalamientos hechos por el Ipnusac al indicar que todos los trabajos tienen los derechos de autor correspondientes y que esto sería bueno discutirlo con el instituto.

“Esto conlleva un juicio penal en mi contra, y ustedes pueden verificar que no tengo ningún juicio. Es extraño porque yo tengo más de un año de no estar en el instituto y que de alguna manera ya con la transición sale esto a luz, pero bueno, esto es parte de lo que uno juega para poder hacer algunos cambios importantes, simplemente quisiera hablar con el instituto para aclarar este entendido o mal entendido respecto al uso de estos documentos”, dijo Lam Ortiz.

El profesional explica: “Yo simplemente lo que hice fue tomar los documentos, analizarlos, ver la posibilidad de poner en la bibliografía los antecedentes que se utilizaron y poner el nombre de los documentos que se incorporaban en esa investigación”.

“Yo presenté mi renuncia porque pasé a un mejor trabajo, empecé a laborar en la comisión presidencial para hacer algunos indicadores, lo que me motivó a presentar mi renuncia al Instituto. Eso fue lo que sucedió. Lo pueden corroborar que no me pidieron la renuncia”, finalizó.

Textos plagiados

Nombre: “Beneficios y costos de la integración centroamericana. Organización y funcionamiento institucional del SICA”
Autor: Pedro Caldentey del Pozo Director del Instituto Español de Estudios Centroamericanos de la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación.
http://www.eumed.net./rev/cccss/acerca.de.htm

Nombre: ¿Qué son y para qué sirven las políticas públicas? Septiembre 2009.
Autores: Carlos Ricardo Aguilar Astorga (UAM-X) y Marco Antonio Lima Facio (UAM-X)
http://www.fundacionetea.org/media/File/beneficioscostoslC.pdf

Nombre: “Postfordismo, desigualdad y alimentos: hacia una economía política de los problemas nutricionales en Ecuador (1990-2000)”.
Autor: René Ramírez G. (Universidad San Francisco de Quito; Investigador del Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Ecuador)
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2000/ramirez.pdf

Nombre:“El ingreso mínimo en términos de libertad”
Autor:Lily Ku Yanasupo (Universidad Católica del Perú, Comisionada de la Defensoría del Pueblo)
Fernando Cuadros Luque (Universidad del Pacífico del Perú, Asesor del Ministerio de Trabajo del Perú).
Revista Soluciones Laborales No. 51, marzo 2012. Editorial Gaceta Jurídica, Lima, pp. 23-30

El presidente Alejandro Maldonado Aguirre informó que la comisión que se encargará de la transición de mando será encabezada por el vicepresidente Alfonso Fuentes Soria.

La comisión será integrada por los ministros de Finanzas, Dorval Carias; de Gobernación, Eunice Mendizábal; de Desarrollo Social, Norma Quixtán y de Ambiente, Andreas Lehnhoff Temme.

También integrará este equipo el Secretario General de la Presidencia, José Roberto Hernández y “todo será coordinado por la Secretaría General de Planificación, dirigida por Ekaterina Parrilla”.

El anuncio lo hizo el Presidente en el Congreso de la República, a donde asistió para solicitar a los parlamentarios que se ratifique el Estado de Calamidad para los damnificados de El Cambray 2 y se pueda agilizar la construcción de las nuevas viviendas. 

“Por el sentido histórico de las transiciones, se sugerirá que el proceso sea acompañado como consejeros ad honorem Eduardo Stein y Rafael Espada”, detalló el mandatario.

Maldonado indicó que ha tenido contacto sólo con el equipo de Jimmy Morales y que aún no hay nada formal para el comienzo de la transición.

Se sabe que durante la reunión con los diputados, el mandatario les comentó que fue él quien llamó para coordinar el proceso.

Morales presenta equipo

El presidente electo Jimmy Morales presentó el pasado lunes el equipo que trabajará en el proceso de transición, integrado por los abogado Elmer Beltetón y César Aguilar y el auditor Carlos Martínez.

Según la información del quipo de trabajo de Morales, el próximo miércoles se reunirán con Maldonado Aguirre y el equipo designado por el Presidente.

Morales también ha explicado que se integró una comisión con 15 auditores y economistas para que asistan a la Sala Legislativa de Finanzas y puedan hacer propuestas antes de la aprobación del presupuesto para el 2016.