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El gobierno recurre a estándares internacionales para confiar la transparencia de las licitaciones de grandes proyectos de energía e hidrocarburos

Cómo garantizar la transparencia en los eventos de licitación de electricidad rural y del campo Xan es una de las dudas planteadas a funcionarios de gobierno

Rosa María Bolaños

15 de septiembre de 2025 | 00:10h

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El acompañamiento de entes internacionales y nacionales para licitaciones de grandes proyectos es una opción para la ejecución de obras y presupuesto. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

El tema de la transparencia en los próximos eventos y licitaciones tendrá supervisión adicional por parte de organismos internacionales y nacionales, como los eventos de electricidad rural y el del cierre técnico del campo Xan, entre otros, como los servicios para operar le refinería y el oleoducto, según han indicado funcionarios del gobierno.

El Programa de Infraestructura para la Electrificación Rural (Pier) que cuenta con financiamiento de un préstamo de US$120 millones (unos Q920 millones, al cambio actual) será ejecutado por el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) con base a normas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De este programa se lanzó el pasado jueves 28 de agosto la primera de cuatro licitaciones. En la primera fase se estima una inversión de US$17.5 millones para proyectos de electrificación rural para 6 mil 500 hogares en 72 comunidades que no cuentan ese servicio. El proyecto total prevé conectar unos 40 mil hogares.

Lilena Martínez, jefa de Operaciones del BID en Guatemala, expuso durante el lanzamiento del primer concurso, que las licitaciones financiadas por el BID se rigen por políticas de adquisiciones y contrataciones alineadas con buenas prácticas y estándares internacionales.

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“Ahí es donde nosotros, como banco, reiteramos nuestro compromiso de acompañar y supervisar todos los procesos que se realizan en el Inde y otras entidades ejecutoras para asegurar que se hagan con calidad, eficiencia, eficacia y transparencia”, señaló.

Detalló, al referirse a los eventos para electrificación rural, que se trata de licitaciones públicas internacionales, abiertas tanto para empresas locales como internacionales, para garantizar la calidad de las obras.

El préstamo es financiado por el BID y la Cooperación Coreana.

Por aparte, consultado acerca de cómo se garantizará la transparencia en el uso del financiamiento de US$120 millones, el presidente de la República Bernardo Arévalo indicó: “Las licitaciones están garantizadas por el hecho de que las realiza el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene estándares internacionales, y nosotros nos sujetamos a ellos”.

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Acerca de las medidas de transparencia en las licitaciones para el cierre técnico del campo petrolero Xan, la refinería La Libertad y el oleoducto, cuyos activos pasaron a manos del Estado el 13 de agosto tras el vencimiento de los contratos, Arévalo afirmó: “Vamos a aplicar esos estándares internacionales también a esas licitaciones”.

Tres emergencias, varios eventos

Para el sector petrolero están vigentes tres declaratorias de emergencia con las cuales el MEM está lanzando procesos de manifestación de interés para precalificar empresas y posteriormente efectuarán concursos para los cuales deben emitir términos de referencia.

En el que se refiere al cierre técnico del Campo Xan, se estima un costo de US$50 millones que deberán ser costeados por el Estado.

Para este se lanzó la primera convocatoria de manifestación de interés a inicios de agosto del 2025 en la cual participaron seis empresas, pero el evento fue finalizado porque ninguna de estas firmas superó la fase de precalificación. Derivado de ello se lanzará una nueva convocatoria según lo dio a conocer el miércoles 11 de septiembre el viceministro de Minas e hidrocarburos del MEM, Erwin Barrios.

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El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, indicó el 20 de agosto en una citación con los jefes de bloque del Congreso, que se solicitaría el acompañamiento de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), el anuncio fue realizado días después de que en ese organismo surgieron señalamientos de supuesto tráfico de influencia o incluso cohecho pasivo en que podría caerse por posibles oferentes o funcionarios.

El MEM indicó el 10 de septiembre, al anunciar el nuevo evento, que se cuenta con el acompañamiento de la CNC.

“El MEM reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y el bienestar del Estado de Guatemala como principios rectores en todas sus actuaciones. En ese marco, y en cumplimiento de la normativa vigente, el Ministerio se prepara para lanzar un nuevo evento de Invitación para la Presentación de Interés relacionado con el cierre del Campo Xan” aseguró el viceministro al anunciar el nuevo evento.

Para contratar a las empresas para que tendrá a su cargo la operación y administración de la refinería y el oleoducto no han mencionado montos de inversión, y tampoco se han lanzado los eventos.

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El Inde, anteriormente, ha enfrentado señalamientos en la contratación de proveedores para sus obras. Entre julio del 2024 y enero del 2025 la actual administración efectuó denuncias por nueve casos de contratos para obras que provenían de la administración anterior, por alrededor de Q650 millones, en los que se encontraron irregularidades o falta de cumplimiento de ejecución. Y tenían en verificación otros por unos Q400 millones más.

Experiencias anteriores

La decisión de usar las normativas del organismo que financia está en ley, incluso lo permite o establece la Ley de Contrataciones del Estado, indicó Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

Sin embargo, explicó el experto, en el país han existido experiencias con resulados mixtos.

Barrientos recuerda que en los períodos del 2008 al 2010 el Ministerio de Finanzas Públicas decidió restringir un poco o regular de mejor manera los casos en los que se le daba fondos públicos guatemaltecos a organismos internacionales. Esto surgió por la preocupación por algunos fondos que en su momento ejecutó la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para temas del aeropuerto.

Según Barrientos, se experimentó que en casos como ese no necesariamente las reglas de un organismo internacional han resultado mejores que la legislación nacional en temas de ejecución de fondos públicos.

En el caso del uso de Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para adquisiciones, el analista dijo que han sido más positivos los resultados y considera que se han obtenido mejores resultados que con la normativa nacional en especial con la experiencia que se tuvo cuando esa entidad apoyó en la adquisición pública de medicamentos por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Lea también: ¿Cómo funciona la Unops en adquisiciones estatales?, se alista un nuevo acuerdo para modernizar el aeropuerto

También están los casos en que las instituciones de Guatemala ejecutan, pero lo deben hacer con base a los estándares internacionales de las entidades que financian cada proyecto, comentó Barrientos, quien indicó que ha habido necesidad de llegar a ese punto por experiencias negativas que han sucedido en licitaciones o contrataciones.

Refirió que no todos los mecanismos de organismos internacionales han sido perfectos, pero la experiencia reciente pareciera apuntar que en ocasiones es mejor o preferible que el manejo de entidades nacionales como el caso que mencionó de Unops.

Se debe tener en cuenta que las reglas del organismo internacional puede tener ventajas y desventajas, añadió Barrientos al citar que un caso reciente que considera desventaja es el experimentado con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) cuándo ha hecho adquisiciones públicas para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, porque se ha detectado que las reglas del organismo internacional no son acordes o coherentes con la normativa nacional de transparencia y ademán han causado retrasos importantes en el registro contable en la ejecución de presupuestaria.

El analista del Icefi indicó que no hay un criterio definido y hay experiencias buenas y malas, por lo que es importante una revisión mucho más cuidadosa de la legislación que se está proponiendo para facilitar este tipo de convenios.

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Un caso reciente, expone, es el apoyo que se está recibiendo del Cuerpo Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, lo cual es importante para el tema de infraestructura, pero se debe tomar en cuenta que se trata de fuerzas armadas de otro país que tienen sus normas especiales de confidencialidad.

La conclusión de Barrientos es que no se puede decir que sea bueno o malo a priori, pero que en la legislación se debería procurar que los convenios con organismos internacionales que van a aplicar sus reglas, y que se pueda adoptar de manera supletoria normas de transparencia nacionales guatemaltecas aspectos que sus propias normas no tienen.

Sin embargo también considera que es necesario ir adoptando más estándares internacionales de transparencia y porque también ha sido claro que no necesariamente la legislación nacional ha demostrado que puede prevenir los abusos y los actos de corrupción. Pero agregó que no se debe perder de vista otra perspectiva porque posiblemente no solo es un tema de normas y reglas ya que en algunos casos los controles de transparencia nacionales son mucho más estrictos que los de organismos internacionales, pero también depende de las personas. “Aún teniendo una ley perfecta, pero con algún funcionario corrupto las cosas van a salir mal”, expresó.

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Las normas son muy importantes, pero también hay que ver que probablemente el problema de Guatemala no está en la normativa, sino que se debe actualizar el servicio civil, añadió.

Se observa que hay casos en los que no se confía en el funcionariado guatemalteco, sino que se confía más en organismos internacionales y otros gobiernos y es vergonzoso porque es casi un reconocimiento de la incapacidad nacional de hacer las cosas bien, lo cual se viene experimentando desde hace varios gobiernos, expresó Barrientos.

Por aparte, Pedro Prado de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes), dijo que se ha tenido que llegar a usar algunos estándares de organizaciones internacionales para garantizar transparencia en esas gestiones, asegurar que se respeten los procesos y que se ejecute, lo cual está ligado a evitar la corrupción.

Prado dijo que para la sociedad guatemalteca la participación de organismos internacionales financieros, en este caso como el BID, o en otros ejemplos, es importante porque da un respaldo, ya que se requieren buenos resultados para garantizar la transparencia y evitar el tema de la corrupción.

Establecen pautas de comportamiento para la comunidad landivariana

La Universidad Rafael Landívar (URL) realizó el Encuentro Compliance en URL 2024, con el fin de promover la ética y transparencia dentro y fuera de la comunidad landivariana, reafirmando este compromiso como parte de la identidad universitaria.

Vida Empresarial

22 de noviembre de 2024 | 18:49h

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Este encuentro permitió afianzar los esfuerzos institucionales en materia de Compliance, compartir conocimientos y experiencias, y fortalecer alianzas estratégicas que aporten a la construcción de un futuro más ético.

Como parte de las actividades, se presentó oficialmente el Código de Ética y Transparencia de la URL, el cual establece las pautas de comportamiento ético y transparente que deben promover y practicar todos los miembros de la comunidad universitaria. Asimismo, se dio a conocer la plataforma Landívar ¡Te escucha!, un canal para que los miembros puedan reportar incumplimientos o posibles acciones irregulares.

“Este encuentro marca un momento clave para promover una cultura de integridad y transparencia en nuestra comunidad universitaria. La presentación oficial del Código de Ética y Transparencia, así como la puesta en marcha de la plataforma Landívar ¡Te escucha! serán pilares fundamentales para el fortalecimiento de un sistema de Compliance Institucional.”, dijo el Magíster Adolfo Antonio Lemus, Oficial de Cumplimiento, Universidad Rafael Landívar. 

Otro de los momentos importantes fue el foro Perspectivas de Compliance, que reunió a expertos de diferentes sectores, quienes compartieron experiencias sobre la importancia de contar con un sistema de compliance, los beneficios que proporciona para mitigar riesgos, y la relevancia de tener un código de ética que oriente la toma de decisiones.

El evento cerró con la firma de un convenio entre la Landívar y World Compliance Association, con la finalidad de poder trabajar conjuntamente en el fortalecimiento de los espacios de Compliance en el sector educativo superior a nivel nacional. Esta alianza fue un importante paso en el compromiso de la URL por la ética y la transparencia, convencidos que, a través de la colaboración, el intercambio de conocimientos y la implementación de mejores prácticas, podrán construir un futuro más ético en la institución y proyectarlo a la sociedad.

Desde sus nueve campus a nivel nacional, La Universidad Rafael Landívar, continuará trabajando para construir una cultura de integridad que trascienda el ámbito universitario y se proyecte hacia el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa.

En qué consiste el Gran Acuerdo por la Transparencia que busca “recuperar las instituciones”

A partir del Enade 2024, se propuso crear un gran acuerdo para generar proyectos que se centren en temas estructurales del país para promover una cultura de transparencia. 

Ximena Fernández

31 de octubre de 2024 | 13:38h

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El Gran Acuerdo por la Transparencia necesita de diversos actores para comenzar a plantear proyectos. (Foto Prensa Libre: Freepik).

El Gran Acuerdo por la Transparencia fue un término mencionado por Ana Isabel Antillón, quien lidera la mesa de certeza jurídica de la iniciativa Guatemala No Se Detiene durante el Enade 2024. Antillón mencionó que, para lograr este acuerdo que busca combatir la corrupción desde múltiples instancias, es necesaria la creación de un grupo promotor conformado por actores de diferentes ámbitos que impulsen una cartera de proyectos que se centren en temas estructurales del país. 

Antillón mencionó durante el congreso, que Guatemala actualmente cuenta con una puntuación de 23 puntos sobre 100 en el índice de Percepción de la Corrupción. Por esta razón, desde el 2022, la iniciativa Guatemala No Se Detiene, propone que se aborde un Acuerdo Nacional por la Transparencia, explicó Antillón, el cual busca generar proyectos para abordar problemáticas institucionales del país. 

Para este acuerdo, son necesarios diversos actores que provengan del ámbito religioso, público, académico y privado, según mencionó Antillón. “El abordaje que hagamos contra la corrupción tiene que ser integral y a largo plazo”, señaló Julio Flores, director ejecutivo de la Comisión Nacional Contra la Corrupción, quien agregó que para crear estas reformas para el combate de la corrupción, es necesaria la creación de consensos. 

“Cabe aclarar que esta lucha es junto con el sector privado, porque somos parte de un mismo equipo”, puntualizó Flores, quien aseguró que todos buscan el objetivo de recuperar las instituciones. Asimismo, Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), menciona que en este Acuerdo tendría que participar toda la sociedad para cimentar una cultura de transparencia en el país. 

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Flores expresó que el contar con instituciones transparentes es para conveniencia de todos, por lo que, este gran acuerdo, beneficiaría a que todos los sectores se puedan sentir representados en los consensos. Asimismo, asegura que el objetivo que tienen en común con todos los actores es el de recuperar las instituciones en favor de la población. 

Hurtado aseguró que la lucha contra la corrupción es posible bajo una promoción de la transparencia, la cual, a su vez, se logra a partir de un acuerdo entre todos los actores y los objetivos comunes que se esperan alcanzar y trabajar en estos. “Es importante pensar en un acuerdo de transparencia porque al vivir en una sociedad tan polarizada, es más fácil encontrar diferencias a lo que tenemos en común”. 

Próximas acciones

El primer paso, según Antillón, para concretar este acuerdo, es formar un grupo promotor. “Es en donde estamos”, señaló. Flores reafirmó que es necesario que todos los actores estén de acuerdo y que, desde el ejecutivo se han realizado consensos con los pueblos indígenas, el sector público e incluso con el sector privado. Asimismo, expresó que el Gran Acuerdo por la Transparencia es parte de las prioridades del Gobierno. 

Según Flores, existen diversos temas que coinciden entre las diferentes pláticas que se han realizado, entre las que se encuentra: conflictos de interés, servicio civil, contrataciones del estado y fortalecimiento del control interno. 

No obstante, Hurtado señaló que crear un acuerdo nacional requiere tiempo y necesita que se sumen los actores poco a poco. “Por supuesto que hay que diseñar incluso una estrategia para poder ir presentando a otros actores a otros sectores de lo que se trata y poder encontrar juntos, cuál es ese acuerdo, no se puede tratar de un acuerdo preestablecido y que sea solo para adherirse, sino tiene que ser un acuerdo que sea construcción de todos los de toda la sociedad guatemalteca”, expresó Hurtado. 

Del mismo modo, Flores argumentó que actualmente se cuenta con una instancia llamada Consejos Delegados dentro de la Comisión, en donde participan sectores como la academia, pueblos indígenas y el sector privado. Flores señaló que esta instancia es como un órgano de acompañamiento de asesoría a la Comisión que busca proponer medidas positivas que impactan todos los sectores de la sociedad. 

Futuros proyectos 

Después de la creación del grupo promotor, Antillón menciona que se debe comenzar con la creación de una cartera de proyectos que atiendan los problemas mencionados anteriormente. “Se tiene que terminar de definir en este diálogo y traducirse en un plan de trabajo con acciones concretas”. 

Desde el gobierno, Fuentes aseguró que se han iniciado iniciativas para proveedores transparentes y se encuentran trabajando en la revisión de bases de verificación para tener una competencia justa. Hurtado puntualizó que es necesaria la búsqueda de los acuerdos y los actores para poder analizar los puntos principales de este acuerdo. 

Certeza jurídica en Guatemala es la clave para fortalecer la confianza en las instituciones 

En el ENADE 2024, Ana Isabel Antillón, coordinadora del eje de justicia de la iniciativa Guatemala No se Detiene, destacó la importancia de combatir la corrupción a través de reformas que prevengan conflictos de interés.  

Glenda Burrión

10 de octubre de 2024 | 18:21h

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Nery Rodas, José Blanco, Jonathan Menkos, Juan Carlos Zapata, Valeria Prado, Luciana Torchiaro y Edie Cux participaron en el panel que abordó cómo lograr la certeza jurídica en Guatemala. (Foto, Prensa Libre: Erick Ávila).

Para fortalecer la certeza jurídica y mejorar la confianza en las instituciones, se subrayó la importancia de simplificar la regulación y optimizar los procesos de selección de magistrados en los tribunales superiores.

Estas medidas son fundamentales para el desarrollo económico y social de Guatemala, y se propone lograrlas mediante el trabajo en cuatro pilares relacionados con el eje de certeza y seguridad jurídica: 

• Crear reformas que incentiven la competitividad y el empleo, promoviendo un entorno legal más favorable para la inversión. 

• Modernizar el Organismo Judicial para garantizar una administración de justicia más eficiente, transparente y accesible. 

• Aprobar un Acuerdo Nacional por la Transparencia, que involucre a todos los sectores para combatir la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas. 
• Convertir a Guatemala en un Estado 100% digital, facilitando la digitalización de los servicios públicos para mejorar la eficiencia y reducir la burocracia. 

La transformación digital y su impacto en la certeza jurídica 

Nery Rodas, presidente del Foro Parlamentario para la Transformación Digital, también resaltó la importancia de avanzar hacia un Estado 100% digital. Detalló una serie de reformas e iniciativas, como la Ley Marco de Transferencia Digital, la Ley de Ciberseguridad, la Ley de Protección de Datos, y la Ley de Portabilidad Numérica, que buscan mejorar la interoperabilidad y la seguridad en las comunicaciones.

La simplificación de los procesos legales mediante tecnologías avanzadas permitirá no solo mayor transparencia, sino también una mayor confianza en el sistema jurídico guatemalteco. 

Nuevas propuestas tecnológicas para la inclusión financiera 

Por su parte, Jonathan Menkos, ministro de Finanzas, anunció que en las próximas semanas se presentará una propuesta para ampliar el uso de la tecnología en el ámbito financiero.

Entre los objetivos se incluye el fomento de la inclusión financiera y la mejora de la transparencia fiscal. Estas iniciativas están alineadas con el impulso a la ciberseguridad y la cooperación internacional para garantizar una administración financiera eficiente. 

Transparencia: Un desafío clave para Guatemala 

Luciana Torchiaro, consejera regional de Transparencia Internacional, explicó que Guatemala enfrenta serios desafíos en términos de transparencia. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2022, el país ocupa la posición 150 de 180, con una puntuación de 24 sobre 100. Esta cifra refleja un retroceso en la lucha contra la corrupción, lo que pone en riesgo la estabilidad política, social y económica del país.

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Torchiaro subrayó que la corrupción y la impunidad, alimentadas por la falta de independencia judicial, erosionan la confianza pública en las instituciones, lo que obstaculiza el desarrollo del país. 

Mejorar la certeza jurídica y la transparencia es esencial para revertir esta tendencia y fortalecer las instituciones públicas en Guatemala.  

“Persisten retos importantes para lograr la modernización”

En su participación en Enade 2024, el presidente Bernardo Arévalo destacó los avances en la incorporación de trámites digitales en las instituciones públicas de Guatemala. En su discurso, subrayó que, aunque se han logrado importantes progresos en la modernización de los procesos burocráticos, aún queda un largo camino por recorrer para lograr una plena digitalización de los servicios públicos.

Además, reafirmó su compromiso en la lucha contra la corrupción, un eje central de su gobierno. Arévalo enfatizó que la digitalización es una herramienta clave en este esfuerzo, ya que puede reducir los espacios para prácticas corruptas, al hacer que los trámites sean más transparentes y accesibles para la ciudadanía.

El presidente también mencionó que, si bien el proceso de transformación digital avanza, persisten desafíos en términos de infraestructura, capacitación y resistencia al cambio dentro de algunas instituciones, lo que implica la necesidad de seguir trabajando en estos aspectos para garantizar una verdadera mejora en la gestión pública.

En su discurso, subrayó que se han logrado importantes progresos en la modernización de los procesos burocráticos. Señaló que, a la fecha, el 80% de los trámites gubernamentales han sido digitalizados, pero aún faltan aproximadamente 200 trámites por incorporar a plataformas digitales.

“Ola pretende generar opacidad”: critican a la Contraloría por reserva de información

Surgen críticas porque el ente fiscalizador declaró bajo reserva información sobre sus procesos.

Raúl Barreno Castillo

26 de junio de 2024 | 15:02h

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La Contraloría General de Cuentas declaró en reserva información relacionada con su trabajo cotidiano por los próximos siete años. La primera institución que lo hizo fue la Corte de Constitucionalidad. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Contraloría General de Cuentas (CGC) publicó este 26 de junio del 2024 en el Diario de Centro América la resolución A-068-2024, que establece reservar la información de herramientas y procesos de fiscalización por los próximos siete años.

La CGC declaró información reservada la información acerca de los instrumentos, documentos, nombramientos, insumos, metodología, comunicación electrónica, aplicaciones informáticas, sistemas, providencias o procedimientos utilizados para la planificación, ejecución, comunicación de resultados y gestión de los procesos de fiscalización, según consta en la publicación del diario oficial.

También los informes jurídicos, oficios, opiniones, dictámenes técnicos y/o legales, proyectos de denuncias, denuncias, demandas o documentos legales emitidos como resultado de las fiscalizaciones.

La institución fiscalizadora basó dicha resolución en el artículo 23, numeral 9, de la Ley de Acceso a la Información Pública, que refiere sobre información reservada que sea determinada de esa forma por efecto de otra ley.

La resolución establece que la información bajo reserva la podrá conocer solo el titular del derecho, “que garantice la confidencialidad de los detalles que se le confíen”.

El presidente Bernardo Arévalo, en sus redes sociales, publicó que “reservar información, que debería ser de acceso público, no es el camino que Guatemala escogió”.

Según el mandatario, “es mala señal la decisión de la Contraloría General de Cuentas. Por más transparencia y menor opacidad en la función pública, insto a que esta medida sea revisada y derogada”.

Deben dar el ejemplo

Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana (AC), capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala, opina que esta decisión es cuestionable porque reservan información “normal” de la Contraloría.

“Son gestiones de trámites normales que no ameritan reservarse”, asegura.

“Ellos no pueden ni deben reservar procedimientos, ni auditorías. Es a todas luces ilegal, no se justifica. La ley establece cuando una reserva es necesaria, pero este no es el caso”, argumenta.

Por esa razón, según el fundador de AC, presentarán un recurso de revisión “en contra de la clasificación de información reservada que publicó la Contraloría porque vulnera la máxima publicidad de los actos administrativos que establece la Constitución y el derecho humano al Acceso a la Información”.

Según Marroquín, el artículo 25 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que “son nulas aquellas resoluciones que clasifiquen la información como confidencial o reservada si estas no llenan los requisitos establecidos en la presente ley. Será procedente el recurso de revisión”.

Para el fundador de AC la decisión del contralor, Frank Helmuth Bode Fuente, puede encuadrar en el delito de retención de información.

“Este acuerdo incumple con los requisitos establecidos para la clasificación de información reservada y vulnera la Constitución”, opina Marroquín.

De acuerdo con el análisis de Acción Ciudadana, esta decisión, como la de los magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC), es parte de “una ola que pretende generar opacidad en las instituciones de control”.

Reservar información, que debería ser de acceso público, no es el camino que Guatemala escogió. Es mala señal la decisión de la Contraloría General de Cuentas.

Por más transparencia y menor opacidad en la función pública, insto a que esta medida sea revisada y derogada.

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) June 26, 2024

 “La inició la CC, institución de control constitucional, sobre cómo gasta sus recursos en brindar seguridad a sus magistrados. Dio el ejemplo de reservar información y ahora lo hace la CGC. Son entidades de control, que deberían de dar el ejemplo de transparencia, porque velan porque se cumpla la ley”, manifiesta Marroquín.

Que usen el máximo legal para reservar información, y que eso coincida con los dos últimos gobiernos, de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, es curioso, expresa Marroquín, pero agrega, “también los delata”.

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Declarar una información en reserva se debe justificar. “Hoy no solo lo hace la CC y la CGC, que deben explicar por qué. Sino que también lo hacen las alcaldías del país, que tienen un relajamiento absoluto, porque ya no responden solicitudes de información”, refiere.

“El debilitamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos, como ente rector, es uno de los problemas para que se genere este tipo de situaciones”, indicó Marroquín.

Se consultó con la CGC una postura respecto de la decisión de declarar la reserva, pero hasta ahora no han brindado más detalles al respecto. Se está a la espera de una respuesta.

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El Procurador de los Derechos Humanos

El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Alejandro Córdova, en un comunicado publicado en redes sociales, reiteró “su compromiso con la transparencia y el acceso a la información pública, pilares fundamentales para una sociedad democrática y participativa”.

Según Córdova es importante “recordar que el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que, todos los actos de la administración son públicos, bajo ese contexto, los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten, la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia”.

#ComunicadoPDH | El @PDHgt, Dr. Alejandro Córdova, a la opinión pública hace saber que: pic.twitter.com/YZWTTJeMIc

— PDH Guatemala (@PDHgt) June 26, 2024

Pero acotó que la Ley de Acceso a la Información Pública “establece los límites en dicha materia, desarrollando lo correspondiente a la confidencialidad y a la reserva. Además, dicho cuerpo legal regula el procedimiento y requisitos para reservar la información”.

“Es fundamental que cualquier decisión de reservar información se realice con estricta observancia de los principios de necesidad y proporcionalidad, asegurando que no se vulnere el derecho a la ciudadanía a acceder a la información pública. Este derecho es esencial para la rendición de cuentas y la participación informada de la población en los asuntos públicos”, expuso.

Comisión de Asuntos Municipales rechaza dos iniciativas de ley: Iusi y publicidad de sesiones

La Comisión es predidida por el diputado Esduin Javier Javier alías “Tres Kiebres”. Anam respalda decisión de diputados.

Douglas Cuevas

26 de junio de 2024 | 05:00h

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Sebastián Siero, presidente de Anam, comparte la decisión acordada por los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales. Fotografía: Prensa Libre.

Los diputados que integran la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de la República dictaminaron desfavorablemente dos iniciativas.

La primera de ellas proponía rebajar el valor del impuesto único sobre inmuebles (IUSI), y la segunda, que las reuniones de los concejos fueran públicas.

Ambas decisiones las respaldó la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).

La comisión que preside el diputado y exalcalde de Ipala, Chiquimula, Esduin Jerson Javier Javier, se reunió ayer para firmar el dictamen de los proyectos 6354 y 6369. El consenso de los congresistas es que sean archivadas según lo establecido por la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

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El contenido

La primera iniciativa —6354— pretendía que se reformara el Código Municipal, para que las reuniones de concejo fueran públicas, cuando la importancia de un asunto sugiera la conveniencia de escuchar la opinión de los vecinos y que estos tuvieran voz, pero no voto. Además, planteaba que todo concejo estaba obligado a garantizar la publicidad de las sesiones.

El otro proyecto —6369— pretendía una reducción al pago del Iusi. El argumento del ponente de la iniciativa, Inés Castillo, es el alto costo de la vida y la necesidad de actualizar dicho impuesto, que tiene 25 años de vigencia.

El congresista planteó eliminar el impuesto de seis y nueve por millar, tal como está regulado en la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles. “Esta rebaja permitirá aumentar el consumo de las familias en bienes y servicios, así como paliar la crisis económica que afecta a nivel nacional e internacional”, justificó en la exposición de motivos.

La recomendación desfavorable de las dos iniciativas será enviada a la Dirección Legislativa. El artículo 44 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo detalla que, si el dictamen es desfavorable y el pleno lo aprueba, esta será archivada; caso contrario, si los diputados no lo aprobaran, este regresaría a la comisión para estudio.

Populismo

Javier Javier, único legislador del bloque Cambio, indicó que ambas propuestas no eran viables, ya que afectarían la gestión municipal, de llegar a ser aprobadas.

Acerca de la primera propuesta, el parlamentario dijo que difundir de manera íntegra las sesiones tendrían problemas para los alcaldes, pues hay temas que serían mal interpretados. El congresista negó que se oponga a la fiscalización, al dictaminar desfavorablemente, por lo que recordó que existe la Ley de Acceso a la Información Pública.

“Recuerde que el Congreso está para hacer leyes bien fundamentadas, y no populistas. En una reunión de concejo hay miembros de los diferentes partidos; por lo tanto, si se hiciera algo indebido, los miembros tendrían la opción de decirlo”.

El alcalde Sebastián Siero, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), respaldó la decisión de los diputados. Dijo que se atenta contra la autonomía municipal.

“Eso ya existe en el Código Municipal y en la Ley de Acceso a la Información Pública. Esta ley buscaba solo hacer ruido populista. El código estable que las sesiones son públicas. Si algún vecino quiere asistir, puede hacerlo. Los concejos tienen sus reglamentos internos, que regulan la forma”, manifestó Siero.

También argumentó que no era viable rebajar el cobro del Iusi, debido a que se vulneraría la labor de las comunas con esas propuestas.

“Del Iusi, el 70 por ciento es para inversión, que son proyectos de infraestructura o agua potable, por ejemplo, y el 30 por ciento es de funcionamiento, que es con lo que se paga a los maestros de las escuelas, por ejemplo. Sin el Iusi, ya no se le pudiera dar ese servicio a la población”, añadió Siero.

Mala decisión

Uno de los ponentes de la primera iniciativa es Byron Rodríguez, legislador de Todos. El congresista consideró como un error no apoyar la transparencia en las sesiones municipales.

“No es posible que se quiera seguir dando esa secretividad de lo que sucede a lo interno de los concejos. Yo entiendo la autonomía, pero la reforma únicamente establecía que debían transmitir”, añadió.

Para Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), el consenso de los congresistas fue errado. “Es desafortunado que los diputados, en complicidad con los alcaldes, persistan en la opacidad”. En cuanto a la reducción del Iusi, puntualizó que es necesario dicho cambio.

Hacer un trámite en Guatemala es “tardado y engorroso“ según el Índice de Burocracia 2023

Tramitar una licencia de construcción pueden invertirse en tiempo hasta 180 días según informe del Cien.

Raúl Barreno Castillo y Mauricio Álvarez

6 de junio de 2024 | 11:12h

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El investigador asociados del Centro de Investigaciones y Estudios Nacionales, Sigfrido Lee, durante la presentación del Índice de Burocracia 2023 en el hotel Camino Real. (Foto Prensa Libre: Mauricio Álvarez).

En Guatemala tramitar un documento o permiso para abrir una pequeña empresa puede demorar más de lo esperado debido a que se debe recurrir a diversas instituciones, lo cual lo convierte en un proceso engorroso y tardado para los guatemaltecos.

El país está dentro de las cuatro naciones con más altos índices de burocracia, según el informe presentado este jueves 6 de junio por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), en el cual se analizaron los costos que implica esa tramitología para establecer negocios en el país.

Según el investigador asociado del Cien, Sigfrido Lee, este Índice de la Burocracia 2023, que se practicó en 17 países de la región Iberoamericana, mide el costo que implica la burocracia para hacer negocios en cada país.

De acuerdo con el estudio del Cien, en Guatemala, para tramitar una licencia de construcción, el tiempo aproximado de espera es de 4 mil 870 horas, es decir, un promedio de 173 días.

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Mientras que para solicitar una licencia ambiental el tiempo en horas de inversión es de 1 mil 500 y para una sanitaria se debe esperar 420 horas.

“En el caso de lo que es apertura de negocio, Guatemala está más o menos en 4 mil 170 horas al año. Esto lo pone entre los cuatro peores de la región de la que medimos por encima de España, Venezuela y Panamá, que lideran esa lista”, indicó Sigfrido Lee, investigador del Cien.

De acuerdo con Lee, una de las principales razones detrás de esto es un problema de mentalidad.

“No nos estamos viendo como un país que quiere atraer inversión extranjera, que quiere competir en los mercados globales, sino que simplemente nos enfocamos en el proceso y no en el resultado”, enfatizó.

Además, añade, “operar una pequeña empresa en Guatemala anualmente demanda 923.5 horas para cumplir con los trámites burocráticos necesarios”. Esto representa más de 38 días continuos o 114 jornadas laborales de 8 horas, equivalentes al 46% de los 248 días laborables del año 2023”.

“Con este estudio se trata de identificar ciertos tipos de trámites tanto para abrir un negocio como para ejercerlo y operarlo”, explica Lee.

Agrega que Guatemala, según el Índice, necesita de más de 4 mil horas al año para abrir un negocio. A ello se le suma “la falta de coordinación agrava el proceso, pasar por muchas instituciones es repetitivo y muchas veces se contradicen”, afirmó Lee durante la presentación del informe.

Soluciones

En segundo lugar, engorroso resulta tramitar una licencia ambiental y las sanitarias.

“Casi la mitad implica sólo eso. Esto es parte de esos costos que realmente abruman el poder abrir negocios”, argumenta.

De acuerdo con Lee, lo preocupante es que “esa cantidad de horas hablamos de que es la mitad de las jornadas de un año de un trabajador a tiempo completo. Esto es solo para empezar a imaginarnos un poco los costos que eso implica”.

Para reducir los trámites y agilizar los procesos de solicitud de documentos en el territorio nacional, el investigador del Cien recomienda reducir la burocracia a través de facilitar la competencia a nivel local y global, así como habilitar ventanillas únicas.

“Hasta que no entendamos que se tiene que ser un facilitador, agilizador y ocupar la mínima cantidad de trámites burocráticos, vamos a seguir teniendo estos problemas”, expuso Lee. Como segunda condición es que cuando “hablamos de trámites engorrosos, cuando estamos hablando de burocracia, resalta la discreción. Eso, al contrario, sí es invitación a falta de transparencia y corrupción”, puntualiza.

Trámites reportados con más tiempo

• Licencia de Construcción (Máximo 4 mil 320 horas – mínimo 4 mil horas). Tiempo promedio 173 días. Municipalidad de Guatemala más otras instituciones.
• Licencia Ambiental: Tiempo promedio 57 días (Máximo mil 500 horas – mínimo 1mil 200 horas). Reporte de hasta 18 meses de duración. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
• Licencia Sanitaria (Máximo 420 horas – mínimo 480 horas). Tiempo promedio 19 días.. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Más eficientes

La municipalidad de la ciudad de Guatemala indicó que la tramitación de una resolución de un expediente de solicitud de licencia de construcción incide varios factores como: ubicación, tipo y magnitud del proyecto, procedimiento que aplique según normativa vigente, así como la cantidad de entidades gubernamentales y dependencias municipales involucradas que deben conocer y resolver el caso. A ello le agregan el tiempo que el vecino tarda en presentar los requisitos y correcciones solicitadas en las diferentes dependencias.

Además, agregaron que en la Ventanilla Única están consolidados todos los pasos que se deben de seguir para la emisión de licencias y por ello el trámite se vuelve más eficiente.

Por su parte el ministerio de Salud, otra de las instituciones que, según el informe, los trámites llevan tiempo, indicaron que se ha trabajo de cerca con el sector empresarial. Ejemplificaron que con Agexport se realizan acciones para reducir los trámites y agilizar la interacción del ciudadano; mientras que con Fundesa y la Cámara de Industria se participa en la mesa de “Guate no se detiene”, entre otros.

Indicaron que también se auxilian de la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos en el que se trabaja en la modernización de la gestión administrativa por medio de la simplificación, agilización y digitalización de trámites administrativos. Refirieron que se desarrolla una plataforma electrónica que agilice los tiempos de respuesta a solicitudes.

¿Por qué es perjudicial la burocracia?

• Incrementa los costos de transacción, reduce la productividad de la economía en general, fomenta la discrecionalidad y, por ende, la corrupción, y desacredita la función del gobierno

• .Para iniciar una pequeña empresa en el departamento de Guatemala, la burocracia requiere un promedio de 4,870 horas, equivalentes a 203 días, para completar los trámites exigidos por doce organismos del Estado.
• Para operar una pequeña empresa en Guatemala, anualmente se destinan 923,5 horas en cumplir con los trámites burocráticos necesarios. Esto equivale a más de 38 días continuos, o 114 jornadas laborales de 8 horas, representando el 46% de los 248 días laborables del año 2023.

CGC duda que CDAG haya usado más de Q3 millones en alimentos y por eso denunció en el MP

Este proyecto tuvo un costo total de Q3 millones 886 mil 328.59 y correspondía al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.  

Raúl Barreno Castillo

31 de mayo de 2024 | 05:00h

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La CDAG comunicó el fallecimiento de su presidente Carlos Morales. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) contrató a cinco proveedores de alimentos a quienes   compró frutas, leche, yogurt, galletas, manías, bebidas hidratantes, hielo, tostadas, y otros productos.

Los alimentos y bebidas, según la CDAG, se entregan a los centros nacionales de acondicionamiento deportivo ubicados en las zonas 5, 9, 13 y 15 de la ciudad de Guatemala y en los   de Quetzaltenango, Jalapa, Zacapa, Retalhuleu, Suchitepéquez, Izabal y Petén.

Este proyecto tuvo un costo total de Q3 millones 886 mil 328.59 y correspondía al período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023.

Las entidades contratadas fueron Multiservicios Pozca, Alimentos Qué Rico, S. A.; Comercializadora Internacional R&M, Los Charcos, S. A.; y Distribuidora G&G.

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La Contraloría General de Cuentas (CGC), luego de una verificación física en los domicilios fiscales de las empresas contratadas, el 24 y 25 de enero pasado, determinó que no cuentan con “bodegas, lugar de almacenamiento, capacidad física para almacenar, comercializar y distribuir los productos descritos en las facturas electrónicas”.

“Asimismo, se observó que tres son residencias, una oficina jurídica y una no ubicada en el domicilio fiscal”, explicó la CGC en su auditoría.

Durante la verificación de la entrega de los alimentos, la CGC denunció inconvenientes. El personal contralor llegó a los centros el 21, 22, 26 y 27 de febrero último para obtener más información, pero no fue posible. Según indicaron, por la negativa de los “preparadores físicos, encargados de los citados centros, de permitirnos el ingreso al centro y de proporcionar información y documentación”.

Según refirió dicho personal, los preparadores indicaron que las instrucciones fueron dictadas por “el gerente y subgerencia técnica”, en algunos casos vía telefónica, WhatsApp y por escrito, y se les ordenaba no   proporcionar información ni documentación.

Sin certeza

La negativa de la auditoría impide que la CGC “tenga certeza que los productos alimenticios comprados fueran entregados y utilizados para los fines mencionados por la entidad”, se indicó.

Al menos seis empleados públicos avalaron la compra de dichos alimentos sin tener la seguridad de que existieran las empresas proveedoras, reveló la CGC.

El equipo de auditoría concluyó que, al no tener acceso a la información, documentación e instalaciones de los centros deportivos para la verificación de los alimentos que se compraron y pagaron por valor de Q3 millones 469 mil 936.25, no tiene certeza y evidencia de que los productos hayan sido recibidos.

Por esa razón, la CGC denunció en el Ministerio Público (MP) a nueve empleados de la CDAG, por   Q3.4 millones.

La respuesta de Otto Raúl Díaz Brolo, quien fue coordinador administrativo en la Subgerencia Técnica de la CDAG y uno de los   denunciados por la CGC, es que no es parte de sus funciones ni responsabilidad intervenir en el proceso de adquisición, que no está obligado a atender todo lo que la ley establece y que según su carg público no le corresponde “la verificación de la existencia física de proveedores”, por lo que solicitó que el hallazgo sea desvanecido.

Sin especificaciones

Los auditores también revisaron los vales de entrega de alimentos que estaban dirigidos a los mencionados centros deportivos y descubrieron que no especificaban las características de los productos y no tenían identificación del proveedor, así como vales extendidos  posterior a la entrega. Según se determinó, esto se hacía por mes y, por lo regular, el último o últimos días del mes.

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Denuncia contra Unaerc de Q30 millones es por falta de gestión para adquirir equipo médico

La causa del hallazgo es que “el consejo de administración no giró instrucciones para que en el Plan de Trabajo 2023 se incluyera la adquisición de equipo moderno y actualizado para la atención de los pacientes de enfermedad renal crónica”.

Raúl Barreno Castillo

29 de mayo de 2024 | 05:00h

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Sede de Unaerc en Villa Nueva, Guatemala. En este lugar el Ministerio de Salud busca prevenir y realizar un diagnóstico temprano de enfermos renales. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila).

La Contraloría General de Cuentas (CGC) confirmó un hallazgo en la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (Unaerc).

De acuerdo con el informe de auditoría del Ejercicio Fiscal 2023, el presidente del consejo de administración, Juan Carlos Castro, suscribió una Carta de Entendimiento con Nipro Medical Corporation, Sucursal de Guatemala, esto antes de iniciarse el evento de licitación a finales del 2022.

La denuncia penal alcanza no solo al consejo, también a los miembros de la junta de licitación, mandatarios, jefe del departamento de compras y a la administradora general.

Según se lee en el documento, la denuncia presentada ante el Ministerio Público es por un monto de Q30.2 millones y es por “falta de gestión para la adquisición de equipo médico”.

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La causa del hallazgo es que “el consejo de administración no giró instrucciones para que dentro del Plan de Trabajo 2023, se incluyera la adquisición de equipo moderno y actualizado para la atención de los pacientes de enfermedad renal crónica”.

La CGC cuestiona por qué durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023, no se adquirieron máquinas de hemodiálisis para la atención a los pacientes y que, pese a ello, el 27 de diciembre del 2022, se adquirieron kit de hemodiálisis para la Unaerc, según conta en el Número de Operación de Guatecompras (NOG) 18142451.

Los auditores determinaron que existieron varios incumplimientos, entre estos: la Unaerc celebró la carta de entendimiento, sin contar con la aprobación del Despacho Ministerial; algunas sedes regionales iniciaron proceso de compras, luego que se firmara la carta, el evento de licitación fue publicado en el Portal de Guatecompras, después de suscribir dicho documento.

En defensa

El argumento de los miembros del consejo administrativo es que en la Carta de Entendimiento se estableció que la donación del arrendamiento de las sedes de los inmuebles en Escuintla, Retalhuleu, Jutiapa y Quetzaltenango, que esto no condicionó la participación de otros proveedores en el evento kits de hemodiálisis para Unaerc, adjudicado a Nipro Medical.

Sin embargo, aclara la auditoría, “no hacen referencia a la entrega de equipo de hemodiálisis, en calidad de comodato, el cual no es compatible con kits de hemodiálisis de otras marcas que manejan otros proveedores”.

Por esto, infieren, “que el único proveedor beneficiado sería Nipro Medical en el evento indicado”.

Los miembros del consejo de administración “argumentan que el inicio del proceso se realizó a través de las solicitudes de compra en fecha posterior a la suscripción de la Carta de Entendimiento.

Ante eso, la CGC, consideró falta de transparencia en el evento de licitación, que también limitó “la competencia a otros proveedores, derivado del acuerdo previo contenido en la carta de entendimiento, suscrita en fecha anterior al referido evento”.

Hasta este 5 de diciembre aseguran que derivado de los ataques cibernéticos en su infraestructura informática interna, les conllevó al aislamiento de los sistemas Guatecompras,  que todavía está bajo “trabajos exhaustivos” de la Dirección de Tecnologías de la Información como administrador de los recursos tecnológicos del Minfin para restablecerlo.

El Sicoin es una herramienta creada para los gobiernos municipales que busca un mejor control y transparencia en la ejecución del presupuesto para entidades estatales y municipales.

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Qué es Guatecompras

Guatecompras, por su parte, lo usa el Estado para contratar y adquirir en un mercado electrónico operado en la red. Al igual que el Sicoin, su objetivo es garantizar la transparencia en el gasto público.

Su salida de la red generó reacciones que exigen una explicación al Minfin, cartera que tiene a cargo la administración de ambos portales.

¿Por qué son importantes estos sistemas?

El Sicoin contribuye con la transparencia en la ejecución y la calidad del gasto público. Nace en 2004.

Mientras que Guatecompras, en ese mismo año, sale a luz como el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y es administrado por el Minfin.

Lo crean para “brindar mayor transparencia a las compras públicas”. Pero también sirve para conocer la forma en que las entidades estatales gastan el dinero público.

Guatecompras sirve para “comprar y contratar bienes y servicios y dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento”.

“Debe haber una auditoría de los sistemas”

El investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), Jorge Benavides, explica que desde el 2003, el Gobierno de Guatemala ha “invertido en plataformas electrónicas que facilitan no sólo tener acceso a la información por parte de los ciudadanos, sino que sistematiza la forma en la que las unidades ejecutoras llevan control de la ejecución del presupuesto y la adjudicación de contratos”.

Agrega que tanto Guatecompras como Sicoin tienen almacenada información histórica de alrededor de 20 años. “Por ejemplo, en Sicoin está el detalle de la ejecución por ítem y renglón presupuestario de cada entidad del Gobierno central, descentralizadas y municipalidades, con actualización semanal”.

Benavides añade que “para el caso de Guatecompras está el registro de todas las contrataciones que hacen las unidades ejecutoras, ya sean por licitación, compra directa y cotización, etc”.

“A esto se suma el detalle de los aplicantes, las características de los bienes y servicios contratados, los datos de los dueños de las empresas adjudicadas, el récord histórico de otras contrataciones, los nombres y códigos de los proyectos (Número de Orden Guatecompras -NOG-), etc”, explica.

Benavides comenta que “al día de hoy no hay claridad por parte del Minfin sobre si solo hubo un hackeo a los portales o si hubo pérdida y/o alteración de la información”.

“Es muy importante conocer si habrá o no una auditoría de sistemas, lo cual permita conocer la severidad del problema, los protocolos que se siguieron, y deducir responsables”, argumenta.

Afirma que “se esperaría que haya respaldo de toda esta información, pero también hace falta conocer cuál es la política que maneja el Minfin al respecto”.

Benavides informa que, finalmente, “la incertidumbre sobre la ejecución de los recursos durante el período en el que no están disponibles los portales es una fuente de desconfianza hacia las autoridades”.

“No obstante, esto sólo es una parte del problema, ya que habrá que cotejar si existió alteración o pérdida de registros históricos sobre los cuales todavía existe responsabilidad por parte de los funcionarios”, asevera.

Comunicación deficiente

El economista Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explica que estos portales no solo son de transparencia, sino que son transaccionales.

“En el Sicoin se registra la contabilidad del Estado, y en Guatecompras, las operaciones y transacciones estatales”, opina.

“La Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, por ejemplo, si quisieran deducir responsabilidades, no irían a papeles, sino a estos registros, que son públicos. Esto es la función principal”, indica.

Barrientos comenta como segundo punto que los módulos no transaccionales, sino de información, ponen a Guatemala a la vanguardia, cuyo gobierno publica más datos de la ejecución presupuestaria y las adjudicaciones.

Ahora bien, agrega, el hecho de que “hayan sido victimas de ataque cibernético los sistemas quedan suspendidos, y se hace difícil fiscalizar la ejecución presupuestaria”.

“Haría dos críticas. La primera, que nada tiene que ver con que haya sido intencional, ni que tengan la culpa, y que haya sido perpetrado a propósito. Se hace necesario que cuando se establezca la naturaleza, la profundidad y la gravedad, se analice si se tomaron las acciones pertinentes”, indica.

Barrientos expresa que habrá que estar atentos a lo que dice la Dirección de Tecnología del Minfin, si hubo negligencia y descuido y deducir responsabilidades.

Sobre todo, añade, ver qué tipo de ataque fue, y cómo estaba la protección del Minfin ante esta situación.

“Se tardaron mucho en informar”

Lo segundo, informa el analista, es que la Dirección de Comunicación Social del Minfin falló prque “se tardaron mucho en ofrecer una información de qué estaba ocurriendo”.

“Más allá de un post en las redes sociales, desde el primer día el ministro, y otros funcionarios, debieron dar información concreta, comparecer ante los medios, y dar actualizaciones regulares”, relata.

Barrientos considera que la comunicación ha sido tardía y eso ha generado sospechas, suspicacias, que incluso, le imputan al Minfin una acción deliberada”.

“Se debío explicar más rápido, y mejor. Ante ausencias de explicaciones, ahora con ambiente tan polarizado, cuenta convencer”, externa.

En el pasado se han dado incicentes como el actual, pero Barrientos asegura que conforme avanzan los años estos se hacen más sofisticados y complicado.

Lo más importante ahora, dice Barrientos, es elaborar una auditoría, que establezca qué ocurrió, y sus alcances. “Debe hacerse pública”, comenta.

Datos históricos

¿Cuando fue creado Guatecompras?

La resolución número 572-2003, de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, determina que todas las entidades públicas deben utilizar el sistema desde el 30 de octubre de 2003.

¿Cuando fue creado Sicoin?

De 1998 al 2003 se utilizó como sistema informático el Sicoin en su primera versión. En 2004 se crea una nueva y se incorporan innovaciones informáticas, que promovieron una reforma integral que contempló un nuevo marco legal que se regula en el Acuerdo Ministerial 42-2004, emitido por el Minfin el 25 de mayo 2004.

En este renglón, a criterio de especialistas en transparencia, suele incluirse contrataciones de personal como parte de pago de favores políticos. En ese lapso el presupuesto asignado pasó de Q971.1 millones a Q1 mil 734.2 millones, un incremento del 78%.

El 029 es una de las nueve modalidades de pago de personal temporal con las que cuenta el Estado. De acuerdo con el Manual de clasificaciones presupuestarias del Ministerio de Finanzas, en este renglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de dependencia.

Quienes son contratados bajo este renglón son asignados al servicio de una unidad ejecutora del Estado y pueden ser dotados de los enseres o equipos para desarrollar sus labores, “en periodos que no excedan un ejercicio fiscal”.

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El Ejecutivo se integra, además de la Presidencia, de 14 ministerios y 24 dependencias más, entre secretarías, fondos, comisiones y defensorías, entre otras.

Aumentaron gastos

Al comparar los cuatro años del gobierno de Alejandro Giammattei con los cuatro del de Jimmy Morales, el incremento del presupuesto en este renglón fue de Q862.12 millones. Los ministerios de Defensa, Gobernación y las secretarías fueron las únicas unidades ejecutoras que disminuyeron su presupuesto.

Por otro lado, los ministerios de Comunicaciones, Salud, Economía, Cultura y Deportes, Trabajo, Ambiente y Finanzas registran los principales incrementos, que van, desde Q30.64 millones, el último, hasta Q367.77 millones el primero.

En total, lo presupuestado en el actual gobierno suma Q6 mil 240 millones para el pago de personal 029. En 10 años, este renglón registró un presupuesto asignado de Q13 mil 599 millones.

¿Por qué el aumento?

Algunos de los ministerios cuyo gasto ha sido más acentuado en estos cuatro años accedieron a explicar a Prensa Libre el porqué de los incrementos.

El de Salud precisó que, con la llegada de la pandemia de covid-19, requirieron más personal, en especial para los cinco hospitales temporales que fueron habilitados y que, una vez cerrados, fue reasignado a centros asistenciales permanentes.

Además, se construyeron hospitales nuevos, como el de Chimaltenango, Santa Bárbara, en Morales, Izabal; o el Materno Infantil de Santa Lucía Cotzumalguapa, para los cuales se debió contratar más personal “mucho del cual se encuentra en el renglón 029”.  También se requirió personal para los servicios de brigadas integrales y jornadas de salud.

El Ministerio de Economía explicó que para la contratación de personal se rige por la Ley de Servicio Civil y por el Pacto colectivo de condiciones de trabajo. Este segundo, enfatizó, ha representado “un reto” desde 2015 ya que no ha permitido desarrollar procesos de convocatoria por oposición cuando quedan plazas vacantes de personal permanente 011.

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De esa forma, explicó la cartera, “es necesario optar por alternativas como la contratación de personal bajo el renglón 029” para suplantar al personal permanente que se retira de la institución por cualquier motivo.

Por su lado, el Ministerio de Energía y Minas, justificó el incremento de contrataciones 029 con el fortalecimiento de varias direcciones, como la de Hidrocarburos, así como la creación de varias ventanillas de atención al usuario. También precisó que se fortalecieron programas como la fiscalización de minería ilegal, el de electrificación rural y el Plan Centinela de inspecciones.

La cartera también ha atendido procesos de diálogo para proyectos energéticos y mineros y ha debido dar cumplimiento a diversas normativas, emitidas por el Congreso y el Organismo Ejecutivo, aseguró su oficina de Comunicación. “Esta administración ha hecho uso responsable de los recursos de los guatemaltecos de manera óptima”, garantizó.

Otros ministerios

El Ministerio de Finanzas explicó en 2019 ejecutó Q57.6 millones en el renglón 029, producto del pago de 376 contratistas, y para finales de este año se proyecta una disminución del 30%.

Sin embargo, indicó que “derivado de las últimas reformas a la Ley de Contrataciones del Estado”, la cartera se ha visto en la necesidad de incrementar su personal para darle funcionalidad a nuevas dependencias internas como el Registro General de Adquisiciones del Estado y la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional en Adquisiciones del Estado.

“Ambas dependencias requirieron en los primeros años de la actual administración apoyarse de personas contratadas bajo el renglón 029”, precisó el Departamento de Comunicación. Sin embargo, se hacen las gestiones para cambiarlos a otros renglones presupuestarios.

Asimismo, la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles y el Taller Nacional de Grabados en Acero incrementaron contrataciones al implementar varios proyectos.

Las carteras de Comunicaciones, Relaciones Exteriores, Trabajo y Ambiente ofrecieron responder a una petición de comentarios, pero no lo hicieron hasta el cierre esta nota.

En el caso de Cultura y Deportes, el comunicador no respondió las llamadas ni mensajes dejados en su celular. Tampoco fue posible contactarlo en el teléfono del Ministerio ni a su correo electrónico institucional.

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Pierden ambos

El dirigente sindical Adolfo Lacs afirmó que el aumento de contrataciones 029 es un “pierde-pierde” para los trabajadores y para el Estado. En el caso de los primeros porque ese renglón salarial los hace vulnerables ya que, por sus características, en cualquier momento pueden ser removidos.

Por otra parte, el Estado se ve perjudicado porque esa misma relación laboral puede prestarse a que un patrono obligue a un 029 a acatar instrucciones, incluso, ilegales. Además, son discrecionales y cada jefe de dependencia puede decidir a quién contrata y por qué salario, por lo cual “una secretaria puede ganar Q5 mil por hacer lo mismo o más trabajo que una que gane Q20 mil”.

Lacs opina que estos contratos deben existir, pero solo para  el personal calificado que labora algunos meses, “pero se incluyen pilotos, secretarias y médicos” con lo cual se tergiversa el concepto.

“Debe haber una reforma profunda del sistema salarial, porque se han mal utilizado los renglones, en contra de las instituciones y de las finanzas de los trabajadores”, concluyó.

Uno de los trabajos es el Estudio y propuesta de hoja de ruta para que Guatemala cumpla los estándares internacionales de transparencia fiscal, que ofrece un análisis sobre la situación actual de Guatemala y las acciones del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfín), con un panorama de los avances realizados, así como de los desafíos y los espacios de mejora.

El estudio examina los principios y estándares internacionales que constituyen referentes clave para la promoción de la transparencia fiscal, elaborados por entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, entre otras, y que actualmente son la guía para trazar agendas, estrategias o políticas para los próximos años.

El segundo documento es el Estudio sobre el estado de la situación y retos pendientes en la participación pública en el proceso presupuestario guatemalteco, un análisis de los mecanismos tanto en el Organismo Ejecutivo durante la fase de formulación del presupuesto, a través de los talleres de presupuesto abierto, como en el Organismo Legislativo en la fase de aprobación, a través de las audiencias públicas que realiza la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda para emitir su dictamen del proyecto de presupuesto, revisando sus principales características y evaluando si cumplen los estándares internacionales. Analiza esos mecanismos e identifica los principales retos para mejorar la profundidad y calidad de la participación pública, así como su diseño e implementación.

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Según el analista Carlos Melgar, autor de los estudios y coordinador del área de transparencia fiscal del Icefi, se trata de una revisión cualitativa del proceso de presupuesto en base a estándares internacionales y “es necesario resaltar la importancia de que el nuevo gobierno avance en el diseño y la implementación de un componente sólido para fortalecer la transparencia fiscal”.

Además, recomienda revisar y fortalecer los mecanismos para fomentar la participación de la ciudadanía en las etapas del proceso presupuestario, que tiene al Minfin como ente rector, y al Congreso de la República, que recibe propuestas o posturas de diferentes sectores.

Hoja de Ruta

Melgar comentó que en los últimos años se tienen avances en algunos aspectos, pero el país aún está por debajo de ciertos estándares internacionales, por lo que el primer análisis propone 8 acciones, (4 inmediatas y 4 de mediano plazo).

Entre las inmediatas, para las que proponen plazos de tres meses, están:

• Actualizar la Estrategia de Transparencia Fiscal.
• Revisar el marco legal para asegurar los avances de transparencia fiscal y elaborar propuestas de reformas legales.
• Revisar las estrategias de promoción y difusión de documentos presupuestarios y portales con información fiscal.
• Así como elaborar y emitir base legal para relanzar el funcionamiento del Comité de Usuarios de Datos Abiertos del Minfín, y revisar los conjuntos de datos disponibles.

A mediano plazo, de tres a seis meses, proponen:

• Revisar e implementar cambios a documentos presupuestarios clave, así como el cumplimiento de las fechas de publicación.
• Un plan de trabajo para seguimiento a normas y estándares internacionales de transparencia fiscal.
• Fortalecimiento de los portales de transparencia fiscal.
• Evaluar la forma de la realización de los talleres de Presupuesto Abierto.

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Participación pública

El segundo estudio emite recomendaciones dirigidas tanto al Minfin, como al Legislativo:

• Sistematizar y analizar las recomendaciones emanadas de evaluaciones o mediciones que surgen a nivel nacional e internacional, que se relacionen con el objetivo de mejorar la efectividad de los mecanismos participación pública dentro del proceso presupuestario guatemalteco. Aunque refiere que estas acciones deben enfocarse en los talleres de presupuesto abierto del Minfin y en las audiencias públicas de la Comisión de Finanzas, no hay que limitarse a estos ejercicios porque será positivo considerar nuevas oportunidades de participación pública en las demás fases del proceso presupuestario. A partir de este análisis debe surgir una hoja de ruta para impulsar o reformar el marco legal para este propósito e identificar buenas prácticas que permitan establecer diseños metodológicos apropiados para garantizar un mayor involucramiento, colaboración y empoderamiento de la ciudadanía en materia presupuestaria.
• Establecer mecanismos claros y estandarizados para informar sobre la implementación de acciones o adopción de medidas derivadas de las propuestas presentadas en estos mecanismos que abran la participación para el proceso presupuestario. Es decir, proporcionar retroalimentación oportuna y específica acerca de las contribuciones recibidas por los sectores, explicar cómo las han tomado en cuenta, tanto en el proyecto de presupuesto como en el dictamen al proyecto de presupuesto.
• También se deberá considerar los elementos esenciales que sugieren tanto los Principios de Participación Pública en las Políticas Fiscales como la Guía sobre el fomento de la transparencia fiscal para el desarrollo de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal (GIFT), para mejorar los mecanismos participativos existentes dentro del proceso presupuestario o incluso para impulsar nuevos.
• Ligada a la recomendación, se detallan otras, como tener una minuciosa y cuidadosa planificación de participación pública estableciendo de forma clara los objetivos, definir su alcance y expectativas, las modalidades y reglas, y las formas de diálogo, retroalimentación y respuesta; así como el público destinatario. “Es importante incluir a los grupos de personas tradicionalmente excluidos, dándoles voz, y tomar decisiones acerca de cuándo y cómo debe tener lugar la participación de los sectores”.

Refiere el analista que partir de un análisis crítico de las características o rasgos que presentan ambos mecanismos se puede concluir que el país aún está lejos de las mejores prácticas y el nivel de involucramiento logrado en los talleres de presupuesto abierto del Minfín y en las audiencias públicas de la Comisión de Finanzas se limita a informar y consultar pero queda un largo camino para alcanzar los siguientes grados que permitirían a la ciudadanía tener algún tipo de involucramiento, colaboración o empoderamiento.

De tal cuenta, en algunas instituciones han intentado restringir acceso a medios de comunicación a sus reuniones. El caso más reciente es el del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que dispuso que las reuniones entre el pleno de magistrados y fiscales de partidos políticos serán cerradas.

Esto mismo ha ocurrido en el Palacio Nacional, donde periodistas que cubren la fuente del Ejecutivo han denunciado que no se les permite realizar sus actividades periodísticas dentro de las instalaciones pese a que se encuentran acreditados con carné de prensa.

Esta situación ocurre en un contexto de retroceso en transparencia y lucha contra la corrupción, tal como lo advierten indicadores internacionales. En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022, por ejemplo, Guatemala obtuvo un punteo de 24 y se posiciona en el puesto 150 de 180 países evaluados. Guatemala es uno de los 10 países que más descenso ha mostrado en combatir este flagelo.

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Y aunque el gobierno ha intentado desprestigiar este estudio, aduciendo que hay un sesgo en la metodología y sujetos entrevistados, es un indicador que recurrentemente es consultado en la academia, aseguran representantes de Transparencia Internacional.

Sin embargo, estas actuaciones por parte de funcionarios públicos riñen con los principios de transparencia establecidos en la legislación nacional.

En el sistema político guatemalteco, los Codedes son el medio principal por el cual la población puede participar en la gestión pública y definir las inversiones que son necesarias en los distintos territorios.

Este año, gozan de un presupuesto de Q4 mil 010 millones 312 mil 793, es decir, Q135 millones más que en 2022. Dado que los Codedes no son unidades ejecutaras, quienes se encargan de realizar las contrataciones son las municipalidades.

Es el gobierno central el que traslada a las municipalidades los recursos programados en la medida en que estos reportan al gobernador avances físicos en la obra, explicó el titular de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, Álvaro Díaz.

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“Primero, la municipalidad sube a Guatecompras el proyecto y la empresa que gane tiene que suscribir un contrato con el alcalde. El gobernador, de los fondos asignados por el Ministerio de Finanzas, envía un primer desembolso, que digamos es un anticipo del 20 por ciento. En función del avance físico que tenga la obra, se dan los siguientes desembolsos. Y quien informa sobre los avances es la propia municipalidad”, dijo Díaz. 

En 2022, en promedio, el gobierno trasladó el 86 por ciento de los recursos que cada municipalidad tenía programado ejecutar. Sin embargo, hay cinco comunas a las que el Ejecutivo no les desembolsó ni siquiera la mitad de los recursos.

Pastores

El primero es Pastores, que tenía una asignación anual de Q5 millones 980 mil 049 que preveía invertir en 11 proyectos de mejoramiento de sistema de agua potable, construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, tanques de red de distribución y captación y alcantarillados, entre otros.

Sin embargo, el Ministerio de Finanzas (Minfin) no le desembolsó un solo centavo a los Codedes, por lo cual todas las obras ni siquiera se iniciaron.

Consultado al respecto, el secretario de la Scep dijo que el problema es que el alcalde que supuestamente ganó las elecciones, Miguel López Barahona, no fue inscrito por el TSE ya que tenía un proceso penal abierto. De tal cuenta, quien asumió como alcalde fue el concejal I, Hugo Leonel Mendoza Reyes.  

Sin embargo, López Barahona tomó la comuna, pero no puede firmar contratos ni convenios porque no su toma de posesión no está legalmente reconocida por el TSE. 

“Pastores es el típico ejemplo de las diferencias locales y ciudadanas. Ahí se creó una anarquía y al final quien salió perdiendo fue la ciudadanía porque no recibieron recursos en los últimos años. Hay una pérdida enorme para el municipio”, dijo Díaz.

Se intentó contactar a Mendoza Reyes para consultarle sobre esto, pero no contestó las llamadas.

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San Marcos La Laguna

En 2022 tuvo un presupuesto de Q4 millones 175 mil 641, pero el Ministerio de Finanzas solo le desembolsó Q835 mil 128, lo cual equivale a un 20 por ciento de todos los recursos.

Tenía planificado invertir el dinero en tres obras de construcción de sistema de alcantarillado, construcción de infraestructura de tratamiento de desechos sólidos orgánicos y en el mejoramiento de un sistema de agua potable. Pero estos proyectos quedaron un avance inferior al 33 por ciento, de acuerdo con el Sistema Nacional de Inversión Pública (Snip).

Consultado sobre esto, el alcalde Vicente Raúl Puzul Mendoza dijo que hay un grupo de vecinos organizados, exalcaldes y excocodes que por “resentimiento político” han obstruido los proyectos.

“Su propósito es obstruir los proyectos que son con fondos de Codedes, aduciendo que no han sido consultados con el pueblo y que no son necesarios. Yo estoy en un segundo período y las instituciones de gobierno se han dado cuenta del trabajo que hemos realizado, la gente quiere que sigamos trabajando”, dijo el jefe edil.

En el último ranking de gestión municipal elaborado por la Secretaría General de Programación de la Presidencia, San Marcos La Laguna tuvo una calificación media en servicios públicos, medio baja en gestión financiera y medio alta en participación ciudadana.

Mixco

Mixco tenía programado recibir Q20 millones del gobierno central, pero solo le desembolsaron el 32.27 por ciento de los recursos, que equivale a Q6 millones 456 mil 705. De estos, el único que se ejecutó fue el edificio de educación superior para la Universidad de San Carlos en la colonia Montserrat II, zona 4.

El resto de los proyectos que quedaron sin ejecutarse tienen que ver con sistemas de alcantarillados sanitarios, canchas polideportivas, pozos mecánicos, sistema de aguas pluviales y mejoramiento de calles.

Mynor Espinoza, vocero de Mixco, dijo que la comuna ha sido afectada económica y políticamente por el gobierno.

“Hemos sido afectados económica y políticamente, impactando a nuestra población mixqueña y proveedores. Hemos tenido que salir con nuestras propias pistolas y nuestros propios recursos de recaudación gracias a buenos vecinos que pagan sus impuestos a tiempo”, dijo.

Asimismo, aseguró que se solicitó la ejecución y construcción del viaducto de la colonia El Milagro y pasos a desnivel en la Roosevelt. “Sin embargo, quedaron engavetados. Es la triste realidad. Esperamos que este año 2023 sea diferente”, dijo Espinoza.

Sobre esto, el secretario de la SCEP reiteró que los desembolsos se dan conforme la comuna informa sobre avances. Y estas condiciones aplican igual para todos los municipios.

“Todas las municipalidades tienen igualdad de condiciones y dependiendo de cómo su Dirección Municipal de Planificación informe sobre los avances físicos, así se van solicitando los desembolsos y el Ministerio de Finanzas asigna dichos fondos. Ese es el sistema aquí, en Petén, en San Marcos, Jutiapa y en todos lados”, dijo Díaz. 

Puerto Barrios

Puerto Barrios tenía una asignación de Q15 millones 800 mil 877, pero solo le entregaron al municipio Q6 millones 209 mil 745, equivalente a un 39.30 por ciento. El único proyecto que reportó avances fue una ampliación de una escuela primaria en el Caserío Suiche II. Otras obras relacionadas a construcción de sistemas de agua potable, institutos básicos, alcantarillados y mejoramiento de calles quedaron con una ejecución inferior al 33 por ciento.

Se llamó al alcalde del municipio, Hugo Sarceño, pero una persona informó que se encontraba en un evento y que devolvería la llamada. Al cierre de esta edición no se comunicó.

Petatán

Petatán, Huehuetenango, es uno de los municipios más pequeños con 6 mil 366 habitantes. Se le asignaron Q4 millones 278 mil 442 pero el gobierno únicamente le entregó Q1 millón 711 mil 376.80 que corresponde al 40 por ciento.

´Tenía solo un proyecto contemplado, que era la ampliación de un sistema de agua potable en el casco urbano. Pero este solo reportó un avance físico del 40 por ciento, según consta con el Snip.

Juan Bernardo Hernández, alcalde de Petatán, explicó que hubo atrasos en el proyecto porque se les dificultó obtener avales de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y otros permisos ambientales. “Eso nos atrasó y el tiempo se nos fue. Al final de cuentas ya no pudimos hacer nada”, dijo el jefe edil.

De estos recursos, casi el 40 por ciento se invertirán en los cinco departamentos que suman la mayor cantidad de empadronados y que son, Guatemala, Huehuetenango, Alta Verapaz, San Marcos y Quiché. Para estos distritos se asignaron Q1 mil 292 millones.

Respecto a los rubros en que se prevé invertir, Q815 millones se destinarán a proyectos de abastecimiento de agua. En transporte por carreteras, Q729 millones, y para la ordenación de aguas residuales, Q665 millones.

Asimismo, también se contemplan obras relacionadas a educación preprimaria, primaria, básica y diversificado; gestión de desastres; servicios hospitalarios; ordenación de desechos; agricultura; educación no atribuible a ningún nivel escolarizado y otros servicios generales.

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Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana, considera que en año electoral es complejo que los recursos destinados a los Codedes se utilicen de forma transparente y se inviertan en las necesidades que hay en los distintos.

“De por sí en épocas no electorales es complicado que esos recursos se ejecuten de forma transparente porque siempre intervienen en los proyectos diputados distritales y los presidentes de los Codedes, que son los gobernadores de cada departamento nombrados por el presidente de la República. Ahorita en época electoral esto ocurrirá con mayor razón porque hay una estrategia del partido oficial de ganarse —la simpatía de— 200 alcaldes para generar buena cantidad de votos. Es difícil que esos recursos se ejecuten de forma transparente y despolitizada”, dijo Flores.

Asimismo, explicó que a menudo la ejecución de estos fondos se demora, ya que los Codedes como tal no son unidades ejecutoras. De esa cuenta, deben formalizar convenios con las municipalidades para que estas ejecuten los proyectos que demanda la ciudadanía.

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El pasado 2 de enero Prensa Libre publicó un reportaje que revela cómo el partido oficial busca mantener el apoyo de un aproximado de 200 alcaldes con el fin de mantener el poder en el Ejecutivo ya que le garantizarían 200 mil votos.

Otros 200 mil saldrían de los programas sociales que impulsan los Ministerios de Desarrollo, Agricultura y Defensa Nacional, así como de los proyectos generados por medio de los Codedes. Si en caso la estrategia resulta exitosa, Vamos pasaría a segunda vuelta presidencial.

Durante la actual administración de Gobierno, ha habido un aumento constante de los aportes a los Codedes. En 2020, se desembolsaron Q2 mil 702 millones; en 2021 fueron Q2 mil 701 millones y en 2022 estos se dispararon hasta Q3 mil 295 millones.

Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), coincide en que los recursos que se ejecutan por medio de los Codedes a menudo son mal utilizados debido a la corrupción. Además, se suelen invertir en asuntos que no siempre son prioritarios.

“Muchas veces, los costos que se reportan no son los reales. Los recursos no siempre se utilizan o destinan a proyectos que sean para atender las necesidades básicas de la población”, advierte Linares.

Como ejemplo de esto, cita el caso de las plantas de tratamiento de aguas residuales. El reglamento 236-2006 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) establece como una obligación de los gobiernos locales construir dos plantas en cada municipio, pero su cumplimiento se ha prorrogado al menos en cinco ocasiones.

“A las municipalidades, desde el 2007 les vienen prorrogando el plazo para construir plantas de tratamiento de aguas residuales y siempre aducen que no tienen dinero, sin embargo, de este aporte (de Codedes) que cada año se incrementa deberían destinar una parte significativa de esos recursos a plantas de tratamiento. Tenemos un enorme déficit y el resultado es que todos los ríos de Guatemala están contaminados”, explica.

“Obras son planificadas”

Álvaro Díaz, titular de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (Scep), explicó que los proyectos que se contemplan por medio de los Codedes han sido planificados desde el seno de los consejos comunitarios de desarrollo, razón por la cual, afirma, no son improvisados.

“No hay improvisación porque recuerde que cada proyecto que priorizan los Cocodes conlleva una obligación de las municipalidades de poder conseguir los avales de dichos proyectos. Si soy alcalde y voy a ejecutar una escuela que un Cocode solicitó, debo primero tramitar licencias o avales y el Ministerio de Educación, tramitar el diseño, si va a ser a nivel primario o preprimario. Además, el diseño es diferente si es para el área de la costa o altiplano”, dijo.

Asegura que no hay ningún riesgo de que los recursos se vayan a utilizar con tintes clientelares. “Hay delegaciones de la Scep en los municipios que supervisan cómo va la ejecución. Es el Ministerio de Finanzas el que envía los recursos a los gobernadores. Esos recursos están en el sistema bancario y de acuerdo con el convenio que firme el gobernador con la municipalidad, se transfieren”, explicó.

Obras multianuales

En junio del año pasado el Congreso aprobó el decreto 30-2022 que reforma el Presupuesto General del Estado. Este avala que los proyectos que los Codedes no lograron finalizar el año pasado puedan continuarse este año.

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La inconstitucionalidad fue promovida por la abogada María Manuela Rosales Diéguez en contra del segundo párrafo del artículo 23 de la ley, el cual dice que “transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior (de 60 días), la ONG que no haya cumplido con la actualización de la información y con el cumplimiento de requisitos en todas las entidades que corresponda, queda automáticamente cancelada y tiene que ser disuelta”.

La profesional del derecho argumentó que esta disposición violaba el principio de libertad. “La omisión de cumplir con una actualización solo puede tener implicaciones meramente administrativas, pero la norma denunciada no solo busca obligar al cumplimiento de una actualización, también restringe la libertad de acción hasta el punto de la cancelación y disolución automática de una persona jurídica”.

Además, dijo que violaba el principio de igualdad, ya que otorgaba un trato desigual respecto a otras personas jurídicas y ello denotaba que el Congreso de la República creaba “una esfera de desigualdad entre iguales de derechos”.

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Al respecto, la CC dictaminó la inconstitucionalidad de forma parcial y procedió únicamente a suprimir la palabra “automáticamente” en el párrafo impugnado. De tal cuenta, la redacción del segundo párrafo del artículo 23 de la Ley de oenegés quedó así: “transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, la ONG que no haya cumplido con la actualización de la información y con el cumplimiento de requisitos en todas las entidades que corresponda, queda cancelada y tiene que ser disuelta”.

Considerandos

La CC en sus considerandos expuso que no existen derechos humanos absolutos y que según la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos contienen supuestos en los que se posibilita imponer restricciones a la libertad de asociación, como en casos de seguridad nacional y orden público, o para proteger la moral pública o los derechos y libertades de las demás.

Sin embargo, argumentó que existen garantías de procedimientos y previo a cancelar o disolver asociaciones, las autoridades estatales deben “observar el debido proceso y garantizar a la persona jurídica sobre la que recaiga la sanción el ejercicio de su derecho de defensa”.

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Al respecto, el constitucionalista Gabriel Orellana explica que la sentencia de la CC cambia sustancialmente el sentido del párrafo y va orientada a garantizar el derecho de defensa de las oenegés previo a ser disueltas.

“La Corte analiza la redacción de esa norma y después de varias consideraciones dice que eso es contrario al derecho de defensa porque toda entidad, las oenegés en este caso, tienen derecho a que se les oiga, a dar explicación del motivo por el cual no cumplieron o se retrasaron y por lo mismo esa parte sí riñe con la Constitución”, dijo.

Los documentos publicados refieren los objetivos de cada archivo, los servicios que prestan y las categorías de la información que almacena. Es decir, si es pública, confidencial o reservada, entre otros detalles.

El Mingob informó que la publicación se hace en cumplimiento al artículo 10, inciso 26, de la Ley de Acceso a la Información Pública (Laip), el cual refiere que “los responsables de los archivos de cada uno de los sujetos obligados deberán publicar, por lo menos una vez al año, y a través del Diario de Centro América, un informe sobre el funcionamiento y finalidad del archivo, sus sistemas de registro y categorías de información, los procedimientos y facilidades de acceso al archivo”.

Los archivos que administran las distintas dependencias de la cartera son los siguientes:

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• Archivo de la Dirección Superior
• Archivo Histórico de Escribanía de Cámara y de Gobierno
• Archivo de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia
• Archivo de la Unidad del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria
• Archivo de la Unidad Especial Antinarcóticos
• Archivo de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia
• Archivo de Registro de Personas Jurídicas
• Archivo de la Dirección General de la Policía Nacional Civil
• Archivo de la Dirección General de Inteligencia Civil
• Archivo de la Dirección General del Sistema Penitenciario
• Archivo de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada
• Archivo de la Dirección General del Diario de Centroamérica y Tipografía Nacional

La mayoría de los archivos refieren que bajo su resguardo almacenan información que es, bien sea pública, confidencial o reservada.

La única dependencia que refirió que toda su información es confidencial es la Dirección General de Inteligencia Civil. Sin embargo, la institución no aclara en el reglamento si esto incluye documentos sobre contrataciones públicas o información financiera. Se consultó con el departamento de comunicación qué tipo de información consideran confidencial, pero no hubo respuesta al cierre de la nota.

Archivos

Gustavo García Fong, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), explica que de conformidad con la Laip “cualquier ciudadano que tenga interés o quiera conocer algún dato personal contenido en los archivos puede solicitarlo”.

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Las reservas únicamente aplican en temas de seguridad nacional o cuando revelar la información pueda causar un perjuicio o daño a actividades de investigación, prevención o persecución de delitos, por ejemplo.

“Hay entidades que comparten información, que cumplen con los plazos, y hay otras en las que es más complicado acceder a sus informaciones. Se debe ir consolidando una cultura de transparencia y proporcionar acceso a la información de manera generalizada a todos los ciudadanos”, dijo el analista.

Al consultar con el Mingob, se informó que la publicación de los informes no modificarán ningún procedimiento para acceder a la información pública. Asimismo, agregaron que en el caso de la Digici, su Ley constitutiva establece en su artículo seis que sus actividades, organización, medios, procedimientos, personal, instalaciones, centros de datos y fuentes de información se consideran asuntos de seguridad nacional.

De acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el contrato, la empresa deberá prestar el servicio de “procesamiento, almacenamiento, gestión y ciberseguridad de infraestructura en nube y en centros de datos del TSE”.

El TSE pagará a GBM S.A. 12 cuotas mensuales de Q1 millón 593 mil 837. Esto asciende en total a Q19 millones 126 mil 044.

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El sistema de justicia también será protagonista del proceso electoral

El proveedor también deberá presentar un plan de trabajo que incluya un cronograma de entrega de las fases del proyecto. Además, la licencia deberá tener soporte del fabricante por dos años que permita tener acceso a nuevas versiones y soporte.

Entre los requerimientos de seguridad, se indica que el servicio tendrá capacidad de proteger dos servidores de bases de datos y capacidad para detectar anomalías en las mismas. Estas anomalías pueden ser como un login de un usuario realizado en horario no laboral, por ejemplo.

Esta adquisición se suma a otra que se realizó el 12 de enero, mediante la cual se adjudicó un sistema de información y eventos de seguridad por Q1 millón 200 mil a la empresa Innova Outsourcing S.A.

Se consultó con el TSE por medio de su oficina de comunicación social cómo justifican la necesidad de este servicio, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta al respecto.

Presupuesto

Este año, el TSE tiene un presupuesto vigente de Q1 mil 262 millones para la “preparación y organización del proceso electoral”. Aunque en Guatecompras figuran adjudicaciones por Q45.4 millones, únicamente se ha devengado Q1 millón 033 mil. El resto de los recursos figura como comprometido, según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Ministerio de Finanzas.

Marvin Flores, de Acción Ciudadana, explica que el TSE sí tiene la potestad legal para hacer compras por excepción, es decir, sin cumplir con los requisitos de una licitación o cotización, pero la regla es que estas estén vinculadas al proceso electoral.

Si se pretende comprar un vehículo que será utilizado para otros fines, por ejemplo, no debería hacerse mediante este procedimiento sino cumplir con los controles ordinarios.

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En este sentido, lo preocupante es que algunas adquisiciones solo se están publicando en el portal del TSE, y no en Guatecompras, dijo Flores. La justificación del TSE ha sido que existen circulares del Ministerio de Finanzas que les permiten no publicar los procesos en Guatecompras sino hasta que ya fueron adjudicados.

“Hay un artículo de ley que dice que los procesos por excepción se pueden publicar al final, o sea, uno decide. Es la circular 1-2022 de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, artículo 13, literal b). Todo está en ley, no es una ocurrencia del TSE”, comentó la magistrada presidenta del TSE, Irma Palencia, en una entrevista.

Sin embargo, para Flores esta no es una excusa válida, ya que el uso de portales de transparencia está regulado en varias leyes.

“A nosotros lo que nos preocupa es que el propio TSE, destacando normas como la Ley de Acceso a Información Pública, Ley del Presupuesto y Ley de Contrataciones del Estado, está pretendiendo publicar estos procesos solo en su página y no en Guatecompras. La modalidad de compra por excepción aplica, pero no los faculta a dejar de publicar en Guatecompras”, cuestionó.

Advirtió que la Contraloría General de Cuentas (CGC) podría realizar una auditoría y colocar una sanción administrativa a la autoridad responsable del TSE por este incumplimiento.

Necesidades

Alejandro Quinteros, consultor político independiente, considera que el TSE debe invertir los recursos del presupuesto electoral para mejorar la logística a lo largo del proceso. “Se debe tener listo un mobiliario, documentación e insumos necesarios para llevar a cabo procesos previos a la elección y el día de la elección. Las cajas electorales deben tener todos los insumos, así como las papeletas que utilizarán las juntas receptoras de votos”, dijo.

Agregó que son necesarios también los servicios tecnológicos de seguridad y de transporte de mobiliario.

“Se debe mantener la publicación de los mismos para que ciudadanía pueda ver cuáles son las adquisiciones que se van haciendo, las que quedan anuladas o se repiten y que, a pesar que se pueden hacer compras directas, se tome en cuenta a varios proveedores para que proveedores que no han sido considerados puedan también observar estas publicaciones y presentar sus propios ofertas”, afirmó.

Las afirmaciones oficiales fueron vertidas en el marco del informe de tres años del gobierno de Alejandro Giammattei, durante un acto que se celebró en el Palacio Nacional y al que no asistió el vicepresidente Guillermo Castillo.

Giammattei se pronunció ante un pequeño grupo de invitados, donde destacaron los ministros de su Gabinete, así como representantes del cuerpo diplomático, funcionarios de Estado y algunos diputados oficialistas.

• Giammattei: “En el 2022, pese a los efectos adversos externos que golpearon a la humanidad, mantuvimos un sólido crecimiento (económico) como resultado de los esfuerzos compartidos entre sectores público y privado. Son muchas las acciones que tomamos y que permitieron mantener un nivel de crecimiento económico. Guatemala no se detuvo”

El presidente respaldó esta afirmación aduciendo que hubo un aumento del 42 por ciento de las exportaciones, así como la aprobación de diferentes leyes que mejoraron la economía. Pero obvió mencionar que en 2022 la inflación anual fue de 9.24 por ciento, la más alta desde hace 14 años. Los precios crecieron, en promedio, cerca del 10 por ciento durante los últimos 12 meses. Algunos productos específicos como los combustibles reportaron un aumento de hasta el 40 por ciento. El precio adquisitivo del quetzal fue de Q0.60, perdiendo Q0.40 centavos con relación al período base de diciembre de 2010. Esto castiga el costo de vida de la ciudadanía.

Lea más: “Es la más alta en 14 años”: La inflación cerró en 2022 el doble de lo que esperaba el Banco de Guatemala

• Giammattei: “La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en tres años de gestión alcanza, en promedio esos tres años, 16.3, la más baja desde 2015 cuando era 29.5 por cada cien mil habitantes”.

La realidad es que el 2022 cerró con una tasa de 17.1 homicidios por cien mil habitantes. Por segundo año consecutivo, la tasa subió. En 2021 fue de 16.5, y en 2020 se ubicó en 15.1. Un aumento así no ocurría desde hace más de una década.

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Esta vez, el presidente decidió, a conveniencia, hacer un promedio de los homicidios basándose en los últimos tres años. Esto evidencia una contradicción en el discurso oficial, ya que en otras ocasiones el gobierno ha dicho que el 2020 y 2021 no pueden tomarse en cuenta porque fueron años atípicos por las medidas de la pandemia.

Lea más: Por segundo año consecutivo, aumentan homicidios en Guatemala

• Ministro de finanzas, Edwin Martínez: “Se logró una carga tributaria de 12.1 por ciento. Esto es muy relevante para el país tomando en consideración que desde los Acuerdos de Paz se buscaba superar esta meta y se logró hasta el 2022”.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) advierte que la carga tributaria aún está por debajo de la meta mínima de 12.4 por ciento establecida en los Acuerdos de Paz. Si bien hay un incremento en los ingresos, hay factores ajenos a los esfuerzos gubernamentales que podrían influir. Entre estos está la inflación, especialmente por el incremento de precios de los combustibles asociado a la guerra en Ucrania, reflejada en un aumento en el impuesto sobre las importaciones, y el incremento en las remesas familiares provenientes del exterior.

“Aunque con la información disponible hoy no se puede precisar técnicamente cuánto del incremento en la carga tributaria de 2022 corresponde a acciones de la SAT y cuánto a estos factores exógenos, el Icefi advierte que deben analizarse cuidadosamente”, comunicó el Instituto.

Lea más: La SAT ha superado su meta de recaudación, gracias a factores internos, pero también externos

• Giammattei: “Al inicio de mi gobierno encontramos únicamente nueve comedores sociales y solo en el 2022 aperturamos 12. (…) Vamos a cerrar este primer trimestre con 80 comedores sociales, porque tenemos que seguir apoyando a la gente más vulnerable”.

Ciertamente los comedores sociales, que brinda desayuno y almuerzo a personas con dificultades para abastecerse de alimentos, son uno de los programas a los que más recursos ha destinado este gobierno y solo en 2022 se erogaron Q216.8 millones.

Sin embargo, distintos expertos en nutrición y consultores en temas de asistencia social cuestionan este programa, ya que por lo general se instalan en centros urbanos, lejos de donde se ubica la población en inseguridad alimentaria. Además, algunos desayunos y almuerzos cuestan en promedio Q23, precio superior al mercado y que ha sido cuestionado por sobrevaloración.

Lea más: ¿Comedores Sociales pagan Q23 por raciones de comida? y Los comedores sociales cubren a toda la población en inseguridad alimentaria?

• Giammattei: “Resalto el logro de la cobertura de más de 147 mil personas beneficiadas con el programa de aporte económico del adulto mayor, con una inversión superior a los Q769 millones”

Este programa es ejecutado por el Ministerio de Trabajo y consiste en un aporte mensual de Q500 mensuales a adultos mayores en estado de extrema pobreza con el finde que puedan cubrir sus necesidades básicas.

Sin embargo, la cantidad del aporte es siete veces menos que lo que cuesta una canasta básica alimentaria en Guatemala, la cual se ubicó en diciembre en Q3 ml 634.18, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística. Con Q500, una persona no puede cubrir sus necesidades básicas.

Lea más: Clientelismo: Cómo los programas del adulto mayor pueden aumentarse por oportunismo electoral

• Giammattei: “(se logró la) desarticulación de 66 estructuras criminales y la captura de 101 personas criminales”

Giammattei destacó esto como un logro en seguridad, pero ignora el hecho que el 2022 cerró con una tasa interanual de 83 extorsiones por cada cien mil habitantes, lo cual representa un aumento del 3.6 por ciento en comparación a la tasa un año antes, según la organización Diálogos. Acá hay que advertir que, según la Encuesta Nacional de Percepción de Seguridad Pública y Victimización (2018), solo el 35 por ciento de las víctimas de extorsión denunció el delito ante alguna autoridad competente.

Lea más: Por qué las extorsiones podrían aumentar en el 2023 y cuál es la principal recomendación para combatirlas

• Secretario de comunicación presidencial, Kevin López Oliva: “El acceso a fuentes de información oficial y el respeto a libertad de prensa prevalecieron como pate de la función de la SCSP durante este 2022. Convocamos y transmitimos 60 conferencias de prensa, comunicados, notas periodísticas, fotografías, audio y videos del Organismo Ejecutivo estuvieron disponibles en plataforma digital abierta”.

Esta afirmación esconde una realidad y es que durante 2022, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) denunció que “las acciones del gobierno de Giammattei y sus aliados en el sector político y privado causaron 107 ataques y limitaciones a la libertad periodística”. Entre estos se destacan 12 casos de acoso judicial, 36 limitaciones para realizar coberturas, principalmente en el Organismo Judicial y la Presidencia. En este último organismo, reporteros que fiscalizan al gobierno han denunciado que no se les permite realizar preguntas o que no son invitados a las conferencias de prensa con el presidente.

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• Ministro de Salud, Francisco Coma: “La vacunación llegó a más de 19.9 millones de dosis administradas”

Si bien en el país se han aplicado alrededor de 20 millones de dosis, esto está lejos de ser un logro. En realidad solo poco más de siete millones de personas han sido vacunadas con esquema completo. A esto se le suma el hecho que aún persisten 227 municipios en los que el porcentaje de población que no cuenta con esquema completo supera el 50 por ciento, lo cual impide generar la inmunidad de rebaño, de acuerdo con el tablero de vacunación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Lea más: Solo 5 municipios han alcanzado el 70% de personas vacunadas contra covid-19 (con esquema completo) mientras que la mayoría no llega al 40%

• Ministro de Salud, Francisco Coma: “Se entregaron 1.7 millones de bolsa de alimento complementario y fortificado a niños y niñas menores de 5 años con vulnerabilidad de desnutrición.

El Icefi ha advertido que, en materia financiera, los esfuerzos para erradicar la desnutrición parecen ir en dirección contraria. En 2022 el Ministerio de Salud recortó en 23.1%, equivalente a Q297 millones, la asignación presupuestaria del programa de Prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición crónica, “perjudicando principalmente la dotación de micronutrientes para niñas y niños menores de 5 años, agudizando la tragedia de la desnutrición crónica infantil en Guatemala”.

Lea más: Cómo las modificaciones constantes en el presupuesto frenan el combate a la desnutrición

• Narrador: “Fueron mejoradas las herramientas de transparencia y rendición de cuentas”

Transparencia Internacional advirtió a inicios del 2022 que hay retrocesos alarmantes en la lucha contra la corrupción en países como Guatemala y Venezuela. Guatemala fue uno de los países que más cayó en la clasificación de percepción de corrupción, obteniendo 25 puntos y ubicándose en el puesto 149. Esto fue provocado por la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en 2019 y por la gestión opaca del gobierno durante la pandemia, según la oenegé.

También hubo retrocesos o estancamientos en calificaciones de otros estudios como el indicador de control de la corrupción de los Indicadores Mundiales de Gobernabilidad del Banco Mundial y el factor de ausencia de corrupción del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, advirtió el Icefi.

Lea más: Guatemala es uno de los países que más han caído en percepción de corrupción y se ubica en el puesto 149, según TI

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De acuerdo con el acuerdo 1299-2022, la tarifa aplicará a partir de la copia número 11. Además, también se cobrará Q15 por cada unidad de disco compacto.

“La disposición tiene fundamento legal en lo regulado por el artículo 18 de la Ley de Acceso a la Información Pública, en el que se faculta a las entidades del Estado a realizar el cobro de los gastos por reproducción de la información”, reza el acuerdo.

Asimismo, se indica que la persona interesada en obtener información pública podrá aportar los materiales necesarios para la reproducción de la información pública que solicite. Caso contrario, “se cobrará el valor de estos de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del presente acuerdo ministerial”, reza el acuerdo.

Los recursos obtenidos producto de los cobros que se haga a los solicitantes podrán ser utilizados por la cartera para funcionamiento o inversión y será la Dirección Administrativa Financiera de la Dirección Superior, en coordinación con la Unidad de Acceso a la Información Pública, las que deberán registrar los fondos en sistemas administrativos y presupuestarios.

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El acuerdo entró en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial, es decir el 23 de diciembre pasado.